nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco.

Temuco, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de dos de sus licencias médicas N° 127766473-3 y N° 123138513-4 (por 21 y 30 días, respectivamente), fundado en la causal de reposo injustificado. Expone el recurrente que atravesó por un proceso derivado de un cáncer renal, habiéndosele detectado un tumor de aproximadamente diez centímetros, razón por la cual se le debió extirpar el riñón izquierdo y se constató una malformación congénita (riñón en herradura). Señala que el diagnóstico se produjo el 23 de julio, constituyendo una noticia de difícil asimilación que conllevó un cuadro depresivo, permaneciendo con licencia médica alrededor de cuatro meses, realizándose diversos exámenes y atenciones con médicos y psicólogos. Hace presente que las licencias anteriores fueron pagadas sin inconvenientes, a diferencia de las singularizadas en autos. Agrega que fue sometido a una cirugía mayor («nefrectomía radical izquierda abierta»), lo cual ha conllevado una lenta recuperación tanto física como mental. Al respecto, refiere que se desempeña como técnico industrial en la comuna de Lautaro, labor que demanda gran esfuerzo físico en instalaciones y equipos de una termoeléctrica. Manifiesta que la falta del sustento económico por los dos meses impagos lo forzó a reincorporarse al trabajo antes de tiempo, sufriendo episodios de depresión y ansiedad previos y postoperatorios, así como un deterioro gradual de sus recursos económicos y familiares que le generan ansiedad y estrés por haber debido recurrir a financiamiento de terceros antes de volver a percibir su remuneración, afectando su bienestar mental y social. Destaca que el derecho a la vida y a la salud integral constituye un derecho humano que asegura el completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de enfermedades, lo que incluye el acceso a la prevención, atención médica de calidad y rehabilitación.

Sostiene que el actuar recurrido conculca las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1 (derecho a la vida y a la integridad física y psíquica) y N° 24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República, por cuanto el no pago de los subsidios le priva de recursos económicos indispensables y atenta contra su salud mental y calidad de vida.

En el petitorio solicita, en definitiva, declare u ordene que la SUSESO proceda al pago de las licencias médicas N°127766473-3 y N°123138513-4, además de disponer las demás medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas en caso de existir oposición.

Adjunta a su presentación documentos denominados: diagnóstico de cáncer, exámenes, atenciones médicas, licencias médicas rechazadas con sus números de folio, seguimientos médicos.

A folio 5, evacúa informe doña nombre reservado, en su calidad de Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía (S) y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, en atención a los siguientes antecedentes y fundamentos:

Expone, en primer término, que conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, la licencia médica es el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada en cumplimiento de una indicación profesional para recuperar la salud durante un tiempo determinado de reposo, gozando de subsidio previsional. Añade que el artículo 16 del citado reglamento faculta a la COMPIN para aprobar, rechazar, reducir, ampliar o modificar las licencias médicas, y que para su visación el Médico Contralor se basa en los antecedentes médicos allegados y en las Guías Referenciales de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con problemas y/o Enfermedad Mental, en el marco de la Ley N° 20.585 sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas.

Detalla la tramitación de las licencias objeto de la acción:

Licencia médica N° 127166473-3: Emitida a contar del 9 de enero de 2026 por 21 días, con diagnóstico de «Trastorno mixto de ansiedad y depresión», por la médica general Dra. nombre reservado. Respecto de ella, se solicitó informe complementario el 15 de enero de 2026 (artículo 21 del D.S. N° 3/1984) y fue rechazada por la COMPIN Subcomisión Cautín el 22 de enero de 2026 bajo la causal «Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo», decisión que fue mantenida al resolver el recurso de reposición el 11 de marzo de 2026.

Licencia médica N° RUT reservado: Emitida a contar del 30 de enero de 2026 por 30 días, con diagnóstico de «Otros trastornos de ansiedad», por el médico general Dr. nombre reservado. Fue rechazada por la COMPIN Subcomisión Cautín el 4 de febrero de 2026 por «Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo», confirmándose dicho rechazo en reposición con fecha 11 de marzo de 2026.

Señala que para resolver se tuvieron a la vista los listados maestros de los años 2024 y 2025, los informes de los médicos tratantes, y las actas y entrevistas de fiscalización de la Ley N° 20.585, concluyéndose lo siguiente:

En cuanto a la licencia N° 127166473-3, el informe médico complementario del 19 de enero de 2026 suscrito por la Dra. Romo Berghammer presentó serias incongruencias, a saber: describió un examen físico completo habiendo sido una atención por telemedicina; indicó reposo por 14 días pese a extender una licencia por 21 días; y consignó la ausencia de antecedentes médicos significativos a pesar del antecedente de cáncer renal del paciente. Asimismo, destacó que dicha facultativa emitió 35 licencias el 8 de enero de 2026, extendiendo la del recurrente a las 20:27:00 horas, a tan solo 2 minutos y 25 segundos de la anterior. Sometida a audiencia de fiscalización conforme al artículo 2° de la Ley N° 20.585 el 2 de febrero de 2026, la profesional no logró justificar la emisión de la licencia médica, motivo por el cual se le aplicó una sanción de 30 UTM.

Respecto de la licencia médica N° RUT reservado, el informe evacuado el 11 de febrero de 2026 por el Dr. nombre reservado omitió detallar estresores concretos, antecedentes biográficos y mórbidos relevantes; existió incongruencia en el uso de psicofármacos respecto de lo indicado previamente por la Dra. Romo (cambio a fluoxetina sin expresión de causa y con titulación inmediata); y no se acreditó la realización de psicoterapia.

Enfatiza que, con arreglo al artículo 4° del Decreto Supremo N° 7 de 2013, las licencias no fueron prescritas por médico psiquiatra, no se verificaron síntomas de intensidad grave, ni refractariedad o resistencia al tratamiento, mediando notorias discrepancias entre los facultativos tratantes que impedían el debido seguimiento clínico.

Indica que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-58138-2026, de 27 de abril de 2026, por reposo no justificado. Por tanto, concluye que el reposo no se encontraba clínicamente justificado ni acreditó un rol terapéutico con medidas orientadas a la recuperación de la salud y el reintegro laboral, habiéndose actuado conforme al mérito de los antecedentes y la normativa técnica vigente, descartando la concurrencia de ilegalidad o arbitrariedad.

Adjunta a su presentación documentos fundantes de su informe.

A folio 7, doña Catalina Osses Obando, abogada, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), evacúa informe solicitando el rechazo de la acción deducida, en atención a las consideraciones que señala en su presentación.

En forma previa, alega la improcedencia del recurso de protección por cuanto la materia debatida incide en el derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, garantía que se encuentra expresamente excluida de la enumeración taxativa del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que los pronunciamientos relativos a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas (D.F.L. N° 1 de 2005 y D.S. N° 3 de 1984, ambos del Ministerio de Salud) y el subsidio por incapacidad laboral (D.F.L. N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) pertenecen íntegramente al ámbito previsional, no siendo procedente la vía cautelar de urgencia y aplicación restrictiva.

En subsidio, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos. Expone que, según el expediente administrativo PAE código R-47366-2026, el actor recurrió ante la SUSESO impugnando la decisión de la Subcomisión Cautín - COMPIN que confirmó el rechazo de las licencias médicas N° 127166473-3 y N° RUT reservado (por un total de 51 días a contar del 9 de enero de 2026). Dicha reclamación fue desestimada mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-58138-2026, de 27 de abril de 2026, tras concluirse que el reposo no se encontraba clínicamente justificado por no acreditarse incapacidad laboral más allá de los 63 días ya autorizados por la misma patología.

Funda dicha decisión en los antecedentes clínicos y la ficha médica evaluada, donde se constata: Un cuadro de salud mental en manejo ambulatorio con discordancia en los indicadores de funcionalidad entre controles (70 puntos en el primer informe versus 60 puntos al 11 de febrero de 2026), sin fundamentación que dé cuenta de una progresión terapéutica verificable. Ajustes farmacológicos relevantes (cambio de sertralina a fluoxetina, adición de quetiapina y modificación de clonazepam) sin respaldo de una redefinición terapéutica proporcional al reposo previo acumulado. Falta de acreditación de un proceso psicoterapéutico estructurado durante el período en controversia, constando únicamente cuatro sesiones psicológicas realizadas en agosto de 2025 en el marco de un diagnóstico oncológico previo y distinto. Inexistencia de una planificación estructurada de reintegro laboral.

Hace presente, además, que el recurrente no dedujo el recurso de reposición contemplado en la Ley N° 19.880 pese a haber sido advertido de dicha facultad, acudiendo directamente a la sede constitucional.

Reafirma que la Superintendencia obró dentro de sus atribuciones fiscalizadoras y de control técnico conforme a la Ley N° 16.395 (artículos 2°, 3°, 27 y 38) y la Ley N° 20.585. Destaca que la licencia médica es un derecho transitorio cuyo fin es la recuperación de la salud para el reintegro al trabajo, requiriendo justificación clínica estricta, y cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Concluye descartando arbitrariedad o ilegalidad, toda vez que el acto administrativo se encuentra motivada técnica y fácticamente. Asimismo, desestima la vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica (artículo 19 N° 1 CPR), pues el Servicio no generó la patología del actor ni limitó su acceso a las prestaciones de salud; y niega la infracción al derecho de propiedad (artículo 19 N° 24 CPR), arguyendo que la simple emisión de una licencia médica no confiere un derecho indubitado sobre el subsidio, requiriéndose indispensablemente su autorización formal para incorporarse válidamente al patrimonio del beneficiario.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Copia completa de los antecedentes que obran en el expediente administrativo R-47366-2026, relativo al caso de don nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección ha sido instituida con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio. Esta acción cautelar establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, la acción de protección se dirige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-58138-2026, de fecha 27 de abril de 2026 (expediente administrativo R-47366-2026), mediante la cual la SUSESO confirmó el rechazo de dos licencias médicas continuas por un total de 51 días de reposo. Sostiene que en virtud de tal pronunciamiento la autoridad administrativa vulnera la garantía del artículo 19 N° 1 ya que al privarlo del reposo médico prescrito atentó contra su salud mental, su paz y su recuperación biológica. Además, considera vulnerado el artículo 19 N° 24 pues al denegarle el pago de los subsidios correspondientes de sus dos licencias médicas, se le privó de los recursos económicos legítimos destinados a la subsistencia de su grupo familiar.

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA SUSESO TERCERO: En cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, efectuada por la Superintendencia de Seguridad Social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del libelo que el derecho y garantía eventualmente vulnerado, no es el señalado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino la comprendida en el numeral 24 del artículo 19, tutelada por el artículo 20 por esta vía, por lo que deberá desestimarse dicha defensa.

En efecto, lo pretendido por la actora es el pago del subsidio por incapacidad laboral que indica, el cual ha sido negado por la recurrida y respecto del cual se afirma que lo fue de manera ilegal y arbitraria. Así las cosas, la recurrente ha imputado a la Superintendencia de Seguridad Social, la realización de un acto ilegal y arbitrario que afectaría su derecho de propiedad, materia que, por imperativo del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, es precisamente objeto de la presente acción constitucional. De esta manera, esta alegación será rechazada.

EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que, en cuanto al fondo de la cuestión controvertida, cabe hacer presente que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud faculta expresamente a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y a las Instituciones de Salud Previsional para rechazar o aprobar las licencias médicas, debiendo dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. A su vez, corresponde a la SUSESO, de conformidad con la Ley N° 16.395 y la Ley N° 20.585, la supervigilancia y resolución técnica de los reclamos en estas materias, teniendo la calidad de organismo técnico de control dentro del ámbito de su competencia.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa y que sirvieron de fundamento al acto administrativo impugnado, es dable advertir, que la decisión de la recurrida se sustentó en una evaluación clínica y técnica objetiva. En efecto, la resolución cuestionada expresa como motivos para el rechazo que los antecedentes aportados – por el recurrente en la etapa administrativa – no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral, más allá de los 63 días de reposo ya autorizados, por la misma patología. Específicamente, el órgano contralor determinó que los antecedentes clínicos describen un cuadro de salud mental en manejo ambulatorio con variación en los indicadores de funcionalidad entre controles, pero sin que dicha variación estuviera acompañada de una fundamentación clínica que la vinculara a una progresión terapéutica verificable para los nuevos períodos reclamados.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, constan en el expediente administrativo acompañado, antecedentes objetivos que respaldan la determinación de la autoridad recurrida, tales como: cambios en el manejo farmacológico que no se encontraban debidamente fundamentados en los informes médicos; que no se acreditó un proceso psicoterapéutico estructurado aplicable al período evaluado, por cuanto el único informe de esa naturaleza se correspondía con un período anterior y un contexto clínico distinto de índole oncológico, no aportando una caracterización funcional específica para los períodos de reposo en análisis; y no se consignó una planificación estructurada de reintegro laboral que permitiera atribuir a los períodos reclamados un rol terapéutico verificable.

SÉPTIMO: Que, de lo razonado precedentemente, fluye que el acto impugnado no reviste el carácter de ilegal, toda vez que ha sido dictado por la autoridad competente —la Superintendencia de Seguridad Social— en el legítimo ejercicio de las facultades fiscalizadoras, revisoras y de supervigilancia que le confieren la Ley N° 16.395 y la Ley N° 20.585. Menos que lo obrado sea arbitrario, dado que la resolución no obedece al mero capricho de la Administración, sino que, por el contrario, se encuentra debidamente motivada y sustentada en el estudio de los antecedentes médicos del paciente, los cuales, a juicio del órgano recurrido, resultaron insuficientes para justificar la extensión del beneficio, vale decir, existen elementos que permiten sustentar la decisión denegatoria, de forma tal que no es factible sostener ausencia de fundamentación racional.

Por tales razonamientos, y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia alegada por SUSESO.

II.- SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo del fiscal judicial Sr. nombre reservado.

Rol N° Protección-2107-2026(maf).

Rol N° Protección-2107-2026 ( ).