nombre reservado con SOCIEDAD DE INVERSIONES ARAUCANA SPA.

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Al folio N° 1, comparece doña ROCÍO DEL PILAR ESCUDERO VERGARA, abogada, en representación de nombre reservado, chilena, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil viuda, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil casada, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, Trabajador Dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil divorciado, pensionado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil casada, labores; nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, estado civil divorciada, pensionada; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil divorciado, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil casado, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, trabajador independiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, labores; estado civil casada, nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, carpintero; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, trabajadora dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, pintor; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil casada, trabajadora dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil divorciada, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, pensionado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado; cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, pensionada; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil casada, comerciante; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, topógrafo; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil casada, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltera, labores; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil casado, trabajador dependiente; nombre reservado; cédula de identidad número RUT reservado; estado civil casado, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil casado, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil casada, trabajador dependiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, trabajador independiente; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, estado civil soltero, pensionado; todos domiciliados en el Campamento Jire, ubicado en el sector sur oriente de la ciudad de Loncoche, de la Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía, e interpone recurso de protección en contra de la SOCIEDAD DE INVERSIONES LA ARAUCANA SPA, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Chile y en contra del JUZGADO DE GARANTÍA DE LONCOCHE, RUT RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber solicitado la sociedad señalada el desalojo, y el juzgado de garantía haberlo decretado habiendo un megaproyecto que busca regularizar la situación de las familias que enfrentan el desalojo, cuya resolución fue notifica el 14 de abril de 2025, en razón de los siguientes argumentos de hecho y derecho.

I. CONTEXTO 1.- La Sociedad de Inversiones La Araucana SPA, con fecha 01 de marzo de 2022 interpone querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, del delito de usurpación no violenta, prevista y sancionada en el artículo 458 del Código penal, en relación con el artículo 457 del mismo cuerpo legal, quedando la causa ingresada bajo el RIT O-169-2022 RUC 2210010233-5 del Juzgado de Garantía de Loncoche.

2.- Que con fecha 29 de octubre de 2024, la misma sociedad antes señalada solicitó por escrito al Juzgado de Garantía de Loncoche que se fijara audiencia para discutir sobre la medida cautelar real especial prevista y regulada en el artículo 157 del Código Procesal Penal, que señala que, tratándose de los delitos de usurpación de inmuebles, el Ministerio Público o víctima, solicitar el desalojo de un determinado inmueble.

3.- Que con fecha 14 de abril de 2025, el Juzgado de Garantía de Loncoche determinó que las personas, muchos de los cuales se encuentran recurriendo en este momento, debían hacer desalojo del Lote A-2, de 10.554,51 metros cuadrados, resultante de la subdivisión del Lote Área Reserva A, ubicado en la ciudad y comuna de Loncoche, cuyos deslindes especiales son: NORTE, en 72,40 metros con Tramo 7-2 con camino público Loncoche-Lumaco Sur; SUR, en 91,31 metros Tramo 3-8 con Avenida nombre reservado; ORIENTE, en 130,37 metros Tramo 2-3 con otros propietarios; y PONIENTE, en 118,10 metros Línea 8,7 con lote número A-1 de la presente subdivisión.

4.- Lo anterior nos deja en la situación en la cual el Campamento Jire Dios Proveerá debe hacer desalojo total de dicho inmueble, sin embargo, existen antecedentes que dan cuenta que a lo menos los 34 hogares que ocupan dicho inmueble, son parte del Megaproyecto la Hacienda de Loncoche, que compone 400 viviendas, el cual está compuestos por seis grupos de vivienda de la comuna y se encuentra en proceso de desarrollo con el apoyo de la Entidad Patrocinante Plan Social Gestión Habitacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Constructora Cimol y la asesoría de la Municipalidad de Loncoche.

5.- Que lo anteriormente descrito cuenta actualmente con el compromiso y la compra del terreno, financiado con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), trabajando Plan Social Gestión Habitacional, con la empresa constructora en la cabida del loteo, en base al diagnóstico sociofamiliar de los postulantes.

6.- Que según se ha informado, el trabajo tiene una planificación proyectada para desarrollarse durante el año 2025, con la meta de formalizar el ingreso del proyecto al Serviu dentro de dicho periodo, dependiendo de las distintas instituciones y sus respectivos plazos.

I. HECHOS VULNERATORIOS ESPECÍFICOS 1.- La ejecución del desalojo ordenado judicialmente, sin haberse considerado adecuadamente la situación de vulnerabilidad social de las 34 familias que habitan el terreno —muchas de ellas con niños, adultos mayores o personas en condición de precariedad extrema— constituye una afectación grave e inminente a su integridad física y psíquica. La pérdida repentina de su único lugar de residencia, sin una alternativa habitacional inmediata, puede generar condiciones de desamparo incompatibles con el respeto mínimo de la dignidad humana. Esta afectación se ve agravada al tener en cuenta que los habitantes están integrados formalmente a un proyecto habitacional en desarrollo, lo cual refuerza su expectativa legítima de una solución definitiva y coordinada con el Estado.

2.- El desalojo del campamento en este contexto puede constituir un acto arbitrario, especialmente considerando que las familias involucradas no son meros ocupantes ilegales, sino parte activa de un proceso habitacional respaldado por instituciones públicas como el Ministerio de Vivienda, la Subdere, la Municipalidad y una entidad patrocinante formal. Ejecutar un desalojo sin contemplar la coordinación interinstitucional ni ofrecer soluciones transitorias específicas, cuando hay una política pública en curso que los reconoce como beneficiarios, podría generar un trato desigual frente a otras comunidades en condiciones similares que sí han sido protegidas o reubicadas adecuadamente en atención a su integración en proyectos habitacionales.

II. SOBRE LOS REQUISITOS FORMALES PARA LA PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN 1.- PLAZO: Que, la orden de desalojo fue evacuada con fecha 14 de abril de 2025, estando dentro del plazo de 30 días exigidos por el legislador, procede la acción protección en cuanto la misma está siendo interpuesta dentro de plazo legal.

2.- GARANTÍAS VULNERADAS: Las garantías que se han vulnerado y que se encuentran bajo amenaza en este caso, tal como será expuesto en los próximos apartados, son las descritas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 1, 2, 10, entre otros tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente su artículo 11.

3.- ACTOS: Tal como S.S.I. puede apreciar existe en la especie una serie de actuaciones arbitrarias e ilegales por parte del recurrido al vulnerar y amenazar los derechos fundamentales citados en el párrafo anterior y que detallaremos más adelante.

III. SOBRE LA ACTUACIÓN ARBITRARIA E ILEGAL DE LA RECURRIDA 1.- Dado que la discusión del presente caso tiene como hecho basal, la solicitud y otorgamiento de una medida cautelar real especial regulada.

IV. INFRACCIÓN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

1. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (Art. 19 Nº1 CPR) El desalojo de familias en situación de vulnerabilidad, sin que se les ofrezca una alternativa habitacional transitoria o definitiva, configura una amenaza directa a la integridad física y psíquica de quienes serán expulsados de su único lugar de residencia.

Este derecho, considerado el núcleo esencial de la protección constitucional, no solo se ve vulnerado en casos de violencia física, sino también cuando el Estado o sus órganos permiten, por acción u omisión, que personas sean expuestas a condiciones que impliquen un grave daño psicológico, inestabilidad emocional, desarraigo familiar, y, en muchos casos, la pérdida de redes comunitarias fundamentales para la subsistencia básica.

• Niños y niñas, cuya estabilidad emocional y continuidad escolar pueden ser afectadas.

• Personas con enfermedades crónicas, discapacidades o salud mental deteriorada.

• Adultos mayores y mujeres jefas de hogar, que podrían quedar en situación de calle.

Tal situación constituye una violación al deber del Estado de garantizar una existencia digna, como ha sido interpretado también por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Yakye Axa vs. Paraguay” y otros similares).

2. Derecho a la protección de la familia (Art. 19 Nº4 CPR)

La Constitución establece el deber del Estado de proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Al ejecutar un desalojo sin medidas de acompañamiento social, sin evaluación de impacto familiar, y sin un plan de reubicación adecuado, se transgrede esta garantía fundamental.

En muchos casos, las familias del campamento están conformadas por niños escolarizados en el sector, por adultos que han construido redes laborales informales y por cuidadores de personas con dependencia. El desalojo romperá esa estructura, produciendo un daño desproporcionado e irreparable al tejido familiar, entendiendo esta parte que los derechos fundamentales han de ser interpretados en la forma más beneficiosa para las personas.

3. Igualdad ante la ley y prohibición de discriminación arbitraria (Art. 19 Nº2 CPR) Existe una discriminación arbitraria cuando el Estado adopta medidas desiguales sin fundamento racional, especialmente cuando no se consideran las condiciones de extrema vulnerabilidad de los afectados.

En este caso, la decisión de ejecutar el desalojo sin atender al contexto específico de estas familias —que ya están incorporadas a un proyecto habitacional formal, avalado por organismos públicos— constituye un trato desigual e injustificado respecto de otras comunidades que, en condiciones similares, han sido protegidas o reubicadas mediante soluciones coordinadas entre Minvu, Serviu y municipalidades.

A pesar de tener un expediente técnico en curso y ser parte de un plan de política pública, estas familias están siendo tratadas como si fueran meros ocupantes ilegales sin reconocimiento institucional, lo cual es manifiestamente arbitrario.

A su vez, debemos señalar que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile señala que “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.” Debiendo a juicio de esta parte, resguardarse los derechos que de toda índole, internacional o nacional, proteja el derecho a vivir en una vivienda, y disponer las providencias necesarias para que las personas tengan acceso a la misma, resguardando que la imposibilidad de acceder a una en forma intempestiva sea protegida por la judicatura, o bien manteniendo el derecho a la misma, o disponiendo las providencias necesarias para que una persona desalojada pueda, antes de dicho hecho, ser reubicada.

Conforme a lo expuesto, solicita se ordene a la recurrida dejar sin efecto la RESOLUCIÓN DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025, que dispuso que dispuso el desalojo en plazo de treinta días de los habitantes del Campamento Jiré Dios Proveerá disponiéndose en definitiva que no se proceda al desalojo o en su defecto conociendo del asunto objeto del recurso se otorguen plazos que resguarden los derechos fundamentales de los recurrentes y el campamento en su conjunto, o lo que S.S. estime pertinente en derecho y justicia.

Acompaña a su presentación, los siguientes documentos:

1.- Situación del Campamento Jiré dentro del Comité de Vivienda Megaproyecto de la Hacienda de Loncoche, emitido por la Entidad Patrocinante Plan Social, gestión inmobiliaria, con fecha 24 de marzo de 2025.

2.- Certificado de Directorio de Personalidad Jurídica sin fines de lucro, fecha de emisión 19 de marzo de 2025.

3.- Acta de audiencia de fecha 14 de abril de 2025, del Juzgado de Garantía de Loncoche en RIT 169-2022.

4.- Ordinario 79 de fecha 4 de marzo de 2024, que remite Resolución Exenta Nº335 (v.y u.) de 2024, que aprueba Catastro Nacional de Campamentos 2024.

A folio N° 11, consta Informe del Juzgado de Garantía de Loncoche, expresando lo siguiente:

Que, ante este Tribunal con fecha 1 de marzo de 2022, se interpuso querella por don JULIO BASCUR SEGUEL, abogado, en representación de SOCIEDAD DE INVERSIONES LA ARAUCANA SPA, por la comisión del DELITO DE USURPACIÓN NO VIOLENTA, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 457, y siguientes del Código Penal. La acción se dirigió en contra de todos aquellos que resultasen responsables como autores, coautores, cómplices o encubridores; para lo cual se solicitó se remitiera la querella al Ministerio Público de Loncoche, con el objeto de que se continuara con la investigación iniciada, estableciera la existencia del delito y la identificación de los responsables.

Lo anterior, fundado en que Sociedad de Inversiones La Araucana Spa, es dueña de Lote A-2, de 10.554,51 metros cuadrados, resultante de la subdivisión del Lote Área Reserva A, ubicado en la ciudad y comuna de Loncoche, cuyos deslindes especiales son: Norte, en 72,40 metros con Tramo 7-2 con camino público Loncoche-Lumaco Sur; SUR, en 91,31 metros Tramo 3-8 con Avenida nombre reservado; Oriente, en 130,37 metros Tramo 2-3 con otros propietarios; y Poniente, en 118,10 metros Línea 8,7 con lote número A-1 de la presente subdivisión. La querellante, adquirió el inmueble por fusión e incorporación de la sociedad Nueva Gestión y Negocios R3 Limitada, según escrituras públicas de fecha 11 de agosto de 2015, Repertorios N°12.025/2015, N°12.026/2015, y N°12.027/2015, todas otorgadas ante Notario Público de Santiago, doña nombre reservado, Suplente del Titular, don nombre reservado. El dominio rola inscrito a fojas 481 N°708, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Loncoche, correspondiente al año 2015. El Rol de Avalúo Fiscal del referido inmueble corresponde a 180-1, de la comuna de Loncoche.

Que, durante el mes de febrero de 2021, un grupo de personas no identificadas, aprovechando el deterioro de cierres perimetrales o la ausencia de ellos en algunos sectores del inmueble antes descrito, procedieron a ingresar sin autorización y ocupar materialmente este último, con la finalidad de establecer un campamento irregular, lo que se conoce como “TOMA”; sin que hasta la fecha hayan hecho abandono de éste. Por lo tanto, se solicitó tener por deducida querella criminal por el delito de usurpación no violenta, descrito y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 457 del Código Penal, contra todos aquellos que además resulten responsables como autores, coautores, cómplices o encubridores; acogerla a tramitación; y comunicar su presentación al Ministerio Público de Loncoche, con la finalidad de que se continuara con la investigación de los hechos; y en definitiva se condene a los querellados y demás responsables a las penas previstas en la Ley; todo con expresa condenación en costas. nombre reservado lo anterior, sin perjuicio de otros tipos penales que en virtud de la investigación se pudieren configurar.

Que con fecha 2 de marzo de 2022, este Tribunal resolvió tener por interpuesta la querella, y ordenó que se remitieran los antecedentes a la Fiscalía Local de Loncoche.

Que con fecha 29 de octubre de 2024, es decir, dos años y medio después, la parte querellante presentó escrito solicitando audiencia de discusión de la Medida Cautelar Real de desalojo, prevista y amparada en el artículo 157 ter del Código procesal Penal, fundando en los hechos motivo de la querella se mantenían hasta esa fecha, sin que los ocupantes hicieran abandono del lugar.

Que con fecha 30 de octubre de 2024, este Tribunal resuelve citar a una audiencia de discusión de imposición de medidas cautelares reales, decretada para el día 10 de diciembre de 2024, a las 10:30 horas.

Que con fecha 10 de diciembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de discusión de medidas cautelares, en la cual se fijó un día y hora para el día 4 de febrero de 2025 a las 09:00 horas, y se ordenó la notificación personal o por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, y bajo apercibimiento del artículo 26 y 33 del Código Procesal Penal, de la dirigente doña nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, indicada como la dirigente social de dicho campamento.

Que con fecha 20 de diciembre de 2024, se informa por Carabineros de la Sexta Comisaría de Loncoche el resultado negativo de la notificación, indicando que las casas del Campamento no tienen escrita la numeración y que se consulta con vecino del lugar, los cuales manifiestan no conocer a la persona solicitada.

Que, con fecha 4 de febrero de 2025 se llevó a cabo la audiencia de discusión de medidas cautelares, en la cual se decretó hacer efectivo el apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal, respecto doña nombre reservado disponiendo su notificación por el Estado Diario, y se fijó nueva fecha 28 de febrero de 2025, a las 10:30 horas.

Que, con fecha 28 de febrero de 2025 en audiencia de discusión de medidas cautelares, se ordenó despachar orden de detención contra la querellada, doña nombre reservado, con la finalidad de ser puesta a disposición del Tribunal, diligenciándose por Carabineros de la Sexta Comisaría de Loncoche y por la Policía de Investigaciones de Villarrica.

Que con fecha 11 de marzo de 2025, se llevó a cabo audiencia de control de la detención de doña nombre reservado, la que se declaró ajustada a derecho, se incorporó forma especial de notificación de la querellada y se le notificó de la nueva fecha de audiencia de discusión de medida cautelar para el día 17 de marzo de 2025, a las 09:45 horas.

Que con fecha 12 de marzo de 2025, se informó por Carabineros de la Sexta Comisaria de Loncoche el resultado positivo de la detención de la querellada, el cual tuvo presente con fecha 14 de marzo de 2025.

Que con fecha 13 de marzo de 2025, se presentó escrito de otorgamiento de patrocinio y poder de doña nombre reservado a don nombre reservado, y solicitud de comparecencia vía telemática.

Que con fecha 14 de marzo de 2025, el tribunal ordenó que se acompañase mandato judicial notarial o constituyera patrocinio y poder a través de ministro de fe del tribunal.

Que con fecha 17 de marzo de 2025, se presentó por la Defensoría Penal Pública escrito solicitando un nuevo día y hora en un plazo no inferior a 15 días hábiles, en atención a que no contaban con las copias de la investigación solicitadas al Ministerio Público.

Que con fecha 17 de marzo de 2025, se llevó a cabo la audiencia de discusión de la medida cautelar, en la cual se resolvió decretar un nuevo día y hora para el 14 de abril de 2025 a las 09:00 horas, en atención a la falta de antecedentes de la investigación por parte de la defensa.

Que con fecha 13 de abril de 2025, se acompañó por la parte querellada un Certificado de Directorio de Personalidad Jurídica sin fines de Lucro de fecha 19 de marzo de 2025, y certificado de la situación del campamento dentro de un Comité de vivienda emitido por Entidad Patrocinante Plan Social de fecha 24 de marzo de 2025.

Que con fecha 13 de abril de 2025, por la parte querellante se acompañaron los siguientes documentos, un certificado de Dominio Vigente del bien usurpado, Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin Fines de lucro, respecto del “Comité Pro-Adelanto Campamento Jire Dios Proveerá”, Certificado de Vigencia de Persona Jurídica sin Fines de lucro, respecto del “Comité Pro-Adelanto Campamento Jire Dios Proveerá”, Copia carpeta de investigación Ministerio Público y un Set fotográfico, respecto de inmueble usurpado.

Que con fecha 14 de abril de 2025, se llevó a cabo audiencia de discusión de medidas cautelares reales, en la cual la querellada no comparece, y se resolvió que acuerdo con lo dispuesto en los artículos 457, 458 y demás pertinentes del Código Penal; el Art. 157 ter y demás pertinentes del Código Procesal Penal, el tribunal ordenó el desalojo del o los ocupantes ilegales, con el auxilio de la fuerza pública, respecto del inmueble que se encuentra inscrito a fojas 481 N° 708 del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Loncoche, y se otorgó un plazo de 30 días para hacer efectivo el mismo de manera voluntaria.

Que con fecha 15 de abril de 2025, el Tribunal resolvió tener por acompañado los documentos presentados.

Que con fecha 16 de abril de 2025, Carabineros de la Sexta Comisaría de Loncoche, solicita efectuar aclaratoria respecto de la medida cautelar decretada con fecha 14 de abril de 2025.

Que el Tribunal con fecha 21 de abril de 2025, resuelve informar a Carabineros que el desalojo es respecto de nombre reservado, Run RUT reservado, y de todos los ocupantes del inmueble usurpado. En la misma se otorgó a los ocupantes un plazo de 30 días para que procedan al desalojo de manera voluntaria.

Que con fecha 14 de mayo de 2025, se presenta informe por parte de Carabineros de la Sexta Comisaría de Loncoche, indicando se diligenció por parte del personal de Carabinero, en el cual se realizó un catastro de la totalidad de las viviendas que se encuentran en el pedio usurpado de 44 familias constituidas y 10 familias no constituidas, lo que daba un total de 54 familias.

Que también se tomó contacto con la Presidenta del Campamento “JIREH”, doña nombre reservado, con la finalidad de dar a conocer el término del plazo establecido por este Tribunal, quien manifestó encontrase en conocimiento de lo señalado, así como también todos los ocupantes, pero debido a las condiciones climáticas no han podido efectuar el desarme de los inmuebles para hacer abandono del inmueble de forma paulatina, y resguardando la integridad de adultos mayores, niños y personas con problemas de salud.

A su vez, también indicó que tomó contacto con el Sr. alcalde de la comuna, don Alexis Pineda Ruiz quien indicó que, a través del Departamento Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Loncoche, se interpuso recurso de protección en favor de los ocupantes, con la finalidad de extender el plazo establecido por el Tribunal del predio usurpado.

Que con fecha 16 de mayo de 2025, este Tribunal tomó conocimiento de lo informado por el Personal de Carabineros de Loncoche.

A través del presente, se informa la remisión del E-book de la Causa.

A folio N° 13, se acompaña informe complementario por el Juzgado de Garantía de Loncoche, señalando lo siguiente:

Que, con fecha 14 de abril de 2025, se llevó a cabo audiencia de discusión de medida cautelar real, en la cual la fiscalía, querellante y el defensor de la querellada concurren desde su inicio; y la querellada no comparece al inicio de la audiencia, sin embargo, se admite su comparecencia a contar del tercer minuto de realización de la audiencia a través de plataforma ZOOM. En dicha audiencia se abrió debate sobre la solicitud de aplicación del artículo 157 ter del código penal, y se procedió a resolver al siguiente tenor:

Vistos, oídos los intervinientes y teniendo presente:

Primero: Que el artículo 457 del código penal indica que: Al que, con violencia o intimidación en las personas, ocupare total o parcialmente un inmueble, sea público o privado, o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto éste le repeliere, se le aplicará una pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Relacionado con ello el artículo 458 señala que: Cuando, en los casos del inciso primero del artículo 457, el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Segundo: Que, el articulo 157 ter del código procesal penal, agregado por la ley 21.633, que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, fijando nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, con fecha 24-11-2023, indica que: Tratándose de los delitos de usurpación de inmuebles, el Ministerio Público o la víctima, en cualquier etapa del procedimiento, haya sido formalizada o no la investigación, podrán solicitar al juez que decrete el desalojo del o los ocupantes ilegales con el auxilio de la fuerza pública, acreditando la respectiva inscripción del inmueble y antecedentes de la ocupación. Para lo anterior, citará en el más breve plazo a una audiencia que se celebrará con los que asistan.

Tercero: Que en la presente causa se presentó querella por sociedad inversiones Araucana Spa con fecha 01 de marzo de 2022, por el delito de usurpación no violenta en el inmueble ubicado en la comuna de Loncoche que se individualiza, inscrito a fojas 481 N° 708, del registro de propiedad, correspondiente al año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Loncoche.

Acompañando a la presente audiencia certificado de dominio vigente, de fecha 11-04-2025, por lo cual se tiene por acreditado el derecho real de propiedad por parte de sociedad inversiones Araucana Spa, sobre el inmueble.

Cuarto: Que debidamente emplazado, el presidente de la persona jurídica, comité pro adelanto Campamento Jireh Dios Proveerá, que se encuentra instalado en el inmueble individualizado en el numerando precedente, doña nombre reservado, a través de representante judicial, solicita no se dé lugar a la medida cautelar planteada, por cuanto indica: El comité habría existido desde el año 2021 a la fecha y su representada solo habría asumido el cargo el 23 de noviembre de 2024, habiendo existido 3 presidentes previos, a los cuales individualiza de manera somera. Uno de ellos, sin indicar cual, habría sido autorizada de manera verbal por uno de los socios de la querellante para que ocupen el lugar, al cual tampoco puede individualizar, mientras la municipalidad realiza soluciones de habitación. Sin embargo, otorgada la palabra a la querellada indica que ello no es efectivo, nunca se ha otorgado permiso para la ocupación, de ello la querella se interpuso ante este Tribunal con fecha marzo de 2022, haciendo patente la intención de que el terreno le sea devuelto.

Además, de dicha alegación, lo cierto es que la defensa del comité pro-adelanto Campamento Jireh Dios Proveerá, no ha indicado ningún antecedente que permita establecer un legítimo derecho que avale la ocupación del terreno conocido como campamento Yireh de la comuna de Loncoche. Por el contrario, las alegaciones han sido vertidas mas bien dentro del contexto de autoría del delito de usurpación no violenta por parte de doña nombre reservado, no cual no es materia de la presente audiencia, dado que esta causa no se encuentra formalizada.

Así las cosas, habiéndose establecido la existencia del dominio y la falta de un titulo que habilite a la ocupación de dicho terreno por parte del Campamento Yireh, habiendo indicado la Fiscalía que no presenta oposición a la solicitud planteada por la querellante, que de hecho todos los antecedentes señalados por esta constan en la carpeta investigativa, el Tribunal debe dar lugar a la solicitud planteada por la querellante.

Con lo relacionado precedentemente y visto lo dispuesto en los artículos 457, 458 y demás pertinentes del Código Penal; el Art. 157 ter y demás pertinentes del Código Procesal Penal, se resuelve:

Como se pide, se da lugar a la medida cautelar real contenida en el artículo 157 ter del código procesal penal, respecto del inmueble que se encuentra inscrito a fojas 481 N° 708, del año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Loncoche, debiendo procederse al desalojo con el auxilio de la fuerza pública conforme a derecho, otorgándose plazo de 30 días para hacer efectivo el desalojo de manera voluntaria.

A folio 24, se hizo efectivo apercibimiento y se tuvo por no presentado el recurso respecto de la SOCIEDAD DE INVERSIONES LA ARAUCANA SpA.

A folio N°39, se resolvió prescindir del informe de la propietaria del inmueble, SOCIEDAD DE INVERSIONES LA ARAUCANA SpA.

Al folio N° 46, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitraria, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que el recurrente dirige su acción, en primer término, contra el Juzgado de Garantía de Loncoche, y concretamente contra la resolución dictada en audiencia de fecha 14 de abril de 2025, que acogiendo lo solicitado por la Querellante, resolvió dcretar como medida cautelar real del artículo 157 ter del Código Procesal Penal, el desalojo del o los ocupantes ilegales, del inmueble singularizado en la querella presentada en la causa referida.

TERCERO: Que, de lo anterior resulta, que en lo medular lo pretendido por el actor, es se prive de efectos a una resolución judicial que se encuentra firme y ejecutoriada, dictada en el marco de los aludidos autos RIT N°169-2022, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Loncoche.

Conforme a ello, cabe indicar, que el presente arbitrio constitucional, es uno de emergencia cuyo fin -como se ha acotado- es restablecer el imperio del derecho ante una vulneración patente al ordenamiento constitucional, no pudiendo en consecuencia pretender se transforme en una herramienta de revisión de decisiones jurisdiccionales, máxime cuando ellas ya han agotado las etapas procesales de impugnación; permitirlo implicaría otorgar siempre a las partes de un litigio, la oportunidad de nuevas instancias de revisión de lo decidido por un Tribunal, desfigurándose entonces el carácter cautelar y de emergencia del que se ha venido hablando. Así lo ha resuelto el máximo Tribunal de nuestro país, entre otros, en los autos rol N° 132.015-2020.

QUINTO: Que, en el mismo orden de ideas, cabe destacar que acceder a lo planteado en el recurso, implicaría incurrir en idéntico defecto que el reprochado por el actor. En efecto, el estado actual de las cosas, indica que el inmueble ocupado se encuentra inscrito a nombre de una tercera persona (Sociedad de Inversiones La Araucana Spa), de manera que de hacer lugar a lo requerido, se estaría sin duda afectando los derechos de dicha persona, ello en virtud de un recurso de protección en el que no es parte, y no ha sido oído en defensa de sus intereses.

SEXTO: Que en consecuencia, de lo expuesto en el recurso y lo informado por el Tribunal recurrido, aparece que la decisión que se cuestiona por la vía del recurso de protección fue dictada por un Tribunal de la República, dentro de su competencia en un procedimiento tramitado de acuerdo a las reglas del procedimiento penal, cuya control escapa de la vía empleada, por cuanto, la acción cautelar de protección tiene una finalidad de tutela de derechos indubitados, para lo cual, se ha establecido el presente procedimiento con las características de rapidez y desformalización ya referidas.

SEPTIMO: Que por todo lo expuesto, el recurso será desechado, como se expondrá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por ROCÍO DEL PILAR ESCUDERO VERGARA, abogada, en contra del Juzgado de Garantía de Loncoche.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-2135-2025.(jog)