SOCIEDAD INVERSIONES HUEFER LIMITADA con JUZGADO DEL TRABAJO DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, diez de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece don HUGO SEPULVEDA MUÑOZ, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación, de la sociedad Inversiones Huefer Limitada., persona jurídica del giro de su denominación, Rol 76.000.696-3, representada legalmente por don nombre reservado, según se acreditará con mandato judicial que se acompaña, vengo en interponer recurso de protección por vulneración de garantías constitucionales en contra del Juzgado de Letras de Cobranza de Temuco, Persona jurídica del giro de su denominación, RUT N°RUT reservado, representada por su Juez don CHRISTIAN DAVID OSSES CARES, ambos con domicilio en domicilio reservado, por lo siguiente: LOS HECHOS: 1.- Con fecha 5 de septiembre de 2013 se dio inicio a la causa Rit C-278-2013, en este Tribunal, donde las ejecutantes persiguieron su acción en contra de la empresa que representa. 2.- En esta causa se embargó en bien raíz de propiedad de mi representada, inscrito a fojas 13631, N° 6153, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, correspondiente al año 2008, ubicado en domicilio reservado. 3.- Este inmueble fue rematado en dicho Tribunal con fecha 9 de abril de 2015 y se adjudicó a las actoras con cargo al crédito por la suma de $ 32.121.313. 4.- Tal como consta de certificado de hipotecas y gravámenes este remate se hizo vulnerando el artículo 1464 N° 3 del Código Civil, puesto que a la fecha del remate este inmueble tenía inscrita una medida precautoria inscrita a fojas 8221, N° 4051, del año 2013, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco y un embargo inscrito a fojas 7224, N° 320, del año 2014, del tercer Juzgado Civil de Temuco, causa Rol C-5706-2014, de los cuales no existía autorización alguna para el remate. 5.- Con posterioridad este inmueble fue nuevamente embargado a fojas 743, N° 320, del año 2017, del Primer Juzgado Civil de Temuco, en la causa Rol C-6401-2016. 6.- Con fecha 15 de febrero de 2022, se resolvió un recurso de reposición interpuesto por esta parte en la causa, donde el Tribunal rechaza el mismo y ordena alzar los dos embargos antes señalados, sin contar con la autorización de los respectivos Tribunales que decretaron dichos embargos. 7.- Con ello el Tribunal de Cobranza está dictando unan resolución arbitraria y contraria a derecho, puesto que no tiene competencia para alzar estos dos embargos que fueron decretados por otros Tribunales, con competencia en lo civil, está dejando sin efecto lo resuelto por otros Tribunales de justicia, sobre pasando su esfera de competencia, haciendo que esta resolución sea arbitraria y totalmente contraria a derecho. 8.- El artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales dispone “La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”, de que deviene el aforismo que un Tribunal siempre tiene jurisdicción, pero no siempre es competente. 9.- El artículo 109 del COT señala el principio de radicación o fijeza el cual dispone “Radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente.”, o sea radicada una causa ante un Tribunal, siempre este va a ser el competente y esto no se puede alterar por causa sobreviniente, que es lo que está haciendo el Tribunal recurrido. 10.- El artículo 111 del COT dispone el principio que estaría vulnerando el Tribunal recurrido con su resolución arbitraria “El tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. “. 11.- Por aplicación del artículo 472 del Código del Trabajo, las resoluciones pronunciadas en los Tribunales de Cobranza son inapelables por lo que resulta esta vía de acción constitucional la única para reclamar en contra de las resoluciones arbitrarias y contrarias a derecho, como ocurre en el caso de autos. GARANTIAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS. Los hechos descritos constituyen una infracción a las siguientes garantías o derechos constitucionales: 1.- El Derecho de Propiedad. (Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.) En efecto, puesto que mi representada se verá con esta resolución privada de su derecho de dominio sobre este inmueble, debido a que como se ha señalado anteriormente, a pesar de existir un remate en la causa, por no haberse alzado los embargos y la medida precautoria antes del remate o haberse pedido autorización, la subasta y venta posterior adoleció de objeto ilícito y por lo mismo es que la parte que se adjudicó el viene, jamás ha podido inscribir el inmueble a su nombre, el cual se encuentra inscrito a nombre de su representada. No es baladí esta acción constitucional, puesto que con el actuar arbitrario y contrario a derecho del recurrido, se está privando a mi representada de su derecho de propiedad sobre el inmueble, este va a pasar a ser de otra persona, con lo que s ele privará totalmente de este derecho. 2.- La igualdad ante la ley. (Artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República.) La resolución dictada por el Tribunal, altera claramente la igualdad ante la ley como sujeto de derecho que tiene mi representado. Sus derechos se vulneran con esta resolución arbitraria, puesto que el Tribunal recurrido no tiene las facultades que se está arrogando para dejar sin efecto los embargos que fueron decretados por otro Tribunal. 3.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. (Artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República.) El inciso 6 de esta norma dispone lo que se denomina como debido proceso “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. El recurrido con su actuar vulnera este principio, puesto que al entrometerse en la decisiones de otros Tribunales, esta alternado el debido proceso, puesto que está actuando fuera de la esfera de sus facultades o competencias que le entrega la ley.

Por ello, pide tener por interpuesto recurso de protección en contra del Tribunal de Cobranza Temuco, persona jurídica del giro de su denominación, representada por su Juez don CHRISTIAN DAVID OSSES CARES, ambos con domicilio en domicilio reservado, acogerlo a tramitación y ordenar, en definitiva, declarar: a) Que, la resolución dictada por este Tribunal de fecha 15 de febrero de 2022, es arbitraria y contraria a derecho, por las razones ya enunciadas; b) Se ordene a la recurrida poner fin a los actos y hechos descritos como arbitrarios, ilegales y que infringen las garantías constitucionales señaladas y ordenar que se enmiende dicha resolución y niegue lugar al alzamiento de los embargos, en la forma que se indicó; c) Que, todo esta situación deberá llevarse a cabo dentro de tercero día de ejecutoriado el fallo del presente recurso o dentro del que Ssa. Iltma. determine. d) Que, se deberán tomar todas las providencias para el restablecimiento del imperio del derecho en el lugar y situaciones descritas en este recurso. Y, e) Que se condena en costas del recurso al recurrido.

A su turno, comparece don nombre reservado, Juez suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, informando: la resolución que motiva la interposición del recurso de protección que se viene a informar, fue dictada el 15 de febrero de 2022 por la Jueza titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, doña Viviana Ibarra Mendoza, en causa de cobranza laboral RIT C-278-2013, RUC 12-4-RUT reservado, que resolvió: “A todo: Atendido lo expuesto por la parte solicitante en relación a que el incidente promovido no sería de aquellos del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, sino del artículo 69 del mismo cuerpo legal, pues se refiere a aquella resolución que dio traslado con citación, se tiene en consideración que respecto a la citación, el abogado en su oportunidad hizo uso de ésta, la cual fue extemporánea, y repuso de la resolución que la declaró extemporánea, esto es, fuera del plazo de citación que el mismo reconoce (señalando que fue presentada fuera de plazo); por tanto el Tribunal entiende que en este caso se está dentro de una nueva incidencia del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, y es aplicable por ende la necesidad de depósito para proceder. Por lo referido anteriormente, en cuanto a los recursos interpuestos, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 475 y 476 del Código del Trabajo, en relación a lo dispuesto en los artículos 181 y 187 del Código de Procedimiento Civil, no se da lugar a ellos por ser improcedentes”.

Definido el contexto, señala que se habrían afectado los derechos de propiedad, de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, conforme a los fundamentos que expone en su recurso. Ahora bien, acabe asentar al respecto, que tal como lo señala el recurrente, en la causa de cobranza se embargó un inmueble de su propiedad, el que se remató por disposición del tribunal de cobranza de esta ciudad con fecha 09 de abril de 2015. Dicho inmueble se encuentra inscrito a nombre de Inversiones Huefer Limitada a fojas 13.631, número 6.153, del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, pudiéndose indicar los siguientes hitos en su tramitación en lo que interesa al recurso en conocimiento. El 18 de octubre de 2017, las adjudicatarias solicitaron al tribunal que se decretase el alzamiento del embargo y la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos que recaían en la propiedad subastada. La resolución recaída en esta resolución, de 20 de octubre de 2017, dio traslado y ordenó que se acompañase el certificado de prohibiciones e interdicciones vigentes del inmueble. El 26 de octubre de 2017, el tribunal tuvo evacuado el traslado, sin que la ejecutada se hubiese pronunciado. Reiteró, además, que se acompañase el certificado de prohibiciones e interdicciones vigentes del inmueble. Ahora bien, sin perjuicio de otras actuaciones que constan en el expediente virtual, recién el 13 de enero de 2022, las adjudicatarias cumplen lo ordenado acompañando el mencionado certificado, reiterando la petición de alzar las medidas que recaídas en el inmueble. De esta suerte, el 14 de enero de 2022, el tribunal provee lo siguiente: “Por cumplido lo ordenado. Atendido el mérito de autos, en especial acta de remate de fecha 23-02-2015 y habiéndose concedido traslado a la contraria, sin haberlo evacuado; como se pide, se decreta el alzamiento del embargo recaído sobre el inmueble embargado e inscrito a fojas 13.631 F número 6153 del Registro de propiedad del año 2008 ante el Conservador de Bienes Raíces de Temuco. CON CITACIÓN”. El 19 de enero de 2022, Inversiones Huefer Limitada, señala que haciendo uso de una citación formula un incidente que de acuerdo a lo que expone, lo cataloga de incidente de incompetencia del tribunal (primer otrosí de su presentación). En relación al mencionado escrito, lo resuelto con fecha 24 de enero fue del siguiente tenor: “A LO PRINCIPAL: No ha lugar, por extemporáneo. AL PRIMER OTROSÍ: No ha lugar, estese al mérito de lo anterior. AL SEGUNDO OTROSÍ: Téngase presente y por acompañado. AL TERCER OTROSÍ: notifíquese a la dirección de correo electrónico indicada, todas las resoluciones que se dicten en la presente causa, incluidas aquellas que deban notificarse personalmente, por carta certificada o por cédula. AL CUARTO OTROSÍ: Téngase presente la personería”. En contra de esta resolución, el día 27 de enero del presente año, la ejecutada de marras presentó un recurso de reposición y apela en subsidio. Señala al momento de fundar el recurso de reposición que: “Si bien es efectivo que la presentación de fecha 19 de enero de 2022 fue realizada fuera del plazo concedido en la citación, si se expusieron antecedentes en dicho escrito que implican la concurrencia de un vicio de nulidad en el procedimiento y por ende bajo la aplicación del impulso procesal de oficio, debían necesariamente acogerse y dejarse sin efecto”. Del recurso de reposición se dio traslado el 01 de febrero de 2022. Evacuando el traslado, el 03 de febrero del año en curso, la ejecutante que se adjudicó el bien rematado el año 2015, argumentó junto con la interposición extemporánea de la contraria, que el 17 de septiembre de 2014, se dispuso que el ejecutado no podría promover nuevos incidentes sin que consignare previamente en la cuenta corriente del Tribunal 2 UTM. Posterior a esto, con fecha 14 de octubre de 2014, se estableció que el ejecutado no podrá promover incidentes, sin que previamente consigne en la cuenta corriente del Tribunal 4 UTM. Adiciona que conforme al artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, no constando en autos que el ejecutado haya dado cumplimiento a esta obligación, debe tenerse por no presentado y, asimismo, extinguido el derecho a promoverlo nuevamente. En este derrotero, constando en autos la certificación de no haberse efectuado la consignación previa para poder formular un incidente, medida impuesta a la ejecutada el año 2014, respecto de los recursos formulados con fecha 27 de enero de 2022, se dictaminó el 10 de febrero de 2022: “VISTOS. Conforme a lo ordenado con fecha 14 de octubre de 2014 y lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, y atendido el Informe de la Unidad de Servicios de esta fecha, no habiendo depositado la suma equivalente a 4 Unidades Tributarias Mensuales, se tiene por no presentado para todos los efectos legales, el incidente interpuesto por la ejecutada con fecha 19/01/2022. En cuanto a la presentación de fecha 27/01/2022, este al mérito de lo resuelto precedentemente”.

Frente a lo anterior, la ejecutada presentó un nuevo recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la resolución de 10 de febrero antes señalada, sosteniendo que no se ha formulado en la causa un incidente especial o con fines dilatorios, sino que únicamente ha hecho uso de una citación otorgada, expresando fundados argumentos. Por último, en esta relación de la tramitación de la causa, llegamos a la resolución de 15 de febrero de 2022, ya conocida, que da pie al recurso de protección incoado. Volviendo al comienzo, el contexto ya definido, nos lleva a efectuar varias cavilaciones. a) En primer término, el remate se encuentra firme, no puede pretender la recurrente alterar ese estado por vía de deducir un incidente de nulidad respecto a una incompetencia de este tribunal para ordenar el alzamiento de los embargos y otras medidas que lo afecten. b) En segundo lugar, si hay un vicio de nulidad, no le afecta a esta parte, sino que a quien pretenda efectuar la inscripción. Tampoco beneficia al recurrente. c) Una tercera cuestión, es que resulta un hecho irrefutable, que habiéndose decretado el alzamiento de las medidas, ello fue con citación. Entonces, conforme al inciso 1° del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, la concesión en esa forma significa que: “Siempre que se ordene o autorice una llevarse a efecto sino pasados tres días después de la notificación de la parte contraria, la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente”.

De lo anterior fluye, que puede o no dentro del plazo de citación formularse un incidente, si se hace uso de la citación, oponiéndose a la medida, obviamente debe entenderse como un incidente, no como que únicamente se contesta a una citación dispuesta por el juzgador. d) Como cuarto asunto, aclarado lo anterior, en la causa de cobranza, como lo reconoce la demandada posteriormente, su presentación fue extemporánea, pues hace uso de la citación no dentro de tercero día, sino que al cuarto. Con este fundamento se dictó la resolución de 24 de enero de 2022. e) En quinto lugar, para el caso que se considere que no hace uso de la citación, sino que deduce un incidente independiente, lo cierto y comprobable, es que estando ordenado por el tribunal desde el año 2014, conforme lo preceptuado en el artículo 88 del Código de Enjuiciamiento Civil, que los nuevos incidentes que formule, requieren la consignación de 4 UTM previamente, la ejecutada no ha efectuado consignación previa a la interposición del incidente, lo que se establece en la resolución de 15 de febrero de 2002, amén de hacer presente la formulación extemporánea del incidente. Así las cosas, no se observa ninguna de las vulneraciones alegadas. En efecto, tratándose del derecho de propiedad, lo que ataca o a lo que opone a la ejecutada es a la inscripción de la propiedad a nombre de los adjudicatarios, por existir medidas no alzadas, en ninguna parte de sus alegaciones apunta derechamente a una nulidad del remate, que por lo demás se efectuó el año 2015. En el caso de la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, su argumento escapa a la protección que estas garantías le pueden brindar, pues en ningún caso se ha visto privado de la posibilidad de recurrir, en la misma instancia o ante la Corte de Apelaciones, pero como todo procedimiento judicial hay una ritualidad que las partes deben cumplir, lo que no acontece en la especie, pues ha efectuado presentaciones fuera de plazo o sin efectuar consignaciones previas a las que estaba obligado. Capítulo aparte, no puede soslayarse que el acto ilegal o arbitrario denunciado es una resolución judicial, por lo que hay que tener en mente que el mentado recurso no es un medio procesal para impugnar resoluciones judiciales, así lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en fallo dictado con fecha 03 de mayo de 2007, en rol 2.044-2007, en que manifestó que: “2º) Que la naturaleza propia de la acción, recién aludida y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para revisar la procedencia o improcedencia de lo actuado en un juicio;…”. Agrega que: “…resulta que el asunto sometido a la decisión de esta Corte por la presente acción de protección se encuentra bajo el imperio del Derecho en este caso, la jurisdicción, la que entrega, en el mismo procedimiento, herramientas legales y recursos procesales ordinarios o extraordinarios al recurrente para tratar de revertir la medida que se pretende impugnar; lo que hace naturalmente improcedente que ello se pretenda l levar a cabo por medio de la presente acción cautelar, destinada a resolver situaciones de muy distinta naturaleza,….”. A mayor abundamiento, desde un punto de vista general, no tiene cabida recurrir de protección en contra de una resolución judicial, porque el juicio en que se dictó la resolución es una vía equivalente a la protección, de modo que garantiza un debido proceso a quien es afectado por dicha resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

TERCERO: Que es un presupuesto de la acción incoada en autos, la acreditación de ser los recurrentes, titulares de un derecho indubitado, respecto del cual esta Corte pueda adoptar las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

CUARTO: Que, del mérito del recurso de protección de autos, fluye que la discusión se circunscribe a establecer si efectivamente el Tribunal de Letras de Cobranza de Temuco, al momento de dictar la resolución del 15 de febrero de 2022, rechazando la reposición deducida por la ejecutada Inversiones Huefer Limitada, ordenando el alzamiento de los dos embargos que pesan sobre el inmueble rematado, sin contar con las autorizaciones de los respectivos Tribunales, ha vulnerado las garantías constitucionales esgrimidas por la recurrente.

QUINTO: Que de los antecedentes tenidos a la vista, fluye que no existe un derecho indubitado de la recurrente, sino por el contrario, hechos que deben ser discutidos y probados en el mismo proceso C-278-2013 de cobranza laboral, el cual ya se encuentra en conocimiento de la justicia ordinaria, en actual tramitación, instancia en que las partes deberán efectuar las alegaciones y rendir las pruebas que el caso amerite, no siendo esta acción cautelar, la vía establecida por el ordenamiento jurídico para ello.

En consecuencia, considerando que existen procedimientos y vías distintas a la acción de protección para resolver los conflictos como el de autos, resulta que la acción de protección no es la vía idónea para que el asunto sea conocido y resuelto, atendida la naturaleza de la acción constitucional, la que no es declarativa de derechos, sino que de protección de aquellos que siendo indubitados se encuentran en situación de recibir el amparo por esta vía y que no corresponde en autos, por lo que se desestimará el recurso.

SEXTO: Que las demás alegaciones y defensas efectuadas por las partes y no analizadas en esta sentencia, en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en representación Sociedad Inversiones Huefer Limitada, en contra del Juzgado de Letras de Cobranza de Temuco.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2276-2022.(ela)