nombre reservado con COMITÉ FERIA LIBRE SAUSALITO

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de abril de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio N°1-2021 comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del comité feria libre Sausalito, representada por don nombre reservado esteban Caniulef Reucan.

Funda su acción en que ha sido socia y emprendedora del Comité “Feria Libre Sausalito”, ubicada en la localidad de Lican Ray, durante un periodo de 7 años.

Los conflictos se iniciaron con los socios del Comité cuando algunos socios y ella, recibieron un aporte estatal de $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos), dinero que fue depositado a la cuenta Rut del Banco Estado a cada uno de los beneficiarios. Sin embargo, respecto de las personas que no fueron favorecidas con el “Bono alivio Mypes”, se encuentra la señora nombre reservado, quien es su compañera de trabajo, y comparten el mismo punto de venta de sus productos.

Agrega que frente a esta situación de desigualdad, la mayoría de los socios se reunieron en la sede del Comité para debatir y acordar que cada bono recibido se iba a dividir entre aquellos que no fueron beneficiados, acuerdo con el que estuvo a favor, que nunca desconoció, no obstante, se deduce por esta parte que las molestias del Comité surgieron por dos motivos:

1) Cuando se dirigió a la Municipalidad de Villarrica y al Servicio de Impuestos Internos con el fin de averiguar a qué se debía este aporte estatal y si efectivamente tenía la obligación de compartir este beneficio con su socia; y, 2) Por no entregar parte del dinero en el plazo acordado en la asamblea a la señora nombre reservado, manifestando ésta última que “la estaba tramitando” con el objetivo de no realizar el depósito al cual se había comprometido en su oportunidad.

Agrega que los conflictos siguieron, pues, con fecha 2 de noviembre de 2021 por motivos de consulta médica no pudo asistir a la reunión a la cual se le había convocado por parte del Comité por tener confirmada una resonancia magnética, la cual debía realizarse ese día en el Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de la ciudad de Temuco, por lo cual su inasistencia fue debidamente informada a quien correspondía no significando en la especie un incumplimiento a sus deberes como parte integrante del Comité ya aludido. Posteriormente con fecha 6 de noviembre nuevamente le fue imposible asistir por problemas de salud, debido a que se encontraba con fuertes dolores en sus piernas por la trombosis que la aqueja hace ya unos años, a pesar de su dolencia se comunicó con la señora nombre reservado- Socia del Comité- para que informara oportunamente a los demás socios y a la directiva su ausencia a las actividades acordadas para aquel día.

Indica que en virtud de los hechos ya descritos, la Directiva de consuno le prohibió el acceso a las dependencias de la Feria Libre Sausalito, desde el día 2 de noviembre hasta el día de hoy, y la razón se debe a sus reiteradas inasistencias a las reuniones y actividades de la asamblea (las cuales cabe recordar, sólo fueron dos y por motivos de salud) afectando de esta forma gravemente sus intereses económicos por no poder generar sus ingresos de forma mensual.

Señala que por medio de una carta de fecha 22 de noviembre de 2021, don nombre reservado –Socio del Comité- le comunican citación. Los hechos en que se funda – la citación- tiene por finalidad informarle de su expulsión como socia del Comité por infringir faltas consideradas como graves en el Estatuto Interno regido por la ley N°19.418, las que según se lee en la carta de expulsión, se le imputan las siguientes: “Reiteradas amenazas y calumnias hacia el Comité, Ofensas graves de palabra a dirigentes del Comité y las inasistencias repetitivas a reuniones convocadas por el Directorio”.

Agrega que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 letra c) de los Estatutos del Comité, se señala expresamente lo siguiente: “Las causales de pérdida de calidad de socio y por ende del puesto de trabajo termina: c) Expulsión, fundada en infracciones graves de las normas del presente estatuto, con consulta de la asamblea”, por consiguiente, el artículo 10 enumera cuales son las faltas consideradas como graves, siendo invocada la única causal regulada, la del N°6 “Por ofensas de palabras o de hechos, como agresión o intento de agresión a algún dirigente o miembro del Comité”, vale decir, los estatutos no señalan adicionalmente como faltas graves las inasistencias reiteradas, las amenazas y las calumnias mencionadas en la referida carta de expulsión.

Haciendo un desglose de cada una de las faltas citadas, específicamente a lo que concierne a las amenazas, calumnias y ofensas al Comité, cabe señalar que éstas no son efectivas, puesto que si bien, expresó en su momento que: “Iba a denunciar a la directiva del Comité por existir socios que evaden impuestos” estas supuestas amenazas nunca se materializaron, por lo demás, no constituyen un delito contra el honor de la persona, en este caso, a los miembros de la directiva del Comité, y asimismo cuando se dirigió al Presidente de Comité diciéndole “Sea más hombrecito” no debería considerarse como una ofensa grave que justifique imponer su expulsión, pues el contexto en que se manifestaron los dichos fue con motivo de numerosas discrepancias y decisiones adoptadas por la directiva.

Indica que con fecha 11 de diciembre del mismo año – día que fue citada- se presentó en la sede del Comité y realizó sus descargos en la asamblea ordinaria, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 de los Estatutos Internos. No obstante, de manera antojadiza se decidió su expulsión, sin realizar una investigación interna de los hechos que se le imputan, por lo que esta parte no comprende cual es el fundamento principal que sustenta la desvinculación con el Comité, ya que, no existe constancia de ningún acto ofensivo realizado que tenga el carácter de grave, ni tampoco la directiva comprobó en la asamblea las supuestas acciones que se le imputan.

Agrega que de acuerdo a los hechos descritos, se deja entre ver que por estas mínimas desavenencias con un miembro especifico de la directiva, hicieron uso de su facultad y adoptaron la decisión de expulsarla y de despojarla de su puesto de trabajo.

Asimismo, se le manifestó por parte del Presidente del Comité, -con acuerdo de los demás afiliados- que se le iba a efectuar la devolución equivalente a: a) $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) correspondiente a la inversión realizada por la compra del terreno ubicado en Cacique Curiñanco de la localidad de Lican Ray; y, b) Adicionalmente $75.000 (setenta y cinco mil pesos) correspondiente la garantía, pero esta suma de dinero aún no se le ha depositado en su cuenta RUT.

Afirma que todo el periodo que fue parte del Comité nunca había tenido altercados con los socios y compañeros de trabajo, es más, siempre fue respetuosa y comprometida con sus pares, lo que llama la atención, pues expulsarla por los motivos antes expuestos no es razón suficiente para adoptar tal sanción.

Lo anteriormente narrado deja en evidencia que no existió ningún procedimiento ni argumentos sólidos por parte del Comité para proceder a la expulsión de la recurrente.

Normas legales infringidas por el accionar de los recurridos.

A) Derecho al debido proceso. 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

El articulo 19 Nº3 inciso 5 de nuestra carta magna señala que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

Sostiene que lo más grave y que atañe directamente a la recurrente, es que el Comité, pretende imponer, una medida gravísima, en realidad la más grave, como lo es su expulsión, aplicando una sanción injustificada, infundada y en todo caso desmedida, sin sujeción a procedimiento alguno y sin respeto a los principios más básicos que inspiran el debido proceso como lo es el de la bilateralidad de la audiencia. A mayor abundamiento, la sanción impuesta se sustentó en supuestos hechos que ni siquiera están establecidos previamente en la norma que describe la sanción, lo cual fue mañosamente maquillado haciendo coincidir las ausencias a las juntas de comité para poder desvincularla, pese a que en la especie estas últimas fueron debidamente motivadas y justificadas.

Afirma que la recurrida ha cometido una acción al menos arbitraria, en tanto se decide sancionarla de manera irracional, al dictarse una resolución de expulsión sin expresar ni explicar los fundamentos para arribar a una decisión de última ratio.

B) Derecho a desarrollar cualquier actividad económica. 19 N°21 de la Constitución Política de la Republica. El articulo 19 Nº21 dispone “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”

Los hechos descritos precedentemente, configuran una amenaza, perturbación y vulneración de garantías constitucionales protegidas, ya que la expulsión acordada por el Comité es un acto manifiestamente ilegal y arbitrario, pues el mencionado Comité, no respetó la garantía constitucional de la recurrida a desarrollar libremente cualquier actividad económica.

La expulsión contenida en la carta referida afecta los derechos adquiridos sobre la calidad de socia y las prerrogativas que la acompañan, como por ejemplo, la imposibilidad de presentarse a las dependencias de la Feria Libre, donde se dedica tiempo completo a su emprendimiento, debido a que como ya se señaló, se le prohibió el acceso, generándole un grave menoscabo económico, ya que constituye su única fuente de ingresos. Asimismo y como consecuencia directa de ello, se priva de su derecho básico y esencial a desarrollar cualquier actividad económica, en este caso puntual, la de comerciante.

c) Derecho de propiedad. 19 N°24 de la Constitución Política de la Republica Lo actuado por la recurrida constituye abiertamente una amenaza cierta al derecho de propiedad, Pide resolver lo siguiente:

1. Deje sin efecto la expulsión acordada por el Comité de Feria Libre Sausalito, recuperando íntegramente la calidad de socia;

2. Comunicar formalmente la recurrida y a todos sus socios, vía carta certificada o de la forma que S.S.I. determine, la reincorporación de doña nombre reservado al Comité;

3. Cualquier otra medida que esta Iltma. Corte estime pertinente para reestablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales de la actora;

4. Que se condene en costas a la recurrida.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de la carta referida en el cuerpo de esta presentación, que le informa acerca de su expulsión; 2. Copia de los Estatutos Internos del Comité; 3. Copia autorizada de inscripción de dominio con certificado de vigencia a nombre de Comité Feria Libre Sausalito, de fojas 4174, Nº 3834 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, correspondiente al año 2021; 4. Copia de la solicitud de resonancia magnética de la recurrete; 5. Copia de informe de seguimiento de tratamiento anticoagulante de la actora.

A folio N°11-2022 evacua informe la recurrida comité feria libre Sausalito, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que contrariamente a lo afirmado por la actora, estiman que la sanción de expulsión impuesta a la socia recurrente se ajusta plenamente a los hechos y al derecho aplicable al caso particular.

Señala que el Comité Feria Libre Sausalito se rige por sus propios estatutos, los que fueron aprobados con fecha 18 de abril de 1991, como consta de documentación acompañada al recurso y que, por cierto, son plenamente conocidos por la propia recurrente.

Hace presente que en el artículo 1° de dichos estatutos se indican como objetivos del Comité, el promover el desarrollo humano y social de sus afiliados en pos de una mejor calidad de vida. Se señala también como finalidad el promover el sentido de solidaridad de sus integrantes a través de una buena convivencia. Por su parte el artículo 7° contempla como obligaciones de los socios el asistir a todas las reuniones convocadas por el directorio; acatar los acuerdos de la asamblea y del directorio; velar por los intereses y el prestigio del Comité.

En lo que dice relación con la pérdida de la calidad de socio, el artículo 9 de los estatutos, contempla la medida de expulsión, fundada en infracciones graves de sus normas, siempre con consulta a la asamblea. Respecto de las que se consideran faltas graves, el artículo 10 del texto citado contempla un amplio catálogo pero, en lo pertinente, el numeral 3 se refiere a causar daño, perjuicios o atentado moral a los bienes del Comité o a la persona de alguno de sus dirigentes con motivo u ocasión del desempeño de su cargo. Por otro lado, el número 6 del citado artículo, considera de dicha entidad las ofensas graves de palabra o de hecho, como agresión o intento de agresión a algún dirigente o miembro del Comité.

En cuanto al procedimiento, el artículo 17 letra e) del citado estatuto señala que la expulsión de uno o más afiliados deberá ser aprobada por la mayoría de la asamblea. Finalmente, el artículo 11 -citado por la recurrente- establece que, acordada alguna medida de expulsión, de aquellas referidas en el artículo 10, el afectado podrá apelar a la medida, presentando sus descargos a la asamblea ordinaria de socios, la que por votación simple aprobará o rechazará la medida.

Procedimiento aplicado al caso particular.- Indica que como una cuestión previa, es menester señalar que los estatutos de una asociación tienen, conforme al artículo 1545 del Código Civil, fuerza de ley para sus socios, por lo que están obligados a obedecerlos. Por lo mismo, hay que atenerse a ellos para conocer las sanciones que se les aplican en caso de incumplimiento de sus deberes estatutarios. Sólo, cuando dichos estatutos no prevén determinadas situaciones, se aplican las normas legales que las regulan, que son supletorias de los estatutos, es decir, de la voluntad de los asociados. En esta lógica, toda asociación tiene el derecho de establecer en sus estatutos el régimen disciplinario interno y ejercerlo de conformidad a sus normas y a la ley.

De lo anterior, se desprende, que son los estatutos los llamados a establecer las medidas disciplinarias que eventualmente puedan aplicarse a los integrantes de la asociación, las causales que lo hacen procedente, el órgano que las aplicará y el procedimiento racional y justo, que con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a los asociados, se empleará para ejercer la potestad disciplinaria.

Refiere que como se acredita con documentos que se acompañan a este informe, en asamblea de fecha 06 de noviembre de 2021, la directiva del Comité, con aprobación de la asamblea, decidió aplicar la medida de expulsión de la socia nombre reservado, fundada en las amenazas que la socia hizo a miembros de la directiva, en orden a denunciarlos por una supuesta evasión de impuestos. Además, por no respetar los acuerdos de la asamblea, asumidos con anterioridad por ella misma, de compartir el denominado” bono alivio mypes” con la socia y compañera de trabajo, doña nombre reservado, generando con su actuar conflictos y mal ambiente en la comunidad, todos hechos que fueron considerados faltas graves, de conformidad a las normas estatutarias. Dicha decisión – como lo dice la propia recurrente- le fue comunicada por escrito, mediante carta de fecha 22 de noviembre de 2021, en donde además se le citó a una reunión en dependencias de la sede del Comité, para el día 11 de diciembre de 2021, a las 14:00 horas.

Afirma que la propia recurrente, reconoce en su recurso que se presentó a dicha reunión en donde procedió a hacer sus descargos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 de los estatutos que, como se dijo más arriba, contempla la posibilidad de que la afectada pueda apelar a la medida.

En dicha reunión de fecha 11 de diciembre de 2021, luego de escuchar los descargos de la afectada, oportunidad en que la socia, a viva voz, trató al Presidente del Comité de “poco hombre” y “mentiroso”, la asamblea ratificó la decisión tomada en asamblea anterior, de fecha 06 de noviembre de 2021 y firmaron el libro de actas, en apoyo a la decisión tomada, como se acredita con documentos que se acompañan a este informe.

Sostiene que de lo expuesto, queda en evidencia que la actuación del Comité Feria Libre Sausalito se realizó dentro de las atribuciones propias que la ley y los estatutos le conceden. De ellos puede advertirse que la decisión de expulsión fue adoptada por el órgano estatutario competente, previa notificación y citación a audiencia de descargos, habiéndose indicado a la actora, con claridad, los hechos que eran objeto del cuestionamiento disciplinario, lo que necesariamente debe llevar a concluir la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad atribuible a la conducta de la organización recurrida.

Derechos presuntamente violentados por la recurrida.- Que, sin perjuicio de lo expresado precedentemente, es menester señalar que cualquiera sea la calificación que se dé a los hechos sometidos al conocimiento de esta Corte, no existe ningún acto arbitrario e ilegal cometido por la recurrida, que constituya vulneración alguna de los derechos que invoca como afectados la recurrente.

Indica que, en relación con la garantía prevista en el artículo 19 Nº 3 inciso quinto, de la Constitución Política de la República, invocado en la acción cautelar, referida al debido proceso, como lo reconoce la propia actora, aquel no está expresamente señalado dentro de los numerales a que hace referencia el artículo 20 de la Carta fundamental, lo que ya es suficiente para desestimarlo. Sin perjuicio de ello, reiteramos lo dicho en el sentido de que la actuación de la recurrida se ejerció en el ámbito de sus competencias, previa notificación de la afectada, con pleno conocimiento de los hechos fundantes, citación para efectuar descargos, de manera que no se advierte el actuar irracional o arbitrario que reclama la actora.

En cuanto a la pretendida vulneración de la garantía del número 19, del artículo 24 de la Carta Fundamental, estimamos que tampoco concurre, toda vez que, como se viene reiterando, la recurrida actuó con entero apego a sus estatutos, instrumento conocido y aceptado por la actora y que no los respetó. En dicho instrumento se contempla que la sanción de expulsión implica la pérdida de la calidad de socio y por ende del puesto de trabajo. Así lo dice expresamente el artículo 9 del estatuto del Comité Feria Libre Sausalito.

Por último, en lo que duce relación con el Nº24 del artículo 19 de la Constitución, es dable señalar que con la aplicación de la sanción de expulsión no se afectó al derecho de propiedad que la recurrente dice tener sobre la calidad de socia, no solo porque la medida, legítimamente aplicada, se funda en un procedimiento conocido y obligatorio que respeta el principio de bilateralidad de la audiencia, sino porque el actuar de la recurrida se realizó con el más estricto apego a las normas que determinaron su proceder y en el ejercicio pleno de sus facultades legales y estatutarias.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia de acta número 342, en donde constan antecedentes de asamblea de fecha 06 de noviembre de 2021, del Comité Feria Libre Sausalito; y 2.- Copia de acta número 343, en donde constan antecedentes de asamblea de fecha 11 de diciembre de 2021, del Comité Feria Libre Sausalito.

A folio N°13-2022 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando Primero: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

Segundo: Que, el acto arbitrario e ilegal en que funda su recurso el recurrente, lo hacen consistir en el hecho, que la recurrida no habría cumplido ni respetado el procedimiento existente no permitiéndole un debido proceso, por lo que arbitrariamente se le ha impedido el desarrollo de una actividad económica y afectando su derecho a la propiedad.

Tercero: Que por decreto 123 del 18 de abril de 1991 de la Ilustre Municipalidad de Villarrica se aprueban los estatutos de las organizaciones comunitarias funcionales entre ellas la del comité feria libre Sausalito. Y de acuerdo a sus estatutos internos artículo 7 en relación a las obligaciones de los socios en su letra a) se indica como una de ellas asistir a todas las reuniones convocadas por el directorio en su letra f 1 consigna que en el caso de inasistencia a reunión la multa será de $1.500 y por inasistencia a reunión con trabajo de $5.000. En su artículo 9 individualiza las causales de pérdida de la calidad de socio, y por ende del puesto de trabajo, letra “c) por expulsión fundada en infracciones graves de las normas del presente estatuto, con consulta a la asamblea”. En el artículo 10 se individualizan las faltas que se considerarán graves y en su n° 6 se consigna “por ofensas graves de palabra o de hechos, como agresión o intento de agresión a algún dirigente o miembro del comité”. En el artículo 11 se manifiesta que adoptada la medida de expulsión deberá notificarse por escrito, pudiendo apelarse de la misma presentando sus descargos a la asamblea ordinaria de socios la que aprobará o rechazar la medida adoptada por votación simple. Artículo 17 e) en asamblea extraordinaria se verá la expulsión o reintegración.

Que de la documentación acompañada se puede observar que se le notificó a la actora la decisión de expulsión basada en faltas consideradas como graves en especial las señaladas en la carta de notificación del 22 de noviembre de 2021.

“Reiteradas amenazas y calumnias al comité.

Por ofensas graves de palabra a dirigentes del comité.

Inasistencias repetitivas a reuniones convocadas por el directorio”.

Cuarto: Que, según los propios estatutos, el tema de las inasistencias se encuentra regulado en el artículo 7 letra f 1, y en caso de inasistencias a las mismas la sanción es la imposición de una multa.

En cuanto a las otras imputaciones estás podrían encontrarse contenidas en el artículo 10 número 3 y 6. Consistentes en n°3 “causar daño, perjuicios o atentado moral a los bienes del comité o a la persona de alguno de sus dirigentes con motivo u ocasión del desempeño del cargo” y n°6 “por ofensas graves de palabra o de hechos, como agresión o intento de agresión a algún dirigente o miembro del comité”

Quinto: Que, en relación a la ilegalidad del acto, se puede observar de acuerdo a las actas y estatutos qué fue la asamblea la que terminó la expulsión por la causal del artículo 10 número 6 respetando el procedimiento previamente acordado. Notificando a la recurrente, quien el día 11 diciembre de 2021, concurrió y pudo hacer sus descargos, habiéndose ratificado por la asamblea su expulsión. Por lo tanto, no ve incumplimiento, ya que, se siguió al procedimiento previamente establecido y conocido.

Ahora en relación a la arbitrariedad del acto, si bien efectivamente existen una causal que dice relación con ofensas de palabra o de hechos hacia el comité o sus dirigentes, según el mismo estatuto estas deben tener el carácter de reiteradas, y quien establece el carácter de graves es el mismo órgano recurrido, con decisión final por votación de la asamblea.

Sexto: Que, las partes no han discutido que la recurrente llevaba 7 años como socia ocupando un puesto en dicha feria, y en relación a los hechos que motivan la sanción estos provienen de:

1.- Amenazas de denuncias por evasión de impuestos de socios.

2.-No respetar los acuerdos de la asamblea en relación al bono “alivio Mypes”

Y posteriormente una vez adoptada la decisión de expulsión y notificada, en la audiencia de descargos del 11 de diciembre de 2021, se agrega por el trato al presidente del comité de poco hombre y mentiroso, según acta 343 del 11-12-2021.

Que en relación a estos hechos la recurrente sostiene, que las amenazas nunca se concretaron, que si bien reconoce que accedió a compartir el bono recibido con otra socia posteriormente pregunto si esto era legal y por último que el trato al director en el contexto de los descargos fue solo en relación a haberse referido a este como “sea más hombrecito”.

Séptimo: Que de lo anterior no se visualiza como proporcional la sanción aplicada a los hechos, siendo desproporcionada y por tanto arbitraria, pues la primera no se concretó a lo que se une que en sí misma no puede entenderse como amenaza la denuncia de algún hecho ilícito y regulado por ley, la segunda responde a una nueva información obtenida por la recurrente y la ultima es posterior a la decisión de expulsión en el contexto de los descargos cuando se votaría si ratificar o no la medida.

Por lo antes expuesto es que procederá a dejar sin efecto la medida aplicada por la recurrida.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara: Que se acoge, sin costas el recurso de protección deducido, solo en cuanto se deja sin efecto la decisión que decreto la expulsión de la recurrente doña nombre reservado debiendo ser reincorporada en su calidad de socia del comité feria libre Sausalito.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (s) Sra. Viviana Loreto Ibarra Mendoza .

Rol N° Protección-230-2022.(jog)