Protección contra Ministerio Público

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de abril de dos mil veinticuatro.

A lo principal y otrosí de los escritos folios 13 y 14 y, a los escritos folios 15 y 16: Téngase presente.

VISTO:

A folio N°1 comparece VALENTIN ALEX VERGARA SCHNEIDER, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, imputado en causa RIT 1315-2022, del Juzgado de Garantía de Lautaro, por el delito de abuso sexual por sorpresa, y en contra del Ministerio Público, oficina Lautaro, representada legalmente por Enrique Vásquez, en calidad de fiscal jefe de dicha oficina, lo subrogue o reemplace, , ya que en audiencia de 1 Febrero de 2024 en causa RIT 1315-2022, se procedió a llevar a cabo la audiencia de preparación de juicio oral y/o abreviado de su representado, la cual no se llevó a efecto por cuanto su defendido se encontraba con licencia médica y preguntado al fiscal titular de la causa don nombre reservado por esta defensa cual era la propuesta para el evento de arribar a un procedimiento abreviado, este señala que en este caso el Ministerio Público no ofrecerá un procedimiento abreviado, lo cual a su entender es arbitrario y contrario a la igualdad ante la ley.

ANTECEDENTES DE HECHO y DE DERECHO.

Indica que en septiembre de 2022 fue formalizado su defendido por el supuesto delito de abuso sexual por sorpresa, por cuanto supuestamente encontrándose en el restaurante de comida peruana que en aquella época funcionaba en domicilio reservado, habría cometido el hecho de que al pasar cerca del mesón de la barra le habría dado una palmada en las nalgas a una de las camareras, lo que a juicio del Ministerio Público de Lautaro constituye el delito de abuso sexual por sorpresa.

Posterior a ello, el 28 de Diciembre de 2023 se intentó llevar a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, la cual tampoco se llevó a efecto por no comparecencia de su defendido, compareciendo la asistente de fiscal Valentina Prado, quien señaló por el momento esta fiscalía no ofrece procedimiento abreviado, no cerrando la opción en forma taxativa, lo cual esta defensa entendió que en la audiencia del 1 de Febrero de 2024 se iba a ofrecer dicha salida intermedia. No fue así, el fiscal titular negó dicha opción, estando en la hipótesis legal que permite el artículo 406 y siguientes del Código Procesal Penal, más aún cuando la pena de no excede de 5 años y además la supuesta víctima del delito es mayor de edad.

2.- GARANTIAS VULNERADAS.

La Constitución Política de la República, de acuerdo al artículo 19, asegura a todas las personas: N° 2 “La igualdad ante la ley. Este actuar arbitrario del Ministerio Público de no ofrecer un procedimiento abreviado, vulnera el derecho de la igualdad ante la ley, pues incurren una discriminación carente de toda razonabilidad y también el artículo 5 de la Carta Fundamental, desde que la fiscalía infringe de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Que el Ministerio Público señale como fundamento que, los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de violencia de género, sin entrar al fondo y denegar este derecho de todo imputado, deniega el derecho de obtener una resolución motivada que se entronca con el artículo 297 del Código Procesal Penal el cual se vincula con el artículo 342 del mismo cuerpo legal.

La igualdad ante la ley, obliga a que esta sea aplicada efectivamente de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el aplicador puede establecer diferencias arbitrarias, o hacer diferencia alguna en razón de las personas o circunstancias que no sean precisamente las presentes en la norma, en este caso del artículo 406 del Código procesal penal, que exige que la pena o penas no exceden de 5 años. Lo cual en este caso no excede, sino que la pena solicitada en la acusación es de 3 años.

Situados en este plano de aplicación, es forzoso operar una segunda distinción, si se trata de un órgano administrativo o un órgano judicial, en este caso, se trata del primero, ya que el Ministerio Público no es un órgano judicial.

En este caso, estamos en presencia de efectuar un juicio valorativo de igualdad ante la aplicación de la ley. Lo que se establece es la prohibición de la arbitrariedad. La aplicación arbitraria de la ley puede provenir de los órganos judiciales o los administrativos, como es este el caso del Ministerio Público, desde esta perspectiva, la igualdad ante la ley, tiene por objeto evitar la arbitrariedad del órgano administrativo, Ministerio Público, La igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la C.P.E., es un límite impuesto al ejercicio del poder administrativo del Ministerio Público, órgano que no puede modificar administrativamente el sentido de sus decisiones, en situaciones circunstancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que puede apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable, lo que en la especie no ocurre.

También se vulnera el derecho al debido proceso, artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Carta Fundamental en su faz del derecho al recurso procesal, ya que esta negativa del Ministerio Público carece de cualquier recurso procesal para impugnar esta arbitraria decisión, que en definitiva impide optar racionalmente a un procedimiento abreviado. El derecho a utilizar los recursos procesales, esta adscrito al derecho al debido proceso, y que una decisión del Ministerio Público no admita recurso alguno es una decisión política, que el legislador lo permite o no, pero que el ente persecutor que no es el Juez, sino interviniente lo deniegue sin fundamento alguno, aparte de ser una violación a la legalidad procesal, es también violación al derecho al debido proceso.

El derecho al debido proceso no es solo el acceso a la jurisdicción, sino que el proceso mismo se va a desarrollar con todas las garantías. Se trata de que los litigantes tengan la convicción de un juego limpio con igualdad de armas, en definitiva un proceso justo. Con un juez por muy imparcial que sea, que se ve impedido legamente de evitar el arbitrio de la fiscalía, por un vacío legal, eso no obsta a que esta Ilustrísima Corte a través de esta vía proteccional, paralice la arbitraria decisión del Ministerio Público por ser atentatorio a las garantías constitucionales mencionadas. La libertad de trabajo y su protección. Inciso 2° Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.

El ejercicio de esta garantía constitucional se ha visto claramente vulnerada a quien represento, toda vez que por los hechos descritos, se le ha impedido optar a un procedimiento abreviado, y ni siquiera nos encontramos en una colisión de reglas, que conforme con Alexy la estructura de las reglas “constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es una clave para la solución de los problemas centrales de la dogmática de los derechos fundamentales. Sin ella no puede existir una teoría satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente del papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico.” (Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de estudios constitucionales, Madrid pag. 80).

El punto es que en este caso no hay colisión entre reglas constitucionales, sino colisión entre reglas constitucionales con instructivos del Ministerio Público, que tienen un carácter no vinculante para los imputados.

Este actuar, además atenta contra la libertad jurídica, que es aquella que cuyo objeto es una alternativa de acción. Una persona es libre en la medida que no le están vedadas alternativas de acción, refiriéndose a las posibilidades que tiene una persona de hacer algo. Por eso Alexy habla de libertad negativa. Este concepto es más amplio que la libertad positiva, pues esta se refiere a la posibilidad de llevar a cabo una acción mientras que la negativa se refiere a posibilidades de acción, lo que el Ministerio Público le esta vedando a mi defendido.

Pide declarar ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, que ordenó la negativa de ofrecer un procedimiento abreviado a mi representado, ordenando de inmediato dejar sin efecto dicho acto administrativo, ordenando retrotraer a la audiencia de preparación de juicio oral y de procedimiento abreviado.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia digitalizada de Acta de audiencia de 1 de febrero de 2024 en causa RIT 1315-2022 desarrollada ante el Juzgado de Garantía de Lautaro.

A folio N°8 evacua informe el recurrido Ministerio Publico, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Enrique Vásquez Inostroza, Fiscal Adjunto Jefe de la nombre reservado, informa lo siguiente:

1° Que los hechos investigados son constitutivos del delito de Abuso Sexual por Sorpresa, previsto y sancionado en el artículo 366 inciso 3° del Código Penal en relación al artículo 366 ter del mismo cuerpo legal y que el ilícito se encuentra en grado de consumado siendo la víctima una mujer individualizada como E.R.M.M.

2° Que se presentó acusación en contra del imputado nombre reservado con fecha 23 de octubre de 2023 en calidad de Autor del ilícito investigado.

3° Que en la tercera audiencia de preparación de juicio oral con fecha 1 de febrero de 2024 -encontrándose presente la víctima- el fiscal titular de la investigación nombre reservado solicitó la orden de detención en contra del imputado por entender que éste no se encontraba justificado para no asistir a la misma, sin perjuicio de la licencia médica presentada por su defensa.

4° Que en la misma audiencia el fiscal del Ministerio Público fundamentó su decisión de no ofrecer un procedimiento abreviado en que ésta es una facultad exclusiva de la fiscalía entidad que actúa conforme al Principio de Legalidad, que establece que los Órganos del Estado deben adecuar su actuación a facultades, derechos y obligaciones que expresamente le confieren la Constitución y las leyes según art. 6 y 7 de la Constitución Política. Lo cual ha sido reconocido por la jurisprudencia (V. gr. ICA Valdivia ROL N° 22-2018: “Que, la decisión de ofrecer procedimiento abreviado, según lo reconoce y declara el mismo recurrente, es una facultad privativa del Ministerio Público, sujeta a aprobación del Juez de Garantía. Por otra parte, la estimación de eventual pena aplicable y sus posibilidades de substitución por medidas alternativas, constituyen meras expectativas, sujetas al devenir de un procedimiento legalmente regulado y que garantiza los derechos de los acusados. En tal sentido, debe considerarse el reiterado uso del vocablo “podrá” que contempla nuestra legislación procesal penal, cuando trata de la facultad que se otorga al Ministerio Público.)”

5° Argumentó igualmente en base a lo dispuesto en el capítulo Constitucional que regula funcionamiento del Ministerio Público, que establece tres funciones fundamentales, a saber, investigar los delitos, ejercer la acción penal y brindar protección de víctimas y testigos. En esta misma línea la ley 19.640, Art. 4, 12, 406 y siguientes del Código Procesal Penal, normativa internacional de DDHH, Carta de Naciones Unidad de Protección a Mujeres art. 1°, 7° y 9°; Convención Belém do Pará art. 1°, 2° y 7°.

6°. Que además, consta en la carpeta investigativa que la víctima rechaza la posibilidad de arribar a un acuerdo reparatorio, a un procedimiento abreviado y que su deseo es que la investigación termine en un juicio oral.

7° Que el artículo 407 del Código Procesal Penal deja en claro que el procedimiento abreviado supone un acuerdo, no una obligación, constituyéndose así en una facultad del Fiscal que conforme a la regulación de este procedimiento no está sujeta a ninguna imposición. Por lo anterior, no sólo por el hecho de reunirse en una persona los presupuestos formales para hacer pertinente un procedimiento abreviado debe obligatoria y necesariamente continuarse conforme a él, ya que como se ha dicho supone un acuerdo previo y la voluntad del Fiscal para ello no está impuesta como obligación y su negativa tampoco está sujeta a justificación alguna. De lo anterior se colige necesariamente que la decisión de no acceder a un procedimiento abreviado al suponer una facultad del Fiscal, no constituye un acto arbitrario e ilegal, si no el ejercicio de la autonomía que en esta materia le entrega la propia ley.

8° Que, finalmente no se aprecia el perjuicio o afectación concreto que esta supuesta infracción a las garantías constitucionales mencionadas le acarrea en definitiva al recurrente , pues no se observa de qué manera podrían conculcarse los derechos del imputado al no resolverse el proceso de acuerdo a las normas del procedimiento abreviado, toda vez que el juicio oral y público es la máxima garantía para el imputado de obtener un debido proceso, considerando especialmente el tenor del recurso deducido cuando señala que el recurrente fue formalizado “por el supuesto delito de abuso sexual por sorpresa, por cuanto supuestamente encontrándose en el restaurante de comida peruana que en aquella época funcionaba en domicilio reservado, habría cometido el hecho de que al pasar cerca del mesón de la barra le habría dado una palmada en las nalgas a una de las camareras, lo que a juicio del Ministerio Público de Lautaro constituye el delito de abuso sexual por sorpresa.” Poniendo en cuestión la efectividad de los hechos por los cuales fue formalizado.

A folio N°12 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que, el acto que se estima arbitrario e ilegal consiste en la negativa del Ministerio Público de ofrecer al recurrente un procedimiento abreviado, en la causa R.I.T N°1315-2022 del Juzgado de Garantía de Lautaro.

TERCERO: Que se debe tener presente que en las funciones y autonomía que goza el Ministerio Público, se le ha otorgado un mayor margen de libertad para el ejercicio de la acción penal, y concretamente, para la formulación de la acusación. Lo anterior, en coherencia con el rol que la Fiscalía desempeña en nuestro ordenamiento como director e impulsor autónomo de "política criminal" del Estado.

CUARTO: Que el fiscal nacional regula autónomamente cuándo y cómo se ejercerá la acción en cada caso, siendo la forma como se concreta esa política de persecución penal del Estado. En efecto, cuando los fiscales toman decisiones propias de su actividad, como cuándo acceder a un procedimiento abreviado, en los hechos, todos los días y todos los fiscales adjuntos del Ministerio Público están tomando decisiones de política criminal, esto es, decisiones que hacen realidad la política de persecución penal.

QUINTO: Que el procedimiento abreviado requiere un acuerdo entre el fiscal y el imputado, que es la llave de acceso al mismo. En dicha convención se puede negociar la calificación jurídica de los hechos, la etapa de desarrollo del delito, el nivel de participación, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y la pretensión punitiva del persecutor, que es el límite máximo de la pena. La ley faculta soberanamente al fiscal a decidir a quiénes se lo ofrece y a quiénes no, sin limitaciones objetivas de ninguna especie.

SEXTO: Que es evidente que el acto reprochado no ha provocado una amenaza, o perturbación de los derechos del actor, por cuanto, la recurrida ha ejercido una facultad discrecional y ha actuado dentro del ámbito de su competencia, por lo que la acción cautelar impetrada no podrá prosperar.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento, no es entendible que el actor sostenga una vulneración a sus garantías constitucionales, por cuanto conserva intacto su derecho a ser juzgado en un juicio oral, siento éste una expresión mucho más potente de los principios y resguardos a los derechos fundamentales del imputado, por lo que la vía cautelar elegida, no parece tener el sustento jurídico necesario para ser acogido por este Tribunal.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado Valentín Alex Vergara Schneider, en favor de nombre reservado.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-247-2024. (cwm)