nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco.

Temuco, seis de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, debidamente representado y viene en interponer el presente recurso de protección en contra de nombre reservado, representada por don nombre reservado, alegando como acto ilegal y arbitrario que la recurrida procedió a cortar el suministro eléctrico de su parcela y a exigir pagos por “gastos comunes” sobre un predio no sometido a copropiedad inmobiliaria, por lo que alega como vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 2, 3, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y pide que se declare la ilicitud de las actuaciones, que cesen las medidas de presión y se restituya el pleno ejercicio de sus derechos.

Señala que desde el año 2008 mantiene residencia entre la República de Chile y la Confederación Suiza y que su domicilio en domicilio reservado. Indica que el día 26 de abril del año 2026 don nombre reservado, en nombre de la nombre reservado, envió un correo electrónico al cónyuge de la recurrente exigiendo el pago de diversas sumas por concepto de “gastos comunes”, pese a que la parcela no está sometida al régimen de copropiedad inmobiliaria. Expone que en dicha comunicación se realizaron referencias a su situación personal y familiar, lo que resulta irrelevante y lesiona su honra.

Argumenta que el día 9 de mayo del año 2026, un vecino informó que se había procedido al corte del suministro eléctrico, medida ejecutada sin resolución judicial ni procedimiento previo, y que al solicitar explicaciones tanto ella como su cónyuge fueron calificados de “abusadores”. Arguye que se le ha excluido de los canales de comunicación de la comunidad, impidiéndole acceder a información esencial sobre la administración y decisiones que afectan su propiedad. Relata que, a la fecha de interposición, la parcela permanece sin suministro eléctrico, lo que la ha obligado a emplear generadores a combustible, con los costos y limitaciones correspondientes.

Explica que dichos hechos configuran actos ilegales y arbitrarios que perturban el uso y goce de su propiedad y afectan su seguridad, por cuanto la recurrida habría recurrido a mecanismos de coerción y autotutela para imponer cobros cuya procedencia se controvierte.

Indica que con fundamento en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República , se ha vulnerado la igualdad ante la ley al adoptarse un trato diferenciado sin justificación objetiva. Expone que se ha lesionado la garantía prevista en el artículo 19 N° 4 relativa a la vida privada y honra por las imputaciones y referencias personales vertidas.

Argumenta que la conducta denuncia una perturbación del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y en el artículo 582 del Código Civil, pues se pretende imponer obligaciones económicas sin fundamento jurídico y se afectó el servicio básico sin intervención judicial. Relata que además se ha vulnerado la garantía de igual protección de la ley del artículo 19 N° 3 por la utilización de medidas unilaterales ajenas a los procedimientos legales.

Expone jurisprudencia de la Corte Suprema, autos Rol N° 972-2025, de fecha 9 de octubre del 2025, que considera ilegal la aplicación de cortes de suministro en predios no constituidos como condominios y que califica tales medidas como autotutela proscrita, citando expresamente los considerandos pertinentes.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se declare que las actuaciones de la recurrida constituyen actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías constitucionales invocadas, que se ordene cesar de inmediato toda actuación destinada a imponer o exigir las sumas controvertidas mediante mecanismos de presión o coerción, que se restablezca el pleno ejercicio de los derechos afectados, que la recurrida se abstenga en lo sucesivo de conductas semejantes y que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

A su recurso acompañó un documento de antecedentes de un bien raíz y detalle catastral emitido por el Servicio de Impuestos Internos, de fecha 3 de junio del año 2026; set de fotografías del medidor de electricidad y del generador eléctrico; captura de pantalla del correo electrónico enviado a la casilla correo reservado; captura de pantalla de conversación de la plataforma WhatsApp; boleta de electricidad N° de cliente 5094912 de la compañía CGE.

A folio 21 comparece Andrés Aylwin Chiorrini, abogado, en representación de nombre reservado, quien viene en informar respecto del presente recurso de protección, y señala que el informe evacua los hechos y argumentos en defensa de la comunidad frente a las alegaciones de la recurrente y pide que se rechace íntegramente el recurso de protección, con expresa condena en costas.

Señala que la nombre reservado y la Parcelación Escorial se rigen por un Reglamento de Comuneros otorgado por escritura pública de fecha 16 de septiembre del 2009 e inscrito en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, el cual resulta jurídicamente vinculante para todos los lotes que integran la parcelación, incluidos los que invoca la recurrente. Indica que, pese a la referencia de la recurrente a la Ley N°21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria, el artículo 1 letra B de dicha ley excluye a los predios rústicos subdivididos conforme al decreto ley N°3.516, lo que no impide la existencia de normas convencionales obligatorias entre comuneros.

Expone que el Reglamento establece la naturaleza de bienes comunes de las instalaciones de electricidad y que otorga facultades al Directorio, entre otras, para administrar los bienes comunes, recaudar expensas y sancionar incumplimientos conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 9, 21 y 22 del Reglamento.

Expone que el suministro eléctrico de la parcelación funciona mediante un único empalme y medidor general contratado con Compañía General de Electricidad S.A., cliente N°5094912, a nombre de “Parcelación Escorial”, y que existe un sistema histórico de marcadores internos que permiten prorratear el consumo entre los lotes, el que opera desde aproximadamente el año 2010.

Agrega que la Administración remite mensualmente a los propietarios la boleta general, la planilla de prorrateo y la liquidación individual, documentos que fueron regularmente notificados a la recurrente y que se acompañan “como prueba” (sic).

Relata que la recurrente ha mantenido una conducta contradictoria al reconocer y efectuar pagos por gastos comunes durante varios años, reconociendo además una deuda cuya cancelación intentó regularizar mediante comunicaciones y un depósito de $700.000 efectuado el 4 de mayo del 2026. Indica que la Comunidad emitió apercibimientos y ofreció facilidades de pago, advirtiendo la posibilidad de suspender servicios como sanción por el incumplimiento reiterado, medidas previstas en el Reglamento.

Argumenta que el recurso es extemporaneo puesto que no se ha acreditado la fecha de conocimiento del supuesto corte de suministro denunciado como ocurrido el 9 de mayo del 2026, lo que impide comprobar el cumplimiento del plazo fatal de treinta días del Auto Acordado N°94-2015.

Expone además la falta de legitimidad activa y la ausencia de pruebas que acrediten dominio o un derecho indubitado de la recurrente sobre las parcelas 7 y 8, señalando que el certificado del Servicio de Impuestos Internos de fecha 3 de junio del 2026 no acredita dominio.

Arguye que el conflicto es esencialmente contractual y debe dirimirse por la vía arbitral o en sede declarativa de lato conocimiento, en atención a la cláusula compromisoria del artículo 24 del Reglamento que remite controversias a un árbitro arbitrador, de modo que el recurso de protección no es sustituto jurisdiccional ni procede cuando no existe derecho indubitado que requiera tutela cautelar. En su concepto, no existe acto ilegal ni arbitrario de la comunidad, pues las medidas adoptadas se ajustan al Reglamento y a principios del Código Civil tales como el artículo 1545 y el artículo 1546, así como a las normas aplicables al cuasicontrato de comunidad previstas en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se tenga por evacuado el informe, que el recurso de protección sea rechazado en todas sus partes y se impongan las costas, por cuanto no existe acto ilegal ni arbitrario imputable a la Comunidad y la controversia constituye materia contractual sujeta a otro cauce de resolución.

Acompaña Copia del Reglamento de Comuneros otorgado por escritura pública de fecha 16 de septiembre del 2009; copia autorizada de la inscripción del Reglamento en el Registro de Hipotecas y Gravámenes; certificado de vigencia de la inscripción del Reglamento, de fecha 7 de julio del 2026; copia autorizada de la inscripción de dominio del lote cuatro de la Parcelación Escorial; certificado del Registro de Hipotecas y Gravámenes respecto del lote veintitrés; boletas electrónicas de CGE N°488344844 de fecha 24 de junio del 2026 y N°484984313 de fecha 26 de mayo del 2026 a nombre del cliente N°5094912; documento Excel “detalle Mayo 2026.xlsx”; copia del correo electrónico de fecha 11 de junio del 2026 remitido por el tesorero con boleta y planilla de prorrateo; imágenes de capturas de pantalla de estados de pago 2024 y 2025; cadena de correos “Deuda electricidad” entre 5 de mayo del 2025 y 2 de junio del 2025; fotografías del empalme y medidor general y de los marcadores internos de diversos lotes; declaraciones de propietarios de la parcelación; documento Excel “Estado nombre reservado”; comprobantes de transferencias a favor de la Comunidad entre 2020 y 2024; comprobante de depósito en efectivo realizado el 4 de mayo del 2026 por $700.000.

Con fecha 24 de julio se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar y de carácter subsidiario destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones actuales, concretos, ilegales o arbitrarios que privan, perturban o amenazan derechos constitucionales y cuya corrección sea posible mediante órdenes simples e inmediatas.

SEGUNDO: Que abordando en primer lugar la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por la parte recurrida, debe tenerse en consideración que la situación de hecho planteada por la actora tiene efectos permanentes, razón por la cual el plazo de treinta día que funda la alegación no resulta procedente y no puede sino concluirse que la presente acción constitucional ha sido deducida oportunamente.

TERCERO: Que en el caso sub lite y tal como se expresó en la parte expositiva del presente fallo, doña nombre reservado, interpone el presente recurso de protección en contra de la nombre reservado, representada por don nombre reservado, por haber procedido, según alega, al corte del suministro eléctrico de la Parcela N°7 y 8, El Escorial, Sector Los Riscos, comuna de Pucón, y por exigir el pago de sumas en concepto de “gastos comunes” sobre un predio que, a su decir, no está sometido al régimen de copropiedad inmobiliaria.

Asimismo, denuncia comunicaciones que contendrían imputaciones sobre su situación personal y familiar y la exclusión de canales de comunicación de la comunidad, cuestión, esta última, que no desarrolla ni en el libelo ni en estrados.

Por su parte, la recurrida, informando, sostiene que la nombre reservado se rige por un Reglamento de Comuneros otorgado por escritura pública de fecha 16 de septiembre de 2009 e inscrito en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, que resulta vinculante para los lotes de la parcelación, incluidos los invocados por la recurrente.

Indica que el suministro eléctrico de la parcelación opera mediante un único empalme y medidor general contratado con Compañía General de Electricidad S.A., cliente N.º 5094912 a nombre de “Parcelación Escorial”, y que existe un sistema de marcadores internos para prorratear consumos entre los lotes, en funcionamiento desde aproximadamente 2010. Añade que la administración ha remitido mensualmente la boleta general, la planilla de prorrateo y la liquidación individual y que la recurrente ha reconocido y efectuado pagos en años anteriores, existiendo apercibimientos y facilidades de pago conforme al Reglamento.

CUARTO: Que analizado los antecedentes aportados por las partes, no es posible determinar que exista un derecho indubitado de la recurrente cuya vulneración revista un carácter actual y manifiesto, ni que la protección constitucional solicitada sea el mecanismo idóneo para la tutela que reclama. La jurisprudencia y la doctrina constitucional establecen que el recurso de protección no procede cuando la controversia plantea dudas fácticas o jurídicas relevantes, exige ponderación probatoria o valoración técnica compleja, o cuando existen otras vías administrativas o jurisdiccionales idóneas para la resolución del conflicto de fondo.

QUINTO: Que respecto del cobro de los denominados “gastos comunes” cuya improcedencia alega la parte recurrente, debe tenerse presente que el Reglamento acompañado por la recurrida (el cual resulta ser aplicable a la actora), dispone en su artículo décimo que el Directorio deberá cobrar los gastos comunes y sancionar su no pago pudiendo suspender los derechos comunes de los propietarios que no cancelan y; luego, en su artículo vigesimocuarto somete al conocimiento de un árbitro arbitrador las controversias que se den entre los copropietarios y el directorio, con motivo de la aplicación del reglamento, de lo que se desprende inequívocamente que en primer lugar los derechos que alega la recurrente no son indubitados y que el conflicto respecto a la procedencia del pago de los gastos comunes por parte de los parceleros, corresponde que sean conocidos y resueltos por un juez árbitro.

SEXTO: Que en consecuencia, no se advierte la concurrencia de los presupuestos exigidos para acoger la acción constitucional, ya que no existe actualmente un derecho indubitado de la recurrente cuya vulneración sea manifiesta y apta para ser reparada mediante mandatos simples e inmediatos; por el contrario, la cuestión de fondo aparece controvertida y digna de prueba, existiendo los mecanismos idóneos para su solución por la vía que los mismos miembros de la comunidad se han dado.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la nombre reservado, representada por don nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo de la ministra titular A. Cecilia Aravena López.

Rol N° Protección-2227-2026 (pvb).