nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, compareció don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en representación de don nombre reservado, ingeniero de materiales, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, e interpuso acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, de fecha 29 de diciembre de 2025, que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero, solicitando que esta Corte adopte las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Como antecedentes de hecho, expuso que el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Uno, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, bajo las condiciones que dicha norma indica.

Refirió que, posteriormente, el recurrente fue notificado mediante correo electrónico con fecha 29 de diciembre de 2025, oportunidad en que se rechazó la solicitud de retiro de fondos de pensiones, señalándose que la solicitud número 2120912 de técnico extranjero afiliado había sido rechazada porque, al realizar las validaciones correspondientes, se encontraron algunas observaciones que impedían que el trámite siguiera avanzando, indicándose que el motivo del rechazo era que presentó documentos que no cumplían con los requisitos para esa solicitud, individualizándose como documentos rechazados el anexo de contrato de trabajo y el certificado de la institución de seguridad social, en ambos casos por no cumplir los criterios de aceptación para la solicitud.

Sostuvo que, de este modo, la recurrida no fundamentó el motivo del rechazo, pues solo se limitó a señalar que se encontraron algunas observaciones y que algunos documentos no cumplían con los requisitos, rechazando sin más el trámite.

En cuanto al derecho, indicó que debe tenerse en consideración lo establecido en la ley N°18.156, en sus artículos 1º y 7º. Expuso que el artículo 1º dispone que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan dos condiciones: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Agregó que el artículo 7º establece que, en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1º.

Afirmó que el recurrente, al ser profesional extranjero, cumple con los requisitos señalados, evidenciándose que ha dado cumplimiento íntegro de las exigencias de la ley N°18.156, siendo procedente el retiro de fondos de la AFP; sin embargo, se encontró con una obstaculización en su proceso, desatendiéndose la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Manifestó que la recurrida no dio fundamentación alguna al rechazo de la solicitud, lo que deviene en un actuar arbitrario e ilegal. Añadió que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el enlace electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, siendo que, de una simple búsqueda empleando las palabras validar ivss, se arroja la web indicada. Explicó que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico verificable en la web señalada, código que se encuentra en la parte inferior de la constancia, en la que se indica que la validez del certificado electrónico de cotizaciones puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. con el código de verificación que ahí se consigna.

Sostuvo que la constancia electrónica es verificable y que la conducta omisiva de constatar la afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, por emanar de un organismo público y ser verificable en la web oficial de esa institución, de modo que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen. Sostuvo que dicha constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales, y que puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos; y que, en el evento improbable de que ello no fuere suficiente, se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada y apostillada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, para su constatación. Indicó que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio para verificar la autenticidad de la constancia, ingresando al dominio web respectivo con el número de cédula de identidad venezolana del recurrente.

Añadió que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia; no obstante, adoptó una decisión contraria a derecho, rechazando de forma arbitraria e ilegal la solicitud sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada y sin siquiera cotejar lo acompañado, lo que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Política de la República.

Indicó que la conducta de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución, por exigir requisitos no establecidos y realizar una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos. Citó en apoyo de su pretensión la sentencia de la Corte Suprema dictada en causa Rol N°28.881-2022, conforme a la cual no debe constreñirse lo dispuesto en la ley N°18.156 únicamente a los convenios regidos por el Código del Trabajo, pues, de haber sido esa la intención del legislador, lo habría señalado expresamente, disponiéndose como única limitación la del inciso final del artículo 1º de dicha ley, relativa a los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley N°16.744, agregándose que una interpretación como la planteada por la recurrida supondría una lectura excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo su finalidad y la intención del legislador.

En lo relativo a la admisibilidad, recordó que la acción de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías preexistentes ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, y que debe interponerse dentro del plazo de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso, encontrándose el recurrente dentro de dicho plazo.

En el acápite relativo al acto recurrido y al derecho constitucional vulnerado, citó jurisprudencia de la Corte Suprema en torno a las nociones de ilegalidad y arbitrariedad, señalando que la ilegalidad importa una actuación contraria a los supuestos de la ley y que la arbitrariedad tiene lugar en el campo de las facultades discrecionales, cuando el administrador manifiesta su opinión de un modo antojadizo, instintivo o inmotivado. Sostuvo que las garantías afectadas lo son por la acción de la recurrida contenida en la notificación de 29 de diciembre de 2025, que rechazó la solicitud cumpliendo el recurrente lo señalado en la ley N°18.156, modificada por la ley N°18.726, dejándolo en situación de vulnerabilidad e incertidumbre.

Argumentó que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico solo debe estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, cubriendo dicha afiliación las prestaciones de vejez, muerte, enfermedad e invalidez enumeradas en el artículo 1 de la ley N°18.156, por lo que la decisión recurrida carece de sustento normativo. Añadió que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en el país, por lo que incorporar un requisito imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor, precisando que a lo imposible nadie está obligado y que el recurrente acompañó el certificado electrónico de afiliación de la seguridad social de su país de origen, lo que implica el pleno cumplimiento de la normativa.

Sostuvo que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino de las relaciones diplomáticas entre los Estados de Chile y de Venezuela, teniendo la recurrida pleno conocimiento, por ser un hecho público, de la dificultad de los nacionales venezolanos para obtener ciertos documentos, como el certificado de afiliación apostillado. Reiteró que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino simplemente que el solicitante se encuentre afiliado y que ello pueda acreditarse por cualquier medio, como la búsqueda mediante el código de verificación que arroja la constancia.

Invocó la sentencia de la Corte Suprema Rol N°7254-2025, de 18 de marzo de 2025, que, en materia migratoria, revocó la sentencia apelada y acogió la acción, considerando que se incumple por la Administración la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo al rechazar una solicitud por no acompañarse certificado debidamente legalizado o apostillado del país de origen, teniendo en consideración la grave crisis política e institucional que atraviesa ese país y que repercute en la celeridad para obtener documentación oficial.

Agregó que el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución, según el cual no hay persona ni grupo privilegiado, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, no pudiendo darse tratos preferentes o, en este caso, excluyentes, infringiéndose dicha garantía al darse al recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes que, en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado, han obtenido respuestas favorables, requiriéndosele una formalidad adicional no contemplada en la Ley N°18.156, modificada por la Ley N°18.726, ni en su portal oficial, interrumpiéndose el proceso para el retiro de fondos previsionales aun cuando dio cumplimiento íntegro a lo establecido en la Circular N°553. En tal sentido, invocó la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol N°96.380-2021, de 20 de enero de 2023, conforme a la cual no debe constreñirse lo dispuesto en la ley N°18.156 únicamente a los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código del Trabajo, pues, de haber sido esa la intención del legislador, lo habría señalado expresamente, disponiendo como única limitación la del inciso final del artículo 1 de la ley N°18.156, sobre riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley N°16.744, agregando que una interpretación como la planteada por la recurrida supondría una lectura excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo su finalidad y la intención del legislador, importando una retención injustificada de los fondos previsionales de la actora.

Agregó que la recurrida también vulnera el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, conforme al cual nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional. A mayor abundamiento, citó la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N°3391-2025, de 15 de julio de 2025, conforme a la cual la decisión de la administradora de no dar tramitación a la solicitud ateniéndose a un requisito formal, la legalización o apostilla, cuya finalidad puede ser plenamente satisfecha por otros medios tecnológicos idóneos, directos y de acceso público, se revela como una medida desprovista de razonabilidad y proporcionalidad, transformándose en un acto caprichoso y arbitrario que perturba el legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales del solicitante. Asimismo, invocó la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago Rol N°325-2024, de 29 de julio de 2025, según la cual, con el mérito del documento denominado constancia electrónica de cotizaciones, es posible tener por comprobada y satisfecha la exigencia de cobertura previsional, sin que sea dable exigir un instrumento en condiciones que resultan prácticamente imposibles en la actual situación de relaciones diplomáticas con Venezuela, incurriendo la administradora en ilegalidad al no acceder a la devolución de los fondos. Por último, citó la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción Rol N°241-2025, de 26 de febrero de 2025, conforme a la cual los documentos que cuestiona la recurrida en realidad sí acreditan que el recurrente cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, no pudiendo pretender la institución recurrida que una institución de seguridad social extranjera emita un certificado idéntico a los emitidos en el país. De los criterios jurisprudenciales transcritos se desprende, a su juicio, que las administradoras no pueden realizar una interpretación excesivamente literal, pues ello conduce a la imposibilidad de que los profesionales extranjeros obtengan la devolución de los fondos, contradiciendo el propósito de la ley.

Invocó también el artículo 19 N°26 de la Constitución, que impide afectar los derechos en su esencia o imponer condiciones, tributos o requisitos que obstaculicen su libre ejercicio, concluyendo que la administradora inobservó la normativa especial e incorporó requisitos no expresamente señalados, restringiendo los derechos del recurrente en lo relativo a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad sobre sus fondos de pensión. Finalmente, reiteró que la verificación de la constancia electrónica puede realizarse directamente en la web de la seguridad social de Venezuela ingresando el código de verificación o la cédula de identidad venezolana, contando la recurrida con distintos medios para cumplir con la verificación, y que la legislación vigente solo exige que el técnico profesional extranjero manifieste ante el empleador su voluntad de mantener la afiliación a la seguridad social de su país de origen, sin mayores formalidades.

Solicitó, en definitiva, tener por interpuesto el recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. por el acto ilegal y arbitrario de 29 de diciembre de 2025 que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero; ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada; disponer que se efectúe un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho; ordenar que, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados o lo que el tribunal estime conforme al mérito de autos; y, en general, adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, doña Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., evacuó el informe ordenado, solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con costas.

En cuanto a la naturaleza del recurso, sostuvo que constituye una acción de carácter cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante medidas urgentes de resguardo, frente a un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio. Afirmó que el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal, sino que pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en el ordenamiento jurídico de manera distinta a lo pretendido. Recordó que, conforme lo ha señalado la Corte Suprema, para interponer legítimamente la acción es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado, y que en el caso la devolución de fondos previsionales procede a técnicos extranjeros de manera excepcional, en la medida que se cumplan los requisitos establecidos en la Circular N°553 de la ley N°18.156, modificada por la ley N°18.726, lo que no ocurre en la especie. Agregó que la administradora jamás ha negado la titularidad de los fondos previsionales al recurrente.

En cuanto a los hechos, expuso que con fecha 23 de diciembre de 2025 el afiliado recurrente inició ante AFP Uno S.A. su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, conforme a la ley N°18.156, respecto del empleador Empresa Distribuidora de Papeles y Cartones SpA, acompañando copia de los siguientes antecedentes: contrato de trabajo con dicha empresa; anexo de contrato de trabajo con la misma; título de ingeniero de materiales otorgado por la Universidad Simón Bolívar; apostilla del título profesional; certificado de constancia electrónica de cotizaciones; y declaración jurada ante notario. Señaló que con fecha 29 de diciembre de 2025 se informó el rechazo de la solicitud número 21209112 de técnico extranjero afiliado, indicándose que se encontraron algunas observaciones que impedían avanzar el trámite, porque se presentaron documentos que no cumplían con los requisitos, individualizándose como rechazados el anexo de contrato de trabajo, el certificado de la institución de seguridad social y el contrato de trabajo, en todos los casos por no cumplir los criterios de aceptación; y que con fecha 29 de enero de 2026 tomó conocimiento de la presente acción constitucional.

En cuanto al derecho, expresó que en materia laboral y previsional rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en el país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción: que el trabajador se encuentre acogido a un convenio bilateral de seguridad social en calidad de desplazado, que lo habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país de destino; y que el trabajador quede exento de cotizar, o bien, habiendo enterado cotizaciones, pueda efectuar el retiro de los fondos acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias de la ley N°18.156 sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

Señaló que el artículo 1º de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, y que el artículo 7º otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 1º. Expuso que estarán exentos de la obligación de cotizar los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones: que detenten la calidad de técnicos, entendiéndose por tales a quienes posean conocimientos de una ciencia o arte acreditables mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores; que se encuentren afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, condición que debe cumplirse con anterioridad a la fecha del contrato en Chile y acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada; y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Invocó el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados, entendiéndose que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de quienes los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas, comprobándose la autenticidad de las firmas y el carácter de los funcionarios por alguno de los medios que la misma norma señala, entre ellos el atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Citó el Oficio Reservado N°2966, de 3 de agosto de 2023, de la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, que informó a la Superintendencia de Pensiones, ante el aumento de consultas sobre la autenticidad de los documentos apostillados y la cadena de legalización presentados por los trabajadores extranjeros, que como medida de seguridad el timbre de legalización tricolor en uso desde el 2 de febrero de 2015 incluye un círculo con el escudo nacional en tinta invisible apreciable con luz ultravioleta solo en el documento original, y que la cadena de legalización, sea que provenga del Consulado chileno en el país emisor o del Consulado extranjero acreditado en Chile, termina en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de modo que la autenticidad del timbre se puede cotejar exclusivamente en el original.

Sostuvo que, conforme al artículo 1º de la ley N°18.156, al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, a la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, al Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y al Oficio Reservado N°2966 de 2023, los trabajadores extranjeros pueden quedar exentos de cotizar en Chile siempre que cumplan ciertos requisitos legales, entre ellos encontrarse actualmente afiliados a un régimen previsional fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, y que el documento que acredite tal calidad se encuentre debidamente legalizado y apostillado.

Afirmó que la administradora en ningún caso ha obstaculizado el ejercicio de derechos del recurrente ni ha efectuado una interpretación antojadiza, restrictiva o formalista del marco normativo, sino que ha actuado conforme a las disposiciones vigentes, en particular el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la ley N°18.156, el Oficio Reservado N°2966 de 2023, referido en el Oficio Reservado N°25.057, de 29 de diciembre de 2023, de la Superintendencia de Pensiones, y el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025, de la misma Superintendencia, que se refiere precisamente a la situación reclamada en autos. Recalcó que dicha normativa exige que los documentos emitidos fuera del país sean debidamente legalizados, entendiéndose por tal, entre otras opciones, el atestamiento de un agente diplomático acreditado en Chile por el gobierno del país en que se otorgó el instrumento, cuya firma debe ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Respecto de la situación de Venezuela, reconoció que actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el Gobierno de Chile, pero sostuvo que ello no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley, pues la ausencia de relaciones diplomáticas, por causas ajenas a la administradora, constituye una circunstancia de hecho que no la habilita a prescindir de una exigencia legal expresa cuya finalidad es garantizar la autenticidad y validez de los documentos emitidos en el extranjero. Agregó que no tiene facultades para reemplazar, interpretar o dejar sin aplicación un requisito legal como la legalización consular, de modo que la eventual imposibilidad de legalización no puede imputársele ni traducirse en la obligación de aceptar documentos carentes de la debida autenticación, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del sistema previsional, correspondiendo al legislador o a la autoridad competente establecer mecanismos alternativos de validación documental.

Expuso que, en busca de una solución para los extranjeros venezolanos que cotizan en Chile, con fecha 24 de enero de 2025 consultó a la Superintendencia de Pensiones la posibilidad de otorgar un plazo de validez de hasta un año para los certificados, siempre que los datos del certificado de afiliación pudieran verificarse a través de la plataforma oficial del gobierno venezolano, propuesta que fue rechazada por dicha Superintendencia por referirse a la validez de un documento extranjero, materia que se encontraría fuera de su ámbito de competencia, según consta en el extracto adjunto.

Argumentó que la exigencia del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, no constituye un requerimiento antojadizo ni arbitrario, sino que cumple la función de acreditar fehacientemente la incorporación del solicitante al sistema previsional de su país de origen y la cobertura de las prestaciones respectivas. Sostuvo que la solicitud de un certificado de afiliación debidamente legalizado, en lugar de la constancia electrónica de cotizaciones legalizada ante notario que no cumple los requisitos del artículo 345, responde estrictamente a la normativa vigente, que exige acreditar la afiliación efectiva a un sistema previsional extranjero con su respectiva legalización y no simplemente la verificación de la realización de aportes aislados, conforme al Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Respecto de la afirmación de que el certificado puede verificarse mediante un enlace web, precisó que la simple remisión a un portal de internet no cumple los requisitos formales exigidos por la legislación chilena para acreditar la validez de documentos extranjeros, pues, conforme al Oficio Reservado N°2966 de 2023, la validez y eficacia de un documento extranjero para producir efectos en Chile está condicionada a su presentación debidamente legalizado o apostillado conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, incluyendo la cadena completa de legalización culminada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de modo que la existencia de un enlace web no sustituye la exigencia de presentación de un documento formal legalizado y apostillado.

Citó el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, conforme al cual las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión, reiterándose que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, y que, siendo Chile y Venezuela Estados Parte de dicho convenio, los documentos venezolanos que deban producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela. Hizo presente, además, que por sentencia de 12 de mayo de 2025, en autos Rol N°1431-2025, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección interpuesto por una afiliada venezolana en contra de AFP Provida S.A. y de dicha Superintendencia, fallo confirmado por la Corte Suprema con fecha 26 de junio de 2025, en autos Rol N°17.866-2025, sobre la base del mismo criterio.

En el acápite sobre la improcedencia de la acción, expuso que el artículo 20 de la Constitución exige la concurrencia copulativa de tres requisitos: que exista un acto u omisión ilegal y arbitraria; que a consecuencia de ese acto u omisión se produzca un agravio; y que ese agravio se manifieste bajo la forma de una privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías constitucionales del artículo 19. Sostuvo que el recurso no cumple ninguno de tales requisitos. En cuanto a la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, recordó que un acto es ilegal cuando es contrario a la ley y arbitrario cuando obedece a un capricho o a la mera discrecionalidad, cuando le falta razonabilidad, afirmando que su comportamiento no ha sido ilegal ni arbitrario ni ha carecido de razonabilidad, sino que ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales en virtud del artículo 1 de la ley N°18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Circular N°553, el Libro II, Título XI del Compendio de Normas, el Oficio Reservado N°2966 de 2023 y el Oficio Ordinario N°12.954 de 2025.

Invocó en su favor la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictada en el recurso de protección Rol N°1992-2025, conforme a la cual el documento denominado constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado, no sustituyendo el código de verificación electrónica los requisitos legales formales vigentes; que la declaración jurada notarial apostillada no es el documento idóneo para acreditar la cobertura previsional exigida por el artículo 1 letra a) de la ley N°18.156, por deber ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente; y que, si bien la ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre el valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, concluyéndose que no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la administradora al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos extranjeros, fallo confirmado por la Corte Suprema con fecha 26 de junio de 2025, Rol N°20.177-2025.

Citó, asimismo, la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictada en el recurso de protección Rol N°1461-2025, conforme a la cual la documentación aportada no cumple las exigencias legales del ordenamiento jurídico nacional, y los actos reprochados consisten en decisiones adoptadas por la administradora en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en el marco de sus facultades de fiscalización y regulación, instrucciones vinculantes para las entidades fiscalizadas, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Refirió, además, que si bien la Corte de Apelaciones de Arica, en el recurso de protección Rol N°711-2025, acogió la acción, la Corte Suprema, en causa Rol N°57.061-2025, revocó esa sentencia y rechazó la protección, señalando que la forma y oportunidad en que debe darse cumplimiento a los requisitos de la ley N°18.156 están expresamente fijadas por dicha ley y precisadas por el Compendio de Normas y su jurisprudencia administrativa, exigiéndose determinadas formalidades a los documentos sin las cuales estos no tienen valor en Chile; que la imposibilidad material de legalizar y apostillar desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares con Venezuela, dificulta el cumplimiento del requisito, pero no lo hace imposible, ya que el trámite puede realizarse en sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela; y que, en consecuencia, la recurrida no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad, pues se limitó a exigir el cumplimiento de los requisitos legales.

Sostuvo que lo que sí resultaría arbitrario sería acceder a lo solicitado por la recurrente, pues implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado e injustificado sin respaldo legal, vulnerando la igualdad de trato que corresponde a todos los afiliados en circunstancias similares y la confianza legítima que estos depositan en la aplicación uniforme y razonable de las disposiciones legales. En cuanto a los demás requisitos del artículo 20, afirmó que, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, el recurrente no ha sufrido agravio alguno, y que tampoco se ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales del artículo 19, por lo que no se cumple el tercer requisito de procedencia.

Solicitó, en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en contra de AFP Uno S.A. por don nombre reservado, con expresa condenación en costas, fundado en que su representada no asumió una actitud arbitraria e ilegal, sino que dio estricto cumplimiento a la ley y a la normativa previsional vigente de la Superintendencia de Pensiones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye un arbitrio de naturaleza cautelar, destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio. Para su procedencia se requiere en consecuencia, la concurrencia copulativa de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho o de una discrecionalidad carente de razonabilidad, que ocasione alguna de las afectaciones señaladas respecto de un derecho indubitado del recurrente amparado por la norma constitucional.

SEGUNDO: Que el acto que se reprocha en estos autos consiste en la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., comunicada por correo electrónico de 29 de diciembre de 2025, que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente en su calidad de técnico extranjero, conforme a la ley N°18.156, fundándose en que los documentos acompañados no cumplían con los criterios de aceptación exigidos para esa solicitud. Según la comunicación acompañada por el recurrente, las observaciones recayeron en el anexo de contrato de trabajo y en el certificado de la institución de seguridad social, sin perjuicio de que, al evacuar informe, la recurrida también aludió al contrato de trabajo.

TERCERO: Que para resolver dicha controversia, es menester tener presente que el artículo 1º de la ley N°18.156 exime a las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, y a dicho personal, del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. A su turno, el artículo 7º del mismo cuerpo legal faculta a los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones en una administradora para solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que cumplan los requisitos del artículo 1º. Ahora bien, la forma de acreditar tales exigencias se encuentra precisada en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dispone que la afiliación al régimen previsional extranjero debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, y que la documentación que sirva para acreditar los requisitos copulativos de las letras a) y b) del artículo 1º debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, según corresponda.

CUARTO: Que por su parte, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados, entendiéndose que lo están cuando en ellos consta el carácter público y la verdad de las firmas de quienes los han autorizado, circunstancias que deben ser atestiguadas en la forma que la misma norma señala; y que, tratándose de documentos provenientes de Estados Parte del Convenio de la Apostilla, como lo son Chile y Venezuela, dicho mecanismo sustituye la cadena tradicional de legalizaciones, debiendo los documentos venezolanos que deban producir efectos en Chile ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela. Dichas exigencias persiguen una finalidad de orden público, cual es garantizar la autenticidad y validez de los instrumentos extranjeros y, con ello, la seguridad jurídica del sistema previsional.

QUINTO: Que, en la especie, para acreditar su afiliación a un régimen de seguridad social en el extranjero, el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada otorgada ante notario, esta última apostillada. Sin embargo, la constancia electrónica de cotizaciones no se encuentra apostillada ni legalizada conforme a la normativa vigente, sin que el código de verificación electrónica que contiene sustituya las formalidades legales exigidas para que un instrumento público extranjero surta efectos en el territorio nacional. Por su parte, la declaración jurada notarial, aun cuando se encuentre apostillada, no es el documento idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero que exige el artículo 1º letra a) de la ley N°18.156, pues tal circunstancia solo puede certificarla la autoridad previsional competente del país de origen, y no el propio interesado mediante una declaración unilateral.

SEXTO: Que, en ese contexto, la exigencia de acompañar un certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado o apostillado, no aparece como una exigencia creada autónomamente por la recurrida ni como una interpretación meramente formalista de la ley. Por el contrario, se vincula con la forma en que debe acreditarse en nuestro país la validez de documentos otorgados en el extranjero y, además, con las instrucciones administrativas aplicables a las administradoras de fondos de pensiones. En particular, el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, señaló que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por quien emite el documento ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para acreditar la cobertura previsional exigida, debiendo estarse a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en el Convenio de la Apostilla.

SÉPTIMO: Que las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones son obligatorias para las administradoras de fondos de pensiones, en cuanto entidades sujetas a su fiscalización. Por ello, al resolver la solicitud del recurrente, la recurrida debía ceñirse al marco normativo e instrucciones administrativas vigentes. Desde esa perspectiva, el rechazo de la solicitud, fundado en que no se acompañó el certificado de afiliación en la forma exigida, se enmarca en el cumplimiento de dicho estatuto regulatorio, lo que impide calificar su actuación como caprichosa, carente de razonabilidad o contraria a derecho.

Tampoco puede estimarse que la respuesta entregada por la recurrida revele, por sí sola, un actuar caprichoso o inmotivado, desde que la comunicación cuestionada individualizó los documentos observados y el informe evacuado en autos permite constatar que la decisión se fundó en la falta de cumplimiento de exigencias legales y administrativas relativas a la acreditación de la cobertura previsional extranjera.

OCTAVO: Que no altera lo razonado la circunstancia, invocada por el recurrente, relativo a la inexistencia actual de representación diplomática venezolana acreditada en Chile. Aunque dicha situación puede dificultar la obtención de documentación legalizada o apostillada, ello no permite prescindir, sin más, de una exigencia prevista para resguardar la autenticidad de los documentos extranjeros. Además, según fue invocado por la recurrida, la jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema ha considerado que dicha dificultad no torna imposible el cumplimiento del requisito, atendida la existencia de vías alternativas para obtener la apostilla o legalización correspondiente. En consecuencia, la dificultad alegada no puede traducirse en la obligación de la administradora de aceptar documentos que no cumplen las exigencias formales aplicables, máxime cuando aquella carece de facultades para reemplazar o dejar sin efecto tales requisitos.

NOVENO: Que, despejado que la actuación de la recurrida se ajustó a la normativa vigente y no reviste el carácter de ilegal ni arbitraria, cabe concluir que no se ha configurado el primero de los presupuestos copulativos que exige el artículo 20 de la Constitución para la procedencia de la acción de protección. Por la misma razón, tampoco puede estimarse que el recurrente haya sufrido privación, perturbación o amenaza de las garantías que invoca, pues la administradora en momento alguno ha desconocido la titularidad de los fondos previsionales que le pertenecen, sino que ha supeditado su devolución al cumplimiento de las exigencias legales, sin que se advierta vulneración de la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 ni del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, ambos de la Carta Fundamental. En cuanto a la igualdad ante la ley, tampoco se acreditó un término de comparación concreto que permita sostener que, frente a antecedentes sustancialmente idénticos, la recurrida hubiere otorgado al recurrente un trato diverso e injustificado.

DÉCIMO: Que los pronunciamientos jurisprudenciales invocados por el recurrente no alteran lo concluido. Sin desconocer que existen decisiones en sentidos diversos sobre esta materia, la resolución del presente asunto debe atender a los antecedentes concretos de la causa, a la documentación efectivamente acompañada y al marco normativo e instrucciones administrativas aplicables. Desde esa perspectiva, la exigencia de legalización o apostilla del certificado de afiliación no aparece como una actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, sino como un requisito cuya falta impedía acceder a la solicitud en los términos planteados. En consecuencia, la acción intentada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°2, 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República, en la Ley N°18.156, en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a folio 1 por don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por no configurarse, en la especie, una actuación ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Señor Carlos Gutiérrez Zavala.

N° Protección-242-2026.

(csd)