nombre reservado con COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN.

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 11 de enero de 2020 comparece nombre reservado, estudiante, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección a su favor y en contra de UNIVERSIDAD MAYOR, representada legalmente por su Vicerrector Regional nombre reservado VERDUGO nombre reservado, o por quien sus derechos represente, ambos con domicilio en domicilio reservado; en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, representado legalmente por nombre reservado, o por quien sus derechos represente, ambos con domicilio en domicilio reservado; en contra de la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado o por quien sus derechos represente, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACION, representada legalmente por nombre reservado, o por quien sus derechos represente, ambos con domicilio en domicilio reservado.

En cuanto a los hechos que motivan el recurso indica que tomó conocimiento de los mismos el día 1 de enero de 2020, cuando solicitó un Certificado de Concentración de Notas en el portal web de la UNIVERSIDAD MAYOR.

Refiere que desde el año 2010 al 2012 cursó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, cursando todas las asignaturas de su plan de estudios hasta 2° año. El año 2012 ingresó por vía admisión especial como alumno laborante a la Carrera de Derecho de la UNIVERSIDAD MAYOR Sede Temuco, nivelándose en el año 2015. Se presentaron 13 programas semestrales desde la Universidad de origen, los que se tradujeron en la convalidación de 18 asignaturas anuales por la UNIVERSIDAD MAYOR.

En el mes de diciembre del año 2016, luego de haber aprobado las asignaturas informadas en su Plan de Estudios, la UNIVERSIDAD MAYOR Sede Temuco, le otorga la calidad de egresado de la carrera de derecho desde el mes de diciembre del año 2016. El día 12 de abril de 2019 concurre a una reunión con el Director de Carrera de Derecho de la Universidad Mayor don nombre reservado y la Directora Docente doña nombre reservado, quienes le informan que debe rendir 7 asignaturas para completar el Plan de Estudios de pregrado de la carrera, ya que inicios del año 2019 la Corte Suprema habría cambiado su criterio respecto de las convalidaciones de asignaturas cursadas en otra Universidad, lo que le traería problemas al momento de abrir expediente para jurar como abogado. Se le informa que antes se convalidaban muchas asignaturas y el año 2016 hubo un problema puntual con compañeros que venían de centros de formación técnica o que venían de otra carrera como periodismo a quienes convalidaron asignaturas en la carrera de derecho y eso en el año 2016 no le habría gustado a la Corte Suprema y no permitió que esos compañeros tuviesen por convalidadas las asignaturas, pero nunca la Corte Suprema cuestionó las convalidaciones que autónomamente como universidad hacían desde otras escuelas de derecho de otras universidades, lo que habría cambiado en enero de 2019, en que la Corte Suprema estaría pidiendo el programa de todas aquellas asignaturas convalidadas.

Le exhiben una hoja donde figurarían todas las asignaturas presentadas y convalidadas de las asignaturas de la Universidad Autónoma, que en su caso fueron 13 programas que se le convalidaron por 18 asignaturas en la UNIVERSIDAD MAYOR, y le señalan que para poder convalidar una asignatura y nadie pueda cuestionarla, al menos debe haber, según la Corte Suprema un 70% de coincidencia con ese programa, lo que no sucedía con las asignaturas de Aprender a Aprender, Análisis Lógico y Jurídico, Historia Contemporánea, Evolución de las Instituciones Jurídicas I y II, y Derecho, Garantías y Recursos Constitucionales I y II. Tales serían las asignaturas en que existe riesgo de que la Corte Suprema las rechace, por lo que quieren reemplazar estas convalidaciones por asignaturas cursadas en la Universidad Mayor de modo que no se informen como convalidadas sino como cursadas, lo que Vicerrectoría Académica ha aprobado mediante un sistema de tutorías, que consiste en una vinculación entre el alumno y un profesor electrónicamente mediante trabajos.

Hay 3 asignaturas dudosas pero se le insiste que recomiendan cursarlas. Los profesores a cargo de las tutorías son profesores de la escuela contratados, que están al tanto de la situación, existiendo todo tipo de facilidades, bajo ningún costo para él.

Agrega que en esa época se sentía muy vulnerable, por razones que explica y el Director le insiste en que las asignaturas faltantes las rinda con fecha posterior al examen de grado. Le surge la duda de cuánto tiempo tiene y el Director de Carrera le responde que no hay plazo.

Manifiesta su conformidad, ya que no tenía otra alternativa y se le señala que cuando se hicieron sus convalidaciones, la Corte Suprema no había emitido ningún acta que regulara esta situación y que posteriormente se dio que la Universidad dio una interpretación a las convalidaciones pro estudiante. Que la Corte Suprema, según lo indicado por el Director, estaría actuando al borde de la legalidad inmiscuyéndose en decisiones propias y privativas de la Universidad pero no cuentan con un tribunal donde reclamar.

El Director agrega que ante la posibilidad que le vaya mal en el segundo intento del examen de grado, que debía dar durante el 2019, dado a esta especial situación de que hay que rendir tutorías, han considerado extender el plazo hasta diciembre de 2019 y que ante la intranquilidad que esto le cause, hay plazo hasta diciembre para darlo hasta por tercera vez. Le solicita que le envíe un correo electrónico y que al reprobar por tercera vez el examen de grado pida una entrevista con él y con la encargada de titulación y generarán la fecha dentro de diciembre.

La Directora Docente insiste en preguntar si está preparado para rendir el examen de grado a lo que responde que sí, sin perjuicio de su complicada situación laboral y familiar. Reitera su duda respecto a los plazos pues esperaba rendir el examen de grado de forma satisfactoria el día 30 de mayo, y le responden que hay alumnos que han hecho las asignaturas en 2 semanas, o en meses, dependiendo de la agenda de cada uno, por lo que se le indica que de aprobar el examen de grado en mayo, a la semana siguiente le envíe un correo a la profesora indicándole que desea iniciar las tutorías.

El día 14 de mayo de 2019, se reúne con la Directora Docente doña nombre reservado, para confirmar si las evaluaciones que se obtengan de las asignaturas faltantes al ser ingresadas en los años 2012 y 2013, alterarían el orden cronológico y lógico de su plan de estudios, quien le confirma verbalmente que no representaría problema tal situación.

El día 18 de mayo de 2019, envía un correo electrónico al Director de Carrera don nombre reservado, solicitando aplazar el examen de grado que debía rendir con fecha 30 de mayo de 2019, toda vez que tenía dudas respecto a los cursos que debía rendir para completar las asignaturas faltantes, pues en su parecer lo más correcto era rendir los cursos primero y luego el examen de grado, para así obtener el grado de egresado antes que el de licenciado. El día 20 de mayo de 2019, el Director de Carrera le responde que no existe inconveniente en que requiera el aplazamiento del examen de grado.

El día 22 de mayo de 2019, recibe un correo electrónico de la Coordinadora Académica, de Títulos y Grados doña nombre reservado, quien le informa que se suspendería el examen de grado fijado para el día 30 de mayo de 2019. El día 23 de mayo de 2019, recibe respuesta de Director de Carrera a solicitud de información respecto de las asignaturas pendientes y mal convalidadas según el estudio realizado por la Carrera de Derecho, además de cuadro comparativo con asignaturas informadas por la Carrera de Derecho como mal convalidadas. El día 29 de mayo de 2019, envió un correo electrónico a la Decano de la Facultad de Derecho en la ciudad de Santiago, doña nombre reservado, a quien expone su situación y le solicita una entrevista, para plantearle las siguientes alternativas de solución: 1) Volver a su condición de alumno; 2) Matricularse en la carrera de derecho en Santiago; 3) Rendir las tutorías en Santiago, entre julio y septiembre de 2019; 4) Egresar de la carrera de derecho una vez rendidas las tutorías, en septiembre de 2019; 5) Rendir examen de grado en Santiago en 3 oportunidades entre octubre y diciembre de 2019, solicitud que fue respondida por la Asistente Ejecutivo Decanato doña nombre reservado, quien informa se comunicaría a la brevedad.

El día 6 de junio de 2019, recibe un correo electrónico con respuesta de parte de la Secretaria Académica doña nombre reservado, quien, le informa que se ha realizado una reunión extraordinaria para revisar su tema en particular. Que las tutorías serían coordinadas prontamente con un plazo de término a septiembre o diciembre 2019. Respecto de las consultas que realizó: a) No puede volver a su condición de alumno regular, dado que ya está egresado; b) Que el traslado a Santiago solo complicaría la situación, debido que el ingreso es en un plan con otro código y que el cambio de sede no revierte las convalidaciones mal efectuadas; c) Que no es factible que realice las tutorías en Santiago, dado que esa contingencia sólo afecta a Temuco. d) Que, respecto del examen de título, deben ver la factibilidad de rendirlo en Santiago, una vez que termine las tutorías. Por último se le cita a concertar una reunión con el Director de Carrera en Temuco.

El día 6 de junio de 2019, se encontraba en la ciudad de Santiago e intenta reunirse con la Decano doña nombre reservado, lo que no fue posible, logrando reunirse con la Directora de Pregrado doña nombre reservado, y luego con el Director de Escuela don nombre reservado, a quienes plantea su situación personal y familiar, solicitándoles le aclaren respecto a la inconsistencia que se produciría al cursar las asignaturas con fecha posterior al egreso, y con qué fechas se registrarían en su registro histórico de notas las asignaturas que debía rendir, quienes le indican que la Carrera ya ha definido la solución y que es la informada por el Director de la Carrera en Temuco.

El día 14 de junio de 2019, recibe un correo electrónico del Director de Carrera donde le comenta en qué va el proceso de tutorías, según reuniones personales que ha sostenido a requerimiento de a lo menos 35 alumnos en la misma situación, sin embargo, con la finalidad de asegurar que todos los involucrados estén al tanto de las novedades, se emite un correo informativo en que se señala que las tutorías se harán en un 90% por profesores que no son “jornada” de la carrera, sino que serán docentes “part time”, quienes en todo caso están al tanto de la particularidad de los casos; que se generará una Coordinación de las Tutorías, la que estará a cargo de la profesora nombre reservado, quien además concurrirá a la carrera con el único objeto de revisar el tema de las tutorías, dos veces a la semana durante 3 horas; que la mayoría de los docentes que realizarán las Tutorías ya están determinados, señalando los nombres de aquellos ya confirmados, según detalle que expone; que resta para empezar el proceso, que el Coordinador Regional Académico Sr. nombre reservado, pueda concluir la revisión y visación del examen que desde la carrera se realizó de la corrección de las convalidaciones, además de otras informaciones que detalla.

El día 2 de julio de 2019, insiste vía correo electrónico con el Director de Carrera donde plantea su situación personal y familiar dada la urgencia de terminar con este proceso, proponiendo rendir por la vía más idónea todas las asignaturas convalidadas, que no podía seguir esperando el resultado de la “revisión” que aún se estaba realizando a las convalidaciones. En reunión sostenida la respuesta fue iniciar de inmediato el proceso de tutorías.

El día 3 de julio de 2019, recibe un correo electrónico del Jefe de Carrera donde acompaña información básica para comenzar el proceso de tutorías, además de un cuadro donde se precisan las asignaturas que desde la Carrera identificaron como mal convalidadas asignando los profesores tutores, asimismo adjunta al mencionado correo electrónico Rúbrica de Tutorías, y Boletín informativo básico de las mismas, comprometiéndose a que con fecha posterior serán enviados los Programas de todas las asignaturas, además le instruye que remita correos electrónicos a aquellos docentes con cuyas tutorías quería comenzar, pidiendo le remitan el tema del primer trabajo, solicitándome además que cada correo que envíe lo haga con copia a la profesora nombre reservado.

El boletín informativo sistema de tutorías, fechado en julio de 2019, adjunto al correo electrónico que recibió, presenta indicaciones tanto para los profesores como estudiantes que se encuentren sometidos al sistema de tutorías en cuanto a la asistencia, evaluaciones, metodología de evaluación, pauta de evaluación, retroalimentación, nivel de exigencia y unidades de aprendizaje.

El día 11 de julio de 2019, en causa ROL C-6011-2019 del Juzgado de Letras de Colina, la Tesorería General de la República inicia juicio ejecutivo en su contra donde hace efectivo el cobro de la totalidad del Crédito Con Aval del Estado (CAE) con que había estudiado en la UNIVERSIDAD MAYOR, por la suma total de $ 24.821.247.

En correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2019 informa de esta situación al Director de Carrera don nombre reservado, a fin de que la Universidad tomase las medidas pertinentes del caso.

El día de 17 de octubre del mismo año, expuso su situación a la asistente social del DAE de la UNIVERSIDAD MAYOR doña nombre reservado. Posteriormente concurrió nuevamente al DAE, a hablar con la asistente social quien le informa que tomó contacto con doña nombre reservado, quien le informó que su condición era la de egresado en diciembre de 2016, y que había un error en el registro del sistema que informaba como fecha de egreso enero de 2017. Que al figurar egresado correspondía el cobro del CAE, por lo que la asistente social quedó en consultar a la comisión INGRESA su actual situación, quienes se comunicarían con él dentro de los próximos días.

El día 24 de octubre de 2019, recibe un correo electrónico del BANCO SCOTIABANK donde se le informa que debe pagar la suma de $ 1.800.000, para renegociar deuda CAE. El día 28 de octubre de 2019, recibe un nuevo llamado de la asistente social del DAE quien le solicita tome contacto con el Banco Scotiabank a fin de regularizar situación, a lo que respondió que se encontraba en estudio de los antecedentes antes de realizar alguna acción.

El día 4 de septiembre de 2019, es citado junto a otros compañeros a una reunión con el docente de la asignatura “Aprender a Aprender”, don nombre reservado y doña nombre reservado, con la finalidad de conocer personalmente al profesor y para elegir las asignaturas que sean más cómodas y enriquecedoras, además de los descriptores de las asignaturas y rúbricas.

El día 23 de septiembre de 2019, recibe un correo electrónico de la Asistente Pre y Postgrado y Coord. Académica doña nombre reservado, para indicar cuenta bancaria, a fin de depositar monto correspondiente a devolución de “arancel de examen de grado”, el que se concreta el día 24 de septiembre, mediante cheque nominativo del Banco Security por la suma de $ 174.000.- Aproximadamente el día 10 de octubre de 2019, el Director de Carrera y la Coordinadora de Tutorías, Informan verbalmente que las tutorías deben estar terminadas antes de rendir el examen de grado, a fin de mantener un orden lógico en los procesos, donde no puede figurar el grado de licenciado antes que haber rendido las asignaturas faltantes (tutorías). En esa época los demás compañeros en esta situación hablaban de que la Corte Suprema habría rechazado varios expedientes por esa inconsistencia.

El día 7 de noviembre de 2019, después de una larga enfermedad fallece su madre, por lo que suspende sus estudios por 30 días.

El día 11 de noviembre de 2019, envió un correo electrónico al Director de Carrera a quien informó estar rindiendo las últimas tutorías, pero le surgían dudas si habrían más asignaturas que rendir, pues hasta esa fecha había rendido ya un total de 7 asignaturas, que además tiene dudas respecto de algunos exámenes, y por causa del estallido social si las fechas de examen de grado se mantenían, situación que se conversó personalmente el día lunes 18 de noviembre de 2019, donde le confirma que no hay más asignaturas que rendir, que tampoco hay más exámenes y que hasta esa fecha se mantenía la fecha del examen de grado.

El día 15 de diciembre de 2019, envió un nuevo correo electrónico al Director de Carrera don nombre reservado, con copia a doña nombre reservado, informando haber terminado el proceso de tutorías con el envío de los últimos dos exámenes de Derecho, Garantías y Recursos Constitucionales I y II, con fecha 15 de diciembre de 2019. Además se disculpa por la demora en el envío, pues hacía poco más de un mes había fallecido su madre, debiendo postergar el proceso de tutorías, el que retomó completando 13 trabajos, 2 exámenes, equivalentes a 7 asignaturas. Acompañó al mencionado correo un cuadro informativo de notas y de fechas de cada evaluación.

El día 17 de diciembre de 2019, recibe un correo electrónico de doña nombre reservado, correspondiente a la evaluación de la nota examen en la asignatura de Derechos Garantías y Recursos Constitucionales en que obtuvo nota 6.0.

El día 18 de diciembre de 2019, rinde y reprueba por segunda vez el examen de grado.

El día 19 de diciembre de 2019, recibe correo electrónico de la Profesora doña nombre reservado, quien adjunta rúbrica de trabajo final de Tutoría de Derechos, Garantías y Recursos Constitucionales II. En consecuencia, las notas obtenidas son: Trabajo N°1: 5,6; Trabajo N°2: 6,1; Nota de presentación a examen: 5,9; Trabajo final: 6,3; Promedio Final de Tutoría: 6,1.

Adjunta un cuadro resumen de las asignaturas cursadas.

El día 1 de enero de 2020, solicita en el portal web de la UNIVERSIDAD MAYOR un Certificado de concentración de notas con la finalidad de revisar si las asignaturas se encontraban con las respectivas evaluaciones, comprobando por medio del citado informe que la nota de las asignaturas cursadas en el año 2019 habían sido ingresadas como rendidas en el año 2012 y 2013.

ANTECEDENTES DE DERECHO Señala que por negligencia imputable a la Universidad recurrida en la deficiente convalidación de asignaturas realizada en el año 2012, cuando se cambió desde la UNIVERSIDAD AUTONOMA a la UNIVERSIDAD MAYOR, se vio perjudicado y obligado de rendir durante el año 2019 un total de 7 asignaturas atrasadas de primer año para completar el plan de estudios de pregrado de la carrera de derecho.

Que la modalidad impuesta por la recurrida para rendir las asignaturas atrasadas consistía en un sistema de tutorías, que inició el 2 de julio de 2019, rindiendo 13 evaluaciones, 2 exámenes, y completando 7 asignaturas, terminando este proceso el día 19 de diciembre de 2019, cuyo nivel de exigencia de los contenidos nunca fue bajo como lo asegurara el Director de Carrera al inicio del proceso, por cuanto cada asignatura si bien es cierto era de 1° o 2° año, pero el nivel de exigencia correspondía al de alumnos de 5° año o más.

Que una vez terminado el proceso de evaluación, el día 1 de enero de 2020 procedió a solicitar por intermedio de la plataforma web de la Universidad, un certificado de notas, en el que se puede observar que las evaluaciones de las asignaturas faltantes rendidas en el año 2019, figuran ingresadas en una época anterior a cuando en los hechos fueron rendidas, pues según el citado informe las 7 asignaturas rendidas en el año 2019 figuran ingresadas en el informe de notas del año 2012 y 2013, como si las asignaturas se hubiesen rendido en esa época, hecho que produciría tan grave inconsistencia en dichos documentos que los harían impresentables ante el máximo tribunal del país al momento de abrir expediente para jurar como abogado, siendo que tenía, según certificado de egreso, la calidad de egresado de la carrera de derecho desde el mes de diciembre del año 2016.

Que por lo anterior la recurrida debe respetar el orden lógico y cronológico de los hechos, primero rendido las asignaturas faltantes, luego de forma posterior el egreso en 2019.

Que la recurrida además fue negligente en la solución ofrecida pues hay antecedentes que demuestran que tenía conocimiento del vicio en las convalidaciones al menos desde el año 2016, así dan cuenta los Rol TI-3533-2018 y TI-239-2019 de tramitación de expediente de abogado ante la oficina de títulos de la Excelentísima Corte Suprema, de varios compañeros en la misma situación, pues no se entiende como esto no se resolvió antes demorando en su caso hasta 3 años para proponer alguna solución.

Siendo también responsable el MINISTERIO DE EDUCACION, respecto del llamado a velar por los derechos de todos los estudiantes, tanto de establecimientos públicos como privados, mediante la formulación e implementación de políticas, normas y regulación, desde la educación parvularia hasta la educación superior.

De igual forma la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, respecto de la fiscalización de la Universidad recurrida, según lo dispone el artículo 19 de la Ley 21.091, que en lo pertinente señala que el objeto de la Superintendencia será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior en el ámbito de su competencia. Que luego en el artículo 20 de la misma ley, señala que serán sus funciones y atribuciones letra f) Fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten los términos, condiciones y modalidades conforme a los servicios convenidos y demás compromisos académicos asumidos con los estudiantes.

Así también la COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN, respecto a materias exclusivas del proceso de acreditación de la universidad recurrida, la que fuera acreditada desde 20/05/2015 hasta 20/05/2020 por un período de 5 años. En cuanto a su gestión institucional, docencia de pregrado, y vinculación con el medio. No se explica como en el proceso de evaluación externa a la que debió someterse obligatoriamente haya obtenido la certificación de calidad de sus procesos internos y sus resultados.

Que si bien es cierto que los errores detectados en las convalidaciones son de responsabilidad de la universidad recurrida, no cabe duda alguna que el MINISTERIO DE EDUCACION, la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, y la COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN en sus respectivas competencias les corresponden facultades de supervisión respecto de estas instituciones, más aun cuando se debe recordar como premisa fundamental de nuestro Estado de Derecho aquella establecida en el artículo 1° de nuestra Carta Magna, que dice “el Estado está al servicio de la persona humana”.

Que las recurridas han incurrido en grave omisión y pasividad arbitraria, lo que se explica por el núcleo de rol institucional de las referidas entidades, recaído en una función esencialmente fiscalizadora y, en lo que interesa al recurso, que solo por la vía de la fiscalización se habría puesto en antecedente, generando de inmediato las medidas pertinentes, pues en su carácter de fiscalizador debió detectar que existían asignaturas mal convalidadas en el año en que se efectuó dicho trámite o cuando se acreditó la UNIVERSIDAD MAYOR, ya que los alumnos no tuvieron la oportunidad de advertir esos errores, sino hasta que en su caso se le citó para informarle en abril de 2019.

EN CUANTO A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS Señala que la recurrida no cumple con su propio reglamento en cuanto a que los requisitos para el egreso lo establece el propio reglamento, y que el requisito para egresar se cumple una vez aprobando la totalidad de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios vigente de la carrera, lo que en los hechos ocurrió en diciembre 2019 cuando se completaron las asignaturas atrasadas, y que los egresados dispondrán de 3 oportunidades para rendir el examen de grado, dentro de los 3 años siguientes al egreso del postulante, así como el IUS POSTULANDI por igual periodo, como se establece en la Reglamentación de la Universidad Mayor año 2019, y en el inciso primero del artículo 2° de la Ley 18.120.

Que pugna con la lógica y las máximas de la experiencia como elementos integrantes de la sana crítica que un estudiante pueda adquirir la calidad de egresado de una carrera universitaria, sin haber cumplido previamente con la totalidad de los requisitos curriculares previstos en el plan de formación.

La reglamentación de la UNIVERSIDAD MAYOR año 2019 en su artículo 1° señala que será el presente reglamento el que regule el egreso de los estudiantes de pregrado en sus distintas modalidades en la Universidad Mayor. Para luego en su inciso segundo del artículo 3° establece que el estudiante que haya aprobado la totalidad de las asignaturas que determine su Plan de Estudios y cumplido con los requisitos de egreso, pasará a tener la calidad de egresado.

Luego en su TITULO IX, en el inciso segundo del artículo 45°, establece que el plazo máximo para el cumplimiento del proceso será de 3 años contados desde la aprobación de la totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios.

Que a su turno el instructivo para exámenes de grado de derecho contenido en el mismo reglamento, en cuanto a los requisitos para rendir examen de grado (página 111) establece como requisito para rendir examen de grado es haber egresado de la carrera de Derecho, aprobando la totalidad de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios vigente de la carrera.

Por último en cuanto a las oportunidades para rendir el examen (página113) Los egresados dispondrán de 3 oportunidades para rendir el examen de grado, dentro de los 3 años siguientes al egreso del postulante.

Que a mayor abundamiento aplicándose el principio de “primacía de la realidad”, continuó siendo alumno hasta rendir la totalidad de las asignaturas atrasadas debiendo cumplir con los plazos y condiciones impuestos por la Carrera de Derecho y quedó sujeto a evaluaciones que realizaron distintos profesores de cada asignatura.

Señala que el actuar de la universidad recurrida vulnera el derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que lo privó del dominio sobre una cosa incorporal. Al cursar las asignaturas atrasadas daba cumplimiento al sistema impuesto por la propia Universidad obteniendo el dominio sobre una cosa incorporal que consistía en la calidad de alumno, luego al aprobar las asignaturas atrasadas, daba cumplimiento a la totalidad del Programa Educativo, por lo que al momento que ello ocurrió obtuvo el dominio sobre otra cosa incorporal consistente en la calidad de egresado, tratándose en ambos casos de un derecho adquirido por el cumplimiento de los propios requisitos impuestos por la Universidad recurrida, conculcándose dicha garantía.

Además el actuar de la Universidad recurrida ha afectado la garantía del derecho de propiedad, desde que lo priva del derecho de rendir examen de grado en 3 oportunidades desde el egreso, el que puede o no aprobarse, existiendo una propiedad sobre dicha posibilidad de carácter inmaterial de acuerdo a lo contemplado en la garantía invocada.

Lo anterior debe unirse además a la teoría de los actos propios, lo que indica que el actuar de la Universidad fue negligente y arbitrario al iniciar el proceso de normalización con tanta dilación. No puede entenderse razonablemente como no se investigó antes, si ya había antecedentes de otros alumnos en la misma situación a lo menos desde 2016, siendo por tanto arbitrario al carecer de razón y justificación la dilación en el inicio de la solución, considerando que no tuvo inconvenientes para aceptar el pago del arancel y matriculas de la carrera durante años.

La conducta de la Universidad recurrida además constituye una privación perturbación y amenaza a la libertad de trabajo, la que se encuentra garantizada en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, ya que su obrar lo privaría del Ius Postulandi correspondientes a 3 años desde a fecha de egreso. Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, consagrado en el numeral 21 del artículo 19 de la Ley Fundamental, toda vez que el actuar cuestionado conculca su libertad para desempeñar un trabajo para el que se encuentra debidamente calificado y que, además, he ejercido efectivamente con anterioridad la mayor parte de su vida laboral, en consecuencia, privándolo de ejercer su oficio, que en el mismo sentido, en el inciso primero del artículo 2° de la Ley 18.120, establece que el plazo será de hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes.

Que, asimismo, dichas actuaciones suponen una discriminación arbitraria en perjuicio de su persona, toda vez que al no otorgar el Ius Postulandi se le impide trabajar sobre la base de la aplicación de una norma de rango reglamentario, pese a que dicha limitación sólo podría ser impuesta, en relación a los demás habitantes de la República, en virtud de una disposición de jerarquía legal.

Por último, dicho proceder transgrede, indirectamente al menos, el derecho de propiedad que la Constitución reconoce a su persona, desde que el impedimento de que se le ha hecho objeto le imposibilita obtener los recursos económicos necesarios para sufragar sus necesidades y las de su familia. Como ejemplo de ello no pudo asistir a un comparendo en causa de Policía Local el día 15 de enero de 2020.

La recurrida no ha dado a conocer el informe solicitado al Coordinador Regional Académico Sr. nombre reservado respecto al resultado de la revisión y visación del examen que desde la carrera se realizó de la corrección de las convalidaciones.

La Universidad recurrida ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley y se ha constituido como una comisión especial, al aplicar un procedimiento no contemplado en su reglamento para la normalización de convalidación de asignaturas, y atentan contra la igualdad ante la ley, vulnerando, por tanto, las garantías del artículo 19 N° 2 y del N° 3 inciso cuarto de la Constitución.

La recurrida no aplica un procedimiento claro y preestablecido, que hubiere sido conocido por la parte recurrente, que le hubiere permitido ser escuchado y hacer uso del derecho a defenderse. No existió tampoco una adecuada, completa y transparente investigación de los hechos, sino simplemente una comunicación verbal y por correo electrónico de una decisión ya adoptada. En virtud de lo anterior, es posible concluir que la parte recurrente fue juzgada por una comisión especial, por una decisión del Director de Carrera de la Universidad actuando como tribunal unipersonal.

La Universidad recurrida se ha constituido, en un verdadero órgano jurisdiccional, al imponer un procedimiento de regularización denominado de “tutorías”, debido a supuestos errores en la convalidación de asignaturas, vulnerando el derecho que tiene toda persona a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración de los hechos, de todo lo cual resulta que las decisiones de parte de la recurrida, han sido arbitrarias e ilegales al adoptar las medidas vulnerando de este modo las garantías constitucionales ya mencionadas, sin perjuicio de un abierto atropello y una torcida interpretación de los Reglamentos que los rigen.

Además la recurrida ha perturbado el legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley asegurado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, toda vez que le ha impuesto exigencias suplementarias que no se encuentran en su propio reglamento para rendir examen de grado, que ha establecido una diferenciación arbitraria e ilegal en su perjuicio, al tener que rendir las asignaturas faltantes mediante el sistema de tutorías de forma paralela a la preparación del examen de grado, exigencias suplementarias que no impone a los demás alumnos.

La recurrida no ha emitido la resolución que certifica haber cursado satisfactoriamente las asignaturas mal convalidadas, donde a lo menos se informe la asignatura, a qué año corresponde, cuando efectivamente se rindió y la evaluación obtenida.

El actuar de la universidad recurrida vulnera el derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, toda vez que al cursar las asignaturas atrasadas dio cumplimiento al sistema impuesto por la Universidad, luego al aprobar las asignaturas faltantes, daba cumplimiento a la totalidad del Programa Educativo, por lo que al momento que ello ocurrió tiene un derecho de propiedad sobre mis antecedentes académicos.

Tanto el MINISTERIO DE EDUCACION, la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION SUPERIOR, y la COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACION, cada una en el ámbito de sus competencias, deben adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de los derechos de los estudiantes.

Pide tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de las recurridas antes individualizadas, acogerlo a tramitación, y resolver en definitiva, declarando que los actos de los recurridos son arbitrarios e ilegales, que afectan las garantías constitucionales señaladas, y en consecuencia ordene restablecer el imperio del derecho, decretando las medidas que a continuación se solicitan.

“Que se ordene a la Universidad recurrida que cumpla con su propio reglamento en cuanto a que el requisito para egresar se encuentra cumplido una vez aprobando la totalidad de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios vigente de la carrera, lo que en los hechos ocurrió en diciembre 2019, y que desde esta fecha se obtiene la condición de egresado disponiendo de 3 oportunidades para rendir el examen de grado en la sede de Santiago de la UNIVERSIDAD MAYOR, dentro de los 3 años siguientes al egreso, así como el IUS POSTULANDI por igual periodo.

Que se ordene a la Universidad recurrida a dar a conocer el informe solicitado al Coordinador Regional Académico Sr. nombre reservado respecto al resultado de la revisión y visación del examen que desde la carrera se realizó de la corrección de las convalidaciones.

Que se ordene a la Universidad recurrida a emitir la resolución que certifica haber cursado satisfactoriamente las asignaturas mal convalidadas, estas son: APRENDER A APRENDER, ANÁLISIS LÓGICO Y JURÍDICO, HISTORIA CONTEMPORÁNEA, EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS I Y II, Y DERECHO, GARANTÍAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES I Y II, donde a lo menos se informe la asignatura, a que año corresponde, cuando efectivamente se rindió y la evaluación obtenida.

Que se ordene al MINISTERIO DE EDUCACION, a la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION SUPERIOR, y a la COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACION, que cada una en el ámbito de sus competencias, adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de los derechos de los estudiantes. Y que fiscalicen de acuerdo a sus distintas competencias a la universidad recurrida a fin de que certifiquen si el proceso al que se ha sometido de convalidaciones, tutorías y evaluaciones se ajustan a la legislación vigente y bajo qué condiciones debe continuar con su proceso de titulación.”

Acompaña en un otrosí certificado de egreso y concentración de notas, el que da cuenta de supuestamente haber egresado en diciembre del año 2016; correos electrónicos referidos en el recurso; boletín informativo sistema de tutorías, contenido en el correo de fecha 03-07-2019; Certificado de concentración de notas de fecha 01-01-2020, el que da cuenta de que las evaluaciones de las asignaturas mal convalidadas rendidas en el año 2019 fueron ingresadas en el informe de notas en el año 2012 y 2013; Certificado de concentración de notas de fecha 20-05-2019, el que da cuenta de la convalidación de asignaturas, y certificado de egreso; Reglamentación Universidad Mayor año 2019; Copia Patrocinio y Poder causa ROL N° 57.337-F del Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, el que da cuenta que el Ius Postulandi otorgado por la universidad se extiende solo hasta el día 31-12-2019; certificado de Ius Postulandi de fecha 11-01-2019, el que da cuenta de su vigencia hasta el día 31-12-2019; Plan de estudios, Carrera de Derecho Universidad Mayor de fecha 29-12-2019; Programas asignaturas mal convalidadas por la Carrera de Derecho; Solicitud de aplazamiento examen de grado; Resolución de fecha 22-05-2019, suspensión examen de grado.

A folio 19 rola oficio del encargado de Títulos de la Excma. Corte Suprema de Justicia, en el cual se señala que, en consideración a las condiciones técnicas, se abordan los años 2017, 2018 y 2019, toda vez que expedientes anteriores se encuentran en el archivo judicial, y atendido a que el estudio físico de dichos expedientes es indispensable para un informe completo, es que se ha acotado lo mencionado a los años indicados.

En archivo adjunto se individualizan los expedientes correspondientes a postulantes para prestar juramento egresados de la Universidad Mayor, quienes hicieron apertura de expediente con convalidaciones. Se detalla cuáles expedientes fueron cerrados normalmente y prestaron juramento, por cumplir los postulantes con los requisitos establecidos en las Actas 173-2017 y 192-2015, además de los requerimientos establecidos en el Reglamento de la casa de estudios de la cual provienen. Se individualizan además los postulantes cuyos expedientes fueron enviados al Comité de Personas, para un estudio más exhaustivo de sus antecedentes, a fin de analizar, en esos casos específicos, si se da cumplimiento al requisito de equivalencia de los contenidos de las asignaturas convalidadas, así como los demás requisitos señalados en las actas y reglamento ya mencionados.

A folio 23 informa LUIS IGNACIO ARCE VIDAL, Abogado, por la recurrida UNIVERSIDAD MAYOR, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, con costas, en razón de que su representada no ha infringido norma legal ni constitucional, ni ha conculcado en modo alguno derechos y garantías constitucionales.

Precisa que las Universidades, a través de sus respectivas Facultades de Derecho, otorgan los grados de Licenciada y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en el país, y que el otorgamiento de los títulos de abogado y abogada corresponde a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, conforme a las disposiciones que cita.

En el ámbito judicial y de la abogacía, es de conocimiento público las dificultades que ha tenido que enfrentar la Excelentísima Corte Suprema en el último tiempo, en la verificación del cumplimiento de los requisitos para obtener la calidad de abogado(a), respecto de los licenciados(as) en ciencias jurídicas y sociales de las distintas universidades del país, es especial de aquellos licenciados(as) que no cursaron íntegramente la carrera de Derecho en una misma institución de educación superior, aplicándose, en tales casos, el proceso de convalidación de asignaturas, lo que ha obligado a la Corte Suprema de Justicia, a la dictación y actualización de los instructivos que rigen el proceso de titulación de abogados(as), lo que se ha plasmado en las Actas N° 192-2015 de fecha 9 de noviembre de 2015 que contiene el instructivo para la tramitación de expedientes de juramento de abogados y abogadas y N° 173-2017 de fecha 20 de noviembre de 2017, que contiene el texto refundido de dicho instructivo. La sola mención de dichos instrumentos demuestra de forma inequívoca, la existencia de un proceso dinámico y por lo mismo, que puede tener modificaciones, no siendo de carácter rígido. Asimismo, la existencia de convalidaciones y la dificultad respecto del proceso en su conjunto es una realidad nacional, requiriendo de nuestro máximo tribunal la dictación y adaptación de cuerpos normativos que permitan el adecuado desarrollo del proceso mencionado, lo que se hace extensivo a los otros participantes en el proceso, en la especie, las universidades, quienes, en su actuar, también deben adecuar sus procesos y protocolos para cumplir con las instrucciones de la Corte Suprema, en favor de sus estudiantes.

Señala que resulta efectivo lo expuesto por el recurrente en su libelo, en cuanto a que el año 2012, don nombre reservado ingresó a la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de la sede Temuco, modalidad vespertina, en calidad de convalidante, proveniente de la Universidad Autónoma, sede Temuco, lo cual se tradujo en la realización de un proceso de nivelaciones y convalidaciones, como asimismo en el desarrollo de la malla curricular correspondiente para la debida continuidad de sus estudios.

Efectivamente, el Sr. nombre reservado finalizó con sus asignaturas de quinto año de la carrera de Derecho en el mes de diciembre de 2016, obteniendo la calidad de egresado el 1 de enero de 2017. Posterior a esta fecha, el recurrente, como se ha mencionado, rindió en dos oportunidades el examen de grado, siendo reprobado en ambas.

No obstante haber efectuado las nivelaciones y convalidaciones que permitieron al Sr. nombre reservado ingresar a la Universidad Mayor a continuar sus estudios, debido a las nuevas exigencias establecidas por la Corte Suprema para entregar el título de abogado(a) que se tradujeron en reparos en las convalidaciones de egresados de la sede Temuco que habían abierto expediente en la Corte Suprema, y a fin de evitar inconvenientes en este sentido con otros egresados convalidantes de la carrera, como era el caso del Sr. nombre reservado, a principios del 2019, la Universidad Mayor efectuó una revisión general de la asignaturas convalidadas por el recurrente y de los demás estudiantes que se encontraban en la misma situación, en la cual se percató que existían 7 asignaturas del total de asignaturas convalidadas por el Sr. nombre reservado, que no cumplían con las todas las equivalencias indicadas en la reglamentación académica, lo cual se puso en conocimiento del Sr. nombre reservado.

Para subsanar esta falencia y a fin de que el plan de estudios quedara íntegramente cumplido, la Universidad Mayor adoptó el sistema de tutorías para estas últimas, el cual se caracteriza porque el inicio y término de la tutoría dependerá de la coordinación que haga personalmente cada alumno con el profesor a cargo; con la tutoría se deja sin efecto la convalidación mal realizada; el alumno queda a cargo de un docente;

existe un contacto personalizado alumno-docente, desarrollando el primero los contenidos de la asignatura a través de trabajos que son evaluados; se ingresa la calificación que se obtiene en la tutoría al expediente del alumno; y no se cobra matrícula o arancel alguno al alumno.

Tal mecanismo de solución fue autorizado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad, emitiéndose al efecto por la Escuela de Derecho de la Facultad de Humanidades, un “Boletín Informativo Sistema De Tutorías” y su respectiva rúbrica para su evaluación, antecedentes que se entregaron a los alumnos con convalidaciones mal efectuadas y luego de haber tenido una reunión con el encargado de la Oficina de Títulos de la Corte Suprema, quien indicó que tal mecanismo era perfectamente posible ya que era comúnmente utilizado por las universidades desde hace bastante tiempo y que por lo demás estaba dentro del marco de las competencias de la Universidad y de su autonomía como institución de educación superior.

Lo anterior, se le comunicó al reclamante en una reunión efectuada con fecha 12 de abril de 2019, con el Director de la carrera y la Directora Docente. En dicha reunión, el reclamante manifestó que no tenía problemas en aceptar cursar las tutorías, con los docentes señalados en su oportunidad, por lo cual, decide iniciar las mismas, a partir del mes de julio, finalizándolas en diciembre de 2019, cumpliendo satisfactoriamente con las evaluaciones y trabajos solicitados para cada una de ellas. En diciembre de 2019, decide asimismo rendir por segunda vez su examen de grado, el cual lamentablemente reprueba.

No obstante lo anterior, debido a la configuración general del sistema computacional SAP que utiliza la plataforma Web de la Universidad Mayor, a solicitud del recurrente, se emitió con fecha 1 de enero de 2020, un certificado de concentración de notas -en el cual constan las calificaciones y el estado de aprobación o reprobación de las asignaturas de la carrera-, en el que se señaló como fecha de egreso de don nombre reservado el 1 de enero de 2017, en circunstancias de haber finalizado íntegramente sus estudios con fecha 20 de diciembre de 2019, obteniendo la calidad de egresado el 30 de diciembre de 2019. Lo anterior se explica porque el reclamante efectivamente terminó su quinto año de la carrera en diciembre de 2016, quedando en calidad de egresado el 1 de enero de 2017, lo que le permitió rendir en dos oportunidades el examen de grado y tener los demás derechos y obligaciones propios que emanan en tal calidad, según se indicó anteriormente, sin que el sistema modificara cuando correspondía dicha información en atención a la aprobación de las asignaturas cursadas bajo la modalidad de tutorías durante el segundo semestre de 2019. Como consecuencia de lo anterior, la Universidad Mayor tomó las medidas necesarias dentro de sus competencias, corrigiendo la fecha de egreso del recurrente y así no entorpecer el normal desarrollo del proceso, cuya finalización, en definitiva, también se encuentra condicionado a un acto propio del mismo, cual es la aprobación del examen de grado.

Agrega que desde fines del año 2018 y a principios del año 2019, se presentaron 4 casos de egresados de la carrera de Derecho de la sede Temuco y 1 de la sede Santiago (pero que inició sus estudios en la sede Temuco), cuyos expedientes fueron rechazados por la Corte Suprema por reparos en sus convalidaciones, lo que motivó la revisión de parte de la Universidad de todas las convalidaciones. De dichas personas, 4 ya subsanaron dichos reparos y ya cuentan con todos sus antecedentes para remitirlos a la Corte Suprema para su titulación, quedando sólo una persona pendiente, lo que consta en el oficio proveniente de la Excma. Corte Suprema de Justicia agregado a este recurso.

En cuanto a la afectación de los derechos y garantías constitucionales, amparadas por el recurso de protección, su parte estima que esa afectación es inexistente, más aún cuando la Universidad ya tomó las medidas necesarias para modificar el sistema computacional, emitiéndose correctamente los certificados que dan cuenta de la fecha de egreso efectiva del recurrente, los cuales se acompañan en un otrosí y que significan en la práctica cumplir con cada una de las peticiones indicadas en los numerales 1, 2 y 3 del petitorio del recurso de autos y que le competen a la Universidad, en cuanto se reconoce la calidad de egresado del recurrente desde el 30 de diciembre de 2019, disponiendo de tres oportunidades para rendir el examen de grado en la sede Temuco y sus tres años de habilitado en Derecho contando con ius postulandi para comparecer en juicio.

Adicionalmente, se ha solicitado a Comisión Ingresa (Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores), la rectificación de la fecha de egreso del recurrente conforme a lo antes indicado, lo que le permitirá reprogramar el pago de la deuda que mantiene por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE), además de poder acceder a otros beneficios administrados por la Comisión Ingresa, los cuales, de cumplirse las condiciones y requisitos establecidos por ésta, podrán consistir en la eliminación de los registros comerciales, eliminación de deuda morosa en el sistema financiero, eliminación nómina deudores morosos sujetos a retención de devolución de impuesto, acceso a beneficios de pago del crédito con garantía estatal, rebaja de tasa de interés, pago de cuota contingente a la renta, suspensión de pago de cuotas y acceder a nuevos financiamientos CAE.

A mayor abundamiento, sin perjuicio de todo lo expuesto y aun cuando la Universidad no hubiere efectuado las correcciones señaladas, las afectaciones a los derechos indicados por el recurrente tampoco habrían acontecido en ese escenario.

En relación al derecho de propiedad, señalado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política, dicha afectación se manifestaría en la pérdida de la chance, al no poder rendir en tres oportunidades el examen de grado, lo que en la especie jamás ocurrió, ya que, antes de enmendar la situación, el estudiante ya había rendido en dos oportunidades el examen, existiendo siempre de parte de la Universidad la mejor de las disposiciones para brindarle todas las facilidades para la rendición en la oportunidad que decidiere hacerlo, según sus tiempos y necesidades, como así ocurrió en la práctica y consta de los varios correos electrónicos acompañados en autos por el recurrente.

De la misma forma, el recurrente indica que también se ha visto afectado su derecho de propiedad, debido que se le ha privado de la posibilidad de obtener los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades de su familia. La circunstancia descrita, sin perjuicio de ser una afirmación vaga y que no precisa la forma en la cual el accionar de la Universidad afectaría dicha generación de ingreso, no es constitutiva de la afectación señalada, ya que correspondería, en última instancia a poder realizar una actividad económica que no dice relación con el dominio de algún bien material o inmaterial o el ejercicio del derecho de propiedad.

Respecto de la afectación del derecho a la libertad de trabajo, consagrado en el N° 16 y del derecho a desarrollar cualquier actividad económica consagrado en el N° 21, ambos del Artículo 19 de la Constitución Política, señala que es inexistente dicha situación, más aún cuando la posesión del estado de habilitado en Derecho no es facultativo para desempeñarse en la profesión de abogado y nada tiene que ver con la posibilidad de realizar otra actividad económica, toda vez que a excepción del abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y el procurador del número, los restantes que contempla la ley, son posesiones transitorias de la habilitación en Derecho para efectos de comparecer en juicio, circunstancia que torna improbable la afectación alegada, más todavía si se recoge expresamente lo expuesto por el recurrente, al señalar que este “oficio” lo ha desempeñado durante gran parte de su vida laboral, lo que permite inferir que el recurrente ha desempeñado por bastante tiempo la tramitación de causas judiciales, sin estar habilitado legalmente para hacerlo, por lo que malamente podría estar afectada su libertad de trabajo o de desarrollar una actividad económica como indica. La circunstancia que habilita de forma permanente para comparecer en juicio y desempeñar las funciones que correspondan a ello, no es otra que la obtención del título de abogado. En consecuencia, no existe tampoco discriminación arbitraria en la aplicación de los requisitos legales para tal condición.

Finalmente, en cuanto a la vulneración de los derechos señalados en los Nos. 2 y 3 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y a no ser juzgado por comisiones especiales, señala que la situación de las convalidaciones en la carrera de Derecho, no es una situación estática ni menos rígida, sino que de forma constante la Universidad Mayor ha debido buscar soluciones en beneficio de todos sus alumnos convalidantes sin distinción, destinadas a dar cumplimiento a los requerimientos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, quien constantemente se encuentra actualizando los instructivos para el proceso de tramitación de los expedientes para la obtención de título de abogado, por lo que la situación descrita de realizar las tutorías, no puede ser catalogada de juzgamiento por comisiones especiales o que dichas medidas sean discriminatorias, injustas o impuestas arbitrariamente al recurrente, más aun cuando éste aceptó las mismas cuando ello se le propuso, al igual como había ocurrido con otros egresados. Finalmente, lo expuesto por el recurrente, en cuanto se le han impuesto exigencias adicionales para rendir su examen de grado, no es efectivo dado que solo el 18 de diciembre de 2019, rindió en segunda oportunidad su examen de grado, reprobándolo, según la solicitud que el mismo hizo para rendirlo en esa fecha, lo que consta de los diversos correos electrónicos y de su propio relato.

Sin perjuicio de todo lo antes señalado, en atención a los hechos y antecedentes en que se basa el recurso de protección, resulta evidente, que este último es extemporáneo, ya que el recurrente tomó conocimiento de la implementación de las tutorías, destinadas a cumplir con las equivalencias en las reglamentaciones, de las cuales ahora reclama, en la reunión de fecha 12 de abril de 2019 y que finalmente, el hecho de haber reprobado por segunda vez su examen de grado es coincidente con su decisión de interponer el recurso de protección de autos, lo que, al menos, llama la atención, sobre todo si se considera que todas las situaciones descritas por el recurrente como supuesta afectación de sus garantías constitucionales, vendrían ocurriendo desde hace varios meses durante el año 2019.

Finalmente, cabe hacer presente que cuando Universidad Mayor tuvo conocimiento del recurso de protección de autos, tomó contacto inmediatamente con el recurrente para explicarle lo ocurrido con el sistema computacional, mediante el cual, se obtiene, entre otros, el certificado de concentración de notas acompañado por aquél, donde aparece la fecha de egreso del año 2016, y que la Universidad procedería a hacer las modificaciones pertinentes (lo que en la especie efectuó), además de ayudarlo personalmente a preparar su expediente para el ingreso en la Corte Suprema, luego de concluir su proceso de rendir el examen de grado en la oportunidad que más le acomodare, ofreciéndole igualmente hacer un magíster sin costo para su perfeccionamiento, una vez titulado, a lo que recurrente contestó que no le interesaba terminar sus estudios ni obtener su título, ya que toda su vida había trabajado en el área jurídica y que lo seguiría haciendo, por lo que continuaría con la tramitación del presente recurso, no obstante que lo solicitado en él, en relación a la Universidad Mayor, ya estaba completamente subsanado.

Acompaña los siguientes documentos: Certificado de egreso de estudiante, emitido por la Oficina de Registro Estudiantil de la Universidad Mayor, con fecha 31 de enero de 2020, en el cual consta que el recurrente finalizó su plan de estudios el segundo semestre de 2019, teniendo pendiente rendir su examen de grado; Boletín histórico de estudiante, emitido por la Oficina de Registro Estudiantil de la Universidad Mayor con fecha 4 de febrero de 2020, con la totalidad de las asignaturas cursadas correspondiente a todo el plan de estudios del recurrente, según los semestres cursados desde el año 2012, con indicación de las asignaturas convalidadas, hasta el segundo semestre de 2019;

Certificado de concentración de notas del recurrente emitido por la Oficina de Registro Estudiantil de la Universidad Mayor con fecha 4 de febrero de 2020, con las calificaciones de la totalidad de las asignaturas cursadas correspondiente a todo su plan de estudios según los semestres cursados desde el año 2012 y hasta el segundo semestre de 2019;

Certificado que acredita la obtención del Ius Postulandi, para ser presentado en los tribunales de justicia según el artículo 2 de la Ley 18.120, en su calidad de egresado, emitido por la Oficina de Registro Estudiantil de la Universidad Mayor con fecha 31 de enero de 2020; Plan de Estudios de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor, código DER210-2013, al que le correspondió cursar al recurrente; Oficio emitido por la Universidad Mayor a la Comisión Ingresa con fecha de febrero de 2020, con el correspondiente cargo de recepción por dicha comisión, con la solicitud de rectificación de la fecha de egreso del recurrente; Acta N° 192-2015 de fecha 9 de noviembre de 2015 de la Corte Suprema sobre instructivo para la tramitación de expedientes de juramento de abogados y abogadas; y Acta N° 173-2017 de fecha 20 de noviembre de 2017 de la Corte Suprema sobre texto refundido del instructivo para la tramitación de expedientes de juramento de abogados y abogadas.

A folio 26 comparece NICOLÁS ORITZ CORREA, Abogado, Jefe de la División Jurídica (S) del Ministerio de Educación, quien evacúa informe respecto del recurso de protección interpuesto, solicitando su rechazo.

Plantea, en primer lugar, cuestiones previas en relación a la admisibilidad del recurso de protección interpuesto, y señala al efecto que, tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema, en relación a la naturaleza jurídica de la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ésta "Constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ¡legal que impida, amague o perturbe ese ejercicio".

Así, se ha concebido que la naturaleza jurídica del Recurso de Protección es la de una acción cautelar respecto de un derecho indiscutido y palmario frente a hechos o vías de hecho, o actos u omisiones ilegales o arbitrarias que priven, perturben o amenacen alguna de las garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En la especie, en cuanto a los hechos en que se funda el recurso, y las peticiones formuladas a esta Corte, en lo que respecta a la Cartera Ministerial que representa, el actor no explica de manera clara y precisa, cuál o cuáles son los actos u omisiones concretos en los cuales haya incurrido, y que hubieren provocado una afectación grave en el libre ejercicio de algún derecho, de aquéllos protegidos por la acción constitucional impetrada, por lo que pide la inadmisibilidad del recurso de protección deducido en contra de su representada.

EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO En el improbable caso de que se considere necesario atender al fondo del asunto, expone lo siguiente:

En relación al Rol del Ministerio de Educación en materia de Educación Superior:

La Ley N° 21.091, de 2018, de Educación, sobre Educación Superior, dispone, en cuanto al rol que detenta dicha Cartera Ministerial, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, en el inciso 3o del artículo 3o, que éste consiste en "proponer las políticas para la Educación Superior y coordinar a los órganos del Estado que componen el Sistema (de Educación Superior)". A su vez, el artículo 8o, describe las funciones y atribuciones que detenta la referida Subsecretaría, quedando en evidencia que al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, le corresponde asesorar, diseñar, impulsar y ejecutar diversas políticas públicas, dirigidas al mejoramiento del Sistema de Educación Superior, de modo tal que si bien detenta una serie de facultades y funciones orientadas a obtener un mejor funcionamiento del Sistema de Educación Superior, en materia de calidad, financiamiento y coordinación, carece de atribuciones para intervenir en las decisiones de índole académico de las Instituciones de Educación Superior, quedando fuera de la esfera de su competencia, la aplicación de los reglamentos internos de tales instituciones.

En relación a la Superintendencia de Educación Superior.

En el mismo sentido de lo expuesto en el acápite anterior, destaca que mediante la citada Ley N° 21.091, que entró en vigencia el 6 de mayo de 2019, su Título III, artículo 18, dispone la creación de la Superintendencia de Educación Superior, como una institución fiscalizadora, siendo éste un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la Repúblico a través del Ministerio de Educación.

El objeto de la Superintendencia de Educación Superior es fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las Instituciones de Educación Superior, en el ámbito de su competencia, correspondiéndole además fiscalizar que dichas instituciones destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos.

El artículo 20 de dicho cuerpo legal, describe las funciones de la Superintendencia de Educación Superior, las que reproduce.

En relación a la autonomía de las Instituciones de Educación Superior.

Refiere que de conformidad al artículo 104 del DFL N° 2, de 2009, se entiende por autonomía, "El derecho de cada establecimiento de Educación Superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa".

Dicho principio, también se encuentra consagrado en la Ley N° 21.091, de 2018, sobre Educación Superior, en su artículo 2o, literal a), en el siguiente tenor: "Autonomía: El Sistema (de Educación Superior) reconoce y garantiza la autonomía de las Instituciones de Educación Superior, entendida ésta como la potestad de determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la ley. Asimismo, las Instituciones de Educación Superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principio de la Educación Superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus reglones".

En consecuencia, la aplicación del reglamento interno vigente que tenga toda Institución de Educación Superior en relación a sus estudiantes de pregrado, forma parte de las materias que se enmarcan en la esfera de su autonomía académica, y su materialización escapa de las facultades conferidas a esa Cartera de Estado.

EN RELACIÓN A LA AUSENCIA DE UN ACTO QUE REVISTA LAS CARACTERÍSTICAS DE ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD.

Expone que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, son presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección, la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, de la cual derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho, y que ese derecho sea de aquellos señalados específicamente por la disposición constitucional citada, concluyendo, en lo que respecta a la Cartera de Estado que representa, en cuanto a los hechos descritos por el recurrente, que no se advierte la existencia de acto u omisión que revista de alguna de las características descritas.

EN CUANTO A LA SUPUESTA AFECTACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Junto con referirse al sentido y alcance de cada una de las garantías denunciadas como conculcadas, señala que no existe la afectación que se reclama.

Acompaña los siguientes documentos:

DFL N° 2, de 2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005 y Ley N° 21.091, de 2018, de Educación, sobre Educación Superior.

A folio 29 comparece PAULA BEALE SEPÚLVEDA, abogada, Secretaria Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN, quien evacúa el informe que le fue requerido, solicitando el rechazo del recurso.

Expone en primer lugar, las características, funciones y atribuciones con que cuenta la Comisión Nacional de Acreditación, encausadas a lo que concierne el proceso de acreditación institucional, señalando que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) es un servicio público autónomo, creado en virtud de la Ley N° 20.129, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (en adelante Ley N°20.129), con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, y cuya función es evaluar, acreditar y promover la calidad de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen.

A partir de dicha disposición, la CNA es un órgano público que forma parte de la Administración del Estado, quedando comprendida en el artículo 1 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, toda vez que corresponde a un órgano creado para el cumplimiento de una función administrativa.

En consecuencia, se trata de un órgano de la Administración del Estado que, como tal, está sujeto a las normas de Derecho Público y al principio de clausura por el cual debe actuar estrictamente dentro de su competencia legal, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política de la República.

Puntualizado lo anterior, es dable consignar que la Comisión Nacional de Acreditación, se compone de una secretaria ejecutiva, órgano técnico, dirigido por un Secretario Ejecutivo, quien también tiene calidad de Jefe de Servicio, y por un organismo colegiado, integrado por doce miembros. El origen de designación de los comisionados y comisionadas se encuentra establecido en el artículo 7 de la Ley N°20.129.

La Comisión conformada como órgano colegiado, emite pronunciamientos sobre la acreditación de las instituciones de educación superior autónomas y de las carreras y programas que ellas ofrecen que son actos administrativos decisorios y de juicio, adoptados por los comisionados y comisionadas sobre la base de una ponderación de antecedentes recabados desde las instituciones que se someten al procedimiento de acreditación.

En materia de acreditación, el artículo 8 de la referida Ley, señala que corresponde a la CNA, en lo atingente, la función de administrar y resolver los procesos de acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas, y de las carreras y programas de estudio de pre y postgrado que éstas impartan. El artículo 9, dispone como atribución de la Comisión, en lo pertinente, dictar normas de carácter general en materias de su competencia, en especial, respecto de la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación, tanto institucional como de carreras y programas de estudio de pregrado y postgrado. Según lo dispuesto en el artículo 15, la acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de los criterios y estándares de calidad, los que se referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación sistemática y resultados, y su concordancia con la misión y propósito de las instituciones de educación superior.

Es del caso expresar, que de acuerdo al artículo vigésimo tercero transitorio de la Ley N°21.091, sobre Educación Superior (en adelante Ley N°21.091), la obligación de las instituciones de educación superior autónomas de estar acreditadas institucionalmente, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 15 de la Ley N°20.129, entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020.

En lo tocante a los procesos de acreditación de carreras y programas de pregrado, el artículo 27 reseña cuales son de acreditación obligatoria y en su inciso quinto, establece que sólo las universidades acreditadas podrán impartir las carreras y programas referidos, siempre que dichas carreras y programas hayan obtenido acreditación. Por su parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo trigésimo transitorio de la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, la acreditación de carreras y programas de acreditación voluntaria, entrará en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2024.

SOBRE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD MAYOR.

Señala que el recurrente interpone recurso de protección en contra de la Comisión Nacional de Acreditación respecto a materias exclusivas del proceso de acreditación de la universidad recurrida, la que fuera acreditada desde el 20 de mayo de 2015 hasta el 20 de mayo de 2020, por un período de 5 años. Añade, en cuanto a su Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio, y continúa señalando que no se explica como en el proceso de evaluación externa a la que debió someterse obligatoriamente haya obtenido la certificación de calidad de sus procesos internos y resultados.

Como primer punto, hace presente que la Universidad Mayor se ha sometido en tres oportunidades a proceso de acreditación. El último proceso se desarrolló entre los años 2014 y 2015, resultando acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación por el período de 5 años, desde el 20 de mayo de 2015, hasta el 20 de mayo de 2020, en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y en el área electiva de Vinculación con el Medio. Los fundamentos de la decisión se encuentran consignados en la Resolución de Acreditación Institucional N°327, de 20 de mayo de 2015.

Sobre dicha acreditación se debe precisar lo siguiente:

1) Normativa Vigente durante el desarrollo del proceso de acreditación y al momento de la decisión de acreditación de la Universidad Mayor.

Señala que el antiguo artículo 1o, letra d), de Ley N°20.129, señalaba que, entre las funciones del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se comprende la: "De acreditación institucional', consistente "en el proceso de análisis de los mecanismos existentes al interior de las instituciones autónomas de educación superior para asegurar su calidad, considerando tanto la existencia de dichos mecanismos, como su aplicación y resultados." Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el antiguo artículo 8o de la referida Ley, corresponde a la CNA, entre otras funciones, pronunciarse sobre la acreditación institucional de las universidades institutos profesionales y centros de formación autónomos, la que podrá otorgarse por un plazo máximo de hasta 7 años. En ese mismo sentido, el artículo 15° disponía que las instituciones de educación superior podrán someterse a procesos de acreditación institucional ante la Comisión, los que tendrán por objeto evaluar el cumplimiento de su proyecto institucional y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones de educación superior, y propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento continuo de su calidad.

Continúa dicho precepto, señalando que: "La opción del proceso de acreditación es voluntaria y en su desarrollo, la Comisión deberá tener en especial consideración la autonomía de cada institución (...) Un reglamento de la Comisión establecerá la forma, condiciones y requisitos específicos para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional, que deberán considerar las etapas de autoevaluación institucional, evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión" (el énfasis es nuestro).

A su turno, el antiguo artículo 16 de la citada Ley, precisaba sobre las distintas etapas que se contemplaban para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional de la siguiente forma: a.

Autoevaluación interna: consiste en un proceso analítico que consulta diferentes fuentes, tanto internas como externas a la institución, que, identificando los mecanismos de autorregulación existentes y las fortalezas y debilidades de la institución con relación a ellos, busca verificar el cumplimiento oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos en su misión y fines institucionales. b.Evaluación externa: consiste en un proceso tendiente a certificar que la institución cuenta con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el logro de sus propósitos declarados, a partir de la evaluación de las políticas y mecanismos de autorregulación vigentes en ella. c.

Pronunciamiento de la Comisión: consiste en el juicio emitido por la Comisión en base a la ponderación de los antecedentes recabados, mediante el cual se determina acreditar o no acreditar a la institución, en virtud de la existencia y nivel de desarrollo de sus políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad.

La etapa de evaluación externa es realizada por pares evaluadores designados para ese fin por la Comisión en consulta con la institución, quienes visitan a esta última entregando a la Comisión un informe que da cuenta si existen en la institución de educación superior condiciones que aseguren un avance sistemático hacia el logro de sus propósitos declarados, a partir de la evaluación de las políticas y mecanismos de autorregulación vigentes en ella.

En ese contexto, los pares evaluadores elaboran el informe sobre la base de los antecedentes entregados por la Institución - Informe de Autoevaluación - y aquellos obtenidos en la visita u otros antecedentes utilizados para corroborar, verificar o complementar la información contenida en los antecedentes de la Institución.

A su turno, el antiguo artículo 20 de la anotada Ley N°20.129 disponía que: "La acreditación institucional se otorgará por un plazo de siete años a la institución de educación superior evaluada que, considerando el informe emitido por los pares evaluadores, cumpla íntegramente con los criterios de evaluación. Si la institución evaluada no cumple integramente dichos criterios, pero presenta un nivel de cumplimiento aceptable, la Comisión podrá acreditarla por un período inferior, de acuerdo al grado de adecuación a los criterios de evaluación, que a su juicio, ésta presente".

Asimismo, la Ley señalaba en su artículo 17* las áreas en la que puede resultar acreditada una institución, distinguiendo entre ámbitos obligatorios de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado y aquellas áreas voluntarias de Vinculación con el Medio, Docencia de Postgrado e Investigación.

A su turno, por mandato del antiguo artículo 15 de la referida ley, la Comisión dictó Resolución Exenta DJ N° 009-4, de 13 de octubre de 2014, que aprueba el Reglamento que fija el Procedimiento para el Desarrollo de los Procesos de Acreditación institucional, que contemplaba los requisitos de ingreso a un proceso de evaluación, las distintas etapas del proceso, la presentación de antecedentes ante la Comisión Nacional de Acreditación, los recursos administrativos que proceden en contra de la decisión de la CNA, entre otros puntos. El proceso de evaluación de la Universidad durante los años 2014 y 2015, se desarrolló con estricto cumplimiento a dicho reglamento.

Ahora bien, todo proceso de acreditación debe efectuarse en función de un conjunto de criterios previamente definidos, de esa forma, es la Comisión la encargada de fijar y revisar periódicamente las pautas de evaluación las que deben considerar aspectos mínimos que el propio legislador señaló en el artículo 18 de la referida Ley. Algunos de los criterios se refieren a características esenciales de las instituciones de educación superior y por tanto, constituyen requisitos para la acreditación.

Respecto a lo anterior, la CNA aprobó las pautas sobre la evaluación de las distintas áreas a evaluar, mediante la Resolución Exenta DJ N° 01, de 05 de febrero de 20132, la cual fue aplicada en un principio por las distintas instituciones de educación superior, esto es, para los procesos de evaluación de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. En la actualidad, la Comisión Nacional de Acreditación cuenta con un documento especialmente diseñado para cada una de las instituciones que componen el sistema, habiéndose aprobado recientemente los criterios de evaluación para la acreditación institucional de institutos profesionales.

En virtud de lo expuesto, queda de manifiesto que un proceso de acreditación institucional es complejo puesto que se desarrolla en distinta etapas y con diversos intervinientes, pues se trata de un proceso analítico que permite evaluar los criterios vigentes en relación a un eventual resultado de acreditación.

2) Nuevo proceso de acreditación de la Universidad Mayor, de acuerdo a la normativa actual.

1 Reglamento modificado mediante Resolución Exenta DJ N°017-4, de la CNA de 22 de diciembre de 2014, que Aprueba modificación al reglamento que fija el procedimiento para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional.

2 Estas Pautas de evaluación siguen vigente. La Comisión Nacional de Acreditación se encuentra trabajando en la elaboración de los nuevos criterios y estándares que deberá tener aprobados y publicados antes del 30 de septiembre de 2020 y sólo serán aplicables a aquellos procesos de acreditación iniciados una vez transcurrido 24 meses desde la fecha de su publicación (Artículo vigésimo segundo transitorio ley N°21.091).

Con la modificación a las normas de acreditación que introdujo la Ley N°21.091, a partir del 1 de enero de 2020, la acreditación institucional es obligatoria, así lo dispone el nuevo artículo 15 de la ley N°20.129 "La acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterios de calidad, tos que se referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación sistemática y resultados y su concordancia con la misión y propósitos de las instituciones de educación superior".

En ese contexto, la Universidad Mayor deberá presentarse a un nuevo proceso de evaluación ante la CNA para obtener la acreditación, antes del vencimiento de la acreditación vigente, esto es, hasta el 20 de mayo de 2020, en caso de no hacerlo en dicho plazo se entenderá que la Institución se encuentra no acreditada, de esa forma lo prescribe el inciso segundo del artículo 16 bis de la de la ley N°20.129: "En el caso de que una institución de educación superior no presente a la Comisión su informe de autoevaluación una vez vencida su acreditación vigente, se entenderá que la institución se encuentra no acreditada, debiendo procederse de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la presente ley".

III. SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR.

Si bien el actor no se refiere a la acreditación de la carrera de Derecho, impartida por la Universidad Mayor, esta Comisión dará cuenta de su certificación ante el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

La carrera de Derecho de la Universidad Mayor se ha sometido una vez a proceso de evaluación para obtener la acreditación ante una agencia privada de acreditación ADC (actual agencia de Calidad), resultando acreditada por un período de 5 años, desde el 12 de octubre de 2016, hasta el 12 de octubre de 2021, en las sedes Santiago (Campus Oriente y Manuel Montt) y Temuco, jornada diurna y presencial, modalidad presencial, según Acuerdo de Acreditación N°97.

Dicha acreditación si bien fue otorgada por una agencia privada de acreditación, aquella entidad al momento de acreditar a la carrera de Derecho de la referida Institución se encuentra autorizada por la CNA para conceder la certificación, la cual fue producto de una evaluación exhaustiva, conforme a los Criterios de Evaluación para Carreras de Derecho, evaluando los siguientes aspectos: Misión y Objetivos del Programa; integridad Institucional, Estructura Orgánica, Administrativa y Financiera; Estructura Curricular, Personal adscrito a la unidad, Efectividad del proceso de enseñanza – aprendizaje; Resultados del proceso formativo;

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza; Vinculación con el Medio.

Finalmente, reitera que, respecto a los procesos de acreditación de carreras y programas de pregrado, el artículo 27 de la ley N°20.129, reseña cuales son de acreditación obligatoria, indicando para tales efectos a: carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos.

Por su parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo trigésimo transitorio de la Ley N'21.091, sobre Educación Superior, la acreditación de carreras y programas de acreditación voluntaria entrará en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2024.

DE LAS EVENTUALES GARANTÍAS CONCULCADAS.

En relación con la eventual vulneración de garantías constitucionales del actor, en los hechos circunstanciados de la acción de protección no se desprende cual es la acción u omisión de la CNA que podría haber perturbado, amenazado o privado de las garantías a que hace alusión el recurrente. Señala que la CNA debe adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de los derechos de los estudiantes, sin señalar las garantías presuntamente vulneradas específicamente por la CNA.

Ahora bien, de conformidad con los antecedentes expuesto, la Comisión Nacional de Acreditación tiene como función, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley N 20.129, evaluar, acreditar y promover la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica y de las carreras y programas que ellos ofrecen. En tal sentido, la CNA no tiene funciones ni cuenta con facultades de fiscalización o de supervisión respecto de las instituciones de educación superior, como supone erróneamente el recurrente.

En ese sentido, el actuar de la CNA, en relación a las acreditación de la Universidad Mayor, se ha desarrollado con estricto apego a la ley, los reglamentos y normativa vigente al momento de la respectiva acreditación, desarrollando el proceso de evaluación de conformidad a la ley N°20.129 y al procedimiento establecido por la CNA, aplicando los criterios de evaluación, de acuerdo a las áreas en que se sometió a evaluación, por cuanto no existe ilegalidad, ni arbitrariedad en la decisión de acreditar a dicha Institución. Asimismo, se cumplió con todas las formalidades, tanto legales como reglamentarias, en la acreditación de la carrera de Derecho impartida por esa Casa de Estudios.

Acompaña los siguientes documentos: Resolución de Acreditación Institucional N°327, de 20 de mayo de 2015, que acredita a la Universidad Mayor por 5 años;

Resolución Exenta DJ N°01, de la CNA, de 05 de febrero de 2013, que Aprueba Reglamento sobre Áreas de Acreditación acorde al artículo 17 de la Ley 20.129; Resolución Exenta DJ N3009-4, de la CNA, de 13 de octubre de 2014, que Aprueba Reglamento que fija el procedimiento para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional; Resolución Exenta DJ N°017-4, de la CNA de 22 de diciembre de 2014, que Aprueba Modificación al Reglamento que fija procedimiento para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional; Acuerdo de Acreditación ND97, de 5 de diciembre de 2016, de la Agencia Acreditadora ADC, que acredita a la carrera de Derecho impartida por la Universidad Mayor por el período de 5 años; Criterios de evaluación para las carreras de derecho.

A folio 40 comparece nombre reservado, Superintendente de Educación Superior, en representación de la recurrida SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (en adelante también denominada como la Superintendencia), quien junto con evacuar el informe requerido solicita el rechazo del recurso.

Señala que la Ley 21.091 sobre Educación Superior, en su artículo 18 creó la Superintendencia de Educación Superior, servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación.

Este órgano fiscalizador inició sus funciones recién con fecha 6 de mayo de 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2019, del Ministerio de Educación, que fija planta de personal de la Superintendencia de Educación Superior y regula otras materias a que se refiere el artículo décimo primero transitorio de la Ley N°21.091.

El artículo 19 de la Ley N°21.091 sobre Educación Superior estableció que el objeto de la Superintendencia será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior en el ámbito de su competencia, correspondiéndole también fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos. Por su parte, el artículo 20 del mismo texto legal estableció una serie funciones y atribuciones que serán propias de la Superintendencia.

En cuanto al fondo, señala que tal como se desprende del texto del recurso de protección, éste se funda en una serie de acciones u omisiones en que habría incurrido exclusivamente la Universidad Mayor, sin que señale ni exponga algún acto u omisión arbitrario o ilegal en que supuestamente haya incurrido la Superintendencia de Educación Superior que haya ocasionado al recurrente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, motivo por el cual, la presente acción de protección necesariamente deberá desecharse en lo que dice relación justamente con la Superintendencia.

En efecto, deberá desecharse el presente recurso de protección en lo que dice relación a esta Superintendencia, toda vez que no concurren ni se verifican los presupuestos que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República para que sea procedente respecto de este fiscalizador, tal como se señala a continuación:

1.- El recurrente don nombre reservado no señala ni expone ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal en que supuestamente haya incurrido la Superintendencia de Educación Superior; 2.- El recurrente tampoco señala ni expone que haya sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República como consecuencia de alguna supuesta acción u omisión arbitraria o ilegal en que haya incurrido la Superintendencia de Educación Superior.

Así las cosas, la presente acción de protección deberá ser desechada en lo que dice relación a la Superintendencia de Educación Superior. Lo anterior, sin perjuicio que esta Superintendencia intervenga como mediadora entre el recurrente don nombre reservado y la recurrida Universidad Mayor en conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley N°21.091, o bien, de llevar a cabo la supervisión y fiscalización que resulte procedente respecto de dicha institución en ejercicio de las funciones y atribuciones que la misma Ley le ha conferido.

Informa, además, que con fecha 9 de enero de 2020 se recibió en la Superintendencia de Educación Superior el reclamo identificado con el código CAS 2020-ID8080 presentado por don nombre reservado (reclamante) en contra de la Universidad Mayor (reclamada), sede Temuco, cuya copia íntegra acompaña en un Otrosí.

En esta presentación, el reclamante expone y solicita lo siguiente:

A.- Señala que habiendo iniciado sus estudios de Derecho en la Universidad Autónoma, el año 2012 se cambió a la carrera de Derecho impartida por la Universidad Mayor, en donde le convalidaron 13 asignaturas cursadas y aprobadas en su Universidad de origen por 18 asignaturas impartidas por su nueva Universidad; B.- Expone que en el año 2016 egresó de la carrera de Derecho impartida por la Universidad Mayor; C.- Sostiene que en abril de 2019 le informan, verbalmente y por correo electrónico, que en 2012 hubo un problema con las convalidaciones, motivo por el cual debería rendir 7 asignaturas durante el año 2019. Agrega que, producto de lo anterior, de julio a diciembre de 2019 cursó y rindió 7 tutorías para regularizar las asignaturas mal convalidadas; D.- Sostiene que con fecha 1° de enero de 2020 revisó su historial de notas y advirtiendo que la Universidad ingresó las tutorías cursadas y aprobadas el año 2019 como si la hubiese cursado y aprobado los años 2012 y 2013; E.- Finalmente, el Sr. nombre reservado señala haber consultado a la Universidad por la situación antes expuesta, sin obtener respuesta por parte de la reclamada.

El reclamante, formula las siguientes peticiones:

a.

Solicita saber si el proceso de convalidación de asignaturas que llevó a cabo la Universidad fue o no el correcto; b.

Solicita saber si el proceso de tutorías que cursó y aprobó durante el año 2019 soluciona el problema de las asignaturas mal convalidadas; c.

Solicita saber la razón por la cual las notas obtenidas en las tutorías cursadas y aprobadas el año 2019 fueron ingresadas como cursadas y aprobadas los años 2012 y 2013; d. Solicita saber si las mencionadas tutorías le permiten tener como fecha de egreso el año 2019, en atención a que la carrera de derecho solo permite rendir el examen de grado dentro de los tres años siguientes a su egreso; e. Solicita saber si podrá acceder al ius postulandi necesario para trabajar a contar de diciembre de 2019, es decir, a contar de su nueva fecha de egreso.

2.- Con fecha 30 de enero de 2020 se confirió traslado a la institución reclamada para que informare al tenor de la mencionada presentación, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para tales efectos.

3.- Con fecha 6 de febrero de 2020 la institución reclamada evacuó su informe, cuya copia íntegra se acompaña en un Otrosí, en los términos que se señalan a continuación: A.

Se informa que el reclamante ingresó el año 2012 a la carrera de Derecho de la Universidad Mayor, sede Temuco, modalidad vespertina, en calidad de convalidante, proveniente de la Universidad Autónoma, lo que se tradujo en la realización de un proceso de convalidación en virtud del cual se le convalidaron al reclamante 18 asignaturas impartidas por la Universidad Mayor por 13 asignatura que cursó y aprobó en la Universidad Autónoma; B.

Se señala en el informe que, con fecha 1° de enero de 2017, el reclamante obtiene la calidad de egresado de dicha institución de educación superior y que, posterior a esta fecha, el reclamante rindió en dos oportunidades el examen de grado, siendo reprobado en ambas; C. Se explica que no obstante haber efectuado las convalidaciones que permitieron al reclamante ingresar a la Universidad Mayor a continuar sus estudios de Derecho, debido a las nuevas exigencias impuestas por la Corte Suprema para entregar el título de abogado(a), las que se que se tradujeron en reparos respecto de asignaturas convalidadas a egresados de la sede Temuco de dicha Universidad, con el fin de evitar inconvenientes en ese sentido a otros egresados de la carrera de Derecho que se encontrasen en la misma situación, la Universidad Mayor efectuó una revisión general de todas las asignaturas convalidadas por estudiantes provenientes de otras casas de estudios, como era justamente el caso del Sr. nombre reservado. Esta revisión implicó evaluar las carpetas académicas de cada alumno, y la verificación de asignatura por asignatura, comparando los programas de las Universidades de origen con los de la Universidad Mayor, a fin de determinar la concurrencia del 80% de coincidencia programática, tal como el propio Reglamento Académico lo exigía. Como resultado de esto, respecto de cada alumno se elaboró una tabla comparativa entre asignatura presentada para convalidación y aquélla por la cual se convalidó, con indicación de lo acertado o errado del proceder; D. Se informa que, en relación con el reclamante, se detectó que existían siete asignaturas del total que se le habían convalidado que no cumplían rigurosamente con todas las equivalencias indicadas en la reglamentación académica, lo que se puso en conocimiento del reclamante; E. La reclamada informa que, para subsanar esta falencia y a fin de que el plan de estudios quedara íntegramente cumplido, la Universidad Mayor adoptó el sistema de tutorías para aquellas asignaturas que estaban mal convalidadas, agregando que, dicho mecanismo de solución fue autorizado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad, emitiéndose al efecto por la Escuela de Derecho de la Facultad de Humanidades, un “Boletín Informativo Sistema de Tutorías” y su respectiva rúbrica para su evaluación, cuyas copias se acompañaron al informe; F. Adicionalmente, se informa que debido a la configuración general del sistema computacional SAP que utiliza la plataforma Web de la Universidad Mayor, a solicitud del reclamante, con fecha 1 de enero de 2020, se le emitió un certificado de concentración de notas en el que se señaló como fecha de egreso de don nombre reservado el 1 de enero de 2017, en circunstancias al haber finalizado íntegramente sus estudios en el mes de diciembre de 2019, obtuvo la calidad de egresado el 30 de diciembre de 2019. Producto de lo esto, la institución tomó las medidas necesarias corrigiendo la fecha de egreso del reclamante, lo que significa que, en la práctica, dispone nuevamente de tres oportunidades para rendir el examen de grado en la sede Temuco y de los tres años de habilitado en Derecho por lo que dispondrá del ius postulandi para comparecer en juicio, todo esto a contar de nueva fecha de egreso, es decir, a contar del 30 de diciembre de 2019; G.

La reclamada en su informe hace presente también que ha solicitado a la Comisión Ingresa (Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores), la rectificación de la fecha de egreso del reclamante, lo que le permitirá reprogramar el pago de la deuda que mantiene por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE), además de poder acceder a otros beneficios administrados por la Comisión Ingresa, enumerando una serie de ellos.

4.- Con fecha 3 de marzo de 2020, la Superintendencia comunicó al señor nombre reservado la respuesta entregada por la institución reclamada para su conocimiento, informándole además que, por el momento, no existirían antecedentes suficientes para perseverar en el caso, sin perjuicio de lo cual, se le concedió un plazo de 5 días para complementar su presentación en caso de querer realizar observaciones a la referida respuesta; para acompañar nuevos antecedentes; o bien, por considerar que existe una eventual infracción a la ley.

5.- Con fecha 9 de marzo del presente año, el reclamante realizó una nueva presentación ante la Superintendencia, cuya copia íntegra se acompaña en el Otrosí, a través de la cual complementó su reclamo (no obstante señalar que complementa su denuncia), formuló observaciones al informe de la reclamada y solicitó una mediación proponiendo bases de arreglo para solucionar este conflicto.

6.- Producto de todo lo anteriormente expuesto, en la actualidad la Superintendencia está evaluando el mérito de los antecedentes aportados por el reclamante y por la institución reclamada con el objeto de resolver si resulta o no procedente intervenir como mediador entre las partes en conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley N° 21.091, llevar a cabo la supervisión y fiscalización que resulte procedente respecto de la institución reclamada en ejercicio de las funciones y atribuciones que la Ley confiere a este órgano de control, o bien, no perseverar en este asunto.

Acompaña los siguientes documentos: Copia íntegra del Reclamo presentado con fecha 9 de enero de 2020 ante la Superintendencia de Educación Superior por don nombre reservado respecto de la Universidad Mayor; Copia íntegra del Informe evacuado con fecha 6 de febrero de 2020 por la Universidad Mayor relativo al reclamo presentado en su contra por don nombre reservado; Copia íntegra de la presentación efectuada con fecha 9 de marzo de 2020 por el reclamante don nombre reservado ante la Superintendencia, por la cual complementa su reclamo (no obstante señalar que complementa su denuncia) y formula observaciones al informe evacuado por la reclamada Universidad Mayor.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que el recurrente ha efectuado una lata relación de una serie de sucesos que, según pueden resumirse, comienzan a desarrollarse a partir del año 2012, cuando ingresa a cursar estudios de Derecho en la Universidad Mayor sede Temuco, habiendo cursado, con anterioridad, dos años de la misma carrera en otra Universidad, siéndole convalidadas 18 asignaturas anuales por parte de la Universidad Mayor, de la cual egresa en el mes de diciembre del año 2016, siendo informado en el mes de abril del año 2019, que debía rendir 7 asignaturas para completar el Plan de Estudios de pregrado de la carrera, ya que a inicios del año 2019 la Excma. Corte Suprema habría cambiado su criterio respecto de las convalidaciones de asignaturas cursadas en otra Universidad, lo que le traería problemas al momento de abrir expediente para jurar como abogado.

Para tales efectos la Universidad Mayor le plantea la realización de “tutorías”, que presentaban una baja dificultad académica, manifestando el actor su conformidad con dicha propuesta, dada su situación personal y familiar, lo que según se le señala, se materializaría con fecha posterior al examen de grado que debía dar, por segunda vez, en el mes de mayo del año 2019.

En mayo de 2019 solicitó aplazar la rendición de su examen de grado. pues en su parecer lo más correcto era rendir los cursos primero y luego el examen de grado, para así obtener el grado de egresado antes que el de licenciado; en el mes de julio es demandado ejecutivamente para el cobro de la totalidad del Crédito Con Aval del Estado (CAE) con que había estudiado en la Universidad Mayor, por la suma total de $ 24.821.247; cumple con las exigencias académicas de las tutorías, de una dificultad mayor a la que se le había expresado; el día 10 de octubre de 2019, el Director de Carrera y la Coordinadora de Tutorías, informan verbalmente que las tutorías deben estar terminadas antes de rendir el examen de grado, a fin de mantener un orden lógico en los procesos, donde no puede figurar el grado de licenciado antes que haber rendido las asignaturas faltantes (tutorías); el día 18 de diciembre de 2019, rinde y reprueba por segunda vez el examen de grado y el día 19 de diciembre de 2019, recibe comunicación electrónica que da cuenta de la aprobación de las asignaturas en que desarrolló las tutorías.

El día 1 de enero de 2020, solicita en el portal web de la UNIVERSIDAD MAYOR un Certificado de concentración de notas, comprobando por medio del citado informe que la nota de las asignaturas cursadas en el año 2019 habían sido ingresadas como rendidas en el año 2012 y 2013.

Sostuvo, en cuanto al derecho, y a modo de síntesis, que por negligencia imputable a la Universidad recurrida en la deficiente convalidación de asignaturas realizada en el año 2012, cuando se cambió desde la UNIVERSIDAD AUTONOMA a la UNIVERSIDAD MAYOR, se vio perjudicado y obligado de rendir durante el año 2019 un total de 7 asignaturas atrasadas de primer año para completar el plan de estudios de pregrado de la carrera de derecho.

Que la modalidad impuesta por la recurrida para rendir las asignaturas atrasadas consistía en un sistema de tutorías, que inició el 2 de julio de 2019, terminando dicho proceso el día 19 de diciembre del mismo año cuyo nivel de exigencia de los contenidos nunca fue bajo como lo asegurara el Director de carrera.

Que una vez terminado el proceso de evaluación, el día 1 de enero de 2020 procedió a solicitar por intermedio de la plataforma web de la Universidad, un certificado de notas, en el que se puede observar que las evaluaciones de las asignaturas faltantes rendidas en el año 2019, figuran ingresadas en el informe de notas del año 2012 y 2013, hecho que produciría tan grave inconsistencia en dichos documentos que los harían impresentables ante el máximo tribunal del país al momento de abrir expediente para jurar como abogado, siendo que tenía, según certificado de egreso, la calidad de egresado de la carrera de derecho desde el mes de diciembre del año 2016.

Que por lo anterior la recurrida debe respetar el orden lógico y cronológico de los hechos, primero rendido las asignaturas faltantes, luego de forma posterior el egreso en 2019.

Que la recurrida además fue negligente en la solución ofrecida pues hay antecedentes que demuestran que tenía conocimiento del vicio en las convalidaciones al menos desde el año 2016, siendo también responsable el MINISTERIO DE EDUCACION, respecto del llamado a velar por los derechos de todos los estudiantes, de igual forma la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, respecto de la fiscalización de la Universidad recurrida, y la COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN, respecto a materias exclusivas del proceso de acreditación de la universidad recurrida, la que fuera acreditada desde 20/05/2015 hasta 20/05/2020 por un período de 5 años, sin que resulte explicable que haya obtenido la certificación de calidad de sus procesos internos y sus resultados, señalando que si bien los errores detectados en las convalidaciones son de responsabilidad de la universidad recurrida, no cabe duda alguna que el MINISTERIO DE EDUCACION, la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, y la COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN en sus respectivas competencias les corresponden facultades de supervisión respecto de estas instituciones.

TERCERO: Que corresponde referirse, en primer lugar, a la solicitud de la recurrida Universidad Mayor, en cuanto pide se declare la extemporaneidad del recurso, atento que el actor fue informado en el mes de abril de 2019 de la necesidad de regularizar su situación respecto de 7 asignaturas, en lo cual estuvo de acuerdo, petición que será rechazada, considerando el tenor de los hechos sucesivos descritos en el libelo recursivo, los que culminan con fecha 01 de enero de 2020 en que el recurrente señaló haber tomado conocimiento de que las asignaturas cursadas en el año 2019, habían sido ingresadas por la Universidad recurrida, en sus registros, como rendidas en los años 2012 y 2013.

El recurso fue deducido con fecha 11 de enero del presente año, de modo tal que ha sido interpuesto dentro del plazo de 30 días corridos que establece el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, todo ello sin perjuicio de lo que se dirá, a continuación, sobre el fondo.

CUARTO: Que son requisitos para la procedencia de la acción o recurso de protección intentado, una conducta por acción u omisión, ilegal o arbitraria, imputable a una autoridad o persona determinada; la afectación del legítimo ejercicio de alguno de los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución que sean susceptibles de ser tutelados por esa vía; relación de causalidad entre la acción ilegal y el agravio a la garantía constitucional y posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas de protección o cautela para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

QUINTO: Que tal como lo hicieron presente las recurridas MINISTERIO DE EDUCACION, COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR al evacuar sus respectivos informes, el actor no explica de manera clara y precisa, cuál o cuáles son los actos u omisiones concretos en los cuales dichas recurridas habrían incurrido, provocando una afectación grave en el libre ejercicio de algún derecho, de aquéllos protegidos por la acción constitucional impetrada, limitándose el actor a efectuar un reclamo, por lo que considera es una falta de supervisión y fiscalización de dichas entidades hacia la Universidad Mayor, circunstancia del todo ineficaz para que el recurso pueda prosperar respecto de dichas recurridas.

Cabe tener presente, en todo caso, que las recurridas MINISTERIO DE EDUCACION y COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN se explayaron en dar cuenta de las funciones que deben desarrollar en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme al marco legal que las regula, no encontrándose dentro de dichas funciones, la fiscalización del reglamento interno de las Universidades ni otros tópicos a los que alude el actor en su recurso. La acreditación de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor, sede Temuco, por lo demás, data del año 2015 de modo tal que de manera alguna dicho proceso podría ser abordado a través del presente recurso de protección.

En el caso de la recurrida SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, la situación es aún más patente en cuanto a que nunca pudo incurrir en un acto arbitrario e ilegal respecto del actor en relación a los hechos descritos en el recurso, desde el momento que la citada SUPERINTENDENCIA, según informó el Sr. Superintendente de Educación Superior, fue creada por la Ley 21.091, iniciando su funciones sólo el 6 de mayo de 2019, debiendo dejarse constancia, que dicha Superintendencia informó, además, que el propio actor, dos días antes de interponer el presente recurso de protección, había deducido un reclamo por los mismos hechos ante la citada Superintendencia, al cual se le había dado curso y que a la fecha del informe se encontraba en tramitación.

Por todo lo anterior se rechazará la acción impetrada respecto de las recurridas MINISTERIO DE EDUCACION, COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN y SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

SEXTO: Que en lo que respecta a la recurrida Universidad Mayor, ha de tenerse presente, como ya se señaló anteriormente, que para que la acción de protección pueda prosperar, es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos, a saber, una conducta por acción u omisión, ilegal o arbitraria, imputable a una autoridad o persona determinada; la afectación del legítimo ejercicio de alguno de los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución que puedan ser objeto de tutela a través de esta acción; relación de causalidad entre la acción ilegal y el agravio a la garantía constitucional; y finalmente, posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas de protección o cautela para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SÉPTIMO: Que en lo que concierne a la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, el recurrente imputa a la Universidad Mayor el haber incurrido en una serie de actuaciones que, según señala, conculcan diversos derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución, a las que se ha hecho referencia en el considerando segundo, sosteniendo respecto de dichas actuaciones, sin embargo, que éstas constituyen una “negligencia inexcusable”, de parte de la Universidad recurrida, lo cual es suficiente para desechar el recurso impetrado, por cuanto esta no es la vía para reclamar de un actuar negligente.

En cuanto a la situación surgida a propósito de las convalidaciones de asignaturas cursadas por el actor, consta del propio relato de los hechos, que la Universidad recurrida, en el mes de abril del año 2019, propuso a aquél la realización de una serie de tutorías, lo que fue aceptado por el recurrente, quien desarrolló las actividades académicas respectivas, no vislumbrándose, por lo tanto un actuar ilegal o arbitrario, considerando, además, las razones que expuso la recurrida como aquéllas que determinaron efectuar una revisión de la situación del actor y de otros alumnos.

Efectivamente tales asignaturas debían aparecer cursadas en los registros respectivos, en la oportunidad en que ello tuvo lugar, esto es durante el segundo semestre del año 2019, conforme emana del propio relato de los hechos que realiza el actor en su libelo, quien señaló haber manifestado siempre sus aprehensiones en orden a que primero debía cursar todas las asignaturas para tener la calidad de egresado, refiriendo al efecto, que aproximadamente el día 10 de octubre de 2019, el Director de Carrera y la Coordinadora de Tutorías, Informan verbalmente que las tutorías deben estar terminadas antes de rendir el examen de grado, a fin de mantener un orden lógico en los procesos, donde no puede figurar el grado de licenciado antes que haber rendido las asignaturas faltantes (tutorías), lo que otorga sustento a lo informado por la recurrida en orden a que la razón de que efectivamente las mentadas asignaturas, que el actor cursó con el sistema de tutorías, figurasen en el sistema computacional de la Universidad como cursadas en años anteriores y no en el año 2019, según emana del certificado que el recurrente acompañó al recurso, se debió a un error del sistema informático, que fue corregido, según se dirá a continuación, de modo tal que tampoco es posible concluir en la existencia de un acto ilegal o arbitrario, por parte de la recurrida.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior la acción impetrada debe ser en todo caso rechazada por cuanto es también un requisito de su procedencia la posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas de protección o cautela para resguardar el legítimo ejercicio de algún derecho, siendo del caso, que la Universidad recurrida ha dado cuenta de haber materializado las peticiones que el actor efectuó con motivo de la interposición del presente recurso.

En efecto, el actor pide a esta Corte que junto con acogerse el recurso de protección, se decreten las siguientes medidas respecto de la Universidad Mayor en contra de la cual se recurre:

“Que se ordene a la Universidad recurrida que cumpla con su propio reglamento en cuanto a que el requisito para egresar se encuentra cumplido una vez aprobando la totalidad de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios vigente de la carrera, lo que en los hechos ocurrió en diciembre 2019, y que desde esta fecha se obtiene la condición de egresado disponiendo de 3 oportunidades para rendir el examen de grado en la sede de Santiago de la Universidad Mayor, dentro de los 3 años siguientes al egreso, así como el Ius Postulandi por igual periodo.

Que se ordene a la Universidad recurrida a dar a conocer el informe solicitado al Coordinador Regional Académico Sr. nombre reservado respecto al resultado de la revisión y visación del examen que desde la carrera se realizó de la corrección de las convalidaciones.

Que se ordene a la Universidad recurrida a emitir la resolución que certifica haber cursado satisfactoriamente las asignaturas mal convalidadas, estas son: APRENDER A APRENDER, ANÁLISIS LÓGICO Y JURÍDICO, HISTORIA CONTEMPORÁNEA, EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS I Y II, Y DERECHO, GARANTÍAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES I Y II, donde a lo menos se informe la asignatura, a que año corresponde, cuando efectivamente se rindió y la evaluación obtenida”.

Sobre lo anterior, la Universidad recurrida informó que debido a la configuración general del sistema computacional SAP que utiliza la plataforma Web de la Universidad, a solicitud del recurrente, efectivamente se emitió con fecha 1 de enero de 2020, un certificado de concentración de notas -en el cual constan las calificaciones y el estado de aprobación o reprobación de las asignaturas de la carrera-, en el que se señaló como fecha de egreso de don nombre reservado el 1 de enero de 2017, en circunstancias de haber finalizado íntegramente sus estudios con fecha 20 de diciembre de 2019, obteniendo la calidad de egresado el 30 de diciembre de 2019, señalando que la Universidad Mayor tomó las medidas necesarias dentro de sus competencias, corrigiendo la fecha de egreso del recurrente, disponiendo éste de tres oportunidades para rendir el examen de grado en la sede Temuco y sus tres años de habilitado en Derecho contando con ius postulandi para comparecer en juicio.

E informó además, que adicionalmente, se ha solicitado, a Comisión Ingresa (Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores), la rectificación de la fecha de egreso del recurrente conforme a lo antes indicado, lo que le permitirá reprogramar el pago de la deuda que mantiene por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE), además de poder acceder a otros beneficios administrados por la Comisión Ingresa, los cuales, de cumplirse las condiciones y requisitos establecidos por ésta, podrán consistir en la eliminación de los registros comerciales, eliminación de deuda morosa en el sistema financiero, eliminación nómina deudores morosos sujetos a retención de devolución de impuesto, acceso a beneficios de pago del crédito con garantía estatal, rebaja de tasa de interés, pago de cuota contingente a la renta, suspensión de pago de cuotas y acceder a nuevos financiamientos CAE.

A efectos de acreditar lo anterior la Universidad recurrida acompañó una serie de documentos, a saber:

1.- Certificado de egreso de estudiante, emitido por la Oficina de Registro Estudiantil de la Universidad Mayor, con fecha 31 de enero de 2020, en el cual consta que el recurrente finalizó su plan de estudios el segundo semestre de 2019, teniendo pendiente rendir su examen de grado;

2.- Boletín histórico de estudiante, emitido por la Oficina de Registro Estudiantil de la Universidad Mayor con fecha 4 de febrero de 2020, con la totalidad de las asignaturas cursadas correspondiente a todo el plan de estudios del recurrente, según los semestres cursados desde el año 2012, con indicación de las asignaturas convalidadas, hasta el segundo semestre de 2019;

3.-Certificado de concentración de notas del recurrente emitido por la Oficina de Registro Estudiantil de la Universidad Mayor con fecha 4 de febrero de 2020, con las calificaciones de la totalidad de las asignaturas cursadas correspondiente a todo su plan de estudios según los semestres cursados desde el año 2012 y hasta el segundo semestre de 2019;

4.- Certificado que acredita la obtención del Ius Postulandi, para ser presentado en los tribunales de justicia según el artículo 2 de la Ley 18.120, en su calidad de egresado, emitido por la Oficina de Registro Estudiantil de la Universidad Mayor con fecha 31 de enero de 2020;

5.- Oficio emitido por la Universidad Mayor a la Comisión Ingresa con fecha de febrero de 2020, con el correspondiente cargo de recepción por dicha comisión, con la solicitud de rectificación de la fecha de egreso del recurrente.

NOVENO: Que de esta manera, no pudiendo establecerse la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal de parte de la Universidad recurrida, y no existiendo en todo caso, medidas que puedan ser adoptadas por esta Corte para reestablecer algún derecho, pues la Universidad Mayor ha informado haber dado cumplimiento a lo solicitado por el actor a través del presente arbitrio, lo que acreditó debidamente, ha de rechazarse igualmente la acción impetrada en contra de dicha Universidad, sin que corresponda pronunciarse respecto de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Por estas consideraciones, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD MAYOR, representada legalmente por su Vicerrector Regional nombre reservado VERDUGO nombre reservado; del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, representado legalmente por nombre reservado, o por quien sus derechos represente; en contra de la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, representada legalmente por nombre reservado o por quien sus derechos represente y en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACION, representada legalmente por nombre reservado, o por quien sus derechos represente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Interina Sra. Cecilia Subiabre Tapia.

Protección-207-2020. (fcv)