nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

C.A. de Temuco Temuco, trece de junio de dos mil veintidós.

VISTO:

1.- A folio 1, con fecha 10 de marzo de 2022, comparece NICOLÁS PORTINO VEGA, abogado, C.I NºRUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria de la municipalidad de Ercilla, profesora, del servicio de Traspasado de Educación, con domicilio en domicilio reservado e interpone Recurso de Protección en contra de MUNICIPALIDAD DE ERCILLA, nombre reservado°69.180.600-6 representada por su alcalde, don VALENTIN VIDAL HERNÁNDEZ, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, de fecha 28 de enero de 2022, el decreto alcaldicio Nº307 que dispone el cambio de sus funciones y lugar de trabajo, notificada a su representada con fecha 01 de marzo de 2022.

Funda su recurso indicando que su representada ingresó a prestar servicios para la recurrida, municipalidad de Ercilla el año 2014 en calidad de reemplazo, en el Liceo C-44, de la comuna de Ercilla.

Con fecha 02 de diciembre de 2014 es nombrada a contrata mediante decreto alcaldicio Nº346, como Coordinadora Comunal de Extraescolar en el departamento de educación municipal de la comuna de Ercilla, decreto con vigencia hasta el día 28 de febrero de 2015. Contrata que fue renovada año tras año y finalmente mediante decreto alcaldicio Nº362 de fecha 17 de marzo de 2021, su contrata fue renovada en los mismos términos, coordinadora comunal de extraescolar 44 horas, para el periodo comprendido entre el primero de marzo de 2021 y 28 de febrero de 2022.

Indica que con fecha 01 de marzo de 2022 se le notifica decreto alcaldicio Nº307, de fecha 22 de febrero de 2022, donde se verifica la medida de destinación y cambio de funciones para la contrata para el periodo 2022.

Menciona que, dicha modificación no tiene fundamento alguno, carece de motivación, solamente se remite a explicar que se ejecuta destinación de la docente desde el departamento de educación al Liceo C-44 “Alonso de Ercilla”, de la comuna de Ercilla y obedece a que su representada no tiene afinidad política con la autoridad edilicia.

Agrega que en, su caso, ha operado la confianza legítima, de modo que, en caso que sea renovada en condiciones diferentes el decreto alcaldicio que lo materialice, deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate. Añade que ella fue la única funcionaria a la que se cambió sus funciones y destinada a un establecimiento educacional.

Arguye que, el dictamen E156760/2021, de Contraloría General de la República, que fija nueva instructivo sobre confianza legitima en las contratas, fija a las autoridades márgenes y criterios respecto de las desvinculaciones, cambios de funciones, o renovaciones en calidades distintas de los funcionarios principalmente bajo la modalidad de contrata.

A continuación, realiza un análisis de diversos dictámenes de la Contraloría General de la República, a saber 22.766 de 2016 y 23.518 de 2016, afirmando que ambos refieren a la necesidad de fundamentación de la decisión adoptada por la autoridad ante un acto que se repite anualmente y en el cual se ha generado confianza legítima de ser nuevamente adoptado.

Añade que mismo razonamiento es aplicable a las renovaciones dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata o reduciendo las horas asignadas en la designación anterior. (Sita dictámenes Nos 12.421, 28.530 y 33.999, todos de 2017, de este origen).

Agrega que este criterio debe aplicarse a los funcionarios que han sido designados en empleos a contrata y otras figuras de designación semejantes regidos por los siguientes textos y normas legales e indica un listado dentro del que se encuentra “Ley N°19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, artículo 72, letra d).

Luego se explaya respecto de las condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar la confianza en los funcionarios.

Menciona que, es procedente considerar que el deber de renovar una contrata en el evento que no se emita y comunique el acto fundado, deriva de una actuación previa por parte de la Administración en orden a requerir reiteradamente los servicios de una persona, por un periodo tal que hace suponer que dicha conducta seguirá repitiéndose.

Sostiene, en lo que se refiere a la continuidad de la relación previa, que es dable señalar que la confianza legítima de que trata el dictamen N°22.766 de 2016, sólo podrá generarse en la medida que no haya interrupción entre una designación y la siguiente, ya que la existencia de algún lapso de alejamiento, genera por esencia una duda razonable en torno a la mantención de esa relación funcionarial y, por lo mismo, se opone a la confianza legítima (criterio aplicado en el dictamen N°11.318, de 2017, de este origen).

En este sentido, el dictamen N° 21.536, de 2019, concluyó que los funcionarios que finalizan su periodo legal en cargos de jefes de departamento tienen la legítima expectativa de que sus relaciones laborales serán renovadas por la repartición correspondiente, al menos, en los mismos términos de la última de sus designaciones en calidad de contrata antes de haber asumido la jefatura de que se trata, de modo que pueden invocar el principio de confianza legítima sobre la base del tiempo servido anteriormente a contrata en la misma institución, si ese desempeñó previo tuvo la extensión necesaria para generar dicha confianza.

Finalmente, en cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la anotada confianza, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda renovación.

Agrega que De acuerdo con el dictamen N°16.512, de 2018, los servidores traspasados desde la calidad de honorarios a la contrata en virtud de las leyes de presupuestos, pueden considerar sus prestaciones a honorarios previas para efectos de invocar la confianza legítima.

Manifiesta que, tanto respecto de la no renovación de una contrata, como de su renovación en condiciones diferentes o su término anticipado, los dictámenes N°22.766 y 23.518, ambos de 2016, han señalado que tales determinaciones deben efectuarse a través de la emisión del pertinente acto administrativo.

De acuerdo al inciso primero del artículo 3° de la ley N° 19.880, las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Su inciso segundo prevé que para efectos de esa ley estos serán “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública". Su inciso tercero preceptúa que los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones En este sentido, corresponde que la autoridad emita el respectivo acto administrativo que contenga la decisión formal de no renovar el vínculo funcionarial, de hacerlo por un lapso inferior a un año o en un grado, estamento de asimilación o carga horaria inferior, o de prescindir anticipadamente de los servicios del empleado, cuando sea el caso.

El artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

Así́, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas.

Pues bien, como se aprecia de las normas citadas, la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el dictamen N°22.766, de 2016, se traduce también en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo, o su renovación en condiciones diferentes, a través de la dictación del respectivo acto administrativo, en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima.

Al respecto, precisa que, tal como lo expresara el dictamen N°12.421, de 2017, dicho límite temporal no puede obviarse por el hecho que la respectiva autoridad haya asumido sus funciones con posterioridad a su vencimiento, pues aquel está establecido en razón del órgano que dispone la designación, prórroga o no renovación del empleo a contrata, según corresponda, y no de quien lo dirige.

Notificación del acto que dispone la no renovación de la contrata o su término anticipado, o que resuelve prorrogarla por un plazo menor a un año o en un grado o estamento de asimilación inferior o reduce la carga horaria.

Sobre el particular, recuerda que el inciso primero del artículo 45 de la mencionada ley N°19.880, prevé que los actos administrativos de efecto individual, como aquel que dispone el término anticipado de la contrata de un servidor o la no renovación del vínculo, deben ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro.

De este modo, el acto administrativo que dispone el término anticipado de la contrata de un servidor, su no renovación o su revocación en condiciones diferentes, deberá ser notificado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su dictación, la que como se dijo puede tener lugar hasta el 30 de noviembre, por lo que su comunicación solo puede efectuarse dentro de los cinco días siguientes a esa fecha.

Hace mención que la Excelentísima Corte Suprema, ha señalado en forma reiterada que, para el fundamento de la decisión de la autoridad no basta el enunciamiento de las normas y las facultades legales que tiene la autoridad para hacer el cambio de funciones, si no que ésta debe estar motivada.

Por lo demás el alcalde de la comuna de Ercilla, durante el periodo comprendido entre junio de 2021 y febrero de 2022, señalo en varias oportunidades que sería apartada de sus funciones, amenaza que finalmente terminó ejecutando, sus dichos constan del acta de concejo Nº 16 de Concejo Municipal, específicamente en las páginas Nº16 y 17 En cuanto a las garantías vulneradas indica que:

DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 19 N° 2 CPR).

Esta garantía constitucional se vulnera principalmente en lo que se refiere a que ninguna autoridad puede establecer discriminaciones y diferencias arbitrarias, en consecuencia se ha procedido a efectuar la vulneración ya que se discrimina arbitrariamente, a mi representada, cambiándola de funciones, en lugar de cualquier otro funcionario en igual calidad, sin fundamento racional o posible falta en la gestión, lista de demérito, sanción administrativa o cualquier canon razonable que justifique el cambio, incumpliendo como se ha señalado más arriba, normas legales, reglamentarias.

La autoridad recurrida distingue entre funcionarios de manera caprichosa y sin respaldo técnico a su decisión, lo cual es ante la normativa legal, inaceptable, completamente abusivo y un atentado a la garantia constitucional. La justificación de los actos recurridos, es errada, engañosa, insuficiente e inexistente, sin citar siquiera normativa válida alguna que ampare el actuar administrativo, permite concluir la absoluta falta de rigurosidad y apego al Estado de Derecho que requiere cualquier acto de la Administración del Estado a fin de respetar el principio de juridicidad.

DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y SU PROTECCIÓN (ARTÍCULO 19 N° 16 CPR). LA CONSTITUCIÓN ASEGURA A TODAS LAS PERSONAS:

Señal que su parte desempañaba funciones de carácter necesarias y permanentes dentro de la repartición recurrida, durante todo el periodo de tiempo que se desempeñó desde el año 2016 sin reproche alguno en calidad de honorarios y a contrata ininterrumpidamente.

DERECHO DE PROPIEDAD (ARTÍCULO 19 N° 24 CPR).

Este derecho fundamental se ve claramente amenazado, ya que su parte ingresó voluntariamente a la administración, cumpliendo con todos los requisitos de ingreso, por lo que esta calidad de funcionario público a contrata ha sido incorporada al patrimonio del funcionario, la confianza legítima de que su contrata se extendería por el periodo 2022 corresponde a un derecho que ha ingresado a su patrimonio, no pudiendo privar de esta condición la administración, a su persona, sino por los propios medios que indica la ley, para el caso; sumarios o actos administrativos debidamente justificados. Se ha conculcado el derecho a la estabilidad en el empleo público en cuanto el recurrente no puede ser privado de su cargo sino por las causales que la Ley contempla, lo que comporta una especie de propiedad garantizada como bien incorporal por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Los actos impugnados hacen referencia a una decisión antojadiza de la autoridad, carente de todo fundamento racional y lógico, según se analizó.

Pide acoger el presente recurso, ordenando que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario consistente en comunicado mediante el ORDINARIO Nº 94, de fecha 28 de enero de 2022, del decreto alcaldicio Nº 307, el cambio de funciones y lugar de trabajo, notificada a mi representada con fecha 01 de marzo de 2022, acto que constituye una vulneración de las garantías constitucionales según lo preceptuado y garantizado en la Constitución Política de la Republica, todo ello con expresa condenación en costas.

Acompaña:

- Decreto alcaldicio Nº 346, de fecha 10 de diciembre de 2014 - Decreto alcaldicio Nº 296, de fecha 16 de marzo de 2015 - Decreto alcaldicio Nº 261, de fecha 06 de marzo de 2016 - Decreto alcaldicio Nº 266, de fecha 07 de marzo de 2017 - Decreto alcaldicio Nº 310, de fecha 12 de marzo de 2018 - Decreto alcaldicio Nº 378, de fecha 07 de marzo de 2019 - Decreto alcaldicio Nº 605, de fecha 24 de marzo de 2020 - Decreto alcaldicio Nº 362, de fecha 17 de marzo de 2021 - Acta de concejo Nº 16, de fecha 01 de diciembre de 2021.

- Ordinario Nº 94 de fecha 28 de febrero de 2022 - Decreto Alcaldicio Nº 307, de fecha 22 de febrero de 2022 2.- A folio 12, con fecha 18/04/2022, la recurrida evacua informe solicitando el rechazo del recurso, en base a los siguientes antecedentes:

Que, doña nombre reservado, Rut N°RUT reservado es funcionaria de la I. Municipalidad de Ercilla, profesional de la educación, regida por el DFL N°1 del Ministerio de la Educación, que, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican.

La funcionaria, ha prestado servicios en los siguientes periodos:

1. En calidad de contratada reemplazo de un titular, art. 25 inc. 2° ley 19.070. Docente de aula.

 Ingresó en calidad de contratada de reemplazo con fecha 8 de mayo de 2014, hasta el 19 de mayo de 2014, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 150 de fecha 12 de mayo 2014.

 Luego, la Municipalidad de Ercilla, extiende la contrata en calidad de reemplazo, desde el 20 de mayo de 2014, hasta el 1 de diciembre de 2014, contratas que fueron aprobados mediante los siguientes Decretos: Decreto N°152 de fecha 27 de mayo 2014; Decreto N° 179 de fecha 12 de junio de 2014; Decreto N° 196 de fecha 09 de julio de 2014; Decreto N° 212 de fecha 4 de agosto de 2014; Decreto N° 236 de fecha 28 de agosto de 2014; Decreto N° 251 de fecha 15 de septiembre de 2014; Decreto N° 262 de fecha 29 de septiembre de 2014; Decreto N° 277 de fecha 20 de octubre de 2014; y, Decreto N° 291 de fecha 5 de noviembre de 2014.

2. En calidad de contratada transitoria, art. 25 inc. 2° ley 19.070. Encargada extraescolar DAEM.

 Ingresó en calidad de contratada transitoria con fecha 2 de diciembre de 2014, hasta el 28 de febrero de 2015, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 346 de fecha 10 de diciembre de 2014.

 Para el año académico 2015, se designó en calidad de contrata transitoria, desde el 1 de marzo de 2015, hasta el 29 de febrero de 2016, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 296 de fecha 16 de marzo de 2015.

 Para el año académico 2016, se designó en calidad de contrata transitoria, desde el 1 de marzo de 2016, hasta el 28 de febrero de 2017, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 261 de fecha 8 de marzo de 2016.

 Para el año académico 2017, se designó en calidad de contrata transitoria, desde el 1 de marzo de 2017, hasta el 28 de febrero de 2018, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 266 de fecha 7 de marzo de 2017.

 Para el año académico 2018, se designó en calidad de contrata transitoria, desde el 1 de marzo de 2018, hasta el 28 de febrero de 2019, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 310 de fecha 12 de marzo de 2018.

 Para el año académico 2019, se designó en calidad de contrata transitoria, desde el 1 de marzo de 2019, hasta el 29 de febrero de 2020, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 378 de fecha 7 de marzo de 2019.

 Para el año académico 2020, se designó en calidad de contrata transitoria, desde el 1 de marzo de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 605 de fecha 24 de marzo de 2020.

 Para el año académico 2021, se designó en calidad de contrata transitoria, desde el 1 de marzo de 2021, hasta el 28 de febrero de 2022, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 362 de fecha 17 de marzo de 2021.

3. En calidad de contratada transitoria, art. 25 inc. 2° ley 19.070. Destinación docente a Establecimiento Educacional Alonso de Ercilla.

 Para el año académico 2022, se designó en calidad de contrata transitoria, desde el 1 de marzo de 2022, hasta el 28 de febrero de 2023, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 307 de fecha 22 de febrero de 2022.

II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

Expresa que, la municipalidad de Ercilla en todo momento ha actuado con estricto apego al Principio de Legalidad de los artículos 6º y 7º de nuestra Carta Fundamental y basada en fundamentos objetivos, racionales y verídicos y, en ningún caso, la destinación se trata de un acto ilegal o arbitrario, presupuestos del Recurso de Protección.

Sostiene que su representada actuó basada en la normativa de Derecho Público que regula la relación funcionaria de doña nombre reservado, particularmente en los términos señalados en el artículo 1º ,19°, 22°, 25° y 42° del DFL N°1 del Ministerio de Educación que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican y, por supuesto, con pleno respeto de los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Política de la República de Chile.

El citado artículo 25 del Estatuto Docente, señala: “Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.

Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes.

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares”.

A su vez, el artículo 42 del mencionado cuerpo normativo, dispone: “Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediere, sin que ello implique paralizar la destinación”.

III. SOBRE LA DESTINACIÓN DEL ARTICULO 42 DEL ESTATUTO DOCENTE.

En un primer orden de ideas SSA. ILTMA., es preciso señalar que el artículo 21 de la ley N°19.070, Estatuto Docente, establece que, la dotación docente de los establecimientos de enseñanza de cada comuna, incluyendo a quienes desempeñen cargos y horas directivos y técnico-pedagógicos en los organismos de la administración educacional del sector, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel en que comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual De Desarrollo Educativo Municipal, “PADEM”, por el Concejo Municipal.

A su vez, el artículo 42 inciso 1° del Estatuto Docente contempla normas especiales que regulan el cambio de lugar de trabajo del docente pudiendo generarse a solicitud del docente o por decisión unilateral del empleador bajo la figura de destinación. Para que tal destinación se ajuste a derecho deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos:

a. Por una parte, que la destinación tenga lugar de un establecimiento a otro dependiente de una misma Municipalidad o Corporación.

b. En segundo lugar, que la destinación tenga lugar como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación practicada de conformidad al artículo 22 de la ley 19.070 y el Plan de Desarrollo Educativo Municipal. En tal caso el traslado opera por la vía de autoridad, fundado en dicha adecuación de la dotación.

c. Por último, tal medida no puede producir al docente menoscabo en su situación laboral o profesional.

Como puede advertirse, el referido cuerpo estatutario contempla dos modalidades de destinación: una, a solicitud del profesional de la educación afectado, cuya aceptación por parte de la autoridad es discrecional y, otra, a iniciativa de la autoridad facultada para hacer la designación, dispuesta como consecuencia de la fijación o adecuación de la dotación docente.

Cita, a mayor abundamiento, el artículo 22 de dicho texto legal, el que preceptúa que las adecuaciones a la dotación docente que realice un municipio, se efectuaran acorde a las causales previstas en los numerales 1 a 5 de esa norma, las que comenzaran a regir a contar del inicio del año escolar siguiente y tendrán que estar fundamentadas en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal.

Así las cosas, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la Republica, en sus dictámenes N°s. 47.692, de 2011, y 53.585, de 2012, han precisado que la autoridad edilicia tiene facultades para disponer destinaciones, prescindiendo del consentimiento del profesor, por lo que para llevar a cabo tal medida, sólo debe cumplir las condiciones que el mencionado artículo 42 del Estatuto Docente señala, esto es, que la misma obedezca a la fijación o adecuación anual de la pertinente dotación, ejecutada de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 de la ley N° 19.070, y al indicado plan de desarrollo.

IV. nombre reservado.

Afirma que la Municipalidad de Ercilla, en todo momento, ha actuado con estricto apego al Principio de Legalidad, ajustándose a derecho para resolver la destinación de la docente recurrente.

En efecto, según lo dispuesto por el Artículo 4° de la Ley N°19.410, la Municipalidad de Ercilla, a través, de su Departamentos de Administración Educacional, formuló el Plan de Desarrollo Educativo Municipal, instrumento de gestión educacional que permite, como queda plasmado en las normas precedentes, realizar adecuaciones en el proceso escolar cada año, así como establecer la situación de carga horaria y demás aspectos de cada uno de los funcionarios docentes de las escuelas municipales de la comuna de Ercilla.

En este sentido, el PADEM 2002 de la comuna de Ercilla fue debidamente consensuado y socializado por los actores educaciones de la comuna y oportunamente presentado para su conocimiento y aprobación al Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de septiembre de 2021. Con todo, los Sres. nombre reservado tuvieron la oportunidad de participar en reuniones de trabajo al interior de la Comisión de Educación para revisión del PADEM 2022 de la comuna de Ercilla, el cual, mediante acuerdo N°63 del Concejo Municipal, adoptado en sesión ordinaria N°14, de fecha 10 de noviembre de 2021, con el voto favorable de los seis concejales en ejercicio, más el voto favorable del alcalde, se aprobó por unanimidad el PADEM para el año 2022, dicho instrumento se encuentra sancionado mediante Decreto N°2030 de fecha 12 de noviembre de 2021.

Así las cosas, la destinación de la recurrente, obedece a la fijación o adecuación anual de la dotación docente año 2022 de la Municipalidad de Ercilla, la cual se ejecutó, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 de la ley N° 19.070, y al indicado plan de desarrollo. En efecto, el mencionado instrumento, en su página 60, establece la destinación docente y sus fundamentos para el año 2022, la que, como antes se señaló, se realizó en virtud del artículo 22 del Estatuto Docente, dando cabal cumplimiento al artículo 42 de dicho cuerpo estatutario. Por este modo, se designa a contrata para el año escolar 2022 a la recurrente, destinándose al Establecimiento Educacional liceo Alonso de Ercilla, como docente con 44 horas cronológicas, de acuerdo a lo establecido en el PADEM 2022, que establece la destinación de la docente en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 y 22 de la ley N° 19.070.- Por lo anterior, a través, del Decreto Exento N° 2043 de fecha 15 de noviembre de 2021, quedo fijada la dotación docente para el año 2022 de los Establecimientos de Educación de la Comuna de Ercilla.

Precisa que, por lo anterior, se cumplen con los requisitos establecidos en la ley educacional, para destinar un docente, debido que: a) la destinación tuvo lugar a otro dependiente de la Municipalidad de Ercilla, ya que, la recurrente fue destina al Establecimiento Educacional Liceo Alonso de Ercilla, cuyo sostenedor es mi representada; b) la destinación tuvo lugar como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación practicada de conformidad al artículo 22 de la ley 19.070 y el Plan de Desarrollo Educativo Municipal; y c) la recurrente no ha sufrido menoscabo, el cual ha sido definido por la jurisprudencia del órgano Contralor, en los dictámenes N°s. 43.438, de 1994; 5.823, de 2005; y, 31.219 de 2011, como “todo perjuicio, daño, deterioro o mengua sobre la base de una comparación objetiva de condiciones entre la relación laboral de origen y la nueva, no dependiente de factores esencialmente variables”.

Al respecto, la contraria en ninguna parte de su libelo, alega el menoscabo planteado por el legislador en el artículo 42 de la ley N°19.070. En efecto, ese carácter objetivo, se puede determinar cómo un perjuicio pecuniario que la destinación podría provocar a la docente, la recurrente, no ha sufrido menoscabo alguno, pues realiza sus labores en la misma localidad y con la misma remuneración. Cita jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Coyhaique, en causa ROL N° 206-2016, V. INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y SUPUESTA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA DESTINACION.

Explica que la Municipalidad se encuentra sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, la cual deriva de lo regulado en el artículo 6º inciso final de la ley 10.336, de Organización y Atribuciones del Ente fiscalizador, estableciendo la obligatoriedad para los Órganos de la Administración del Estado entre ellos, las Municipalidades, siendo, además, ella, una instancia de revisión de la legalidad o juridicidad de los actos de las mismas.

Indica que la recurrente transcribe textualmente el contenido del dictamen N° E156.769/2021 de Contraloría General de la República, sin dar contexto a los hechos de su presentación en relación al “copy paste” de este dictamen, incluso falsea su contenido pues, señala que trata de “cambio de funciones”, lo que no es verídico. En efecto, dictamen N°E156.769 de fecha 17 de noviembre de 2021, de Contraloría General de la Republica, establece “Instrucciones confianza legítima, personal a contrata, renovación, atribuciones autoridad, estatutos afectos, condiciones, requisitos, situaciones especiales, acto administrativo, régimen recursivo, consecuencias no dictación acto renovación, fundamentación insuficiente, efectos incumplimiento”, señala expresamente que, sí aplica el principio de la confianza legítima a los docentes regulados por el Estatuto de la materia, sin embargo, debe entenderse teniendo a la vista las particularidades de la preceptiva que regula el empleo de que se trata, “tal como acontece en el caso de la ley N°19.070, que en conformidad con lo señalado en el dictamen N°37.403, de 2017, cuando se haya generado en el docente la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación como contratado, el decreto alcaldicio que materialice la no renovación del vínculo, o resuelva prorrogarlo por un lapso menor a un año, deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate”. Como se observa, aplica sólo respecto de la no renovación o la prórroga por un lapso menor a un año, no respecto de la destinación docente, ya que, el legislador, estableció un mecanismo específico para esta institución. Es más, en la especie, mediante el Decreto N°307 de fecha 22 de febrero de 2022, se designó en calidad de contrata hasta el 28 de febrero del 2023 a la recurrente, es decir, no existe un acto administrativo que no renueve o que prorrogue la contrata por un periodo menor a un año, por lo que, es inaplicable el principio de la confianza legítima en la especie.

Así lo ha dicho, en caso similar, el ente Contralor, en reciente dictamen Nº E188830 de Fecha 25 de febrero 2022 al disponer que, tratándose de la supresión de horas, total o parcial, siempre deberá recurrirse a la normativa prevista en los artículos 73 y 77 del Estatuto Docente, no siendo aplicables los criterios vinculados a la confianza legítima.

A mayor abundamiento, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en dictámenes N°s. 47.692, de 2011 y 53.585, de 2012, los que han precisado que la autoridad edilicia tiene facultades para disponer destinaciones, prescindiendo del consentimiento del profesor, por lo que, para llevar a cabo tal medida, sólo debe cumplir las condiciones que el mencionado artículo 42 del Estatuto Docente señala, por tanto, el decreto de destinación, al ajustarse al mecanismo establecido por el estatuto docente, se encuentra suficientemente motivado.

VII. RECURSO DE PROTECCIÓN Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SUPUESTAMENTE VULNERADAS.

Como se dijo, la entidad edilicia tiene facultades para disponer destinaciones, prescindiendo del consentimiento del profesor, por lo que para llevar a cabo tal medida, sólo debe cumplir las condiciones que el mencionado artículo 42 del Estatuto Docente, el cual indica que los maestros pueden ser objeto de una destinación a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al citado artículo 22 del mismo cuerpo jurídico, el cual, a su vez, dispone la posibilidad de realizar dicho ajuste en la medida que se base en las causales previstas en esa misma norma esto es, variación en el número de alumnos, modificaciones curriculares, cambios en el tipo de educación que se imparte, fusión de establecimientos de enseñanza y reorganización de la entidad de administración educacional, las que comenzarán a regir a contar del inicio del año escolar siguiente, y deberán estar fundamentadas en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal.

De esta forma, resulta claro que la ley no exige ningún otro requisito más allá que el cumplimiento de las disposiciones recién citadas, el cual su mandante ha realizada ajustándose al principio de legalidad. Por ello, mal podría afectarse derecho alguno cuando lo que ha ocurrido es simplemente una circunstancia fijada expresamente por la ley. Conforme lo anterior, se hace presente a SS. Ilustrísima que, en el caso de autos, sólo es dable concluir la ausencia de derechos indubitados en la protección solicitada por el recurrente, toda vez que la ley ha establecido un mecanismo para la destinación docente.

1. En cuanto a las supuestas vulneraciones específicas señaladas en el Recurso impetrado.

1.1. En cuanto al derecho a la igualdad contemplado en el artículo 19 nº 2 de la Constitución Política de la República de Chile.

No es posible advertir afectación alguna al principio de igualdad, dado que prevalece la legalidad, por lo cual no se ha hecho ningún distingo ni diferencia arbitraria respecto del recurrente.

Atendido lo señalado precedentemente no es posible advertir que existan garantías vulneradas, por cuanto la actuación del municipio se enmarca dentro del ejercicio de una potestad que se funda en el ejercicio del poder jerárquico, ejercida de acuerdo lo establece el artículo 42 de la ley N° 19.070.

1.2. En cuanto a la Libertad de Trabajo contemplado en el artículo 19 nº 16 de la Constitución Política de la República de Chile.

No es posible advertir vulneración a la mencionada libertad, toda vez que no se afecta bajo ninguna perspectiva el derecho a la libre contratación ni a la libre elección del trabajo con una justa retribución que el recurrente pueda pretender.

En efecto, para el año académico 2022, se designó en calidad de contrata transitoria, desde el 1 de marzo de 2022, hasta el 28 de febrero de 2023, contrata que fue aprobado mediante el Decreto N° 307 de fecha 22 de febrero de 2022, por lo que, no puede prosperar la alegación realizada por el recurrente.

1.3. En cuanto al derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 nº 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

También podemos aseverar que no hay transgresión al derecho de propiedad, por cuanto como ya se ha demostrado no existe derecho de propiedad sobre un cargo a contrata, por su naturaleza esencialmente transitorio y de plazo fijo y cuyo término opera por el solo ministerio de la ley.

Dicho lo anterior, el artículo 25 del Estatuto Docente, señala “Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.” Así las cosas, siendo una contrata transitoria, y habiendo sido renovada, no tiene hacedero lo expresado por la contraria, quien dice: “(…) por lo que esta calidad de funcionario público a contrata ha sido incorporada al patrimonio del funcionario, la confianza legítima de que su contrata se extendería por el periodo 2022 corresponde a un derecho que ha ingresado a su patrimonio”, como puede apreciar SSA. ILTMA., es un contrasentido alegar la confianza legítima en los términos planteados, cuando la contrata ha sido renovada para el año escolar 2022.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 Nºs 2º y 24, y 20 de la Constitución Política de la República de Chile. Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes.

SOLICITO A US. ILUSTRÍSIMA se sirva tener por evacuado el informe solicitado, en relación con el recurso de protección de autos y, en su mérito, rechazar la acción intentada por el recurrente en todas sus partes, por las razones de hecho y de derecho expuestas, con expresa condenación en costas.

1. Decretos designación contratas reemplazo año 2014 nombre reservado.

2. Decreto designación contrata transitoria año académico 2014 nombre reservado

3. Decreto designación contrata transitoria año académico 2015 nombre reservado.

4. Decreto designación contrata transitoria año 2016 nombre reservado.

5. Decreto designación contrata transitoria año 2017 nombre reservado.

6. Decreto designación contrata transitoria año 2018 nombre reservado.

7. Decreto designación contrata transitoria año 2019 nombre reservado.

8. Decreto designación contrata transitoria año 2020 nombre reservado.

9. Decreto designación contrata transitoria año 2021 nombre reservado.

10. Decreto designación contrata transitoria año 2022 nombre reservado

11. PADEM 2022 Municipalidad de Ercilla.

12. Decreto aprueba el PADEM 2022 Municipalidad de Ercilla.

13. Decreto fija dotación docente 2022 Municipalidad de Ercilla.

A folio 15, acompaña 1. Informe N° 57 de don nombre reservado, encargado de remuneraciones del DAEM de Ercilla.

2. Liquidación de remuneraciones de doña nombre reservado – recurrente- de los meses de febrero a mayo de la presente anualidad.

3.- A folio 14, con fecha 03 de junio de 2022, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, la recurrente sostiene que la Municipalidad de Ercilla ha vulnerado las garantías constitucionales que indica por haber dispuesto, a través del Decreto N°307 de fecha 22 de febrero de 2022, por el cual se la destina a una labor distinta a la que venía desempeñado, en calidad de contrata, desde el año 2014, por lo que, al estar amparada por el principio de confianza legítima de continuar desempeñando la misma labor, su empleadora no estaba facultada para cambiar su destinación y funciones.

Menciona que, dicha modificación no tiene fundamento alguno, carece de motivación y, solamente se remite a explicar que se ejecuta destinación de la docente desde el departamento de educación al Liceo C-44 “Alonso de Ercilla”, de la comuna de Ercilla y obedece a que su representada no tiene afinidad política con la autoridad edilicia.

TERCERO: Que, de acuerdo con los antecedentes allegados a estos autos, posible es verificar que la recurrida adoptó la decisión que se denuncia cuando, en noviembre de 2021, sometió el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, el que fue aprobado por el órgano deliberante municipal con fecha 10 de noviembre de 2021.

Que, en la página 60 de este documento se puede verificar que se establece la destinación docente y sus fundamentos para el año 2022, como lo autoriza el artículo 22 del Estatuto Docente, con lo que se cumple lo dispuesto en el artículo 42 de dicho cuerpo estatutario. Así, se designó a contrata, para el año escolar 2022 a la recurrente, destinándola al Establecimiento Educacional Liceo Alonso de Ercilla, como docente con 44 horas cronológicas, de acuerdo a lo establecido en el citado PADEM 2022 que, como se dijo, consideró la destinación de la docente en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 y 22 de la ley N°19.070.

Luego, el referido Plan Anual, a través del Decreto Exento N°2043 de fecha 15 de noviembre de 2021, el Municipio recurrido fijó la dotación docente para el año 2022 de los Establecimientos de Educación de la Comuna de Ercilla.

CUARTO: Que, de diversos dictámenes de la Contraloría General de la República, entre ellos, el N°37.403, de 2017, precisa que, cuando se ha generado en el docente la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación como contratado, el decreto alcaldicio que materialice la no renovación del vínculo, o resuelva prorrogarlo por un lapso menor a un año, deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate”.

Tanto este dictamen, como otros del Órgano Contralor, han resuelto que la confianza legítima tiene lugar sólo, respecto de la no renovación o la prórroga por un lapso menor a un año, no así respecto de la destinación docente ya que, la autoridad edilicia tiene facultades para disponer destinaciones, prescindiendo del consentimiento del profesor, por lo que, para llevar a cabo tal medida, sólo debe cumplir las condiciones que el mencionado artículo 42 del Estatuto Docente señala, por tanto, el decreto de destinación, al ajustarse al mecanismo establecido por el estatuto docente, se encuentra suficientemente motivado.

QUINTO: Por último, necesario es considerar, como se adelantó, que la destinación es una medida que debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 42 del Estatuto Docente.

Estos son, que la destinación tenga lugar de un establecimiento a otro dependiente de una misma municipalidad o corporación; que se produzca como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación practicada de conformidad al artículo 22 de la ley 19.070 y el Plan de Desarrollo Educativo Municipal; y, por último, tal medida no puede producir menoscabo en la situación laboral o profesional del docente.

Que, de los antecedentes que se han tenido a la vista, es posible concluir, que la recurrente fue destinada a otro establecimiento dependiente de la misma Municipalidad, lo que no fue controvertido.

Que se produjo como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación practicada de conformidad al artículo 22 de la ley 19.070 y el Plan de Desarrollo Educativo Municipal.

Que, en cuanto a la limitación de no provocar menoscabo, el que se ha conceptualizado para estos efectos como “todo perjuicio, daño, deterioro o mengua sobre la base de una comparación objetiva de condiciones entre la relación laboral de origen y la nueva, no dependiente de factores esencialmente variables.”, se deberá resolver que, consta especialmente del Informe N°57 de 7 de junio de 2022, suscrito por don nombre reservado, Encargado de Remuneraciones de la recurrida que, la medida recurrida no le ha provocado menoscabo económico a doña nombre reservado, ni ha alegado que le haya afectado de otra manera.

SEXTO: Que, por todo lo anteriormente razonado, necesario es concluir que la Municipalidad de Ercilla, al dictar el acto administrativo contra el que se recurre, consistente en el Decreto N°307 de fecha 22 de febrero de 2022 por el que dispone la destinación de doña nombre reservado, profesora, para prestar labores docentes en el establecimiento educacional el Liceo C-44, “Alonso de Ercilla”, de la comuna de Ercilla, lo hizo con apego a la legislación vigente y debidamente fundado, por lo que no resulta ilegal ni arbitrario, no habiendo provocado por tanto vulneración de las garantías denunciadas por la recurrente.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en estos antecedentes por don nombre reservado en representación de doña nombre reservado dirigido en contra de la Municipalidad de Ercilla.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Fuentes Fernández Rol N° Protección-2215-2022.(jog)