nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, debido al acto que estima ilegal y arbitrario que vulnera su garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.

Señala que en el mes de agosto del año 2011 suscribió un crédito de consumo con la Caja de Compensación La Araucana por un monto de $3.800.000 (tres millones ochocientos mil pesos), pactado en 48 cuotas mensuales, las que eran descontadas directamente desde su pensión de invalidez transitoria, que entonces ascendía a aproximadamente $800.000, correspondiendo un descuento mensual de $134.000.

En octubre de 2012, se le denegó la pensión, por lo que los descuentos fueron suspendidos.

Posteriormente, en el año 2020, se le otorgó una pensión definitiva de invalidez con un monto mensual de aproximadamente $250.000.

A partir de noviembre del año 2022, sin previo aviso ni notificación judicial alguna, la recurrida comenzó a efectuar nuevos descuentos desde su pensión, los que se mantienen hasta la fecha. Actualmente, se le descuenta un monto mensual de $48.000, y cada tres meses se rebaja una cuota adicional que correspondería a la deuda original, sin que exista claridad del cálculo o la base legal de tal procedimiento.

Refiere que solicitó a la Caja de Compensación copia del pagaré que firmó en su momento para analizar la validez de la deuda, pero le respondieron que no se encuentra en los archivos ni se dispone de documentación que respalde el crédito original.

Alega que se le está cobrando un total de $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos), monto que duplica el crédito original y que se pretende descontar en un plazo de 17 años, afectando gravemente sus ingresos y subsistencia.

Sostiene que el descuento efectuado no fue notificado, no tiene respaldo documental verificable, y no ha sido sometido a control judicial, configurando una vulneración directa a su derecho de propiedad, al tratarse de una detracción patrimonial ilegítima de una parte esencial de sus ingresos.

Añade que la recurrida ha omitido procedimientos legales establecidos para el cobro de deudas, como lo serían una acción ejecutiva fundada en el pagaré suscrito o una demanda de cobro de pesos, recurriendo en su lugar a descuentos unilaterales, injustificados e inconsultos.

Pide que se acoja su recurso y en definitiva se ordene a la recurrida el cese inmediato de todo tipo de retención o descuento en su pensión y la restitución íntegra de las sumas descontadas a la fecha, así como de aquellas que se sigan detrayendo durante la tramitación de esta acción, con costas.

Acompaña copia de liquidaciones de pago de noviembre de 2022, y de febrero a mayo de 2025.

A folio 4 evacúa informe Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, señalando que se interpone la presente acción constitucional en atención a que en agosto del año 2011 se habría suscrito un crédito con su representada, pagadero en 48 cuotas, las que eran descontadas directamente desde la pensión de invalidez transitoria del recurrente, el que dejó de pagar en octubre de 2012 debido a que se le habría denegado la pensión, por lo que los descuentos fueron suspendidos. Refiere que, en el año 2020, se le otorgó una pensión definitiva de invalidez y que a partir de noviembre del año 2022, comenzaron a efectuarse nuevos descuentos mensuales de $48.000, y cada tres meses se le rebaja una cuota adicional, lo que considera arbitrario e ilegal, vulnerándose su derecho de propiedad.

Señala que, el señor nombre reservado, obtuvo el crédito N° 210000020754, por la suma de $4.774.151, a una tasa de 1,59% pagadero en 60 cuotas de $134.656 pesos, el que pagó hasta la cuota 17.

En cuanto a los descuentos a aplicar en una liquidación de pensión, explica que tienen su asidero en el artículo 16 inciso 3° de la Ley N°19.539, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley N°17.322, Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar de la Superintendencia de Seguridad Social y Circular N°1.669 del año 1998 referente al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las pensiones de los pensionados afiliados.

En cuanto a lo expuesto por el recurrente relativo a que mensualmente en sus liquidaciones recibe un monto inferior en su pensión, es del caso señalar que el monto máximo de endeudamiento fue determinado en consideración a la liquidación de pensión consolidada indicada y acompañada por el recurrente al monto de solicitar el crédito, calculada de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por otro lado, no obstante la naturaleza del Crédito Social y el descuento legal y obligatorio establecido en el contrato respectivo, el afiliado otorgó mandato expreso a su actual o futuro empleador y entidades pagadoras de pensión, para que descuenten del pago de sus emolumentos mensuales los dividendos correspondientes al crédito otorgado por la C.C.A.F. La Araucana, y en caso de créditos sociales renegociados, el pago de los saldos pendientes de pago que quedaren del crédito social anterior.

Sostiene que la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito la acción para cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia o que haya operado respecto de la obligación alguno de los otros modos de extinguirlas conforme lo dispuesto en el artículo 1.567 del Código Civil, lo cual no ha acontecido en la especie, atendido que la recurrente no acompaña documento demostrativo al efecto. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja.

Es en virtud de lo expuesto que C.C.A.F. La Araucana, no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales de la actora, ya que, en todo momento, la entidad ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación se seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Finalmente pide el rechazo de la acción de protección incoada en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por cuanto los cobros realizados, no son arbitrarios o injustificados, en atención de que las obligaciones existen y se mantienen vigentes, al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, lo denunciado por la recurrente, en síntesis, es que la recurrida Caja de Compensación La Araucana, ejerció una acción extrajudicial de cobro en su contra que habría suscrito en agosto de 2011, y que a contar de noviembre del año 2022 nuevamente se procedieron a efectuar descuentos mensuales desde su pensión, lo que califica de arbitrarios e ilegales.

TERCERO: Que, cabe tener presente, que resulta un hecho pacífico el que la deuda en cuestión fue contraída por el recurrente en el mes de agosto de 2011, y sería pagada en 48 meses, es decir, en el término de 4 años (2015). No obstante, lo anterior, se “recomenzó” el cobro de dicha deuda, en el mes de noviembre de 2022 hasta la actualidad, actuando la recurrida de forma injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio, que la ley prevé para el cobro oportuno de una deuda, y no de una respecto de la cual ha existido una desidia en su cobro.

Al respecto, cita lo resuelto por el máximo Tribunal de nuestro país, “ha transcurrido un plazo, desde que las cuotas impagas fueron exigibles, que le permite a la recurrente impugnar su cobro en el procedimiento legal pertinente que puede sustanciarse en su contra, todo lo cual importa la afectación de la garantía del derecho de propiedad, contemplado en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sexto: Que lo anterior lleva a acoger el recurso de protección, en los términos dispuestos por los jueces de la Corte de Apelaciones, puesto que una norma especial no puede ser interpretada en desmedro de una de carácter general y protectora de los derechos de los trabajadores, como también no se puede infringir los postulados generales de la legislación como que impiden la autotutela, posibilitan la discusión judicial de toda acción o excepción, para lo cual se proporciona la oportunidad para expresar lo pertinente a sus intereses, otorgando la facultad al titular de una obligación que pueda tener el carácter de material, de retener lo pagado voluntariamente por el deudor, pero no a instar por su cobro compulsivo o contra la voluntad de éste ” Excma. Corte Suprema Rol 92.814-2016, sentencia de fecha 18 de enero de 2017).

CUARTO: Que lo expuesto conduce a acoger el presente recurso de protección, puesto que no se pueden infringir ni vulnerar los postulados generales de la legislación común (que impiden la autotutela), y que son aquellos que posibilitan la discusión judicial de toda acción o excepción, proporcionando la oportunidad para expresar lo pertinente a los intereses de cada uno.

QUINTO: De otra parte, resulta admisible el actuar de la Caja de Compensación recurrida, al efectuar un descuento sin haber ejercido oportunamente la vía ejecutiva u ordinaria que confiere el ordenamiento jurídico para el cobro de prestaciones adeudadas.

SEXTO: Debido a lo anterior, el presente recurso será acogido según se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, ordenándose el cese inmediato de los descuentos efectuados sobre la pensión del actor y la restitución de los dineros ya retenidos, dentro de décimo día, a contar desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada, sin perjuicio del cobro de la deuda por las vías legales que corresponda.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra Titular María Georgina Gutiérrez Aravena.

N°Protección-2464-2025 (pvb).