nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio N°1 comparece DIEGO BELMAR OJEDA, Abogado, en representación convencional de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, fundado en los siguientes antecedentes:

I. LOS HECHOS.

1. Que, a fin de contextualizar, señala que su representado era trabajador de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Araucanía, quien fue contratado por dicha entidad durante el mes de agosto de 2020 para desarrollar distintas funciones de fiscalizador en la Unidad de Prevención y Fiscalización de Residencia Sanitaria, ello derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19. A partir de ese entonces, comenzaron a prestar servicios en virtud de un contrato de trabajo, el cual se mantuvo vigente por más de un año y 6 meses.

2. Posterior a eso, debido a distintas circunstancias propias de la contratación, su representado recibió una carta de aviso de término de contrato de trabajo con fecha 30 de abril de 2022, en la cual se invoca la causal de despido contenida en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo que señala: “el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores (…).”. Dicha causal, se fundamentó en los siguientes hechos: “Los hechos que fundamentan la causal invocada se originan por el cambio de las condiciones epidemiológicas en la Región de La Araucanía, principalmente por la alta cobertura del Plan de inmunización, lo que ha significado la modificación en el Plan Paso a Paso, por lo que para desarrollar la estrategia de la que usted se desempeña, se hace necesaria una menor cantidad de trabajadores contratados.”

3. En virtud de lo anterior y estando en desacuerdo con la causal bajo la cual fue desvinculado, con fecha 12 de julio de 2022, su representado junto a sus ex colegas que se encontraban en la misma situación, presentaron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco una demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones en causa RIT O-610-2022, en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA, a fin de que dicho Tribunal pudiera declarar que el despido del cual fueron objeto fue injustificado, indebido o improcedente y, que con ello, se ordenara el pago de las siguientes prestaciones (se transcribe sólo lo relativo a las peticiones concretas de mi representado): “nombre reservado: 1.- Recargo Legal del 30% en los a os de servicios conforme al artículo 168 Letra a) del Código del Trabajo por la suma de $808.766.- 2.- Indemnización por años de servicio correspondiente a $2.695.888.- equivalente a un año y fracción superior a seis meses. ”

4. Así las cosas, se proveyó la demanda presentada ante aquel Tribunal, siendo contestada por parte de la SEREMI de Salud y desarrollándose las respectivas audiencias. De esta forma, con fecha 13 de junio de 2023, se dictó sentencia definitiva por parte del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, donde la Juez Titular doña Mónica Soto Silva, falló acogiendo la demanda de despido injustificado interpuesta por su representado, declarando que los despidos por la causal de necesidades de la empresa de fecha 30 de abril de 2022 eran injustificados.

5. A mayor abundamiento, el tenor del fallo fue el siguiente (se transcribe sólo lo relativo a don nombre reservado): “Y visto además lo dispuesto en los artículos 10 bis, 159, 161. 162, 163, 168, 172, 173, y 446 y siguientes del Código del Trabajo y artículo 10 del Código Sanitario, SE DECLARA: I.- Que SE ACOGE, la demanda deducida por nombre reservado (...) en contra de su ex empleador SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA - SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, representada por el FISCO DE CHILE, ya individualizados en cuanto se declaran injustificados los despido de los actores y se condena al pago de las indemnización por años de servicios que a cada uno corresponde atendida la causal de término de contrato invocada, esto es, necesidades de la empresa prevista en el artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo, rechazándose lo pretendido por lucro cesante y cobro de horas extras respecto de nombre reservado: a) nombre reservado: 1.- Recargo Legal del 30% en los a os de servicios conforme al artículo 168 Letra a) del Código del Trabajo por la suma de $808.766.- 2.- Indemnización por años de servicio correspondiente a $2.695.888.- equivalente a un año y fracción superior a seis meses.”

6. En definitiva, se acogió la demanda interpuesta por el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

7. Respecto de la sentencia, por la demandada precluyó su derecho de recurrir de la sentencia en cuestión, encontrándose válidamente notificada de la misma, por lo que, con fecha 28 de junio de 2023 se certificó por parte del tribunal que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, remitiéndose posteriormente los antecedentes a cobranza.

8. De este modo, encontrándose firme y ejecutoriada la sentencia de fecha 13 de junio de 2023 en causa RIT O-610-2022, se procedió a remitir la causa a cobranza RIT C-280-2023 del mismo Juzgado, mediante la cual se buscaba obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones correspondientes a los trabajadores, incluido su representado. En ese sentido, el tribunal practicó la liquidación de la deuda en dicha causa, la cual contiene el cálculo de las prestaciones adeudadas considerando también los reajustes e intereses legales, dando un total adeudado de $12.721.648, correspondiendo a su representado el pago de la suma de en ese entonces $3.504.654.

9. La liquidación referida fue debidamente notificada a la demandada, y en base a los protocolos legales establecidos para el pago de las indemnizaciones laborales por parte del Ministerio de Justicia, el pago se realizó mediante un depósito a la Tesorería General de la República en el mes de octubre de 2023, lo cual sólo fue de su conocimiento con fecha 10 de octubre del mismo año, cuando se dejó expresa constancia en la causa de cobranza laboral a través de la Resolución Exenta N°2187. En ese momento, a través de una consulta realizada en el sitio web de la Tesorería, su representado se percató de haber recibido dicho pago específicamente el día 12 de octubre de 2023, mismo día en que, desafortunadamente y, para su sorpresa, dichos dineros fueron retenidos y compensados por parte de Tesorería General de la República, luego de haber esperado más de un año para recibir sus indemnizaciones laborales.

10. El motivo de la retención fue una deuda del “Crédito con Aval del Estado”, derivadas de sus estudios superiores, por tanto, al recibir el pago a través de Tesorería, la entidad automáticamente retuvo y compensó la totalidad de la indemnización laboral recibida por parte de cada uno de sus representados en relación al monto de lo adeudado hasta esa fecha. Distinta es la situación del resto de los demandantes, quienes también formaron parte de la demanda de despido injustificado, pero al no contar con deuda vigente, pudieron recibir su indemnización.

11. Que, con fecha 15 de abril de 2025 mi representado realizó una solicitud de devolución de fondos mediante la Oficina Judicial Virtual de la Tesorería General de la República (correo reservado), entidad que rechazó en su totalidad lo requerido con fecha 02 de mayo de 2025.

12. Dicho acto arbitrario e ilegal de la entidad, deriva en que habiendo esperado más de un año para recibir el pago de la indemnización que legalmente corresponde a sus representados en virtud del artículo 163 del Código del Trabajo, nuevamente se vean lesionados en sus derechos al no recibir el pago oportuno de dichos montos, pero ésta vez provocado por el actuar ilegal de parte de Tesorería General de la República al rechazar con fecha 02 de mayo de 2025 lo solicitado.

II. DERECHO.

A. FACULTADES DE RETENCIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE TESORERÍA PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DE DEUDAS FISCALES.

Conforme lo dispone el artículo 6° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, se autoriza al Tesorero General de la República “para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

En el contexto que da origen el presente recurso, esta norma debe analizarse en concordancia al artículo 17 de la Ley N°20.027, que regula el Financiamiento de Estudios de Educación Superior, la cual permite a la Tesorería retener la devolución de impuestos a la renta, para cobrarse de sus créditos.

De lo anterior, se desprende que efectivamente Tesorería General de la República cuenta con facultades para poder retener o bien, compensar las deudas fiscales que mantenga un contribuyente, como también, lo que ocurre en el caso de los Créditos Estudiantiles con nombre reservado Estatal.

Sin embargo, estas facultades tienen limitaciones, una de ellas es señalada por la misma Ley N°20.027, al señalar que, los dineros a retener deben corresponder a la devolución de impuesto a la renta.

B. INEMBARGABILIDAD DE LAS REMUNERACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

Para entender la vulneración a la que se enfrenta el recurrente, corresponde analizar la inembargabilidad de las remuneraciones e indemnizaciones laborales.

Así, el artículo 445 N°1 del Código de Procedimiento Civil establece expresamente que, no serán embargables: “Los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades.”, permitiéndose sólo el embargo de estos fondos hasta el 50% si se tratase de pensiones de alimentos decretadas judicialmente.

En ningún caso se hace mención a la embargabilidad proveniente de deudas fiscales o estudiantiles, como es el caso de marras.

Por otro lado, el artículo 96 del Estatuto Administrativo -Ley N°18.834 establece de forma expresa la prohibición deducir descuentos a las remuneraciones de los funcionarios, que no fueren aquellos descuentos legales (impuestos, cotizaciones y demás).

Para finalizar, el artículo 57 inciso primero del Código del Trabajo establece la inembargabilidad de las remuneraciones hasta las 56 UF.

Las disposiciones recién expuestas deben verse en concordancia con aquellas que regulan los alcances de la retención y/o compensación de fondos que puede operar Tesorería.

Derechamente, el Servicio General de Tesorerías de Chile puede retener la devolución de impuesto, mas no las remuneraciones de origen laboral o alguna otra deuda que no sea aquella a la señalada en el artículo 17 de la Ley N°20.027. Particularmente, debo ser enfático en señalar que las remuneraciones gozan de una protección legal al ser declaradas como inembargables.

C. ACTUAR ARBITRARIO E ILEGAL.

Tesorería General de la República, al momento de efectuar la retención de fondos, ha actuado de forma arbitraria e ilegal, excediendo o más bien, abusando de la facultad contemplada por el artículo 6° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías al retener y/o compensar fondos que distintos a aquellos que la ley le permite.

Por otro lado, se evidencia la falta de un proceso administrativo o judicial que determine la legalidad de esta retención, el cual, a la fecha de esta presentación, no existe.

D. nombre reservado.

El artículo 19 N°24 establece el derecho fundamental de la protección del derecho de propiedad. La garantía en cuestión establece el derecho de propiedad sobre todos los bienes, tanto corporales como incorporales, que forman parte del tráfico jurídico. En este sentido, y tal como se expuso previamente, las remuneraciones y demás prestaciones laborales obtenidas como resultado de una sentencia judicial constituyen una propiedad adquirida legítimamente.

En consecuencia, la actuación de la parte recurrida, al retener y compensar indebidamente dichas prestaciones laborales, valiéndose de manera ilegítima de los mecanismos previstos en la ley, constituye una clara vulneración de mi derecho de propiedad sobre dichos fondos. Este proceder infringe de manera grave la garantía constitucional que protege el derecho de propiedad, el cual asegura que ninguna persona o entidad pueda menoscabar dicho derecho en cualquiera de sus manifestaciones respecto al patrimonio de un individuo.

Dicho esto, no cabe sino concluir que Tesorería General de la República ha actuado de forma arbitraria e ilegal, debiendo, por consecuencia, restituirse el imperio del derecho, declarando la arbitrariedad e ilegalidad de esta retención y/o compensación, ordenando la restitución de forma íntegra de los fondos indebidamente retenidos, junto a sus reajustes e intereses a la fecha de su efectivo reintegro.

III. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN. Que, con fecha 15 de abril de 2025 realizó un requerimiento referido a solicitar la devolución de los fondos que fueron retenidos por la Tesorería General de la República, en el cual señaló que: “Buen día, me dirijo a ustedes para solicitar la devolución de los montos obtenidos por un juicio laboral que le gané al estado cuando me desempeñé en funciones de fiscalizador con ocasión de la pandemia, el juicio laboral es el O-610-2022 y fueron retenidas mis indemnizaciones laborales, por lo que solicito que se me devuelvan o se deje sin efecto esa retención.” Con fecha 16 de abril de 2025, recibió una respuesta por parte de nombre reservado, quien le señala lo siguiente: “Estimado nombre reservado con saludar y en atención a su consulta, indicamos que, a fin de canalizar su requerimiento, si cuenta con el oficio o resolución (documento) puede seguir la siguiente ruta de acceso para hacer seguimiento al trámite: TGR .CL - Solicitudes Oficina Virtual - Otras Solicitudes - Solicitud estado de tramitación de las resoluciones recibidas en el Servicio de Tesorerías. En el detalle debe revisar la información y documentación solicitada. Saluda Atte. Tesorería General de la República”.

Así, con fecha 30 de abril de 2025, envió la información solicitada, respondiendo lo siguiente. “Número de la resolución: RUC :22- 4-RUT reservado Causa: O- 610-2022 Fecha: 12/07/2022 Contenido breve: Demanda en lo procedimiento ordinario por despido injustificado, cobro de prestaciones y lucro cesante. Solicitud de devolución de los montos obtenidos por un juicio laboral que se ganó al estado, cuando me desempeñé en funciones de fiscalización con ocasión de la pandemia, el juicio laboral es el O-610-2022 y fueron retenidas mis indemnizaciones laborales, por lo que pido que se me devuelvan o se deje sin efecto esa retención. Organismo involucrado: Secretaría Regional Ministerial Araucanía ( SEREMI) Se adjunta expediente completo.” Junto con el archivo adjunto: Resolución 4-RUT reservado nombre reservado. EbookLaboral.pdf”.

Posterior al envío de la información, con fecha 02 de mayo de 2025, recibió la respuesta definitiva por parte de la Oficina Virtual de la TGR, en la cual se rechaza su requerimiento en su totalidad, resolviendo lo siguiente: Hola nombre reservado, Tenemos el agrado de confirmar la resolución de su caso N° 1304288. Al respecto podemos informar, que: 1.- De acuerdo a revisión de nuestros sistemas, se ha verificado que UD., en el juicio RUC 22-4-RUT reservado, RIT O-610/2022 C-280/2023 seguido en el Juzgado de Letras y del Trabajo de Temuco, obtuvo sentencia favorable, condenándose al Fisco de Chile al pago de $3.504.654 (valor neto), dictándose al efecto, la Resolución N° 2187 del 05-10-2023, del Ministerio de Justicia.2.- La citada Resolución fue cumplida por la Tesorería Regional de Temuco, mediante el egreso, F72-A, folio 357439 del 11-10-2023 por $4.420.881 (valor neto más reajuste e intereses). 3.- El monto a devolver, y de acuerdo a las facultades de la TGR, fue compensado con la deuda fiscal que registraba UD., por deuda de Crédito Fiscal Universitario, modalidad crédito con aval del Estado (CAE), ingresándose el pago total de la deuda, del formulario 34 folio 200517 por $2.052.903 y abonándose al F.34 folio 262351 por $2.367.958. 4.- En la actualidad, aún mantiene deuda CAE, en dos entidades. a) Una retención activa y vigente, ordenada por el acreedor, Banco Itaú por 6,5 UF y b) con la TGR, por el saldo pendiente del F.34 folio 262351. 5.- Para solucionar la deuda, debe efectuar lo siguiente, a) La retención del Banco Itaú, debe aclararla, si corresponde, en la citada entidad bancaria y b) Por el saldo pendiente con la TGR, del F.34 folio 262351 puede cancelarla o hacer un convenio de pago con la TGR, salvo que UD., determine otra instancia. Se adjuntan: Comprobante de egresos F.72-A folio 357439 Certificado de compensación Certificado de deudas”.

Por tanto, conforme a los presupuestos fácticos expuestos, sostiene que se encuentra dentro del plazo de 30 días para interponer la presente acción de protección, el cual es contado desde que ocurre el acto que motiva el recurso, siendo este, el rechazo a su solicitud con fecha 02 de mayo de 2025.

Conforme a lo expuesto, solicita que se ordene de la forma más expedita la íntegra devolución de los fondos retenidos y/o compensados provenientes de autos laborales RIT O-610-2022, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, correspondientes a la suma de $4.420.881, con sus reajustes e intereses hasta la fecha de su efectivo reintegro, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso, los siguientes documentos:

1. Sentencia de fecha 13 de junio de 2023 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en causa RIT O-610-2022.

2. Liquidación de deuda de fecha 30 de junio de 2023, practicada en causa RIT C-280-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

3. Resolución Exenta N°2187 emitida con fecha 05 de octubre de 2023 por el Ministerio de Justicia sobre cumplimiento de sentencias.

4. Captura de pantalla de la Oficina Virtual de TGR con fecha 15 de abril de 2025, en el cual el recurrente le solicita la devolución de fondos a la recurrida y con fecha 16 de abril de 2025 de la Tesorería General de la República que solicita al recurrente el envío de antecedentes.

5. Captura de pantalla de la Oficina Virtual de TGR con fecha 30 de abril de 2025 en el cual se envía la información solicitada y con fecha 2 de mayo de 2025 en que la Tesorería emite la resolución N° 1304288 de su caso.

6. Captura de pantalla de la Oficina Virtual de TGR con fecha 01 de mayo de 2025 de la Tesorería General de la República que confirma la recepción de la solicitud de devolución de fondos realizada por el recurrente.

7. Comprobante de compensación de fecha 02 de mayo de 2025 emitido por la Tesorería General de la República.

A folio N° 12 evacua informe el recurrido FISCO DE CHILE – SERVICIO DE TESORERÍAS, quien expone, en síntesis, lo siguiente:

De conformidad a lo señalado en el acápite anterior, al respecto, se debe tener presente lo expuesto por el N°1 del acta 94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema, Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el que señala que esta acción se interpondrá “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos" Ahora bien, el recurso de autos se interpuso fuera del plazo indicado, como se demostrará a continuación, razón por la cual debe ser rechazado.

En efecto, la presente acción cautelar se dirigiría, en contra de las compensaciones realizadas (como se verá más adelante) con fecha 12 de octubre de 2023, con deudas vigentes que mantiene el recurrente con el Fisco de Chile provenientes de deudas de Crédito con Aval del Estado, que efectuó la Tesorería General de la República.

Pues bien, señala el apoderado del recurrente que, con fecha 15 de abril del 2025, se realizó un requerimiento a Tesorería General de la Republica solicitando la devolución de los fondos requeridos. Con fecha 16 del mismo mes habría recibido respuesta en cuanto a solicitarle mayores antecedentes (oficio o resolución), con fecha 30 de abril se remitieron los antecedentes solicitados y finalmente el día 2 de mayo de 2025 habría recibido la respuesta definitiva en la cual se rechaza el requerimiento en su totalidad, considerando esta fecha como el acto u omisión arbitraria y/o ilegal.

Sin embargo, dicho antecedente no es suficiente para tener por suficientemente acreditada la circunstancia que, solo a partir de esa época, habría tomado conocimiento de las compensaciones efectuadas.

Lo cierto es que las compensaciones se efectuaron en el mes de octubre del año 2023 y parece, al menos cuestionable, que el recurrente se hubiere enterado de estas, más de un año y medio después.

Por lo demás, de los propios dichos del recurrente, se desprende que tenían perfecto conocimiento de las compensaciones con anterioridad a mayo del 2025, toda vez que el apoderado señala expresamente que: “… a través de una consulta realizada en el sitio web de la Tesorería, mi representado se percató de haber recibido dicho pago específicamente el día 12 de octubre de 2023, mismo día en que, desafortunadamente y, para su sorpresa, dichos dineros fueron retenidos y compensados por parte de Tesorería General de la República, luego de haber esperado más de un año para recibir sus indemnizaciones laborales.” Es decir, ya sabía que los montos se habían compensado.

Sustentar una tesis diversa, en orden a que sería posible deducir esta acción cautelar en contra de las compensaciones, con el solo antecedente de la captura de pantalla donde se le rechaza la solicitud de devolución, importaría entender que el plazo fatal contemplado en el Auto Acordado respectivo sería absolutamente inoperante, ya que la extensión de dicho término quedaría sujeta exclusivamente a la voluntad de los reclamantes, pudiendo “fabricarse” cuantos plazos quisieran concurriendo a dependencias de este Servicio y solicitando comprobantes en las fechas que estimen pertinentes.

En atención a lo expuesto, solicito el rechazo del presente recurso de protección por extemporáneo, ya que, a la fecha de interposición del presente recurso, esto es, 30 de mayo de 2025, ha transcurrido con creces el plazo fatal de treinta días corridos contados desde que operaron las compensaciones en el mes de octubre del año 2023.

III. AUSENCIA DE ACTO ILEGAL O ARBITRARIO POR PARTE DE LA RECURRIDA Sin perjuicio de lo anterior, y ad abundántiam, para el evento de estimarse la acción como tempestiva, esta parte debe señalar que no ha existido vulneración alguna de derechos fundamentales ni actuación ilegal o arbitraria por parte de la Tesorería General de la República. La actuación recurrida se ajustó plenamente a la legalidad vigente y se enmarca dentro de las facultades que la ley le confiere a este Servicio.

Así, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al Artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde al Servicio de Tesorerías efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas de las sentencias judiciales ejecutoriadas que son dictadas por los Tribunales de Justicia en contra del Fisco, que lo condenan al pago de una prestación de carácter pecuniario.

El artículo 752 del Código de Procedimiento Civil establece que, ejecutoriada la sentencia, el tribunal remitirá un oficio al ministerio respectivo, adjuntando fotocopia o copia autorizada de la sentencia de primera y de segunda instancia, con certificado de estar ejecutoriada.

Dicho lo anterior y conforme a la letra p) del artículo 2 del Decreto Ley N° 3.346, de 1980, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, se establece que es función del Ministerio de Justicia dictar el acto administrativo necesario para el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas. Por consiguiente, los Tribunales de Justicia deben remitir el oficio al Ministerio de Justicia, que es el órgano facultado por ley para dictar el acto administrativo que ordena a la Administración dar cumplimiento a la sentencia, que generalmente se materializa a través de una resolución.

Ahora bien, en el caso que motiva la presente acción de protección, en virtud de los establecido por el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, mediante Resolución Exenta N°2187, de fecha 5 de octubre de 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya copia se acompaña en el otrosí de esta presentación, se ordenó al Servicio de Tesorerías pagar, “… la suma única y total de $12.721.648.-"(doce millones setecientos veintiún mil seiscientos cuarenta y ocho pesos), correspondiendo la suma de $4.240.549.- (cuatro millones doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta y nueve pesos) a cada uno de los demandantes …. nombre reservado, RUN N°RUT reservado …”, ello en virtud de sentencia pronunciada en la causa caratulada "nombre reservado CON FISCO DE CHILE", RUC N° 22-4-RUT reservado, RIT N° O-610-2022 y C-280-2023, todos del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Sin embargo, dicho pago no se verificó por cuanto, a esa data operó una compensación entre deudas reciprocas de los recurrentes y del Fisco.

En efecto, al momento de verificarse el pago, esto es, el día 12 de octubre de 2023, el Servicio de Tesorerías, en uso de sus facultades legales, procedió a compensar las deudas CAE del recurrente que daba cuenta los formularios 34, con el crédito a su favor indicada en la resolución dictada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ascendió a las sumas de $2.367.978.- y de $2.052.903.- , lo que consta en los siguientes registros de deudas compensadas extraídos de la cuenta única tributaria (CUT) del recurrente: 1. nombre reservado RUT. RUT reservado.

Ahora bien, la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

De acuerdo al artículo 1.656 la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

En el caso que motiva el presente recurso de protección, se desprende que concurría el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos 2° y 3° no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, estimamos que éste requisito se cumpliría por cuanto a la data en que operó este modo de extinguir sus deudas eran plenamente exigible, los giros en cuestión estaban en el Servicio de Tesorería en “condiciones de ser pagados”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a estas deudas reciprocas operó por el solo ministerio de la ley la compensación.

A continuación, es preciso hacerse cargo de las alegaciones de la recurrente:

A) Respecto a la primera alegación de la recurrente referida a que no sería procedente la compensación, por cuanto la vía legal para exigir el cumplimiento forzado de las deudas por crédito con aval del estado por parte de tesorería es el artículo17 de la Ley 20.027, cabe señalar que esa aseveración es totalmente infundada y errada.

A continuación, efectúa una breve explicación del crédito con garantía estatal establecido en la Ley N° 20.027.

Agrega que, en consecuencia, no es efectivo lo señalado por los recurrentes, toda vez que, por un lado, parecieran confundir la retención establecida en el artículo 17, la que como se indicó, una vez transformado el crédito en uno Fiscal, Tesorería no cuenta con dicha facultad, (no puede retener); facultad que, además, solo beneficiaba a la institución financiera que otorgó el crédito hasta antes de que se hiciera efectiva la garantía; con la facultad que Tesorería solo puede ejercer en esta etapa, cual es la establecida en el artículo 18 bis de la Ley 20.027, que habilita al Servicio para ejercer todas las acciones de cobranza que la ley lo faculta, siendo una de estas herramientas de cobro, la señalada en las facultades que autorizan al Servicio a compensar deudas recíprocas.

Es así entonces, que, en las fechas que se indican para cada caso, la Comisión Ingresa, procedió a cargar los giros formularios 34 (Deuda CAE), pasando en ese momento a ser crédito fiscal, tal como se acredita a continuación.

En este sentido, es necesario tener presente que tal como lo dispone la Ley N° 20.027, habiendo incumplido los deudores con su obligación de pago, las respectivas instituciones financieras que otorgaron los créditos iniciaron las acciones de cobro judicial para obtener el pago de los créditos otorgados. En el caso del recurrente, el banco respectivo inició las gestiones extrajudiciales y judiciales para obtener el pago del crédito, según dan cuenta la demanda interpuesta por el banco (antecedentes que acompañan en el otrosí)

Así, constatándose que el recurrente no cumplió con la obligación de pago, se hizo efectiva la garantía estatal generándose las deudas fiscales correspondientes a los formularios 34 ya indicados.

Entonces, una vez generada la deuda fiscal, justamente por lo indicado en el artículo 18 bis de la Ley 20.027, el Servicio de Tesorerías se encuentra habilitado para ejercer todas las acciones de cobranza que la ley lo faculta, siendo una de estas herramientas de cobro la señalada en las facultades que autorizan al servicio a compensar deudas recíprocas.

B) Respecto a la alegación de los recurrentes referida a que retención por Tesorería, se habría atribuido facultades jurisdiccionales, sin existir resolución judicial que autorice las compensaciones, agregando que cualquier compensación que pudiera alegarse por tesorería debe hacerse valer en juicio declarativo ante un órgano jurisdiccional, debiendo acreditarse por tesorería en sede judicial que concurren los requisitos de la compensación, es necesario indicar lo siguiente:

La compensación de deudas del contribuyente, es una facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, y que además de estar contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, debe de concordarse con el artículo 1.656 del Código Civil, que dispone que la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

Así dan cuenta el certificado de deuda obtenidos del Sistema de Cuenta Única Tributaria (CUT) del recurrente y que se acompañan en un otrosí de esta presentación, en los que se consigna que las deudas CAE (formularios 34) se encuentran vencidos, por lo que el Servicio de Tesorerías se encuentra facultado para exigir el cobro de la totalidad de los mismas, siendo una de esas facultades para cobrar, la compensación de deudas recíprocas.

Por otro lado, es necesario señala que, en la especie, no se produjo la compensación establecida en el artículo 177 del Código Tributario, la que aplica entonces únicamente en aquellas compensaciones que se verifican previa solicitud del contribuyente, y que se enmarca dentro de las llamadas compensaciones voluntarias.

Lo real es que la situación ocurrida en autos, tiene su origen en la compensación legal establecida en artículo N° 6, del DFL N°1 de Hacienda de 1994, procediéndose entonces, por el solo ministerio de la ley, a efectuarse la compensación con las obligaciones tributarias de dinero morosas que mantenían los recurrentes con el Fisco.

Entonces la Tesorería General de la República, se ha limitado a cumplir con un mandato legal expreso, cual es el de compensar deudas de los contribuyentes con créditos que éstos hagan valer en contra del Fisco, según lo autoriza el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería, con lo cual sólo se ha limitado a ejercer sus facultades, legalmente establecidas, en cuyo actuar, entonces, no se aprecia el carácter ilegal o arbitrario que el recurrente pretende. Así lo ha venido señalando expresamente la última jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema la que se analizará en otro apartado.

Que de esta forma este órgano de la administración del Estado, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario al haber efectuado las compensaciones administrativas que motivaron la interposición del presente recurso, debido a que dichos actos administrativos realizados por el Servicio de Tesorerías obedecen al uso de sus facultades privativas dentro del ámbito de su competencia y además, reunió las exigencias contempladas en el artículo 1656 del Código Civil, puesto que tanto los recurrentes como este Servicio, reunían la calidad de acreedor y deudor, recíprocamente; las deudas eran dinerarias, líquidas y actualmente exigibles, contando la autoridad administrativa con las facultades correspondientes para proceder del modo como lo hizo, lo que descarta cualquier arbitrariedad o ilegalidad en su proceder.

C) En cuanto a la alegación referida a que Tesorería no puede compensar créditos provenientes de remuneraciones y otras de deudas de origen laboral.

Ante ello solo cabe consignar que existe una reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, señalándose en esos fallos que las compensaciones que realiza Tesorería constituyen el legítimo ejercicio de una facultad que le ha sido otorgada legalmente.

Cita fallos a fin de ilustrar la última jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema.

V. NO EXISTE AFECTACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES En relación a una eventual vulneración de su derecho de propiedad (art. 19 N°24 C.P.R.), cabe señalar que no existe tal transgresión, toda vez que las compensaciones que les afectó a los recurrentes es un modo de extinguir que operó de pleno derecho, por el sólo ministerio de la ley, para hacer pago de obligación que ellos mantienen con el Fisco.

Además, el pago por el Fisco de una suma de dinero de que da cuenta una resolución como la indicada, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la misma, sino que se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, se encuentra que no tengan deudas fiscales pendientes de pago.

De esta forma cabe destacar que la compensación operada no privó al recurrente de sumas a las que tuviesen derecho, sino que se limitó a compensar el monto correspondiente a sus deudas. Así, no hay lesión al derecho de propiedad alguna: el recurrente simplemente ha debido soportar que el dinero que iban a recibir se destinara al pago de una deuda que legítimamente adeudaba, lo que implica el cumplimiento forzoso de una obligación y no una privación arbitraria de sus bienes.

Así, y como se dijo, los montos compensados nunca llegaron a constituir plenamente parte del patrimonio del recurrente, pues estaban afectos al gravamen legal de la compensación para satisfacer sus propias deudas con el Estado.

Es la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa.

VI. CONCLUSIÓN Para la procedencia del recurso de protección, se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional, situación que en caso alguno concurre respecto de la Tesorería General de la República, toda vez que ésta, según se ha demostrado, sólo se limitó a actuar dentro de sus competencias legales.

A folio N°13 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, analizado el mérito de los antecedentes, resulta que lo discutido entre las partes es la procedencia de la compensación para solucionar la acreencia del actor por concepto de Crédito con nombre reservado Estatal con la suma que le otorga la Resolución Exenta N° 2187, de fecha 5 de octubre del año 2023, del Ministerio de Justicia.

TERCERO: Que el artículo 6 del D.F.L. N° 1 del Ministerio de Hacienda que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, establece que: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

CUARTO: Como se puede advertir, del claro tenor de la norma transcrita, en el considerando precedente, las compensaciones que realiza la Tesorería General de la República constituyen el legítimo ejercicio de una facultad que le ha sido otorgada legalmente, por lo que no se visualiza un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la presente acción constitucional de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran hacer valer las partes ante quien corresponda.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por DIEGO BELMAR OJEDA, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Adoptada la decisión con el voto en contra del Ministro Titular Alberto Amiot Rodríguez, quien estuvo por acoger la acción de protección, por las siguientes consideraciones:

1.- Que por la acción de protección el recurrente pide dejar sin efecto la retención de $4.240.549., efectuada por la Tesorería General de la República correspondiente a una suma de dinero obtenida por don nombre reservado en la causa laboral RIT O-610-2022 del Juzgado del Trabajo de Angol seguida en contra del Fisco de Chile, entidad que justifica esta retención, por deuda por concepto de Crédito Universitario Aval del Estado “CAE” que mantiene el recurrente con el Fisco.

2.- Que en relación a lo debatido confluyen las normas del DFL 1, de octubre de 1994, que Fija el texto refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; el Decreto Ley N° 1263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y la ley N° 20.027, que Establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior.

3.- Que el artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994 dispone que: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Por su parte, el artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado asigna la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”.

Finalmente, el inciso 1° del artículo 17 de la ley N° 20.027 en el año 2005, dispone: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda(…)”.

4.- Que de la lectura de los preceptos citados fluye que el Servicio de Tesorerías está facultado “para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco” (artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994); para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante” (art. 34 del D.L. 1.263, de 1975) y “retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito” (inciso 1° del artículo 17 de la ley N° 20.027), disposiciones todas que giran en torno a la idea de que el Servicio de Tesorerías puede compensar y retener créditos que las personas tuviesen contra el Fisco como también imputar los mismos a impuestos que se le adeudaren.

5.- Que importante es señalar que la Ley N° 20.027 en el año 2005 estableció una regulación especial, no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que regula la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados.

6.- Que conviene destacar que lo que permite el inciso 1° del artículo 17 de la Ley N° 20.027 a la Tesorería General de la República es la retención del impuesto a la renta que corresponda devolver al contribuyente, sin que se aluda a otros ingresos que pueda percibir el contribuyente, como el pago de una indemnización obtenida en un juicio laboral, como ocurre en la especie.

Por ello, siendo la Ley N° 20.027 una ley posterior al Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1994 y D.L. 1.263, de 1975 y además tener un carácter de especial, en razón de la materia y los sujetos involucrados, ya que se refiere a financiamientos de estudios y créditos otorgados a estudiantes, sus normas, conforme a los artículos 4 y 13 del Código Civil, deben prevalecer, sobre las que establece el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1994 y artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, que se refieren a impuestos y tributos (Sentencia Corte Suprema Rol 12.546-2022).

7.- Asimismo, si bien es cierto el Servicio de Tesorerías tiene facultad para compensar deudas, esa compensación solamente puede aplicarse a la existencia de impuestos adeudados, no a créditos impagos, de manera que la retención y posterior compensación de la suma de $4.240.549.- efectuada por el Servicio de Tesorerías, por concepto de crédito Universitario Aval del Estado “CAE”, deviene en ilegal y arbitraria, por lo cual la acción de protección, en concepto de este disidente, debe ser acogida.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol N° Protección-2365-2025.(jog)