nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A, por la omisión que estima ilegal y arbitrario de pronunciarse sobre Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero.

Señala que nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, añadiendo que el recurrente es notificado mediante correo electrónico con fecha 17 de junio de 2025; sin embargo, a la fecha no habría recibido ninguna respuesta por parte de la recurrida lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Alega que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo en dar respuesta a la solicitud de retiro de fondos realizada, esto es, desde la solicitud realizada con fecha de 17 de junio de 2025 hasta la presente fecha han transcurrido aproximadamente 7 meses y 4 días, sin que la recurrida se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por el recurrente, vulnerado su igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en relación a lo dispuesta en la ley No 18.156 que Establece Exención De Cotizaciones Previsionales A Los Técnicos Extranjeros Y A Las Empresas Que Los Contraten Bajo Las Condiciones Que Se Indican Y Deroga La Ley N°9.705 y en concordancia con lo dispuesto por la Superintendencia de Administradora de Fondos Pensiones en circular N°553.

Hace presente que si bien no existe plazo expreso en la Ley 18.156 ni tampoco en el compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones, sin embargo, no es razonable colegir de dicha omisión la ausencia de plazo para dar respuesta a los solicitantes. Frente a tal omisión legislativa, no cabe más que recurrir mediante interpretación sistemática que la institución privada está sujeta a un plazo razonable de respuesta, siendo cada caso en particular distinto uno del otro pero, en caso alguno autorizar a que la recurrida esté liberada de actuar con celeridad y razonabilidad.

Las Administradores de Fondos de Pensiones son instituciones privadas, más reguladas por la Superintendencia de Pensiones debido al inherente interés social y estatal que existe en cuanto a administrar los recursos destinados a la seguridad social de los ciudadanos. De forma excepcional, como en el caso de marras, el legislador permite retirar los fondos acumulados y debe otorgar respuesta dentro de un plazo razonable, que no está legalmente expreso pero que, con ocasión de razonabilidad en todo procedimiento en que el Estado tiene interés, debiese al menos de referencia aplicarse la Ley 19.880 y en específico, su artículo 27 que indica que toda solicitud realizada a algún órgano estatal debe ser resuelta en un plazo de 6 meses salvo caso fortuito y fuerza mayor.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del recurrido ya individualizado, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando su solicitud , ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo no mayor a 5 días, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 y 24 de la Constitución Política de la República, en relación a lo dispuesta en la ley No 18.156 que Establece Exención De Cotizaciones Previsionales A Los Técnicos Extranjeros Y A Las Empresas Que Los Contraten Bajo Las Condiciones Que Se Indican Y Deroga La Ley N°9.705 y en concordancia con lo dispuesto por la Superintendencia de Administradora de Fondos Pensiones en circular N°553, o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

A folio 5 informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

En primer término, alega extemporaneidad, por cuanto la AFP habría comunicado telefónicamente al recurrido, con fecha 18 de junio de 2025 que su solicitud se encontraba detenida, en atención a que no se adjuntaron los documentos requeridos de conformidad con la ley y las normas instruidas por la Superintendencia de Pensiones, por lo que transcurrió el termino de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre la materia.

Antes de entrar al fondo del asunto, sostiene que la acción de protección, atendido su carácter cautelar, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio, como en el caso de autos en que no existiría un derecho indubitado, por cuanto recurrente sostiene que el actuar de AFP ProVida es ilegal y arbitrario y esta parte sostiene que nuestro actuar es el correcto de conformidad a la ley vigente y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones En cuanto al fondo señala que efectivamente como lo señala la recurrente de autos, don nombre reservado solicitó la devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N° 18.156, con fecha 17 de junio de 2025.

Dicha norma S.S. Ilustrísima permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro.

Con fecha 18 de junio de 2025 AFP ProVida detuvo la solicitud del recurrente de autos, debido a que “Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.”

Hace presente que el recurrente acompañó a su solicitud los siguientes documentos: Copia de título profesional o técnico, Copia de contrato de trabajo y anexo, Declaración jurada, y Copia de cédula de identidad.

Respecto de las declaraciones juradas la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que “En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

Respecto del contrato de trabajo acompañado, de fecha 8 de marzo de 2021, en él nada se señala respecto del régimen previsional de la trabajador. Recién en anexo de fecha 6 de diciembre de 2024 el trabajador expresa su voluntad de mantenerse en un régimen previsional extranjero.

En este sentido el Oficio 12.954 de la Superintendencia de Pensiones es categórico en señalar que: “...según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a)del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.”

Así mismo, cabe tener presente que respecto de la cédula de identidad chilena y residencia permanente, la Superintendencia de Pensiones en oficio 21880, de 17 de noviembre de 2025, ha señalado que “no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir, en su momento, su pensión con fondos fiscales.” A este respecto es necesario hacer presente que la recurrente es propietaria de un inmueble en Chile.

Afirma la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios por parte de la recurrida, toda vez que la Ley N° 18.156, permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro, y se debe acreditar con el respectivo certificado de cotizaciones de su país de origen, debidamente apostillado , que cumpla con las exigencias contenidas en el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.” Precisando que conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Añade que respecto de la apostilla, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana, lo anterior, en conformidad con los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, señalando que antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitida en representación de la autoridad previsional por la delegación consular de ese país en Chile, era útil para los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) precedente, precisando que conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y la normativa ya indicada referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Cita jurisprudencia, Rol 4154-2025 y fallo pronunciado en causa Rol 238.255-2023 por la Corte Suprema, y en cuanto a la constancia de afiliación, cita diversos fallos de distintas Cortes de Apelaciones acordes con su pretensión, destacando que por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, Provida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Concluye que el actuar de AFP Provida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, citando diversos fallos de la Corte Suprema que respalda su actuar.

Finalmente pide se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en contra de ProVida por parte de la recurrente de autos, todo, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto mi representada, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida, no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, por todo lo latamente expuesto.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, dice relación con la eventual omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, en orden a acoger o rechazar la solicitud de Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero, alegando que la recurrida ha demorado más de 7 meses en resolver su solicitud, actuando en contravención al principio de celeridad.

TERCERO: Que, el acto impugnado por la presente acción corresponde a la falta de pronunciamiento u omisión de tramitación de la recurrida, respecto a la solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero que se presentó el 17 de junio de 2025, sin que a la fecha se haya emitido pronunciamiento alguno al efecto.

CUARTO: Que efectivamente se puede constatar que atendido el tiempo transcurrido, sin que el recurrido haya emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, se configura la omisión denunciada, la que se estima ilegal y arbitraria y afecta la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República.

En efecto, no obstante no existir un término legal para el pronunciamiento de la solicitud, cabe hacer presente que la Administradora de Fondos de pensiones, no obstante ser un ente privado, se encuentra desarrollando una labor de seguridad social reglada y supervigilada por organismos públicos, por lo que su procedimiento administrativo, es factible exigirle un pronunciamiento en los términos regulados por el artículo 27 de la Ley N° 19.880, en cuanto a que el tiempo de respuesta no puede exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final; y en los hechos se ha constatado el largo tiempo que ha transcurrido sin que se haya dictado un acto terminal respecto de la petición de vulnerando el principio de celeridad que la ley citada impone.

QUINTO: Que, conforme a lo razonado, esta Corte acogerá la acción de protección, adoptando las medidas de rigor para restablecer los derechos de la recurrente y en especial, que se le informe por un canal oficial y dentro del plazo razonable que se dirá, de la decisión adoptada por la Administradora de Fondos de Pensiones respecto de su solicitud.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., SÓLO EN CUANTO se ordena a este último se pronuncie formalmente sobre la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero de fecha 17 de junio de 2025, en un plazo de 10 días de ejecutoriada la presente sentencia, y comunicada dicha decisión por alguno de los canales oficiales regulados sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Závala.

N° Protección-231-2026. (csd)