nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece en carpeta digital don Daniel Eduardo Escobar Palma, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien dice que interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante SUSESO, representada por su superintendente, don CLAUDIO LAUTARO REYES BARRIENTOS, ignoro profesión, domiciliados en domicilio reservado, por los actos que se estiman ilegales y arbitrarios que se dirán, que vulneran las garantías constitucionales que se señalan.- En la especie, ha concurrido a solicitar el amparo constitucional por esta vía, en favor de don nombre reservado, quien impugna la decisión pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social en orden a rechazar sus Licencias Médicas que se especifican: nombre reservado, Folio, Fecha Inicio de reposo, días de reposo: RUT reservado 10-04-23 15;RUT reservado 25-04-23 21;RUT reservado 16-05-23 30; RUT reservado 15-06-23 30;RUT reservado 15-07-23 30; RUT reservado 14-08-23 30; todas rechazadas sin especificar motivo en el resuelvo remitiéndose al considerando que indicaría que el reposo prescrito no se encontraría justificado.

Para la acertada resolución del caso, hace presente que las licencias fueron rechazadas por Resolución de la Sub-Comisión CAUTIN – COMPIN de Medicina Preventiva de la Región de la ARAUCANIA, las licencias médicas otorgadas a la recurrente por el médico especialista en psiquiatría, doctor nombre reservado, RUT RUT reservado. Añade, además, que COMPIN rechazó todas las licencias per se, sin hacer ninguna pericia. Tras los rechazos, se subió a la plataforma COMPIN todos los antecedentes complementarios, entre ellos informes del médico psiquiatra existentes a esa fecha. Un informe de fecha 14 de junio de 2023 y el segundo de fecha 12 de agosto de 2023. En Ambos informes se detalla la patología sufrida por la recurrente, antecedentes que rolan en la COMPIN y en la SUCESO y que aportan toda la justificación de la necesidad de reposo por depresión severa y tratamiento farmacológico con Venlafaxina a 150 mg/día adicionando uso de Risperidona 1 mg/día, que la paciente sigue hasta el día de hoy inclusive.

El día 14 de enero de 2024 la recurrente recibe y se da por enterada de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-07493-2024, de fecha 14/01/2024, resolución que refiere: “Considerando que ha recurrido con fecha 02 de septiembre de 2023 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la Sub-Comisión CAUTIN -COMPIN región de la Araucanía, confirmó el rechazo de las licencias médicas números RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado y; RUT reservado, extendidas por un total de 156 días a contar del 10 de abril de 2023, por reposo no justificado. Agrega, “Esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por licencias médicas números RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado y; RUT reservado, no se encontraban justificadas.

Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado el cual alcanza a 189 días por la misma patología. En efecto, el plan de tratamiento médico no cuenta con ajustes compatibles con la necesidad de mantener indicación de reposo más allá del periodo ya autorizado. Complementariamente, no se cuenta con un plan claro de reintegro laboral con una fecha de alta definida.”

Y, RESUELVE “Esta SUSESO confirma el rechazo de las licencias médicas referidas, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”

Tal resolución le fue notificada a la recurrente con fecha 14 de Enero de 2024.

Para los efectos de resolver la materia planteada corresponde tener presente que el artículo segundo letra c) de la Ley 16.395 establece: “Son funciones de la Superintendencia las siguientes: c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

El “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Compin e Instituciones de Salud Previsional” dispone en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la nombre reservado que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la nombre reservado”.

De acuerdo a las normas precedentemente referidas, es posible sostener que la recurrida, con mira a cumplir el mandato legal consistente en resolver las apelaciones presentadas por los afiliados al sistema de salud, puede disponer que las instituciones que se encuentran bajo su supervigilancia, cuyo es el caso de la Compin, recabe los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema.

Por esta razón la recurrida ha dictado una resolución en forma arbitraria, pues sin ningún antecedente adicional ha desestimado opiniones de distintos profesionales médicos especialistas, ambos psiquiatras, sobre la base de la ponderación de lo ya tenidos a la vista, sin ningún elemento que permita un juicio complementario.

En la especie, la recurrente padece de TRASTORNO MIXTO ANSIOSO DEPRESIVO y TRASTORNO DEPRESIVO GRAVE Y PROCESO DE DUELO, que fueron diagnosticadas por distintos médicos especialistas, a saber, en base a informe del MÉDICO PSIQUIATRA DR. nombre reservado, RUT RUT reservado de fecha 3 de abril de 2023 y por el MEDICO PSIQUIATRA DR. nombre reservado, RUT RUT reservado, que emitió otros 2 informes de fechas 14 de junio de 2023 y de fecha 12 de agosto de 2023, todos estos informes rolan y tuvieron a la vista por la COMPIN y SUSESO.- En tales informes, elaborados bajo protocolo de la COMPIN, se efectúa una breve Historia con fundamentos clínicos en que se basa el diagnóstico, establecen, además, la evolución, tratamientos médicos efectuados y resultados obtenidos. Indican el pronóstico de la enfermedad desde el punto de vista laboral y fecha probable de reposo parcial, antecedentes que la SUSESO no tuvo en consideración, al resolver la reclamación, pues no los menciona en los fundamentos para sostener su rechazo, ni tampoco solicitó nuevos exámenes o estudios para justificar su resolución.- En las condiciones precedentemente descritas el actuar de la recurrida debe ser calificado de ilegal y arbitrario al no haber instado – mediante los mecanismos legales correspondientes- por la reevaluación de la situación médica actual de la recurrida a fin de determinar su condición de salud, la necesidad del reposo solicitado y el pronóstico de recuperabilidad, motivo por el cual el recurso deberá ser acogido en los términos que se indican en las conclusiones del recurso.

No existen antecedentes de la SUSESO que contradigan la opinión técnica de dos profesionales especialistas, debidamente acompañados a la COMPIN, no podría la SUSESO sin omitir estos informes, arribar a una opinión diferente que autorizar el reposo clínicamente diagnosticado.

La garantía constitucional conculcada es la del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a la propiedad, desde que el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley, quebrantamiento que, adicionado a la arbitrariedad señalada en forma precedente, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida.

Solicita concretamente, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, o SUSESO, representada por su superintendente, don CLAUDIO LAUTARO REYES BARRIENTOS, ya individualizados, admitir a tramitación, y en definitiva DECLARAR: Que se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y, en consecuencia se declara que, se deja sin efecto la resolución exenta mencionada, que confirma el rechazo de la nombre reservado indicada, debiendo en consecuencia ordenar a la SUBCOMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ – CAUTIN- TEMUCO, cursar y autorizar tal licencias médicas números RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado y; RUT reservado rechazadas a la beneficiaria doña nombre reservado.- Acompaña a su presentación, con el objetivo de acreditar los fundamentos de su recurso, los siguientes instrumentos:

1. La resolución exenta N° R-01-UME-07493-2024 de fecha 14/01/2024 emanada de la SUSESO.

2. Informe de Médico Psiquiatra doctor nombre reservado, RUT RUT reservado de fecha 3 de abril de 2023 con diagnóstico de trastorno mixto ansioso depresivo 3. Informe de Médico Psiquiatra doctor nombre reservado, RUT RUT reservado de fecha 14 de junio de 2023, con diagnóstico de Trastorno depresivo grave y proceso de duelo.

4. Informe de Médico Psiquiatra doctor nombre reservado, RUT RUT reservado de fecha 12 de agosto de 2023, con diagnóstico de Trastorno depresivo grave y proceso de duelo.

5. Informe de Médico Psiquiatra doctor nombre reservado, RUT RUT reservado de fecha 18 enero de 2024 6. Informe de especialista Psicólogo don nombre reservado de 24 agosto de 2023.- INFORME RECURRIDA:

A folio 11 carpeta digital informa FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, solicita que esta Corte la declare como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una nombre reservado que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a nombre reservado. Marco legal regulador.- En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado nombre reservado, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de nombre reservado, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a nombre reservado está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de nombre reservado también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la nombre reservado está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por nombre reservado el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”. Es decir que, para hacer uso de una nombre reservado es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado reclamó ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 02 de septiembre de 2023, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 156 días, a contar del 10 de abril de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 189 días por la misma patología. En efecto, el plan de tratamiento médico no cuenta con ajustes compatibles con la necesidad de mantener indicación de reposo más allá del periodo ya autorizado. Complementariamente, no se cuenta con un plan claro de reintegro laboral con una fecha de alta definida. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-07493-2024, de 14 de enero de 2024.

Al respecto, es importante destacar a SS. Iltma., que en atención al reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente: “(08/08/2023) … RR 591-0, 739-0, 611-k, 750-2 y 179-2 IM Dr. Delarze, psiquiatra 14.6.2023. Dg T. depresivo grave y proceso de duelo. (fallecimiento de madre hace 6 meses). Se inicia tratamiento con Venlafaxina 75mg/d, zolpidem 10mg/d, luego se realiza ajuste de Venlafaxina 150mg/+risperidona 1mg/d. Se han autorizado 189 días de reposo, sin establecer en IMs potencial reintegro laboral, informe extemporáneo para evaluar sucesivas prórrogas por 30 días. Mantengo rechazo…”

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado, informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Paciente de 35 años, profesional en SS Araucanía Sur con cuadro depresivo de larga data por el que cursó 230 días de reposo autorizados el año 2021 y posteriormente inicia el nuevo reposo a contar del 3 de octubre de 2022 por el cual cumple 189 días autorizado hasta el 9 de abril de 2023, reclama 6 licencias médicas a contar del 10 de abril de 2023 por cuadro mixto ansioso depresivo, con una evolución refractario tratada por psiquiatra con patología asociada a duelo complicado por fallecimiento de madre y disfunción familiar y problemas laborales, cuenta con un plan de tratamiento con antidepresivo dual a dosis media alta y presenta informe de apoyo psicoterapéutico, si bien se determina la posibilidad de iniciar reintegro laboral escalonado no se cuenta con un plan claro de retorno laboral ni otros ajustes al esquema de tratamiento compatibles con un cuadro de evolución compleja. Con los antecedentes a la vista se estima que en base a la falta de nuevos ajustes al plan de tratamiento y la poca claridad en tono al reintegro laboral programado, no se cuenta con elementos suficientes que permitan justificar que el reposo está cumpliendo un rol terapéutico más allá del periodo ya autorizado.”.

A mayor abundamiento, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…En efecto, el plan de tratamiento médico no cuenta con ajustes compatibles con la necesidad de mantener indicación de reposo más allá del periodo ya autorizado. Complementariamente, no se cuenta con un plan claro de reintegro laboral con una fecha de alta definida …”.

Ahora Bien, la Sra. nombre reservado en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” Enseguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la nombre reservado y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente que, como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a nombre reservado y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una nombre reservado por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una nombre reservado autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una nombre reservado autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la nombre reservado por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

La vista del recurso se realizó en la audiencia del día 24 de abril de 2024, compareciendo sólo el abogado de la recurrente, quien sostuvo su pretensión recursiva constitucional, fundamentos y peticiones concretas, finalizad ella quedó la causa en acuerdo, y alcanzado éste se redacta la presente sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que el fundamento del recurso se ha hecho consistir en el rechazo por la Superintendencia de Seguridad Social, del recurso de reclamación interpuesto, por la afectada contra el rechazo de las siguientes licencias médicas N°s RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado y; RUT reservado.

De acuerdo a lo consignado al pie de los respectivos formularios, las licencias médicas en comento fueron rechazadas en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado.

TERCERO: Que, la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, solicita en forma previa se declare la improcedencia del recurso pues no aplica en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social, consagrada en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no amparado por esta acción cautelar de urgencia.

Esta Corte, al efecto, y sin perjuicio de saber que sobre tal tópico existen opiniones disímiles entre los constitucionalistas que abogan por la aplicación estricta del recurso a los derechos señalados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y los que hablan del bloque de constitucionalidad que obligaría a considerar los tratados internacionales y entre ellos los que abarcan un abanico mayor de derechos que deben ser objeto de protección, lo cierto es que el presente recurso tiene como sustento las alegaciones relativas a vicios de ilegalidad o arbitrariedad que afectarían a la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-07493-2024, de fecha 14/01/2024, que confirma el rechazo de las licencias médicas referidas, lo que afecta, en opinión del recurrente, la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a la propiedad, el que sí está protegido. Por ello, esta pretensión debe ser desestimada.

En cuanto al fondo, luego de realizar una lata relación del marco normativo y reglamentario relativo a las licencias médicas y de las facultades fiscalizadoras dela SUCESO para el buen uso de aquellas, solicita el rechazo del recurso por cuanto, sin perjuicio de lo ya señalado sobre su improcedencia, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a nombre reservado y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas, y por lo mismo no puede haber afectación a ninguna de las garantías constitucionales, con su decisión, fundada precisamente en la falta de nuevos ajustes al plan de tratamiento que estaba siguiendo y la poca claridad en tono al reintegro laboral programado, y no constar con elementos suficientes que permitan justificar que el reposo está cumpliendo un rol terapéutico más allá del periodo ya autorizado.

CUARTO: Que, para resolver adecuadamente esta acción cautelar debe considerarse que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone que: "En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida".

QUINTO: Que, Superintendencia de Seguridad Social indica que estudió los antecedentes y sólo con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó sólo en los antecedentes aportados por el recurrente, informes médicos de los facultativos que emitieron las licencias, que sostenían precisamente lo contrario.

SEXTO: Que, de lo señalado precedentemente, aparece que la Superintendencia de Seguridad Social al actuar de la manera descrita no se ajustó a la legalidad vigente, desde que no justificó ni desvirtuó debidamente - debiendo haberlo hecho- teniendo en consideración que el paciente acompañó precisamente informes médicos que justificaban el reposo, de manera que los fundamentos plasmados en el rechazo , que resuelve la apelación de la resolución de la nombre reservado, resultan insuficiente, y no otorgar el pago de la misma a quien se encuentra en estado de no poder trabajar, autenticado por dos profesionales de la medicina, especialidad psiquiatría, no contrastado por ningún otro informe, deviene en que la decisión adoptada sea arbitraria.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, el actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías establecidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la primera, pues se dificulta su vida e integridad física, la segunda porque al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que la trabajadora, afectada por una patología, no tiene los recursos provenientes de ese ítems, lo que influye más aún en su debilitada salud. Por lo antes razonado la acción constitucional deducida debe ser acogida.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que:

I.- Se desestima la alegación de improcedencia del recurso de protección alegada por la SUSESO.

II.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, dejando sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-07493-2024, de fecha 14/01/2024, por el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado y; RUT reservado y determinándose en su reemplazo que se acoge la reclamación de la recurrente y las referidas licencia son aprobadas debiendo la COMPIN respectiva autorizar el pago íntegro de las mismas.

III.- Que se condena en costas a la recurrida, las que se regulan en doscientos mil pesos ($200.000).- Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro titular, señor Carlos Gutiérrez Zavala.

Rol N°244-2024 Protección. (sac)