nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, Director CEO, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por su representada, COMERCIAL YUMO LTDA., R.U.T. N.º RUT reservado, empresa del giro de su denominación, con domicilio comercial en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado, ciudadano chino, empresario, C.I. para extranjeros Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien ha expuesto, con el fin de argumentar sobre su ejercicio recursivo, lo siguiente:

Que vengo en recurrir de protección de las garantías constitucionales de mis representados, ya individualizados, por actuación y/u omisiones, diligencias del todo agraviantes, arbitrarias e ilegales, que, en forma del todo ilegítima, dañan a los recurrentes, perjuicio que se le causa y mediante el cual se ve privado y perturbado en sus derechos constitucionales reconocidos y garantizados por nuestra Magna Carta.

Con fecha 8 de junio de 2022, los recurridos dan respuesta, a través de correo electrónico dirigido a esta parte, en donde me informan de los requisitos que acompañaron otros dos contribuyentes para la renovación de la patente comercial de mi mandante.

De esta información, se desprende que a estos contribuyentes no les fue solicitado el informe que debía emitir la Superintendencia de Casinos y Juegos. Creemos SSI., que se ampararon en el Dictamen Nº 25.712-2019, el que reza que, si la administración adquiere el grado de convicción sobre la naturaleza de los juegos, no tiene la obligación de consultar a la SCJ.

Es del caso que, a petición de mi representado, ante la solicitud de patente comercial, esta administración nos ha impedido ejercer el comercio en forma libre y pacífica, debido a que nos negó tal derecho al exigirnos un informe evacuado por la SCJ., informe que a los dos otros contribuyentes no se les exigió.

Esto, claramente, demuestra una desigualdad ante la Ley, a modesta opinión de esta parte SSI. Ahora bien, estos actos, emanados de la recurrida Alcaldesa y sus colaboradores, constituyen una discriminación por parte de la autoridad.

A mayor abundamiento, al momento de solicitar mi representado la patente comercial, acompañó todos los antecedentes que exige la ley de Rentas Municipales. Así, los recurridos debieron, en forma inmediata, otorgar la patente definitiva o, en subsidio, la patente provisoria, cosa que no ocurrió. El marco regulatorio es claro: la administración tuvo y tiene la obligación de otorgar en forma inmediata la patente solicita. Aun así, a mi representado, cumpliendo los requisitos legales, no se le otorgó.

Se vulnera asimismo el artículo 19 Nº 21°. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen y también el Nº 24° de la Constitución, esto es, el derecho de propiedad, el que además tiene antecedente en los artículos 565°, 576°, 582° y 583° del Código Civil, los cuales definen la propiedad, señala los bienes de apropiabilidad y la salvedad que sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad.

Como es fácil desprender de todo lo expuesto, el actuar ilegal del órgano municipal ha ocasionado a mi representada graves perjuicios materiales, producto por una parte del daño emergente que le puede significar el perder el dinero invertido en la compra y habilitación del establecimiento para los efectos de poder explotarlo comercialmente, a lo que se suma el pago periódico de las rentas de arrendamiento de la propiedad, y por otra parte del lucro cesante que implica el dejar de percibir ingresos por el uso y goce del establecimiento de la manera que corresponde.

Por otra parte, existe un daño ocasionado a la imagen comercial de mi representada, que es una sociedad que tiene diversos establecimientos a lo largo de país, en los cuales usa el mismo nombre de fantasía. El daño se produce toda vez que el público ha tomado conocimiento de la situación que afecta al establecimiento de mi representada y así surgen diversos rumores, los que afectan no solo al establecimiento en sí, sino que incluso a los miembros de la sociedad, viéndose las personas siendo objeto de diversas aseveraciones, ciertamente todas alejadas de la realidad.

Solicita tener por presentado recurso de protección a favor de sus representados y en contra todos los recurridos, declararlo admisible, acogerlo a tramitación disponiendo desde luego y por la vía más expedita que informen los recurridos sobre el particular en el más breve plazo, y con su informe o sin él, disponer desde ya todas y cada una de aquellas medidas que este Tribunal de alzada estime pertinentes para restablecer cuanto antes el imperio del derecho, acogiéndolo en definitiva y declarando que los recurridos han actuado, o incurrido en omisiones en su caso, en forma ilegal y arbitraria, debiendo, en el más breve plazo, conceder patente provisoria a mi representada y tramitar la patente definitiva, con costas del recurso en caso de oposición.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de las carpetas administrativas enviadas por los recurridos.

2.- Peritaje evacuado por el Perito Judicial señor nombre reservado, donde concluye categóricamente que los juegos explotados por mi representado son de aquellos de Habilidad y Destreza pseudo aleatorios.

A folio 7 informa Kurt Roussel Díaz, abogado, con domicilio para estos efectos, en domicilio reservado, en representación, de la MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, institución de derecho público, representada legalmente por su alcaldesa doña Jacqueline Romero Inzunza, y de don nombre reservado, en su calidad de Encargado de Rentas y Patentes de la Ilustre Municipalidad de Pitrufquén, ambos de mí mismo domicilio, quien dice:

Para efectos de contextualizar lo informado por medio del presente, resulta necesario exponer los hechos que dieron origen a la acción de protección deducida por el recurrente don nombre reservado.

Como bien señala el recurrente, director Ceo del Grupo Lex Ltda., en su calidad de representante de don nombre reservado y de la sociedad Comercial Yumo LTDA., ingresa con fecha 14 de abril de 2022, mediante correo electrónico, una solicitud de pronunciamiento a la Municipalidad de Pitrufquén, en virtud de la cual requiere al municipio el alzamiento inmediato de la clausura del local comercial de máquinas de juegos ubicado en domicilio reservado de Pitrufquén, el cual fuera clausurado por Decreto Alcaldicio N°316 de fecha 5 de abril de 2022. Además, mediante la misma presentación, solicitó se le concediera patente definitiva o, en su defecto, patente provisoria.

Cabe señalar que, junto a la referida presentación, el solicitante adjuntó la siguiente documentación a fin de sustentar su solicitud:

- Referencia del perito judicial don nombre reservado, presentando un certificado de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acredita su especialidad en Ingeniería Informática, con Mención en Computación, Telecomunicaciones, y en la especialidad de Criminalística.

- Informe del perito judicial don nombre reservado, emitido el 14 de Octubre de 2021, que hacía referencia a 15 máquinas de video juegos de un establecimiento representado legalmente, por nombre reservado, ubicado en Malgarejo n°1479, de la ciudad de Coquimbo.

Cabe hacer presente que previo a la presentación de la solicitud ya referida, el local comercial de máquinas de juegos ubicado en domicilio reservado de Pitrufquén, -propiedad de don nombre reservado-, ya se encontraba en funcionamiento y abierto al público desde hace semanas, ejerciendo una actividad comercial sin contar con sus respectivas patentes y permisos municipales.

En vista de lo anterior, con fecha 04 de abril de 2022, inspectores del Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Pitrufquén, fiscalizan el local señalado, y proceden a cursar multa por infracción consistente en realizar actividad lucrativa sin patente municipal vigente, vulnerando de dicha forma lo dispuesto en los artículos 23 a 58 de la Ley N°3.063/79.

Bajo esas mismas circunstancias, el inspector municipal procedió a informar a don nombre reservado que, para abrir su local, previamente debía contar con los permisos y patentes correspondientes, por lo cual se le sugirió mantener su local comercial cerrado hasta contar con los respectivos permisos y patentes, como lo haría cualquier otro contribuyente.

No obstante, encontrándose el recurrente de autos informado respecto de que debía gestionar los permisos y patentes correspondientes para poder ejercer su actividad comercial, don nombre reservado mantuvo abierto el local de juegos de máquinas sin antes acreditar ante la entidad edilicia que aquellas maquinas no tenían la calidad de juegos de azar, cuya actividad se encuentra prohibida por expresa disposición de nuestro legislador.

Frente lo anterior, con fecha 05 de abril de 2022, mediante la inspección realizada por funcionarios del Departamento de Rentas y Patentes Municipales, se verificó que el local comercial de máquinas de juegos ya señalado se encontraba abierto y funcionado, lo cual fue informado a la administración de la entidad edilicia, procediendo mi representada, -en virtud de sus facultades y atribuciones conferidas por expresa disposición de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades-, a dictar Decreto Alcaldicio N°316, en virtud del cual se clausuró la actividad comercial del rubro “Maquinas de Juegos Electrónicas” ubicado en domicilio reservado.

El referido decreto alcaldicio se dictó bajo el siguiente tenor:

“CONSIDERANDO: 1.- Que, la actividad comercial a nombre de la Empresa Comercial Yumo Limitada Rut N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, con Rubro de “Maquinas de Juegos electrónicas”, está infringiendo las disposiciones contenidas en el D.L. 3.063 de Rentas Municipales”.

DECRETO:

1.- CLAUSÚRESE por intermedio de la Unidad de Inspección Municipal, a contar de la fecha del presente Decreto, la actividad comercial del rubro “Maquinas de Juegos electrónicas”, ubicado en domicilio reservado, usufructuado por la Empresa Comercial Yumo Limitada Rut N°RUT reservado, Rpresentada por Don nombre reservado, Cédula de Identidad N°RUT reservado, por ejercer actividad comercial sin posesión de su Permiso Municipal.

2.- La clausura se levantará una vez regularizada la situación que la originó y su violación será sancionada con una multa de hasta el equivalente a 5 Unidades tributarias Mensuales, que se aplicará cada vez que sea abierto el local comercial.”

Que, sin perjuicio de que el local comercial del recurrente fuera clausurado por expresa disposición de la autoridad comunal, don nombre reservado ha violado sistemáticamente la clausura impuesta, persistiendo desde el mes de abril hasta la actualidad en una constante infracción al D.L. N°3.063, y cada vez que los inspectores municipales se dirigen a dicho local comercial a fin de hacer su trabajo de fiscalizar, son repelidos con insultos por parte de las personas que allí trabajan, inclusive aquellos inspectores han manifestado que el mismo abogado de la comercial don nombre reservado los ha tratado de forma despectiva y mediante insultos.

a. Primera respuesta de la Municipalidad de Pitrufquén a la solicitud de patente del recurrente.

Ante la solicitud realizada con fecha 14 de abril de 2022, la Municipalidad de Pitrufquén evacuó respuesta mediante Oficio Ordinario N°489 de fecha 27 de abril de 2022, el que será acompañado en un otrosí de esta presentación para vuestro mejor conocimiento.

Mediante el referido Oficio Ordinario N°489, mi representada procedió a informar lo siguiente:

Que, en la solicitud presentada el 14 de abril de 2022, no se especificaba el tipo, la cantidad, ni los detalles de las maquinas que se pretenden explotar en el caso en cuestión, considerando que las maquinas a que hacía referencia el informe del perito nombre reservado, pertenecían a un establecimiento ajeno al caso, ya que correspondían a un local ubicado en la ciudad de Coquimbo, las cuales tampoco eran propiedad de don nombre reservado, por lo cual no podían ser consideras para efectos de verificar su calidad de juegos de habilidad y destreza.

Que, en la presentación realizada por el recurrente, se señalaba que para efectos de acreditar la calidad juegos de habilidad y destreza de sus máquinas, se acompañaba el Informe Pericial del Perito nombre reservado, atendido a que la Superintendenta de Casinos de Juego se encontraría actualmente imputada por eventuales delitos, por lo cual estaría supuestamente inhabilitada para pronunciarse ante una eventual solicitud de informe.

En cuanto a los fundamentos de hecho que tuvo la Municipalidad de Pitrufquén para rechazar temporalmente la solicitud, se le señalo al recurrente lo siguiente:

- Que el legislador ha determinado de forma expresa que los juegos de azar, por regla general, son ilegales, encontrándose la actividad de explotación de aquel tipo de juegos tipificada como delito en nuestra legislación. Todo lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1466 y 2259 del Código Civil, y los artículos 277, 278 y 495, N°14 del Código Penal.

- Se le informó que, en nuestro país, excepcionalmente, se permite la explotación de máquinas de juegos de azar, empero solo en los casos señalados en la Ley N°19.994 sobre Casinos de Juego, es decir, cuando lo permite expresamente la Ley y bajo la estricta sujeción a las condiciones que ella misma establece.

- Se le informó, además, que las actividades de explotación de máquinas de juegos de habilidad y destreza sí están permitidas en nuestra legislación, pero que la calidad de juegos de habilidad y destreza debe ser debidamente acreditada ante los correspondientes organismos públicos competentes en dicha materia.

- Ante su reclamación, se le indicó al recurrente, que si bien es efectivo que la Municipalidad se encuentra obligada a otorgar las patentes comerciales, ya sean definitivas o provisorias, ello siempre procederá cuando el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos, incluyendo otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso; así lo dispone el Decreto Ley N°2.385 que fija el Texto Refundido y Sistematizado del Decreto Ley N°3.063 sobre Rentas Municipales, que prescribe en su artículo 26, inciso segundo, lo siguiente:

“La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso…”

- Conforme lo anterior, se le informó al recurrente que la solicitud planteada no cumplía con los requisitos necesarios para poder conferirle la patente solicitada, toda vez que los antecedentes presentados no eran suficientes para dar total certeza a la entidad edilicia respecto de verificar y acreditar que la actividad comercial que pretende realizar no es ilícita, pues mediante dichos antecedentes no logra garantizar que las máquinas de juegos que pretende explotar no corresponden a juegos de azar, los cuales, como ya se ha señalado, se encuentran expresamente prohibidos por nuestro legislador.

- Se le explicó al solicitante que, para que las municipalidades otorguen los permisos correspondientes respectos de actividades comerciales de explotación de máquinas de juegos de habilidad y destreza, la Contraloría General de la República ha pronunciado abundante jurisprudencia administrativa, en virtud de la cual ha establecido que, es a las municipalidades a quien les corresponde otorgar las patentes determinadas en los casos en que una persona o entidad distinta a la de un casino de juego pretenda explotar máquinas de entretenimiento que no sean calificadas como juegos de azar.

- En el mismo sentido, se le explicó al solicitante que ante dichas solicitudes de patentes, en atención a las características de la actividad comercial que se ha de ejercer-, la municipalidad, previo a concederlas, debe determinar la verdadera naturaleza del rubro comercial del establecimiento solicitante, es decir, si las máquinas que se pretenden explotar se califican como juegos de destreza o como juegos de azar; siendo la primera de ellas una actividad lícita, y la última, una actividad ilícita.

- Se hace presente que, lo indicado en el párrafo precedente, no responde a una voluntad antojadiza y arbitraría por parte de la municipalidad, toda vez que se le señaló al solicitante que la entidad edilicia debía actuar de dicha forma en cumplimiento de los dictámenes emanados por Contraloría General de la República, específicamente en el Dictamen N°20.434 del año 2019, que señala:

“De esta manera, no verificándose uno de los requisitos fundamentales para la autorización de la actividad en cuestión, no procede el otorgamiento de la patente municipal, sea definitiva o provisoria, que ampare su ejercicio.”

- En concordancia con lo anterior, mi representada también procedió a citar en su respuesta el Dictamen N°1.857 del año 2014 que señala expresamente:

“Los municipios, solo pueden otorgar patentes para el funcionamiento de máquinas de entretenimiento que no sean susceptibles de ser calificadas como juegos de azar, puesto que, en virtud de la normativa que regula a estos últimos, es necesaria la dictación de una ley para que se autorice a un particular a explotarlos,, constituyendo un delito su realización al margen de las disposiciones pertinentes, de manera que, tratándose de juegos de esa naturaleza y no existiendo la habilitación legal del caso, su explotación corresponde a una actividad ilícita.”

- Por otra parte, en lo relativo al requerimiento de presentar un informe emanado por la Superintendencia de Casinos de Juego para efectos de verificar que las maquinas a explotar no son susceptibles de ser registradas en el Catalogo de Juegos de Azar de esa misma entidad; mi representada, ante las dudas que le generaban los informes acompañados por el solicitante, que por lo demás fueron expedidos por un perito particular no acreditado o certificado por la SCJ, procedió a requerir el informe de la SCJ, siguiendo los lineamientos establecidos por Contraloría General de la República en sus Dictámenes N°92.308 del año 2016 y N°20.434 del año 2019, que disponen, respectivamente, lo siguiente:

“A su vez, en el evento que la máquina de juego que se pretende explotar no se encuentre contemplada en el catálogo de juegos de azar, el municipio deberá solicitar al interesado que acompañe un informe de la SCJ en que conste que esa máquina no es susceptible de ser registrada en el catálogo”.

“…el municipio deberá solicitar al interesado que acompañe un informe de la SCJ en el que conste que esa máquina no es susceptible de ser allí registrada, justamente por no tener la naturaleza de juego de azar, caso en el cual la entidad edilicia podrá acceder a la autorización requerida.”

- Además, mediante el mismo oficio de respuesta emitido por mi representada, se le hizo presente al solicitante que la necesidad de requerir un informe a la Superintendencia de Casinos de Juego, no nace solamente de los pronunciamientos de Contraloría General de la República, sino que también de la normativa dictada por la SCJ, específicamente de su Circular N°83 de fecha 14 de febrero de 2017, que establece el procedimiento de otorgamiento de informes para la obtención de patente municipal de explotación de juegos de habilidad y destreza, en virtud de la cual la SCJ dispone lo siguiente:

“Si la maquina no estuviese en el catálogo de juegos, la municipalidad deberá solicitar al interesado que presente un informe emitido por la SCJ donde ésta señale que ese juego no es susceptible de inscribirse en el catálogo de juegos.”

- Por último, se le informó al solicitante que el establecimiento comercial perteneciente a don nombre reservado, de “Juegos de Habilidad y Destreza” ubicado en domicilio reservado, se encuentra actualmente clausurado en virtud del Decreto Alcaldicio Exento N°316 de fecha 05 de abril de 2022, por ejercer actividad comercial sin posesión de Permiso Municipal, y que la Rotura de Sellos es un delito tipificado y penado por nuestro Código Penal, en su artículo 270, por tanto, se le solicitó abstenerse de abrir y poner en funcionamiento el referido local, hasta que cuente con los respectivos permisos requeridos por la ley.

Sin perjuicio, de lo anterior, resulta sumamente relevante informar a S.S.I., que el recurrente de autos jamás ha respetado la clausura ordenada por la autoridad comunal, inclusive, luego de que dicho local fuera clausurado materialmente por inspectores municipales mediante el cierre con candado del mismo; don nombre reservado al día siguiente procedió a quitar los cerrojos puestos por la autoridad en ejercicio de las facultades entregadas por la ley, procediendo de esta forma a violar los sellos, incurriendo en la comisión del delito tipificado por nuestra legislación penal como Violación o Rotura de Sellos, situación que ha persistido desde el mismo día de su clausura hasta la actualidad, ya que el local de máquinas juegos, respecto de los cuales se desconoce su verdadera naturaleza, se encuentra abierto y funcionando todos los días de la semana, hasta altas horas de la noche, encontrándose abierto al público, y generando ingresos sin pagar las contribuciones que debería pagar por el ejercicio de dicha actividad comercial; actividad respecto de la cual, por lo demás, el recurrente se ha rehusado constante y categóricamente a acreditar si es lícita o ilícita, mediante la presentación de respetivo informe de la SCJ.

A modo de conclusión, en la primera respuesta que se le dio al solicitante, se le manifestó que al no haber presentado todos los documentos pertinentes al caso, la Municipalidad no se formó el completo y total convencimiento de que las máquinas de juegos que pretende explotar no se tratan de juegos de azar, y que hasta que no presentara el informe emanado por la Superintendencia de Casinos de Juego, resultaba improcedente otorgar la patente comercial solicitada, ya que la entidad edilicia, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, debe someter siempre su actuar a la Constitución y a las Leyes. De conformidad con lo anterior, se le solicitó al interesado que, para efectos de requerir la patente y permiso municipal para desarrollar la actividad comercial de Máquinas de Juegos de habilidad y Destreza, acompañara un informe de la Superintendencia de Casinos de Juego, en el que constara que todas las maquinas que pretende explotar en su establecimiento no son susceptibles de ser registradas en el Catálogo de Juegos de Azar.

b.Segunda respuesta de la Municipalidad de Pitrufquén a la solicitud de patente del recurrente.

Ante una nueva solicitud de pronunciamiento realizada por el recurrente con fecha 17 de mayo de 2022, la Municipalidad de Pitrufquén evacuó respuesta mediante Oficio Ordinario N°603 de fecha 27 de mayo de 2022, el que será acompañado en un otrosí de esta presentación para vuestro mejor conocimiento.

Mediante el referido Oficio Ordinario N°603, mi representada procedió a informar, en lo que importa, lo siguiente:

Se le reiteró al solicitante que en el pronunciamiento anteriormente evacuado por mi representada, se había dejado claramente establecido que el recurrente no había presentado todos los documentos pertinentes al caso para que la Municipalidad pudiera formarse el completo y total convencimiento de que las máquinas de juegos que se pretende explotar no se tratan de juegos de azar, requisitos exigidos tanto por la ley, como por la jurisprudencia administrativa, que la Municipalidad de Pitrufquén no puede ignorar, toda vez que de hacerlo podría incurrir en una manifiesta irregularidad.

Se le informó al reclamante, que ante su persistente actitud evasiva y, especialmente, en consideración a la violación de la clausura decretada por la autoridad comunal, con fecha 10 de mayo de 2022 la Municipalidad de Pitrufquén dedujo querella criminal en contra de nombre reservado por los delitos reiterados de Violación de Sellos y Mantención de Casa de Juegos de Suerte, Envite o Azar, tipificados respectivamente en los artículos 270 y 277 del Código Penal, toda vez que el recurrente aún no ha acreditado fehacientemente que las máquinas de juegos que explota no corresponden a juegos de azar, los cuales se encuentran expresamente prohibidos por el legislador.

Mediante el referido Oficio, y frente a las acusaciones del recurrente, mi representada se refirió a los fundamentos de derecho que avalan su posición, manifestándole al reclamante lo siguiente: “Es necesario mencionar que la aseveración invocada por el solicitante consistente en que esta entidad edilicia está vulnerando el principio de imparcialidad del artículo 11 de la Ley N°19.880, contiene un errado razonamiento, toda vez que este Municipio ha ajustado su actuar a la ley y a la jurisprudencia administrativa vigente, pues en la hipótesis de que esta Municipalidad decidiera otorgar una patente comercial definitiva o provisoria sin antes tener a la vista la documentación formalmente establecida en el Decreto Ley N°2.385, que fija el Texto refundido y Sistematizado del Decreto ley N°3.063, de 1979, Sobre rentas Municipales, específicamente su artículo 26 inciso segundo, y la Circular N°83 de fecha 14 de febrero de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juegos, sería un actuar arbitrario que solo favorecería al solicitante, conducta que realmente atentaría contra la exigencia de objetividad y respeto a la probidad exigidos en por el artículo 11…”

“Por lo tanto, no puede considerarse que el actuar de quien suscribe, y de los funcionarios de este Municipio ha vulnerado los derechos de don nombre reservado , pues se le está requiriendo que, para otorgarle el permiso y patente que solicita, debe acompañar un informe expedido por la Superintendencia de Juegos de Casino, que acredite fehacientemente que la naturaleza de las máquinas electrónicas que ha de explotar no corresponde a juegos de azar; y dicho requerimiento no es antojadizo, pues se fundamenta en pronunciamientos emitidos por Contraloría General de la República referentes a la materia, que facultan a esta entidad edilicia para solicitar dicho informe a fin de formarse el convencimiento necesario al respecto”.

Ahora bien, el recurrente afirma que mi representada ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, aludiendo a que en dos casos diferentes ya se les habría otorgado anteriormente patente comercial a locales de similares características, sin exigirles la presentación de un informe emitido por la Superintendencia de Casinos de Juego, y a fin de acreditar dicha premisa, procede a presentar los siguientes documentos:

- Decreto Alcaldicio Exento N°1195 de fecha 08 de agosto de 2012, en virtud del cual se le otorga Patente Comercial Definitiva de “Juegos de electrónicos de Habilidad y Destreza”, al contribuyente nombre reservado.

- Decreto Alcaldicio Exento N°1149 de fecha 05 de septiembre de 2014, en virtud del cual se le otorga Patente Comercial Definitiva de “Juegos electrónicos de Destreza”, al contribuyente nombre reservado.

Como se puede apreciar las patentes comerciales a que alude el recurrente en su presentación fueron otorgadas en los años 2012 y 2014, respectivamente. De lo anterior, se puede colegir que, al momento de ser solicitadas y otorgadas dichas patentes a los contribuyentes ya señalados, aún no existía el Dictamen N°92.308 del año 2016.

Al respecto, cabe recordar que fue solo desde la dictación del referido Dictamen N°92.308 del año 2016, que se comenzó a requerir informes a la Superintendencia de Casinos de Juego, puesto que antes de dicho hito no se encontraba prevista dicha posibilidad.

Así las cosas, a partir del año 2016, Contraloría General de la República estableció dicho procedimiento, en los siguientes términos:

“En este contexto y en armonía con lo expresado en el dictamen N°46.631, de 2011, solicitada una patente municipal para el funcionamiento de máquinas de juego, las entidades edilicias deben verificar si éstas constituyen un juego de azar o no, correspondiendo sólo en este último caso otorgar la autorización requerida.

Sobre la materia, debe tenerse en cuenta que la letra a) del artículo 3° de la ley N°19.995 define "juegos de azar" como aquellos "cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo y registrados en el catálogo de juegos".

De lo anterior se desprende que para resolver si se está ante un juego de azar los municipios deben considerar necesariamente el catálogo de juegos antes aludido y que, con arreglo al artículo 4° de la ley N° 19.995, aprobó la SCJ mediante resolución exenta N° 157, de 2006. Ello, toda vez que tal catálogo constituye el registro formal de "los juegos de suerte o de azar" que pueden desarrollarse en los casinos de juego, de acuerdo con el artículo 3°, letra b), del anotado texto legal.

Cumple agregar que, en el caso que el municipio respectivo tenga dudas acerca de si se trata de un juego de azar previsto en el referido catálogo, debe coordinarse con la mencionada superintendencia a fin de que esta última emita un informe definiendo tal aspecto.

A su vez, en el evento que la máquina de juego que se pretende explotar no se encuentre contemplada en el catálogo de juegos de azar, el municipio deberá solicitar al interesado que acompañe un informe de la SCJ en el que conste que esa máquina no es susceptible de ser registrada en el catálogo, justamente por no tener la naturaleza de juego de azar, caso en el cual la entidad edilicia podrá acceder a la autorización requerida, atendido que se ha descartado que se trate de un juego cuya explotación puede realizarse sólo en un casino.”… “Se reconsidera toda jurisprudencia contraria al presente dictamen.

Cabe señalar que este dictamen sólo rige hacia el futuro y, por ende, no afecta las patentes municipales ya otorgadas.”

Tal como se ha podido vislumbrar, no existe vulneración a la igualdad ante la ley, toda vez que al momento de otorgar las patentes señalas por el recurrente no se encontraba prevista la posibilidad de requerir informe a la Superintendencia de Casinos de Juego; a contrario sensu de lo que ocurre con la situación del recurrente, donde si tiene plena vigencia el Dictamen N°92.308 del año 2016 de Contraloría General de la República y su posterior jurisprudencia administrativa, lo cual erradica cualquier duda respecto de la supuesta existencia de una arbitrariedad por parte de mi representada.

Sin perjuicio de lo anterior, mi representada también es consciente del hecho de que para la renovación de una patente comercial, -respecto de aquellas otorgadas previa la dictación del Dictamen N°92.308 del año 2016-, sí es procedente exigir el informe emitido por la SCJ, por cuanto la nueva administración de la Municipalidad de Pitrufquén se ha dispuesto a regularizar situaciones similares a las que nos convoca, a fin de dar estricto cumplimiento a las directrices establecidas por el órgano contralor.

Otras garantías constitucionales supuestamente vulneradas.

• Artículo 19 N°21: El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Al respecto, en vista y consideración de todos los argumentos expuestos por esta parte a lo largo de esta presentación, se puede confirmar que la Municipalidad de Pitrufquén no ha impedido de forma arbitraria e ilegal el derecho de la recurrente a desarrollar su actividad económica, ya que sólo se le a solicitado al recurrente que presente un informe emitido por la Superintendencia de Casinos de Juego con el único objeto de acreditar que la actividad económica que pretende desarrollar sea una actividad licita y se efectúe respetando las normas legales que regulan la materia.

Cabe señalar, que el Decreto Alcaldicio N°316 dictado por doña Jacqueline Romero Inzunza en su calidad Alcaldesa de la Comuna de Pitrufquén, no es ni arbitrario ni ilegal, por los siguientes motivos:

No es arbitrario: ya que se dicta con el objeto de dar cumplimiento a las directrices impuestas por Contraloría General de la Republica y las normas atingentes y pertinentes al caso. Es decir, tiene un fundamento legal expreso, el cual se materializa en sus Vistos y Considerandos.

- No es ilegal: ya que es dictado en virtud de las facultades que le confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades a mi representada en su calidad de alcaldesa.

Por lo demás, no obstante encontrarse clausurado actualmente el local comercial del recurrente, este sigue funcionando y desarrollando diariamente su actividad económica al margen de lo dictaminado por la autoridad comunal, así como también, al margen de lo que establece nuestra legislación vigente.

• Articulo 19 N°24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Al respecto, no se vislumbra de qué forma mi representada podría estar vulnerando el derecho de propiedad de don nombre reservado, ya que sólo se le ha solicitado que, al momento de requerir la patente comercial, presente un informe emitido por la Superintendencia de Casinos de Juego en que conste que las maquinas de juegos que pretende explotar no son susceptibles de ser incluidas en el Catalogo de Juegos de Azar de dicha misma entidad.

• Principio de Contradictoriedad: Al respecto, el recurrente afirma:

“Asimismo, se vulneran con el actuar municipal las siguientes normas de la Ley 19.880, sobre bases del procedimiento administrativo: ARTICULO 10, que consagra el principio de contradictoriedad, permitiendo a los interesados formular alegaciones y acompañar documentos, los que por cierto deben ser ponderados por la administración al momento de resolver la solicitud. Por ello, debió la administración en el caso de marras haber requerido la información pertinente de parte del administrado, para permitir formular los descargos pertinentes, y hecho aquello, resolver sobre la legalidad o ilegalidad de su actuar, mas no actuar de manera inconsulta, buscando en definitiva sancionar a un contribuyente, sin que sea público y notorio dicho celo en el actuar administrativo en otros actos de la administración municipal. Se sanciona sin dar la posibilidad de presentar los descargos, es decir SSI., sin haber hecho un análisis de la situación y del tipo de patente, los recurridos aplican Justicia Por Mano Propia, lo que esta estrictamente Prohibido por nuestro marco Jurídico.”

Como se señaló en los párrafos precedentes, ante las solicitudes a pronunciamiento efectuadas por el recurrente, la Municipalidad de Pitrufquén respondió mediante los Oficios N°489 y N°603. En el primero de ellos, se le informo al solicitante en su párrafo final lo siguiente:

“En atención a lo anteriormente señalado, se le solicita que, para efectos de requerir la patente y permiso Municipal para Juegos de habilidad y Destreza, acompañe un informe de la Superintendencia de Casinos de Juegos, en que el conste que todas las maquinas que vayan a explotarse en vuestro establecimiento no son susceptibles de ser registradas en el catálogo de juegos de azar.”

De lo anterior se deriva, que mi representada de forma expresa dio al solicitante la posibilidad de hacer sus descargos, pues ambos oficios fueron enviados al recurrente inmediatamente después de ser emitidos, y en los cuales se le explica detalladamente los procedimientos que debe seguir la entidad edilicia para proceder a otorgar ese tipo de patentes comerciales, y se le informa de manera expresa cuales son los antecedentes necesarios que debe aportar al procedimiento para poder solicitar la patente requerida.

Bajo ninguna circunstancia mi representada procede a sancionar al solicitante, solo se le pide que entregue la información necesaria para posibilitar un total convencimiento respecto de la naturaleza de las maquinas de juegos que pretende explotar.

Las únicas sanciones que se le han aplicado al recurrente, son las multas que le han cursado los inspectores municipales por violar constantemente los sellos puestos por la autoridad, cuyos antecedentes han sido remitidos al Juzgado de Policía Local de Pitrufquén.

Por todo lo anteriormente señalado, esta parte estima que no existen hechos que puedan constituir una real vulneración de las garantías constitucionales a que alude el recurrente.

La decisión tomada por la autoridad comunal, respecto de clausurar el local comercial del recurrente de autos, de ninguna forma podría responder a un actuar caprichoso, infundado y con ausencia de reflexión, por el contrario, de la simple vista de los antecedentes expuestos por esta parte, es posible observar que mi representada tomo su decisión con el único objeto de dar cumplimiento a lo que Contraloría General de la República le ordena a todas la Municipalidades del país, teniendo especial consideración al hecho de que los dictámenes pronunciados por el órgano contralor son vinculantes para los demás órganos de la Administración de Estado.

También debe considerar S.S.I., que la legislación administrativa vigente establece mecanismos concretos para que los particulares puedan objetar los actos administrativos que consideren arbitrarios o contrarios a sus intereses, no siendo un recurso de protección la vía legal prevista por el legislador para dejar sin efecto un acto administrativo valido y legítimamente dictado por una autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones y deberes funcionarios.

Estos mecanismos son los siguientes:

Párrafo 2º de la Ley 19.880.

De los recursos de reposición y jerárquico. Artículo 59. Procedencia. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico.

Rechazada total o parcialmente una reposición, se elevará el expediente al superior que corresponda si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico.

Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, dentro de los 5 días siguientes a su notificación.

No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa.

La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los incisos anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos.

Si se ha deducido recurso jerárquico, la autoridad llamada a resolverlo deberá oír previamente al órgano recurrido el que podrá formular sus descargos por cualquier medio, escrito o electrónico.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado”.

Párrafo 3º de la Ley 18.880. “Del recurso extraordinario de revisión. Artículo 60. En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias.

a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento;

b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento;

c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y d) Que en la resolución hayan influido de modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por sentencia ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que siendo anterior, no hubiese sido conocida oportunamente por el interesado.

El plazo para interponer el recurso será de un año que se computará desde el día siguiente a aquél en que se dictó la resolución en los casos de las letras a) y b). Respecto de las letras c) y d), dicho plazo se contará desde que la sentencia quede ejecutoriada, salvo que ella preceda a la resolución cuya revisión se solicita, caso en el cual el plazo se computará desde el día siguiente al de la notificación de ésta”.

Párrafo 4º de la Ley 19.880.

“Artículo 62. Aclaración del acto. En cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo”.

Así las cosas, en ningún momento el recurrente señala haber agotado todas las instancias que le otorga la legislación administrativa en su calidad de interesado, para efectos de impugnar el acto administrativo que considera contrario a derecho. El recurrente nunca interpuso en contra del Decreto Alcaldicio que ordena la clausura, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la referida ley; tampoco dedujo recurso extraordinario de revisión del artículo 60; y menos solicitó a la autoridad edilicia una aclaración respecto del acto administrativo que considera contrario a derecho.

Directamente relacionado con lo anterior, es necesario precisar que el artículo 53 de la Ley 19.880 prescribe expresamente en su inciso final que, respecto de la invalidación de un acto administrativo, el acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.

En este orden de ideas, el artículo 53, inciso final, de la Ley 19.880, establece expresamente que la impugnación de acto administrativos, en sede judicial, debe ajustarse a las normas del Procedimiento Sumario, del cual conocen comúnmente los Tribunales de primera instancia. De esta forma, se puede concluir que el recurrente siempre estuvo bajo el amparo e imperio del Derecho, toda vez que tuvo la posibilidad de impugnar el Acto Administrativo, en primer lugar, en sede administrativa mediante el Recurso de Reposición, el Recurso Extraordinario de Revisión y la Aclaración del Acto, mecanismos que se encuentran establecidos y regulados en la Ley 19.880. Además, en el supuesto de que dichos mecanismos no fueran efectivos, el mismo cuerpo legal señala en su artículo 53, inciso final, que la impugnación del acto contrario a derecho deberá someterse a las reglas del Procedimiento Sumario, conforme a lo prescrito en el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil que dispone:

“El procedimiento de que trata este Título se aplicará en defecto de otra regla especial a los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz.

Deberá aplicarse, además, en los siguientes casos:

1° A los casos en que la ley ordene proceder sumariamente, o breve y sumariamente, o en otra forma análoga…”

Solicita tener por evacuado el informe requerido por V.S.I., mediante resolución de fecha 01 de julio de 2022, folio 3, y en definitiva, rechazar la acción de protección deducida por el recurrente, toda vez que es infundada e improcedente, con expresa condenación de costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos.

1.- Oficio Ordinario N°489 de fecha 27 de abril de 2022.

2.- Oficio Ordinario N°603 de fecha 27 de mayo de 2022.

3.- Circular N°83 de fecha 14 de febrero de 2017, de la Superintendencia de Casinos de Juegos.

4.- Dictamen N°92.308 de 2016 de Contraloría General de la Republica.

5.- Dictamen N°1.857 de 2014 de Contraloría General de la Republica.

6.- Dictamen N°20.434 de 2019 de Contraloría General de la Republica.

7.- Querella por Delito de Rotura de Sellos y mantención de Casa de Juegos de Suerte, Envite o Azar, presentada con fecha 10 de mayo de 2022.

8.- Decreto Alcaldicio Exento 316 de fecha 05 de abril de 2022, que clausura local comercial.

9.- Copia de partes de infracciones cursadas a la Comercial Yumo Ltda., posteriores a la clausura del local, y fotografías del lugar.

10.- Mandato Judicial de fecha 12 de julio de 2021, extendido ante la Notario Público de la comuna de Pitrufquén doña nombre reservado, anotado bajo el repertorio de instrumentos públicos N°507-2021.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: En el caso que no ocupa el recurrente estima como acto ilegal o arbitrario de parte de la Municipalidad recurrida no otorgar patente comercial, para que la explotación de lo que, estima-se desprende- es un local de máquinas de habilidad y destreza, en la ciudad de Pitrufquen, imponiéndole que se cumplan requisitos no exigidos a otros locales ya establecidos dedicados al mismo rubro, ello muy fundamentalmente ligado a la exigencia de un informe emanado de la Superintendencia de Casinos y Juegos.

Dicho actuar, que califica de arbitrario e ilegal, afectaría sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica consagrado en el artículo N°21 del mismo artículo y de propiedad consagrado en el numeral 24 de idéntica regulación constitucional.

TERCERO: Que, en el caso, conforme a los antecedentes emanados de la recurrida y que se ha incorporado a este procedimiento constitucional, es necesario destacar que inspectores municipales de la comuna de Pitrufquen constataron que el recurrente llevaba adelante una actividad económica lucrativa sin poseer la patente comercial requerida por lo que, procedieron a clausurar ( habilitados mediante decreto alcaldicio N°316 de 5 de abril del presente año) el establecimiento del recurrido en donde se encontraban las máquinas ya señaladas, apercibiéndolo para que, supere dicho estado infraccional obteniendo la autorización municipal del caso. Consta, igualmente, que el ente edilicio respondió, en al menos dos ocasiones a las presentaciones del recurrente ( 14 de abril y 17 de mayo del año en curso), en el sentido de que, no le era posible otorgar la patente comercial, sin antes contar con un informe de un órgano especializado en ello como lo es la Superintendencia de Casinos y Juegos, habida consideración-lo previo- que, el informe pericial allegado por el reclamante se vinculaba con de máquinas que se encuentran en otra comuna, y por lo tanto distintas de aquellas situadas en la comuna de Pitrufquen. Del mismo modo, ha expuesto que, la necesidad de dicho informe, emana de jurisprudencia administrativa surgida de la Contraloría General de la República y que, por lo tanto, le es vinculante.

CUARTO: Se arguye adicionalmente por el ente edilicio que, por el contrario, quien se ha situado al margen de la legalidad no es precisamente el órgano de administración comunal sino el recurrido ya que se manifiesta que, pese a la clausura del local comercial de su propiedad, este ha procedido a reabrirlo, por lo que incluso se ha deducido una querella criminal en su contra, en razón de haberse constatado la violación los sellos de clausura. En ese sentido, se han allegado, incluso, las infracciones municipales cursadas por dicha circunstancia e imágenes que se vinculan con lo mismo.

QUINTO: Que, efectivamente y tal como expresa la Municipalidad recurrida, el artículo 26 inciso segundo del D.L. 3.063 sobre Rentas Municipales, establece que la entidad municipal estará obligada a otorgar patente comercial, pero sólo en el evento que, el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos, lo que incluye aquellos exigidos por leyes especiales, en esa traza, no aparece que resulte ilegal el requerimiento de un informe experto a fin de esclarecer sí, en efecto, las máquinas de juego que se pretende explotar son de aquellas permitidas por el legislador y no de orden prohibido, entendiendo como tales, para estos efectos, la de azar.

En la misma línea que antecede, lleva la razón la Municipalidad, en el sentido de que, le resulta vinculante los dictámenes emanados de la Contraloría General de la República en especial, en este contexto, aquellos N°s 92.308, 20.434 y 25.712 de los años 2016 el primero, y 2019 los restantes que, en suma disponen que el municipio se encuentra facultado para requerir informes de la Superintendencia de Casinos y Juegos( lo que también posee fundamento normativo en la circular N° 83 de 14 de febrero de 2017 de dicha entidad) con el fin de establecer fehacientemente que las maquinarias de juegos que se pretende explotar no sean de aquellas contempladas en un catálogo de juegos de azar, lo que resulta del todo trascendente a fin de velar por la correcta autorización municipal, en la perspectiva de suyo relevante, de no incurrir en el riesgo de conceder un permiso para realizar una actividad ilícita.

SEXTO: De igual manera, se ha explicitado que si bien, con antelación la Municipalidad ya singularizada, ha entregado patentes comerciales para el funcionamiento de juegos electrónicos de habilidad y destreza, ellos corresponden autorizaciones comerciales de los años 2012 y 2014 que beneficiaron a dos contribuyentes, los señores nombre reservado y nombre reservado, por lo que no les era aplicable la jurisprudencia administrativa actualmente vigente, muy particularmente el dictamen N°92.308 del año 2016, que impuso la necesidad de contar, con el informe de la Superintendencia de Casinos y Juegos para dilucidar si lo que se pretende explotar son juegos de azar o por el contrario de habilidad y destreza, de esta manera menos se puede, habida consideración de lo ya señalado, es decir, la vinculación que aquellos dictámenes del órgano de control posee en relación con los municipios, advertir que el actuar de la recurrida signifique un trato distinto para quienes se encuentran en una misma posición jurídica desde que ello no es verificable por cuanto, como se ha indicado, con posterioridad al año indicado(2016) se ha establecido que, es necesario el citado informe para la dilucidación de la naturaleza de los juegos, corolario de aquello es que no factible verificar una infracción o atentado a la garantía constitucional de igual ante la Ley, como porque menos se aprecia un actuar ilegal o arbitrario, sino que, en este último aspecto hay completa razonabilidad en la exigencia impuesta por emanar ello, tal como queda indicado de jurisprudencia administrativa vinculante.

SEPTIMO: De otra parte, es menester expresar que, la garantía constitucional del artículo 19 N°21 de la Constitución Política, posee un estatuto de protección especial a fin de reclamar su vulneración, vinculado con la Ley N°18.971, que establece el procedimiento de amparo económico, a lo que debe ceñirse quien pretende amagada la misma, cuyo no ha sido el caso.

A su turno, y si bien el recurrente invoca, también el derecho de propiedad como conculcado, no se divisa mayor argumentación a dicho respecto que la referida a que es dueño de los máquinas de juego, con todo dicha circunstancia no ha sido disputada por la actividad resolutiva de la Municipalidad, sino que lo actuado por la misma ha dicho relación con los requerimientos que son necesarios precisamente para la explotación de aquellas y, como ya queda ya evidenciado, no se ha constatado, un actuar ilegal o arbitrario que vulnere garantía constitucional referida.

Consecuencialmente, y habida consideración de cúmulo argumentativo que antecede, es necesario expresar que no se divisa actuación arbitraria o ilegal del ente público recurrido, de forma esta que, el recurso deducido no podrá prosperar correspondiendo así declararlo en lo porvenir.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE DESESTIMA la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado, en representación de COMERCIAL YUMO LTDA, en contra de doña nombre reservado, Alcaldesa de la Municipalidad de Pitrufquén y de don nombre reservado, encargado de Rentas de la misma.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

N°Protección-24440-2022. (sac)