nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1 comparece don JAIME MORAGA CARRASCO, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional según se acreditará de don nombre reservado, Médico Cirujano para interponer Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, Corporación de Derecho Público, Rut N.º RUT reservado, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado , en su calidad de autora material y en consecuencia responsable de actos y omisiones ilegales y arbitrarios que han afectado gravemente las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por la acción ilegal y/o arbitraria cometida con fecha 10 de Junio de 2022, al retener la devolución de impuesto a la renta de su representado ascendente a la cantidad de $2.878.472 , por concepto de deuda de crédito fiscal universitario.

Por lo anterior, solicita que restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida que deje sin efecto la retención de devolución de impuestos efectuada, revirtiendo la operación realizada y ordenando la restitución a mi representado de los dineros retenidos, aquello acorde a los siguientes fundamentos y consideraciones:

La retención ilegal y arbitraria de la devolución de Impuesto a la renta aceptada por el Servicio de Impuestos Internos por un monto de $2.878.472, efectuada por la Tesorería General de la República a solicitud de la Universidad de la Frontera.

Con fecha 10 de Junio de 2022, al revisar su representado la página web del Servicio de Impuestos Internos, se percató que la Tesorería General de la República le había practicado una retención por la suma de $2.878.472; informándose a través de esta última repartición pública que tal retención se había realizado de acuerdo a lo solicitado por la Universidad de la Frontera, por concepto de una supuesta deuda de Fondo Solidario de Crédito Universitario con dicha Casa de Estudios.

La referida actuación de la recurrida resulta ilegal y arbitraria, toda vez que contraviene la regulación jurídica especial consagrada al efecto y las normas generales de nuestra legislación sobre extinción de las obligaciones, en cuanto aquellas respecto de las cuales la recurrida ejecutó la retención de fondos se encuentran claramente condonadas por expresa disposición legal y /o prescritas.

Hace presente que don nombre reservado, cursó la carrera de medicina en la Universidad de la Frontera durante el periodo comprendido entre los años 1980 y 1990, periodo durante el cual fue beneficiado en primera instancia, durante los años 1980 a 1986, con el extinto Crédito Fiscal Universitario, regido por el Decreto con Fuerza de Ley N°4 del Ministerio de Educación de 1981, que fijó las normas sobre Crédito Fiscal Universitario y, posteriormente, desde el año 1987 hasta el año 1990, con el Fondo Solidario de Crédito Universitario, no siendo posteriormente durante los 22 años siguientes a su egreso, objeto de acciones de cobro o notificación ni realizado gestiones que hayan implicado la interrupción de los plazos legales.

Que, a continuación, opone prescripción de las obligaciones ya que, de acuerdo a las normas ya citadas, D.F.L. N.º4 , Ley 18.591, posteriormente modificada por la Ley 19.287, no existe en los mencionados estatutos legales norma alguna que consagre la imprescriptibilidad de las deudas provenientes de créditos del fondo solidario universitario, por lo que tales deudas bien pueden extinguirse por prescripción, instituto de aplicación general conforme lo dispone el artículo 1567 N°10 del Código Civil que rige contra toda persona, incluso en contra del Estado, según lo previene el artículo 2497 del mismo cuerpo legal.

En la especie, han transcurrido más de 19 desde que se hizo exigible el crédito, sin que exista antecedente alguno que permita establecer que la acreedora haya ejecutado en el intertanto algún tipo de acción que diera cuenta de su interés a fin de obtener el pago de lo debido.

En consecuencia, habiendo egresado el recurrente de la Universidad de la Frontera, en Diciembre del año 1990, la obligación del Crédito solidario Universitario se hizo exigible recién el 31 de Diciembre de 1992, hace 18 años y, respecto de las obligaciones del original crédito Universitario, se hicieron exigibles el 31 de Diciembre del año 1988, hace 23 años.

En el caso sub lite, la obligación se encuentra contenida a través de pagarés, respecto de los cuales esta parte tiene un conocimiento mínimo, pues físicamente no le constan sus cláusulas.

No obstante y, sin perder el hilo conductor, subraya que los pagarés corresponden a títulos suscritos hace más de 25 años, que según la ley de letras de cambio y pagarés son instrumentos con una prescripción especial de 1 año y, entendiendo que el mecanismo de cobro estipulado por la ley para dichos efectos comerciales es el juicio ejecutivo, se hace aún más notoria la falta de exigibilidad.

La norma es clara, el artículo 442 del Código de Procedimiento Civil establece que “El tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de tres años, contados desde que la obligación se haya hecho exigible; salvo que se compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por alguno de los medios que sirven para deducir esta acción en conformidad al artículo 434.” Considerando todo lo razonado, queda claro que la facultad de retener el excedente de la devolución de impuesto a la renta es un abuso del derecho, siendo prácticamente una norma que ampara la autotutela a fin de cobrar obligaciones que a la luz del Derecho carecen de toda vitalidad.

Niega interrupción de la prescripción.

Dice que la prescripción extintiva, antes de completarse, admite interrupción que, puede ser civil o natural y, una vez cumplida admite, también, su renuncia. Pues bien, en la especie no medió ni la una ni la otra. En la presente situación, no medió interrupción, porque no hubo demanda de cobro presentada antes de completarse el plazo, ni tampoco reconocimiento de la obligación por parte el deudor. Por lo tanto, si la prescripción no fue interrumpida, siguió corriendo y se completó. No medió tampoco renuncia posterior, porque no hubo pago voluntario o declaración ninguna en ese sentido y, la retención efectuada por Tesorería, no genera ese efecto.

Luego alega ausencia de notificación al recurrente.

Agrega que, el reglamento señala lo siguiente: “Artículo 3º.- Notificaciones. Para todos los efectos del presente Reglamento, las notificaciones a los deudores, se realizarán de la siguiente manera: 1.- En caso de constar el domicilio del deudor respectivo, la notificación se realizará mediante carta certificada, entendiéndose notificado el deudor en este caso, a contar del tercer día de la recepción de dicha carta en la oficina de correos.” “Artículo 5º.- Notificación al deudor. Los Administradores deberán notificar a los deudores respectivos que serán sujetos de retención de impuestos por las deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario. Los Administradores no podrán continuar adelante con el procedimiento establecido en este Reglamento, mientras no hayan dado cumplimiento cabal a lo dispuesto en el inciso anterior.”

En el presente caso, la actuación de la Universidad de la Frontera en orden a disponer el pago del Crédito Solidario Universitario del recurrente a través de la retención de la devolución de impuestos que correspondía a éste en la operación renta, constituye un acto ilegal, en los términos que señala el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, toda vez que procedió directamente a remitir la nómina de deudores morosos a la Tesorería General de la República, sin notificar previamente al recurrente, ni adoptó medidas destinadas a verificar si efectivamente el domicilio de éste, que ella necesariamente hubo de registrar al momento concederle el crédito, era o no el que a la fecha en que remitió al Servicio de Tesorerías la nómina de deudas vencidas y no pagadas que previene artículo 4° del Decreto N° 297, correspondía al deudor, como tampoco la inexistencia de domicilio conocido de dicho deudor a tal data; todo ello, en circunstancias que la Ley N°19.287, rotulada Modifica Ley N°18.591 que Establece Normas Sobre Fondos Solidarios De Crédito Universitario.

La referida actuación de la recurrida resulta ilegal y arbitraria, toda vez que contraviene la regulación jurídica especial consagrada al efecto en el Decreto N°297, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento que fija el procedimiento para la retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República, específicamente, los artículos 5° y 3° de este cuerpo normativo, que establecen la forma en que debe practicarse la notificación al deudor, que en la especie y habida consideración que a la Universidad de la Frontera le constaba su domicilio, atendido que él fue estudiante de dicha institución, en la que registró tal antecedente, la notificación debió practicarse a través de carta certificada, lo que no ocurrió.

En consecuencia, el recurrente ha sido objeto de una retención de devolución de impuestos completamente irregular, pues no ha sido notificado válidamente, no ha llegado carta certificada a su domicilio, no fue recepcionada ninguna carta por Correos de Chile y en sí la norma transgrede todo principio de proceso racional y justo ya que no existe certeza de cuando ha tomado conocimiento del estado actual de la deuda, exigiendo prácticamente al deudor que sea un adivino.

Así, la actuación de la recurrida constituye un acto arbitrario, toda vez que la falta de notificación legal del recurrido en cuanto era sujeto pasivo de la retención denunciada y de la retención misma devino, entre otras consecuencias inicuas, en la privación del legítimo derecho de éste a ejercer los mecanismos de impugnación que contempla nuestro Ordenamiento Jurídico en contra del cobro de la acreencia por crédito solidario que se hizo efectivo a través de la retención de la devolución de su impuesto a la renta, a interponer oportunamente el arbitrio de aclaración que prescribe el artículo 6° del Decreto N°297, a solicitar a la acreedora la concesión de plazos de espera o, de convenir con la misma cualquier mecanismo destinado a la solución efectiva del crédito solidario universitario impago, todo lo cual importa una vulneración a los derechos que nuestra Constitución asegura a todas las personas en el artículo 19 N°s. 2° y 24.

Expone luego sobre condonación de la obligación por ministerio de la ley.

Sin perjuicio de los argumentos expuestos en relación a la prescripción de las obligaciones, hace presente que las mismas se encuentran condonadas por expresa disposición legal, en cuanto desde que se hizo exigible la obligación, esto es Diciembre de 1994, han transcurrido más de 15 años.

Que, en efecto, el artículo 8° de la Ley 19.287 prescribe: “No obstante, para aquellos deudores cuya deuda acumulada, al momento en que sea exigible conforme al artículo 7°, sea superior a doscientas unidades tributarias mensuales, el plazo a que se refiere el inciso anterior será de quince años.”

En cuanto a la titularidad pasiva de la Universidad de la Frontera, precisa que la recurrida es titular pasiva de la presente acción constitucional, por cuanto el fondo solidario de crédito universitario, creado por el artículo 70 de la Ley N° 18.591, es un aporte en dominio a las universidades, para que éstas, con cargo a dicho fondo, otorguen crédito a los alumnos que cursen carreras de educación superior.

Al recibirse el aporte estatal en dominio, entonces la titularidad del derecho sobre esos fondos queda radicada en la respectiva universidad, de lo cual se sigue que los créditos que las instituciones de educación superior facilitan a sus alumnos, con cargo al fondo solidario, proviene de recursos propios. Consecuencialmente, la titularidad del crédito reside en la institución de educación superior, en este caso.

Alega como garantías vulneradas.

Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Dice que, si bien la jurisprudencia nacional ha entendido que la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente, a través de una declaración de impuesto a la renta, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la declaración, sino que se trata de un derecho eventual o condicionado, sostiene que existe una vulneración al Derecho de Propiedad de igual forma. Lo anterior teniendo en consideración el momento en el que se produce la retención, pues esta se produce una vez el Servicio de Impuestos Internos ya ha aprobado la declaración del contribuyente y se encuentra en procedimiento de devolución el excedente.

Una vez determinado que existe un excedente y que procede la devolución, queda de plano determinado que existe un derecho de propiedad del contribuyente sobre dichos dineros. Es en este punto donde la Tesorería General de la República, en uso de la habilitación legal para retener la devolución, procede a detener el proceso de pago, retira de la esfera, tanto del SII como del contribuyente, los dineros y los entera en el patrimonio de la Universidad de la Frontera.

Por ende, no se trata de un simple germen de derecho, sino que es una expectativa más que razonable de obtener la devolución del impuesto a la renta. Así, existe una vulneración al derecho de dominio consagrado en la Constitución, pues el contribuyente responsable que declara y paga sus impuestos se ve perjudicado al no concretar el proceso de pago de su devolución de impuestos, ya aprobada, es decir es un dinero que ya es propiedad del particular.

A su vez, esta facultad arbitraria de retener el dinero de devolución de impuesto a la renta, se presenta prácticamente como una expropiación ilegal sin sustento prestablecido, sin utilidad pública ni bien social, solamente el uso de una medida de autotutela que priva al afectado de percibir dineros provenientes de su legítima tributación.

En definitiva, la retención ordenada por la Universidad de la Frontera, es una medida ilegal y arbitraria, tendiente a un cobro que no puede ser perseguido por ninguna otra manera, sólo a través del ejercicio de esta facultad que viene a constituir claramente un abuso del derecho.

De los antecedentes, fluye que la recurrida UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, como lo es, el dejar transcurrir más de dieciocho años sin ejercer acción alguna, por lo que resulta antojadiza su actual decisión.

Insiste que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad del actor por el procedimiento adoptado y respecto de la devolución de impuesto a la renta, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita tener por presentado Recurso de Protección en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, Corporación de Derecho Público, Rut N.ºRUT reservado, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, ambos ya individualizados, en su calidad de autora material y en consecuencia responsable de actos ilegales y arbitrarios que han infringido lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y que han afectado gravemente los derechos de don nombre reservado, ordenar a la recurrida que informe en el plazo perentorio que se fije, acogerlo, con expresa condenación en costas y, en definitiva ordenar se restablezca el imperio del derecho y se asegure la debida protección del afectado, disponiendo que:

A.-) Se ponga término a todo cobro ilegal y arbitrario realizado a su representado.

B.) Ordenar el cese de retenciones de impuesto por concepto de Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de la Frontera.

C.) La devolución inmediata de todo monto de dinero retenido ilegalmente.

D.) Que la recurrida, elimine cualquier registro privado o público en que aparezca su representado como deudor o, se adopten las medidas que se estimen convenientes para asegurar la debida protección de los derechos afectados.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Escritura Pública de mandato Judicial y extrajudicial en la cual consta su personería.

2. Copia del D.F.L. N.º 156 del Ministerio de Educación Pública de 22 de Julio de 1982 que aprueba el Estatuto de la Universidad de la Frontera.

3. Copia de Decreto N.º0302 que designa a don nombre reservado como Rector de la Universidad de la Frontera.

4. Certificado de título profesional otorgado al recurrente por la Universidad de la Frontera.

5. Pantallazo con información del Servicio de Impuestos Internos, informando a su representado de la retención de fondos por concepto de Crédito Universitario Solidario.

A folio 11, comparece JUAN EDUARDO ERICES REYES, abogado, en representación según se acreditará de UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, quien dice:

1.- Que, durante los años 1983 a 1987, mientras el recurrente cursaba estudios, recibió Crédito Fiscal Universitario, para el financiamiento de sus Aranceles de Carrera, firmando los pagarés que se detallan a continuación:

Folio Año Firma Monto UTM 89308 1983 26,94 657766 1985 24,84 833752 1986 11,84 833753 1986 11,84 165431 1987 11,90 165432 1987 11,90 Total Capital 99,26 2.- Que, a partir del año 1993, el Sr. nombre reservado debió iniciar el pago de su crédito Fiscal, conforme al D.F.L. Nº4 de 1981, sin embargo, las cuotas que a la fecha permanecen pendientes corresponden a todas ellas, donde no se le ha retenido forzosamente los dineros al recurrente.

Para una mejor ilustración se detallan, siendo las siguientes:

Cuota Año Saldo Monto Cobrado UTM Intereses Penales UTM Saldo Pendiente UTM 1993 1,82621 0,00000 1,82621 1994 9,46440 36,36144 45,82584 1995 9,32440 34,33304 43,65744 1996 9,18440 32,39464 41,57904 1997 9,05440 30,63184 39,68624 1998 8,91440 28,85344 37,76784 1999 8,78440 27,09064 35,87504 2000 8,64440 25,30224 33,94664 2001 8,50440 23,60384 32,10824 2002 8,37440 22,08104 30,45544 2003 8,23440 20,42264 28,65704 2004 8,09440 18,76424 26,85864 2005 7,96440 17,11144 25,07584 2006 7,82440 15,53304 23,35744 2007 7,64960 14,06500 21,71460 Total deuda en UTM al 30/06/2022 468,39153 Total deuda en Pesos al 30/06/2022 RUT reservado

Montos en UTM con cinco decimales: Valor UTM 30/06/2022, $57557.- 3.- Que, el crédito consignado en los pagarés está sujeto a un incremento anual ascendente a 1% por concepto de interés corriente y, además, se debe expresar en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). El no pago de las cuotas está sujeto a un interés penal de 1,5% hasta el año 2012 y, en adelante, a un 1% mensual.

4.- Que, los pagos que registra a este Crédito son los siguientes:

4.1.- 13/05/2005 $131.441.- 4,33 UTM. Retención, Tesorería General de la República.

4.2.- 15/06/2022 $2.878.472.- 50,01 UTM. Retención, Tesorería General de la República.

4.3.- 17/06/2022 $1.676.574.- 29,12893 UTM. Retención, Tesorería General de la República.

5.- Que, con el objeto que pueda tener un conocimiento global de la situación respecto del financiamiento de la carrera Universitaria del recurrente, se hace presente las facilidades económicas a que pudo acceder, así también fue beneficiario por el Crédito Especial-84, este corresponde a un préstamo que excepcionalmente, las autoridades de la época otorgaron, sólo a algunos estudiantes, para cubrir el faltante de Crédito Fiscal Universitario que se dio en el año 1984. El crédito otorgado se respaldó con la firma de pagaré Folio 0410 por un monto de 26,27 UTM.

6.- Que, el Crédito Especial-84 debió ser pagado, en cuotas anuales, entre los años 1993 a 2002. A la fecha no se registra ningún pago en este Crédito, los saldos de las cuotas son las siguientes:

Cuota Año Saldo Monto Cobrado UTM Intereses Penales Saldo Pendiente 1993 6,02560 24,72220 30,74780 1994 3,66560 14,06075 17,72635 1995 3,60560 13,24715 16,85275 1996 3,54560 12,43355 15,97915 1997 3,49560 11,75555 15,25115 1998 3,43560 10,94195 14,37755 1999 3,37560 10,11835 13,49395 2000 3,32560 9,40035 12,72595 2001 3,26560 8,82675 12,09235 2002 3,18200 8,21976 11,40176 Total deuda en UTM UTM al 30/06/2022 160,64876 Total Deuda en Pesos al 30/06/2022 RUT reservado

7.- Que, el crédito consignado en el pagaré está sujeto a un incremento anual ascendente a 1% por concepto de interés corriente y, además, se debe expresar en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). El no pago de las cuotas está sujeto a un interés penal de 1,5% hasta el año 2012 y en adelante a un 1% mensual.

8.- Que, aunque el aporte al financiamiento de estudios por medio del crédito especial 84, no es parte del recurso del recurrente, es importante para su representada ilustrar el comportamiento de pago del ex alumno y el compromiso con su casa de estudios, debiendo señalar a este respecto la evidente falta de rigurosidad en el cumplimiento de sus obligaciones por parte del Dr. nombre reservado, toda vez que el recurrente ha ignorado durante años las obligaciones contraídas con la Universidad, dando cuenta la documentación disponible de la nula intención del recurrente de dar cumplimiento al pago de sus deudas por todos los créditos universitarios a que pudo acceder para el financiamiento de la carrera de Medicina y que contribuyo sin duda significativamente en su formación.

9.- Que, posteriormente, durante los años 1988 a 1990, mientras cursaba estudios, fue beneficiado por el Crédito Universitario para el financiamiento de sus Aranceles de Carrera, firmando los pagarés que se detallan a continuación:

Folio Año Firma Monto UTM 1628 1988 11,65 437 1989 12,10 368 1990 9,99 Total Capital 33,74 10.- Que, el crédito consignado en los pagarés está sujeto a un incremento anual ascendente a 1% por concepto de interés corriente y, además, se debe expresar en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). El no pago de las cuotas está sujeto a un interés penal de 1,5% hasta el año 2012 y en adelante a un 1% mensual.

11.- Que, el Crédito Universitario debió ser pagado, en cuotas mensuales, entre los años 1993 a 2002. A la fecha no se registra ningún pago en este Crédito, los saldos de las cuotas son las siguientes:

Saldo Pendiente: 160,94670. UTM al 30/06/2022 $9.263.609.- 12.- Que, durante los años 1989 y 1990 nuevamente tuvo Crédito Especial universitario que corresponde a un Crédito Institucional que se otorga a algunos estudiantes para cubrir el faltante de Crédito Universitario y firmó los siguientes pagarés:

Folio Año Firma Monto UF 674 1989 3,74 368 1990 7,66 Total Capital 11,40 13.- Que, el crédito consignado en los pagarés está sujeto a un incremento anual ascendente a 1% por concepto de interés corriente y además, se debe expresar en Unidades de Fomento (UF) El no pago de las cuotas está sujeto a un interés penal del máximo convencional informado mensualmente por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o por el organismo que lo reemplace.

14.- Que, el Crédito Especial Universitario debió ser pagado, en cuotas mensuales, entre los años 1993 a 1995. A la fecha no se registra ningún pago en este Crédito, los saldos de las cuotas son las siguientes:

Saldo Pendiente: 44,99830 UF al 30/06/2022 $1.488.851.-Valor UF 30/06/2022 $33.086,83.- 15.- Que, a partir del año 2005 hasta el año 2022, se procedió a informar a la Tesorería general de la república, para efectos de retención de la eventual devolución de impuestos que podría tener el sr. nombre reservado.

16.- Que, conforme a las normas dictadas en la Ley 19.989 y en su reglamento establecido en el Decreto Ley Nº 297 del año 2009, la Universidad de la Frontera ha seguido los protocolos que dichos textos legales imponen, para poder solicitar la retención respectiva a la Tesorería General de la República, siendo así como todos los años, se le notificó que se requeriría a Tesorería la retención de lo adeudado.

17.- En el año 2022 en específico se notificó por “Carta Certificada” al domicilio que el Sr. nombre reservado registra en la Universidad, LAS CAMELIAS 1403, TEMUCO y, además, en el diario electrónico Central WEB avisos legales, entre el 01 y 15 de febrero del año 2022, en conjunto con las demás Universidades del Consejo de Rectores, es decir, se efectúo en un diario de circulación nacional según lo indica la Ley y Reglamento.

18.- Que, cumplido los plazos legales de notificación y solicitud de aclaración, con fecha 28 de marzo del año 2022, esta Administración remitió al Mineduc los antecedentes que se requieren para que las deudas de créditos sean informadas a Tesorería General de la República, para las retenciones correspondientes. El Ministerio de Educación, conforme lo establece la Ley efectuó las validaciones pertinentes y emitió el Certificado de Conformidad correspondiente.

19.- Que, todas las cobranzas de los créditos en los años que correspondía, fueron efectuadas al domicilio que registra en la Universidad de la Frontera el Sr. nombre reservado, sin informar cambio, el cual es: LAS CAMELIAS 1403, TEMUCO.

20.- Que, es del caso señalar, que la deuda invocada tiene una regulación especial cual es la establecida en la ley N°19.287 y sus modificaciones y no es regulada por el derecho común.

21.- Que, por otro lado, el Reglamento aprobado por el Decreto 297 del Ministerio de Educación del año 2009, establece el tiempo y forma en que las administradoras de Fondos de Crédito deben hacer entrega de las nóminas de deudores morosos de créditos universitarios regulados por la ley 19.287.

22.- Que, las normas legales antes indicadas, imponen una obligación a las instituciones a informar a la Tesorería General de la República, cada año, la nómina de los deudores morosos de crédito universitario en conformidad a la ley 19.287, por lo que las Universidades, a través de los administradores de fondos respectivos, por su parte no tienen otra opción que informar a quienes se encuentren en esta situación, lo que ha ocurrido en el caso de autos con el Recurrente.

23.- Que, la deuda invocada, se encuentra actualmente vigente y su prescripción no ha sido alegada ni declarada por sentencia judicial, es más, a la fecha no se ha solicitado ante los Tribunales de Justicia, la declaración de prescripción de la misma. No siendo esta acción ni ante esta Corte la pertinente para solicitarla.

24.- Que, por lo anterior, la supuesta arbitrariedad e ilegalidad que reclaman de su representada, ha sido conforme a derecho, cumpliendo un imperativo legal y no hay ninguna acción u omisión arbitraria e ilegal en su actuar.

III. En cuanto a las garantías fundamentos del recurso y la falta de perjuicio.

En función de los argumentos anteriormente indicados, se solicita el rechazo del recurso por carecer de fundamento jurídico, toda vez que el actuar de su representada se ha ajustado a la normativa vigente y su proceder no ha sido discriminatorio, arbitrario ni ilegal y, por lo tanto, no hay ninguna garantía fundamental del recurrente que se haya afectado.

Solicita se sirva tener por evacuado el Informe solicitado y, en su virtud y de los documentos acompañados y argumentos esgrimidos, se sirva declarar que se rechaza el Recurso de Protección, por carecer éste de fundamento por no existir un acto arbitrario o ilegal de parte de su representada que lesione alguna garantía fundamental del recurrido, todo ello con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Informe de situación Crédito Universitario, emitido por doña nombre reservado, Administrador General de Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera.

2.- Certificado de conformidad de la Subsecretaria de Educación Superior de fecha 18 mayo de 2022.

3.- Copia de pagarés suscritos por el recurrente.

4.- Copia de mandato judicial con fecha 11 de julio de 2022, suscrito ante don nombre reservado, Notario Público de la agrupación de comunas de Temuco, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Freire y Padre Las Casas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, vale decir que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en este caso, el recurrente ha interpuesto esta acción constitucional por el acto u omisión arbitraria e ilegal de la recurrida que vulnera, entre otros, su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, sobre la suma de dinero que por concepto de devolución de Impuesto a la Renta Tributario 2022 debía percibir y que no se ha cumplido por Tesorería General de la República por mantener el recurrente una deuda con el Crédito Fiscal Universitario y Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera, ingresándose el dinero compensado como abono a dicha deuda, a requerimiento de la entidad acreedora.

TERCERO: Que, el asunto a dilucidar consiste en determinar si constituye una actuación arbitraria o ilegal la decisión, de la Universidad de La Frontera consistente en requerir a Tesorería General de la República para retener la devolución de impuesto correspondiente al Año Tributario 2022, devolución retenida que en total asciende a $2.878.472; por cuanto el recurrente mantiene una deuda por $26.959.211; por concepto de Crédito Fiscal; y la suma de $9.246.461; por concepto de Fondo Solidario de crédito Universitario de la Universidad de La Frontera.

CUARTO: Que, el artículo 1 de la Ley N 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la Ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas a los Fondos de Crédito Solidario, dispone: “Facúltese a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N°19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deber enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

QUINTO: Que, la disposición antes transcrita, ha sido objeto de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, originándose ante la Magistratura Constitucional la causa rol 11.153-21, que por sentencia de fecha 06 de enero de 2022, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de créditos solidario. En consecuencia, el citado artículo 1 transcrito en el considerando anterior, resulta perfectamente aplicable en el caso de autos.

SEXTO: Que, conforme se ha expresado, la decisión de la recurrida en orden a solicitar la Tesorería General de la República la retención de la devolución de impuestos, no constituye un acto arbitrario e ilegal, pues se enmarca en el ejercicio de sus facultades legales descritas en el artículo 1 de la Ley N 19.989 antes transcrito.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la decisión de la Universidad de La Frontera, ha sido adoptada, de acuerdo con lo dispuesto por el texto expreso de la normativa aplicable al asunto y, por ende, el acto de la recurrida no es arbitrario ni ilegal y, motivos los cuales el recurso de protección debe ser rechazado.

OCTAVO: Que además de lo antes, señalado, las peticiones que solicitan sean resueltas por el recurrente, en orden a una declaración de la prescripción extintiva y la interrupción de la misma, exceden del ámbito de un recurso de protección, el cual no está destinado a declarar la existencia ni extinción de derechos.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución n Pol tica de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Jaime Moraga Carrasco, e nombre y en representación de don nombre reservado, en contra la Universidad de La Frontera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante sr. Roberto Fuentes Fernández.

N°Protección-22209-2022. (sac)