nombre reservado con CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio uno, compareció el letrado Sr. nombre reservado Mencarini Voisier, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y expuso: deduzco recurso de protección de garantías constitucionales contra la CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DEL BIO-BIO, representada para estos efectos por su Director General don GONZALO CONTRERAS REYES, ignoro profesión u oficio y por su Director Regional don RICARDO PARADA SOTOMAYOR, Abogado, con domicilio el primero en domicilio reservado de la ciudad de Concepción y el segundo en domicilio reservado de la ciudad de Temuco y, a objeto que en definitiva se adopten las medidas pertinentes que en derecho correspondan, que pongan remedio a la vulneración de derechos que se indicará, en virtud de lo siguiente.

Como antecedente informó que desde el mes de julio del año 2006 desempeña funciones en de Abogado para la recurrida y desde el mes de marzo del año 2010 las desarrolla en la oficina especializada de materias de Familia de esta ciudad en calidad de Abogado Auxiliar.

Afirmó que, actualmente si un usuario requiere asistencia jurídica contacta al Consultorio generalmente a través de correo electrónico, quién lo deriva a uno de los Abogado Auxiliares a través de una respuesta por correo electrónico, indicándole el correo del Abogado y señalándole expresamente que debe escribirle al profesional, ya que aún se encuentran en modalidad remota, salvo un día a la semana en que se estableció hace unos meses un turno. En su caso le corresponde ir el día jueves de cada semana en la mañana y en la tarde.

El turno anterior no es para atención presencial y la verdad es que, asevera, no entender la razón del mismo, ya que el trabajo del turno es el mismo que hacen hace 2 años desde sus casas, pero parece ser que las razones son más institucionales que prácticas en este caso. Adiciona que, aquello lo ha cumplido siendo el único que se opuso a ello en su oportunidad causando seguramente la molestia de la jefatura y que seguramente explica la forma en que se ha procedido en este caso. Precisa que se les informó al momento de instaurarlo que “sólo de manera excepcional y para el evento que el usuario tenga problemas tecnológicos”, se procedería a citarlo de manera presencial.

Indica que, al parecer, el usuario de nombre nombre reservado tomó contacto con el consultorio para requerir asesoría, siéndole derivado a través de la respuesta tipo en la que se le informe la casilla de correo electrónico del Abogado y que debe contactar al profesional, sin embargo, aquel no habría podido tomar contacto con él según correo que le envió al Consultorio con fecha 4 de enero de 2022 (09:51 horas), señalando que el sistema le indicaba que el correo no era el correcto.

En respuesta a ese correo enviado por el usuario, el consultorio le respondió el mismo día 4 de enero de 2022 a las 10:30 que seguramente había escrito mal el correo y que se reenviaba esta respuesta a su correo y al correo del abogado (a mi persona) a fin que “dé respuesta a sus consultas”. Menciona que en dicha época aún no había tenido contacto con el usuario, quién ningún correo le había enviado ni consulta formulado.

Con fecha 12 de enero de 2022 recibió un correo del consultorio con copia al usuario, en la que “se me ordena tomar contacto con el usuario”. Ante esta orden de tener que tomar contacto respondió por primera vez al usuario y consultorio con fecha 12 de enero de 2022 a las 13:08 horas, señalando lo siguiente:

“Sr. nombre reservado. Al contrario de lo que le han informado precedentemente en el sentido que yo tomaré contacto con Ud., ello no ocurrirá. No es el abogado el que toma contacto con los usuarios, sino que al revés y para ello le proporcionan mi casilla de correo electrónico.

Lamentablemente el Consultorio sigue diciéndole a las personas que el abogado se contactará y Uds. quedan a la espera de algo que no acontecerá.

No tengo correos enviados por Ud. razón por la cual no es efectivo que me haya enviado papeles y que yo no haya dado respuesta.

Espero revise bien sus despachos de correos porque es muy fácil decir que alguien no ha hecho algo cuando al mismo tiempo no se respalda lo que se señala”.

La razón, indica, de su respuesta obedeció a la forma ya explicada de cómo funciona la atención, la cual es consecuencia de hecho obvio que es la persona (usuario) el interesado en su problema jurídico y, además, porque el Abogado de Familia y en general de la Corporación en sus distintas ramas, no cuenta con el tiempo suficiente para andar llamando a los usuarios ya que se encuentra ocupado en audiencias, haciendo nuevos ingresos, asesorando a los futuros colegas que hacen su práctica y una de serie de otras cosas de carácter administrativo que toda institución pública ordena hacer y que cada vez son más por el mismo ingreso. Tampoco la recurrida proporciona teléfonos institucionales (ni menos planes de internet) que permitan al Abogado tener otro número aparte del particular, para efectuar llamados a los usuarios, estimando que entregar su número particular a todas las personas que asesoró o asesoraré en el futuro no es parte de mis obligaciones contractuales.

Indica que, frente a esta respuesta el consultorio envió un correo al usuario con copia al suscrito el mismo día 12 de enero de 2022 a las 16:12 horas, incluyendo ahora a la Dirección Regional de la Corporación, que fue del siguiente tenor: “Sr. nombre reservado. Atendida la circunstancia de la dificultad para comunicarse por medios tecnológicos con el Sr. Luis Mencarini, y que unido a la circunstancia que la Oficina de Familia se encuentra abierta desde el 01 de diciembre pasado, precisamente para atender presencialmente a usuarios que tienen dificultades en comunicarse por medios tecnológicos, le solicito que concurra el día jueves 15 de enero de 2022, a las 15:00 hrs. para entrevistarse presencialmente con el abogado Luis Mencarini, y a la cual deberá llevar todos los documentos que tenga, relacionados con el divorcio.

Se hace presente, que luego de efectuadas las consultas respectivas, el abogado en referencia no tiene ninguna otra hora agendada para el día de mañana.

Se copia el presente correo al abogado Luis Mencarini para conocimiento, a la secretaria de la Oficina, doña Claudia Salinas, y a la Dirección Regional institucional. Atte”.

Patentó que debido a ello envió la siguiente respuesta al Consultorio, al usuario y a la Dirección Regional el mismo día a las 16:50: “Me parece una insensatez citar a una persona a esa hora con los 30 grados que seguramente habrá mañana. También me parece una insensatez citarlo de manera presencial con el aumento sostenido de nuevos contagios.

Por otro lado, el jueves tengo seguimiento de causas y trabajo con los postulantes Finalmente, el Sr. nombre reservado no tiene problemas para comunicarse por medios tecnológicos.

Prueba de ello es que se comunicó con Uds. varias veces, incluso denunciando envíos de correos y documentos y nula respuesta del suscrito, en circunstancias que no era así.

Lo que ocurre es que escribe mal el correo, pero todo lo anterior no es mi responsabilidad.

Lo anterior me basta para rechazar formalmente la orden de atención.

Hay que recordar, pues parece olvidado, que este es un Consultorio donde trabajan abogados y no obreros bajo el mando de un patrón de fundo.

Nuevamente se ordena hacer algo sin tener en consideración lo señalado por el suscrito, sin exigirle al usuario que haga bien el envío y, como siempre, no serán los que de manera autoritaria disponen del tiempo y disponibilidad de otros sino el Sr. nombre reservado quién deba soportar el errado horario y arriesgar su salud junto a la persona que lo atenderá”.

Sin perjuicio de ello, a las 16:55 del día 12 de enero de 2022 le escribió directamente al usuario, pues se dio cuenta que estaba gastando más tiempo en discutir un tema de forma en lugar de dar una solución, invitándolo a efectuar su consulta como respuesta a su correo (lo cual evitaría que escribiera mal el correo), señalándole que, si aun así requería atención presencial, fuese a las 10:00 de la mañana del jueves 13 de enero. Reproduciendo dicha comunicación: “Estimado. A objeto de evitar que concurra el día jueves 13 de enero de 2022 a las 15:00 horas soportando altas temperaturas y, además, evitar eventuales contagios, le pido enviar el formulario que se adjunta debidamente completado.

Hacer el envío como respuesta a este correo y así no se equivocará en el despacho Luego de eso le diré que se requiere. Si aún después de lo ofertado insiste en ir, le sugiero hacerlo mañana a las 10:00 horas, horario en el cual al menos no sufrirá del calor.

Quedo atento a su respuesta para confirmación de correo o atención presencial Atte”.

Refiere que, con fecha 13 de enero de 2022 recibió un correo electrónico de la Dirección Regional en que se me pide informe respecto a una situación expuesta ante ellos por el consultorio que era del siguiente tenor: “Sr. Ricardo Parada Sotomayor. Director Regional Araucanía CAJ.

De mi consideración.

Junto con saludar, la presente tiene por finalidad poner en conocimiento de Ud. La negativa del funcionario de la Oficina de Familia Temuco, don Luis Mencarini Voisier, en atender al usuario, don nombre reservado.

Como es de público conocimiento la Oficina de Familia de Temuco, desde el mes de marzo del año 2020, hasta el día de hoy, nos encontramos trabajando en forma remota, comunicándonos con los usuarios por diversos medios tecnológicos, siendo los más usados el correo electrónico y el teléfono. Además, desde el 01 de diciembre de 2021, la Oficina de Familia, comenzó con la atención presencial conforme al Plan de Trabajo aprobado. La dinámica de la atención de público, es que, en la gran mayoría de los casos, los usuarios se contactan con la Oficina de Familia, por medio de mi casilla electrónica institucional, a la cual se asoció la antigua casilla electrónica institucional "correo reservado". Una vez recepcionado en mi casilla electrónica la solicitud de atención, se les solicita a los usuarios que contacten a un abogado determinado, dentro de los 6 abogados auxiliares con que dispone esta Oficina, para realizar la correspondiente Orientación e Información de derechos y en su caso el patrocinio judicial de causas. En la asignación de las causas a los abogados, se procura siempre que su número sea proporcional a las horas que cada uno de los funcionarios tiene contratada para la CAJ.

El día de ayer 12 de enero de 2022, se ha producido un impasse con el abogado de esta Oficina de Familia, don Luis Mencarini Voissier, quien se ha negado expresamente a atender a un usuario, sin causa válida que lo justifique. En efecto, el día de hoy se ha tomado conocimiento que un usuario, don nombre reservado, a quien se le asignó para su atención a don Luis Mencarini, ha manifestado al suscrito que no le responde sus correos. El usuario ya había manifestado en correos anteriores, que no recibía respuesta del referido profesional, y en una oportunidad, en que escribió al suscrito comunicando esto, se le derivó directamente la consulta al abogado, para que lo contactará, pero el abogado no cumplió con lo solicitado, y señaló expresamente mediante correo que no lo contactará, a menos que le envíen directamente un correo a su casilla, no acatando lo instruido por el suscrito, y que ningún otro abogado de esta oficina se ha opuesto.

Para solucionar el problema de atención del usuario nombre reservado, quien aparentemente tiene problemas tecnológicos para la comunicación, se le instruyó a él y al abogado Luis Mencarini, y tuvieran una entrevista presencial para el día jueves 13 de enero de 2021 a las 15:00 hrs., toda vez que el abogado tiene turno presencial en la Oficina de Familia los días jueves de cada semana, unido a la circunstancia que ese día el abogado no tenía citado ningún usuario, según consultas que previamente efectué en secretaría de la oficina, siendo ésta, la única entrevista presencial que tendría ese día.

Ante el instructivo impartido por el suscrito, esto es, de atender presencialmente al usuario, el abogado nombre reservado se negó a realizarlo, a pesar de ser una actividad propia para los cuales está contratado para la CAJ. y estar citado a una hora que corresponde a su jornada de trabajo contratada, enviándole expresamente al usuario el correo donde consta su negativa de atención, según consta en los correos que en formato PDF se adjuntan en este correo. El abogado nombre reservado, se negó a atender al usuario por motivos infundados, tales como la circunstancia de esta pronosticado mucho calor para el día de hoy 13 de enero, (28° Celsius según freemeteo.cl. La oficina de familia además está dotada de equipos de aire acondicionado, que están en pleno funcionamiento), o que tiene revisión de causas con los postulantes, -lo cual puede ser reagendado para cualquier otro día de la semana porque se hace por medios tecnológicos y no presenciales-, utilizando, como es su costumbre en los últimos meses, un lenguaje no apropiado para referirse a esta jefatura, a quien el día de ayer trató como "patrón de fundo". Con la excusa dada por el funcionario nombre reservado, de no poder atender usuarios en el único día de la semana que tiene atención presencial en la Oficina, por revisar causas con postulantes, implicaría que nunca el funcionario va a atender a alguien en forma presencial, lo que afecta el buen funcionamiento de la Oficina de Familia, y a la larga, la imagen de la Corporación de Asistencia Judicial ante la comunidad.

Para solucionar este impasse producido con el usuario, le escribí un correo a dicho usuario, pidiendo las excusas respectivas por la actitud del abogado nombre reservado, y le solicité al usuario que contactara al abogado de esta Oficina, don José Raúl Patiño.

Los hechos antes relatados los pongo en conocimiento del Director Regional Araucanía de la CAJ., porque la actitud que ha tomado el abogado nombre reservado, no se condice con su calidad de funcionario público, quien no sólo se ha negado a realizar una gestión para lo cual está contratado por la CAJ., entre las cuales está la atención de usuarios, sino que además, mantiene un lenguaje agresivo tanto con los usuarios como con esta jefatura, por lo que solicito la adopción de las medidas que sean necesarias, y evitar de esta manera que se produzcan en el futuro situaciones incómodas como la antes descrita, lo cual significa un descrédito y desprestigio de la imagen de la Corporación de Asistencia Judicial, debido a la actuación de determinado funcionario.

Adjunto al presente correo, la cadena de correos enviadas el día de ayer 12 de enero de 2021 al usuario nombre reservado, y a don Luis Mencarini, como, asimismo, la respuesta final del abogado Luis Mencarini, negándose expresamente al cumplimiento de instructivos.

Saluda atte.

nombre reservado

Abogado Jefe Oficina Familia Temuco Corp. de Asist. Judicial nombre reservado del Bio Bio”.

Ante este requerimiento y el mismo día jueves 13 de enero de 2022 contestó de inmediato, expresando que su respuesta fue: “Don nombre reservado. Junto con saludar procedo a contestar de inmediato puesto que mañana me voy de vacaciones. En relación a la negativa a la atención no es efectivo y ello sólo tiene existencia en la mente del que ha hecho este requerimiento. Prueba de ello es que ayer le escribí directamente al usuario, quién no ha contestado a la fecha. Acompaño copia del correo.

Si de la frase "Lo anterior me basta para rechazar formalmente la orden de atención ", alguien pudiese concluir que no atendería a la persona, es porque no leyó o no quiso leer lo que a continuación se indicaba y está profundamente equivocado.

Se señala que el usuario habría enviado varios correos y documentos y que no se habrían contestado por el suscrito, sobre el punto puedo señalar que lo sostenido por el Señor nombre reservado no es efectivo y ninguna prueba sostiene sus imputaciones, a diferencia de lo que yo señalo en relación a la atención efectuada el día de ayer.

En relación a lenguaje agresivo con usuarios se requiere pruebas.

En relación a lenguaje agresivo con otros, no existe.

A quién le encanta responder a los usuarios haciendo en muchas ocasiones un llamado de atención al Abogado es al Sr. nombre reservado, situación que ha sido objeto de reproche de mi parte y que debiese ser objeto de reproche de su Jefatura.

No ahondaré más en este tema pues lo aseverado en relación a la no atención no es efectivo Finalmente requiero de la Jefatura, se le instruya al Sr. nombre reservado a tratar los temas internos sin que el correo sea publicado al usuario. Atte A dicha respuesta adjuntó el correo enviado al usuario a las 16:55 del día 12 de enero de 2022. Sostuvo que el usuario no llegó el día 13 de enero de 2022 ni en la mañana ni en la tarde. Luego se enteró que había sido derivado a otro colega, pero no le avisó y se fue de vacaciones.

Al segundo día de volver de ellas recibió la notificación de la sanción, la cual tenía fecha de emisión 18 de enero de 2022, concretamente a las 10:17 horas del día 1 de marzo de 2022 (segundo día laboral luego de volver de vacaciones), se notificó a mi casilla de correo institucional la resolución exenta Nº 26/2022 de fecha 18 de enero de 2022 en la cual se me aplicó una medida disciplinaria.

En su parte resolutiva se consignó lo siguiente:

1.- Que se aplica a don Luis Mencarini Voisier, Abogado auxiliar de la Oficina de Familia de Temuco, la medida disciplinaria de censura por escrito, establecida en el Art. 41 letra b) del Reglamento Interno, por su responsabilidad en el hecho indicado en los considerandos anteriores, que dan cuenta de un incumplimiento injustificado a una instrucción de su jefatura.

2.- Procédase dentro del plazo de 3 días desde que la presente resolución se encuentre firme, a registrar la medida adoptada, en la carpeta del funcionario, que lleva el departamento de Recursos Humanos de esta Corporación y la unidad respectiva. - Indicó que la resolución consideró que de su parte hubo un incumplimiento de contrato por no obedecer una orden directa del Jefe de la Oficina de Familia en orden a dar atención a un usuario de manera presencial. Ante ello y con el ánimo de no judicializar el tema, solicitó vía correo electrónico con fecha 1 de marzo de 2022 a las 15:52 horas, que se dejara sin efecto la sanción por los argumentos que a continuación se reproducen:

Estimados.

Junto con saludar y antes de transformar este tema en algo judicial, vengo en solicitar se deje sin efecto la sanción impuesta por resolución exenta 26/2022. La decisión en cuanto al fondo es errada. Nunca me negué a prestar el servicio, sólo dije que lo argumentado en mi respuesta "bastaba para rechazar la atención". Prueba que no me negué a prestar la atención fue que le escribí directamente al usuario para que concurriera en horas de la mañana del día jueves.

Dicho lo anterior, no hay un incumplimiento de deberes ni órdenes, sino que un cuestionamiento a una orden que se generó en base a hechos que no eran efectivos, tales como que "se me había escrito y no había dado respuesta", pues jamás se acreditó que el usuario me haya escrito y, al contrario, yo si acredité que le escribí. Tampoco tenía problemas el usuario para comunicarse de manera digital (que fue el argumento para establecer atención presencial) ya que perfectamente se comunicaba al correo del consultorio. En otras palabras, no estábamos frente a una persona que tuviese problemas para hacer llegar su consulta vía correo electrónico y que precisamente fueron los casos que por excepción se iban a atender en el consultorio.

No obstante, lo anterior, la forma en que ha sido decretada la sanción es errada por cuanto ha sido dictada por quién no tiene atribuciones para ello.

Se me aplica la sanción de censura por escrito, establecida en el art. 41 letra b) del reglamento interno y se ordena la anotación de rigor en la carpeta funcionaria.

Lo cierto es que con fecha 4 de diciembre de 2019 en sesión extraordinaria del Consejo Directivo, cuya acta fue reducida a escritura pública el 21 de enero de 2020 ante el Notario Ramón García Carrasco de la ciudad de Concepción, se modificó el artículo 41del Reglamento Interno en los siguientes términos:

En primer lugar, la censura por escrito pasó a llamarse "amonestación por escrito con copia a la carpeta personal" manteniéndose en la letra b.- de las sanciones.

En segundo lugar, las sanciones contenidas en las letras a, b, c, d, e y f del artículo 41sólo pueden ser aplicadas por el Consejo Directivo, previa investigación sumaria.

En tercer lugar, se elimina la facultad del Director General de aplicar la sanción de suspensión provisoria por 15 días.

Finalmente se faculta al Director General, sólo en la esfera de las faltas, para los efectos de aplicar amonestación o censura por escrito. De lo anterior queda claro que sólo el Consejo Directivo puede aplicar la sanción que se me ha impuesto.

El Director General, actuando dentro de las facultades contenidas en la parte final del artículo 41 del Reglamente Interno, sólo puede amonestar o censurar por escrito a un funcionario que ha cometido una "falta" y, aún en el evento que la censura por escrito fuese procedente, no puede ordenar la anotación en la hoja personal por la sencilla razón que la norma no contempla esta posibilidad.

Lo más grave de este caso no es lo antes indicado, sino lo siguiente. Se me imputa un incumplimiento contractual (numerales 11 y 13 de la resolución exenta). Conforme el tenor literal de la norma (artículo 41), el Director General sólo tiene facultad para aplicar sanciones en el caso de faltas y como no se me ha imputado una falta, o, dicho de otra manera, se me imputa un incumplimiento contractual y la resolución exenta razona siempre sobre esta base, es que quién aplica la sanción erra en su razonamiento.

Se ha procedido fuera de los límites de las normas en comento, en primer lugar, al decretarse una sanción por una autoridad que no tiene facultades para ello y, en segundo lugar, porque la sanción aplicada tiene como fundamento un incumplimiento contractual, respecto al cual el Director General no puede pronunciarse.

Si lo que deseaba el Director General era aplicar una censura por escrito en uso de las facultades que le concede el artículo 41 parte final del reglamento interno, debió hacerlo en primer lugar fundándola en una falta y no en un incumplimiento contractual y, en segundo lugar, sin ordenar la anotación en la hoja o carpeta personal, pues la norma no lo permite.

Entendemos que el error es posible y humano, pero esperamos reconsideración atendido lo antes expuesto.

Agradeceré el pronunciamiento con la sorprendente celeridad que se aplicó la sanción a objeto de ejercer mis derechos ante la Justicia si su parecer se mantiene. Atte.

Mencionó que, a la fecha no ha recibido respuesta alguna pero cuando hubo que aplicar la sanción la velocidad del proceso fue impresionante y, de hecho, muy distinta a la que usualmente se adopta en la Dirección General para resolver algún concurso interno que tiene por objeto decidir un reemplazo. El tiempo de espera de la resolución es de más de 30 días en muchos casos.

En cuanto al derecho, profundizó en que el reglamento interno de higiene y seguridad de la Corporación de Asistencia Judicial de fecha 21 de julio de 2015 en su artículo 41, que resulta ser el que se me aplica, es del siguiente tenor:

ARTÍCULO 41°. - “En caso de mal comportamiento de un funcionario, el Consejo Directivo, previa investigación sumaria de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto del Capítulo Tercero del presente reglamento, podrá sancionarlo según la gravedad de la falta, de acuerdo con la siguiente escala:

a) Amonestación verbal b) Censura por escrito c) Suspensión hasta por 15 días, sin goce de remuneraciones d) Suspensión hasta por 90 días, sin goce de remuneraciones; y e) Despido Sin perjuicio de lo anterior, el director General podrá amonestar y censurar por escrito a cualquier funcionario por falta que cometiere en el desempeño de sus funciones, o suspenderlo provisoriamente hasta por 15 días, dando cuenta de inmediato al Presidente del Consejo Directivo”.

Apuntó que, afortunadamente para él y parece ser, ignorándolo su jefatura, con fecha 4 de diciembre de 2019 en sesión extraordinaria del Consejo Directivo, cuya acta fue reducida a escritura pública el 21 de enero de 2020 ante el Notario Ramón García Carrasco de la ciudad de Concepción, se modificó el artículo 41 del Reglamento Interno, quedando del siguiente tenor: Actual artículo 41: “En caso de darse por acreditado algún incumplimiento a los deberes u obligaciones funcionarias o alguna conducta de maltrato, acoso laboral y/o sexual, el Consejo Directivo, previa investigación sumaria de conformidad a lo establecido en el Título Cuarto del Capítulo Tercero del presente reglamento, podrá aplicar, atendida la gravedad de los hechos investigados, alguna de las siguientes sanciones:

a) Amonestación verbal;

b) Amonestación escrita con copia a la carpeta personal;

c) Multa, equivalente a la cuarta parte de la remuneración diaria del infractor hasta por 30 días;

d) Suspensión hasta por 15 días, sin goce de remuneración;

e) Suspensión hasta por 90 días, sin goce de remuneración; y f) Despido.

Sin perjuicio de lo anterior, el Director General podrá amonestar y censurar por escrito a cualquier funcionario por falta que cometiere en el desempeño de sus funciones”.

Del antiguo y actual artículo 41 se aprecia lo siguiente:

En primer lugar, la censura por escrito pasó a llamarse "amonestación por escrito con copia a la carpeta personal" manteniéndose en la letra b.- de las sanciones.

En segundo lugar, las sanciones contenidas en las letras a, b, c, d, e y f del artículo 41 sólo pueden ser aplicadas por el Consejo Directivo, previa investigación sumaria.

En tercer lugar, se elimina la facultad del Director General de aplicar la sanción de suspensión provisoria por 15 días.

Finalmente, se faculta al Director General, sólo en la esfera de las faltas, para los efectos de aplicar amonestación o censura por escrito.

Mencionó en lo tocante al acto arbitrario e ilegal que es la resolución exenta N° 26/2022 de 18 de enero de 2022, por la cual se me aplica sanción, sosteniendo que el actuar de la recurrida arbitrario e ilegal.

Es arbitrario el acto, porque obedece a un criterio caprichoso, antojadizo y sin justificación alguna, carente de toda lógica teniendo en consideración los antecedentes y la resolución final que se adopta.

De todas las comunicaciones, requerimientos y respuestas que se han insertado de manera textual y precedente, queda acreditado que nunca se negó a prestar el servicio, sólo dijo en correo electrónico de fecha 12 de enero de 2022 a las 16:12 horas que lo argumentado en su respuesta "bastaba para rechazar la atención".

Prueba de ello es que le escribió directamente al usuario para que concurriera en horas de la mañana del día jueves, cuestión acreditada con correo electrónico que se acompaña en un otrosí.

Así las cosas, sostuvo, no existe el incumplimiento de deberes ni órdenes que se le imputa, sino que un cuestionamiento a una orden que se generó en base a hechos que no eran efectivos, tales como que "se me había escrito y no había dado respuesta", pues jamás se acreditó que el usuario le haya escrito y, al contrario, si acreditó que le escribió.

Es un acto ilegal, ya que considera que lo sanciona no tiene facultades para ello.

Sólo el Consejo Directivo puede aplicar la sanción que se le ha impuesto. El Director General, actuando dentro de las facultades contenidas en la parte final del artículo 41 del Reglamente Interno, sólo puede amonestar o censurar por escrito a un funcionario que ha cometido una "falta" y, aún en el evento que la censura por escrito fuese procedente, no puede ordenar la anotación en la hoja personal por la sencilla razón que la norma no contempla esta posibilidad.

No obstante, lo anterior y aun cuando nos parece suficiente para acoger el recurso, quién lo ha sancionado comete una segunda ilegalidad.

El Director General le imputa un incumplimiento contractual conforme lo que consigna en los numerales 11 y 13 de la resolución exenta 26/2022, sin embargo, del tenor literal de la norma (actual artículo 41), el Director General sólo tiene facultad para aplicar sanciones en el caso de faltas y como no se le ha imputado ello, o dicho de otro manera, se me imputa un incumplimiento contractual, pues la resolución exenta razona siempre sobre esta base, quién aplica la sanción la aplica fuera de sus facultades.

El Director General procedió fuera de los límites de la norma que utiliza para aplicar la sanción, en primer lugar, al decretar una sanción sin tener facultades para ello y, en segundo lugar, porque la sanción aplicada tiene como fundamento un incumplimiento contractual, respecto al cual el Director General no puede pronunciarse.

Si lo que deseaba el Director General era aplicar una censura por escrito en uso de las facultades que le concede el artículo 41 parte final del reglamento interno, debió hacerlo en primer lugar fundándola en una falta y no en un incumplimiento contractual y, en segundo lugar, sin ordenar la anotación en la hoja o carpeta personal, pues la norma no se lo permite.

Sostiene que con lo antecedente se le priva, perturba y amenaza la garantía constitucional relativa al derecho a “no ser juzgado por comisiones especiales”. Se vulnera la garantía constitucional señalada en el artículo 19 N° 3 inciso 4to. de nuestra Carta Fundamental, en el sentido que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.

El Director General se transformó en una comisión especial, que de manera unilateral y autoritaria aplica una sanción sin tener facultades ni competencia para ello, extralimitándose en sus funciones y apartándose del cumplimiento de normas a las cuales todo funcionario, incluso él y sobre todo él, debe someterse.

Apuntó que lo obrado le causa perjuicio o agravio ya que la sanción impuesta ensucia y/o enloda su carpeta funcionaria (hoja de vida laboral), la cual después de 16 años no tiene anotaciones.

No sólo se produce lo anterior, sino que además y a consecuencia del actuar reiterado de su jefatura directa, quién tiene como costumbre dar órdenes e incluso reprender algo que no le parece con copia a los usuarios, resulta ser una conducta impropia hacia un colega que mancilla frente a terceros (los usuarios) mi honor y prestigio.

Peticionó que acogiendo el recurso se disponga:

1.- Que se deja sin efecto la sanción impuesta por resolución exenta Nº 26/2022 de fecha 18 de enero de 2022 dictada por el Director General de la Corporación de Asistencia Judicial del Bio Bio y, conjuntamente, que se elimine toda anotación que se haya practicado en mi carpeta funcionaria que sea consecuencia de la resolución referida.

2.- Que la recurrida debe pagar las costas del recurso.

Acompaño en parte de prueba y para los efectos de acreditar lo expuesto:

1.- Contrato de trabajo suscrito con la recurrida de fecha 17 de julio de 2006 y modificación de fecha 15 de marzo de 2010.

2.- Resolución exenta N° 26/2022 de fecha 18 de enero de 2022.

3.- Correos electrónicos de 4 y 12 de enero de 2022.

4.- Correo despachado por el suscrito al usuario nombre reservado de fecha 12 de enero de 2022 a las 16:55 horas, en que se le ofrece la asesoría y reproducido en lo principal.

5.- Correos de 13 de enero de 2022 entre la Dirección General de la CAJ del Bio Bio y el suscrito, en el que se me requiere informe y se evacúa, reproducidos en lo principal.

6.- Correo de 1 de marzo de 2022 que notifica la resolución exenta 26/2022 y correo enviado por el suscrito con misma fecha solicitando dejarla sin efecto.

7.- Reglamento interno del año 2015.

8.- Acta de fecha 4 de diciembre de 2019 de sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CAJ del Bio Bio, reducida a escritura pública con fecha 21 de enero de 2020, que modificó el artículo 41 del reglamento interno A folio 10 informa don Gonzalo Contreras Reyes, Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la región del nombre reservado, en los términos que se reproducen íntegramente a continuación:

LOS HECHOS: Con fecha 14 de enero de 2022, se recibió comunicación vía correo electrónico de parte de Director Regional de la Araucanía, de esta Corporación de Asistencia Judicial, informando acerca de la negativa del recurrente, abogado Sr. nombre reservado, para otorgar una atención a un usuario, que le fuera agendada por el abogado jefe de la Oficina de Familia de Temuco, Sr. Gonzalo Contreras Boero, además de un trato inapropiado de aquel para con éste último, materializado en expresiones que implican una falta de consideración y alteran un adecuado ambiente de trabajo.

La situación informada, refiere a un requerimiento de atención efectuado por el Abogado Jefe de Familia Araucanía, don Gonzalo Contreras Boero, al abogado de familia de esa misma oficina, don Luis Mencarini Voisier, para atender de manera presencial a un usuario el día 13 de enero de 2022, en el marco de la apertura de la atención presencial en dicha oficina y conforme al plan de trabajo de esa misma unidad, que establecía como día de turno de atención para el mismo profesional, justamente ese día jueves 13 de enero a las 15:00 hrs.

La negativa de dicho profesional se expresó mediante dos comunicaciones mediante correo electrónico de fecha 12 de enero; la primera mediante un correo enviado a las 13:08 hrs., al mismo usuario en la que le señaló “Al contrario de lo que le han informado precedentemente en el sentido que yo tomaré contacto con Ud., ello no ocurrirá”; que él no le iba a enviar ningún correo, porque es el usuario el que tiene que enviarle un correo a su casilla electrónica. (Sabemos que el usuario quería hacer consultas en materia de divorcio, y bastaba con enviarle un correo solicitándole los documentos); y, la segunda vez, mediante un correo enviado a las 16:50 al Abogado Jefe, en la que tajantemente se negó a atender al usuario en forma presencial no dándole ninguna otra oportunidad ni forma de atención.

El tenor de dichas comunicaciones de parte del abogado Sr. nombre reservado, es el siguiente:

“Luis Mencarini 12 de enero de 2022, 16:50 Para: familiatemuco Cc: nombre reservado molina , correo reservado, dirnovena Me parece una insensatez citar a una persona a esa hora con los 30 grados que seguramente habrá mañana. También me parece una insensatez citarlo de manera presencial con el aumento sostenido de nuevos contagios. Por otro lado, el jueves tengo seguimiento de causas y trabajo con los postulantes Finalmente, el Sr. nombre reservado no tiene problemas para comunicarse por medios tecnológicos. Prueba de ello es que se comunicó con Uds. varias veces, incluso denunciando envíos de correos y documentos y nula respuesta del suscrito, en circunstancias que no era así. Lo que ocurre es que escribe mal el correo, pero todo lo anterior no es mi responsabilidad. Lo anterior me basta para rechazar formalmente la orden de atención. Hay que recordar, pues parece olvidado, que este es un Consultorio donde trabajan abogados y no obreros bajo el mando de un patrón de fundo. Nuevamente se ordena hacer algo sin tener en consideración lo señalado por el suscrito, sin exigirle al usuario que haga bien el envío y, como siempre, no serán los que de manera autoritaria disponen del tiempo y disponibilidad de otros sino el Sr. nombre reservado quién deba soportar el errado horario y arriesgar su salud junto a la persona que lo atenderá.”

El miércoles, 12 ene 2022 a las 13:08, Luis Mencarini escribió:

Sr. nombre reservado. Al contrario de lo que le han informado precedentemente en el sentido que yo tomaré contacto con Ud., ello no ocurrirá. No es el abogado el que toma contacto con los usuarios, sino que al revés y para ello le proporcionan mi casilla de correo electrónico. Lamentablemente el Consultorio sigue diciéndole a las personas que el abogado se contactará y uds. quedan a la espera de algo que no acontecerá. No tengo correos enviados por Ud. razón por la cual no es efectivo que me haya enviado papeles y que yo no haya dado respuesta. Espero revise bien sus despachos de correos porque es muy fácil decir que alguien no ha hecho algo cuando al mismo tiempo no se respalda lo que se señala.

Atendido ello, el abogado jefe debió subsanar la falta de dicho abogado asignando a otro profesional para la atención del usuario, con lo que se dio solución a la problemática del ciudadano.

Conforme lo anterior y teniendo a la vista los antecedentes acompañados a esa comunicación, el requerimiento de información efectuado por el Director Regional al abogado cuestionado y la respuesta de este, todo de fecha 13 de enero de 2022; con fecha 18.01.2022 el suscrito emite la resolución exenta N° 26/2022 que aplica la medida disciplinaria de “Censura por escrito” al Abogado Auxiliar de la Oficina de Familia Temuco sr. Luis Mencarini Voisier.

Tal como se indica en los considerandos de la referida resolución, efectuado el requerimiento de información por parte del Director Regional de la Araucanía, el abogado Sr Mencarini contesta señalando que, en relación a la negativa a la atención, ello no sería efectivo, que es solo una suposición de su jefe directo; y, que tampoco es efectivo que utilice un lenguaje agresivo con él ni con usuarios. Como prueba de aquello acompaña un antecedente de una nueva comunicación electrónica suya con el usuario, en que le envía un formulario de atención para su llenado y la opción de que si igualmente considerara necesario ir a las oficinas lo hiciera el mismo día de la citación, en la mañana; comunicación respecto de la cual no habría tenido respuesta.

La resolución recurrida sostiene que de los antecedentes aportados y la respuesta entregada por el mismo abogado nombre reservado, se evidencia de su parte una actitud de desobediencia al cumplimiento de instrucciones entregadas por su jefatura directa, para realizar una atención dentro de lo que son sus funciones de atención y asesoría, dentro de su jornada de trabajo y conforme al plan de trabajo de su unidad, establecida justamente para avanzar en la presencialidad; siendo su negativa, absolutamente injustificada, pues no contiene elementos por los cuales pueda representarse o impugnarse el requerimiento efectuado por la jefatura, quién obviamente tiene facultades para establecer coordinaciones y agendamientos de atención dentro de la oficina respectiva. Que los hechos en que el Sr. nombre reservado funda su oposición al requerimiento de atención, como lo son el clima y el aumento sostenido de contagios covid, no son aspectos que el abogado por sí solo pueda determinar como criterios de atención de esa oficina, ya que, en el primer caso, la temperatura será probablemente una variable que afectará al usuario y estará en el ámbito de su decisión concurrir o no, pero que para el servicio es una decisión de la jefatura; y, lo segundo, tiene que ver con aspectos sanitarios cuya decisión también compete a la autoridad de la institución, relacionado con las alertas de la autoridad sanitaria y no había (a esa época) ninguna instrucción en el sentido de restringir la atención por esta causa, estando en pleno funcionamiento el plan de trabajo aprobado para dicha Oficina.

De toda la actuación y la respuesta negativa del recurrente, quedó constancia en las comunicaciones que vía correo electrónico mantuvieron el Sr. Mencarini Voisier, con su respectiva Jefatura directa Abogado sr. Gonzalo Contreras Boero, Al efecto es pertinente destacar el tenor utilizado por el primero para dirigirse al segundo, el cual desde una perspectiva de fondo no genera argumentación válida para su negativa, y desde un punto de vista formal es abiertamente inapropiado.

Atendido que los hechos descritos estaban claramente determinados con los antecedentes aportados, el suscrito estimó inoficioso ordenar la instrucción de una investigación sumaria, optando por imponer directamente una sanción, dictando la resolución respectiva, en el ejercicio de las facultades que le otorga al efecto, el Reglamento Interno Institucional y el ordenamiento jurídico.

SOBRE EL RECURSO. Hace presente que el recurrente pretende en su libelo atacar la razonabilidad, la justificación, la potestad y la legalidad del acto que impugna, de manera absolutamente errónea, intentando torcer los hechos y la aplicación correcta de la normativa jurídica que es aplicable en este caso.

En efecto se señala que el acto de imposición de la medida disciplinaria de censura sería arbitraria, pues a juicio del abogado no habría una negativa a acatar las órdenes de la jefatura de su unidad, señalando que luego de haber enviado 2 comunicaciones electrónicas, con copia a su jefatura, en que cuestiona la orden y rechaza efectuar la atención, habría enviado un nuevo correo al usuario, señalándole esta vez, la opción de acudir a entrevista el mismo día agendado pero a las 10 de la mañana. Lo cierto es, que, de ese correo, del que solo se toma noticia al momento de pedirse informe al abogado por su incumplimiento, nunca hubo constancia previa y ante la negativa expresa del profesional, que se constata en las comunicaciones vía correo, la jefatura tuvo que adoptar la medida de derivar a otro profesional la atención del caso.

Asimismo, impugna el recurrente la ilegalidad del acto, por haber sido sancionado por el Director General, mediante una medida disciplinaria sin potestad o facultad para hacerlo, incluso refiere a una contravención a garantía constitucional del Art. 19 N° 3 inc. 4° de la Constitución Política, señalando que el Director General se transformó en una comisión especial, que de manera unilateral y autoritaria aplica una sanción sin tener facultades ni competencia para ello, extralimitándose en sus funciones y apartándose del cumplimiento de normas a las cuales todo funcionario, incluso él y sobre todo él, debe someterse; cuestión que evidentemente no admite mayor examen lógico, pues claramente dicha jefatura superior tiene a su cargo la potestad disciplinaria en la forma que lo establece el ordenamiento jurídico y la normativa reglamentaria según se dirá más adelante.

EL DERECHO Y LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL ACTO RECURRIDO. Señala primeramente que la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, con presencia en las Regiones de Ñuble, nombre reservado, Araucanía, Los Ríos, Los lagos y Aysén, es un Servicio Público descentralizado, creado por ley 17.995, que goza de personalidad jurídica, que tiene patrimonio propio y no persigue fines de lucro.

Asimismo esta Corporación, por tener su origen en la ley, en razón de sus fines, de la naturaleza de sus recursos y del régimen jurídico especial a que están afectas, detentan la condición de servicio público y, por ende, integra la Administración del Estado; y sus trabajadores revisten la calidad de funcionarios públicos, ya que se desempeñan en organismos públicos que forman parte de la Administración del Estado, cumpliendo una función pública, según así lo ha indicado la Contraloría General de la República en numerosos dictámenes (Dictámenes N° 14.871, de 2000; 46.194, de 2005 y 64.280, de 2013) y ha sido reconocido, por cierto, por la Excelentísima Corte Suprema.

Lo anterior, es sin perjuicio que, conforme a lo establecido en el artículo único de la Ley Nº 19.263, las disposiciones del Estatuto Administrativo no se aplican al personal de la Corporación de Asistencia Judicial, el que se rige exclusivamente por los respectivos contratos de trabajo y las normas aplicables al sector privado, léase en este punto, las disposiciones del Código del Trabajo y normativa laboral en general.

Sin embargo de lo anterior, todos los funcionarios de esta Corporación de Asistencia Judicial, no obstante estar vinculados en virtud de un contrato de trabajo y ejercer todos los derechos que les reconoce la legislación laboral, detentan igualmente la calidad de funcionarios públicos, por lo que, respecto de la función pública que realizan, se encuentran sujetos a los principios y mandatos de la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, lo que por lo demás, está consagrado en la mayoría de los contratos de trabajos de su personal.

Sobre la relación contractual que vincula al recurrente con esta Corporación, es necesario hacer las siguientes precisiones:

a) El contrato de trabajo suscrito con fecha 17.07.2006 entre el Abogado sr. Mencarini Voisier y la Corporación de Asistencia judicial de la región del nombre reservado contempla como obligación del primero, en su cláusula cuarta número ocho “Atender las consultas profesionales y patrocinar y representar a los consultantes de la Corporación ante Tribunales ordinarios, especiales o arbitrales de Justicia o ante autoridades fiscales, semifiscales o administrativas...”.

b) La cláusula quinta de dicho contrato sujeta la situación del Sr. Mencarini Voisier “a las normas que rijan el ejercicio de la profesión de Abogado, las contenidas en los Estatutos, Reglamento Interno de la Corporación, especialmente en los artículos 34 y 35 que dicen relación con las atribuciones de los Abogados Jefes, y Documento Descriptivo de Unidades y Cargos de la Corporación de Asistencia Judicial nombre reservado, y normativas específicas e instrucciones de las jefaturas de la Corporación”.

c) Por su parte, el artículo 34 del Reglamento Interno referido establece como atribución y obligación de los Abogados jefes “Coordinar, fiscalizar y controlar la labor del personal y postulantes de los consultorios bajo su jurisdicción…”.

Que además de estas disposiciones contractuales y reglamentarias, cabe mencionar que a dicho abogado en cuanto funcionario público le son plenamente aplicables las normas y principios establecidos en la Ley General de Bases de la Administración del Estado N° 18.575, que establece entre otras disposiciones lo siguiente: “Los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el superior jerárquico” (Art. 7).

Por su parte las Jefaturas y Autoridades de esta Corporación, además de las funciones reglamentarias en cuanto a la coordinación, fiscalización y control establecida en el Art. 34 del Reglamento Interno de este Servicio (ya citado), deben cumplir con los preceptos de la misma Ley de Bases de la Administración, que impone a estas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia; lo que se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones (Art 11).

Ahora bien, en relación a las facultades de este Director General de esta Corporación, son plenamente aplicables las disposiciones de los Arts. 31 y siguientes de la Ley 18.575 (DFL N° 1), en cuanto a ejercer en calidad de Jefe Superior de este servicio, y en esa calidad dirigir, organizar y administrar el servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne (Art 31); su representación (Art. 36); y el ejercicio de la potestad disciplinaria, correspondiendo a este, perseguir la responsabilidad administrativa de sus funcionarios (Dictámenes N° 62360/2009; 45045/2004, 46194/2005, 49757/2002 de la Contraloría General de la República).

Así las cosas, en relación a la determinación de la responsabilidad funcionaria en la Corporación de Asistencia Judicial, por faltas u otros incumplimientos en el ejercicio de sus labores y concordante con lo establecido el Dto. 994 de 1981 del Ministerio de Justicia, que dispone que la Corporación y sus bienes serán dirigidos por un Consejo Directivo que, en el ámbito de sus atribuciones, podrá acordar la celebración de todos los actos y contratos que tienden al cumplimiento de sus fines; el Reglamento Interno previene en su Artículo 41inc. primero, que dicho Consejo Directivo, en caso de mal comportamiento de un funcionario y previa investigación sumaria de conformidad con lo establecido en el título cuarto del Capítulo tercero del mismo reglamento, podrá sancionarlo según la gravedad de la falta con alguna de las medidas que se indican en la misma disposición.

Pero, asimismo el artículo 41 inciso segundo del mismo Reglamento Interno de esta Corporación otorga al Director General la facultad de amonestar y censurar por escrito a cualquier funcionario por falta que cometiere en el desempeño de sus funciones, plasmando de esta manera la facultad sancionatoria y potestad disciplinaria en el mismo Director, en cuanto a jefatura superior del mismo servicio.

En tal sentido es pertinente destacar que, a diferencia de lo que parece entender el recurrente, dicho Reglamento Interno otorga frente a un incumplimiento o falta funcionaria una alternativa en cuanto a proceder a la instrucción de una investigación sumaria, (que puede conducir a una sanción aplicada por el H. Consejo Directivo institucional) o a la aplicación directa de una medida de amonestación o censura por escrito – para casos que no revistan de gravedad -, lo que queda a discreción del respectivo Director General, que en este caso como ya se indicó, optó por la segunda posibilidad atendido que los hechos respectivos están suficientemente acreditados, y el funcionario aludido tuvo el espacio para exponer sus descargos, evitando así distraer la atención del recurso humano institucional (que es limitado) en la tramitación de una investigación.

Acerca del alcance de la expresión falta (y no incumplimiento) a que alude el recurrente, lo cierto es que el Reglamento interno no define que debe entenderse por ello, por cuanto dicha acepción es utilizada indistintamente en los incisos primero y segundo del Art. 41, al utilizar términos como “gravedad de la falta” y “falta”; no obstante dichos textos dejan claro que en ambos casos se trata de una contravención o incumplimiento que dé lugar a responsabilidad administrativa; pero cuya diferencia radica en que en el caso de la facultad del Director General, esta refiere a faltas o incumplimientos menores, ya que un incumplimiento de cualquier obligación constitutiva de infracción grave, que pueda dar lugar a una sanción de mayor gravedad, si estaría sujeta al procedimiento de investigación reglado en los Art. 42 y siguientes del mismo cuerpo reglamentario.

Ahora bien, en todo caso, esta potestad disciplinaria del Director General, deberá ejercerse siempre velando básicamente por la existencia de un debido proceso que garantice la bilateralidad del procedimiento, cuestión que como indica la resolución recurrida, ha sido cumplida mediante la solicitud de informe que le fue requerido al profesional por el Director Regional; y mediante la respuesta del abogado en cuestión, lo que fue evaluado al momento de imponer la medida de censura.

EN CUANTO A LA RECONSIDERACIÓN PREVIA. Hizo una especial mención, respeto de ello, por cuanto indicó que el recurrente realizó una petición de esa naturaleza ante la autoridad de esta Corporación, con fecha 1° de marzo pasado, a fin de dejar sin efecto la resolución exenta N° 26/2022 que aplica la medida disciplinaria de “Censura por escrito”.

Tal como se indica en el libelo del recurso, el Sr. nombre reservado vía correo electrónico dirigido al Director Regional Sr. Ricardo Parada Sotomayor, y con copia, a este Director General, solicitó se dejara sin efecto la medida impuesta, por estar en el fondo errada, entregando las argumentaciones del caso. Termina dicha solicitud pidiendo reconsideración atendido lo antes expuesto.

Estimando que dicho correo electrónico, contiene un recurso de reconsideración o reposición administrativa y que este se interpuso dentro de plazo, según constancia de notificación de la resolución N° 26/2022 efectuada por la Dirección Regional de Araucanía, cabe a su respecto aplicar las normas establecidas en la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos.

Dicha Ley previene en su Art. 59 que, en el caso de su interposición, la autoridad llamada a pronunciarse sobre dicho recurso, tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos, por lo que, no obstante, la exigencia de mayor agilidad que hace el profesional, lo cierto es, que dicha reconsideración, a la fecha de la interposición de este Recurso de Protección, estaba pendiente de resolverse.

A su vez, el Art. 54 de la misma Ley, establece que interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

En el caso concreto el funcionario ya ha ejercido esta acción jurisdiccional, antes de resolverse su recurso administrativo, por lo que está en duda cuál es el órgano llamado a inhibirse de conocer de la misma reclamación (ello en relación al inciso final del mismo Art. 54), claro está, dependiendo de la colisión de derechos y del rango legal o constitucional, si se estimare alguno conculcado, cuestión por lo que requerimos pronunciamiento.

En consecuencia, sostuvo, al contrario de lo que impugna el recurrente no se ha emitido una resolución arbitraria, todo el proceso desde la solicitud de atención válidamente efectuada al profesional por su jefatura directa, el requerimiento de información sobre las razones de la falta de acatamiento a la instrucción de la jefatura, realizado por la autoridad Regional (Director Regional), hasta la adopción de la medida por parte del Director General, se ha guardado estricta sujeción a los preceptos y principios de control jerárquico, supervisión y potestad disciplinaria que debe ejercer la autoridad y a la cual están sujetos los funcionarios del servicio, conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

El acto es además absolutamente legal, la facultad del Director General como Jefe Superior del Servicio de ejercer sus facultades disciplinarias, está consagrada en la Ley 18.575, como ya se ha indicado anteriormente y refrendado ello, a nivel reglamentario por el Art. 41 inc. 2° del Reglamento Interno, siendo inoficioso intentar discurrir sobre el alcance del concepto falta como contrario a un incumplimiento o contravención a deberes funcionarios, que intenta plantear el recurrente.

La medida adoptada es además absolutamente justificada y proporcional al incumplimiento o falta del servidor, pues se trata de una censura, por la desobediencia a una instrucción de la Jefatura directa, en relación a una obligación de atención del abogado de un usuario contemplada en su contrato de trabajo; que altera la debida coordinación y control interno, pero que no ha generado un perjuicio de mayor gravedad, por cuanto igualmente se logró la atención jurídica del ciudadano.

Es por todo lo anterior, que estimamos que el recurso de protección deducido no puede prosperar y debe, necesariamente, ser rechazado por Ssa. Itma., por cuanto, no hay arbitrariedad, ilegalidad ni amenaza alguna, de los derechos fundamentales que señala transgredidos el recurrente.

Pidió finalmente se disponga el rechazo, en todas sus partes, del recurso con expresa condenación en costas a la parte recurrente, por obligar a esta parte a litigar Allegó, por medio de su presentación los siguientes instrumentos:

a) Reglamento Interno de la Corporación de Asistencia Judicial de la región del nombre reservado

b) Contrato de trabajo suscrito entre la Corporación de Asistencia Judicial y Luis Mencarini Voisier que corresponde a su ingreso a la Caj en Padre las Casas y modificaciones.

c) Plan de Trabajo de Oficina Familia Temuco, para la atención presencial, aprobado por resolución N° 260/2021, que establece el régimen de turnos en dicha oficina.

d) Copia solicitud de reconsideración de abogado Sr. nombre reservado, mediante correo de fecha 1 de marzo 2022.

e) Copia correo de fecha 12 de enero 2022, respuestas de abogado Sr. nombre reservado.

f) Copia correos de fecha 13 y 14 de enero de 2022 que contienen informe de abogado jefe de Familia Temuco, requerimiento de informe de Director Regional y respuesta de abogado Sr. nombre reservado.

A folio 9 informó don Ricardo Parada Sotomayor, Director regional de la Araucanía de la Corporación de Asistencia Judicial de la región del nombre reservado, de la forma que se indicara en lo sucesivo.

Precisó que la intervención del suscrito respecto de los hechos descritos por el recurrente, ha sido la siguiente:

1.- Con fecha 13.01.2022, recibo correo electrónico remitido por el Abogado Jefe de la Oficina de Familia Temuco, dependiente de esta Corporación, sr. Gonzalo Contreras Boero, en el cual me informa la situación presentada respecto del usuario Sr. nombre reservado, a quien, según indica dicha jefatura, el recurrente se habría negado a atender.

Señala el Abogado Contreras Boero que el caso del usuario referido fue asignado con fecha 25.11.21 , al Sr. Mencarini Voisier de acuerdo a la dinámica habitual de distribución de casos dentro de la mencionada Oficina, no obstante lo cual y según expresó el Sr. nombre reservado en correo de fecha 04.01.22 dirigido a la Jefatura respectiva, no había recibido respuesta de la solicitud de atención electrónicos que había remitido a su Abogado designado para efectos de coordinar la asesoría judicial que éste último debía proporcionarle.

Atendido lo anterior la Jefatura señalada agendó para el usuario y su respectivo Abogado una entrevista presencial para el día 13.01.2022 a las 15:00 hrs, haciendo presente que dicha oportunidad corresponde a la jornada de trabajo presencial el Abogado Mencarini Voisier en la Oficina de Familia Temuco, y habiendo confirmado previamente que la agenda de éste se encontraba con espacio disponible para dicha oportunidad.

Frente a tal situación el recurrente con fecha 12.01.2022 mediante correo electrónico se negó a efectuar la atención presencial, declarando a su jefatura su decisión en orden a “rechazar formalmente la orden de atención”, sin que al efecto presentara una justificación válida de ello. A mayor abundamiento con la misma fecha envía además un correo electrónico al usuario, señalando que respecto a la posibilidad de establecer contacto con éste último “ello no ocurrirá”, sino que correspondía al Sr. nombre reservado, intentar contactos con él.

Es del caso indicar, toda vez que fue relevado por el Sr. Contreras Boero en su presentación a este Director Regional, el particular lenguaje utilizado por el recurrente en su respuesta al primero, calificando la decisión de éste como una “insensatez”, argumentando que en la oficina “trabajan abogados y no obreros bajo el mando de un patrón de fundo”, y haciendo presente que a su respecto “de manera autoritaria” se habría dispuesto de su tiempo.

El Abogado Contreras Boero en su comunicación al suscrito informa además que para solucionar la situación designó a otro Abogado para que asumiera la atención del usuario en referencia, poniendo en mi conocimiento los hechos respectivos, destacando además la agresividad del lenguaje utilizado por el Abogado Mencarini Voisier tanto en sus comunicaciones con dicha Jefatura como en sus contactos con el respectivo usuario.

2.- Frente a la situación descrita, el suscrito el mismo 13.01.22 hace llegar los antecedentes s al Abogado Mencarini Voisier solicitando su informe respectivo.

3.- En forma casi inmediata en la misma fecha, 13.01.2022 el recurrente contesta al suscrito indicando en lo medular lo siguiente:

a) Que no es efectivo que se haya negado a atender al usuario Sr. nombre reservado, acompañando al efecto copia de comunicación dirigida éste ofreciéndole atención a través de vía no presencial o en su defecto en una entrevista presencial fijada para el 13.01,.2022 a las 10:00 hrs.

b) Que su expresión dirigida al Abogado Jefe de la Oficina de Familia en cuanto a que “Lo anterior me basta para rechazar formalmente la orden de atención”, no sería concluyente en orden a determinar que no efectuaría la atención respectiva.

c) Que no existen constancias de intentos infructuosos de comunicación desde el usuario hacia su persona.

d) Que no existen pruebas que ha utilizado un lenguaje agresivo.

4.- Ante el mérito de dicha respuesta el suscrito la hace llegar a su jefatura respectiva a objeto de que ésta planteara las observaciones que pudiera estimar pertinentes, respecto de lo cual éste último reitera lo indicado en su primera presentación, agregando que el hecho de haber el Abogado Mencarini Voisier finalmente establecido contacto no es suficiente para dejar de considerar lo expresado previamente por éste.

5.- Con el mérito de lo anterior, teniendo presente que los hechos descritos implican a juicio del suscrito, tanto un incumplimiento de instrucciones por parte del Sr Mencarini Voisier respecto de su jefatura, como un trato inapropiado dirigido tanto a su jefatura directa y a un usuario, y considerando además que los hechos respectivos quedan claramente establecidos en la documentación existente, lo que haría inoficiosa la instrucción de una investigación sumaria en la materia, este Director regional con fecha 14.01.2022 vía correo electrónico hace llegar los antecedentes al Director General de la institución, los que se acompañaron con el mensaje que paso a transcribir y que reflejan la actitud del suscrito en la materia: “ Estimado Director, junto con saludarle, adjunto me permito hacer llegar a Ud. correos electrónicos y documentos anexos que dan cuenta de una situación que, a juicio del suscrito, constituiría un incumplimiento de instrucciones por parte del Abogado auxiliar de la Oficina de Familia Temuco Sr. Luis Mencarini Voisier , respecto de lo que le fuera requerido por su Jefatura directa , el Abogado jefe de dicha unidad Gonzalo Contreras Boero. La referida situación, implica tanto una negativa del abogado denunciado para otorgar una atención que le fuera agendada por dicha jefatura, como un trato inapropiado de aquel para con éste último, materializado en expresiones que implican una falta de consideración y alteran un adecuado ambiente de trabajo. No obstante, lo anterior es necesario destacar que la Jefatura respectiva adoptó las medidas necesarias a objeto de dar adecuada respuesta a las necesidades del usuario afectado, designando un nuevo profesional a cargo de la respectiva gestión. Considerando lo anterior, y teniendo presente que los antecedentes respectivos se encuentran suficientemente claros, lo que haría inoficioso intentar una investigación sumaria al efecto, me permito poner tales hechos en su conocimiento a objeto de que considere la posibilidad de aplicar al Abogado Mencarini Voisier la medida de amonestación o censura por escrito contemplada en el inciso final del artículo 41 del Reglamento Interno institucional. Lo anterior salvo vuestra mejor resolución. Cordialmente”

6.- En cuanto a la decisión adoptada al respecto por el Director General de la CAJ nombre reservado, afirmó que le era posible entregar información alguna toda vez que escapa de la esfera de mi competencia.

7.- Finalmente indicó que la resolución objeto del recurso fue notificada al Sr. Mencarini Voisier mediante correo electrónico de fecha 01.03.2022 y carta certificada despachada con la misma fecha al domicilio declarado por éste ante la Corporación de Asistencia Judicial. Se hace presente que dicha notificación se hizo efectiva luego de que el Sr. Mencarini Voisier retornara de su feriado legal que se extendió entre el 17.01.22 al 25.02.22 inclusive Adicionó a su presentación copia de los siguientes correos electrónicos:

a) 25.11.21 dirigido por el Sr. nombre reservado a la oficina de Familia Temuco b) 25.11.21 dirigido por la Secretaria de la Oficina de Familia Temuco al Sr. nombre reservado.

c) 04.01.22 dirigido por el sr. nombre reservado al Sr. Gonzalo Contreras Boero.

d) 04.01.22 respuesta del correo señalado en la letra a) anterior e) 12.01.22 dirigido por el sr. nombre reservado median al Sr. Gonzalo Contreras Boero.

f) 12.01.22 respuesta del correo señalado en la letra c) anterior g) 12.01.22 dirigido por el Sr. Luis Mencarini Voisier al Sr. nombre reservado (2 correos)

h) 13.01.22 dirigido por el Sr. Gonzalo Contreras Boero al suscrito.

i) 13.01.22 dirigido por el suscrito al Sr. Luis Mencarini Voisier.

j) 13.01.22 dirigido por el Sr. Luis Mencarini Voisier al suscrito.

k) 13.01.22 dirigido por el Sr. Gonzalo Contreras Boero al suscrito.

l) 14.01.22 dirigido por el suscrito al Sr. Gonzalo Contreras Reyes.

Se ordenó traer los autos en relación.

En la vista de la causa se oyeron alegatos de los representantes del recurrente y de la recurrida.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, reiteradamente, esta Corte ha expresado que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Lo anterior significa que, para que prospere la acción de protección, se requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria.

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto.

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional.

d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEGUNDO: Que el recurrente estima como ilegal y arbitrara la resolución exenta 26/2022 emanada de la Corporación de asistencia judicial de la nombre reservado y suscrita por su director general señor Gonzalo Contreras, en virtud de la que le impone una medida disciplinaria consistente en la censura por escrito, establecida en el artículo 41 letra b) del reglamento interno, por hechos relacionados con un incumplimiento injustificado a una instrucción de su jefatura y se ordena que dentro de tercero día se registre dicha sanción en la carpeta del funcionario que lleva el departamento de recursos humanos de dicha entidad de prestación de servicios jurídicos esencialmente gratuitos.

TERCERO: Que, en cuanto a la ilegalidad, se indica por el recurrente que ella se encuentra dada por cuanto la autoridad que impuso la medida carece de facultades para ello debido a que, en su entender, se trata en este caso sólo de un incumplimiento contractual, tal como, afirma, se lee en la fundamentación de la resolución atacada, y no de una falta, hipótesis que, en cambio sí facultaría al Director General de la entidad para proceder como lo ha efectuado, sin embargo como quedó señalado, estimó el reclamante que, dicho presupuesto que hace operativo la facultad en el caso no concurre. De igual modo, considera, adicionalmente, que menos puede el Director General ordenar la anotación en la hoja de vida personal, pues no hay norma que lo habilite.

En relación a la arbitrariedad, apunta el actor que la resolución ya señalada obedece sólo a un criterio caprichoso, antojadizo, y sin justificación alguna, carente de toda lógica, teniendo en consideración los antecedentes del caso y la resolución final que se adopta. Precisando ello, sostiene que no es efectivo que haya incumplido deberes u órdenes, sino que lo que llevo adelante es cuestionar una orden generada en base a hechos que, estimó, no eran efectivos. Es más, indicó, que tras la respuesta que otorgó a su jefatura directa, escribió al usuario para que se entrevistara personalmente con aquel.

CUARTO: Que, es necesario hacer notar que estima el recurrente que la garantía constitucional privada, perturbada y amenazada lo es aquella relativa al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, del inciso cuarto del numeral 3° del artículo 19 de la carta fundamental, señalando que el Director General se transformó en una comisión especial ya que de manera unilateral y autoritaria aplicó una sanción sin tener facultades ni competencia para dichos efectos.

QUINTO: Que, conviene señalar que la garantía que se estima perturbada se vincula en las palabras de nombre reservado., La Constitución Explicada, pág. 36 que: “El tribunal que juzgue y sentencie cumpla con un doble requisito: que lo haya señalado la ley, y que lo haya establecido con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Que, sin embargo lo previo, no es posible perder de vista, que en el caso no se trata de un enjuiciamiento de carácter civil o penal, sino del ejercicio de las facultades disciplinarias de que están investidos ciertos órganos de la administración del Estado, de forma que aquellas no son impuestas por entes que ejerzan jurisdicción en los términos por ejemplo del artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, sino que recaen en determinadas jefaturas, personas o entidades, en el contexto ello del derecho administrativo, tal es así, por ejemplo que al interior del Poder judicial, la disciplina a la que están sometidos sus integrantes, y la transgresión a sus deberes, es posible de ser ejercida por distintos entes, dependiendo ello del funcionario o empleado de quien se trate, así los propios jueces pueden aplicar directamente medidas disciplinarias de baja entidad, o dar paso a investigaciones conforme al acta 108-2020 (artículo 3° inciso final) de la Excma. Corte Suprema, determinándose que luego de la investigación que se lleve a efecto, sea el órgano resolutor quien decida acoger o no la propuesta de sanción del investigador, sin que por ello, quien investiga, sanciona o absuelve, se erija en una comisión especial, de esta, que no siendo habiéndose controvertido que el recurrente es un funcionario público, aquel se encuentra sometido a las potestad disciplinaria de sus superiores. Ello guarda relación con lo reglado en el artículo 7 de la ley 18.575 que expresa: “Artículo 7º.- Los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el superior jerárquico”. Cuestión que además se vincula con el artículo 11 de dicho mismo cuerpo normativo: “Artículo 11.- Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia.

Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones”.

De igual manera cabe recordar, en este punto, que conceptualmente es posible concebir la potestad disciplinaria, como el deber que tienen todos los órganos e instituciones públicas de mantener y restablecer el orden, la disciplina y la moralidad que incumbe conservar a todo aquél que preste sus servicios al Estado como servidor público.

Para ello, se encarga, como es consabido generalmente a funcionarios jefe o quienes encabezan los servicios a fin de que lleven adelante, mediante determinados procedimientos, la imposición de sanciones que se encuentren previamente establecidas por hechos que afecten precisamente el orden, la disciplina y la moralidad de la función pública.

SEXTO: Que, la persona jurídica recurrida, tanto a través de su Director Regional como de su Director General, informaron el recurso interpuesto, en los términos que se han reproducido en la parte expositiva de esta resolución judicial, estimando que no existe arbitrariedad alguna desde que se ha obrado fundadamente y menos ilegalidad, en atención a que, la sanción ha sido impuesta por el jefe superior del servicio, luego de escuchar al sancionado, apreciando los antecedentes reunidos y de conformidad ello con el artículo 41 del Reglamento interno de la citada Corporación.

SEPTIMO: Que, surge, desde la perspectiva fáctica que existen hechos que, no se encuentran controvertidos, cuales son que:

a) Que el recurrente es abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, desde el año 2006 y particularmente desde el año 2010, presta sus servicios en la oficina de familia de dicha corporación gubernamental en la ciudad de Temuco, en la que fundamentalmente, le corresponde otorgar asesoría jurídica gratuita a los usuarios que la requieran.

b) Que, quien ejerce como abogado jefe de dicha oficina de Familia, es el abogado Gonzalo Contreras B.

c) Debido a que el Sr. nombre reservado, requirió asesoría jurídica especializada le fue asignado para esos efectos, en noviembre del año 2021, el señor nombre reservado., sin embargo, ello aquel, manifestó por correo electrónico tener dificultades para contactarse con el abogado que le fuera determinado, por lo que el día 12 de enero de la presente anualidad se le informa que será el abogado quien tomaría contacto con aquel, lo que fue copiado al correo del recurrente.

d) Que con fecha 12 de enero del año en curso, tal como admite el recurrente, respondió- a las 13:08 hrs. al usuario y al consultorio, entendemos a su jefe directo- en lo sustancial que, no tomaría contacto con el usuario como a este le informaron desde el consultorio, aduciendo entre otras razones que el procedimiento era el inverso y que no había recepcionado correo u otros antecedentes de parte del señor nombre reservado.

e) Ese mismo día, pero a las 16:12, y ante la respuesta de quien había sido instruido para contactar al usuario señalado, el consultorio le envió a este último con copia al señor nombre reservado., otra comunicación en la que se le indica que debido a sus problemas para comunicarse por medios tecnológicos con el abogado asignado a su caso, es que se le solicita concurra presencialmente a la oficina de familia el día 15 de enero del año 2022 a las 15:00 horas para entrevistarse personalmente con el letrado ya señalado.

f) Posteriormente, dicho día a las 16:50 horas, el señor nombre reservado. envía una comunicación al usuario, consultorio y a la Dirección Regional de la C.A.J., en que en lo pertinente expresó que debido a que el día y hora de la citación habría un alta temperatura, le parecía insensata la citación del usuario, aludiendo igualmente a aumentos de contagio, como a que, debía atender otras funciones de su cargo y que aquel no tenía problemas para escribir su correo, de manera que ello determinó su señalamiento en orden a “Lo anterior me basta para rechazar formalmente la orden de atención”.

En la misma misiva hizo alusión, a otras cuestiones, entendemos relacionadas a clima laboral, como su parecer el ejercicio autoritario de quienes dispone del tiempo y disponibilidad de otros y su consideración en punto a que, en el lugar trabajaban abogado y no obreros.

g) Que, debido a ello el abogado jefe de la oficina de Familia de C.A.J de esta ciudad, se comunicó con el Director Regional de la Araucanía con fecha 13 de enero del corriente, dando cuenta de los sucesos y de la negativa del letrado para atender al usuario ya señalado, de igual forma, se precisó que se le informó que, debido a dicha circunstancia, se le asignaría otro profesional, el señor José Raúl Patiño.

h) Adicionalmente, se exteriorizó por el recurrente que el mismo día 12 del mes de enero del año en curso, envió- a las 16:55- una comunicación al señor nombre reservado (el usuario), en la que se le invitaba a concurrir, si es que era necesario luego de completar y enviar un formulario, el día 13 de enero de 2022 a las 10:00 horas, con el fin de que sufra los padecimientos de la alta temperatura.

i) El 13 enero de 2022, luego del correo que el recurrente recibiera, señalado en la letra g) anterior, procedió a contestar al señor Director Regional, don Ricardo Parada, indicando en lo sustancial, que no era efectivo que haya negado la atención, argumentando que escribió directamente al usuario.

j) El día 14 de enero del presente año el señor Ricardo Parada remitió los antecedentes, correos electrónicos que le hicieran llegar tanto el señor nombre reservado como el señor nombre reservado, al Director General de la entidad, debido a que consideró que ellos daban cuenta de un incumplimiento de instrucciones por parte de quien recurre respecto de su jefatura, como un trato inapropiado tanto su jefatura como a un usuario, y considerando para ello que los hechos quedaban claramente establecidos con la documentación allegada, es que estimó inoficiosa una investigación sumaria.

k) Que el 18 de enero del año en curso, se dictó la resolución 26/2022 emanada del señor Director General de la CAJ nombre reservado que impuso, por los fundamentos que en ella se expresa, al recurrente la medida disciplinaria de censura por escrito y ordenó su registro en la carpeta del funcionario.

l) Ella, le fue notificada al sancionado con fecha 1 de marzo del año 2022 a su correo institucional y por carta certificada.

m) Ese mismo día, vale decir, el día 1 de marzo el recurrente solicitó a la misma autoridad de la que emanado la citada resolución sancionatoria la dejara sin efecto, por argumentos simulares a los vertidos en este recurso, muy particularmente por estimar que no negó la atención al usuario ya comentado y por cuanto lo imputado es un incumplimiento contractual y no una falta, de manera de que, siendo de esa forma quien lo sancionó no poseería habilitación legal para ello conforme a la norma del artículo 41 b) del reglamento interno de la Corporación señalado.

OCTAVO: Que, es indubitado además que lo pretendido de ilegal y arbitrario, resulta ser la resolución exenta 26/2022 de fecha 18 de enero del año en curso emanada del Sr. Gonzalo Contreras Reyes, Director General de la CAJ Bio bío.

NOVENO: En relación con la arbitrariedad. Aquella que enarbola el recurrente dice relación, en su perspectiva, con que dicha resolución “obedece a un criterio caprichoso, antojadizo y sin justificación alguna, carente de toda lógica en consideración los antecedentes y resolución final que se adopta”. De igual modo sostuvo que, en definitiva, no existió de su parte incumplimiento de deberes ni órdenes, y que tan solo se limitó a cuestionar una orden en base a hechos que no eran efectivos.

DÉCIMO: Corresponde examinar la citada resolución con el objeto de establecer por esta vía de amparo constitucional si aquella, resulta carece de fundamentación, caprichoso, sin justificación alguna.

Es menester para ello señalar que, en lo fundamental, en cuanto a lo fáctico la misma recoge gran parte de aquellas cuestiones que se han establecido como indubitadas con precedencia, por cuanto emanan de comunicaciones de correo electrónicos intercambiados por el recurrente con, en general, quienes ocupan cargos de jefatura en la organización pública en la que se desempeña, de manera que, en esa primera mirada no surge como un acto que no posea antecedentes que permitan razonar en la traza en que se inserta aquella( incluso si no se comparten esas fundamentaciones), es decir, no es posible sostener que, se trata de un actuación que nace en la autoridad que la emite por emanar de su sola consideración o deseo, sino motivada precisamente por los antecedentes que puso a su disposición el señor Director Regional de la CAJ de la Araucanía, quien además le propone una forma de actuar, habida consideración de que siendo oído el señor nombre reservado, su proceder de todas formas le pareció reprochable.

Luego, es valioso apuntar que dicha resolución posee trece consideraciones, muchas de las que recogen las comunicaciones que se intercambiaron, fundamentalmente entre el señor nombre reservado. y el señor nombre reservado., algunas copiadas incluso al correo del usuario señor nombre reservado, y otras dirigidas al señor nombre reservado, de forma ella que parece a este Tribunal de Alzada que emana manifiesto de ello, que en el caso, si existen antecedentes que consideró el señor nombre reservado, varios de ellos incluso corresponden a comunicaciones que el propio recurrente generó.

Luego, la propia resolución recurrida establece como indubitado que, el jefe directo del reclamante dispuso que aquel recibiera en entrevista presencial al señor nombre reservado, quien requería atención en materia de familia, fijando para ese efecto el día 13 de enero a las 15:00, sin embargo mediante senda comunicación electrónica copiada a dicho usuario aquel contestó al señor Gonzalo Contreras, que por las razones que expuso, ello era bastante para rechazar formalmente la orden de citación, como asimismo y previamente, y de igual modo, en respuesta igualmente al señor nombre reservado, respondió al usuario que contrariamente a lo que se le había informado no tomaría contacto por correo electrónico, sino que ello debería hacerse de manera inversa.

De la forma descrita anteriormente, el señor Director General consideró con esos fundamentos que efectivamente, y considerando el informe que le fue requerido al señor nombre reservado., que lo asentado previamente “evidencia de su parte una actitud de desobediencia al cumplimiento de instrucciones entregadas por su jefatura directa, para realizar una atención dentro de lo que son sus funciones de atención y asesoría, dentro de su jornada de trabajo y conforme al plan de su unidad, establecida justamente para avanzar en la presencialidad, siendo su negativa, absolutamente injustificada, pues no contiene elementos por los cuales puede representase o impugnarse el requerimiento efectuado por la jefatura, quien obviamente tiene las facultades para establecer coordinaciones y agendamientos dentro de la oficina respectiva”( motivación 8° de la resolución recurrida).

De igual forma, en la consideración novena, el recurrido se hace cargo los argumentos vinculados a temperatura y avance de la pandemia que habría esgrimido el recurrente para desestimar lo ordenado expresando que dichas alegaciones corresponden sean evaluadas por la jefatura, y que en cuanto a lo segundo no existía a esa fecha ninguna disposición sanitaria que ordenase restringir la atención presencial, es decir se hace cargo de la posición argumental de aquel, no la desatiende.

Del mismo modo, justifica la resolución normativamente, estableciendo que el recurrente se obligó a efectuar las tareas propias de sus funciones, patentando además que el abogado jefe posee la faculta de coordinar, fiscalizar y controlar la labor del personal de los consultorios.

Entendemos que, conforme a lo previo, no aparece que la determinación contenida en la resolución atacada por esta vía constitucional sea una que carezca de fundamentos, pues la misma los contiene, tanto desde la perspectiva de los hechos como del derecho, para decidir de la forma en que se hizo, por lo que es consecuencia de ello que lo obrado no es emana de un mero proceder caprichoso e infundado, por lo que no es factible compartir en este punto la pretensión de arbitrariedad de la resolución recurrido.

UNDECIMO: En cuanto a la ilegalidad. Ella se ha centrado en que, quien dispuso la sanción no posee facultades para ello, ya que-indica el señor nombre reservado.-sólo es procedente cuando el fundamento del castigo es una falta y no, como pretende en su caso, un incumplimiento contractual, y menos puede disponerse la anotación en la hoja personal, pues la norma del artículo 41 del reglamento no faculta para ello.

Es necesario, aun cuando no aparece discutido señalar que, en perspectiva de esta Corte, lleva la razón el señor Director General, cuando afirma que atendida la regulación legal de la Corporación que encabeza aquella integra la Administración del Estado, como también en lo concerniente a que, al jefe superior del Servicio le corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria, ello en armonía con lo regulado por la Ley 18.575, particularmente en sus artículo 31 y siguientes, de forma ella que, en este aspecto la autoridad de la que ha emanado la sanción es precisamente la llamada a efectuarlo, lo que además guarda relación con el reglamento interno de dicha entidad pública.

De la misma manera, es manifiesto que el reglamento interno, de orden higiene y seguridad de la CAJ nombre reservado, del año 2015, incluidas sus modificaciones, no define en particular en su artículo 41 lo que es una falta. Sin embargo, las circunstancia del caso, naturalmente se encuadran dentro del contexto administrativo y por lo tanto, es razonable patentar que ellas se refieren a transgresiones o incumplimiento de los cuales pueda emanar responsabilidad administrativa y por lo tanto, es pertinente sostener que, la negativa a cumplir una orden que se emana para la consecución de los fines del órgano o entidad pública, como en el caso, significa que dicha actividad entraba y niega la finalidad pública para que se creó el servicio y trasciende al mero incumplimiento contractual, lo que se desprende de manera nítida de la resolución que dispuso la sanción, ya que no emana de ella un mero voluntarismo vinculado a preservar una estructura jerárquica como valor inmanente, sino que lo reprochado es imposible de escindir de que, el hecho de la negativa ya señalad, fue comunicado incluso al correo del usuario, y conllevó, a que la Corporación tuviese que disponer de otro abogado para atender el requerimiento del señor nombre reservado, y ello incluso más allá del correo que le enviará el recurrente directamente ( es posible vislumbrar objetivamente la confusión que se pudo generar en el ciudadano producto de informaciones cruzadas).

A lo que cabe añadir, que como es consabido, y tal cual en otros ordenes públicos no existe, en el caso de la Corporación de Asistencia Judicial un catálogo de conductas ilícitas administrativamente reprochables sino que ello debe reconducirse al cumplimiento de los deberes del cargo que cada funcionario compete, y por lo tanto, es natural sostener que incumple, deja de cumplir o falta a sus deberes, quien estando obligado a ello, deja de ejecutarlos, y apreciados los antecedente allegados a este procedimiento constitucional, conforme a la sana critica, ello parece verificado en dos fases, negarse a tomar contacto por correo electrónico con el usuario, y más trascendente a ello, emitir negativa por escrito a una orden que disponía atender al señor nombre reservado.

No hace variar, lo último señalado, la circunstancia hecha valer por el recurrente, en torno a que luego de enviar una comunicación a su jefatura directa expresándole que rechazaba la orden de atención, le transmitió una comunicación al señor nombre reservado, refiriéndole que le enviara completado un formulario y que si luego de ello, consideraba necesaria la atención presencial que concurriera, pues en modo alguno la jefatura directa pudo conocer aquello ya que, como se afirmó, sólo se dirigió dicha comunicación al usuario, y con posterioridad a comunicar que rechaza formalmente la orden de atención.

Con lo que se viene expresando, parece atendible que conforme al sentido y alcance que se ha propugnado para la voz falta contenida en el artículo 41 del reglamento interno, no aparece que la sanción haya emanado de autoridad no facultada, puesto que precisamente el inciso segundo, en su actual versión el articulo ya mencionado, prevé la facultad para el Director General para amonestar y censurar por escrito a cualquier funcionario por falta que cometiere en el desempeño de sus funciones, supuesto factico que parece concurrente en el caso, conforme a lo señalado precedentemente, de forma ella que dicho proceder no parece ilegal a la luz de lo argumentado.

DUODECIMO: Que, es corolario de lo que antecede que no concurre, en la especie, el requisito de la letra a) del basamento primero anterior, en tanto cuanto, no se divisa la existencia de un acto arbitrario o ilegal, o arbitrario e ilegal, por los motivos que se han expresado en los considerando décimo y undécimo precedentes, lo que por sí mismo constituye ya un motivo que permite desestimar el recurso intentando.

DÉCIMO TERCERO: Sin perjuicio de la suficiencia de lo previo a fin de sostener una denegatoria de lo requerido por el recurrente, a mayor abundamiento, es necesario señalar que, de la manera en que razonadamente se han expuestos los argumentos anteriores, es decir, considerando que el Director General de la CAJ nombre reservado, procedió conforme es la autoridad superior del servicio u organismo, y por lo tanto, se encuentra facultado para ejercer la facultad disciplinaria, cuestión que por lo demás le reconoce el reglamento interno en su letra h) parte final, al disponer que: ”En uso de sus atribuciones podrá, imponer las medidas disciplinarias que procedan, dando oportuna cuenta al Consejo Directivo”.

De esa forma, habiéndose dado por acreditado, luego de ponderar los antecedentes, fundamentalmente escritos y oído que fue el sancionado ( es más pende una reconsideración), el citado Director concluyó razonadamente que aquel incumplió injustificadamente en una instrucción de su jefatura, lo que se encuentra naturalmente en línea con en el concepto de falta administrativa desde que, como en el caso, aquello impidió prestar en el caso específico el servicio para el que, precisamente, fue creada la entidad pública de que se trata, de forma ella, que esta perspectiva no se avizora que el recurrido se haya constituido en una comisión especial, al margen de la ley y de la normativa interna, que el propio recurrido ha aceptado como elemento regulatorio del espacio profesional en donde presta servicio jurídicos, lo que naturalmente, y de igual forma que aquello que antecede, muestra que menos se afectó la garantía constitucional citada por quien ha procurado protección constitucional.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el letrado señor Luis Mencarini V. interpuesto en contra de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío.

Déjese sin efecto la orden de no innovar concedido a folio 3.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Rol Protección N°2357-2022. (sac)