nombre reservado con CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA

C.A. de Temuco Temuco, ocho de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece nombre reservado, Abogado, en representación convencional, como se acreditará, de don nombre reservado, Receptor nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de la ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA, representada legalmente por su presidente, don nombre reservado, o quien lo subrogue o reemplace, por la acción arbitraria e ilegal consistente en la dictación de la resolución disciplinaria (NO JURISDICCIONAL), de fecha 13 de marzo de 2023, mediante la cual se confirma la sanción de AMONESTACION PRIVADA aplicada al recurrente por el 1° Juzgado Civil de Osorno, con fecha 13 de febrero de 2023, en virtud de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

I.- DE LOS HECHOS:

1.- Con fecha 16 de diciembre de 2022, ingresa al 1° Juzgado Civil de Osorno el Exhorto Rol: E-2280-2022, proveniente del 20° Juzgado Civil de Santiago, el cual tenía por objeto constatar, mediante un Receptor nombre reservado, la efectividad de que el inmueble subastado en la causa de origen ROL: C-32708-2018, se encontraba ocupado por el ejecutado y sus dependientes, fijándose por el tribunal exhortado el plazo de un mes para la realización de la gestión.

2.- Con fecha 16 de enero de 2023, se solicita por la parte requirente una prórroga del plazo para la realización de la gestión, la que se basa en la alta carga laboral del único receptor judicial que se encontraba en funciones durante el mes de enero, el recurrente, don nombre reservado Rudolphy Melián, la que es concedida por el tribunal mediante resolución de fecha 17 de enero, por el termino de 30 días.

3.- El día 18 de enero de 2023, a las 16:48 horas, el recurrente procede a realizar la gestión encomendada, dejando constancia de ella en el expediente con fecha 21 de febrero de 2023.

4.- Con fecha 21 de enero de 2023, el abogado de la ejecutada, don Franco Díaz Guerra, denuncia un supuesto abuso grave por parte de mi representado en el cumplimiento de la gestión encomendada, alegando infundadamente supuestos malos tratos y no cumplir con el plazo de 2 días para ingresar la constancia de la gestión a carpeta electrónica establecido en el artículo 9° de la ley 20.886.

5.- Con fecha 13 de febrero de 2023, SIN INICIAR UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CONFORME LO ESTABLECE EL AUTO ACORDADO 108-2020 DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA, el Juez del 1° Juzgado Civil de Osorno, don Raúl Ramírez López, en el ejercicio de sus potestades correctivas, aplica al recurrente la medida disciplinaria de amonestación privada, “por no haber agregado a la carpeta electrónica, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en la que se practicó la diligencia, el testimonio de la actuación realizada el 18 de enero de 2023”.

6.- Frente a dicha sanción, el recurrente interpuso un recurso de apelación para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del auto acordado 108-2020, el que fue rechazado por el pleno del tribunal con fecha 13 de marzo de 2023, bajo el siguiente tenor:

“Vistos:

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Acta N°108-2020 de la Excma. Corte Suprema, se CONFIRMA, la resolución apelada de trece de febrero de dos mil veintitrés. Acordado contra el parecer de la Ministra señora María Soledad Piñeiro Fuenzalida, quién estuvo por otorgar al señor nombre reservado la posibilidad de defenderse”.

7.- Finalmente, con fecha 24 de marzo de 2023, se solicitó a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, en virtud del derecho de petición consagrado en el artículo 19N°14 de la Constitución Política de la República, hacer uso de sus facultades oficiosas para anular la resolución recurrida, y en su lugar disponer que se deje sin efecto la sanción interpuesta en su contra, sin embargo, dicha solicitud fue rechazada de plano por el tribunal con fecha 28 de marzo de 2023.

ACTO ARBITRARIO E ILEGAL. - El acto arbitrario e ilegal contra el cual se recurre, es la RESOLUCIÓN DE CARÁCTER DISCIPLINARIA (NO JURISDICCIONAL), de fecha 13 de marzo de 2023, mediante la cual el pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, en el ejercicio de sus potestades correctivas, confirma la sanción de amonestación privada aplicada por el Juez del 1° Juzgado Civil de Osorno, don Raúl Ramírez López, con fecha 13 de febrero de 2013, al recurrente, el Receptor nombre reservado de la Jurisdicción de Osorno, don Guillermo Andrés Rudolphy Melián, sin la existencia de un procedimiento disciplinario, como se establece en el auto acordado 108-2020 de la Excma. Corte Suprema.

Es importante recalcar que el acto recurrido NO TIENE LA NATURALEZA DE UNA RESOLUCIÓN nombre reservado, a pesar de tratarse de un acto dictado por el pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, sino que es un acto de NATURALEZA DISCIPLINARIA, amparado en las denominadas facultades correctivas que la ley le entrega a los tribunales de justicia. Sin ir más allá, el título XVI del Código Orgánico de Tribunales, denominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales.”, regula el ejercicio de esta potestad.

Bajo este entendido, la resolución disciplinaria emitida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia es el acto mediante el cual la sanción aplicada al recurrente queda firme y se pone termino al procedimiento disciplinario, agotando la etapa de impugnación, ya que el recurso de apelación para ante el superior jerárquico es el único medio de impugnación contemplado para este caso en el auto acordado (artículo 13).

DE LAS ILEGALIDADES COMETIDAS. - INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL AUTO ACORDADO 108-2022 PARA INVESTIGAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS INTEGRANTES DEL PODER nombre reservado.

A.- SOBRE EL AUTO ACORDADO 108-2022. AMBITO DE APLICACIÓN. - El auto acordado 108-2022, de la Excelentísima Corte Suprema, establece las bases de los procedimientos sancionatorios que se suscitan dentro del poder judicial, para la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 531 y 537 del Código Orgánico de Tribunales, consagrando el artículo 1° de dicho auto acordado que “La presente normativa tiene por objeto reglamentar el ejercicio de las facultades disciplinarias que la ley entrega a los tribunales y órganos del Poder nombre reservado, que se pueden ejercer respecto de toda persona sujeta a la superintendencia disciplinaria de la Corte Suprema y a la potestad disciplinaria de las cortes de apelaciones y demás órganos del Poder nombre reservado, en especial, aquellas que pueden culminar en la aplicación de alguna de las sanciones previstas en los artículos 532 y 537 del Código Orgánico de Tribunales; e implementar un régimen disciplinario que, ante las faltas a los deberes o infracciones a las prohibiciones que las rigen, incluya aspectos mínimos de objetividad, dentro de un procedimiento que asegure las garantías propias del debido proceso.

Por su parte, en lo que respecta a los funcionarios sujetos al presente procedimiento, conforme al artículo 3°, este resulta aplicable a Los ministros y las ministras de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones, jueces, juezas, auxiliares de la administración de justicia y demás personas que cumplen funciones en el orden judicial, sujetas a la superintendencia disciplinaria de la Corte Suprema y a la potestad disciplinaria de las cortes de apelaciones y demás órganos del Poder nombre reservado.

Sin ir más allá, es el mismo acto recurrido de fecha 13 de marzo de 2023 el que reconoce la aplicación del presente Auto Acordado, ya que, al confirmar la aplicación de la sanción al recurrente, resuelve lo siguiente: “Atendido lo dispuesto en el artículo 3° del acta N°108-2020 de la Excma. Corte Suprema, se CONFIRMA, la resolución apelada de trece de febrero de dos mil veintitrés”.

De esta manera, si bien el razonamiento del tribunal es acertado en cuanto reconoce la aplicación del auto acordado 108-2022 al caso de marras, ya que como se puede apreciar, este es el procedimiento aplicable para perseguir la responsabilidad disciplinaria de los receptores, en cuanto a auxiliares de la administración de justicia, erra en cuanto confirma la resolución recurrida, ya que en el presente caso no se aplicó el procedimiento establecido en el mencionado auto acordado, debiendo hacerlo, como se dirá a continuación.

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.

El auto acordado distingue, en su artículo 10, entre tres tipos de procedimientos para investigar eventuales sanciones disciplinarias, correspondiendo en este caso aplicar el procedimiento de aplicación general establecido en la letra a) de dicho artículo, el que será aplicable a todos los asuntos que se ventilen en los juzgados y cortes del país, con excepción de aquellos que hayan sido creados en los procesos de reforma procesal penal, de familia y laboral. Este procedimiento, en líneas generales, se compone de tres etapas a saber: instrucción, resolución e impugnación, sin que en este caso se diera cumplimiento en lo absoluto a ninguna de las etapas consagradas en el presente auto acordado.

INCUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN. NO SE INSTRUYÓ EL PROCEDIMIENTO COMO EN DERECHO CORRESPONDE. NO SE DESIGNA A PERSONA INSTRUCTORA.

Una característica básica de este procedimiento disciplinario es la existencia de una investigación a cargo de un instructor, lo que da garantías mínimas de objetividad, al no dejar en manos de la persona facultada para aplicar la sanción, también la investigación de los hechos; lo que no ocurrió en este caso, ya que es el mismo juez quien investiga y sanciona a mi representado.

Así, el artículo 14 del auto acordado señala que “En la resolución que disponga la investigación, se designará a la persona que instruirá el proceso indagatorio, poniendo a su disposición las facilidades y recursos necesarios para desarrollar debidamente su cometido.”

Agregando en su inciso 3°, que “La substanciación de las investigaciones para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria corresponderá a un o una fiscal judicial de la corte respectiva, cuya designación se efectuará en cada caso mediante una distribución centralizada, objetiva y aleatoria por el sistema informático. Para tal efecto, el respectivo órgano resolutor ingresará de inmediato la resolución que ordena la instrucción de investigación disciplinaria y los antecedentes completos de la misma en el sistema informático de tramitación de las investigaciones disciplinarias a que se refiere el artículo 21 de este auto acordado.”

NO EXISTE FORMUALCIÓN DE CARGOS.

Un aspecto fundamental en todo proceso disciplinario y/o sancionatorio, es la formulación de cargos, en los que se ponga en conocimiento del inculpado las eventuales falta e infracciones cometidas, así como los fundamentos de hecho que sirven de base para la acusación, constituyendo una pieza esencial en cualquier procedimiento disciplinario, garantizando de esta esta manera que el investigado pueda ejercer correctamente su derecho a la defensa.

Sobre este punto, el auto acordado establece la obligatoriedad de formular cargos o absolver al funcionario una vez agotada la etapa de investigación (artículo 22 inciso 3°), señalando de manera detallada en su artículo 23, los requisitos con los que debe contar la formulación de cargos, señalando lo siguiente Artículo 23. Formulación de cargos. La formulación de cargos deberá contener en forma clara y precisa:

a) La individualización de la o las personas investigadas;

b) La relación de los hechos atribuidos y la ponderación o clasificación que le atribuya a la gravedad de ellos, debidamente fundamentada;

c) Los cargos formulados y la participación que se atribuyere a la persona investigada;

d) La enunciación de la normativa aplicable;

e) El señalamiento de las pruebas que sustentan los cargos.

b) Etapa resolutiva.

De esta manera, en el procedimiento iniciado en su contra NI SIQUIERA SE FORMULARON CARGOS, privándolo de una de las garantías más básicas de un proceso disciplinario, ya que los cargos constituyen una pieza esencial para garantizar el debido proceso. Sin ir más allá, los cargos son la comunicación formal al inculpado de los hechos por los cuales se persigue la responsabilidad disciplinaria en su contra y deben contener la exposición clara de los hechos y de las infracciones legales que se le imputan. Los hechos y normas invocadas en los cargos son cruciales para la eventual sanción que se imponga, YA QUE SÓLO SE PUEDE SANCIONAR POR HECHOS QUE HAN SIDO MATERIA DE CARGOS, pues sancionar al inculpado por hechos no contendidos en los mismos, implica una transgresión abierta a la garantía constitucional del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

COROLARIO FINAL: EL JUEZ INSTRUYE Y RESUELVE.

Tal y como se ha señalado, un pilar básico del procedimiento contemplado en el auto acordado es la separación del ente instructor del ente resolutor, de tal manera que quien investiga, no sea quien aplique la sanción disciplinaria al funcionario, lo que se plasma concretamente en el artículo 25, que señala que una vez concluida la etapa de prueba, el instructor ha de levantar un informe, conforme al siguiente tenor:

“Artículo 25. Informe final. Dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término fijado para rendir prueba, quien instruye emitirá un informe que contendrá:

a) La individualización de la o las personas investigadas;

b) La relación circunstanciada de los hechos atribuidos y la ponderación o clasificación de la gravedad de ellos, debidamente fundamentada;

c) Los cargos formulados y la participación que se atribuyere a la o las personas investigadas;

d) La enunciación de la normativa aplicable;

e) El señalamiento de las pruebas que sustentan los cargos, y f) La sanción cuya aplicación se propusiere o la solicitud de absolución.

Deberá quien instruye el procedimiento referirse a los argumentos de defensa esgrimidos por la persona investigada y señalar si la prueba rendida altera la formulación de cargos.

La apreciación de los antecedentes probatorios se efectuará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

El informe final será notificado a la persona investigada y a la denunciante si la hubiere, dentro de cinco días, en la forma prevista en el artículo 17. Una vez cumplido este trámite deberá remitirse de inmediato al órgano resolutor.”

Una vez evacuado dicho informe, incluso se pueden solicitar alegatos por el inculpado, y con posteridad a ello el órgano resolutor queda en condiciones de resolver, conforme lo dispone el artículo 29 que señala que “Evacuada la audiencia de alegatos o vencido el término a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, el órgano resolutor dictará su decisión dentro del plazo de diez días. La prueba se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.”

De esta manera, el procedimiento contemplado en el auto acordado no establece la posibilidad que el ente instructor sea el mismo que resuelva, como ocurre en el caso de marras, en el cual es el mismo juez quien inicia la investigación, le solicita un informe al inculpado y con merito a ello resuelve sancionarlo.

ILEGALIDAD POR IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN. INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD. FALTA DE CULPABILIDAD. - A.- SANCIÓN APLICADA SE BASA EXCLUSIVAMENTE EN NO CUMPLIR EL PLAZO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 20.886.

La resolución de fecha 13 de febrero de 2023, del 1° Juzgado de Letras de Osorno, aplica la sanción de amonestación privada al recurrente, única y exclusivamente en base a una supuesta infracción al artículo 9° del al ley 20.886, señalando en su parte resolutiva lo siguiente:

“Y VISTO ADEMÁS el artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales, se resuelve: Aplicar a dicho Receptor nombre reservado la medida de AMONESTACIÓN PRIVADA, por no haber agregado a la carpeta electrónica, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que practicó la diligencia, el testimonio de la actuación realizada el 18 de Enero de 2.023.”

Así, se desechan el resto de las acusaciones realizadas en su contra y solamente se le sanciona por la infracción al plazo para dejar constancia de las actuaciones realizadas en la carpeta electrónica indicado en el artículo 9° inciso 2° de la mencionada ley, resolución que fue confirmada en todas sus partes por esta Ilustrísima Corte, por resolución de fecha 13 de marzo de 2023.

NO EXISTE INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 9° DE LA LEY 20.886. RETARDO DE SOLO UN PAR DE HORAS.

23.- Así las cosas, el reproche al recurrente se funda en haber excedido el plazo de 2 días establecido en la ley para que los receptores dejen constancia de sus actuaciones, contenido en el artículo 9° de la ley 20.886, que señala lo siguiente:

“Artículo 9º.- Registro de actuaciones de receptores. Para efectuar los registros de actuaciones, los receptores judiciales deberán registrarse en el sistema de tramitación electrónica del Poder nombre reservado.

Los receptores deberán agregar a la carpeta electrónica un testimonio dando cuenta de la actuación realizada dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia, con la debida constancia de todo lo obrado.”

Sin embargo, esta acusación carece de todo fundamento, ya que respecto de la gestión realizada, se dejó constancia en la carpeta electrónica SOLAMENTE CON UN PAR DE HORAS DE RETRASO, sin que este sea imputable al actuar negligente del ministro de fe, como lo exige la norma.

CULPABILIDAD Y DOLO COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA APLICAR LA SANCIÓN. - Así, no basta con que el receptor exceda el plazo contemplado en la norma para acarrear su responsabilidad disciplinaria, sino que es necesario que este retraso sea a lo menos por culpa del ministro de fe, como se deprende del inciso final del artículo 9 de la Ley 20.886 que señala que: “Todo incumplimiento culpable o doloso a estas normas constituirá una falta grave a las funciones y será sancionado por el tribunal, previa audiencia del afectado, con alguna de las medidas contempladas en los números 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales”

En suma, no se acreditó una actuación culposa, ni menos los fundamentos de la misma.

INEXISTENCIA DE UN ACTUAR NEGLIGENTE. MINISTRO DE FE HIZO PRESENTE SOBRECARGA LABORAL. PRORROGA DEL PLAZO PARA REALIZAR LA GESTIÓN.

Es evidente que el retraso en la realización de la gestión no se debió a negligencia o dolo por parte del ministro de fe, quien actuando con la más completa diligencia, informó a las partes del juicio, que atendida la época estival y la falta de receptores en el territorio jurisdiccional, se encontraba con un retardo importante en la realización de las gestiones encomendadas, de lo que se deja constancia en el expediente, incluso antes de realizar la gestión.

Así, y con fecha 17 de enero, el tribunal de primera instancia prorroga en un mes el plazo para realizar la diligencia, atendiendo la solicitud de fecha 16 de enero de 2023, la cual tenía por fundamento precisamente la excesiva carga laboral del ministro de fe, quién finalmente realiza la diligencia el día miércoles 18 de enero de 2023 a las 17:32. Así, el plazo para dejar constancia de la gestión se extendió hasta el día viernes 20 de enero a las 23:59 horas, dejando constancia en el sistema el día 21 de enero del presente año, existiendo solamente un retraso de un par de horas en el ingreso de la gestión realizada a la plataforma.

INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD. - De esta manera, el hecho de sancionar a mi representado sin que se compruebe un actuar culposo o doloso como lo exige la norma, constituye una infracción a los principios de tipicidad y legalidad, cuya aplicación general en los procedimientos disciplinarios es algo que ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, la que ha expresado lo siguiente: “Que, como expresión de la actividad administrativa estatal, la potestad sancionatoria de la Administración debe primordialmente sujetarse al principio de la legalidad, que obliga a todos los órganos del Estado a actuar con arreglo a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella; regla trascendente y de general aplicación por sus destinatarios, consagrada con carácter imperativo en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y 2° de la Ley n° 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En el campo particular del derecho sancionatorio el principio de la legalidad requiere que tanto las conductas reprochables como las sanciones con que se las reprime estén previamente determinadas en la ley;” 1 DE LA ARBITRARIEDAD. - INFRACCIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. PROCEDENCIA DE APLICAR ANOTACIÓN DE DEMERITO - El auto acordado 108-2022, señala de manera expresa que en estos procedimientos la prueba se ponderará conforme a las reglas de la sana crítica, según lo indica la parte final del artículo 29. Sin embargo, es evidente que no se dio aplicación a estas reglas en la resolución del asunto controvertido.

En concreto, del expediente de la causa de origen se desprende que el retraso en el registro al que hace alusión el artículo 9° de la ley 20.886, es solo un retraso de horas, ni siquiera un retraso de días. Por lo demás, del mismo expediente se desprende que el ministro de fe se encontraba con una carga laboral excesiva producto del periodo estival y la escasez de receptores durante el mes de febrero, razones por las cuales incluso se solicitó una prórroga del plazo para realizar la diligencia, la que fue concedida por resolución de fecha 17 de febrero de 2023.

De esta manera, el juez a quo debió dar aplicación a las reglas de la sana crítica, en especial a las máximas de las experiencia, ya que es un hecho de público conocimiento la escasez de receptores judiciales en el territorio jurisdiccional de Osorno, como también el hecho de que, durante los meses de enero y febrero, gran parte de los funcionarios del poder judicial, incluidos los receptores judiciales, hacen uso de su feriado legal, lo que evidentemente aumenta de manera excesiva la carga de trabajo de los receptores que se encuentran en funciones. En este contexto, el retraso de un par de horas en subir la certificación al sistema debe ser considerada una falta mínima en atención a las circunstancias del caso, ya que atendida la realidad de los hechos, es irracional exigir una mayor premura en el cumplimiento de las diligencias, lo que debería haber llevado al sentenciador de primera instancia inevitablemente a la absolución de mi representado, y procediendo, como se explicará a una anotación de demerito.

PRINICPIO DE PROPORCIONALIDAD. EXISTENCIA DE REPROCHES DE MENOR ENTIDAD. APLICA ANOTACIÓN DE DEMERITO De esta manera, se produce una infracción al principio constitucional de la razonabilidad o proporcionalidad, ya que la infracción cometida no tiene la entidad suficiente para acarrear una sanción disciplinaria para el funcionario, sino que dada la mínima inobservancia del actuar del ministro de fe y el nulo perjuicio producido, resulta absolutamente desmedida la sanción aplicada.

El propio artículo 3 del Auto Acordado, en sus incisos finales declara a la letra que:

“Lo anterior no excluye la posibilidad de llamar la atención o aplicar medidas correctivas administrativas, procediendo breve y sumariamente.

Tratándose de anotaciones de demérito y observaciones de las que se deja constancia en la hoja de vida o en el Libro de Decretos Económicos u otro similar, deberá procederse escuchando previamente a la persona afectada, quien podrá apelar dentro del plazo de quinto día, recurso que se conocerá em cuenta”.

Así las sanciones disciplinarias deben estar reservadas para casos graves, en los cuales se encuentre comprometidos intereses generales como la probidad, los derechos de las partes o se infrinjan disposiciones que vulneren la recta administración de justicia, lo que no sucede en la especie. De esta manera, las sanciones disciplinarias no son la única medida que existe para reprochar las actuaciones de los funcionarios, ya que para infracciones de entidad menor existen las anotaciones de demerito, las que, si bien no constituyen una sanción propiamente tal, consisten en una constancia del actuar del funcionario.

Así las cosas, el principio de proporcionalidad constituye un límite a la libertad del órgano que detenta la potestad disciplinaria, incluida la ejercida por los tribunales de justicia en el ejercicio de sus facultades correctivas. Al ser el principio de proporcionalidad un principio de origen constitucional resulta de aplicación general a todos los procedimientos en los que se ejerce la actividad punitiva del Estado, ya sea en el ámbito penal, sancionatorio o disciplinario.

De esta forma, se produce una infracción al principio de proporcionalidad, ya que se aplica la sanción, sin antes ponderar las circunstancias del caso, ni las eventuales circunstancias atenuantes que proceden. Sin ir más allá, el retraso en ingresar la constancia de la actuación al sistema informático del poder judicial es de solo unas horas y no causó ningún perjuicio en la correcta tramitación de la causa, siendo la actuación completamente válida.

Por otro lado, hay que tomar en consideración la IMPECABLE CONDUCTA ANTERIOR DEL INCULPADO, ya que siempre ha sido calificado en lista 1, contando incluso con anotaciones de mérito en su hoja de vida funcionara. De esta manera, su conducta ha sido ejemplar, siempre calificado con la mayor distinción, y por lo demás, del mérito del proceso se observa que no existan agravantes y que ha colaborado plenamente con el esclarecimiento de los hechos, evacuando el informe solicitado cuando le fue requerido, circunstancias que no fueron ponderadas por la autoridad al momento de imponer la sanción, ya que dada la ausencia de gravedad de la infracción, esta no debió acarrear más que una simple anotación de demerito.

DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS. - INFRACCIÓN A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

De esta forma, como puede apreciar el actuar de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, al actuar como lo hizo, esto es, confirmando la sanción aplicada al recurrente, teniendo a la vista que la sanción solamente se aplicó en base a la acusación del abogado contradictor, sin iniciar un proceso investigativo, sin designar un instructor, ni un ministro de fe, sin crear un expediente electrónico, sin formular cargos ni darle la oportunidad de rendir prueba, ha configurado una patente infracción a la garantía constitucional al debido proceso, ya que se ha dejado de aplicar el procedimiento establecido por la Excelentísima Corte Suprema, para aplicar sanciones a los auxiliares de la administración de justicia.

Por otro lado, lo señalado no obsta al hecho de que se le haya dado la oportunidad al inculpado de evacuar un informe en relación a la acusación del abogado requirente, ya que este informe no implica en sí mismo el inicio de un proceso investigativo. Sin ir más allá, el hecho de que se le solicite un informe solamente puede ser entendido como una etapa previa a la investigación que sirve al órgano resolutor de insumo para determinar si existe merito o no para dar inicio a un proceso sancionatorio, como lo señala el artículo 13 del auto acordado, y en modo alguno reemplaza el procedimiento establecido en la ley.

DE ESTA MANERA, CON SU ACTUAR, EL JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO INFRINGIÓ LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO, CONCRETAMENTE:

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”

Así las cosas, la jurisprudencia ha establecido el carácter general de esta garantía constitucional, la cual es aplicable a todo proceso judicial, sancionatorio y disciplinario, señalando lo siguiente: “Asimismo se debe señalar que el debido proceso sancionatorio es una garantía esencial del procedimiento administrativo sancionatorio, toda vez que es derecho fundamental en todo Estado de Derecho, el que nadie puede ser objeto de ninguna condena sin ser oído, garantía reconocida en el articulo 19 N° 3 , inciso sexto, de la Constitución Política de la Republica, que establece: corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Agregando que, así, la noción de debido proceso, en tanto regla general contenida en nuestra carta fundamental, es aplicable no solo al proceso judicial, sino que también al procedimiento administrativo, en cuanto aquel puede desembocar en actos de la administración que afecten los derechos e intereses de los particulares. en este sentido, es efectivo que el procedimiento administrativo debe establecer instancias de audiencia, publicidad y defensa para los administrados, consagrando medios de impugnación administrativos y jurisdiccionales de los actos terminales que se entiendan lesivos a los intereses de los particulares”. (CONS. 11° ROL 20380-2018 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019 C.S.) IDEM ROLES 2346-2012, 3625-2017,437-2005, 616-2007, 771-2007 TODOS T.C.

En suma, y sin perjuicio de que la acción de protección, no cubre esta garantía constitucional, dicha garantía es plenamente invocable y de aplicación general.

INFRACCIÓN A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY.

La igualad ante la ley es una de las garantías más básicas y elementales del catálogo de derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud de ella, el Estado ni sus órganos pueden incurrir en distinciones ni discriminaciones arbitrarias, es decir que carezcan de razonabilidad y de justificación.

Como bien lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la igualdad ante la ley “consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición.

De esta manera, la decisión adoptada por Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia carece de toda razonabilidad al confirmar la aplicación de la medida disciplinaria de amonestación privada al recurrente, en circunstancias de que ella no procedía en el caso concreto. La vulneración de esta garantía constitucional es patente al analizar la serie de ilegalidades denunciadas, cuyas infracciones redundan en un trato discriminatorio hacia el recurrente, toda vez que no se aplicaron en el caso concreto las normas legales establecidas en el mencionado auto acordado 108-2020.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su presidente, don nombre reservado, o quien lo subrogue o reemplace, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la acción arbitraria e ilegal consistente en la dictación de la resolución disciplinaria (no jurisdiccional), de fecha 13 de marzo de 2023, mediante la cual se confirma la sanción de amonestación privada aplicada al recurrente, con fecha 13 de febrero de 2023; Y EN DEFINITIVA ACOGERLO, DISPONIENDO QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SANCION Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO RECURRIDO; O EN SUBSIDIO OTORGAR LA PROTECCIÓN QUE SSA. ILUSTRÍSIMA ESTIME PERTINENTE EN DERECHO Y JUSTICIA.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución disciplinaria, de fecha 13 de marzo de 2023, emitida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia. 2.- Resolución disciplinaria, de fecha 13 de febrero de 2023, emitida por el Juez del 1° Juzgado Civil de Osorno, don Raúl Ramírez López. 3.- Auto Acordado 108-2022, de la Excelentísima Corte Suprema. 4.- Hoja de vida funcionaria.

A folio 6 informa don nombre reservado, Presidente Titular de la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien dice:

Que, en causa rol de Pleno N° 57-2023, según consta del Libro de Pleno de esta I. Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 25 de enero del año en curso, se entabló queja disciplinaria en contra del señor Guillermo Andrés Rudolphy Melián por parte de Sociedad e Inversiones Tierralsur SpA., incoándose, en relación a los mismos hechos y circunstancias vertidas, paralelamente comunicadas al Primer Juzgado de Letras de Osorno por la misma sociedad, el respectivo procedimiento sancionatorio, según las previsiones que consulta el Acta N° 108-2020 de la Excma. Corte Suprema, en causa rol E 2280-2022, seguida ante la referida judicatura de primera instancia. La queja incoada ante esta I. Corte, fue remitida a esos antecedentes.

Los hechos denunciados, tanto ante esta I. Corte como al Juzgado de Letras aludido por Sociedad e Inversiones Tierralsur SpA., inciden en la diligencia de certificación de ocupación de un inmueble previamente subastado, practicada por el mencionado auxiliar de la administración de justicia, el 18 de enero de 2023, en la referida causa E 2280-2022, correspondiente a un exhorto despachado desde el 20° Juzgado Civil de Santiago; competencia delegada por decreto del 15 de diciembre de 2022 y diligencia mandada cumplir por resolución de 17 de diciembre de 2022.

Por providencia de 23 de enero pasado, el señor juez del Juez del Primer Juzgado de Letras de Osorno, don Raúl Fredy Ramírez López, requirió informe al ministro de fe indicado, evacuándose éste con la misma fecha. Posteriormente, en decreto de 13 de febrero de 2023, ordenó formar expediente en papel, con el mismo rol E 2280-2022, para sustanciar la denuncia. Consta, además, que el aludido señor juez, previos trámites de rigor, aplicó la medida de amonestación privada al Receptor nombre reservado señor Rudolphy Melián, por no haber agregado a la carpeta electrónica, causa E 2280-2022, dentro de dos días hábiles contados desde que practicó la diligencia, el testimonio de la actuación realizada el 18 de enero de 2023. Esta determinación fue apelada por el inculpado señor Rudolphy Melián y la quejosa, Sociedad e Inversiones Tierralsur SpA., concediéndose el arbitrio en sendas resoluciones libradas los días 15 y 16 de febrero del año en curso, elevándose los antecedentes a este Tribunal Superior y procediéndose a su ingreso en el referido rol de Pleno 57-2023.

Los recursos de apelación aludidos fueron admitidos a trámite e incluidos en la Tabla de Pleno del día 13 de marzo de 2023. Conociendo de la medida disciplinaria antes reseñada, impuesta al receptor judicial, el Tribunal Pleno de esta I. Corte, conforme lo dispuesto en el artículo 3° del Acta N° 108-2020 de la Excma. Corte Suprema, determinó por mayoría, confirmar la resolución apelada de trece de febrero de dos mil veintitrés.

Se adjunta toda la documentación disponible, bajo estricta reserva, la que se sugiere ordenar deliberadamente, por tratarse de antecedentes de orden disciplinario.

A folio 9 Primer Juzgado Civil de Osorno, remite copia del expediente sancionatorio del recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en estos antecedentes, con fecha 13 de marzo de 2023, Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, conformó sanción de amonestación privada para el Receptor nombre reservado de la ciudad de Osorno, don Guillermo Rudolphy Melian. Dicha sanción fue aplicada por el Juez del Primer Juzgado Civil de Osorno, con fecha 13 de febrero de 2023, por “no haber agregado a la carpeta electrónica, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en la que se practicó la diligencia, el testimonio de la actuación realizada el 18 de enero de 2023”.

TERCERO: Que el artículo 3 del Acta 108-2020, de la Excma. Corte Suprema, señala: Artículo 3. Ámbito de aplicación del procedimiento disciplinario. Los ministros y las ministras de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones, jueces, juezas, auxiliares de la administración de justicia y demás personas que cumplen funciones en el orden judicial, sujetas a la superintendencia disciplinaria de la Corte Suprema y a la potestad disciplinaria de las cortes de apelaciones y demás órganos del Poder nombre reservado, están sometidas a responsabilidad disciplinaria en los casos y con apego a las reglas, procedimiento y garantías señaladas en la ley y en el presente auto acordado.

Lo anterior no excluye la posibilidad de llamar la atención o aplicar medidas correctivas administrativas, procediendo breve y sumariamente.

Tratándose de anotaciones de demérito y observaciones de las que se deja constancia en la hoja de vida o en el Libro de Decretos Económicos u otro similar, deberá procederse escuchando previamente a la persona afectada, quien podrá apelar dentro del plazo de quinto día, recurso que se conocerá en cuenta.

CUARTO: Que, con los antecedentes del recurso y del informe del recurrido, documentos acompañados, el presente recurso de protección no puede prosperar, porque, por un lado, no concurre el presupuesto consistente en que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales esgrimidos. Toda vez que, en el procedimiento disciplinario, el recurrente ejerció todos los derechos y recursos que la ley permite; finalizando este, con la sanción de Amonestación Privada.

Además de lo anterior, el procedimiento disciplinario en contra del recurrente se tramitó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 del Acta 108-2020, que permite tramitar procedimientos sancionatorios en forma breve y sumaria.

QUINTO: Que, conforme a lo anterior, en la especie, resulta evidente que faltan los supuestos de hecho que permitan justificar la procedencia del recurso de protección, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal, lo que conlleva que no exista amago ni vulneración de las garantías, que la recurrente estima como afectadas, Todo lo cual determina que el recurso interpuesto debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia.

Redacción de la Abogada Integrante sra. Claudia Lecerf H.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 2313-2023. (sac)