nombre reservado con CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE ANGOL

C.A. de Temuco Temuco, siete de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 11 de abril del año 2019, comparece don nombre reservado, abogado, defensor penal privado, por el condenado don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, actualmente interno en el Centro de Detención Preventiva de Angol, en virtud del artículo 20 de la Constitución Política de la República, quien ejerce la Acción Constitucional de Protección en contra del CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE ANGOL representada por el Alcaide, ya que se adoptó por parte de dicha Unidad Penal la medida de restar del proceso de libertad condicional relativo al primer semestre del año 2019 a su representado, ello sin ajustarse a la normativa vigente, vulnerando así el derecho constitucional de la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado, cautelado por la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Carta Política, a favor de su representado, solicitando acoger la acción constitucional, disponiendo como medida que se ordene la incorporación de don nombre reservado al proceso de libertad condicional correspondiente al primer semestre del año 2019.

Funda el recurso en que ha asumido la representación de don nombre reservado, quien se encuentra cumpliendo una pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado mínimo, como autor del delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, en grado de ejecución consumado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 440 N°1 del Código Penal, hecho acaecido el día 11 de agosto de 2015, en el inmueble ubicado en domicilio reservado (domicilio reservado). De acuerdo a la información entregada por Gendarmería de Chile, su representado registra como fecha de inicio de condena el día 11 de agosto del año 2015, estimándose como fecha de término el 12 de agosto del año 2020. Debido al tiempo que lleva cumpliendo, las actividades que ha realizado al interior del CDP de Angol (Talleres laborales, e incluso titulado en curso de Artesanía), tres bimestres de calificaciones de conducta Muy Buena (Septiembre/Octubre y Noviembre/Diciembre de 2018, y Enero/Febrero de 2019), y la confección de un plan de intervención a su respecto (que consideró el hecho de haber rendido satisfactoriamente el 4° año de Enseñanza Media mientras se encontraba en libertad así como haber cursado un año de técnico en prevención de riesgos en el CFT Andrés Bello), don nombre reservado tiene derecho a ser incorporado por parte de Gendarmería de Chile en el proceso de libertad condicional para el primer semestre del año 2019. Sin embargo, alrededor del 15 de marzo de 2019, al consultar por su situación se le informó que no sería incorporado en el proceso indicado, señalándole como motivo de dicha decisión el hecho de que tras la publicación de la Ley N°21.124 –de fecha 18 de enero de año 2019– él ya no cumple con los requisitos que se exigen para acceder a la libertad.

Manifiesta que la vulneración se traduce, en que su representado consultó en forma verbal alrededor del día 15 de marzo de 2019 si sería incluido en la lista confeccionada por Gendarmería, en la que se incluyen todos los condenados con derecho a la Libertad Condicional, ante lo que recibió como respuesta que no iría en el listado en cuestión por no cumplir los requisitos exigidos la Ley N°21.124 que modificó el Decreto Ley N°321, lo que al parecer de esta parte no le son aplicables por los fundamentos que más adelante se desarrollaran, la que se materializó con fecha posterior al momento de confeccionarse el listado definitivo de condenados que fue remitida a la Comisión de Libertad Condicional de la I. Corte de Apelaciones de Temuco.

En el caso en particular, sostiene que procede la interposición de la acción constitucional, ante la resolución administrativa mediante la cual se excluye a don nombre reservado del proceso de libertad condicional al que tenía derecho a participar, por la supuesta falta del cumplimiento de los requisitos legales tras la modificación del DL N°321 mediante la Ley N°21.124, ya que si bien se publicó con fecha 18 de enero del año 2019, no se puede considerar que esta entró en vigencia, debido a que no se ha dictado el reglamento necesario para la ejecución de dicho decreto ley, exigido por la misma ley que lo modifica y que incluye los nuevos requisitos. Por tanto esta resolución administrativa de no incluirlo en el listado es arbitraria e ilegal para su representado atendido que está fuera de los presupuestos constitucionales -lo que se detallará en apartado posterior de esta presentación-, más aún si se encuentra habilitado para postular de acuerdo a la normativa que si se encuentra vigente. Consecuentemente, como se explicará, ello afecta la garantía de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política.

Manifiesta que la omisión ilegal y arbitraria del acto administrativo, configura una amenaza real en el legítimo ejercicio del derecho a la igualdad, el que sin duda debe ser preservado respecto del derecho a la libertad condicional, tan importante para la construcción de un régimen penitenciario, cuya finalidad sea la reforma y la readaptación social de los penados, como lo estable el articulo 10 número 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sobre el procedimiento de postulación a la libertad condicional. Si se observa el DL N°321 no desarrolla detalladamente el procedimiento que se debe adaptar para la preparación de los antecedentes y el conocimiento de ellos a fin de adoptar la decisión final. Si bien el Reglamento de la Libertad Condicional sirve para complementar diversos aspectos, hay otros que se deben terminar de complementar con la Ley N°19.880. La concesión o no de la libertad condicional se decide tras una serie de actos que fluyen en un procedimiento administrativo y como todo procedimiento administrativo, este debe tener tres fases: iniciación, instrucción y finalización. En el caso de la libertad condicional, este proceso no comienza con la nómina que elabora el Tribunal de Conducta conforme el art. 24 del Reglamento. La nómina es producto de un trabajo en el cual se incorpora el aporte del personal de Estadística, de los Encargado Laborales y Educacionales, además del trabajo de los profesionales del Área Técnica. Por lo tanto, para poder arribar a este trabajo final, Gendarmería de Chile ordena la elaboración de las denominadas pre-nóminas. Estas pre-nóminas contienen a las personas que hasta la fecha de la emisión cumplen o pueden cumplir los requisitos para postular a la libertad condicional. En Derecho –específicamente el Derecho Administrativo– la elaboración de las prenóminas es el acto administrativo que da origen al procedimiento de postulación a la libertad condicional. En efecto, el art. 28 de la Ley N°19.880 establece que el procedimiento puede comenzar de oficio o a petición de parte y la elaboración de las pre-nóminas es justamente el primer acto mediante el cual de oficio Gendarmería de Chile empieza con el procedimiento. En esta pre-nómina se encontraba don nombre reservado a enero del año 2019.

Sobre la normativa exigible a don nombre reservado para postular a la libertad condicional. Tal como se hizo referencia previamente, a don nombre reservado se le retiró del proceso de postulación ya que Gendarmería de Chile afirma que ya no cumple con los requisitos para acceder a la libertad condicional, ya que en la especie, si bien cumple el tiempo mínimo, no cumpliría con la conducta necesaria, puesto que antes de la Ley N°21.124 se exigían tres bimestres con calificación muy buena, mientras que mediante la nueva ley se elevó el requisito a cuatro bimestres con calificación muy buena. Como don nombre reservado llevaba tres bimestres de calificación muy buena y la tercera seria en Marzo/Abril del año 2019, no alcanzaría a llegar con las cuatro muy buenas a marzo del año 2019. El asunto, es que es improcedente exigir los requisitos modificados tras la Ley N°21.124, porque en su artículo 11, señala: “Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las normas relativas a: a) La organización del sistema de libertad condicional, incluyendo los programas, las características y los aspectos particulares que éstos deberán tener. b) Los informes de Gendarmería de Chile que se contemplan en los artículos 2º, 3° ter, 4°, 5°, 6° y 7° del presente decreto. c)

Las características y requisitos que deberán reunir los delegados de libertad condicional." Y más aún en su artículo transitorio refiere: “El reglamento a que alude el artículo 11 introducido por el artículo primero de la presente ley deberá dictarse dentro del plazo de cuatro meses contado desde su publicación en el Diario Oficial. Tratándose del artículo 6°, referido a los delegados de libertad condicional, entrará en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento a que se refiere el inciso precedente." De ambas normas interpreta que sin la dictación de este reglamento es imposible entender que se encuentran vigentes las modificaciones introducidas por la Ley N°21.124.

Vulneración de derecho de igualdad ante la ley. En el caso sub lite, el afectado, dada su condición de persona privada de libertad como autor del delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, se le sitúa en una posición de desigualdad estructural en el ejercicio de su derecho a la libertad condicional respecto de las demás personas privadas de libertad, esto producto de modificaciones al Decreto Ley N°321, modificaciones que no han podido entrar en vigencia dado que el reglamento, exigido por la misma ley N°21.124, y que debe ser dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no la ha sido hasta la fecha. La importancia del reglamento esta dado que es el medio necesario y obligatorio a través del cual Gendarmería de Chile debe llevar a cabo sus actuaciones y procedimientos. La falta del reglamento consagrado en el artículo 11 de la ley N°21.124, ha llevado a Gendarmería de Chile a la arbitrariedad de exigir condiciones imposibles de ser requeridas, normativamente hablando, toda vez que dicha ley, no ha podido entrar aún en vigencia dado que el Reglamento que debe ser dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no lo ha sido hasta le fecha. Dicho de otra forma,, las exigencias o requisitos que Gendarmería pretende sean cumplidos para dar acceso a la libertad condicional a los penados se sustenta, bajo una apariencia de legalidad, en las condiciones establecidas por una ley que para su ejecución requiere de una normativa que no ha sido dictada hasta la fecha, consecuencia de lo cual la actuación del recurrido se torna discriminatoria, entendida en un esquema de desigualdad irracional, ya que frente a mismas condiciones, se incluyó parte de la población penal al listado y a mi representado no, situación que debe ser corregido por los órganos llamados constitucionalmente a aquello, haciendo mención a los estándares internacionales de derechos humanos.

Asevera que la omisión por parte de Gendarmería de Chile, al no incluirlo dentro del listado para optar a la libertad condicional cumpliendo los requisitos, justificando su actuar bajo apariencia de legalidad, otorgada por el estado mediante publicaciones de leyes que no pueden entrar en vigencia por una deficiencia de la potestad reglamentaria del ejecutivo, configurará una vulneración directa a los derechos de las personas privadas de libertad por delitos del articulo 436 y 440 del Código Penal que no pudiesen postular al beneficio de libertad condicional por ser contemplados en la confección de la lista, como consecuencia de un esquema discriminatorio que los recurridos no pretenden corregir, encontrándose amenazado así el legítimo ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley del internos cuya protección se pide mediante la presente vía constitucional. Dicho lo anterior, entiende que extender la aplicación de los requisitos modificados por la Ley N°21.124 a don nombre reservado y de esta forma excluirlo del proceso a la libertad condicional resulta arbitraria, toda vez que ello constituiría la aplicación de una ley que no se encontraría vigente, imponiéndole a mi representado requisitos diferentes no contemplados dentro de la ley que sí se encuentra vigente, produciéndose así una discriminación arbitraria en relación a los demás condenados que si fueron ingresados a la lista, situación que claramente produce desigualdad ante la ley contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y que debe ser rechazada categóricamente. La presente Acción de Amparo identifica como recurrida al CDP de Angol, por ser la entidad que tras la medida adoptada resto del proceso de libertad condicional al que le correspondía participar don nombre reservado, correspondiente al primer semestre del año 2019.

Por todo lo anterior, y previas citas legales, solicita tener por ejercida la acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado en contra del CDP de Angol representada por el Alcaide, ya que se adoptó por parte de dicha Unidad Penal la medida de restar del proceso de libertad condicional relativo al primer semestre del año 2019 a su representado, ello sin ajustarse a la normativa vigente y aplicable a su respecto, por lo que la discriminación se torna arbitraria e ilegal, solicitando acoger la acción constitucional de protección, se declare la vulneración del derecho constitucional consignado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política, disponiendo como medida que se ordene la incorporación de don nombre reservado al proceso de libertad condicional relativa al primer semestre del año 2019.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Sentencia definitiva dicada en causa RUC 1500764138-6 y que actualmente sirve el condenado don nombre reservado. 2.- Copia de Patrocinio y poder del amparado en cuestión al defensor que suscribe, y la respectiva resolución del Juzgado de Garantía correspondiente.

A folio 6, con fecha 25 de abril del año 2019, informa el SR. DIRECTOR REGIONAL (s) DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA, señalando que el interno nombre reservado, RUN RUT reservado, se encuentra recluido en el Centro de Detención Preventiva de Angol, habitante del módulo A, condenado a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, en causa RIT 1515-2015 del Juzgado de Garantía de Angol, y registra como fecha de inicio de condena el día 11 de agosto de 2015, estimándose como fecha de término el 12 de agosto de 2020, por lo tanto cuenta con fecha de tiempo mínimo el día 12 de febrero de 2018, registra tres bimestres de buena conducta en los periodos Septiembre-Octubre 2018, Noviembre-Diciembre 2018 y Enero-Febrero 2019, afirmando que la decisión del tribunal de conducta del establecimiento penal de no incluir al interno nombre reservado, en las nóminas de postulantes a la libertad condicional para el periodo Marzo 2019, se ha efectuado en cumplimiento a una instrucción de carácter oficial y de aplicación general, a todos los establecimientos penales del país, por parte de la superioridad institucional de Gendarmería, a través del oficio circular N° 47, de fecha 31 de enero de 2019, respecto del cual la jefatura de unidad y el tribunal de conducta del establecimiento, están obligados a dar cumplimiento, lo cual, se realiza para estandarizar la norma en todo el territorio nacional, a objeto de mantener una coherencia en la aplicación de la normativa especializada sobre libertad condicional, haciendo presente que en reiterados fallos de Corte y confirmados por la Excma. Corte Suprema, que la futura y eventual concesión o denegación del beneficio de libertad condicional, no altera la condición de privado de libertad en virtud de sentencia jurisdiccional que tienen los penados, por lo cual, las decisiones preliminares, como la de inclusión o exclusión de las nóminas de postulación a la libertad condicional, no son medidas que vulneren la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución política de la República como sostiene el recurrente, no configurando, algún tipo de afectación al derecho de igualdad ante la ley, razón suficiente para que el recurso no pueda prosperar por improcedente.

Agrega que el principio de irretroactividad es propio de las leyes penales, y tanto el DL N° 321 como la Ley 21.124, no tienen esa calidad, pues son leyes administrativas sobre la ejecución de la pena, y rigen "in Actum". El efecto de irretroactividad fijado en el artículo 19, N° 3 de la Constitución, es propio de las "leyes penales", y que éstas se definen universalmente como aquellas que crean delitos, mediante la tipificación de conductas, y fijan penas asociadas a esas conductas, para el resguardo de bienes jurídicos que resultan relevantes para la sociedad. Esa conceptualización de las leyes penales, afectas al principio constitucional de irretroactividad, no comprende a la norma en debate, como es la Ley 21.124 o el DL N° 321, las cuales, por naturaleza y fines, deben ser calificadas y entendidas, como leyes administrativas relativas a la ejecución penal, y por tanto, el debate sobre su irretroactividad es un problema ficticio, pues las leyes administrativas se rigen por el principio "In Actum". En efecto, uno de los debates anteriores más frecuentes sobre el tema de la naturaleza y la aplicación en el tiempo de la antigua ley de libertad condicional, que por años genero polémicas entre diversos actores del sistema, ha sido resuelto explícitamente por el legislador en el artículo 9 de la ley 21.124, al establecer, expresamente que "se entenderá que los requisitos para la obtención del beneficio de libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación", y habiendo entrado en vigencia la citada ley, el día 18 de enero de 2019, no cabe duda que los requisitos exigibles a los penados para ser postulados al proceso de Marzo de 2019, son los que fija la ley vigente a partir de esa fecha, descarándose toda posibilidad de aplicar la ley vigente al momento del delito o del inicio de la condena, alternativas que han sido claramente excluidas por el legislador, despejando el debate privado. En efecto, y cualquiera sea la argumentación que se emplee acerca de cuál sea el momento de inicio de la postulación, o si puede haber derechos adquiridos en materia de postulación a un beneficio, {alternativas todas que son ajenas e impropias del texto legal vigente, que ha modificado la naturaleza de la libertad condicional), la nueva norma ha fijado un estándar claro y explícito, en cuanto a la aplicación temporal de las normas que fijan los requisitos para postular, y siendo su tenor literal claro, no cabe a los interpretes distinguir, menos aún si dichas interpretaciones conducen a hacer eficaz o inaplicable la nueva norma, que sin duda, ya desde su mensaje ha sido clara en cuanto a su intención de elevar las exigencias que se imponen a los penados para postular a la libertad condicional.

A mayor abundamiento, señala que el DL N° 321, fija una fecha concreta en la cual los tribunales de conducta deben tener elaboradas las nóminas de postulantes, y esa fecha es, para el primer semestre, el 25 de marzo, la que es muy posterior al inicio de la vigencia de la nueva ley, por lo tanto no hay ninguna base para sostener que los postulantes a ser incorporados en las nóminas de marzo, pueden estar sujetos a una normativa anterior a la ley 21.124, pues esa es la normativa actualmente vigente y de plena obligatoriedad para la administración penitenciaria, motivo por lo que solicita el rechzo del recurso.

Acompaña junto al informe los siguientes antecedentes: 1.- Oficio Circular N° 47 del 31 de Enero de 2019, emitida por el Subdirector Operativo de Gendarmería de Chile; 2.-Ficha Unidad de Condenado nombre reservado; 3.-Ficha Control de Conducta del condenado nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que la acción de protección que contempla la Carta Fundamental, es un procedimiento eminentemente cautelar que tiene por objeto subsanar de modo urgente y excepcional un hecho en que una persona hubiere sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías de alguno o algunos de aquellos que contempla la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que son hechos no controvertidos en estos antecedentes, por cuanto constan de lo señalado por las partes y se encuentran ratificados en la información aportada por la Ficha Única de Condenado, las siguientes circunstancias:

a) El amparado fue condenado a la pena 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, según consta en sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol con fecha 28 de diciembre de 2015, siendo el término de la condena el 12 de agosto del año 2020, y el tiempo mínimo para postular a beneficios el 12 de Febrero del año 2018.

b) El amparado registra tres bimestres de buena conducta en los periodos Septiembre-Octubre 2018, Noviembre-Diciembre 2018 y Enero-Febrero 2019.

TERCERO: Que el Decreto Ley 321, dispone en el inciso 2° de su artículo 1° la libertad condicional, de ese decreto ley, no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por el condenado y según las disposiciones que se dicten en dicho instrumento y en el en el reglamento respectivo.

CUARTO: Que con arreglo a lo que dispone el artículo 9° de la Ley de Libertad Condicional –en su texto reformado por la Ley N° 21.124- “Para los efectos del presente decreto ley, se entenderá que los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación”.

QUINTO: Que, de este modo, al tiempo de la postulación del amparado al beneficio de la libertad condicional, ya estaban rigiendo las exigencias contempladas en el artículo 3° del D.L. N° 321, de manera que es condición necesaria para la procedencia del beneficio aludido el cumplimiento de conducta intachable, traducido en que tenga nota “muy buena” en los cuatro bimestres anteriores a su postulación.

SEXTO: Que, por lo tanto, el asunto propuesto en la acción constitucional de amparo ha sido resuelto por la ley en términos que Gendarmería ha ajustado su proceder a Derecho, lo que determina que debe ser desestimado el recurso de amparo deducido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el nombre reservado deducido por don nombre reservado, abogado, defensor penal privado, por el condenado nombre reservado, en contra del CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE ANGOL.

Rol N°Protección-2059-2019.(gll)