nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

nombre reservado, estudiante de derecho, domiciliado en domicilio reservado, región de La Araucanía, a título personal y en mi calidad de afectado, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social “SUSESO”, RUT RUT reservado, representada legalmente por su superintendenta doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado y en esta comuna en domicilio reservado, organismo que, a través de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU45990-2025 de fecha 08 de abril de 2025, ha vulnerado su derecho constitucional de no ser discriminado arbitrariamente, establecido en el artículo 19 N°2 de la Carta Magna y su derecho fundamental a la integridad física y psíquica (artículo 19 N°1), según paso a exponer.

1. Accidente laboral. Contagio de Covid 19 durante el tratamiento de las secuelas del accidente. Durante el ejercicio de sus funciones laborales como trabajador independiente, sufrió un accidente laboral de trayecto el día 27 de agosto de 2019, resultando con una grave lesión en el pie. Ingresada la correspondiente denuncia individual de enfermedad profesional, el accidente fue calificado como laboral por el ISL, que es su prestador de la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Debido a la complejidad de su lesión en el pie, diagnosticada como Luxofractura de Lisfranc, el ISL me derivó a tratamiento en el Hospital del Trabajador de la ACHS de Santiago, siendo trasladado por medios proporcionados por el ISL para la realización de nuevos exámenes y posteriores operaciones. El día 20 de noviembre de 2020, durante una de sus estadías en la ciudad de Santiago para el tratamiento médico gestionado por el ISL en el Hospital del Trabajador, contraje COVID-19. En dicho período no estaba trabajando, y solo salía de su domicilio para recibir las atenciones médicas por el accidente laboral en su pie, lo cual consta en registros del ISL, boletos de transporte y hospedaje, y certificados de asistencia médica que adjunto en el primer otrosí, por lo que correspondía dar cuenta de esto a su mutualidad.

En ese momento, se encontraba alojando en el Hotel Myrasalud, que fue designado por la ACHS. Este es un Hotel Clínico que cuenta con personal de enfermería y queda ubicado en calle nombre reservado 2448, Providencia Santiago. Al regresar desde la Clínica Alemana de Santiago -donde me tenía que tomar un examen previo a una operación- al Hotel Myrasalud, comenzó a experimentar síntomas de Covid, por lo que el personal sanitario del Hotel llamó al ISL de Temuco para preguntar qué hacer. Luego, me llamó por teléfono don nombre reservado -encargado del área de trabajadores independientes del ISL de Temuco-, mientras me encontraba en el Hospital del Trabajador de la ACHS en Santiago, ingresando la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional “DIEP” por el Covid de forma telefónica. En esa oportunidad, se le indicó por parte del funcionario que se me otorgaría cobertura de la ley 16.744, así que me quedé tranquilo. La DIEP recibió el Código Único Nacional “CUN” 6107288, Folio 793241, código del caso: 816489.

Cabe destacar que, nunca firmó un documento de DIEP, ni ningún otro relativo al Covid, ya que, como dije, esta se efectuó de forma telefónica. Luego de permanecer alrededor de siete días en una residencia sanitaria en la ciudad de Santiago, logró superar los síntomas del Covid. En paralelo y durante los siguientes 5 años, continué en tratamiento por la lesión del pie, la que actualmente se mantiene con un diagnóstico de incapacidad laboral permanente, con un porcentaje de un 30% de incapacidad laboral, por lo cual tengo dependencia de ayudas técnicas (Bastón) para sus traslados y tendrá que someterme a tratamientos de por vida.

2. Secuelas del Covid 19. Negación de tratamiento. Que en agosto 2024, comenzó a experimentar “lapsus temporales”, o, dicho de otra forma, episodios en que mi mente quedaba “en blanco”, como “paralizada” por unos momentos. El médico que le continuaba atendiendo en la ACHS, lugar donde recibo de manera regular atenciones por la luxofractura de Lisfranc del pie, le ordenó la realización de nuevos exámenes, ya que el tuvo la sospecha de que estos síntomas podían ser secuelas de la infección por Covid 19 que tuve en 2020 (diagnosticándome además un trastorno adaptativo), motivo por el cual le solicitó un Scanner cerebral (TAC cerebral) a fin de corroborar o descartar esa hipótesis diagnóstica. Sin embargo ese examen fue negado por el ISL a comienzos de diciembre de 2024, aduciendo que el Covid 19 había sido calificado como enfermedad común, siendo esta la primera noticia que tuve de dicha calificación. Por lo anterior, el día 16 de diciembre de 2024 concurrió personalmente a la oficina del ISL de la ciudad de Temuco, ubicada en nombre reservado Bello N° 190, lugar donde le entregaron una copia de una resolución de fecha 30 de enero de 2021, N° 1290220, respecto a la calificación de su enfermedad, la cual establece que la misma no tiene origen laboral. Esta copia, con timbre del ISL, Plataforma de atención Temuco, la acompaño en un otrosí. Dicha resolución tuvo como consecuencia la negación de un examen médico crítico para su salud cerebral, el cual solicito a raíz de lapsus temporales que he experimentado. La resolución N° 1290220, emitida el 30 de enero de 2021, fue notificada formalmente recién el 16 de diciembre de 2024, en la oficina del ISL de la ciudad de Temuco casi tres años después de su emisión. Cabe volver a señalar que, telefónicamente en el año 2020, se me había indicado que dicha enfermedad sería cubierta por el ISL. La explicación por parte del ISL fue que ellos notificaron en su minuto la referida resolución por carta certificada, enviada a la dirección "Freire 101, Lautaro", la cual resulta que no corresponde a su domicilio.

En efecto no sé de dónde sacó el ISL esa dirección, puesto que nunca consignó dicha dirección como su domicilio en algún trámite efectuado ante dicho organismo. Por el contrario, en la DIAT efectuada en agosto de 2019 producto de su lesión en el pie, consignó expresamente que su dirección domicilio reservado. Posteriormente, en febrero de 2022, dio aviso al ISL de su cambio de dirección a la actual, la cual está ubicada en calle nombre reservado° 994, comuna de Lautaro, región de La Araucanía. Direcciones a las cuales, durante años 5, me ha pasado a buscar personal del ISL y de la ACHS para los traslados a sus tratamientos por el accidente laboral, y a la cual también me llegaba documentación de dichos organismos. De este modo, es claro que el error en el sistema de registro de domicilio es una situación imputable exclusivamente al Instituto de Seguridad Laboral, no siendo éste un hecho atribuible a él. Por lo anterior, cualquier notificación efectuada a un domicilio distinto de los que consignó en su oportunidad ante el ISL - nombre reservado 394 departamento 3, y luego nombre reservado° 994, ambas de la comuna de Lautaro- es nula y de ningún valor. A mayor abundamiento aunque parezca algo increíble, resulta que la dirección en la que el ISL supuestamente le notificó por carta certificada "Freire 101, Lautaro" ni siquiera existe en dicha comuna. Así las cosas la resolución N° 1290220, emitida el 30 de enero de 2021, le fue notificada legalmente recién el 16 de diciembre de 2024, en la oficina del ISL de la ciudad de Temuco, según consta en la copia de la resolución con timbre de esa fecha del ISL, Plataforma de Atención Temuco.

3. Apelación a la SUSESO. Acto ilegal o arbitrario: resolución de la SUSESO que mantiene calificación de enfermedad común. Como esta situación me ha generado un perjuicio directo y significativo en su estado de salud, al negarla la realización del examen médico necesario para tratar sus afecciones cerebrales, y como la notificación de la resolución que calificó el Covid 19 como enfermedad común solo le fue notificada el 17 de diciembre de 2024, el día 04 de enero de 2025, es decir dentro del plazo legal de 90 días hábiles del inciso tercero del artículo 77 de la Ley N° 16.744, presentó recurso de apelación ante la SUSESO en contra de la resolución del ISL, solicitando la modificación de la calificación de la enfermedad. Con fecha 08 de abril de 2025, la SUSESO dictó la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-45990-2025, la cual rechaza su reclamación, manteniendo la calificación de enfermedad común efectuada por el ISL. Los fundamentos de la resolución son: CONSIDERANDO: 1. Que, con fecha 4 de enero de 2025, don nombre reservado, RUN RUT reservado, ha recurrido ante esta Superintendencia reclamando en contra del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Organismo que calificó como común (o no laboral) un cuadro clínico que presentó el recurrente a contar de noviembre de 2020. 2. Que, requerido al respecto, el ISL acompañó los antecedentes del caso e informó que finalmente esta contingencia fue calificada como de origen común mediante la Resolución de Calificación (RECA) N° 1290220, de 30 de enero de 2021. Agregó la Entidad:

"El trabajador fue notificado por carta certificada de la RECA, en el domicilio presentado en DIEP completada por el trabajador del 22-11-2020 "Freire 101, Lautaro"... "La notificación de RECA se envía a la dirección aportada por el trabajador en la DIEP, si el mismo presentara una dirección distinta o cambio de domicilio, es obligación del mismo trabajador notificarlo a este Instituto. De igual manera, se considera fuera de plazo la temporalidad en la que reclama por el evento calificado común. No existen antecedentes, en el transcurso de los casi 4 años desde que se calificó el evento cuestionado, de solicitud de información de información o reclamó presentado en sucursal ISL por este evento, así como también de la solicitud de atención médica por posibles secuelas asociadas, siendo que mantiene contacto con este Instituto por atenciones relacionadas con las secuelas de su accidente laboral descrito al inicio de este informe". 3. Que esta Superintendencia hace presente que el referido reclamo se formuló fuera del plazo de 90 días hábiles que contempla al efecto el inciso tercero del artículo 77 de la Ley N° 16.744, razón por la que esta Superintendencia lo declara inadmisible por extemporáneo.

Esta resolución es ilegal y arbitraria, puesto que, contrariamente a lo que allí se señala, no es efectivo que yo haya completado una DIEP el día 22 de noviembre de 2020 en la cual haya consignado como “Freire 101, Lautaro”, puesto que, como indiqué, en esa fecha me encontraba en la ciudad de Santiago, primero en un hotel en el que siempre me hospedaban por parte de ISL, y posteriormente en la residencia sanitaria por el COVID, por lo cual la DIEP se realizó de manera telefónica con el entonces encargado de los trabajadores independientes a honorarios del ISL de Temuco de nombre nombre reservado, a quien nunca le indiqué que mi domicilio fuera “Freire 101, Lautaro”.

En consecuencia, el rechazo de su apelación por esta supuesta extemporaneidad del recurso carece de sustento legal, toda vez que no se le notificó legalmente la resolución del ISL que calificó la patología como de origen común sino hasta el 16 de diciembre de 2024. Esta calificación arbitraria e ilegal ha generado un perjuicio directo e irreparable, ya que me impide acceder a las prestaciones económicas y médicas que establece la Ley N.º 16.744.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y derecho a la igualdad ante la ley. El artículo 3 de la Ley N.º 16.744 establece que el sistema cubre los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, incluyendo todas las consecuencias derivadas de ellos. Esto incluye las complicaciones que ocurren durante el tratamiento de un accidente laboral. La Ley N.º 16.744, en su artículo 7º, establece que son enfermedades profesionales aquellas causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo desempeñado y que provoquen incapacidad o muerte. Además, según el artículo 77º bis, las mutualidades tienen la obligación de informar al afectado respecto de las resoluciones que adopten y sus respectivos fundamentos, garantizando el derecho a la apelación. Además, la misma normativa incluye como cobertura del ATEP cualquier enfermedad o lesión derivada del tratamiento médico recibido a raíz de un accidente laboral, extendiendo su protección a las complicaciones o patologías que puedan surgir en dicho contexto. La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en sus dictámenes y el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establece que las mutualidades deben cubrir complicaciones derivadas de los tratamientos médicos relacionados con accidentes laborales. Esta información se encuentra específicamente en el Libro V: Prestaciones Médicas, donde se detallan las responsabilidades de las mutualidades frente a las patologías o complicaciones relacionadas con las prestaciones de salud. La SUSESO, mediante el Dictamen N° 2734-2020, instruye que las secuelas derivadas de COVID-19 deben considerarse cubiertas por la Ley N° 16.744 cuando están vinculadas a accidentes laborales o enfermedades profesionales. En su caso, la contracción del virus ocurrió en el contexto del tratamiento por un accidente laboral, por lo que corresponde su reconocimiento como una enfermedad de origen laboral. No obstante, se me ha negado dicha protección, en contravención del principio de igualdad ante la ley.

Esta resolución vulnera también su derecho a la vida e integridad física y psíquica consagrada en el artículo 19 Nº 1 de la CPR, al privarme del acceso oportuno a un tratamiento adecuado que permita mitigar los efectos de la enfermedad adquirida en el contexto de un tratamiento laboral. Todos estos argumentos ni siquiera fueron analizados por la SUSESO, que decidió rechazar la apelación por forma, derivada de una supuesta extemporaneidad del recurso que no es tal. manteniendo así la calificación de enfermedad común. La recurrida incumplió su obligación de informar al afectado respecto de las resoluciones que adopten y sus respectivos fundamentos, garantizando el derecho a la apelación, según lo dispuesto en el artículo 77 bis de la ley 16.744. Este incumplimiento al deber de informar, así como la consecuente mantención de la calificación de la patología como enfermedad común, vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 Nº 2 de la CPR. En este sentido, la calificación arbitraria de su enfermedad como de origen común le ha colocado en una situación de desigualdad injustificada en sus tratamientos según la Ley Nº 16.744. La actuación de la mutualidad establece una discriminación arbitraria, ya que se niega a reconocer la relación causal entre mi accidente laboral y la enfermedad contraída durante el tratamiento médico, a pesar de contar con todos los antecedentes en su poder. Esta vulneración al derecho a la igualdad se materializa al aplicarse criterios desiguales e infundados en mi caso, desconociendo las garantías establecidas por la Ley Nº 16.744 y generando una distinción arbitraria entre trabajadores que se encuentran en situaciones idénticas o análogas. Dicho acto arbitrario atenta contra el principio de igualdad ante la ley, toda vez que mi condición de trabajador accidentado se ve desfavorecida sin justificación alguna, negándose el acceso a las prestaciones y protecciones establecidas por el sistema de seguridad social.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, darle tramitación y en definitiva acogerlo, con costas, ordenando a la SUSESO que: - Emita una nueva resolución que reemplace a la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01- UJU-45990-2025 de fecha 08 de abril de 2025, que, acogiendo su apelación, declare que la patología de Covid 19 que sufrió en agosto de 2020 es de origen laboral, y como consecuencia, ordene que se me entreguen prestaciones médicas y económicas que establece la Ley N°16.744. - En subsidio, se deje sin efecto la referida resolución que declaró la extemporaneidad del recurso, declarando que la apelación interpuesta el 04 de enero de 2025 en contra de la resolución del ISL fue interpuesta dentro de plazo, ordenando en consecuencia a la SUSESO que emita una nueva resolución que se pronuncie sobre el fondo de los argumentos de la apelación. - Toda otra medida que estime necesaria para el restablecimiento del imperio del derecho.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Visualización electrónica del documento Denuncia individual de accidente del trabajo (DIAT OA) de fecha 03 de septiembre de 2019, CUN: 5413440, FOLIO: 864842, CÓDIGO del caso: 680113, del ISL.

2.- Visualización electrónica del documento Resolución de Calificación del origen de los accidentes y enfermedades CUN: 5413440, de fecha 09 de septiembre de 2019, del ISL.

3.- Detalle liquidación de beneficio por concepto de pensión invalidez total transitoria ley n°16.744.- emitida por el ISL.

4.- Correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2020, remitido por doña nombre reservado, Administrativo ACHS Asociación Chilena de Seguridad.

5.- Correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2020, remitido por don nombre reservado, Encargado Unidad de Prestaciones Médicas Región de La Araucanía, Instituto de Seguridad Laboral. Asunto: Remite Pasajes Por traslado a Examen Médico en Ciudad de Santiago 6.- Detalle de pasajes aéreos de la aerolínea LATAM, con itinerarios de vuelos Temuco a Santiago (19/11/2020) y Santiago a Temuco (21/11/2020), pasaje este último que se anuló por encontrarme con Covid.

7.- Examen laboratorio Bionet, positivo para Coronavirus (SARS-CoV2), toma de muestra: 22/11/2020, recepción 23/11/2020.

6.- Detalle de pasajes aéreos de la aerolínea LATAM, con itinerario de vuelo Santiago a Temuco de fecha 03/12/2020, post covid.

7.- Copia de la resolución de calificación de enfermedad emitida por ISL, obtenida el día 16 de diciembre de 2024, con timbre de la Plataforma de atención Temuco.

8.- Formulario único de reclamo de la SUSESO de fecha 04 de enero de 2025 CÓDIGO FUI: 1079731.

9- Documento pdf con apelación fundada ante la SUSESO, adjunto al formulario único de reclamo de la SUSESO de fecha 04 de enero de 2025 CÓDIGO FUI: 1079731.

10.- RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-45990-2025 de fecha 08 de abril de 2025 de la SUSESO. - Correo electrónico de fecha 23 de abril de 2025, remitido por doña nombre reservado, Profesional de salud, Unidad de salud en el trabajo, Instituto de Seguridad Laboral, con respuesta mía de la misma fecha. Asunto: RESOLUCIÓN ISL EP SM COMÚN- nombre reservado [RUT reservado] Siniestro: 816489.

A folio 19 informa COMPIN, quien dice:

La calificación de origen de las patologías con sospecha de corresponder a enfermedades profesionales corresponde a los organismos administradores de la Ley 16.744, cuyas resoluciones pueden ser reclamadas en la Superintendencia de Seguridad Social. La enfermedad sufrida por el Sr. nombre reservado fue calificada por el Instituto de Seguridad Laboral como enfermedad de origen común y realizó el reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó lo calificado por dicha entidad. Las COMPINES, en este caso, la Subcomisión Cautín, no forma parte del proceso de calificación de enfermedades profesionales, por lo que, no contamos con antecedentes relevantes en el caso de la enfermedad sufrida por el Sr. nombre reservado.

A folio 21, informa ACHS, quien dice:

En el caso concreto del recurrente, corresponde señalar que, al momento de presentar la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional, se encontraba afiliada al Instituto de Seguridad Laboral, razón por la cual dicho organismo era el encargado de evaluar los antecedentes médicos y laborales, y determinar si la patología denunciada tiene o no origen laboral. La intervención de la Asociación Chilena de Seguridad en el caso del Sr. nombre reservado se ha limitado estricta y exclusivamente a la entrega de las prestaciones médicas que correspondían según su condición de salud, conforme a lo establecido en el convenio previamente referido, asunto que, además, no constituye el objeto de la presente acción.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Ficha Médica del recurrente.

2. Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), emitida por el ISL.

3. Convenio prestaciones médica Achs – ISL.

A folio 23 informa ISL, quien dice:

El Instituto de Seguridad Laboral realizó la calificación de enfermedad como de origen común de forma adecuada, en vista de que el trabajador no presenta una enfermedad profesional lo que se fundamenta en: no está definido como contacto estrecho laboral por MINSAL, no es trabajador de establecimiento de salud y el contagio no se produjo en contexto o ámbito laboral que comprenda el ejercicio de sus funciones. El Trabajador se encontraba de licencia médica al momento del contagio. De igual manera, se le envió encuesta de trazabilidad al trabajador, donde se corrobora por el mismo, que no se produce un contagio en contexto laboral. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 16.744, que define como enfermedades profesionales aquellas causadas directa o indirectamente por el trabajo desempeñado. Así mismo, la Superintendencia mediante el Oficio Ordinario N° 1598/2020, numeral 3, literales b) y c) define “este Organismo Fiscalizador ha establecido que en el caso de trabajadores que sean diagnosticados con Covid-19 positivo y que no se desempeñan en establecimientos de salud (como de este caso se trata), si el pertinente organismo administrador del Seguro Social contra Riesgos Profesionales pretende calificar el cuadro como de origen común, previo a ello deberá determinar la relación del contagio con las labores del trabajador afectado, investigando sobre los contactos con enfermos o infectados de Covid-19 en el lugar de trabajo o en el ámbito laboral, requerir la información al respectivo empleador y justificar debidamente los fundamentos de la calificación como común de la contingencia, aun cuando el caso no haya sido calificado como contacto estrecho laboral por la autoridad sanitaria”. De igual manera, la Superintendencia, mediante (entre otros) los Oficios Ordinarios N° 1220, 1482, 1598, 1748 y 2160, todos del año 2020, ha instruido a los organismos administradores del Seguro Social contra Riesgos Profesionales que “No procede otorgar cobertura por aislamiento en virtud de contacto estrecho laboral en el lugar de trabajo con persona contagiada de Covid-19, si el caso del trabajador involucrado no está comprendido dentro del listado que aprueba la autoridad sanitaria correspondiente”. Por tanto, el siniestro no corresponde a Enfermedad Profesional.

Este Instituto dio cobertura de la enfermedad y se prestó la atención médica suficiente y oportuna, así como los estudios paraclínicos y tratamiento médico pertinente de la infección por Covid-19, producida según referencia del trabajador, en el traslado al tratamiento médico y estudios imagenológicos relacionados a su accidente laboral. Ello, a pesar de que el trabajador iniciara con síntomas a menos de 24 horas de llevar a cabo el traslado aéreo a Santiago de Chile para inicio de sus tratamientos, lo que orienta a un probable contagio externo en otro contexto. El trabajador presenta evaluación satisfactoria al alta post COVID, donde no destaca ninguna sintomatología asociada al contagio. De igual manera, no se produjeron atenciones médicas con relación a complicaciones por Covid19 en estos 4 años.

El trabajador presentó notificación por carta certificada de la RECA, en el domicilio presentado en DIEP completada por el trabajador del 22-11-2020 “Freire 101, Lautaro”. En el formulario del trabajador No calificado por MINSAL como contacto estrecho, refiere “Dirección del trabajador: nombre reservado 394 depto. 3 Lautaro”. La notificación de RECA se envía a la dirección aportada por el trabajador en la DIEP, si el mismo presentara una dirección distinta o cambio de domicilio, es obligación del mismo trabajador notificarlo a este Instituto. De igual manera, se considera fuera de plazo la temporalidad en la que reclama por el evento calificado común. No existen antecedentes, en el transcurso de los casi 4 años desde que se calificó el evento cuestionado, de solicitud de información de información o reclamó presentado en sucursal ISL por este evento, así como tambien de la solicitud de atención médica por posibles secuelas asociadas, siendo que mantiene contacto con este Instituto por atenciones relacionadas con las secuelas de su accidente laboral descrito al inicio de este informe.

Respecto a sintomatología neurológica que atribuye a secuelas de diagnóstico de Covid-19 confirmado, no se cuenta con antecedentes médicos del trabajador que evidencien que haya requerido atenciones médicas por su previsión en el periodo agudo o post contagio, que hagan suponer de la existencia de complicaciones o secuelas derivadas del proceso o cuadro infeccioso presentado por el trabajador, que se considere como nuevo antecedente objeto de revisión y análisis por este Instituto.

En vista de lo antes señalado, este Instituto estima que SE MANTIENE lo resuelto mediante Resolución de Calificación N°1840787 del 10/04/2025, que determina “Origen Común” de la afección denunciada. Calificación realizada por instrucción de la Superintendencia de Seguridad Social, impartida mediante Resolución Exenta Nro. R-01-UJU-45990-2025 Santiago, 08/04/202. No hay antecedentes nuevos y o pertinentes que permitan modificar lo antes señalado.

Acompaña a su presentación: Informe de Opinión Técnica, Visado por doña nombre reservado, Jefa Sub-departamento de Control y Gestión de Enfermedades Profesionales. Elaborado por Dra. Génesis Da Silva F. y Enfermera nombre reservado.

A folio 37, informa FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Que, solicita se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, debe ser dilucidada en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, ha señalado que, lo intentado por la parte recurrente, desborda los límites de esta acción constitucional la que tiene por objetivo garantizar y proteger derechos indubitados, debiendo ocurrir ante la sede que corresponda a hacer valer todas las probanzas que sean pertinentes, todo lo que conduce necesariamente a desestimar el arbitrio impetrado, puesto que, la presente acción no constituye una instancia de declaración de derechos.

En el caso del recurrente de autos, claramente su pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado de la discusión respecto del porcentaje de invalidez, en el marco de la Ley N° 16.744, y no de amparar un derecho preexistente. Ello, de ser reclamado judicialmente, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación, proceso judicial en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes.

Solicita se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia desborda los límites de la acción de protección, debiendo ser objeto de un juicio de lato conocimiento, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

I) Antecedentes del caso. En cumplimiento de lo ordenado informa el fondo del asunto de autos, de acuerdo con las consideraciones que se expondrán, de los que surge con meridiana claridad la ausencia de un acto ilegal o arbitrario emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que su actuación, se ajusta a las normas que regulan la determinación del origen, esto es, si es de origen común o laboral, y que están contempladas en la Ley N° 16.744 y sus cuerpos reglamentarios. Lo anterior, como se expondrá a continuación.

II) Marco normativo que regula la materia de autos. En relación a la acción constitucional de autos, y para despejar toda duda acerca de la legalidad y evidente motivación del acto impugnado y, por lo tanto, de la falta de fundamentos de la acción de autos, corresponde ahora señalar someramente, respecto de mi representada, cuál es su competencia y qué funciones cumple, en particular, respecto del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley N° 16.744.

En el contexto legal que se ha expuesto precedentemente, y particularmente de acuerdo con las normas de la Ley N° 16.744, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se puede resumir en las siguientes actuaciones.

a) Con fecha 04 de enero de 2025, ha recurrido a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando en contra del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Organismo que calificó como común (o no laboral) un cuadro clínico que presentó el recurrente a contar de noviembre de 2020.

b) Que, requerido al respecto, el ISL acompañó los antecedentes del caso e informó que finalmente esta contingencia fue calificada como de origen común mediante la Resolución de Calificación (RECA) N° 1290220, de 30 de enero de 2021. Agregó la Entidad que: "El trabajador fue notificado por carta certificada de la RECA, en el domicilio presentado en DIEP completada por el trabajador del 22-11-2020 "Freire 101, Lautaro". . . "La notificación de RECA se envía a la dirección aportada por el trabajador en la DIEP, si el mismo presentara una dirección distinta o cambio de domicilio, es obligación del mismo trabajador notificarlo a este Instituto. De igual manera, se considera fuera de plazo la temporalidad en la que reclama por el evento calificado común. No existen antecedentes, en el transcurso de los casi 4 años desde que se calificó el evento cuestionado, de solicitud de información de información o reclamó presentado en sucursal ISL por este evento, así como también de la solicitud de atención médica por posibles secuelas asociadas, siendo que mantiene contacto con este Instituto por atenciones relacionadas c) Pues bien, la Superintendencia cumplió con señalar que, el referido reclamo se formuló fuera del plazo de 90 días hábiles que contempla al efecto el inciso tercero del artículo 77 de la Ley N° 16.744, razón por la que esta Superintendencia lo declara inadmisible por extemporáneo. Lo anterior, según se advierte de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-45990-2025, de 08 de abril de 2025.

d) Es menester señalar, además, que en la propia resolución cuestionada señaló la vía de impugnación del referido acto, la que no fue utilizada por la parte recurrente.

La parte recurrente señala que esta Superintendencia habría vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19, relacionada con los numerales N° 1 y 2. Respecto a la garantía del artículo 19, N° 1, esto es, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, no se advierte como esta Superintendencia habría vulnerado tal garantía cuando el acto impugnado fue dictado, después de ocurrida la contingencia que se alega como laboral, no teniendo este Servicio la competencia para el otorgamiento directo de prestaciones de salud, atenciones que, por lo demás, se encuentran cubiertas por su régimen común de salud.

Respecto a la garantía del N° 2, esto es, igualdad ante la ley, no se advierte como esta Superintendencia habría vulnerado tal garantía, cuando el acto impugnado devino de un proceso reglado, en el cual la parte recurrente tuvo la oportunidad de solicitar la revisión del acto administrativo, en virtud de las normas establecidas en la Ley 19.880, el que no fue utilizado, no existiendo diferencias arbitrarias en su dictación. Finalmente, respecto de la materia de la acción de protección de autos, debe considerar que la pretensión del recurrente, en orden a que se modifique la calificación del origen de la patología que padeció, fuera de no tener fundamento fáctico de orden médico - laboral, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos legítimos, es decir, de aquellos que tienen un carácter de indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente de autos, claramente su pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado del cambio de la calificación del origen de un accidente, en el marco de la Ley N° 16.744, y no de amparar un derecho preexistente. Ello, de ser reclamado judicialmente, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación, proceso judicial en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Acompaña copia de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-45990-2025, de 08 de abril de 2025.n las secuelas de su accidente laboral descrito al inicio de este informe".

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.

PRIMERO: En cuanto a la alegación de improcedencia opuesta por la SUSESO, no será oída la recurrida SUCESO, acerca de su pretensión de declarar la improcedencia de la presente acción constitucional, por tratarse este asunto de materias que pertenecen al campo de la seguridad social y que, por ende, están excluidas del ámbito del recurso de protección.

Sobre este punto, cabe recordar que lo pretendido por el recurrente, es la calificación de patología de enfermedad común a enfermedad profesional, para obtener cobertura por la Ley N°16.744, decisión que el recurrente considera ilegales y arbitrarias y que vulneran los derechos constitucionales que menciona en su libelo y que, por cierto, es una garantía distinta de aquella contemplada en el N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, circunstancia que es suficiente para rechazar la alegación formulada.

EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO PLANTEADO A ESTA CORTE:

SEGUNDO: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como se ha señalado, el acto ilegal y arbitrario consiste en RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-45990-2025, de fecha 08 de abril de 2025, que declara extemporánea reclamación efectuada por el recurrente, en contra de la resolución del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Organismo que calificó como común (o no laboral) un cuadro clínico que presentó el recurrente a contar de noviembre de 2020.

Que el ISL acompañó los antecedentes del caso e informó que la contingencia fue calificada como de origen común mediante la Resolución de Calificación (RECA) N° 1290220, de 30 de enero de 2021.

CUARTO: Que el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que: “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por el los artículos 40 inciso final y 41 inciso 4º de la misma ley, las que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad (en este sentido, sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepción de 19 de marzo de 2014, rol 953- 2014).

QUINTO: Que, en mérito de lo expuesto, en cuanto al error del domicilio que indica el recurrente, no consta ningún antecedente que sustente o pruebe lo alegado por el recurrente en su recurso, presumiéndose la validez de las actuaciones y notificaciones que realizaron los entes administrativos.

Si bien indica que no tiene domicilio en domicilio reservado, lo cierto es que no adjuntó ningún antecedente que de cuenta de supuesta errónea notificación realizada. En todo caso ello pasa a ser un hecho controvertido y su acreditación escapa a la naturaleza cautelar de urgencia y desformalizada de esta acción de protección.

De lo expuesto queda en evidencia que obtener un nuevo plazo para cuestionar el dictamen del ISL, y obtener nueva evaluación de su enfermedad, sobre la base de una circunstancia que requiere de una etapa probatoria para ser indubitada, no es compatible con esta vía recursiva.

SEXTO: Que de esta manera, tanto el actuar de la SUSESO al dictar la resolución contra la que se recurre por esta vía, como la de las demás instituciones recurridas son actuaciones legales, ya que se limitaron a dar cumplimiento a las normas por ellas invocadas y antes señaladas, no resultando arbitrarias, toda vez que se fundamenta en los antecedentes que consta en los entes administrativo, no a su mero capricho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- SE RECHAZA, la alegación de improcedencia del recurso, formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactor responsable ministro titular, Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-2131-2025. (cwm)