nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco.

Temuco, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 22 de mayo de 2026, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones. Señala como acto ilegal y arbitrario la decisión comunicada electrónicamente por AFP Modelo el 22 de abril de 2026, mediante la cual se rechazaron las solicitudes de devolución de fondos previsionales formuladas por el actor al amparo de la Ley N° 18.156, respecto de cotizaciones enteradas durante sus relaciones laborales con Comercial Gadol Ltda. y con la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo La Florida.

Expone que solicitó la devolución a través del portal electrónico de la Administradora y que, como el sistema no permitía incorporar en una sola gestión la totalidad de los empleadores, debió presentar solicitudes separadas. Afirma que cumple las condiciones legales para acceder al beneficio, pues posee la calidad de profesional extranjero, mantiene afiliación al sistema de seguridad social de Venezuela y ha expresado su voluntad de conservarla. A su juicio, la recurrida efectuó una lectura excesivamente formal de la Ley N° 18.156 y agregó exigencias que el legislador no estableció.

En lo relativo a la manifestación de voluntad exigida por la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, sostiene que el anexo contractual mediante el cual se dejó constancia de su decisión de permanecer afiliado al régimen previsional extranjero tiene naturaleza consensual y que la ley no establece una época determinada para su suscripción. Agrega que la relación laboral es asimétrica y que la formalización del anexo depende también de la voluntad del empleador, por lo que estima improcedente desconocer su eficacia por razones temporales no contempladas expresamente en el texto legal.

Respecto de la afiliación al régimen de seguridad social extranjero, refiere que acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Señala que el documento contiene un código alfanumérico que permite verificar su autenticidad en el portal oficial del organismo y que, además, es posible efectuar la comprobación mediante los mecanismos de consulta habilitados por la propia institución. Sostiene que esa trazabilidad electrónica demuestra que se trata de un antecedente oficial emanado de la autoridad competente y que no corresponde restarle valor por carecer de una formalidad adicional que, según afirma, la Ley N° 18.156 no exige.

Añade que el documento da cuenta de un sistema que contempla prestaciones por las contingencias señaladas en el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y que otras administradoras de fondos de pensiones habrían aceptado constancias de semejante naturaleza en trámites análogos. Sobre esa base denuncia un trato desigual y sostiene que la decisión de AFP Modelo desconoce el propósito de la normativa, que permitiría a los trabajadores técnicos extranjeros recuperar las cotizaciones enteradas en Chile cuando mantienen la protección previsional de su país de origen.

El recurrente también invoca la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile y las dificultades que esa situación ocasiona para obtener documentos legalizados o apostillados. Estima que ello configura una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor y que no puede exigírsele una actuación que, en los hechos, resultaría de muy difícil cumplimiento. En respaldo de su posición cita diversos pronunciamientos judiciales, entre ellos las sentencias de la Excma. Corte Suprema roles N° 28.881-2022, N° 96.380-2021 y N° 7.254-2025, además de decisiones de Cortes de Apelaciones que, según expresa, habrían acogido una interpretación menos formalista de la normativa en casos de trabajadores venezolanos.

Sostiene que el rechazo vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Solicita que se acoja el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene emitir un nuevo pronunciamiento acerca de las solicitudes y que, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos previsionales reclamados, adoptándose las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Al primer otrosí acompañó copia de la cédula de identidad para extranjeros de don nombre reservado, la carta de rechazo de AFP Modelo de 22 de abril de 2026, la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el título profesional apostillado y los demás antecedentes individualizados en su presentación.

A folio 7, con fecha 10 de junio de 2026, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones. Como cuestión previa sostiene que la controversia excede el ámbito propio de la acción de protección, pues, en su concepto, el recurrente pretende que se declare un derecho a retirar fondos previsionales cuya procedencia depende de acreditar el cumplimiento de requisitos legales discutidos. Añade que la tutela cautelar exige un derecho preexistente e indubitado y que no constituye una vía destinada a sustituir un procedimiento declarativo cuando la existencia misma del derecho es controvertida.

En cuanto a su participación en los hechos, la Superintendencia informa que don nombre reservado no registra reclamo ni presentación alguna ante ese Servicio respecto de la devolución que origina esta causa. Agrega que el libelo tampoco individualiza una resolución, actuación u omisión concreta del órgano fiscalizador que haya afectado al recurrente, pues el acto material cuya revisión se solicita corresponde a la decisión adoptada y comunicada por AFP Modelo. Por ello pide que el recurso sea rechazado a su respecto y, subsidiariamente, desestimado también por razones de fondo.

Sobre la normativa aplicable, explica que la Ley N° 18.156 contempla un régimen especial para trabajadores técnicos extranjeros y que los requisitos de sus artículos 1° y 7° son copulativos. Hace presente, asimismo, que el Decreto Ley N° 3.500, el D.F.L. N° 101 de 1980 y la Ley N° 20.255 atribuyen a la Superintendencia facultades para interpretar administrativamente la legislación previsional, impartir instrucciones generales obligatorias a las Administradoras y fiscalizar su cumplimiento, marco dentro del cual se ha dictado el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

En relación con la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, señala que el Libro II, Título XI, del Compendio exige acreditar la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero mediante certificación emanada de la institución competente, debidamente legalizada, en la que conste que el trabajador cuenta con cobertura, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Explica que, de manera excepcional, también se ha admitido certificación expedida por la representación diplomática o consular correspondiente cuando actúe en representación de la autoridad previsional extranjera.

A juicio de la Superintendencia, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada por el actor no satisface esas exigencias porque carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada, no individualiza las prestaciones que efectivamente cubrieron al recurrente y tampoco permite establecer con precisión el período durante el cual habría gozado de esa protección. Indica que la sola inclusión de un código de verificación electrónica permite comprobar la existencia del documento, pero no reemplaza los requisitos exigidos para que una certificación extranjera produzca los efectos que se pretenden en Chile. Añade que la declaración jurada otorgada ante notario por el propio interesado tampoco constituye certificación emanada de la institución de seguridad social extranjera.

En lo concerniente a la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, informa que, respecto de Comercial Gadol Ltda., el anexo en que el recurrente manifestó su intención de mantener la afiliación al régimen venezolano fue suscrito después de terminada la relación laboral. Invoca al efecto los Oficios N° 3.787, de 7 de marzo de 2023, y N° 9.568, de 26 de mayo de 2023, que exigen que la manifestación conste en el contrato o en un anexo mientras el vínculo se encuentre vigente y descartan que un instrumento otorgado una vez finalizada la relación pueda acreditar ese presupuesto.

Respecto de la alegación de fuerza mayor, la Superintendencia sostiene que el término de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela puede tornar más compleja la regularización de los documentos, pero no la hace imposible. Cita decisiones judiciales según las cuales existen vías alternativas para realizar la gestión, entre ellas representaciones consulares venezolanas en terceros países y mecanismos habilitados por las autoridades de relaciones exteriores de Venezuela. Concluye que ni ella ni la Administradora han incurrido en ilegalidad o arbitrariedad y solicita el rechazo de la acción.

A folio 11, con fecha 25 de junio de 2026, comparece don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de AFP Modelo S.A., y evacua el informe requerido. Señala que el 21 de abril de 2026 el recurrente presentó dos solicitudes de devolución de fondos previsionales en virtud de la Ley N° 18.156, correspondientes a cotizaciones enteradas por Comercial Gadol Ltda. y por la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo La Florida. Para acreditar los requisitos acompañó su título profesional, una Constancia Electrónica de Cotizaciones, una declaración jurada notarial y los contratos de trabajo con sus respectivos anexos.

La Administradora expresa que revisó esos antecedentes de acuerdo con la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y las instrucciones impartidas por la Superintendencia. En cuanto a Comercial Gadol Ltda., consigna que el anexo contractual fue suscrito el 20 de noviembre de 2025, cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente. Por esa razón estimó incumplido el requisito de la letra b) del artículo 1°, conforme a los criterios administrativos que exigen que la voluntad de mantener la afiliación extranjera sea expresada mientras subsiste el vínculo laboral.

AFP Modelo agrega que la documentación presentada para acreditar el requisito de la letra a) tampoco resulta suficiente. La Constancia Electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituye, a su juicio, una certificación de afiliación que individualice la cobertura del actor durante toda la relación laboral, carece de firma y no se encuentra legalizada o apostillada. La declaración jurada de 17 de febrero de 2026 tampoco emana de la entidad extranjera competente ni de una representación diplomática que actúe por ella. Sobre esa base, sostiene que la deficiencia documental afecta las dos solicitudes y que, respecto de Comercial Gadol Ltda., concurre además el defecto relativo a la oportunidad del anexo.

La Administradora niega haber incorporado condiciones extrañas a la ley y afirma que, como entidad fiscalizada, debe aplicar las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Cita, entre otros antecedentes, la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 28.528-2025, relativa al incumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 cuando la manifestación de voluntad se documenta tardíamente y la certificación previsional presenta deficiencias. Solicita, en definitiva, que el recurso sea rechazado con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una vía cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, una persona sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías expresamente tuteladas por ese precepto. En consecuencia, no basta la disconformidad del afectado con una decisión administrativa o privada, sino que es necesario verificar que la conducta reprochada contradiga el ordenamiento jurídico o carezca de fundamento razonable y que, además, produzca una afectación constitucional susceptible de ser reparada mediante medidas urgentes de tutela.

SEGUNDO: Que la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si el rechazo comunicado por AFP Modelo el 22 de abril de 2026, respecto de las solicitudes de devolución formuladas por don nombre reservado, se ajustó a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156 y en la normativa dictada para su aplicación. Debe resolverse, asimismo, si existe una actuación propia de la Superintendencia de Pensiones que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria y que justifique dirigir contra ella la presente acción.

TERCERO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone, en lo pertinente, que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y ese personal quedarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas para dichos contratos cuando concurran dos condiciones: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener esa afiliación. A su turno, el artículo 7° permite a los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones en una Administradora solicitar su devolución siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

CUARTO: Que no existe controversia en cuanto a la calidad técnica o profesional del actor, quien acompañó un título debidamente apostillado. La negativa de la Administradora se sustenta, en cambio, en dos objeciones distintas que conviene examinar separadamente. La primera se refiere únicamente a las cotizaciones provenientes de Comercial Gadol Ltda. y dice relación con la oportunidad en que el recurrente manifestó su voluntad de mantener la afiliación al régimen venezolano. La segunda es común a las dos solicitudes y concierne a la suficiencia de los antecedentes presentados para acreditar que el actor se encontraba afiliado a un sistema extranjero que le otorgaba las coberturas mínimas exigidas por la ley.

QUINTO: Que respecto de Comercial Gadol Ltda. la carta de rechazo consigna que el anexo contractual fue suscrito el 20 de noviembre de 2025, cuando la relación laboral ya había terminado. El recurrente no controvierte ese dato temporal, sino que sostiene que la Ley N° 18.156 no fija una oportunidad específica para formalizar la manifestación de voluntad. Sin embargo, el texto de la letra b) del artículo 1° exige que aquella expresión conste en el contrato de trabajo respectivo, lo que vincula necesariamente la declaración con una relación laboral existente y con el régimen previsional aplicable durante su vigencia. Una declaración otorgada cuando el contrato ya se encuentra extinguido no puede, por sí sola, alterar retroactivamente el estatuto bajo el cual se enteraron las cotizaciones durante una relación terminada.

SEXTO: Que esta comprensión coincide con las instrucciones administrativas invocadas en los informes. El Oficio N° 3.787, de 7 de marzo de 2023, precisa que la voluntad de mantener la afiliación al país de origen debe incorporarse en el contrato de trabajo mientras la relación laboral se encuentre vigente; y el Oficio N° 9.568, de 26 de mayo de 2023, señala que un anexo suscrito más allá de esa vigencia no sirve para acreditar el cumplimiento de la letra b) del artículo 1°. Tales instrucciones no crean un requisito diferente del previsto por el legislador, sino que precisan la forma en que debe comprobarse una condición que la propia ley exige que conste en el contrato de trabajo.

SÉPTIMO: Que resulta pertinente, sobre este punto, la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 3 de noviembre de 2025, Rol N° 28.528-2025. En ella se examinó una solicitud de devolución de fondos de un trabajador extranjero que había acompañado un anexo fechado varios años después del inicio de la relación laboral. El máximo tribunal tuvo presente que ese instrumento no permitía acreditar adecuadamente el cumplimiento de la exigencia de manifestar en el contrato la voluntad de permanecer afiliado al sistema extranjero y concluyó que la Administradora no había incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad al exigir el cumplimiento íntegro de los presupuestos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156. Si bien los antecedentes temporales de aquel caso no son idénticos a los de autos, el criterio es aplicable en cuanto confirma la necesaria vinculación de la declaración con la relación laboral a la que pretende producir efectos.

OCTAVO: Que la segunda objeción se refiere a la forma de acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. El Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que el trabajador debe acompañar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Asimismo, según los antecedentes informados, la autoridad fiscalizadora ha admitido que, en determinadas circunstancias, esa acreditación pueda efectuarse mediante certificación expedida por la embajada o consulado respectivo cuando actúe en representación de la institución extranjera competente. La exigencia de regularización de documentos otorgados fuera de Chile se relaciona además con las reglas contenidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

NOVENO: Que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por el recurrente no reúne esos presupuestos. El documento contiene un código de verificación electrónica y menciona, en términos generales, las contingencias que ampara la legislación venezolana; sin embargo, carece de firma autorizada, no se encuentra legalizado ni apostillado y no certifica en forma individualizada que don nombre reservado haya contado, durante los períodos correspondientes a sus servicios en Chile, con cobertura efectiva por todas las contingencias mínimas contempladas en la letra a) del artículo 1°. La posibilidad de verificar electrónicamente que un documento existe no equivale, por sí sola, a demostrar que éste reúne las condiciones necesarias para producir el efecto jurídico que se pretende atribuirle.

DÉCIMO: Que tampoco resulta suficiente la declaración jurada de 17 de febrero de 2026. Aun cuando se trate de un instrumento otorgado ante ministro de fe chileno, su contenido proviene del propio interesado y no de la institución de seguridad social extranjera llamada a certificar la afiliación, las coberturas y el período durante el cual éstas se mantuvieron. La exigencia recae precisamente sobre circunstancias que pertenecen al ámbito de competencia de la autoridad previsional del país de origen, de modo que una declaración unilateral no puede sustituir la certificación institucional requerida.

DÉCIMO PRIMERO: Que la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 25 de marzo de 2026, Rol N° 13.807-2026, resulta especialmente ilustrativa para resolver esta segunda objeción. En ese asunto también se acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El fallo reprodujo las exigencias del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de los pronunciamientos administrativos pertinentes, destacando que la certificación destinada a acreditar la afiliación y las coberturas debe cumplir determinadas formalidades, y concluyó que no era ilegal ni arbitrario rechazar la devolución cuando el antecedente aportado no se encontraba firmado ni legalizado o apostillado y no acreditaba suficientemente la cobertura individual del solicitante. Se trata, por tanto, de un precedente directamente relacionado con el defecto documental discutido en estos autos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que la alegación fundada en la ruptura de relaciones consulares entre Chile y Venezuela tampoco permite prescindir de los requisitos anteriores. El mismo fallo Rol N° 13.807-2026 abordó la imposibilidad material invocada para legalizar o apostillar documentos y sostuvo que, si bien la situación consular dificulta la gestión, no la hace imposible, atendida la existencia de mecanismos alternativos para efectuarla mediante sedes consulares venezolanas en terceros países o a través de los procedimientos habilitados por las autoridades venezolanas. De esta manera, la dificultad práctica alegada por el recurrente no transforma la exigencia documental en una carga jurídicamente imposible ni autoriza a la Administradora para tener por acreditado un requisito que los antecedentes presentados no demuestran en la forma prevista por la regulación aplicable.

DÉCIMO TERCERO: Que los pronunciamientos invocados por el recurrente en apoyo de una interpretación más flexible no conducen a una conclusión distinta. El Rol N° 7.254-2025 de la Excelentísima Corte Suprema, citado en relación con las dificultades para obtener documentación venezolana, fue dictado en una controversia de naturaleza migratoria, de modo que su fundamento no puede trasladarse automáticamente a los requisitos específicos que regulan la devolución de cotizaciones previsionales. Por su parte, la existencia de decisiones anteriores que hayan valorado de otro modo determinados antecedentes no libera a esta Corte de examinar las circunstancias concretas de la causa, especialmente cuando los fallos roles N° 28.528-2025 y N° 13.807-2026 se pronuncian sobre aspectos directamente coincidentes con los defectos que aquí fundan el rechazo.

DÉCIMO CUARTO: Que tampoco basta, para configurar una infracción a la igualdad ante la ley, la afirmación de que otra Administradora habría aceptado documentos semejantes. No se acompañan antecedentes que permitan establecer identidad entre los casos, conocer la documentación completa presentada en esas otras solicitudes o verificar si concurrían los mismos reparos que se observan en la especie. En cambio, la decisión impugnada expresa motivos concretos y se apoya en las instrucciones generales impartidas por el órgano fiscalizador, de modo que no aparece como una diferenciación caprichosa dirigida específicamente contra el recurrente.

DÉCIMO QUINTO: Que conforme a lo razonado, la decisión de AFP Modelo se encuentra suficientemente fundada. En lo relativo a Comercial Gadol Ltda., el actor no acreditó que la voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional venezolano hubiese sido expresada en el contrato o en un anexo otorgado mientras la relación laboral estaba vigente; y, adicionalmente, la documentación acompañada no acredita en forma idónea el requisito de cobertura previsional extranjera. Respecto de la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo La Florida, aun cuando no se formula el mismo reparo temporal al anexo, subsiste la insuficiencia de la certificación previsional, defecto que por sí solo impide tener por cumplidas copulativamente las condiciones de los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156.

DÉCIMO SEXTO: Que en estas circunstancias no se advierte que la Administradora haya actuado al margen de la ley o por mero capricho. Su decisión identifica las razones del rechazo, distingue las deficiencias que afectan a cada solicitud y se sustenta en el marco normativo que regula un beneficio sujeto al cumplimiento de condiciones determinadas. El hecho de que el recurrente discrepe de la interpretación seguida no transforma, por sí mismo, la decisión en arbitraria, especialmente cuando las exigencias aplicadas han sido reconocidas en los pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema antes referidos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en cuanto a la Superintendencia de Pensiones, consta de su informe que don nombre reservado no formuló reclamo ni presentación previa ante ese organismo respecto de los hechos que originaron el recurso. El libelo tampoco identifica una resolución, actuación u omisión concreta de la Superintendencia que haya decidido sobre la situación particular del actor. El antecedente que da origen inmediato a la acción es la comunicación emitida por AFP Modelo el 22 de abril de 2026. Por consiguiente, falta respecto del órgano fiscalizador un acto u omisión propio susceptible de ser calificado como ilegal o arbitrario y de ser corregido mediante la presente tutela.

DÉCIMO OCTAVO: Que descartada la ilegalidad y arbitrariedad, tampoco se configura la vulneración constitucional denunciada. En cuanto al derecho de propiedad, la negativa a acceder al mecanismo especial de devolución no desconoce la titularidad del recurrente sobre los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, sino que determina que, con los antecedentes actualmente aportados, no se acreditan las condiciones legales para disponer de ellos por la vía excepcional prevista en la Ley N° 18.156. Los fondos permanecen sujetos al régimen previsional general y la decisión impugnada no importa su pérdida ni transferencia a un tercero.

DÉCIMO NOVENO: Que por todo lo expuesto la acción no puede prosperar respecto de ninguna de las recurridas. En cuanto a las costas, atendida la naturaleza de la materia debatida, la existencia de distintas decisiones judiciales invocadas por las partes y el carácter interpretativo de algunos de los aspectos discutidos, no se advierte mérito suficiente para imponerlas al recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de la Acción de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta a folio 1 por don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del Ministro señor Álvaro Mesa Latorre.

Rol N° Protección-2054-2026 (maf).