Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

C.A. de Temuco Temuco, doce de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva de Cautín, por los siguientes argumentos:

Señala que el 14 de mayo de 2025 recibió la respuesta de apelación respecto al no pago de 2 licencias médicas folio N° 3-115295768 y N° 3-116758245, resuelto mediante respuesta R-61461-2025 emitida por SUSESO con fecha 14 de mayo de 2025. Dicha resolución señala que el rechazo se debe a reposo no justificado, concluyendo, además, que el reposo ya autorizado de 240 días, se considera suficiente para la resolución de su cuadro clínico de depresión severa y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados.

Este fundamento es erroneo ya que lamentablemente aun no presenta mejoría respecto del diagnóstico de depresión severa, ya que los síntomas perseveran y debido a esta situación han empeorado.

Presentó solicitud a la SUSESO, acompañando antecedentes los cuales en opinión de la suseso no han sido suficientes para justificar el reposo absoluta prescrito en las licencias médicas.

Agrega que lo anterior vulnera sus garantías fundamentales del artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita tener interpuesto el nombre reservado y se acceda al pago de las licencias médicas rechazadas.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1. Resolución emitida por SUSESO 2. Informe psiquiátrico de fecha 18 de marzo de 2025 de la psiquiatra nombre reservado.

3. Informe psiquiátrico de fecha 22 de abril de 2025 emitido por la psiquiatra nombre reservado

4. Informe psicológico de fecha 15 de abril emitido por la psicóloga nombre reservado.

A folio 26 la Comisión de Medicina Preventiva de la región de Los Lagos, en los siguientes términos:

A.- LOS HECHOS:

1.- Que el reclamante don nombre reservado, RUT Nº RUT reservado, recurre por el rechazo de la siguiente licencia médica:

•115295768 •116748245 2.- Se trata de licencias médicas presentadas por patología de salud mental.

3.- Que, respecto de los antecedentes existentes respecto del recurrente, es dable señalar:

Luego, el Decreto Supremo N° 7 de 2013 del Ministerio de Salud que aprueba reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, para su debida autorización, que en este caso son obligatoriamente exigibles de conformidad a los criterios clínicos que normativamente se estatuyen, respecto a un reposo médico por patología de la salud mental:

1.- En reposos laborales de más de 60 días prorrogables a 180 días, debe ser siempre otorgada por médico psiquiatra.

2.- Contar con un informe médico protocolizado.

3.- Que conste en los antecedentes clínicos de respaldo presentados que padece síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral.

4.- Refractariedad o resistencia al tratamiento 5.- Evaluaciones periódicas.

6.- Reposos indicados por médico psiquiatra por periodos de 15 días, salvo excepciones.

7.- Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo, tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales, de acuerdo a las guías clínicas del Ministerio de Salud.

Luego, de conformidad a los requisitos legales y clínicos citados en el párrafo precedente, en primer término, las licencias médicas reclamadas han sido otorgadas por la Dra. nombre reservado, respecto de quien presenta un informe no protocolizado. Asimismo, la recurrente acompaña informe médico en donde someramente se limita a hacer una descripción de la sintomatología padecida por la recurrente, no da cuenta de derivación a red APS para obtención de beneficios de la red pública a ejercer, no describe modificaciones al tratamiento farmacológico prescrito, no se refiere a que existan síntomas de intensidad grave que signifiquen en dificultades de importancia para llevar a cabo la actividad laboral de la recurrente como tampoco se ha aportado puntaje de Escala de Evaluación de Actividad Global en el Eje V, ni otros medios suficientes para establecer la gravedad de los síntomas y cómo estos afectan la capacidad de trabajo, no se refiere siquiera a la existencia de refractariedad o resistencia al tratamiento por la cual la evolución de la reclamante se volviese tórpida para justificar una extensión en días de licencia médica, así como no da cuenta de modificaciones al tratamiento en miras de obtener una mejoría en la paciente con el objetivo de llegar al reintegro laboral, sobre el cual, por cierto, no se refiere ni se toma en consideración. Asimismo, no existe evidencia alguna respecto de la realización de psicoterapia por parte de la recurrente, no tampoco derivación, siendo este uno de los pilares de la recuperación en patologías de salud mental, tal como se señala en la normativa precitada, como tampoco se cuenta con ningún otro antecedente que permita justificar que el reposo médico se extienda a más días de los ya autorizados, no cumpliéndose ningún requisito establecido en el citado Decreto Supremo N° 7 / 2013 del Ministerio de Salud, siendo por tanto del todo improcedente la autorización de la licencia médica reclamada, lo anterior, en observancia al mandato legal como en consideración al análisis clínico realizado sobre la base de los antecedentes presentados, los cuales resultan del todo insuficientes.

Por tanto, atendida la falta de antecedentes médicos, y la falta de evidencia de que se estén desplegando los medios terapéuticos necesarios para la recuperación de la recurrente, y demás antecedentes mínimos requeridos que fundamenten el reposo, los cuales son exigidos por el DS 7 / 2013 del Ministerio de Salud, es que esta contraloría médica perteneciente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Los Lagos, no pudo tomar otra decisión clínico – administrativa que rechazar las licencias médicas objeto del presente libelo, en estricta observancia a la normativa aplicable y las demás guías clínicas atinentes, velando esta Contraloría Médica por el uso legal y justificado de las licencias médicas.

Finalmente, en cuanto a las facultades dispuestas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3/1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional, a saber:

“Artículo 21°.- Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:”

Cabe hacer presente que si bien la mentada norma faculta a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez para requerir antecedentes y exámenes adicionales respecto de las patologías de que se trate, dicha disposición no establece una obligación imperativa de solicitar antecedentes en todos los casos de rechazos de licencias médicas, o de rechazos en contexto de periodos prolongados injustificados, como suele ocurrir en patologías de la esfera mental, sino que otorga una potestad reglada cuyo ejercicio se condiciona únicamente a la necesidad de contar con mayores elementos de juicio, cuando así se requiera, lo cual no ocurre en la especie.

En consecuencia, los antecedentes presentados y que figuran en el expediente, son suficientes para formar convicción seria y suficiente a nuestra Contraloría Médica respecto de la improcedencia de la prórroga del reposo médico más allá de los días ya autorizados, resultando legítimo y conforme a derecho prescindir de requerimientos adicionales, quedando esta facultad supeditada a una evaluación técnica caso a caso, respetando el principio de eficiencia y eficacia, evitando dilaciones innecesarias en perjuicio de los propios beneficiarios.

En específico, en este caso particular, se hace innecesario solicitar nuevos exámenes o interconsultas; solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora cuando ya se ha presentado voluntariamente informe médico a instancia de la recurrente; o disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Por tanto, no es una decisión arbitraria por parte de nuestra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el no ejercer la facultad antedicha, sobre todo considerando la manifiesta excesiva duración del reposo médico.

B.- EL DERECHO:

4.- Como se ha adelantado en el apartado anterior, este tipo de Licencias Médicas, son tramitadas con los lineamientos entregados por el Decreto Supremo N° 7/2013 del Ministerio de Salud que “APRUEBA REGLAMENTO SOBRE GUÍAS CLÍNICAS REFERENCIALES RELATIVAS A LOS EXÁMENES, INFORMES Y ANTECEDENTES QUE DEBERÁN RESPALDAR LA EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS”, y en este caso en particular por los argumentos y antecedentes expuestos, tanto en derecho como en términos médicos correspondía rechazo de los reposos médicos materia del referido recurso, habiendo acumulado hasta la fecha al menos 456 días de licencia médica, no siendo, por tanto, antojadizo para nuestra Contraloría Médica, el dictaminar en el sentido señalado, sino, se ha resuelto de conformidad a los antecedentes médicos y a la normativa aplicable vigente.

DE LAS SUPUESTAS ACTUACIONES ARBITRARIAS O ILEGALES:

5.- Que las actuaciones de la Contraloría Médica se enmarcan dentro de las facultades que como COMPIN Subcomisión Llanquihue-Palena le confieren las leyes, especialmente reglamentado en el Decreto Supremo Nº 3/1984 del Ministerio de Salud, Reglamento de Autorizaciones de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRES. Al respecto, la COMPIN ha resuelto la tramitación de la licencia médica conforme a los antecedentes que se presentan, y dentro del plazo reglamentario fijado en el artículo 24 inc. 3º del Decreto Supremo Nº 3/1984 del Ministerio de Salud.

Que, por ende, esta Autoridad Sanitaria Regional, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, ha procedido a resolver y rechazar la licencia médica por la causal de reposo prolongado no justificado.

Solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

A folio 28 la Superintendencia de Seguridad Social evacua informe en los siguientes términos:

En primer término señala la improcedencia de la acción constitucional de protección atendido que los derechos protegidos son de seguridad social.

En subsidio informa lo siguiente:

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado reclamó mediante presentación de fecha 15 de abril de 2025, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Los Lagos, que rechazó las licencias médicas N°s 115295768-4 y 116748245-3, extendidas por un total de 60 días, a contar del 12 de marzo de 2025, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 240 días, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados en la presente reclamación. Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-64422-2025, de 14 de mayo de 2025.

Al respecto, es importante destacar a SS. Iltma. que en atención al reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente:

“(08-04-2025) … 08-04-2025 En RR por LME 3-115295768-4 vía expediente WEB/ Milicencia medica se recibe Informe médico No protocolizado de Dra. nombre reservado psiquiatra del extrasistema, fecha 18-03-2025 que informa, episodio depresivo reactivo, Tratamiento: Sertralina 300 mg día, Clotiazepam 5 mg día, psicoterapia, no aporta puntaje de EEAG en EJE V. Se mantiene rechazo de Lm, IMC insuficiente, sin especificar criterios de gravedad, no especifica complicaciones presentadas, tampoco se aclaran más esfuerzos terapéuticos realizados (cambio de fármacos incremento de dosis?), que fundamenten incapacidad laboral más allá del periodo autorizado, sin derivación a RED GES, sin informe de psicoterapia, trabajadora acumula extenso reposo por Dx, no se aporta puntaje de EEAG en EJE V. …”

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: No acoge. Reposo indicado impresiona excesivo, sin clara finalidad terapéutica. Sin derivación a dispositivos de mayor complejidad. Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral.”.

Por otra parte, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral…”.

Ahora Bien, la Sra. nombre reservado en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita el rechazo de acción de protección Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el llamado nombre reservado se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) alega la improcedencia del nombre reservado por guardar relación con materias que pertenecen al campo de la seguridad social, la cual será desestimada, toda vez que de lo expuesto por la recurrente se advierte que denuncia infracción a garantías constitucionales, lo que obliga a su revisión por ésta Corte.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados consta que las licencias médicas N°s 115295768-4 y 116748245-3, fueron rechazadas por la SUSESO, por reposo injustificado, la cual luego de un estudio de todos los antecedentes remitidos dictó la resolución exenta señalada, confirmando lo resuelto por el COMPIN, en orden a mantener el rechazo por reposo injustificado.

Quinto: Que, cabe señalar que si bien el artículo 16 del Decreto Supremo 3 de 1984 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, la misma normativa establece que se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Que, de acuerdo con lo anterior, el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Sexto: Que, en la especie, la resolución que rechaza las licencias médicas, sólo se funda en las opiniones de sus profesionales médicos, teniendo a la vista los antecedentes aportados por la propia reclamante, sin realizar un peritaje o evaluación a la paciente que permita determinar si su reposo se encuentra o no justificado.

Séptimo: Que, conforme a lo anterior, es posible establecer que la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en elementos suficientes de convicción que la avalen, carencias que la privan de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la normativa sectorial antes señalada, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender las razones por las cuales la compareciente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados.

Octavo: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria al desestimar un permiso médico concedido por un facultativo sin ningún antecedente adicional, simplemente sobre la base de la ponderación de los ya tenidos a la vista, esto es, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio de incapacidad laboral sin que su situación fuera esclarecida con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias de la recurrente, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos.

Noveno: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida evidentemente amenaza el derecho de propiedad de la actora, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se resuelve:

I.- Que se rechaza sin costas, la alegación de improcedencia de la acción constitucional.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el nombre reservado interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución exenta R-01-UME-64422-2025, de 14 de mayo de 2025, que rechaza el reposo de las licencias médicas N°s 115295768-4 y 116748245-3, solo en cuanto se efectúen las gestiones administrativas necesarias para someter a la recurrente a un peritaje médico, para luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que da cuenta la licencia médica referida.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2423-2025. (csd)