Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Temuco.

Temuco, seis de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece Víctor Hugo Astete Becker, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en representación de nombre reservado, quien a su vez actúa en representación de su hijo, el estudiante nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Liceo nombre reservado, cuyo sostenedor es la Fundación nombre reservado, impugnando el acto ilegal y arbitrario consistente en la expulsión inmediata del establecimiento del referido estudiante, lo cual vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, números 1, 11 y 24 de la Constitución Política de la República, fundado en los antecedentes de hecho y de derecho que expone en su libelo.

En cuanto a los hechos, indica que, con fecha 10 de abril, el joven nombre reservado tomó de la cama de su hermano un juguete con forma de pistola con balines, comprada de forma legal en un establecimiento comercial chino de la zona, y la llevó consigo al establecimiento. Estando al interior de la sala de clases, uno de sus compañeros tomó el referido juguete de la mochila de nombre reservado y se la entregó a otro alumno, quien efectuó el disparo de un balín en dirección a una de las ventanas de la sala. Ante ello, la profesora a cargo retiró el juguete y derivó a los involucrados a inspectoría. En dicha instancia, los demás alumnos indicaron que el juguete era de propiedad de nombre reservado, quien reconoció que, si bien era de su hermano, fue él quien lo llevó con el objeto de jugar al momento de salir de clases.

Añade que el establecimiento contactó a Carabineros, quienes tomaron detenido al estudiante, pasando a control de detención el día 11 de abril de 2026, encontrándose actualmente los hechos bajo investigación de la Fiscalía. Paralelamente, el Liceo nombre reservado inició un proceso disciplinario interno que culminó en el Acta de Resolución Disciplinaria de fecha 27 de abril de 2026, la cual decidió aplicar la sanción de "expulsión inmediata" en virtud del artículo 59 Nº 7 de su reglamento interno, que califica como falta gravísima el porte de "armas". Al respecto, enfatiza que dicha norma sanciona el “porte de armas de fuego, hechizas, blancas y elementos cortopunzantes o contundentes”; sin embargo, alega que a la fecha no hay constancia de que el juguete en cuestión sea efectivamente un arma de fuego o hechiza, por lo que el motivo de la expulsión se basa únicamente en una presunción por parte del establecimiento.

Destaca que, a consecuencia de esto, el alumno se encuentra sin establecimiento educacional y sin la posibilidad de asistir a clases desde hace más de dos semanas, resultándole a la madre imposible conseguir una matrícula en otra entidad de la comuna debido a que la oferta es acotada y el Liceo nombre reservado es el único que ofrece el plan de estudios que a la familia le acomoda. Denuncia que la detención, el proceso disciplinario y la posterior expulsión han afectado gravemente la integridad psíquica del niño, provocándole un profundo impacto emocional manifestado en angustia, ansiedad, temor y aislamiento social, además del gran temor por perder el año escolar si no se le permite la reintegración.

Finalmente, señala que si bien los hechos ameritaban una respuesta disciplinaria, el establecimiento no estaba eximido de actuar con racionalidad, proporcionalidad y respeto al interés superior del niño, en especial considerando que el alumno no tenía un historial de mal comportamiento, no fue quien ejecutó el disparo y se le aplicó la medida más severa sin privilegiar medidas formativas y acompañamiento psicosocial.

En cuanto al derecho, se refiere a la garantía del artículo19 N° 1 de la Constitución Política, refiriendo una afectación grave, persistente e innecesaria del bienestar emocional y lazos sociales del N.N.A., reprochando que el establecimiento no realizó acompañamiento psicológico alguno entre el acontecimiento y la expulsión, infringiendo su deber de resguardo.

Con relación al artículo 19 N° 11 de la Constitución Política, sostiene que la expulsión transgrede el derecho de la madre a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, toda vez que en la comuna de Pucón la oferta es limitada y el liceo recurrido es el único que ofrece el plan de estudios beneficioso para la familia.

En lo que toca al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, afirma que del contrato de prestación de servicios educacionales surge para el apoderado y el alumno una especie de propiedad sobre su matrícula, calidad de alumno regular y continuidad de su proceso educativo como bienes incorporales. Señala que la medida adoptada los priva de este derecho de forma ilegal y arbitraria, al ser una sanción totalmente desproporcionada para el caso concreto.

Respecto del artículo 6 del D.F.L N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, estima que la recurrida incumplió la prohibición legal de expulsar a un estudiante en un periodo del año escolar que haga imposible su matrícula en otro establecimiento. Asimismo, alega la vulneración de un procedimiento previo, racional y justo, pues se presumió en todo momento la culpabilidad del estudiante y no su inocencia —contraviniendo la letra c del artículo 62 de su propio reglamento—, obviando los principios de legalidad y proporcionalidad contemplados en el artículo 6 del mismo texto interno.

Concluye solicitando que se acoja el recurso en todas sus partes, se deje sin efecto la expulsión y se ordene la reintegración inmediata y permanente a clases del alumno nombre reservado, brindándole las medidas de acompañamiento psicosocial y formativas necesarias.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Acta de Resolución Disciplinaria emitida por la Dirección del LICEO nombre reservado, de fecha 27 de abril de 2026;

Reglamento interno y manual de convivencia escolar vigente del LICEO nombre reservado; Copia de carpeta investigativa emitida por la Fiscalía Local de Pucón, que actualmente tramita el Ministerio Público, RUC: 2610014329-0; Set de 4 fotografías del juguete.

A folio 5, se informa por la Superintendencia de Educación que su Dirección Regional recibió el expediente de medida de expulsión del establecimiento educacional Liceo nombre reservado.

A folio 9, informa la Fundación nombre reservado, entidad sostenedora del Liceo nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Sostiene la recurrida que no existe acto ilegal ni arbitrario imputable a su parte, ni afectación de las garantías constitucionales invocadas. Añade que la medida de expulsión no fue una decisión caprichosa, discriminatoria, desproporcionada ni carente de fundamento sino la consecuencia de un procedimiento reglado ante hechos de extrema gravedad que comprometieron seriamente la seguridad de la comunidad educativa y alteraron gravemente la convivencia escolar. Controvierte la versión de la recurrente que intenta reducir el episodio al ingreso de un “juguete”, enfatizando que el objeto tenía apariencia de arma de fuego, contaba con balines, fue manipulado ocultamente, circuló entre los alumnos y fue percutado durante el desarrollo de la clase, generando temor en la docente y motivando la concurrencia de Carabineros de Chile y una investigación penal ante el Ministerio Público. Hace presente que los funcionarios del colegio “no son peritos en armas”, por lo que el único actuar responsable era activar los protocolos internos.

Alega la improcedencia de transformar la acción de protección en una instancia ordinaria de revisión disciplinaria escolar, precisando que es una vía cautelar y excepcional que no debe desplazar los mecanismos de la institucionalidad especial.

Explica que, según el artículo 16 E letra i) del DFL N° 2/2009 (conforme a la Ley N° 21.809), la Superintendencia de Educación está llamada a revisar el cumplimiento formal de la normativa y no la proporcionalidad de la sanción. Concluye este punto señalando que la actuación del liceo constituye el cumplimiento estricto del mandato impuesto por la Ley N° 21.128 (Ley Aula Segura), que dota a los directores de potestades expeditas ante conductas de violencia extrema.

Relata que el día viernes 10 de abril de 2026, en la clase de Música de 2° Medio B, el alumno nombre reservado manipuló de manera oculta el objeto con apariencia de arma de fuego, sacándolo desde su mochila y mostrándolo a sus compañeros. Luego, otro alumno tomó el arma y la percutó hacia el piso, escuchando la profesora un ruido fuerte similar a un "disparo", observando posteriormente que el artefacto era lanzado entre otros estudiantes. Tras ser entrevistados por Inspectoría General, el alumno nombre reservado declaró que el arma pertenecía a nombre reservado, y el propio implicado reconoció que era de su hermano de crianza y que la había ingresado al establecimiento sin conocimiento ni autorización de su familiar.

Frente a esto, Inspectoría informó a la apoderada y contactó a Carabineros de Chile. Al revisar el objeto, el personal policial estimó que, con alguna modificación, podía ser calificado como arma hechiza y que su parecido con un arma real causaba alarma.

Carabineros procedió a trasladar al estudiante y a su apoderada ante el Ministerio Público, aclarando la recurrida que dicha detención y las actuaciones ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón no fueron determinadas por el colegio, el cual se limitó a cumplir su deber de denuncia. Destaca, además, la profunda conmoción generada en la comunidad escolar, recibiendo la Dirección el respaldo expreso del Centro General de Padres y Apoderados ante la vulneración de la sana convivencia.

Indica que se aplicó inicialmente una medida cautelar de suspensión preventiva por diez días hábiles bajo el amparo de la Ley Aula Segura. Posteriormente, se dio cumplimiento al estándar de debido proceso, entrevistando a los involucrados y consultando al Consejo de Profesores. Con fecha 28 de abril de 2026, se notificó formalmente a la apoderada la sanción de expulsión, otorgándole el plazo legal de cinco días hábiles para solicitar la reconsideración de la medida; al no haber ejercido dicho derecho, la apoderada consintió en la resolución en sede administrativa, precluyendo su facultad de impugnarla. Por ello, el establecimiento esperó el vencimiento del término y procedió a dar de baja al alumno con fecha 7 de mayo de 2026, logrando cargar exitosamente la comunicación en la plataforma de la Superintendencia de Educación el 14 de mayo de 2026. Alude a que la sanción se encuentra tipificada en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del Liceo, específicamente en su artículo 59 N° 7 (falta gravísima de porte de armas) y artículo 60 letra e) (expulsión inmediata).

Asegura que la medida no es ilegal, sino la ejecución directa del artículo 2° de la Ley N° 21.128, que establece que el uso, porte, posesión y tenencia de armas afecta gravemente la convivencia escolar. Añade que exigir un peritaje balístico previo desnaturaliza la eficacia de la norma. Sostiene que tampoco hay arbitrariedad, pues la decisión se basó en un hecho concreto y no en un mero capricho, tratándose de una medida proporcional debido al pánico generado. Defiende que no hubo discriminación, ya que los demás alumnos también fueron sancionados según su grado de participación, diferenciándose el alumno recurrente por su rol principal al haber ingresado el artefacto. Advierte que el interés superior del niño no puede ser utilizado de manera unilateral, pues también protege el derecho de los demás estudiantes a educarse en un ambiente seguro.

Descarta la vulneración de las garantías invocadas, esto es la del artículo 19 N° 1, afirmando que no se afectó la integridad del alumno, sino que se resguardó la de toda la comunidad; En relación con la del artículo 19 N° 11, sostiene que el derecho de los padres a escoger el colegio no exime a los alumnos de cumplir el Reglamento Interno, agregando que el colegio verificó la existencia de vacantes en otros liceos de la comuna, y en cuanto a la del artículo 19 N° 24, califica como impertinente la alegación de propiedad sobre la matrícula, pues esta no constituye un derecho absoluto inmune a medidas disciplinarias frente a conductas gravísimas.

Finalmente, descarta las alegaciones relativas al período del año escolar, reiterando la solicitud de desestimar el recurso de protección en todas sus partes.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos:

Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del Liceo nombre reservado; Informe de Inspectoría General;

Declaración de la profesora de Música, doña nombre reservado; Informe profesora jefe de nombre reservado; Acta o antecedentes de resolución disciplinaria; Antecedentes relativos a la intervención de Carabineros y parte policial; Fotografía del objeto incautado y de sus balines; Carta de apoyo del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo nombre reservado; Flujograma de expulsión o cancelación de matrícula. A folio 18, expediente llevado a cabo por la Fundación nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario y que funda el recurso de protección, consiste en la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión del estudiante nombre reservado, materializada a través del Acta de Resolución Disciplinaria de fecha 27 de abril de 2026, originada a raíz del ingreso de un juguete, con forma de pistola de balines, al Liceo nombre reservado.

CUARTO: Que, en relación con la pretendida ilegalidad del acto impugnado, los antecedentes vertidos en la causa permiten constatar que el establecimiento educacional recurrido no ha incurrido en infracción normativa, sino que por el contrario, su actuación se ciñe a las facultades contempladas en la ley que regula la materia y en su propia normativa interna. En efecto, el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del Liceo nombre reservado tipifica de manera expresa en su artículo 59 N° 7, como una "falta gravísima", el porte de armas de fuego, hechizas, blancas y elementos contundentes. Asimismo, su artículo 60 letra e) contempla la sanción de "expulsión inmediata" como consecuencia de la comisión de dichas infracciones de máxima gravedad.

QUINTO: Que, en ese orden de ideas, no fue un hecho esencialmente discutido en estos antecedentes, que el estudiante ingresó de manera deliberada al establecimiento un objeto con apariencia de arma de fuego, cargado con proyectiles tipo balines, el cual circuló al interior de la sala de clases y fue percutado durante el horario lectivo, provocando un fuerte ruido de impacto y pánico en la docente a cargo.

SEXTO: Que, por otro lado, la alegación de la recurrente orientada a desvirtuar la tipicidad de la falta sobre la base de que el elemento correspondía a un "juguete" comercial adquirido legalmente debe ser desestimada. Lo anterior en atención a que el estándar de seguridad y convivencia escolar fijado por el legislador mediante la Ley N° 21.128 (“Ley Aula Segura”) es de carácter esencialmente preventivo y autónomo de la tipicidad penal. Por tanto, la introducción al aula de un artefacto dotado de idoneidad para generar alarma, conmoción y un fundado temor a la integridad física de los miembros de la comunidad exime al colegio de la exigencia de un peritaje balístico propio de sede criminal, bastando la configuración objetiva del riesgo que la autoridad escolar está obligada a erradicar.

SËPTIMO: Que, asimismo, no se advierte la existencia de un vicio de ilegalidad en la tramitación formal del procedimiento disciplinario, por cuanto del mérito del Acta de Resolución Disciplinaria de fecha 27 de abril de 2026 consta que se respetaron todas las garantías del debido proceso, habiéndose decretado por el liceo una suspensión, convocando al estudiante y a su apoderada en una entrevista formal de descargos garantizando su derecho a ser escuchados, habiéndose consultado al Consejo de Profesores y notificado formalmente la resolución final indicando de manera expresa el derecho a apelar o solicitar la reconsideración de la medida en un plazo de cinco días hábiles, del cual no hizo uso la apoderada.

OCTAVO: Que, así las cosas, la decisión descansa sobre la alteración grave de la convivencia que causó la conducta, sin que aquello configure un trato desigual o discriminatorio con respecto a los demás alumnos involucrados, por cuanto la recurrida dio cuenta que todos ellos fueron sancionados conforme a sus respectivos grados de participación, encontrándose plenamente justificada la mayor rigurosidad de la medida aplicada al estudiante de autos en atención a su rol principal al haber ingresado el artefacto al recinto escolar.

NOVENO: Que, en consecuencia, se puede concluir que el acto impugnado carece de toda ilegalidad o arbitrariedad y, entonces, al faltar el presupuesto básico y esencial de la acción constitucional en examen, el presente recurso de protección no puede prosperar.

I.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a folio 1, por don Víctor Hugo Astete Becker, en representación de nombre reservado, y ésta, a su vez, en representación de su hijo, el estudiante nombre reservado en contra del Liceo nombre reservado.

Esta decisión ha sido adoptada con el voto en contra del Ministro Señor Alejandro Vera Quilodrán, quien estuvo por acoger el recurso de protección, y dejar sin efecto el Acta de Resolución Disciplinaria de fecha 27 de abril de 2026, mediante la cual se aplicó la sanción de expulsión al estudiante, por ser dicho acto ilegal y arbitrario, y en consecuencia se ordene reintegrar de forma inmediata al estudiante nombre reservado a sus actividades académicas regulares, con todos los derechos inherentes a su calidad de alumno matriculado, adoptando las medidas necesarias para la regularización de su situación académica durante el período de ausencia; implementar un protocolo de acompañamiento psicosocial para el estudiante, que contemple al menos las siguientes medidas, (a) evaluación por profesional psicólogo del establecimiento o del Departamento de Educación Municipal, para determinar el impacto emocional sufrido; (b) definición de un plan de apoyo formativo individualizado; y (c) activación de los mecanismos de mediación escolar que permitan la adecuada reintegración del estudiante a su comunidad educativa, todo ello en cumplimiento del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República y del principio del interés superior del niño. Que el establecimiento recurrido podrá, si lo estima procedente y previa acreditación técnica de la naturaleza del objeto involucrado en los hechos del 10 de abril de 2026, iniciar un nuevo procedimiento disciplinario ajustado a los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia, legalidad e interés superior del niño contemplados en su propio Reglamento Interno, en la normativa legal y en la Convención sobre los Derechos del Niño, con estricta observancia de lo dispuesto en el artículo 6° del DFL N° 2/1998 en cuanto a la oportunidad de la eventual sanción.

Son fundamentos de esta decisión los siguientes: 1° Que el artículo 19 N° 11 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la libertad de enseñanza y garantiza el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, estableciendo que corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Esta garantía no se agota en la mera posibilidad abstracta de acceder a la educación, sino que comprende el derecho a continuar el proceso educativo una vez iniciado, especialmente cuando la interrupción de ese proceso ocurre en circunstancias que lo tornan fácticamente irreparable para el respectivo año escolar. 2° Que el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación dispone expresamente que no se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. Añade que las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo contemplado en el reglamento interno del establecimiento. Esta norma de rango legal constituye un límite infranqueable a la potestad disciplinaria de los establecimientos educacionales, cuyo incumplimiento genera ilegalidad en los términos del artículo 20 de la Constitución. 3° Que la Ley N° 21.128, denominada Ley Aula Segura, que el establecimiento invoca como fundamento de su actuación, establece en su artículo 1° que el director de un establecimiento educacional podrá, en forma excepcional y fundada, suspender transitoriamente la asistencia al establecimiento de un estudiante que haya incurrido en conductas que afecten gravemente la convivencia escolar, y podrá asimismo aplicar medidas de expulsión o cancelación de matrícula conforme a los procedimientos previstos en el DFL N° 2/1998. Esta ley no deroga ni suspende el requisito de proporcionalidad, racionalidad y justicia del procedimiento disciplinario, ni exime a los establecimientos del cumplimiento del artículo 6° del DFL N° 2/1998 respecto de la oportunidad de la expulsión. La Ley Aula Segura amplía la potestad del director para actuar con mayor celeridad ante conductas graves, pero no autoriza la aplicación automática de la sanción más severa prescindiendo del análisis de proporcionalidad y de la situación individual del estudiante. 4° Que el propio Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del Liceo nombre reservado, en su artículo 6°, enumera entre los principios que deben orientar el procedimiento disciplinario: el interés superior del niño, niña y adolescente; la legalidad; el procedimiento racional y justo; y la proporcionalidad.

El artículo 62 letra c) del mismo instrumento establece el principio de presunción de inocencia como garantía del estudiante sometido a procedimiento disciplinario.

La vulneración de los principios contemplados en el propio reglamento del establecimiento configura, por sí sola, un acto ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución, por cuanto la fuente de la obligación emana del propio estatuto contractual entre el establecimiento y la familia, cuyo incumplimiento genera la ilegalidad que habilita la acción constitucional. 5° Que el análisis de los antecedentes del proceso revela que la medida de expulsión impugnada adolece de, al menos, dos vicios de ilegalidad que la hacen contraria al ordenamiento jurídico y que independientemente bastarían para acoger el recurso.

A) Que el primer vicio de ilegalidad consiste en la infracción del artículo 6° del DFL N° 2/1998 en cuanto a la oportunidad de la expulsión. El Acta de Resolución Disciplinaria es de fecha 27 de abril de 2026, esto es, en plena ejecución del año escolar 2026. La propia recurrente señala y el establecimiento no contradice que al momento de la expulsión la oferta de vacantes en la comuna de Pucón se encontraba agotada, siendo el Liceo nombre reservado el único establecimiento de la zona que ofrece el plan de estudios que el estudiante cursaba. El establecimiento señala en el Acta haber verificado la disponibilidad de vacantes en otros establecimientos de la comuna, pero esta verificación, sin resultado positivo real y efectivo, no satisface el mandato legal, que prohíbe la expulsión cuando ella hace imposible la matrícula en otro establecimiento, no cuando la dificulta o requiere esfuerzo de búsqueda. En consecuencia, al ejecutar la expulsión en un período del año escolar en que el estudiante no podía ser efectivamente recibido en otro establecimiento de la comuna, el Liceo nombre reservado infringió de manera directa una norma legal expresa, configurando el acto ilegal que habilita el recurso de protección.

B) Y el segundo vicio dice relación con la falta de proporcionalidad de la sanción y con la aplicación del artículo 59 N° 7 del Reglamento Interno a una situación fáctica que no encuadra con claridad en el supuesto normativo invocado. Dicho artículo tipifica como falta gravísima el porte de armas de fuego, hechizas, blancas y elementos cortopunzantes o contundentes. Sin embargo, consta en autos (y así lo reconoce el propio informe del establecimiento al señalar que la calificación del objeto “correspondía exclusivamente a Carabineros de Chile”) que al momento de la Resolución Disciplinaria no existía una calificación técnica firme sobre la naturaleza del objeto. Los antecedentes disponibles apuntan a que se trata de un objeto vendido legalmente como juguete en establecimientos comerciales de la zona (hecho no debatido en recurso), lo que impide afirmar con la certeza exigida por el principio de legalidad disciplinaria que el caso encuadra en la hipótesis de “porte de arma” que la norma sanciona con la medida más grave. Aplicar la sanción máxima basándose en la apariencia del objeto, sin esperar la calificación pericial o la resolución del proceso penal en curso, vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en la letra c) del artículo 62 del propio reglamento del establecimiento. 6° Que la arbitrariedad del acto se manifiesta además en la falta de proporcionalidad entre la conducta atribuida al estudiante y la sanción aplicada. De los antecedentes del proceso se desprende que: i) fue un tercero, compañero de curso, quien efectuó el accionamiento del objeto, no el estudiante nombre reservado; ii) el estudiante no registraba historial de faltas graves previas; (iii) no se adoptó ninguna medida formativa, de acompañamiento psicosocial o de menor entidad antes de recurrir directamente a la sanción máxima; y iv) el establecimiento no acreditó haber explorado alternativas disciplinarias graduadas conforme al principio de proporcionalidad que el propio reglamento contempla. El artículo 11 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, norma supletoria en materia de procedimientos disciplinarios de establecimientos con reconocimiento oficial del Estado, consagra el principio de proporcionalidad como requisito de todo acto de la autoridad, criterio que esta Corte aplica analógicamente al ejercicio de potestades disciplinarias por parte de establecimientos educacionales subvencionados. 7° Que la expulsión dispuesta en las condiciones descritas afecta las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. En cuanto al artículo 19 N° 11 de la Constitución, el derecho a la educación y el derecho preferente de los padres a escoger el establecimiento resultan perturbados de manera concreta: el estudiante se encuentra sin acceso efectivo a educación desde el 27 de abril de 2026 y la madre no puede ejercer su derecho de elección porque no existen vacantes disponibles en otro establecimiento de la comuna con el mismo plan de estudios. La privación de un derecho formalmente garantizado pero materialmente inaccesible importa una afectación real y actual de la garantía constitucional. 8° Que en cuanto al artículo 19 N° 1 de la Constitución, la integridad psíquica del estudiante ha sido afectada como consecuencia directa del acto impugnado.

Los antecedentes del proceso dan cuenta de que el estudiante manifiesta angustia, ansiedad, temor y aislamiento social, hallándose en situación de exclusión de su comunidad educativa sin ningún acompañamiento psicosocial por parte del establecimiento.

Si bien la afectación emocional del estudiante fue desencadenada inicialmente por los hechos del 10 de abril, la medida de expulsión la profundizó y la prolongó indefinidamente, sin que el establecimiento haya adoptado medida alguna de contención o apoyo, lo que configura un acto perturbatorio del derecho a la integridad psíquica del artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental. 9° Que el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, ordena que en todas las medidas concernientes a niños que adopten instituciones privadas, el interés superior del niño sea una consideración primordial. El artículo 28 de la misma Convención reconoce el derecho del niño a la educación y obliga a los Estados a adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, obligación que se irradia hacia los establecimientos educacionales que ejercen funciones de interés público con reconocimiento oficial del Estado. La expulsión de un estudiante de 2° Medio en pleno año escolar, en condiciones que le impiden matricularse en otro establecimiento, constituye una medida que no pondera adecuadamente el interés superior del niño, contraviniendo estas normas convencionales. Asimismo, el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), ratificado por Chile, reconoce el derecho a la educación como derecho humano cuya efectividad los Estados se comprometen a garantizar, lo que exige una interpretación de la potestad disciplinaria de los establecimientos que no comprometa en términos absolutos e irreparables el ejercicio de dicho derecho.

Así, el acto disciplinario consistente en la expulsión del estudiante nombre reservado, dispuesto mediante Acta de Resolución Disciplinaria de fecha 27 de abril de 2026 por el Liceo nombre reservado, sostenido por la Fundación nombre reservado, es ilegal por vulnerar el artículo 6° del DFL N° 2/1998 del Ministerio de Educación (que prohíbe la expulsión en período escolar que impida la matriculación en otro establecimiento) y es además arbitrario por carecer de la proporcionalidad exigida por el ordenamiento jurídico, habiéndose aplicado la sanción máxima sin calificación técnica firme del objeto involucrado y sin explorar medidas disciplinarias graduadas previas, con infracción de los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia e interés superior del niño contemplados en el propio reglamento del establecimiento y en la normativa legal y convencional vigente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-2089-2026 (pvb).