nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

C.A. de Temuco Temuco, uno de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. (AFP PLANVITAL), representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 05 de enero de 2026, mediante el cual la recurrida rechaza solicitud de retiro de fondos para extranjero -asociada a la solicitud N° 166319-, pidiendo que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que la afiliada solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, la cual establece una exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros. Con fecha 05 de enero de 2026, la AFP le notificó vía correo electrónico el rechazo del requerimiento fundado en dos motivos: No haber acompañado un certificado o constancia de afiliación válido, vigente, susceptible de validación y debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Existencia de una "doble manifestación de voluntad" en el contrato de trabajo, toda vez que la cláusula décima dispone que cotizará en el sistema chileno, mientras que la cláusula decimotercera señala que mantendrá la afiliación en el extranjero.

Expone que la entidad previsional no fundamenta correctamente el motivo del rechazo, rechazando sin más trámite ni motivación e incurriendo en una "interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales.

Sostiene que cumplió íntegramente con los requisitos legales. Explica que, ante el hecho de que la constancia consular física se encuentra vencida debido a que no existen relaciones diplomáticas entre Venezuela y Chile, se anexó la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Enfatiza que dicha constancia cuenta con un código de verificación alfanumérico (N° 901a[cuenta reservada] y N° 44a115383-2026009) que puede ser verificado y validado de una simple búsqueda en la web oficial del IVSS o a través del motor Google. Añade que, para mayor abundamiento, se incorporó una declaración jurada ante notario público chileno con firma electrónica avanzada, debidamente apostillada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Respecto al pago de cotizaciones en Chile, aclara que este obedece a una cultura de evitar posibles sanciones futuras por parte de los organismos encargados de la fiscalización laboral por parte de los empleadores chilenos, circunstancia que no depende de la sola voluntad del trabajador y que carece de aplicación práctica para negar el beneficio previsional.

Cita las disposiciones de los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, argumentando que el texto legal exige únicamente que el técnico se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen -que cubra vejez, muerte, enfermedad e invalidez- y que exprese en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación, extremos que se acreditaron plenamente. Cita jurisprudencia que estima aplicable en la especie.

Hace presente que el recurso se interpone dentro del plazo de 30 días corridos dictaminado por el Auto Acordado regulador aplicable, contado desde la notificación del acto lesivo.

Señala que el acto de la AFP es arbitrario por manifestarse de un modo antojadizo, instintivo, inmotivado. Arguye que la recurrida incorpora por vía administrativa exigencias que la ley especial no estipula, vulnerando el artículo 18 del Código Civil.

Destaca que es un hecho de público conocimiento la falta de representación diplomática venezolana en Chile. Invoca el artículo 45 del Código Civil bajo la máxima de que a lo imposible nadie está obligado. Añade que la obtención de documentos apostillados está fuera de la esfera del administrado y depende de las relaciones de los Estados, por lo que debe operar como un eximente y no como una barrera.

Afirma que la conducta de la administradora previsional vulnera las garantías constitucionales de Igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, debido al trato desigual y excluyente que sufre la afectada en comparación con otros solicitantes que, ante las mismas circunstancias documentales, sí han obtenido respuestas favorables; Al derecho de propiedad, toda vez que los dineros acumulados en su cuenta de capitalización obligatoria son de su exclusiva titularidad, constituyendo el rechazo una retención injustificada de sus ahorros previsionales; y al artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, al imponerse condiciones y trabas formalistas que impiden el libre y legítimo ejercicio de los derechos garantizados.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; Cédula de identidad para extranjeros; Declaración jurada ante notario público y apostillada, constancia electrónica de cotizaciones; Constancia electrónica de cotizaciones, vigencia mes de enero 2026; Solicitud de afiliación ante el IVSS fecha 22 diciembre 2017; Título profesional apostillado, que acredita profesión; Contrato y anexos de contrato de trabajo.; Documento que acredita actual domicilio.

A folio 9, comparece don Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de la recurrida ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., quien evacúa el informe requerido, solicitando la acción de protección sea rechazada en todas sus partes y con expresa condena en costas, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Expone que con fecha 30 de diciembre de 2025, la recurrente ingresó una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156. No obstante, la revisión de la Administradora permitió constatar que la documentación "no cumple con los requisitos concurrentes exigidos por la normativa vigente, presentando deficiencias sustanciales que impiden dar curso favorable a la solicitud", verificándose el incumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Sostiene que ninguno de los documentos acompañados por la actora cumple con los estándares del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones: La constancia Consular, emitida con fecha 20 de octubre de 2023, conforme al formato oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuenta con una vigencia de 120 días, por lo que se encontraba vencido al momento de la solicitud ingresada y no acredita vigencia actual; la declaración jurada, constituye un documento unilateral, emitido por la propia parte interesada, careciendo de valor probatorio por cuanto la acreditación de cobertura es materia de seguridad social y solo la autoridad del país de origen puede certificarla; La constancia electrónica de cotizaciones carece de firma autorizada, no ha sido legalizada ni apostillada, limitándose a realizar una referencia genérica a la Ley del Seguro Social venezolana, sin acreditar una cobertura real y efectiva por todos los riesgos contemplados (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) durante el periodo trabajado en Chile; Advierte que la solicitud de afiliación acompañada en el recurso tampoco es una certificación de afiliación y coberturas propiamente tal. Afirma que aceptar antecedentes defectuosos generaría un trato desigual respecto de otros solicitantes que sí han cumplido con las formalidades exigidas.

Precisa que el contrato de trabajo con la empresa Astara Chile SpA contiene dos estipulaciones contradictorias. Por la cláusula décima, la trabajadora explicita su "decisión de cotizar en el régimen previsional chileno", mientras que por la cláusula decimotercera expresa su voluntad de mantener la afiliación venezolana.

Arguye que se desprende la existencia de una doble manifestación de voluntad contradictoria, la cual resulta jurídicamente incompatible, configurando una manifestación ambigua y contradictoria que impide la devolución de fondos. Añade que la manifestación no puede realizarse una vez finalizada la relación laboral, pues esa declaración es extemporánea, conforme a los Oficios Ordinarios N° 18656, N° 11653 y N° 7848 de la Superintendencia de Pensiones, criterio validado por la Excma. Corte Suprema en sentencia Rol N° 238.255-2023.

En cuanto al derecho, sostiene que el rechazo no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que la Administradora actuó obligada por el marco normativo de la Superintendencia de Pensiones (cita artículo 2° del D.F.L. N° 101 de 1980, artículo 94 del D.L. N° 3.500 y artículo 47 de la Ley N° 20.255). Destaca que las instrucciones del órgano regulador son de cumplimiento obligatorio y su aplicación no es discrecional, sino obligatoria y vinculante.

Recuerda que la exención de la Ley N° 18.156 modifica la regla general de obligatoriedad del sistema chileno, por lo que debe ser interpretada restrictivamente, aplicándose únicamente en los casos y bajo las condiciones expresamente previstas por el legislador.

Reitera que, conforme al Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025, no basta una cartola genérica de cotizaciones, sino una certificación específica apostillada por la autoridad competente. Descarta el valor de las declaraciones juradas y de las certificaciones notariales que solo constatan un documento en línea.

Enfatiza que el rechazo no implica que la afiliada pierda la propiedad de sus fondos, sino que conserva la titularidad sobre los mismos y podrá disponer de ellos conforme a las reglas generales del sistema previsional al momento de pensionarse bajo el D.L. N° 3.500.

Sostiene que el acto impugnado no es una decisión definitiva ni genera indefensión, sino un acto administrativo subsanable (Corte Suprema, Rol N° 54.783-2024, fallo de 8 de mayo de 2025), manteniendo la recurrente incólume la posibilidad de completar los documentos y volver a presentar su petición por el cauce correspondiente.

Concluye que la actora no ostenta un derecho indubitado, sino a lo sumo una expectativa o germen de derecho" condicionado (Corte Suprema, Rol N° 30.169-2025), siendo el recurso de protección una vía improcedente para impugnar actos intermedios o trámites administrativos cuando existen mecanismos y vías ordinarias específicas fijadas por el legislador y la autoridad regulatoria.

Adjunta a su presentación: Oficio Ordinario N°12.954, N°11653, N°18.656,N°21.750, todos emitidos por la Superintendencia de Pensiones; Sentencia Corte Suprema Rol N°54783-2024 de 08 mayo de 2025; documentación acompañada a la solicitud por la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

CUARTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

Así ha sido resuelto recientemente por esta Corte de Apelaciones en fallos sobre Protección Rol 4198-2025; 3801-2025; 4217-2025, todos los cuales han sido confirmados por la Excma. Corte Suprema.

QUINTO: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección, deducido por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por estimar que no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitraria, que constituya amenaza o afectación de sus derechos fundamentales.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol N° Protección-234-2026.(jog)