nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL LA SERENA

C.A. de Temuco Temuco, siete de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece ALVARO PATRICIO MALDONADO LOYOLA, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por cuanto la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario consistente en la emisión de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-12722-2024 de fecha 23 de enero de 2024, en la cual se rechazaron 4 licencias médicas (N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado) a favor de la actora, sin fundamento plausible y de forma arbitraria.

1. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:

Durante el mes de diciembre del año 2022 doña nombre reservado fue diagnosticada con un cuadro depresión grave y trastorno de pánico, gatillado por una situación de agobio y constante acoso laboral vivenciado en su trabajo, iniciando con esto un proceso psicoterapéutico encabezado por un médico psiquiatra con quién mantuvo controles mensuales hasta la fecha del alta, 06 de septiembre del 2023. Durante todo ese tiempo se mantuvo en un tratamiento psicofarmacológico de forma continua y permanente, siguiendo todas las indicaciones médicas con el fin de lograr restablecer su salud y con ello la reincorporación a su rol profesional y laboral. Es del caso señalar que mi representada continuaba trabajando a pesar de sus dolencias ya que creía que podía salir adelante con fuerza de voluntad, pero debido a que no dio para más las situaciones vividas y con pesar emocional fue que concurrió a un médico psiquiatra fue este quién ordenó la duración del tratamiento para una completa y total recuperación de mi representada.

Todas las licencias médicas presentadas fueron emitidas por el mismo profesional psiquiatra, todas por esta misma enfermedad, con informes como medio de respaldo, pero a diferencia de las anteriores 2 licencias, ninguna de las posteriores fueron autorizadas para el pago, por lo cual actualmente tiene 4 licencias médicas que a pesar de los recursos de reposición, apelación presentadas tanto al COMPIN como a la Superintendencia De Seguridad Social, fueron rechazadas sin ningún tipo de argumentos válidos y plausibles.

Es más, la resolución que esta parte recurre consiste en una resolución administrativa presentada como apelación ante la superintendencia de seguridad social, la cual señala que “esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 178 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista”. A la luz de lo anterior, claramente no se consideró en caso alguno los informes complementarios que fueron acompañados en su momento con el objetivo de revertir la primera decisión de parte de la superintendencia de seguridad social.

De esta manera lamentablemente se encuentra en una situación de completa vulneración ya que de acuerdo a la superintendencia de seguridad social no se le puede pagar sus licencias médicas, y trayendo consigo todo lo que acarrea en el entorno laboral.

II. RESOLUCIÓN IMPUGNADA:

Como se mencionó anteriormente, las anteriores licencias médicas a las que son realizadas mediante el presente proceso fueron debidamente pagadas, no obstante, las últimas 4, fueron rechazadas por el COMPIN, y confirmado luego de recurso de reconsideración administrativa por parte de la SUSESO, que, sin más antecedentes, formuló el rechazo, señalando a través de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-12722-2024 de fecha 23 de enero de 2024, notificando con el siguiente tenor:

CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 06 de septiembre de 2023 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 09 de mayo de 2023, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 178 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto.”

III. DE LOS HECHOS ILEGALES Y ARBITRARIOS CONSTITUIDOS DE VULNERACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS Cómo puede visualizar, el motivo del rechazo para todas las licencias médicas de acuerdo con la resolución impugnada emitida por parte de la Superintendencia de Seguridad Social es sencillamente por lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 178 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista.”

Como podrá analizar V.S.I. la Superintendencia aludida llega a la conclusión de que las licencias médicas se encuentran justificadas, sin existir ningún tipo de análisis ni fundamentación a lo menos somera del por qué estas licencias se encontrarían injustificadas. Dicha fundamentación no existe, no se da ningún argumento de por qué dicho reposo no se encontraría justificado, no se contrasta siquiera la situación de la licencia médica aceptada y otras rechazadas, siendo que el criterio del médico fue el mismo en cada caso, no se explica que se acepten unas y otras no. Del mismo modo no señala el fundamento del por qué “Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 178 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista” dejando en completa indefensión a su representado más aún considerando que ella tiene conocimientos médicos, y razón de lo mismo, queriendo siempre proteger su integridad física y psíquica como persona, toma lo que su médico considera lo mejor para el tratamiento para sus dolencias.

Señala la SUSESO que esta conclusión se basa en “el estudio de los antecedentes”, pero no especifica en ningún momento por qué dichos antecedentes permiten concluir que el reposo ya autorizado es suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral del paciente. Por lo demás la resolución de un cuadro clínico depende de la evolución del paciente en particular y no del tiempo estimado como suficiente anterioridad, si bien puede planificarse un cierto tratamiento, la evolución y resultados del mismo son inciertos y por ende el tiempo de recuperación es variable. Teniendo esto en consideración; el único antecedente cierto es que existiendo un diagnóstico claro y registro de evolución del tratamiento detallada, por el médico tratante, quien a su vez en virtud de su experticia profesional, médica y científica, determina que la paciente aún requiere de reposo. Es totalmente arbitrario establecer, sin fundamentos claros el por qué prevalece y se considera una opinión diversa de la del médico tratante, quien otorga las licencias, quitando así toda validez al criterio del médico, todo ello sin ninguna razón médica expuesta ni aludida.

Esta parte, está por supuesto en conocimiento de que el COMPIN y la Superintendencia pueden rechazar de manera legítima una licencia médica otorgada por un profesional médico, pero ello no puede ser una decisión meramente administrativa, carente de fundamente médico y por tanto arbitraria. Dicho rechazo solo debe ser admisible por medio de una resolución fundada en consideraciones científicas o técnicas que se contrapongan al juicio experto del profesional médico que otorgó la licencia médica, no es posible invocar meros argumentos formales como la extensión temporal o lo prolongado del reposo, cuando antes por un criterio medico científico razonado por un profesional competente de la salud este fue justificado. Nuestro ordenamiento jurídico ha atribuido al profesional médico establecer el diagnóstico clínico de la enfermedad y el periodo de recuperación, pudiendo el COMPIN controvertir dicho criterio solo por estrictas razones científicas o técnicas, lo mismo les exige abastecerse de suficientes elementos de prueba que permitan a la autoridad administrativa arribar a una conclusión diferente de la que llevo al facultativo a extender la licencia (artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984).

El Decreto Supremo N° 3 de 1984 dispone la posibilidad de que el COMPIN pueda, en caso de duda sobre la procedencia de una licencia médica, dictar medidas para fundar un rechazo o una reducción de la licencia médica, contando entre ellas, la práctica de nuevos exámenes, el informe de antecedentes clínicos complementarios del profesional médico que otorgó la licencia o la disposición de otras medidas informáticas que permitan una mejor resolución de la licencia médica (artículo 21 Decreto Supremo N° 3 de 1984 ). La resolución administrativa que rechaza licencias médicas señaladas, es presentada sin los fundamentos científicos necesarios para ello. Que, así las cosas, al no tener la decisión del COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social fundamentos científicos suficientes para rechazar las licencias médicas, se ha vulnerado también un principio básico de todo acto administrativo, el cual es la fundamentación del mismo. En este sentido la Superintendencia de Seguridad Social, es un órgano de la administración del estado y le resultan aplicable las disposiciones de la ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos. El artículo 11 de la ley 19.880, ordena que “La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento, como en las decisiones que adopte”, agregando su inciso segundo que “los hechos y fundamentos de derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recurso administrativos.” b) Que de esta manera el actuar del recurrido constituye una vulneración al derecho, cuya protección se encuentra garantizada en nuestra carta fundamental, en su artículo 19, Numeral 24, desde que el rechazo de las licencias, importan la privación a un derecho de retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, quebrantamiento que, adicionado a la ilegalidad señaladas al no dar cumplimiento a la ley al rechazar las licencias médicas. La acción dada por el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar al legítimo ejercicio de garantías y derechos mediante la adopción de medidas de resguardo. Los hechos expuestos y que esta parte sostiene, constituyen hechos arbitrarios e ilegales por parte de las instituciones recurridas, amenazan concretamente las garantías previstas en los artículos 19 N° 1 y 19 N° 24 de nuestra carta magna, específicamente la protección a la integridad física y psíquica se ha expuesto que la situación de rechazar la calificación médica y técnica del diagnóstico médico no hacen más que dañar aún más mi integridad.

Por otra parte, respecto de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de nuestra carta fundamental es necesario destacar que esta se ve afectada desde que la resolución respecto de la cual recurrimos priva el derecho de ingresar al patrimonio de mi representado los montos por conceptos de pago de licencias médicas que por derecho le corresponden esta merma en su patrimonio, incluso ya ha sido reconocida por jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la cual se dispone lo siguiente “Efectivamente se conculca esta garantía fundamental, desde que importa privación de un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajo por enfermedad” (Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 09 de Septiembre de 2014, autos Rol N° 373.2014, considerando octavo). No se ha justificado el rechazo de las licencias médicas desde un punto de vista técnico, por tanto dichas licencias debieron tramitarse y pagarse de acuerdo a la ley, lo que al no hacerse implicó un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto ya que las actuaciones de ambas instituciones contradicen con la lógica y la recta razón, omitiendo toda racionalidad, mesura y meditación previa para tomar cualquier decisión.

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS CON LOS ACTOS ARBITRATIOS E ILEGALES RELATADOS La acción dada por el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar al legítimo ejercicio de garantías y derechos mediante la adopción de medidas de resguardo.

Los hechos expuestos y que esta parte sostiene, constituyen hechos arbitrarios e ilegales por parte de las instituciones recurridas, amenazan concretamente las garantías previstas en los artículos 19 N° 1 y 19 N° 24 de nuestra carta magna, específicamente la protección a la integridad física y psíquica, se ha expuesto que la situación de rechazar la calificación médica y técnica del diagnóstico médico no hacen más que dañar aún más la integridad de mi representado.

Con sus actos ilegales y arbitrarios, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), afecta y transgrede el derecho fundamental a que se refiere el artículo 19 N° 1, inciso primero de la Constitución Política de la República, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La Constitución Política de la Republica y las Leyes protegen no solo el derecho a la vida, sino que también a la integridad tanto física como psíquica. A través de la acción constitucional de protección interpuesta se logra evidenciar de los antecedentes narrados en la fundamentación fáctica de esta presentación que los actos de los órganos de la administración del Estado resultan ser arbitrarios e ilegales, vulneran, amenazan y perturban la integridad física y psíquica de mi representada, teniendo en especial consideración que la sintomatología propia de la enfermedad, diagnosticada y sometida a tratamiento, revisten un especifico carácter necesario en el tiempo y proceso señalado por el médico psiquiatra tratante, y en suma, se ha negado el acceso a poder obtener los beneficios de las licencias médicas otorgadas en su favor, lo que provoca que su condición de salud empeore, llegando incluso a incapacitarlo en el ejercicio de sus labores diarias, no solo del trabajo sino que también de su hogar, dejándolo en una situación precaria que afecta su vida transcendentalmente. En este sentido, cabe hacer presente a V.S ILTMA., que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República, es deber de los órganos del Estado respetar y promover el legítimo ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados tanto por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Chile.

En íntima relación a lo expuesto anteriormente, cabe mencionar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), publicada en el Diario Oficial con fecha 05 de enero del año 1991, tratado internacional ratificado y vigente en Chile, prescribe en su artículo 5, el cual consagra el denominado derecho a la integridad personal, que: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. En relación al punto anterior, a su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), suscrito por Chile el 16 de septiembre del año 1969 y publicado en nuestro Diario Oficial con fecha 27 de mayo de 1989, establece en su artículo 12 que: “1 Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de su salud física y mental .”.

Por otra parte, respecto de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de nuestra carta fundamental es necesario destacar que esta se ve afectada desde que la resolución respecto de la cual recurro priva el derecho de mi representado de ingresar a su patrimonio los montos por conceptos de pago de licencias médicas que por derecho le corresponden, al estar amparado por sus licencias médicas. Esta merma en el patrimonio de mi representado incluso ya ha sido reconocida por jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la cual se dispone lo siguiente “Efectivamente se conculca esta garantía fundamental, desde que importa privación de un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajo por enfermedad” (Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 09 de Septiembre de 2014, autos Rol N° 373.2014, considerando octavo). No se ha justificado el rechazo de las licencias médicas de mi representado desde un punto de vista técnico ni médico, por tanto dichas licencias debieron tramitarse y pagarse de acuerdo a la ley, lo que al no hacerse implicó un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto ya que las actuaciones de ambas instituciones contradicen con la lógica y la recta razón, omitiendo toda racionalidad, mesura y meditación previa para tomar cualquier decisión.

Pide declarar como arbitrario e ilegal la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-12722-2024 de fecha 23 de enero de 2024 que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y declararla como vulneradora de las garantías constitucionales invocadas, ordenando que se adopten todas y cada una las providencias que juzgue adecuadas con tal objeto y, especialmente, y para restablecer el imperio del derecho, que se ordene que tengan por aprobadas las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, así como ordenar el pago de cada una de ellas, sin perjuicio de todas las otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimientos del restablecimiento del derecho. Todo ello con expresa condena en costas.

Acompañó los siguientes los documentos:

RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-12722-2024 de fecha 23 de enero de 2024.

A folio N°8 evacua informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDD SOCIAL quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO NDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado reclamó ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 06 de septiembre de 2023, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días, a contar del 09 de mayo de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 178 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-12722-2024, de 23 de enero de 2024.

Al respecto, es importante destacar a SS. Iltma. que en atención al reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente:

“(30/08/2023) … RR 093-7, 998-2, 743-9 y 552-9. Dg Episodio depresivo grave, Trastorno de pánico, GAF 60. Se han realizado ajustes farmacológicos encontrándose actualmente en tratamiento con: Venlafaxina 150 mg xr 1-0-0 vo, Clotiazepam 10 mg 0-0-1vo y Zolpidem 10 mg 0-0-1 vo. Se han autorizado 178 días de reposo, el informe de la psiquiatra es muy similar al descrito en cartola, no habiendo descripción del curso de la enfermedad, ni posible reintegro laboral. Si bien hay cambio de esquema terapéutico, se pierde la transitoriedad del cuadro, mantengo rechazo …”

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado, informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Cuadro ansioso depresivo adaptativo leve, sin descripción de interferencias funcionales significativas por salud mental que contraindiquen el reintegro laboral. Estresores psicosociales no modificables con reposo médico. Sin plan de psicoterapia enfocado en el enfrentamiento y aceptación, fundamental en estos casos a fin de evitar cronificación de síntomas ansioso depresivos por refuerzo de evitación desadaptativa. Completó tiempos suficientes de reposo con el ya autorizado. Sin fundamento psicopatológico ni funcional para justificar la mantención del reposo médico por causa de salud mental no acoge.”.

Ahora Bien, la Sra. nombre reservado en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso dla Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Cita jurisprudencia.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Pide desestimar la acción en todas sus partes, con costas.

Acompañó copia del expediente administrativo, relativo al caso de la Sra. nombre reservado.

A folio N°14 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario es la dictación por parte del Superintendencia de Seguridad Social de la Resolución Exenta N° R-01-UME-12722-2024 del 23 de enero de 2024, en virtud de la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas extendidas a la actora por un total de 120 días a contar del 09 de mayo de 2023.

TERCERO: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita a la actora para requerir la protección que se solicita.

CUARTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, rola en autos que por Resolución Exenta N° R-01-UME-12722-2024 del 23 de enero de 2024, la Superintendencia confirmó el rechazo de cuatro licencias médicas por no encontrarse justificado el reposo.

QUINTO: Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SEXTO: Que así, según se observa en la Resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

OCTAVO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de la licencia médica que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I. - Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de COMPIN y la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-12722-2024 del 23 de enero de 2024, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja a la actora a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente, en plazo de sesenta días, respecto de la licencia médica rechazada que ha sido materia del presente recurso.

Redacción del abogado integrante Sr. Cristian Carvajal De Vicenzi.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-215-2024. (cwm)