Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por su Superintendenta doña nombre reservado, denunciando que mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-184002-2024 de 28 de noviembre de 2024, dicha entidad rechazó el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de sus licencias médicas N° 19396678, 108208356 y 109560226, correspondientes al período comprendido entre el 15 de septiembre y el 16 de noviembre de 2024. Afirma que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, por cuanto le niega un derecho de seguridad social y de propiedad fundado en razones que no le son imputables como trabajador, lo que vulnera sus garantías constitucionales de los artículos 19 N° 1, N° 2, N° 18 y N° 24 de la Carta Fundamental.

Expone que desde junio de 2024 se desempeña en la empresa Betec Ingeniería SpA, de la cual es también representante legal, percibiendo una remuneración mensual de $1.302.083. El 15 de septiembre de 2024 sufrió un infarto agudo de miocardio, debiendo ser sometido a la implantación de dos stents, permaneciendo con tratamiento pendiente para otra arteria comprometida. A raíz de ello requirió reposo y obtuvo las licencias médicas antes mencionadas, las que fueron autorizadas, pero sin derecho a subsidio, por estimarse que las cotizaciones de salud fueron pagadas atrasadas por el empleador. Señala que el atraso se debió a dificultades financieras de la empresa y desconocimiento en la gestión previsional, lo que ya fue regularizado. Sin embargo, la SUSESO desestimó su reclamación, confirmando lo resuelto por la COMPIN de Cautín, al no haberse acompañado antecedentes que justificaran el retraso en el pago de las cotizaciones.

Alega que la resolución recurrida no consideró las circunstancias excepcionales del caso ni la buena fe del empleador en regularizar las cotizaciones, trasladando indebidamente al trabajador las consecuencias de incumplimientos previsionales, lo que afecta su derecho a la seguridad social y lo priva arbitrariamente del subsidio por incapacidad laboral, derecho patrimonial que se genera con la autorización de la licencia. Pide que se deje sin efecto la resolución y se ordene el pago de los subsidios correspondientes, con costas.

Evacuando informe, el Secretario Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, en representación de la COMPIN, expone que las licencias médicas del recurrente fueron objeto de fiscalización por existir inconsistencias contractuales y dudas respecto de la existencia de vínculo laboral efectivo. Indica que inicialmente fueron rechazadas por causal de “sin vínculo laboral según fiscalización”, siendo luego autorizadas como trabajador independiente voluntario, pero sin derecho a subsidio, por no cumplir el recurrente los requisitos legales previstos en el DFL N° 44 de 1978: doce meses de afiliación previa, seis meses de cotizaciones dentro del período y estar al día en el pago de cotizaciones. Precisa que el actor sólo registra tres meses de cotizaciones, lo que lo inhabilita para acceder al beneficio reclamado. Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó lo obrado por la COMPIN mediante la resolución de 28 de noviembre de 2024, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en los actos cuestionados.

En cuanto al informe requerido en dos ocasiones a la Superintendencia de Seguridad Social, se resolvió prescindir de él, a fin de dar curso progresivo a los autos.

Se trajeron los auts en relación, procediendo a la vista del recurso, en la audiencia del pasado 11 de agosto, a la que compareció el abogado Karel Mora Villarroel, quien alegó ante estrados por el recurso, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección procede contra actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen derechos fundamentales garantizados por la Constitución, conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que el recurrente obtuvo licencias médicas debidamente autorizadas por la COMPIN de Cautín, con diagnósticos de infarto agudo al miocardio, lo que implica el reconocimiento de la incapacidad laboral que las motiva. Sin embargo, tanto la COMPIN como la Superintendencia de Seguridad Social resolvieron que dichas licencias no daban derecho a subsidio por incapacidad laboral, sosteniendo que no existía vínculo laboral efectivo con la empresa empleadora y, en subsidio, que debía considerársele trabajador independiente voluntario que no cumplía los requisitos legales para generar el beneficio.

TERCERO: Que la determinación de si existe o no relación laboral entre un trabajador y su empleador constituye una cuestión propia de la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, sin que pueda ser resuelta de manera definitiva por órganos administrativos en sede de autorización de licencias médicas. Al concluir que no existía vínculo laboral y derivar de ello la privación del subsidio, la autoridad recurrida excedió el ámbito de sus facultades legales, atribuyéndose potestades de calificación que corresponden en forma exclusiva a los tribunales.

CUARTO: Que esta interpretación y aplicación por parte de la SUSESO y de la COMPIN no sólo desconoce el marco de sus atribuciones, sino que además priva al recurrente de una prestación de seguridad social a la que accede por mandato legal con la sola autorización de la licencia médica, trasladándole las consecuencias de un juicio valorativo sobre su contrato que no les correspondía realizar. Con ello se afecta el derecho de propiedad respecto del crédito generado por la licencia, que corresponde al subsidio, la garantía del artículo 19 N° 3 inciso quinto, por cuanto la autoridad administrativa resolvió de facto un asunto que corresponde a los tribunales de justicia.

QUINTO: Que, en consecuencia, se trata de un acto ilegal y arbitrario que justifica acoger la presente acción constitucional, a fin de restablecer el imperio del derecho y proteger las garantías del recurrente.

Por estas consideraciones y lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara:

I. Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

II. Que, en consecuencia, se ordena a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UJU-184002-2024, dictando en su reemplazo un nuevo pronunciamiento que disponga la aprobación y pago de los subsidios por incapacidad laboral derivados de las licencias médicas N° 19396678, 108208356 y 109560226, con todos los efectos legales y económicos correspondientes.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

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