nombre reservado con BANCO DEL ESTADO D E CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece EDUARDO FERNÁNDEZ ARRIAGADA, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, cédula nacional de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en representación, como se acreditará de nombre reservado, trabajadora dependiente, cédula nacional de identidad número RUT reservado con mi mismo domicilio, quienes interponen recurso de protección en contra de BANCO ESTADO, persona jurídica del giro de su denominación, rol único tributario 97.030.000-7 representado legalmente por don nombre reservado, o quien lo reemplace en el cargo, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, o por quien lo reemplace o subrogue, por los hechos arbitrarios e ilegales que se señalarán más adelante y que constituyen una vulneración de los derechos de propiedad del artículo 19 N° 24 de la CPR y de la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la CPR, esto es, la igualdad ante la ley.

Funda el recurso de protección en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

LOS HECHOS Para efecto de la claridad del recurso, el actor lo dividió en los siguientes apartados: a) antecedentes de contexto; b) aprobación pura y simple del crédito hipotecario solicitado y derecho adquirido; c) negativa injustificada a otorgar el crédito aprobado; d)comportamiento ilegal y arbitrario de la recurrida en relación a los derechos fundamentales tutelados por la acción de protección.

A.- ANTECEDENTES DE CONTEXTO 1.- Su representada se desempeñó como trabajadora de INMOBILIARIA BRAMPTON SPA, sin perjuicio de que su verdadero empleador era EMPRESAS MARTABID SPA. La relación laboral se prolongó desde el 01 de agosto del año 2020 hasta el 23 de mayo de 2025.- 2.- Durante la secuela de la relación laboral con su empleadora se produjeron una serie de desavenencias, incumplimientos y demás hechos que terminaron por quebrar la relación laboral entre las partes del respectivo contrato.

3.- Que antes de la fecha de las referidas desavenencias, todas ventiladas en la causa RIT T-226- 2025, caratulados “nombre reservado con EMPRESAS MARTABID SpA” seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, la recurrente suscribió un contrato de promesa de compraventa respecto del departamento perteneciente al condominio Plaza Cautín, específicamente al departamento 101 del edificio 3 por el cual se comprometió a pagar aproximadamente 1808 UF. La suscripción del contrato ocurrió con fecha 09 de mayo del 2024.- 4.- Es del caso referir que la propiedad se pagaría con fondos propios de la recurrente en una parte, con el subsidio habitacional de que era beneficiada la actora y el saldo, aproximadamente 625 UF, mediante un crédito hipotecario que le fue aprobado por el banco recurrido.

5.- Necesario es señalar que la recurrida aprobó, con fecha 28 de marzo del 2025, un crédito hipotecario por el monto de 1.133 UF a su representada para la compra del inmueble en cuestión. La aprobación se otorgó de forma pura y simple, es decir, no sujeta a ninguna condición distinta de las establecidas en el respectivo documento de aprobación del crédito, es más, se pagaron los gastos operacionales de dicho crédito por parte de su representada y se puso a su clienta en la necesidad de suscribir un seguro de cesantía a lo que su presentada siempre se encontró dispuesta y lo cual aceptó.

6.- Es del caso decir que, luego de que su representada realizara una serie de denuncias ante la Inspección del Trabajo en contra de su antiguo empleador, y justamente por esa causa, procede a su despido. No contento con ello, el ex empleador toma contacto con la recurrida y le informa del despido de la recurrente a fin de que el banco en cuestión no le desembolse el crédito hipotecario previamente aprobado, cuestión que desencadena la negativa, hasta la fecha de presentación del presente recurso, del banco en orden a suscribir la respectiva escritura de compraventa y mutuo hipotecario.

7.- Lo anterior se ve reflejado en conversación sostenida por su representada con la ejecutiva de cuenta doña nombre reservado quien, consultada por la negativa del Banco Estado para suscribir el mutuo hipotecario le refiere las razones que se transcriben en esta conversación:

“nombre reservado: En el fondo lo que nos dicen es que hay variaciones negativas y relevantes de los antecedentes entregados por el consumidor para el otorgamiento del crédito nombre reservado: cuales son esos antecedentes relevantes nombre reservado: chuta es que Sandrita, me complica porque no se si te puedo decir, no se nombre reservado: Tienes que decirme si soy yo la afectada, como me van a negar la respuesta nombre reservado: lo que pasa que tu ex empleador nos dijo que ya no trabajabas con ellos nombre reservado: no mi ex empleador quiso hacer un despido estando con licencia medica y eso tu sabes que no se puede hacer nombre reservado: si se puede nombre reservado: si, pero tiene que justificar muchas cosas para eso, eso ya esta con abogado y eso no tiene nada que ver con esto nombre reservado: es que, si a nosotros nos avisan una cosa así, no podemos seguir con las operaciones, es eso en el fondo nombre reservado: pero si mis operaciones están aprobadas de antes, que te hace pensar a ti que yo no voy a pagar mi crédito hipotecario, que no tengo otros ingresos, no tiene nada que ver eso, eso no es una explicación, necesito que me la de por escrito nombre reservado: es que la única forma, porque yo no lo puedo escribir nombre reservado: que me lo escriba la nombre reservado

nombre reservado: tampoco, es que tiene que ser Santiago ahí un departamento de reclamos”

8.- Sin perjuicio de la anterior, jamás, durante todo este tiempo, la recurrida se ha mostrado dispuesta a dar una respuesta formal a fin de informar por qué razón se niega a otorgar el crédito hipotecario aprobado en su oportunidad no obstante las múltiples solicitudes de respuesta de su clienta.

B.- APROBACION PURA Y SIMPLE DE CREDITO HIPOTECARIO SOLICITADO Y DERECHOS ADQUIRIDOS Afirma que el banco recurrido aprobó a su representada un crédito hipotecario para pagar el saldo insoluto del departamento cuya promesa firmó con el respectivo empleador. Esta aprobación fue pura y simple, en el sentido de que se otorgó en los términos en que consta en la respectiva aprobación sin sujetar su vigencia a que su representada continuara o no trabajando en la empresa señalada, pues por esa misma razón, se contrató un seguro de cesantía que cubría un extenso período de una eventual cesantía por parte de la compradora y prestataria.

Añade que las comunicaciones dirigidas por personeros del banco recurrido (ejecutivas de cuentas) en que consta que efectivamente el crédito hipotecario, fue aprobado a su representada, habiendo adquirido ésta un crédito (cosa incorporal) sobre el recurrido, incorporándolo a su patrimonio y detentando sobre éste un derecho de propiedad habida consideración de que sobre los créditos existe una especie de propiedad según dispone específicamente el artículo 583 del CC, y por ello tutelado por el artículo 19 N° 24 de la CPR, cuando refiere que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.- C.- NEGATIVA INJUSTIFICADA A OTORGAR EL CRÉDITO APROBADO Y SUSCRIBIR CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO.

La ilegalidad de la recurrida consiste en su omisión de dar cumplimiento al crédito hipotecario aprobado, vulnerando en primer término la fuerza obligatoria del contrato cuya expresión legal se encuentra entre otras, en el artículo 1545 del Código Civil que dispone: “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Además, el contrato debe ejecutarse de buena fe, en el sentido expresado por el artículo 1546 del Código Civil que dispone: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”

Sostiene que, en la especie, el banco recurrido no ha ejecutado las obligaciones que contrajo y menos ha actuado de buena fe, vulnerando el derecho de propiedad que tiene su representada sobre el crédito que mantiene sobre el mismo banco, en los términos de los artículos 582 y 583 del Código Civil. En efecto, el artículo 582 del CC dispone: “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno” y el artículo 583 del mismo cuerpo normativo establece “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”

En efecto, luego de aprobado el crédito hipotecario por parte del banco recurrido, con fecha 08 de abril de 2025 su representada se contacta con doña nombre reservado, ejecutiva del Banco Estado para consultar en qué etapa iba su crédito, el cual ya estaba aprobado, a lo que le responde que no es posible seguir avanzando pues la inmobiliaria informó que no pagaría los gastos operativos pese a que la reserva del departamento fue realizada con los gastos operacionales incluidos. Por esa razón, ese mismo día envió un correo al jefe del área de operaciones nombre reservado de empresas nombre reservado para consultar sobre qué estaba ocurriendo, pues esto se estaba realizando a modo de represalias por realizar una denuncia ante la Inspección del Trabajo en contra de la empresa. Es necesario señalar que dos trabajadores de empresa Martabid Spa también realizaron reservas en el mismo proyecto Parque Plaza Cautín de Temuco, con DS-19, a saber doña nombre reservado y don nombre reservado. Es del caso mencionar que esta situación jamás ocurrió con ellos, pues sus departamentos ya están escriturados, lo cual no hace más que reafirmar los actos hostiles en contra de su representada, más aún nunca respuesta una respuesta por parte de Martabid Spa.

Esta situación finalmente es subsanada por su clienta, directamente con el Banco Estado, quien abre una cuenta bancaria para que deposite los gastos operacionales de $670.000, estos son transferidos el 22 de mayo del presente, quedando pagados los gastos operacionales y firma de documentos bancarios, restando solo la espera de los 5 días hábiles para firma de escritura de compraventa según consta correo electrónico de ejecutiva Banco Estado.

Con fecha 29 de mayo su representada consultó al Banco Estado cuando estaría disponible su escritura de compraventa para la firma en notaría, ya que los 5 días hábiles habían pasado con creces. En tal instancia ellos responden que desistieron de la venta, pero no entregaron ninguna explicación.

Posteriormente, el 02 de junio su representada se presenta donde la ejecutiva nombre reservado a consultar los motivos de la negativa de hacer el negocio, además de solicitar por escrito las razones, quien muy complicada le dice que no puede entregarle por escrito las razones y, finalmente, señala que la inmobiliaria ex empleadora llamó al banco para informar que la habían despedido y que no se iba a realizar la venta.

D.- COMPORTAMIENTO ILEGAL Y ARBITRARIO DE LA RECURRIDA EN RELACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES TUTELADOS POR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN Como se ha referido, la ilegalidad del comportamiento omisivo dice relación con la vulneración de los artículos 1545, 1546, 582 y 583 del CC entre otros, que trasunta en la conculación del derecho de propiedad que sobre el crédito sobre el banco recurrida detenta su representada. No debe olvidarse que en la especie su clienta cuenta con una aprobación pura y simple de su crédito hipotecario y que la escritura de compraventa y mutuo hipotecario no ha sido suscrita por el banco recurrido, debiendo hacerlo pues a eso se obligó precisamente. Lo anterior vulnera su derecho de propiedad garantido por el artículo 19 N° 24 de la CPR y además la igualdad ante la Ley del 19 N° 2 de la CPR como quiera que por circunstancias no relevantes como su desvinculación de la empresa a la que estaba prestando servicios se la ha discriminado negándole el cumplimiento y ejecución de derechos incorporados en su patrimonio o derechos adquiridos, negándose a dar respuesta incluso sobre el nulo avance de la preparación y suscripción de escrituras.

La arbitrariedad, por su parte, se encuentra en la falta de razones, fundamentos y explicaciones otorgadas por el banco recurrido a su representada para dar cuenta de las motivaciones lícitas o legítimas que pudiera tener para incumplir sus obligaciones, que dicho sea de paso, son obligaciones regidas por normas de orden público sancionables en su incumplimiento por órganos como la CMF y otros.

Solicita acoger el recurso de protección y ordenar al banco recurrido la entrega del crédito hipotecario aprobado en favor de su clienta y la respectiva preparación y suscripción de la escritura de compraventa con mutuo hipotecario de rigor, según los términos acordados con la recurrida o en general todas las medidas para restablecer el imperio del derecho, con costas.

A folio 16 se evacúa informe por parte del Banco Estado en los siguientes términos:

I. Antecedentes La recurrente funda este recurso de protección en distintos supuestos en los que estructura el mismo: por una parte, una aprobación “pura y simple” de un crédito hipotecario solicitado y un supuesto “derecho adquirido” sobre el mismo; una supuesta negativa injustificada al otorgamiento del crédito, cuestión que desde ya controvertimos; y un comportamiento ilegal y arbitrario de su representada que, desde luego, no resulta efectivo.

Acusa la recurrente que, más allá del contexto sobre su relación laboral, suscribió una promesa de compraventa de un inmueble con una empresa inmobiliaria y que, en ese contexto, su representada habría aprobado el 28 de marzo de 2025 un crédito hipotecario por la suma de 1.133 Unidades de Fomento, el que se habría otorgado de forma pura y simple, no sujeta a ninguna condición distinta de las establecidas en el documento de aprobación.

En estos antecedentes de contexto parece existir, eso sí, una confusión respecto de los deberes y obligaciones de todas las partes involucradas, tanto de la recurrente con la inmobiliaria como de la recurrente con el Banco, confundiéndolas constantemente según acreditaremos posteriormente.

Refiere a continuación que su antiguo empleador habría tomado contacto con el banco para informar que la clienta había sido desvinculada de la empresa y, según su relato, su otrora empleador lo hizo con el objetivo de que el banco no desembolsara el crédito.

Luego, la recurrente refiere a una conversación con una ejecutiva de cuenta que identifica como “nombre reservado”, a quien le habría solicitado información sobre la negativa de su representada a suscribir la escritura de compraventa y mutuo hipotecario. Lo cierto es que no existe constancia en estos autos, ni de la conversación ni del borrador de escritura pública a que se refiere.

La recurrente continúa su relato señalando que su representada habría aprobado en forma pura y simple el crédito hipotecario, aunque con una redacción confusa puesto que en las primeras líneas del acápite B.- pareciera dar a entender que su representada afirmó una promesa con el respectivo empleador.

Justifica la afirmación de que fue una aprobación “pura y simple” porque señala que no se sujeta a ninguna condición de vigencia, especialmente a que su representada continuara trabajando o no. Señala que acompañó una serie de correos -no acompañados en autos, en realidad-, con las conversaciones que dan cuenta de la aprobación del crédito y, sobre este, teoriza respecto a la adquisición de un derecho incorporal.

Y, finalmente, señala que de su representada existió una negativa injustificada a otorgar el crédito, algo que no es efectivo, por cuanto sí se encuentra justificada según veremos. Para ello, refiere a la buena fe contractual y a la fuerza obligatoria de los mismos, afirmando temerariamente que el banco ha dejado de cumplir sus obligaciones, algo que además de equivocado, justifica de sobremanera que el recurso de protección no es la vía para intentar un reclamo de este estilo.

A continuación, el recurso derechamente se vuelve ininteligible, desde que señala que la recurrente se contactó con una ejecutiva del banco para consultar por el crédito, y que la respuesta fue negativa porque la inmobiliaria informó que no pagaría los gastos operativos pese a que la reserva se habría hecho con los gastos operacionales.

En el extracto que antecede, se estaría dando cuenta de que la empresa Martabid Spa estaría ejecutando una suerte de represalia contra ella, pero en realidad en este recurso se encuentra reclamando contra el banco. Incomprensible.

Luego de todo el contexto relativo a los gastos operacionales, donde Banco Estado no tiene participación alguna, retorna nuevamente a la conversación con la ejecutiva en que se habría comunicado la negativa sin informar por escrito las razones.

Todo lo anteriormente expuesto por la recurrente lo controvertimos en forma expresa, puesto que se trata de afirmaciones parciales, confusas o que derechamente no tienen correlato con la realidad.

II. Antecedentes que fundan la negativa en la contratación: variación de las circunstancias de la recurrente y negativa de un tercero que no tiene relación alguna con Banco Estado.

Señala que respecto de las aprobaciones comerciales de un crédito hipotecario no se desprenden derechos de ningún tipo, sino la mera expectativa de celebrar un contrato para aplicar tal financiamiento, de lo que se derivan numerosas consecuencias.

Efectivamente la recurrente solicitó una evaluación de crédito hipotecario, la cual resultó aprobada en base a los antecedentes patrimoniales presentados en su oportunidad a la evaluación, pero que, para efectos de este análisis, cabe señalar que con fecha 27 de mayo de 2025, por motivos que en realidad se desconocen, don nombre reservado remitió un correo a dos funcionarias de este banco, informando que la señora nombre reservado ya no era funcionaria de Empresas Martabid Spa.

Afirma desconocer la motivación que hay detrás del envío de ese correo, dicho jefe de operaciones era, a su vez, quien actuaba en representación de la inmobiliaria ante el banco y, presumiblemente, por ello informó de la desvinculación de la recurrente. Nuevamente, ello no forma parte de esa controversia por tratarse de una cuestión meramente especulativa.

Lo cierto es que, de tal información, se produce un efecto importante para efectos de la contratación del crédito hipotecario. Considerando que las aprobaciones de créditos se fundan en unos determinados antecedentes que fueron tenidos a la vista a la hora de contratar y especialmente respecto de la tasa ofrecida, en el caso de autos ha existido una variación de los antecedentes económicos que, en base a las políticas de riesgo crediticio, afectan negativamente a la pretensión de la recurrente.

Lo que aquí exponemos no es una construcción artificiosa, sino que muy por el contrario, se trata de una causal expresamente regulada por el N°22 del artículo 20 del Decreto 24 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de 2012 que establece el Reglamento sobre Información al Consumidor de Créditos Hipotecarios. Dicho artículo 20 regula las condiciones objetivas bajo las cuales el proveedor puede fundar el rechazo a la contratación:

“Artículo 20.- Condiciones Objetivas. El Proveedor podrá fundar las razones del rechazo a la contratación de un Crédito Hipotecario, entre otras, en las siguientes condiciones objetivas:

22) Variaciones negativas y relevantes en los antecedentes entregados por el Consumidor para el otorgamiento del Crédito Hipotecario o en las condiciones de los mercados nacionales o internacionales de deuda, bancario o de capitales que se produzcan con posterioridad a la Cotización efectuada por el Proveedor”.

Lo anterior, es precisamente lo que ocurrió en autos y que, de hecho, ni siquiera controvierte la recurrente: el despido implica una variación negativa de las circunstancias que originaron la cotización y, naturalmente, implica en términos comerciales el aumento de riesgo crediticio.

Es por ello que, con fecha 17 de junio de 2025, se remitió comunicación formal a la recurrente, a la casilla de correo registrada en el banco correo reservado, en que se le indica la declinación de parte del banco en el otorgamiento del mutuo hipotecario, fundada en esa causal objetiva del reglamento antes citado. Sostiene que, de hecho, esto ocurre con anterioridad a la fecha en la que se comunicó a su representada de este recurso de protección -23 de junio de 2025-.

III. Ausencia de dos elementos fundamentales de la acción de protección: de una acción arbitraria e ilegal y, por otra parte, de un derecho indubitado de la recurrente.

Generalmente a la acción de protección se le entiende como un arbitrio jurisdiccional que establece la Constitución para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando alguno de los derechos, taxativamente señalados en el artículo 20, hubieran sido privados, perturbados o amenazados por una actuación arbitraria o ilegal.

De dicha definición, se toma como referencia los presupuestos necesarios construidos jurisprudencialmente por nuestra Excelentísima Corte Suprema, requiriendo para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

“a) Una conducta –por acción u omisión– ilegal o arbitraria;

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”.

La tendencia jurisprudencial de nuestros tribunales superiores de justicia ha permitido afirmar que el recurso de protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción de evidente naturaleza o carácter cautelar –cuyo conocimiento se encuentra sometido a un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado, abierto y provisorio–, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague, perturbe o moleste ese ejercicio.

A lo anterior, debe sumarse que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, o arbitrario –, producto del mero capricho de quien incurre en él, irracional, sin sentido lógico y carente de razonabilidad– y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Carta Fundamental, de manera tal de situarse la Corte de Apelaciones respectiva en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Pues bien, como hemos referido previamente, no existe tal acto ilegal que sea imputable a su representada, máxime si consideramos que existe una causal expresa, al amparo de la legislación protectora de los consumidores, que permite justificar la negativa a contratar.

Sin perjuicio que ya por ese solo hecho estimamos que debiera ser rechazado el recurso de protección, en base a la legislación citada previamente en el acápite anterior su representada se encuentra en condiciones de afirmar que no actuó en forma arbitraria ni ilegal, por cuanto no existe contrato celebrado alguno y que, a texto expreso del reglamento, en caso de desmejorarse las facultades económicas de la recurrente, puede rechazarse expresamente el crédito.

Se plantea la siguiente interrogante: ¿es posible otorgar créditos en caso de no cumplirse con las facultades económicas solicitadas? -máxime si se considera que se trata de un crédito hipotecario, una deuda alta a un largo plazo- Hoy, nuestra legislación ha avanzado a la tutela del consumidor financiero de forma de evitar el sobreendeudamiento, mediante la ponderación del principio de préstamo responsable y el deber de entregar productos acorde a las necesidades del cliente.

Este principio se consagra en nuestra legislación en el artículo 17 N de la Ley 19.496:

“Antes de la celebración de una operación de crédito de dinero, los proveedores deberán analizar la solvencia económica del consumidor para poder cumplir las obligaciones que de ella se originen, sobre la base de información suficiente obtenida a través de medios oficiales destinados a tal fin, y deberán informarle el resultado de dicho análisis. Asimismo, el proveedor deberá entregar al consumidor la información específica de la operación de que se trate…”

Es decir, a la hora de cursar el crédito efectivamente para su contratación, el cliente no habría calificado por haber sido desvinculado de su trabajo. Si este despido fue justificado o no, o si se ajusta a derecho, es motivo de una discusión sostenida por la recurrente y un tercero ajeno al juicio. El deber del banco es objetivar el análisis y, como consecuencia de este, se determinó la falta de otorgamiento, máxime si consideramos que la recurrente sustenta sus ingresos en las remuneraciones de trabajo.

No ponderar estas situaciones, además, expone al banco a ser sancionado en distintas instancias por los efectos perniciosos que deriven del otorgamiento de un crédito sin que se cumplan las condiciones de riesgo para ello, no solo aquellas tuitivas del derecho del consumidor, sino que además con multas que pueden alcanzar las 1.500 Unidades Tributarias Mensuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 K de la ley Nº 19.496 según el artículo 17 N del mismo cuerpo legal.

Todo lo anterior se traduce en la siguiente pregunta: si los ingresos de la recurrente se sustentaban en las remuneraciones mensuales, y no cuenta hoy con ello: ¿es responsable de parte del banco otorgar un crédito que implica endeudamiento de largo plazo? En nuestra opinión, de ninguna manera.

Ahora bien, prosiguiendo el análisis, la recurrente en el petitorio del recurso de protección solicita que se ordene al banco a la entrega del crédito hipotecario aprobado. No obstante, de todas las normas transcritas aparece la interrogante: ¿cuenta la recurrente con un derecho indubitado que pueda reclamar por esta vía?

Dicho de otro modo, para la procedencia del recurso de protección debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene la calidad de indubitado, muy por el contrario, atendida las declaraciones del recurrente y las informadas por esta parte, es un hecho que es materia de prueba y por tanto de un procedimiento declarativo, resultando imprescindible agotar la vía jurisdiccional correspondiente.

A nuestro entender, la respuesta a esa pregunta es negativa. La aprobación comercial de un crédito de cualquier naturaleza se hace en base a los antecedentes proporcionados en un determinado lapso de tiempo. El hecho de que la aprobación tenga un lapso de tiempo determinado no inhibe a que esta pueda ser modificada por la variación de las circunstancias en forma anterior a la contratación. Además, valiéndonos de esto último, podemos afirmar que la recurrente no ha celebrado ningún contrato con el banco que justifique solicitar su cumplimiento.

IV. Vía inidónea: la recurrente solicita verdaderamente el cumplimiento de un contrato que, además de no existir, no corresponde a materias de protección.

Por otra parte, cuestionamos que esta sea la vía idónea para una petición de cumplimiento, como la que ha formulado la recurrente, máxime si consideramos que no hay contrato y tan solo existió una aprobación del crédito que puede rechazarse posteriormente por habilitación expresa de la ley.

Ello, no es menor: el recurso de protección tiene como función procurar al recurrente de una tutela cautelar, tendiente al restablecimiento del imperio del derecho pero, del tenor del recurso, de sus peticiones, y que con ello pretende forzar la contratación sobre un fundamento difuso -o, derechamente, inexistente-, lo que pretende es procurarse una tutela declarativa y definitiva o, a lo menos, anticipatoria de los efectos definitivos de una sentencia.

Es decir, usar el procedimiento en sede de protección para obtener un pronunciamiento declarativo, cuestión que no es dable tolerar.

En este sentido, útil es consignar que la Excma. Corte Suprema tiene dicho lo siguiente:

“6º) Que, efectivamente, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo el recurrente de autos, postura de la que erradamente se hizo eco el tribunal de primer grado, cuando entró a analizar las actuaciones de la empresa recurrida;

7º) Que, en la especie, la situación jurídica y de hecho presentada por la recurrente ha sido contradicha, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente”.

En síntesis, si la recurrente pretende la exigencia del cumplimiento de un contrato, debe hacerlo recurriendo a la instancia declarativa correspondiente, sea por la vía de un juicio ordinario de lato conocimiento, o por la vía de una acción de interés individual protectora del derecho del consumidor.

V. Estado de la materia en la Jurisprudencia Nacional Finalmente, dable es señalar que esta materia ya ha sido tocada anteriormente en estrados, y reconociendo que se trata de un asunto que podría debatirse bien en sede de responsabilidad precontractual y no por la vía del recurso de protección; junto con además afirmar tajantemente que la aprobación del crédito no es sino una mera expectativa del recurrente de adquirir un inmueble sobre la base de la contratación de un crédito. Cita jurisprudencia VI. Conclusiones y solicitud de condena en costas a la contraria Habiéndose analizado separadamente los motivos que fundamentan el rechazo del recurso de protección, resulta evidente que deberá desestimarse íntegramente por ausencia de los presupuestos necesarios para adoptar medidas en este caso en concreto. No obstante, nos parece que, en caso de rechazarse, resulta necesaria condena en costas a la recurrente.

Si bien se trata de una facultad de resorte exclusivo de la Ilma. Corte, estimamos que en el particular no puede instrumentalizarse el recurso de protección cuando se cumple en autos exactamente la causal objetiva de rechazo a la contratación. No son arbitrarias.

Pero además, resulta inadmisible que, luego de sucesivos reclamos ante el mismo b anco, la CMF, y SERNAC, todas con respuestas otorgadas por su representada, ahora transforme el recurso de protección en una especie de instancia de apelación por la disconformidad con la respuesta proporcionada. Intolerable.

Tampoco el mencionado recurso de protección puede tener como objetivo la contratación forzosa, de lo contrario, se pasa a llevar la libertad contractual como principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico privado.

Solicita el rechazo del recurso de protección con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

a) Comunicación del ex empleador de la recurrente dirigida a su representada, informando el término de la relación laboral.

b) Comunicación remitida desde Banco Estado a la recurrente, informando del rechazo a la contratación, con expresa comunicación de la causal objetiva del numeral 22 del artículo 20 del Reglamento de Información al Consumidor de Créditos Hipotecarios.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el presente recurso de protección se basa en un rechazo de la contratación de un crédito hipotecario para adquirir un bien inmueble, en atención de comunicaciones del ex empleador del recurrente a la recurrida.

La recurrida señala que se debió interponer el correspondiente recurso de protección en contra del ex empleador de la recurrente y que, además, el rechazo del crédito hipotecario está dado por el cambio de circunstancias, siendo una causal objetiva para el rechazo del mismo.

TERCERO: Que, en primer lugar, corresponde indicar que la recurrente no acompañó antecedente alguno para fundar sus pretensiones, situación destacada por la recurrida.

CUARTO: Que, en otro orden de ideas, el Banco Estado es una institución bancaria que, a pesar de tener fondos públicos, tiene un carácter privado, siendo un entidad capaz de tomar las decisiones en función de su propias políticas para la contratación de los créditos que estime conveniente.

En ese orden de ideas, es parte de la libertad contractual la posibilidad de negarse a suscribir un crédito hipotecario en caso de modificarse las circunstancias, tal como ocurre en la especie, más aún si este cambio pondría en riesgo la posibilidad de cumplir con las obligaciones que el referido crédito haría nacer.

Que, en ese orden de ideas, no se logra apreciar como dicha situación vulneraría las garantías fundamentales del recurrente al ser un ejercicio legítimo de las potestades de la institución recurrida, razón por lo cual, corresponde el rechazo del presente recurso de protección.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, y respecto a los derechos invocados, no se advierte el carácter indubitado de la propiedad sobre una determinada aprobación hipotecaria, por el contrario, se constata la mera expectativa de adquirir un inmueble sobre la base de una operación crediticia que no llegó a concretarse. A su turno, la afectación a la integridad física y psíquica por el tormento que dice experimentar el recurrente, lo relaciona con la sumatoria de eventos vinculados con un juicio de naturaleza penal y, por ende, no imputable a la institución recurrida. Finalmente, respecto al análisis crediticio que efectúa el banco y el potencial daño a la igualdad ante la ley, no se han presentado antecedentes suficientes que permitan estimar que la recurrida se ha comportado de manera distinta con otros clientes, incurriendo en un trato diverso y discriminatorio.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Banco Estado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2524-2025. (csd)