nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco.

Temuco, nueve de enero de dos mil veintiséis.

Vistos A folio 1 comparece doña nombre reservado, chilena, agricultor, cédula de identidad N.º RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en favor de su hija nombre reservado, chilena, menor de edad, cédula de identidad N.° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de doña nombre reservado, chilena, casada, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad N.º RUT reservado; de don nombre reservado chileno, casado, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad N.º RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; de doña nombre reservado, chilena, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad N.º RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; de don nombre reservado, chileno, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad N.º RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; de don nombre reservado, chileno, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad N.° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, chilena, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad N.º RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; y de doña nombre reservado, chilena, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad N.º RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, como responsables de la comisión de actos arbitrarios e ilegales que se detallarán a continuación y que vulneran la garantía Constitucional establecida en el artículo 19 N.º 24 de nuestra Carta Fundamental, con el objeto de que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, adopte las medidas necesarias a fin de impedir y detener dichas conductas, restableciéndose el imperio del derecho, en consideración a los hechos y derecho que a continuación paso a exponer:

ANTECEDENTES PRELIMINARES Señala que con fecha 25 de febrero de 2023 fallece don nombre reservado y su único hijo, don nombre reservado, abuelo y padre respectivamente de mi hija nombre reservado, menor de edad, cédula de identidad N.º RUT reservado, quien, a su vez, es la única hija de don nombre reservado. A raíz de lo anterior, la niña queda bajo mi cuidado personal y patria potestad Así las cosas, mi hija quedó dueña de acciones y derechos sobre la hijuela N.º 59 del Proyecto de Parcelación El Budi, de 27,3 hectáreas, comuna de Teodoro Schmidt, cuyos deslindes son: NORTE: Parte de la Parcela número sesenta y uno. ORIENTE: Parte de la Parcela número cincuenta y seis, camino por medio. SUR: Parcela número cincuenta y cinco; PONIENTE: Parte de la parcela número cincuenta y siete y número cincuenta y ocho. El dominio a nombre de su abuelo, hoy fallecido, rola inscrito a fojas 1219 vta. N.º 1233 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 1995.

Con fecha 10 de mayo de 2025 me dirigí como todos los días a realizar trabajos agrícolas a la parcela N.° 59, hoy propiedad de mi hija, y al aproximarme al lugar me percato que unos sujetos habían destruido el cerco medianero del deslinde sur que separa la hijuela N.º 59 de la Hijuela N.º 55, desplazando el deslinde hacia el norte unos 60 metros aproximadamente y construyendo un nuevo cerco, todo esto, arbitrariamente, sin mediar autorización o acuerdo previo conmigo.

Al llegar al lugar, me doy cuenta que quienes habían destruido el cerco y desplazado el deslinde no eran ni más ni menos que mis vecinos, la familia nombre reservado, encabezada por doña nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, y de doña nombre reservado, todos ya individualizados en la presuma de este escrito, quienes junto a otros sujetos no identificados se encontraban destruyendo el cerco existente y haciendo un cerco nuevo a unos 60 metros distancia hacia el norte.

Ante esto, les pregunté por qué habían destruido el cerco medianero, a lo cual ellos responden que tenían un plano y que el deslinde estaba mal y por eso habían corrido el cerco y que “todo se encontraba inscrito legalmente”. A esto, les respondo que eso no es así, que el cerco siempre ha estado ahí y que no tienen por qué destruir ni desplazar el deslinde sin mi autorización o la de un juez, a lo que una mujer que dijo llamarse nombre reservado, quien dijo ser abogada, me señaló que ellos tenían todos los documentos actualizados y que por eso estaban corriendo el cerco.

Ante esta situación, mi representada llamé a Carabineros de Hualpín, quienes concurrieron hasta el lugar y conversaron con las partes, señalándonos que debíamos concurrir ante un tribunal para solucionar cualquier problema sobre los deslindes del predio, retirándose del lugar posteriormente dado que, existiendo documentación por ambas partes, no existiría un delito.

Es así entonces, como estos sujetos, destruyeron los cercos medianeros existentes y construyeron un nuevo cerco donde a ellos (y solo a ellos) se le ocurrió que estaba el deslinde, desplazándose hacia el norte unos 60 metros aproximadamente por todo el largo del deslinde, lo cual implica que los recurridos se “apropiaron” de una superficie aproximada de 2 hectáreas, las cuales forman parte del inmueble hoy propiedad de mi hija.

Como se puede apreciar, los recurridos incurrieron en un acto ilegal y arbitrario, recurriendo a la autotutela, lo que ha ocasionado un grave daño patrimonial y moral tanto a mi hija como a mí, toda vez que estos bienes son los únicos recuerdos que le quedan de nuestros familiares recientemente fallecidos.

Es por esto entonces que me he visto en la obligación de recurrir ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco a fin de que se reestablezca el imperio del derecho, ordenando a los recurridos destruir por si mismos o a su costa el cerco medianero correspondiente al deslinde sur de la hijuela 59, y reestablecer el deslinde a su posición original dentro del inmueble. Lo anterior, con expresa y ejemplar condena en costas, atendida la actitud de los recurridos.

Estima que en el caso sublite nos encontramos ante un acto abiertamente arbitrario e ilegal, dado que la conducta desplegada por los recurridos, la que importa una alteración del statu quo vigente, pues unilateralmente se ha cercado un predio, sin que exista acuerdo con el propietario colindante, respecto al lugar donde debe materializarse el cierre, conducta que implica una acción de autotutela, que deja al recurrente en una situación desmedrada al no permitirle ejercer adecuadamente sus derechos.

En la afectación expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto, como requisito, el precepto vulnerado se encuentra establecido en el artículo 19 n° 24 de nuestra Carta Fundamental, el derecho de propiedad.

Nuestro legislador aunado criterios en cuanto a la acción que se debe ejercer, además las distintas Cortes de Apelaciones de nuestro país en fallos recientes y concordantes, han establecido que acciones como el cercado de un inmueble de forma unilateral afecta el derecho de propiedad del propietario colindante, estableciéndose esta como una acción de autotutela que vulnera el derecho de propiedad del colindante. Cita jurisprudencia.

En Relación al vínculo de causalidad que debe existir entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional, queda de manifiesto que la actuación descrita ha vulnerado la garantía constitucional del numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que los recurridos, al alterar una situación de hecho preexistente, han incursionado en materias que, por su naturaleza y contenido, corresponden al ámbito jurisdiccional de los tribunales con competencia en lo civil, impidiendo con su actuación el ejercicio de los atributos del dominio de que mi representado es titular.

Por último, la posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado, es absolutamente necesario y el medio jurídico procesal más rápido que asegure a mi representado su derecho constitucional vulnerado, ya que otros medios de lato conocimiento no tendrían el mismo efecto de celeridad y eficacia que este mecanismo constitucional posee.

Pide tener por deducido Recurso de Protección en mi favor de mi hija nombre reservado y en contra de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, y de doña nombre reservado, todas ya individualizadas, darle tramitación y en definitiva acogerlo en todas sus partes, y declarar arbitrario o ilegal los hechos descritos en el cuerpo principal de esta presentación, ordenándose a fin de restablecer el imperio del derecho: desarmar, retirar y derribar de forma inmediata el cerco que han instalado para delimitar su predio, de forma ilegal y arbitraria, debiendo además, a su costa, reestablecer el deslinde así como el cerco medianero a su posición anterior, absteniéndose además de realizar cualquier nuevo acto tendiente a delimitar de forma arbitraria los inmuebles y la expresa y ejemplificadora condenación en costas por el presente recurso.

Acompaña los siguientes documentos 1) Set de fotografías 2) Dominio vigente 3) Plano 4) Certificado de nacimiento nombre reservado

5) Certificado de defunción nombre reservado

6) Certificado de nacimiento nombre reservado

7) Certificado de defunción nombre reservado

A folio 11 informan los recurridos al siguiente tenor CATALINA nombre reservado CASTILLO PARRA, RUT: RUT reservado, abogada en representación de doña nombre reservado RUT: RUT reservado, don nombre reservado RUT: RUT reservado, de doña nombre reservado RUT: RUT reservado, don nombre reservado RUT: RUT reservado, don nombre reservado RUT: RUT reservado, doña nombre reservado RUT: RUT reservado y doña nombre reservado RUT: RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, Región de La Araucanía, todos ellos recurridos, en autos sobre Recurso de Protección, caratulados “nombre reservado/nombre reservado”, a Su Señoría Ilustrísima respetuosamente digo:

Que por este acto y dentro de plazo legal, vengo en evacuar informe en atención al recurso de protección interpuesto en contra de mis representados, solicitando desde ya, a Su Señoría Ilustrísima, tener por cumplido este trámite y, en definitiva, rechazar en todas sus partes con costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, a favor y en representación de su hija, la niña nombre reservado, en consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se exponen a continuación.

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO.

Desde luego, y como cuestión previa, debe advertirse que el presente recurso es jurídicamente improcedente, por cuanto la controversia planteada por la recurrente —referida al supuesto límite y uso de un predio— no se relaciona con una afectación actual, ilegítima y arbitraria de un derecho indubitado, sino con una disputa de carácter patrimonial que debe ventilarse mediante un juicio ordinario de lato conocimiento ante el Juzgado Civil competente.

En efecto, conforme lo ha señalado en forma reiterada la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección no es la vía idónea para debatir la titularidad o posesión de bienes raíces, ni para resolver deslindes o determinar si ha existido o no usurpación. Menos cuando no se cuentan con los títulos legítimos que den fe de la superficie real del bien raíz. Todo ello requiere de prueba pericial, documental, topográfica y testimonial, que debe ser ponderada en juicio ordinario, respetando la bilateralidad de la audiencia y los principios del debido proceso. Cito, entre otras, la sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 78.661-2021: “La cuestión sometida por esta vía [...] debe determinarse en un procedimiento declarativo que permita un lato conocimiento, con respeto de la bilateralidad de la audiencia respecto de todos los interesados y que otorgue mejores posibilidades de ofrecer pruebas, y no a través del presente, cuya tramitación es breve y sumaria, acorde con la necesidad urgente de proteger derechos ciertos, determinados y no controvertidos”.

La propia recurrente reconoce que no tiene título inscrito sobre el predio que dice afectado, y solo invoca presuntos derechos hereditarios por su hija, que no han sido regularizados ni perfeccionados conforme al derecho vigente. Por consiguiente, de existir alguna acción legal que corresponda ejercer, sería la acción reivindicatoria regulada en el artículo 889 del Código Civil, y no el recurso de protección. Pero esta acción —reservada para el verdadero propietario— permitiría únicamente a mis representados recuperar el terreno del cual han sido despojados. Ni siquiera la recurrente estaría habilitada para interponerla, pues carece de título legítimo.

ANTECEDENTES DEL INMUEBLE DE AUTOS Y LA FAMILIA nombre reservado-nombre reservado.

El predio con el que deslinda la recurrente corresponde al Lote B-7, de una superficie de 2,31 hectáreas, de propiedad de doña nombre reservado.

Doña nombre reservado adquirió dicho lote mediante escritura pública de liquidación, partición y adjudicación de comunidad y constitución de servidumbre de tránsito, celebrada junto a los copropietarios sus hijos don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado.

Los derechos que doña nombre reservado poseía en dicha comunidad fueron adquiridos en sucesión por causa de muerte de su cónyuge don nombre reservado, según consta en la Posesión Efectiva inscrita a fojas 291, N° 332 del Registro de Propiedades, año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial.

En consecuencia, la subdivisión del Lote B, de 29,5 hectáreas, proveniente de la subdivisión de la Parcela N°55 del Proyecto de Parcelación El Budi, ubicado en la comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, se tramitó el año 2024, aprobándose el plano de subdivisión el día 13 de noviembre de 2024, bajo el número de certificado 1675/2024. La Sra. nombre reservado se adjudicó el Lote B-7 con fecha 20 de marzo de 2025 y se encuentra debidamente inscrito a Fojas 625 número 599 del Registro de Propiedad del año 2025 del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial, cuyos deslindes especiales son: NORTE: con parcela número cincuenta y nueve en doscientos diecinueve coma setenta y nueve metros, en línea recta, separado por cerco; ORIENTE, con camino publico Ruta S-Seiscientos treinta, en cuarenta y ocho coma treinta y cuatro metros, en línea recta, separado por cerco; SUR, con Lote B cuatro separado por camino servidumbre de tránsito en ciento noventa y tres coma noventa y cuatro metros y con Lote A en setenta y ocho coma setenta y dos metros, en línea recta, separado por cerco; y, PONIENTE, con parcela numero cincuenta y nueve, en ciento cincuenta y uno coma dieciocho metros, en línea recta, separado por cerco.

En contraste, la recurrente no ha acreditado su calidad de dueña, ni como heredera, legataria o cesionaria de derechos. Los documentos que acompaña no están actualizados ni reflejan la situación registral ni fáctica del predio. El instrumento presentado se encuentra a nombre de otra persona, y carece de delimitaciones claras, lo cual impide saber qué extensión realmente corresponde a la recurrente. Cabe precisar que ni la recurrente ni su hija habitan el terreno en cuestión; su uso es exclusivamente productivo. No obstante: han construido un galpón industrial sobre parte del terreno de mis representados, instalado un empalme eléctrico ilegal y corrido el cerco en más de 800 metros.

Lo descrito forma parte de un patrón de conducta reiterado por la familia nombre reservado: expansión territorial forzada mediante amenazas, desplazamiento de cercos, y apropiación de facto del uso agrícola de terrenos vecinos.

LOS HECHOS DE FEBRERO DE 2023 Y EL CONTEXTO DE VIOLENCIA.

El 25 de febrero de 2023, un trágico y violento hecho marcó profundamente a la familia de mis representados, teniendo como protagonistas directos a los familiares de la recurrente, don nombre reservado y su hijo, don nombre reservado. De público conocimiento, consignaron el medio “El librero”, y diversos medios de comunicación nacional, que ese día se produjo un enfrentamiento armado en la comuna de Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía, que dejó como saldo tres personas fallecidas y tres heridas.

De acuerdo a la nota:

“Durante la jornada del sábado 25 de febrero, tres personas fallecieron tras un enfrentamiento armado en Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía, cuando dos comuneros mapuches fueron a reclamar por la venta de un predio agrícola. La discusión aumentó de calibre cuando uno de los comuneros disparó contra el dueño del predio. Esto provocó la reacción e intervención inmediata de un sobrino de la víctima, quien resultó ser un carabinero de la Región Metropolitana que se encontraba con licencia médica. El uniformado intervino y le quitó el arma a uno de los comuneros, les disparó a ambos sujetos y estos fallecieron en el lugar. Dentro del conflicto, se intercambiaron al menos 20 disparos. Estos dejaron tres víctimas fatales y tres personas heridas (...)”.

Lo cierto es que el conflicto no surgió por una reclamación legítima, sino por una ocupación ilegal de terreno. Los mencionados nombre reservado y nombre reservado usurparon parte del predio colindante, que pertenece a un vecino común con la sucesión nombre reservado-nombre reservado, de la que es parte mi representada doña nombre reservado, sus hermanos y familiares. Cuando el nuevo propietario del terreno advirtió la usurpación, procedió a restituir su cerco al límite original. Al ver los trabajos de recuperación territorial, los familiares de la recurrente abrieron fuego contra él, causándole la muerte en el acto. Durante el mismo ataque, resultó gravemente herido el hermano de mi representada, don nombre reservado, y un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco, sobrino del dueño del predio. Finalmente, los agresores —padre e hijo— perdieron la vida en el enfrentamiento armado que ellos mismos iniciaron.

Es importante subrayar que don nombre reservado no estaba involucrado en el conflicto. Se encontraba allí solo porque el propietario del predio le pidió una herramienta, y fue en ese instante cuando, sin tener cómo defenderse, recibió un disparo.

Este episodio ha dejado secuelas físicas y emocionales profundas en la familia entera. Doña nombre reservado, madre de mi representada, actualmente se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, diagnosticada con trastorno ansioso reactivo grave, y todos en la familia viven con el fundado temor de posibles represalias, lo que da cuenta del contexto de amedrentamiento e inseguridad que padecen.

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS O STATUS QUO REALIZADO POR LA RECURRENTE.

La recurrente, lejos de acreditar su calidad de propietaria, reconoce en su propio recurso que la disputa dice relación con una supuesta controversia de deslindes, señalando expresamente: “ante esta situación, mi representada llamé a Carabineros de Hualpín, quienes concurrieron hasta el lugar y conversaron con las partes, señalándonos que debíamos concurrir ante un tribunal para solucionar cualquier problema sobre los deslindes del predio”. Dicha declaración confirma que no existe un acto arbitrario o ilegal atribuible a mis representados, y que lo discutido es un conflicto de límites, cuya naturaleza es eminentemente civil.

La recurrente ha instrumentalizado la acción de protección, contando una historia que no dice relación con la realidad, imputando hechos que negamos, para conseguir su objetivo final: obtener, por vía indirecta, una declaración favorable de esta Ilustrísima Corte que le permita legitimar la ocupación de una porción del predio que pertenece a doña nombre reservado, madre de mis representados.

Lamentablemente, la presente acción de protección no puede servir como medio para resolver controversias sobre la titularidad o los límites de un inmueble, materias que deben ser conocidas en sede civil, mediante juicio de lato conocimiento y previa acreditación de dominio o posesión efectiva.

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en causa ROL: 1284-2017 señaló:

“7° Que no obstante tratarse de una acción constitucional de emergencia, atendida la naturaleza extensiva y extraordinaria del recurso de protección, cuyo amparo se entiende también respecto de situaciones de hecho como las alegadas, y dada la premura del remedio jurídico que se pretende, su reconocimiento debe estar resguardado por antecedentes suficientes e indubitados que acrediten en forma racional y lógica sus fundamentos. En sede de protección, el tribunal debe resolver sobre la base del mérito del expediente, de manera que serán preferentemente las partes del recurso quienes deben acompañar los antecedentes de sustento de sus asertos, habida consideración también que, en este caso concreto, el recurrido ha desmentido en parte los hechos que se le imputan en el libelo pretensor.”.

Como se ha venido señalando, esta parte ha desmentido en parte los hechos que se nos imputan, puesto que mis representados han obrado en defensa del inmueble del que son dueños, ejerciendo sus derechos de disposición para conservarlo. Asimismo, se obró en defensa del inmueble que por años había sido arrebatado por la recurrente y su familia, cuya dignidad, privacidad y protección excede con creces la mera posesión de aquella, ya que permitir que la recurrente siga usando el inmueble, podría producir un perjuicio familiar que afecta el derecho a la identidad, de una manera arbitraria, grave e irreversible.

Sería absolutamente fuera de las competencias de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, impedirle a mis representados que protejan no sólo el bien inmueble, sino el patrimonio histórico familiar, heredado por don nombre reservado.

AFECTACIÓN A MIS REPRESENTADOS.

Que, habiéndose expuesto los antecedentes que demuestran que el conflicto en cuestión es de naturaleza civil, y que debe resolverse mediante un juicio de lato conocimiento, corresponde destacar que doña nombre reservado, madre de mis representados, detenta el dominio exclusivo y legítimo del inmueble objeto del presente recurso.

Desde hace más de 30 años, mis representados y sus padres han ejercido la posesión material y la administración del predio, en calidad de propietarios. Sin embargo, en diversas oportunidades han sido impedidos de ingresar libremente al terreno, siendo objeto de hostigamientos, amenazas e insultos por parte de la recurrente y su familia, quienes —mediante el uso de la fuerza— han usurpado una fracción del predio, instalado un galpón, un empalme eléctrico irregular, y destinado el terreno al cultivo, todo ello sin consentimiento alguno de los legítimos propietarios.

Tales actos no solo vulneran el uso pacífico de la propiedad, sino que han provocado un grave perjuicio emocional y patrimonial, afectando la salud mental de la propietaria y de sus hijos, generando angustia, temor y una profunda sensación de indefensión, al verse despojados de facto de un inmueble cuyo dominio consta inscrito a su nombre.

COSTAS.

Finalmente, entendemos que esto importa que la recurrente debe ser condenada en costas, y de manera ejemplar, por no haber tenido motivo plausible para litigar, a sabiendas, y omitir todos los antecedentes que ahí hemos referido.

Con un correcto estudio de títulos lo hubiera averiguado. Tener supuestos acciones y derechos sobre un inmueble no la hace dueña, menos cuando no cuentan con los títulos que legitiman dicha porción del terreno.

Pide RECHAZAR la acción de protección interpuesta, en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos 1. Copia simple Herencia de don nombre reservado, Fojas 291, N° 332, del año 2007, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial.

2. Copia Autorizada de la escritura pública de liquidación, partición y adjudicación de la comunidad nombre reservado, mediante la cual doña nombre reservado adquiere el dominio del Lote B-7.

3. Copia Autorizada de Plano de subdivisión del Proyecto de Parcelación El Budi, con los deslindes correspondientes, Agregado del Registro de Propiedad N° 195, año 2025 4. Copia Autorizada de Escritura pública de Adjudicación, Certificado vigente del Lote B-7, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial.

5. Copia simple Certificado de avalúo fiscal simple, emitido por Servicio de Impuestos Internos, de fecha 01 de julio de 2025, respecto del Lote B-7 de propiedad de doña nombre reservado.

6. 7 Reportes fotográfico del terreno actualmente usurpado por la recurrente, que incluye material acredita de manera directa la ocupación ilegítima y el aprovechamiento del inmueble por parte de la recurrente, en una extensión que excede el deslinde legal de su propiedad.

7. Imágenes del galpón construido por terceros, 8. Fotografías de los empalmes eléctricos ilegales instalados en el predio, y 9. Registro del uso agrícola del lote, con cultivos visibles que no han sido autorizados por mi representada.

10. Copia de publicación en el medio "El librero", que da cuenta de los hechos ocurridos el 25 de febrero de 2023, donde se menciona a familiares directos de la recurrente como protagonistas de un violento enfrentamiento con armas de fuego.

A folio 12 los autos quedaron en estado de relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

Jurisprudencialmente se reconocen como requisitos para su configuración, la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEGUNDO: Que en el caso de autos se denuncia por la recurrente de autos la acción, que estima ilegal y arbitraria consistente en que con fecha 10 de mayo de 2025 se percató que unos sujetos habían destruido el cerco medianero del deslinde sur que separa la hijuela N.º 59 de la Hijuela N.º 55, desplazando el deslinde hacia el norte unos 60 metros aproximadamente y construyendo un nuevo cerco, todo esto, arbitrariamente, sin mediar autorización o acuerdo previo conmigo.

Indica que posteriormente se enteró que las personas que habían incurrido en la acción arbitraria e ilegal eran la familia nombre reservado, encabezada por doña nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, y de doña nombre reservado.

Refiere que los hechos antes descritos afectan los derechos de quien refiere propietaria del predio, consistente en la garantía Constitucional establecida en el artículo 19 N.º 24 de nuestra Carta Fundamental.

TERCERO: Que a su turno las recurridas por medio de su mandataria judicial solicitan el rechazo de esta acción porque es jurídicamente improcedente, por cuanto la controversia planteada por la recurrente —referida al supuesto límite y uso de un predio— no se relaciona con una afectación actual, ilegítima y arbitraria de un derecho indubitado, sino con una disputa de carácter patrimonial que debe ventilarse mediante un juicio ordinario de lato conocimiento ante el Juzgado Civil competente.

Indica que conforme lo ha señalado en forma reiterada la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección no es la vía idónea para debatir la titularidad o posesión de bienes raíces, ni para resolver deslindes o determinar si ha existido o no usurpación. Menos cuando no se cuentan con los títulos legítimos que den fe de la superficie real del bien raíz. Todo ello requiere de prueba pericial, documental, topográfica y testimonial, que debe ser ponderada en juicio ordinario, respetando la bilateralidad de la audiencia y los principios del debido proceso.

Cito, entre otras, la sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 78.661-2021: Agrega que la propia recurrente reconoce que no tiene título inscrito sobre el predio que dice afectado, y solo invoca presuntos derechos hereditarios por su hija, que no han sido regularizados ni perfeccionados conforme al derecho vigente. Por consiguiente, de existir alguna acción legal que corresponda ejercer, sería la acción reivindicatoria regulada en el artículo 889 del Código Civil, y no el recurso de protección. Pero esta acción —reservada para el verdadero propietario— permitiría únicamente a mis representados recuperar el terreno del cual han sido despojados. Ni siquiera la recurrente estaría habilitada para interponerla, pues carece de título legítimo.

CUARTO: Que, como ha sido reiteradamente sostenido por la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar y de urgencia, destinada exclusivamente a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten garantías constitucionales expresamente amparadas, pero no un mecanismo idóneo para declarar, constituir o discutir derechos controvertidos, menos aún cuando ello exige un debate probatorio y un pronunciamiento declarativo propio de un juicio de lato conocimiento.

QUINTO: Que, en tal sentido, uno de los presupuestos esenciales de procedencia de la acción constitucional es la existencia de un derecho preexistente, actual e indubitado, cuya titularidad resulte manifiesta y no discutida, exigencia que se ve completamente ausente en la especie, desde que el núcleo del conflicto planteado por la recurrente y la recurrida no dice relación con un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado por esta vía excepcional, sino que con la determinación de la titularidad del derecho de dominio y consecuencialmente con la delimitación de los predios, materia que, por su naturaleza, resulta ajena al ámbito cognoscitivo del recurso de protección.

SEXTO: Que, en efecto, nuestra Excma. Corte Suprema ha señalado de manera uniforme que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver conflictos de dominio o posesión cuando tales derechos aparecen controvertidos, pues ello requiere un juicio declarativo en el que se rinda prueba y se garantice el debido proceso.

En igual sentido, se ha resuelto que la acción cautelar de protección no puede prosperar cuando lo que se persigue es obtener una declaración de dominio o la preferencia de un título por sobre otro, cuestiones que deben ventilarse en la sede ordinaria correspondiente.

SEPTIMO: Que la interpretación anterior se encuentra plenamente respaldada por la doctrina nacional, la que ha destacado que el recurso de protección no constituye un proceso declarativo de derechos, sino un mecanismo excepcional de tutela urgente, que presupone la certeza del derecho invocado, quedando excluidos de su ámbito aquellos conflictos en que la titularidad del derecho es discutida o requiere prueba.

En este sentido además debemos concordar en que cuando el conflicto versa sobre la propiedad o posesión y no existe claridad indubitada sobre la titularidad del derecho, la protección deviene improcedente, por que desnaturalizaría su carácter cautelar.

OCTAVO: Que, en consecuencia, al advertirse que el derecho cuya protección se reclama no reviste el carácter de indubitado, sino que se encuentra precisamente controvertido entre las partes, debiendo su esclarecimiento ser objeto de un procedimiento declarativo de lato conocimiento, no es posible acoger la presente acción constitucional, sin que ello importe pronunciamiento alguno sobre el fondo del derecho alegado, el cual podrá hacerse valer por las vías jurisdiccionales ordinarias que nuestro ordenamiento jurídico contempla.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, SIN COSTAS el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, chilena, en favor de su hija nombre reservado, menor de edad, en contra de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, doña nombre reservado, y de doña nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-2466-2025 (pvb).