nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°. A folio 1 comparece don JOSÉ ORLANDO FERNÁNDEZ PALMA, abogado, C.I: RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, C.I RUT reservado, funcionario de Gendarmería de Chile en el Cargo de Sargento 1º, de dotación del Centro de Detención Preventiva de Pitrufquén, domiciliado en domicilio reservado.

Deduce acción constitucional de protección en contra de Don SEBASTIAN SALVADOR URRA PALMA, director nacional de Gendarmería de Chile, C.I N° RUT reservado, y/o quien lo subrogue legalmente, con domicilio en domicilio reservado.

Expone que con fecha 23 de abril del año 2001 el recurrente, previo concurso público, ingresó a trabajar a Gendarmería de Chile, estando en toda su carrera calificado en lista 1 de distinción en estos 24 años en la institución de forma intachable.

Adiciona que con fecha 12 de mayo se le notifica al recurrente la Resolución Exenta N° 142/1894/2025, de fecha 09 de mayo de 2025, mediante la cual se le aplica el retiro temporal no voluntario de la institución. Se le invoca la causal genérica de Necesidades del Servicio, asilándose el recurrido en el artículo 114, letra b), del Decreto Supremo N° 412 sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.

Añade que aquella decisión se fundó en una denuncia del interno condenado nombre reservado. Este último denuncia que supuestamente “mientras ejercía labores como mozo jornal en el taller de mantención del recinto penal, varios funcionarios del recinto le solicitaron que efectuara arreglos y mantenciones en sus vehículos personales. Todo ello por cuanto era un antecedente conocido en el recinto que el denunciante tenía conocimientos de mecánica automotriz”.

Expone que Uno de los funcionarios señalados en la denuncia, sería el Sargento Primero nombre reservado, quien de acuerdo con los antecedentes informados por el interno nombre reservado y lo recopilado en el informe ® N° 83/2025 le habría solicitado presumiblemente colaboración para gestionar la compra de un vehículo tipo camioneta. Además, según conversaciones de WhatsApp sostenidas entre las dos personas recién mencionadas, el funcionario habría solicitado al interno sus servicios para cambiar un repuesto del vehículo señalado.

Todo lo expuesto constaría en conversaciones efectuadas entre el funcionario nombre reservado y el interno nombre reservado a partir del 21 de julio del año 2024, a través de la red social WhatsApp. Adiciona que, no obstante, el recurrente no ha tenido acceso alguno a tales antecedentes que obrarían en la investigación interna, de modo que no le ha sido posible contrarrestar dicha evidencia en virtud del principio de contradictoriedad contemplada en el artículo 10 de la ley 19.880.

El recurrente niega los hechos imputados. Asevera que esta denuncia falsa realizada por el interno Canario nombre reservado se originó como represalia por una situación ocurrida 6 de agosto de 2024. En esa fecha dicho interno, haciendo uso del beneficio intrapenitenciario de salida controlada al medio libre a trabajar, retorna al recinto penitenciario a eso de las 22:00 horas. En el momento fue sorprendido, por personal de guardia del C.D.P de Pitrufquén, ingresando en manifiesto estado de ebriedad. Por esta situación se le revocó el beneficio mencionado.

Explica que, como represalia, según se dijo, el interno con fecha 20 de diciembre de 2024 procede a ingresar la denuncia que terminó finalmente por cumplir el objetivo, desvincular de la institución al recurrente y a otros funcionarios.

Enfatiza que el recurrente también fue acusado de pagar $25.000 al interno tantas veces mencionado. Sostiene que esta acusación es falsa. Lo acreditará con las cartolas históricas del recurrente, las que se acompañan en este recurso.

Alega que concurren varias ilegalidades en este proceso, como producción de pruebas a espaldas del recurrente que ni siquiera tuvo la oportunidad ni espacio de defenderse, de ser oído, de aportar pruebas, de refutar o contrarrestar las pruebas de la contraria. De este modo, se concluye que el comportamiento del recurrente se apartaría de los fines y objetivos institucionales. Todo ello con lesión de la presunción de inocencia que lo ampara.

Hace presente que la figura del retiro temporal no está regulada en las leyes especiales de Gendarmería ni tampoco en el Estatuto de Carabineros de Chile, (DS 412), razón por la cual se debe aplicar la norma general de la Ley N° 19.880. Estima arbitraria e ilegal la conducta de la institución, por cuanto se debe aplicar el DFL 1.791, Estatuto del Personal perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile, y luego las demás normas, pero en lugar de ello aplica el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. Indica que no resulta aplicable el Decreto 412 sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. Sin embargo, el recurrido basa su actuar en la ley 19.195, la cual adscribe al personal de Gendarmería de Chile al régimen previsional y de término de carrera de Carabineros de Chile (Dipreca), ley que tiene por finalidad homologar el sistema previsional de Carabineros a los gendarmes, pero no perseguir la responsabilidad administrativa de los funcionarios, ni el término de la carrera de los mismos ni la aplicación del artículo 114, letra “b,” del Decreto 412. . Concluye afirmando que se ha producido un problema de interpretación.

Luego cita diversos textos normativos que, a su juicio, han sido infringidos mediante el acto impugnado.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera los derechos constitucionales establecidos en los números 1, inciso primero, 2 y 24.

Por lo expuesto solicita que esta Ilustrísima Corte disponga que el director nacional de Gendarmería de Chile, Don SEBASTIAN SALVADOR URRA PALMA, ya individualizado, o quien lo subrogue legalmente, según la calificación que se determine, deje sin efecto, revoque o invalide, la Resolución Exenta N° 142/1894/2025 de fecha 09 de mayo de 2025 y disponga el reintegro inmediato a las funciones que el recurrente viene desempeñando hace más de 24 años en Gendarmería de Chile, para seguir ejerciendo sus funciones en el Centro de Detención Preventiva de Pitrufquén, con todas las prerrogativas legales, con expresa condena en costas.

Adjunta los documentos que detalla.

2°. A folio 9 comparece don nombre reservado, Abogado de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería, domiciliado en domicilio reservado (ex Rosas) Nº 1264, comuna de Santiago, en representación de don nombre reservado, Director Nacional de Gendarmería de Chile Expone que mediante la Resolución Exenta RA Nº 142/1894/2025 de fecha 09 de mayo de 2025, el Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile dispuso el retiro temporal no voluntario del Sr. nombre reservado. Dicha resolución tuvo como principal motivación lo advertido en el Oficio Reservado N°408/2025 y el Informe Reservado N°82/2025, ambos del Subdirector Operativo de esta Institución, que dan cuenta que el día 14 de marzo de 2025 personal de la Dirección de Investigación Criminal (DICRIM) fue informado de la denuncia presentada por el ex interno del C.D.P. de Pitrufquén, identificado con las iniciales C.C.S.

Explica que dicha documentación da cuenta que: “en su denuncia, CCS señaló que mientras ejercía labores como mozo jornal en el taller de mantención del recinto penal, varios funcionarios del recinto le solicitaron que efectuara arreglos y mantenciones en sus vehículos personales, por cuanto era un antecedente conocido en el recinto que el denunciante tenía conocimientos de mecánica automotriz.

Agrega que uno de los funcionarios señalados en la denuncia es el Sargento Primero nombre reservado, quien de acuerdo a los antecedentes informados por CCS y lo recopilado en el informe citado, le habría solicitado colaboración para gestionar la compra de un vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo L200. Además, le habría solicitado la instalación de una barra frontal en el mismo vehículo. Por todo ello el interno recibió un pago de $25.000.

Destaca que los antecedentes señalados anteriormente, se encuentran reproducidos en las conversaciones efectuadas entre el funcionario nombre reservado y CCS, a partir del 21.07.2024, a través de la red social WhatsApp, en la cual figura su número de teléfono de contacto, y las cuales se adjuntan en el informe citado.

Hace presente que la normativa institucional contemplada en el Decreto N° 943/2011, del Ministerio de Justicia, respecto al trabajo penitenciario de los internos, y lo contenido en el Código de Ética del servicio, contempla la prohibición de los funcionarios de obtener beneficios privados por parte de los usuarios.

Estima que el comportamiento del Sargento Primero nombre reservado, es grave, cuya conducta se aparta de los fines y objetivos institucionales al no satisfacer las exigencias que le impone su condición de funcionario público de Gendarmería de Chile.

Desde el punto de vista normativo, hace notar que el artículo 1° de la Ley N° 19.195, preceptúa que “El personal de las Plantas de Oficiales y Vigilantes Penitenciarios de Gendarmería de Chile quedará sujeto al régimen previsional y de término de la carrera que rija para el personal de Carabineros de Chile, con excepción del desahucio”, cuyo régimen se encuentra establecido en el D.S. N° 412, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile (D.F.L. N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior).

Añade que la Jefatura Institucional aplicó al protegido la medida consagrada en el literal b) del artículo 114 de este último cuerpo normativo, el cual prescribe que “El retiro temporal del personal de Nombramiento Institucional, procederá por las causales siguientes: (…) b) Por necesidades del servicio”.

Cita los dictámenes 72.757 de 2010, 43.876 de 2011 y 98.570 de 2014, de la Contraloría General de la República, en los que se establece que la norma citada autoriza al Director Nacional a disponer el retiro temporal de los empleados de nombramiento institucional, por necesidades del servicio. Añade que el Ente Fiscalizador ha entendido que la institución estudiada no importa la aplicación de una sanción disciplinaria, de modo que no se requiere de la instrucción de un proceso sumarial. Luego refiere dictámenes de la Contraloría y jurisprudencia de la Corte Suprema que lo respaldan.

Por tanto, concluye, la actuación del Director Nacional de Gendarmería de Chile no ha sido ilegal ni arbitrario.

Hace presente que en el considerando 14 de la Resolución cuestionada, se señala que “en contra del presente acto, podrá deducirse recurso de reposición, con jerárquico en subsidio, ante este Director Nacional; o recurso jerárquico ante el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ambos, dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos, contados desde su notificación. Sin embargo, el exfuncionario no presentó recurso alguno, siendo esa la vía idónea para conocer sobre la legalidad del acto impugnado, y no la acción de protección.

Por último, desvirtúa las supuestas infracciones a los derechos fundamentales invocados por el accionante de protección.

Concluye solicitando que esta Ilustrísima Corte declare que la Resolución Exenta RA N°142/1894/2025 de 09 de mayo de 2025, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que dispuso el llamado a retiro temporal no voluntario del protegido, se ajustó a derecho y que no es ilegal ni arbitraria. Por lo mismo, pide también el rechazo, en todas sus partes, del Recurso de Protección deducido, por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho, con costas.

Adjunta los documentos que detalla.

3°. Con fecha 13 de marzo de 2026 se procedió a la vista de la causa, oportunidad en la que alegó el abogado José Fernández, por el recurso, y el abogado Luis Risco, por Gendarmería de Chile.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acto u omisión ilegal o arbitrario, derechos vulnerados y pretensión del accionante. De acuerdo con lo señalado en lo expositivo de la presente sentencia, la acción que se considera ilegal o arbitraria es la dictación de la Resolución Exenta RA Nº 142/1894/2025 de fecha 09 de mayo de 2025, del Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, en virtud de la cual se dispuso el retiro temporal no voluntario del recurrente, Sr. nombre reservado.

Los hechos denunciados constituyen, a juicio del accionante, una vulneración de los derechos fundamentales estatuidos en el artículo 19, números 1, inciso primero, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

A partir de tales alegaciones, y en suma, solicita que se deje sin efecto la Resolución recurrida y se disponga el reintegro del recurrente a sus funciones, con todas las prerrogativas legales, con costas.

SEGUNDO: Procedencia de la acción de protección. La acción constitucional de protección se encuentra prevista en el artículo 20 de la Constitución. Esta acción puede ser interpuesta por cualquier individuo, por sí o por un tercero a su nombre.

Los requisitos de procedencia de esta acción cautelar, expresados en el mencionado artículo 20, son los siguientes:

1) Que exista una acción o una omisión que pueda ser sometida a la acción de protección.

2) Que la conducta sea ilegal o arbitraria, esto es, contraria al ordenamiento legislado o que sea consecuencia del mero capricho, o que carezca de razonabilidad, lógica o proporcionalidad.

3) Que la conducta lesione, mediante privación, perturbación o amenaza, el legítimo ejercicio de derechos fundamentales incluidos en el artículo 20 de la Constitución.

Para que la Corte pueda acoger la acción de protección deducida es necesario que se cumplan cada uno de los señalados requisitos. Por ello, deberán analizarse en ese mismo orden.

TERCERO: La Resolución del Director Nacional de Gendarmería como objeto de la acción de protección. En su informe Gendarmería de Chile ha sostenido que la vía idónea para impugnar la Resolución recurrida son los recursos de reposición y jerárquico, pero no la acción de ´protección.

Frente a dicha objeción se debe recordar la parte final del inciso primero del artículo 20 de la Constitución. Aquella expresamente señala que esta sede se puede utilizar “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. Esta disposición autoriza el uso de la presente vía constitucional para impugnar la Resolución del Director Nacional de Gendarmería.

Por tanto, se cumple el primero de los requisitos de procedencia de la acción constitucional de protección. Corresponde analizar el segundo de ellos.

CUARTO: Problemas sometidos a la decisión de esta Ilustrísima Corte en relación con la ilegalidad o arbitrariedad. Dos son los problemas que deben ser dilucidados por esta Ilustrísima Corte para evaluar la posible ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la Resolución impugnada.

Primero, si resulta jurídicamente admisible el uso de la facultad contemplada en el artículo 114, letra b), del Decreto Supremo 412, al personal de Gendarmería de Chile.

Segundo, si la aplicación de la referida disposición en el caso presente puede ser calificada de ilegal o arbitraria.

Sólo si se responde de manera afirmativa el primero de los mencionados problemas, será posible analizar el segundo de ellos.

QUINTO: Juridicidad de la aplicación del artículo 114, letra b), del DS N° 412, al personal de Gendarmería de Chile. Para evaluar la admisibilidad jurídica de aplicar el artículo 114, letra b), del Decreto Supremo N° 412, de 1992, a Gendarmería de Chile, es necesario considerar dos disposiciones.

El Decreto Supremo N° 412, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile (D.F.L. N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior). En su artículo 114, letra b), dispone:

“El retiro temporal del personal de Nombramiento Institucional, procederá por las causales siguientes: b) Por necesidades del servicio”.

Por su parte, la Ley N° 19.195 Adscribe al personal que indica de Gendarmería de Chile al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. El artículo 1°, inciso primero, de esta Ley expresa:

“El personal de las Plantas de Oficiales y Vigilantes Penitenciarios de Gendarmería de Chile quedará sujeto al régimen previsional y de término de la carrera que rija para el personal de Carabineros de Chile, con excepción del desahucio”.

De la sola lectura de la disposición recién transcrita se advierten dos cosas. Primero, que el personal de Gendarmería de Chile queda sometido a la regulación de Carabineros de Chile, en lo relativo al régimen previsional y de término de la carrera. Segundo, que la única excepción a esta remisión normativa es el desahucio.

Por tanto, el Decreto Supremo N° 412, de 1992, es aplicable al referido personal, incluyendo lo relativo al artículo 114. Esta conclusión es refrendada por la sentencia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 22 de marzo de 2024, recaída en la causa Protección rol N° 387-2024, que se cita en el siguiente considerando.

SEXTO: Ilegalidad o arbitrariedad en la aplicación del artículo 114, letra b), del DS N° 412, de 1992, en el presente caso. Admitida la procedencia de aplicar el artículo 114, letra b), del Decreto Supremo N° 114, de 1992, al personal de Gendarmería de Chile, corresponde analizar si su aplicación al caso presente ha sido ilegal o arbitraria.

Los cuestionamientos del recurrente se focalizan en dos aspectos. Primero, que se le habría sancionado sin derecho al respectivo sumario, en el que habría podido ejercer su defensa. Segundo, que el acto carece de motivación y ha sido dictado por funcionario incompetente.

La jurisprudencia nacional más reciente se encuentra conteste en que la facultad otorgada por el citado artículo 114, letra b), no constituye el ejercicio de una facultad disciplinaria, sino administrativa.

En ese sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso ha declarado: “Cuarto: Que, como puede advertirse, el retiro temporal no voluntario contemplado en la letra b) del artículo 114 del Decreto ́N° 412 de 1992 no se encuentra condicionado a que los hechos por los cuales se aplica sean determinados en un sumario administrativo ejecutoriado, puesto que aquella no tiene un carácter disciplinario, sino ́administrativo. En consecuencia, la autoridad penitenciaria podía aplicarlo, no obstante se encontraba pendiente el sumario administrativo dispuesto por la Resolución Exenta N 2450, de 7° de ́noviembre de 2023, de la Dirección Regional de Valparaíso de Gendarmería de Chile” (sentencia de fecha 22 de marzo de 2024, recaída en la causa Protección rol N° 387-2024, considerando cuarto).

En el mismo sentido, .la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha declarado: “Por su parte, el D.L. Nº3859, Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile, y la jurisprudencia citada de la Contraloría General de la República, señalan que la facultad establecida en el artículo 114 letra b) del D.F.L. Nº 2 de 1968, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto 412 del año 1992 del Ministerio de Defensa, es una facultad privativa de la Superioridad Institucional, y en vista de ello “no constituye la aplicación de una medida disciplinaria, pues se trata de una determinación cuya naturaleza es esencialmente independiente de la eventual responsabilidad penal y/o administrativa que pudiera establecerse en el caso particular, constituyendo, en suma, la manifestación de una facultad legal que se funda en las razones expuestas, que fueron debidamente ponderadas por la Autoridad Superior y que se enmarcan en el ejercicio de la correcta administración del servicio y de las funciones institucionales en concordancia con las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere” (interpretación acogida en múltiples dictámenes del Ente Contralor, entre ellos el 52.946 de 2013, 18.320 de 2015, entre otros” (sentencia de fecha 18 de julio de 2023, recaída en la causa Protección rol N° 259-2023, considerando quinto). .

De este modo, no existe ilegalidad en la imposición de la medida dispuesta en el acto impugnado, por tratarse de una facultad que el ordenamiento jurídico expresamente otorga al Director Nacional de Gendarmería.

Por otra parte, la Resolución cuestionada ha sido dictada por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y ha sido debidamente fundado. Por lo mismo, tampoco existe arbitrariedad en su emisión, como pretende el recurrente.

SÉPTIMO: Improcedencia de revisar el último requisito de la acción de protección. Lo expresado en los dos considerandos precedentes permite concluir que en el presente caso no se cumple el segundo requisito de procedencia de la acción de protección.

Por ese hecho deberá ser desestimada, tornándose innecesaria la revisión del tercero de los mencionados requisitos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE DECLARA:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en esta causa por don JOSÉ ORLANDO FERNÁNDEZ PALMA, abogado, a favor de don nombre reservado, en contra de Don SEBASTIAN SALVADOR URRA PALMA, director nacional de Gendarmería de Chile.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Sentencia redactada por el abogado integrante señor Luis Iván Díaz García.

Rol N° Protección-2271-2025.(jog)