nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMPIN

C.A. de Temuco Temuco, catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

nombre reservado, dependiente, chilena, domiciliada en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT RUT reservado representada legalmente por nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por privar, perturbar y amenazar los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 1, 2, 9 Y 16 de la Constitución Política de la República y cautelados por la acción constitucional de protección prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de la recurrente como afectada, todo conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expongo:

ANTECEDENTES. Que, desde el año 2017 que trabajo con mi padre y empleador don nombre reservado, en la Funeraria Cristo Rey, en calidad de ADMINISTRATIVA. Sin embargo, su desempeño laboral no siempre fue formal, toda vez que realizaba trabajos esporádicos y en periodos intermitentes tuve contratos de trabajo, a saber: - De mayo a septiembre del año 2017 estuvo contratada formalmente. - De abril a junio del año 2021, igualmente estuve contratada de manera formal. Luego, en el año 2024, comencé a trabajar formalmente desde enero mediante suscripción de contrato de trabajo con mi empleador, durante ese periodo quedé embarazada y se me hizo necesario comenzar a solicitar licencias médicas desde julio del año 2024, esto debido al estrés provocado por su embarazo, problemas financieros y carga laboral.

Le dieron licencia médica hasta octubre y tuve que volver en noviembre porque no me pagaban las Licencias médicas. A finales de noviembre comenzó su periodo de descanso Pre natal (el cual no me ha sido pagado) y el día 23 de diciembre del 2024 nace mi hija y a la vez comienza mi Post Natal, el cual tampoco me ha sido pagado, y todas las licencias me han sido rechazadas porque no se comprueba el vínculo laboral. En el mes de julio, fueron a fiscalizar la funeraria y le pidieron documentos a mi empleador, todos los cuales fueron presentados, y que versaban sobre documentos tributarios, liquidaciones de sueldo, libro de asistencias, certificados previsionales, entre otros. Sin embargo, a pesar de haber acreditado la vigencia y existencia de mi relación laboral, además de la misma solvencia económica de la empresa para poder pagarme el sueldo que figura en contratos y liquidaciones de remuneraciones; la COMPIN, rechazó la licencia médica nuevamente por NO DEMOSTRAR VINCULO LABORAL, y me solicitaron nuevamente documentación y declaraciones que den cuenta de la existencia de relación laboral.

Para lo cual se presentó documentación correspondiente a: - Labores que realizaba para mi empleador, acreditado con capturas de pantalla de WhatsaApp que dan cuenta de realización de trabajos. - Liquidación de remuneraciones. - Contrato de trabajo. - Certificado de Cotizaciones Previsionales y de Salud. - Transferencias Bancarias mediante Cartola de Banco de Chile. - Declaraciones Juradas Simples de 4 personas que dan cuenta de mi calidad de empleada en la Funeraria Cristo Rey. - entre otros documentos.

Así las cosas, ni con todos los antecedentes que expuso, ha tenido un resultado positivo, por cuanto en cada una de sus apelaciones tanto a la COMPIN como a la SUSESO, han sido rechazadas por no demostrar vínculo laboral; es por esto por lo que se ha visto gravemente aproblemada, desgastada y frustrada, ya que aportando todos y cada uno de los antecedentes solicitados y útiles para acreditar una relación laboral, de manera arbitraria e injustificada se le ha rechazado sus licencias médicas. Sumado a que la etapa en la que estaba y sigue estando, es la más vulnerable, como lo es el Post Parto, y se dedica al exclusivo cuidado de su hijo, por lo que además su salud mental ha empeorado cada día más, ya que sigue teniendo el mismo problema a pesar de todo su esfuerzo por que le acepten sus licencias médicas.

Hoy en día me encuentro en una constante angustia, sin saber lo que pasará a futuro ya que se acerca su regreso laboral, lo que me provoca mucho estrés ya que no tengo quien cuide su bebé y tampoco ha podido hacer una terapia psicológica como corresponde, ya que no tiene dinero suficiente para destinarlo a terapia.

Solicita que se le paguen mis licencias médicas, ya que la negativa es totalmente injustificada.

GARANTÍAS VULNERADAS.

1. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (artículo 19 Nº 1º de la Constitución Política de la República). Es un derecho fundamental que en el caso sub lite se ve gravemente vulnerado en cuanto a lo que se refiere a la integridad psicológica y física de su persona, atendido a que el actuar arbitrario e ilegal de la SUSESO, sólo ha provocado que una persona que debería estar preocupada sólo de descansar por el Post Natal y de cuidar a su hijo, además tenga que estar preocupada de esforzarse en hacer valer sus derechos ya que la autoridad administrativa le ha impuesto trabas arbitrarias , sumado a que además todo esto le ha provocado cuadros de ansiedad y depresión de carácter invalidantes, según consta en Informe Médico Complementario de la propia COMPIN, y que al día de hoy aún se encuentra latente. Sin embargo, lógicamente toda afección psicológica de carácter grave, además trasciende a la esfera física, por falta de sueño, pérdida de apetito, cansancio mental y corporal, entre otros.

2. Derecho a la igualdad ante la ley. (artículo 19 Nº 2º de la Constitución Política de la República). Sobre esta garantía constitucional es de suma relevancia indicar que la norma señalada dispone que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, lo cual es de suma relevancia en el caso en concreto ya que claramente estamos ante un acto que a todas luces es arbitrario, ya que no es posible entender como una autoridad administrativa a la cual se le han presentado innumerables documentos que, NO PRESUMEN, SINO QUE “ACREDITAN” UN VÍNCULO LABORAL, sean descartados por “no desvirtuar una fiscalización”, fiscalización que como único argumento usado para justificar que no hay vínculo laboral, es el parentesco entre empleador y trabajadora. No tiene sentido descartar todos los indicios de subordinación y dependencia que se encuentran debidamente acreditados con documentos formales, por un argumento que por lo demás NO TIENE NINGUNA RELEVANCIA NI SUSTENTO JURÍDICO QUE IMPIDA LA CONFIGURACIÓN DE UN VÍNCULO LABORAL. Y es por lo ya razonado, que claramente nos encontramos ante una situación en la que una Autoridad estableció una diferencia arbitraria en mi contra.

3. El derecho de la Protección de la salud. (19 N°9 de la Constitución Política de la República). Que, tal como se dispone expresamente se debe proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Lo que en el caso en especie no se ha cumplido, toda vez que estando Post Parto, e inclusive antes, se me rechazaron numerosas licencias médicas y no se me pagaron, a pesar de encontrarme en complicadas situaciones de salud tanto física como psicológicas, todo lo cual se ve aparejado con varios Informes Médicos que daban cuenta de mi situación; pero que por no tener un vínculo laboral vigente, a pesar de todos los antecedentes expuestos, provocaron que mi garantía constitucional se viera vulnerada como consecuencia directa de no poder tener mi licencia médica y que está fuera pagada. Que, por lo demás, tal como se expuso anteriormente, debido a que no se me han pagado las licencias médicas, no he podido recibir ingresos, por lo que tampoco he podido ir a terapia psicológica, por todo lo que estoy pasando y mis afecciones psicológicas latentes a la fecha de esta presentación.

4. El derecho a la protección del trabajo (19 N° 16 de la Constitución Política de la República). Esta garantía constitucional se ve vulnerada desde el momento en el cual la autoridad administrativa adopta el criterio que su vínculo laboral es inexistente sólo por el hecho del parentesco con su empleador; lo cual va en directa contravención con la norma constitucional, ya que esta dispone que “ Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”; es decir, si tengo la posibilidad de poder trabajar para mi padre, y este puede remunerarme, ante la inexistencia de normativa alguna que prohíba un vínculo laboral privado entre padre e hijo, ¿por qué no podría hacer valer mi garantía constitucional de tener la libertad para elegir para quien trabajar?.

Solicita se sirva por tener interpuesto el presente recurso de protección deducido en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, declararlo admisible, ordenar informar a la recurrida y, en definitiva, acogerlo declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de cesar, en forma inmediata, en la ejecución de cualquier acto material que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas en este presentación; sin perjuicio, además, de decretar las medidas ya solicitadas en el cuerpo de este recurso y las que estime en derecho; con expresa condenación en costas a la parte recurrida.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución exenta N° R-01-UNAAD-54527-2025 de fecha 25 de abril de 2025 emitida por Superintendencia de Seguridad Social.

2.- Resolución exenta N° R-01-UJU-187924-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024 emitida por Superintendencia de Seguridad Social.

3.- 8 liquidaciones de remuneraciones de la recurrente correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2024.

4.- Certificado de cotizaciones previsionales de la recurrente desde noviembre de 2023 a octubre de 2024 emitido por AFP Provida.

5.- Contrato de trabajo suscrito entre la recurrente y don nombre reservado con fecha 01 de enero de 2024. (duración 3 meses)

6.- Contrato de trabajo suscrito entre la recurrente y don nombre reservado.

7.- Declaración de empleador respecto de funciones desarrolladas por la recurrente en sus labores.

8.- Informe psicológico de la recurrente.

9.- Informe médico complementario de la recurrente de fecha 25 de octubre de 2024.

10.- Informe Médico de la recurrente de fecha 09-09-2024.

11.- Fotografías de libro de asistencia de la recurrente desde los meses de abril a julio del año 2024 fecha 01 de abril de 2024. (indefinido).

A folio 29 informa ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Respecto de la acción de protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, alegamos previo a informar el fondo del asunto, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido, con creces, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional Como consta en el expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 25 de mayo de 2025, en circunstancias que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 01 de abril de 2025, interponiendo un recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° R-01-F-199274-2024, de fecha 27 de diciembre de 2024, en la que se rechaza la reposición en contra del dictamen que originalmente se extendió en la materia, N° R-01-UJU-187924-2024, de fecha 04 de diciembre de 2024, a través de la que se confirmó el rechazo efectuado por la Subcomisión Cautín - COMPIN Región de la Araucanía, de la licencia médica N° 105217226, junto con ordenarle rechazar las otras tramitadas para el empleador "nombre reservado", por no acreditarse su calidad de trabajadora dependiente. Esta Superintendencia cumple con manifestar que, el artículo 59, de la Ley N° 19.880, otorga, a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del Recurso de Reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, el artículo 25 de la referida Ley señala que se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos. La Ley N° 19.880, contempla los recursos de reposición, y revisión extraordinaria. Deducido el recurso de reposición, en los términos establecidos en el artículo 59, de la citada Ley, la administración está facultada para modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. En la especie, la reposición presentada, ya fue resuelta manteniendo lo dictaminado por la COMPIN competente. La parte interesada ya hizo uso del derecho que le franquea la normativa vigente y dedujo Recurso de Reposición, el cual fue resuelto en conformidad con lo indicado en el considerando primero de esta resolución; por lo que ese recurso ha sido agotado. A su turno, el artículo 60 de la Ley N° 19.880, prescribe que contra los actos administrativos firmes podrá interponerse el Recurso de Revisión ante la Autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a. Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento. b. Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya b. Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento. c. Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. d. Que en la resolución hayan influido de modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por sentencia ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que, siendo anterior, no hubiese sido conocida oportunamente por el interesado. De los documentos aportados en su presentación actual, se constata que no concurre ninguno de los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880, para dar curso progresivo al expediente conforme a las normas del recurso de revisión extraordinario, por lo que, solo queda indicar que la vía administrativa ha sido agotada, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-54527-2025, de fecha 25 de abril de 2025.

Por lo anterior, se evidencia que ha pasado MÁS DE TREINTA DÍAS, desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de la licencia médica apelada, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas. De tal manera, y de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la notificación del dictamen N° R-01-UJU-187924-2024, de fecha 04 de diciembre de 2024, emitido por esta Superintendencia. Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad para lo que fue creada por el constituyente, SE UTILIZA COMO ÚLTIMA INSTANCIA DE RECLAMACIÓN PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS, las que fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3 de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda al trabajador cotizante del Fondo Nacional De Salud (FONASA) o a uno afiliado a una Institución de Salud Previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica. Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción 5 de protección, por cuanto esta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante SS. Iltma., TAN PRONTO TUVO NOTICIAS O CONOCIMIENTO CIERTO DE LOS MISMOS, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de Seguridad Social.

Antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente Informe, de solicita se declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el Subsidio por Incapacidad Laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. En este sentido, nuestro sistema de seguridad social contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanentes o transitorias, pudiendo acceder, frente a estas contingencias de carácter involuntarias, a las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS Cabe señalar, a SS. Iltma., que ambos beneficios, ya sea el subsidio de incapacidad laboral o la pensión de invalidez, su calificación, evaluación y posterior autorización, están sujetos a un procedimiento especial de revisión respecto de sus resoluciones, de doble instancia. Procedimiento especial de carácter reglado que obligatoriamente deben observar las distintas Comisiones, en el cual existe un análisis, razonamiento lógico y circunstanciado de los antecedentes médicos tenidos a la vista, para arribar a una decisión, todo ello debidamente consignado en el expediente administrativo del trabajador. De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar. En esta parte, cabe reiterar que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”. Con todo, y tratándose en la especie de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin perjuicio, que como 10 se señaló, el legislador contempló un amplio y completo sistema de protección a nivel legal y reglamentario para la debida protección del Derecho a la Seguridad Social.

En mérito de lo anteriormente expuesto, y en forma previa a entrar al análisis del fondo de la acción interpuesta; solicita declarar la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19 Nº18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente. En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 01 de abril de 2025, interponiendo un recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° R-01-F-199274-2024, de fecha 27 de diciembre de 2024, en la que se rechaza la reposición en contra del dictamen que originalmente se extendió en la materia, N° R-01- UJU-187924-2024, de fecha 04 de diciembre de 2024, a través de la que se confirmó el rechazo efectuado por la Subcomisión Cautín - COMPIN Región de la Araucanía, de la licencia médica N° 105217226, junto con ordenarle rechazar las otras tramitadas para el empleador "nombre reservado", por no acreditarse su calidad de trabajadora dependiente. Esta Superintendencia cumple con manifestar que, el artículo 59, de la Ley N° 19.880, otorga, a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del Recurso de Reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, el artículo 25 de la referida Ley señala que se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos. 11 La Ley N° 19.880, contempla los recursos de reposición, y revisión extraordinaria. Deducido el recurso de reposición, en los términos establecidos en el artículo 59, de la citada Ley, la administración está facultada para modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. En la especie, la reposición presentada, ya fue resuelta manteniendo lo dictaminado por la COMPIN competente. La parte interesada ya hizo uso del derecho que le franquea la normativa vigente y dedujo Recurso de Reposición, el cual fue resuelto en conformidad con lo indicado en el considerando primero de esta resolución; por lo que ese recurso ha sido agotado. A su turno, el artículo 60 de la Ley N° 19.880, prescribe que contra los actos administrativos firmes podrá interponerse el Recurso de Revisión ante la Autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias.

Sobre la materia, es importante destacar que, mediante presentación de fecha 21 de noviembre de 2024, recurrió a esta Superintendencia, doña nombre reservado, reclamando por el rechazo de la Licencia Médica N° 105217226 (por 30 días, desde el 22/07/2024 al 20/08/2024). Del Listado Maestro de Licencias Médicas de FONASA, se advierte que la licencia antes mencionada fue rechazada por la Subcomisión Cautín. Asimismo, se consignó "Sin vínculo laboral según fiscalización". La licencia médica en cuestión fue tramitada para el empleador "nombre reservado". En la Cartola Médica de FONASA se consignó lo siguiente: “Se llevo a cabo fiscalización debido a varios factores de alerta (parentesco entre empleador y trabajadora). Trabajadora es hija empleador. Empresa posee estabilidad financiera e ingresos suficientes. No se acredita existencia de una relación laboral real de dependencia y subordinación. No se presentaron evidencias materiales que demuestren el reemplazo de la trabajadora en su ausencia. Faltan correos electrónicos, comprobantes de pagos verificables. Pagos se realizan en efectivo”. Conforme se desprende del artículo 1°, del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales: 1) Permitir la ausencia justificada al trabajo o el uso de descanso de protección a la maternidad y 2) El otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en el caso de licencias médicas presentadas por una persona cuya calidad de trabajador no aparezca suficientemente acreditada. La recurrente acompañó a su reclamación, contrato de trabajo, certificado de cotizaciones de AFP y de FONASA, declaraciones juradas simples, libro de asistencia, fotografías y detalle de transferencias recibidas de Banco Chile. Los antecedentes acompañados por la interesada son todos de carácter formal, ya fueron ponderados por la Subcomisión Cautín y no logran desvirtuar lo constatado por ella en su fiscalización. Por lo expuesto, su representada resolvió rechazar el reclamo interpuesto, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UJU-187924-2024, de fecha 04 de diciembre de 2024, confirmado por el dictamen N° R-01-F-199274-2024, de fecha 27 de diciembre de 2024. Que, no obstante lo referido, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección. En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria. Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita en subsidio de las anteriores alegaciones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe requerido respecto de la Acción de Protección interpuesta por doña nombre reservado, solicitando sea desestimada en todas sus partes con expresa condena en costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE EXTEMPORANEIDAD.

PRIMERO: Que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alegó la extemporaneidad, del recurso de protección, toda vez que fue presentada fuera del plazo de 30 día que señala el auto acordado de la Excma. Corte Suprema, toda vez que la recurrente tenía conocimiento previo del rechazo de la licencia médica N°105217226, desde a lo menos el día 04 de diciembre de 2024.

Que la resolución recurrida, fue dictada con fecha 25 de abril de 2025, y el presente recurso de protección fue interpuesto con fecha 25 de mayo de 2025, razón por la cual, el presente recurso de protección fue dictado dentro del plazo de 30 días que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

En consecuencia, será rechazada la alegación de extemporaneidad.

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN:

SEGUNDO: Que la recurrida afirma que las materias objeto del recurso incoado pertenecen al campo de la seguridad social y que, por ende, se encuentran excluidas del ámbito de la acción de protección.

Que en este punto, cabe recordar que lo pretendido por la actora es el pago del subsidio por incapacidad laboral que indica, el cual ha sido negado por la recurrida y respecto del cual se afirma que lo fue de manera ilegal y arbitraria.

Así las cosas, la recurrente ha imputado a la Superintendencia de Seguridad Social la realización de un acto ilegal y arbitrario que afectaría su derecho de propiedad, materia que, por imperativo del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, es precisamente objeto de la presente acción constitucional.

De esta manera, esta alegación queda rechazada.

EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO PLANTEADO A ESTA CORTE:

TERCERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

CUARTO: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario dice relación con la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-54527-2025, de fecha 25 de abril de 2025, por medio de la cual rechazó la licencia médica N°015217226, junto con ordenarle rechazar las otras tramitadas para el empleador “nombre reservado”, por no acreditarse su calidad de trabajadora dependiente.

QUINTO: Que la Superintendencia de Seguridad Social informó que mediante Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-54527-2025, de fecha 25 de abril de 2025, resolvió confirmar lo resuelto por la COMPIN Región de la Araucanía, dado que la interesada no aporta antecedentes que permitan hacer variar lo resuelto por la COMPIN.

SEXTO: Que, en cuanto al núcleo del asunto, cabe señalar que la conducta materia de esta acción , cual es el rechazo del derecho a subsidio aparejado a la licencia médica, no puede calificarse de ilegal, dado que los artículos 11 y siguientes del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, reglamenta la autorización de licencias médicas y establecen que corresponde a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se debe dejar constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

A su turno, las resoluciones dictadas por la COMPIN son reclamables ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que tiene por función de supervigilar el correcto ejercicio del derecho a la seguridad social materia a la que pertenece la forma de aprobar una licencia médica, a la luz de lo dispuesto en los artículos 2 letra c) y 3 de la Ley 20.691.

Luego, el organismo referido dispone de la facultad legal de resolver las reclamaciones acerca de las decisiones de la COMPIN, por lo que despejada la legalidad del acto, sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, se debe señalar que el artículo 16 del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deber dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Al respecto, de los antecedentes acompañados por las partes, consta que la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente justificada, ya que la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-54527-2025, de fecha 25 de abril de 2025, indica con claridad los motivos que tuvo en consideración para rechazar la licencia médica, basado en que no se acreditó que la recurrente se haya desempeñado efectivamente como trabajadora dependiente de la Empresa nombre reservado.

Al efecto, cabe señalar que el vínculo laboral entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo de las labores. En este caso la recurrente no aportó antecedentes que den cuenta de tal vínculo.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, lo que procura la recurrente a través de la presente acción cautelar es que esta Corte de por acreditada, conforme a las reglas de la sana crítica, la existencia de la huella o vínculo laboral entre la actora y su supuesto empleador, cuestión que, sin embargo, excede de la finalidad propia del recurso de protección, en la medida que éste presupuesto de toda licencia médica ha sido expresamente controvertido por la recurrida.

En este sentido, cabe precisar que el derecho cuya protección se pretenda debe encontrarse indubitado o al menos deben existan indicios suficiente que permitan sostener que estamos frente al ejercicio legítimo de un derecho, todo lo cual no se cumple en la especie.

Sobre este punto, la Corte Suprema, entre otros, en el Rol 31.830- 2019, ha sostenido que el sólo examen formal de los documentos allegados por la actora no resulta suficiente para estimar concurrente el vínculo de subordinación y dependencia que se requiere como presupuesto para autorizar el pago del subsidio de maternidad de las licencias médicas.

NOVENO: Que, por no concurrir los presupuestos de la acción constitucional, el recurso de protección debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en las normas pertinentes del Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Cristian Carvajal de Vicenzi, quien fue de opinión de acoger el presente recurso de protección por las siguientes razones:

PRIMERO: Que la determinación de si existe o no relación laboral entre un trabajador y su empleador constituye una cuestión propia de la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, sin que pueda ser resuelta de manera definitiva por órganos administrativos en sede de autorización de licencias médicas. Al concluir que no existía vínculo laboral y derivar de ello la privación del subsidio, la autoridad recurrida excedió el ámbito de sus facultades legales, atribuyéndose potestades de calificación que corresponden en forma exclusiva a los tribunales.

SEGUNDO: Que esta interpretación y aplicación por parte de la SUSESO y de la COMPIN no sólo desconoce el marco de sus atribuciones, sino que además priva al recurrente de una prestación de seguridad social a la que accede por mandato legal con la sola autorización de la licencia médica, trasladándole las consecuencias de un juicio valorativo sobre su contrato que no les correspondía realizar.

Con ello se afecta el derecho de propiedad respecto del crédito generado por la licencia, que corresponde al subsidio, la garantía del artículo 19 N°3 inciso quinto, por cuanto la autoridad administrativa resolvió de facto un asunto que corresponde a los tribunales de justicia.

TERCERO: Que, en consecuencia, se trata de un acto ilegal y arbitrario que justifica acoger la presente acción constitucional, a fin de restablecer el imperio del derecho y proteger las garantías del recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción bajo la responsabilidad del ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala N°Protección-2302-2025. (cwm)