Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS Comparece Hugo Sansana Ormeño, abogado domiciliado en domicilio reservado, actuando a favor de doña nombre reservado, domiciliada domicilio reservado, quien expone:

Que interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero comercial, con domicilio en la Región Metropolitana, domicilio reservado; y de la COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-nombre reservado, desconociendo por el momento su representante legal y Rut, cuyo domicilio es domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado otorgada por el médico tratante de su representada; acto que vulnera las Garantías Constitucionales reconocidas a todas las personas, consagradas en el artículo 19 Nº 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Según da cuenta la documentación que se acompaña a esta acción, la Superintendencia de Seguridad Social mediante resolución N° R-01-UME-23258-2020, de fecha 23 / 03 / 2020, rechazó la licencia médica de su representada, la cual había sido emitida por la profesional tratante, las que a su vez habían sido previamente rechazadas por la COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA- nombre reservado. En dicho documento consta escuetamente que el motivo del rechazo, radica en que el reposo no se encuentra justificado. Motivo que, sin perjuicio de lo que se indicará más adelante, resulta del todo arbitrario e infundado dado que todas las licencias médicas se encuentran debidamente acreditadas y respaldadas con los informes médicos; y además no ha existido algún examen o reevaluación practicada por los entes fiscalizadores que establezcan que este reposo no resulta justificado, muy por el contrario.

Respecto de la génesis de la afección que padece mi representada, comenzaron a manifestarse con posterioridad al parto de su hija menor - de un año a esta fecha -, cuando empezó a sentir constantes cambios de humor, ánimo depresivo, asociadas al hecho de ser madre de dos hijas, respecto de las cuales debe hacer frente a sus requerimientos diarios. En especial los cuidados de su hija mayor, la cual asiste a la teletón, producto de que padece un patología denominada hemiparesia derecha; y al verse agobiada por no poder cumplir con su rol de madre respecto de ambas y no contar con redes de apoyo suficientes la llevan a concurrir al séptimo mes de nacida la menor de sus hijas a la consulta de la profesional nombre reservado, siquiatra de reconocida trayectoria quien, al evaluarla pudo constatar que las conductas que había ido manifestando constituían síntomas inequívocos de un episodio depresivo grave, que requirió reposo hasta el día 11 de enero, fecha en la que la misma facultativa determinó que la paciente -mi representada- habiendo evolucionado satisfactoriamente al tratamientos, ya no requería más reposo que el hasta entonces prescrito; los cuales incluyeron la aplicación de fármacos, a saber, altruline (sertralina 50mg), clonazepam (5 mg), trazodona, vortioexetina, entre otros medicamentos, los cuales permitieron superar la afección.

La falta de una justificación razonable, hace que la nombre reservado y la Superintendencia de Seguridad Social, hayan transgredido abiertamente el debido proceso, consagrado en nuestra carta fundamental, toda vez que en la resoluciones aludidas no efectúan consideración alguna relacionada con los descargos hechos valer oportunamente por la beneficiaria de la licencia médica.- ​Los hechos tal y como fueron descritos por la siquiatra competente, son constitutivos de una enfermedad siquiátrica, la cual fue debidamente diagnosticada y tratada por la profesional respectiva, siendo dable hacer presente que tres licencias médicas emitidas con anterioridad fueron autorizadas, según se da cuenta en el mismo dictamen recurrido pronunciado por de la Superintendencia de Seguridad Social. Lo dicho, permite concluir que la existencia de la patología diagnosticada no está ni estuvo en entredicho con anterioridad al dictamen de rechazo de la COMPIN y por lo mismo hace real necesidad de la extensión del reposo hasta el periodo que determino la facultativa. Por lo tanto, la conducta desplegada por ambos recurridos es desde todo punto de vista arbitraria y cuestiona sin una justificación legitima, la idoneidad de la profesional tratante, esto sin ningún fundamento científico o relacionado con el área de la salud correspondiente.- Como se dijo en el apartado anterior, la recurrente Srta., nombre reservado, no ha sido reevaluada ni sometida a nuevos exámenes ni interconsultas por parte de las recurridas, como expresamente lo determina el Decreto Supremo sobre la materia (Será abordado más adelante). Incluso, habiéndose presentado al menos dos informes médicos en el expediente, los cuales intentaron ilustrar el estado de salud actual de mi representada. Tanto la COMPIN como la superintendencia de seguridad social, no reparan en efectuar una nueva evaluación en torno a acreditar la patología que le aqueja a la trabajadora.

El artículo 19 de Nuestra carta fundamental asegura a todas las personas: a) Art. 19 Nº 1, inciso primero: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

Respecto a este derecho constitucional, a doña nombre reservado se la está vulnerando en su derecho constitucional a la integridad psíquica, toda vez al no recibir tratamiento de su enfermedad, las recurridas están negándole la posibilidad de superarla en las condiciones que recomienda la ciencia médica, forzándola a retornar su trabajo en condiciones no recomendables para el tipo de enfermedad siquiátrica que padece, sin considerar su bienestar síquico, el cual se encuentra debidamente diagnosticado por el profesional competente.- b) Art. 19 Nº 2 inciso segundo. “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”

La transgresión de este derecho fundamental por parte de los recurridos, viene dada por el hecho que las COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, al haber autorizado las primeras licencias y negado arbitrariamente la autorización a las sucesivas, sin justificación alguna, sin estudios que avalen tal decisión, mediante una resolución carente de todo rigor médico, y con al menos dos informes emitidos por la profesional tratante que sugerían la mantención del beneficio, confirman que estamos en presencia de una arbitrariedad y una diferencia carente de justificación razonable, en primer término por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y ratificado en un segundo término por la Superintendencia de Seguridad Social.- c) Art. 19 Nº 3. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

En efecto, tal y como se dijo en el punto 1, 3 y 5, la conducta de las recurridas, constituye una infracción a un debido proceso, el que nuestra Carta Magna sanciona, toda vez que la conducta de estas carece de sustento médico-científico, al haberse omitido un pronunciamiento respecto de los descargos hechos valer por mi representada y de los informes de la profesional tratante; tampoco al haber ordenado la práctica de un nuevas pericias, máxime que la siquiatra en su último informe -acompañado oportunamente-ordena el alta médica después de la última licencia emitida.

d) Art. 19 Nº 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.”

Según se define en el propio Decreto Supremo 3, el artículo 1º indica que las licencias médicas son “un derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano...”, este derecho le reporta un beneficio económico, por lo que con el rechazo la priva de su fuente de recursos y que por ley le correspondería percibir. Es más, mi representada, como consecuencia del rechazo de la licencia médica, ha dejado de percibir la remuneración durante un periodo remuneratorio, a pesar que en el periodo anterior a hacer uso del beneficio contribuyó mensualmente a través de las cotizaciones que mes a mes y de manera ininterrumpida fue pagando. En otras palabras, las instituciones recurridas, están limitando y restringiendo de su derecho, amparados en actos y resoluciones arbitrarias como se ha indicado con anterioridad, privando y perturbando de esta manera su derecho de propiedad.- Solicita se sirva tener por presentado Recurso de Protección en contra de las entidades recurridas individualizadas precedentemente, ordenarle que informe en el plazo perentorio que US., Ilustrísima decrete, y en definitiva, acoja el presente recurso de protección, declarando arbitrario e ilegal la resolución N° R-01-UME-23258-2020, ordenando a las entidades recurridas que la licencia médica número RUT reservado debe ser autorizada, debiendo pagar el subsidio por incapacidad que correspondiere o en subsidio de lo anterior, ordenar la práctica de un nuevo examen, para un mejor acierto de la decisión de autorizar o rechazar del pago del subsidio correspondiente a la licencia médica, todo lo dicho con el objeto de restablecer el ejercicio de su derecho consagrado en la ley; o bien, cualquiera otra medida que VS., Ilma., estime conducente al restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección la afectada.- Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

1.- Copia de la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UME-23258-2020, de la Superintendencia de Salud.

2.- Resolución rechazo de recurso de reposición de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

3.- Informe médico de la recurrente de fecha 29 de enero de 2020.- A folio 18, recurrente, acompaña, certificado médico, extendido por el extendido por el y copia sentencia de la causa de Excma. Corte Suprema, Rol 30.408-2020 A folio 11, informa SUSESO:

Solicita en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA. Lo anterior, de acuerdo con la siguiente relación de los hechos:

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE DOÑA nombre reservado.

1.-Como consta de la copia del expediente administrativo código R-14209-2020, el 7 de febrero de 2020, recurrió a esta Superintendencia la Sra. nombre reservado, por cuanto la nombre reservado - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 13 de diciembre de 2019, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante RESOLUCIÓN EXENTA Nº R-01-UME-23258-2020, de 23 de marzo de 2020, y previa solicitud de informe de parte de mi representada y del estudio de los antecedentes del caso, este Servicio concluyó que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de 90 días de reposo ya autorizado”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 8 de abril de 2020, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por la nombre reservado -COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA respecto de la licencia médica Nº RUT reservado. En efecto, en virtud de solicitud de reconsideración que realizó la recurrente ante la referida COMPIN por el rechazo de la licencia médica reclamada, mediante la Resolución Nº 2880991, de 21 de enero de 2019, consta en el Listado Maestro de Licencias Médicas que el mencionado formulario ya fue rechazado por dicha Subcomisión, con el conocimiento de la Sra. nombre reservado, con una fecha anterior a la fecha de la presentación recién mencionada que formuló en esta sede.

Por lo anterior, se evidencia que desde a lo menos TRES MESES antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento cierto del rechazo de su licencia médica N° RUT reservado.

2.- Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Solicita se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

Antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, de SS., solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

Informado el recurso, señala:

La nombre reservado - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA realizó un peritaje, el día 20 de diciembre de 2019, referido a la licencia médica N° RUT reservado:

“Fecha Peritaje: 20.12.19 PRESENTA UN COMPROMISO LEVE DE SU CAPACIDAD FUNCIONAL Y ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA TRABAJAR.

“Por peritaje, y falta de ajuste de esquema farmacológico o criterios de gravedad clínicos se sugiere rechazar”.

Es del caso agregar que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “PATOLOGÍAS MENTALES GUÍAS REFERENCIALES DE REPOSO LABORAL”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”.

Por consiguiente es posible observar que la Sra. nombre reservado, antes de las licencias médicas rechazadas, ya había cumplido reposo por el diagnóstico de “Episodio Depresivo severo” por más de 90 días.

De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo otorgado por la licencia médica N° RUT reservado, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Cabe hacer presente a SS. ILTMA. que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, SS. ILTMA., muy bien sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por todo lo anterior, se aprecia que en la Resolución de esta Superintendencia impugnada por la recurrente, referido a la licencia reclamada, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de la Resolución, en orden a rechazar la licencia médica N° RUT reservado.

Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante, y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Solicita en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: Copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de doña nombre reservado.

A folio 15, se prescinde del informe de COMPIN.

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, por su parte, el artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece que el recurso o acción de protección se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

CUARTO: Que, en este orden de ideas, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, del tenor del libelo pretensor se logra desprender que el acto que se reprocha por esta vía es la Resolución Exenta N° R-01-UME-23258-2020, la cual ha sido dictada por dicho organismo con fecha 23 de marzo de 2020.

Por su parte, consta de la tramitación digital de la presente causa que la acción constitucional que nos ocupa ha sido impetrada el día 08 de abril de 2020, todo lo cual permite colegir, mediante una simple operación aritmética, que el recurso ha sido ejercido en forma oportuna, circunstancia suficiente para el rechazo de esta primera alegación.

QUINTO: Que, en relación a la alegación de improcedencia de la presente acción formulada en subsidio por la Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que, en la especie, nos encontraríamos ante el derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política del Estado, conviene precisar que las garantías invocadas por la recurrente como vulneradas, conforme se señala expresamente en el escrito pretensor, son aquellas establecidas en el artículo 19 N° 1, N°2, N°3 y 24 de nuestra Carta Fundamental, esto es, el derecho a la vida e integridad psíquica y física, igualdad ante la Ley, debido proceso y el derecho de propiedad, careciendo de asidero la ya referida defensa. Sin perjuicio de lo anterior, no se puede perder de vista que la naturaleza cautelar, excepcional y de emergencia de la presente sede, disponiendo este Tribunal de Alzada de amplias facultades para restablecer el imperio del derecho, y por tanto, para determinar, sin perjuicio de las alegaciones que pudiesen efectuar las partes sobre el particular, los derechos fundamentales que resultaren afectados por la acción u omisión ilegal o arbitraria denunciada, debe desestimarse también este segundo capítulo.

SEXTO: Que, cabe consignar que la recurrente, nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y Compin Araucanía, calificando como ilegales y arbitrarias, la Resolución Exenta N° R-01-UME-23258-2020de fecha 23 de marzo de 2020.

Dicha resolución confirmó el rechazo, decidido por la Comisión, respecto de la licencia médica extendida en favor de la recurrente, a contar del 13 de diciembre de 2019, por 30 días, hecho que afecta sus derechos constitucionales, consagrados en los artículos 19 N°1,2, 3 y 24 de la Constitución Política.

SEPTIMO: Que, así las cosas, la acción se funda en una discrepancia entre lo resuelto por la recurrida, dentro de sus facultades y en el ámbito de su competencia, y las expectativas de la actora en cuanto acoger el reclamo por el rechazo de sus licencias médicas.

En ese contexto, no es posible calificar de ilegal y arbitraria la decisión adoptada, ya que por una parte, como se ha dicho, fue dictada por el organismo técnico encargado de conocer de estas materias, dentro de las facultades legales y reglamentarias que posee en este ámbito, y por otra, de la lectura de la Resolución Exenta N° R-01-UME-23258-2020de fecha 23 de marzo de 2020, se desprende que cuenta con la fundamentación suficiente, pues indica explícitamente cual es la razón que tiene presente para justificar la decisión que se adopta, esto es:

1.- Resolución de COMPIN, respecto de la licencia que se reclama.

2.- Informe de la Dra. nombre reservado, solicitado por la Superintendencia de Seguridad Social, el día 23 de marzo de 2020.

De manera tal que satisface los requisitos que exigen el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°19.880.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Hugo Sansana Ormeño, abogado en representación de doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y la COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y Archívese si no se apelare.

Redactada por el Abogado Integrante Luis Mencarini Neumann.

Rol Nº 2439 – 2020 Protección. (sac)