nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece PATRICIO ARIEL CORNEJO GONZÁLEZ, abogado, e interpone acción de protección a favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, Rut N° RUT reservado, representado legalmente por nombre reservado, Gerente General, o quien lo reemplace o subrogue, y el ejecutivo de crédito de la sucursal doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

FUNDAMENTOS DE HECHO.

Que, con fecha 19 de febrero del año 2022, doña nombre reservado, recibe su liquidación de sueldo y verifica que tiene un descuento de la Caja de Compensación La Araucana, por un valor de $ 151.538.- y concurre en forma personal a dicha institución y donde se le informa que el descuento por la cantidad de $ 151.538.- por orden de la Caja de Compensación Los Andes, y por ende se encontraba correcto en virtud de un convenio existente entre las cajas de compensación denominado "Convenio intercajas".

Que, para clarificar la situación es lo siguiente, la recurrida con fecha 31 de abril del año 2018, solicito un crédito en la Caja de Compensación Los andes, por un monto de $ 2.001.572.- pagadero en 35 cuotas iguales y sucesivas de $ 146.915.- de las cuales pudo pagar hasta la cuota 7, porque fue desvinculada de su trabajo, existiendo un seguro de cesantía el cual no fue reconocido ni cumplido.

Que, en el mes de julio del 2018 ingresa a Trabajar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y este año en el mes de enero y febrero 2022, al recibir su liquidación de sueldo existe el descuento por el valor de $ 151.538.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En la especie, el hecho concreto, preciso y específico mediante el cual la Caja de Compensación asignación Familiar La Araucana, recurrida conculca los derechos constitucionales de doña nombre reservado, al descontar cuotas de un crédito de consumo social, regulado en la Ley 18.833, de septiembre de 1989 y las modificaciones introducidas por la Ley 20.343, el artículo 16 de la Ley N° 19.539, EL Decreto Supremo N° 91, de noviembre de 1978, modificado por el Decreto Supremo 54 de marzo de 2008, ambos del Ministerio del Trabajo y previsión Social y las Circulares N° 2052 y sus modificaciones, todas de la Superintendencia de Seguridad Social.

DEL MARCO LEGAL REGULATORIO DEL TEMA EN DISCUSIÓN.

Conforme a esta Ley del contrato, el derecho de propiedad, analizado el marco legal regulatorio a partir del cual la Caja de Compensación de Asignación de los Andes, pretende justificar el acto que esta parte reprocha de ilegal y arbitrario, a continuación pasaremos a exponer los motivos y fundamentos por los cuales se recurre de protección en contra de la negativa de crédito.

ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO POR FALTA DE INFORMACIÓN SUFICIENTE Y OPORTUNA.

Este derecho a la información del afiliado y trabajador ha sido vulnerado por el acto recurrido, ya que, la información verbal proporcionada por la Caja de Compensación Los Andes, en su comunicación es INSUFICIENTE E INOPORTUNA como pasaré a explicar. La información entregada es INSUFICIENTE, pues la razón de hecho invocada no aparece justificada o respaldada en ningún antecedente fidedigno acompañado en la comunicación verbal lo que vulnera el derecho de ser informado por escrito de la razones del rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deberán fundarse en condiciones objetivas. La ley del ramo ampara el derecho a la información del afiliado y trabajador, motivo por el cual la recurrida está obligado a darle una información suficiente y oportuna al afiliado y trabajador en la comunicación que le dirija, la que debe bastarse por sí misma, en la comunicación verbal sólo se limita a informar de manera generalizada y vaga su justificación de negativa, pero no entrega ningún antecedente o documento que justifique razonablemente.

En efecto, ya en jurisprudencia pasada sobre la materia, la Excma. Corte Suprema reprochaba que se vulnere el derecho a la información por escrito del rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deberán fundarse en condiciones "objetivas".

Todo lo expuesto obliga a concluir que las Caja de Compensación la Araucana, actuó arbitrariamente al negar el crédito en forma ilegal, por cuanto procedió a ello sin justificación razonable, en cuya única virtud pudo válidamente actuar, y por consiguiente, dicho acto importa sendas actuaciones ilegales y arbitrarias, que privan, perturban y amenazan al afiliado trabajador, recurrente en el legítimo ejercicio de diversos derechos y garantías constitucionales, a saber:

DE LOS DERECHOS VULNERADOS, AMENAZADOS Y/O PERTURBADOS.

ARTÍCULO 19 N° 24. EL DERECHO DE PROPIEDAD EN SUS DIVERSAS ESPECIES SOBRE TODA CLASE DE BIENES CORPORALES O INCORPORALES.

El descuento de dinero y evitar la incorporación al patrimonio activo del afiliado o trabajador del bien incorporal constituido por el conjunto de derechos personales emanados de dicho contrato, y la afiliación de este con la Caja de Compensación la araucana, por consiguiente, la negativa del crédito de dinero a mi representado afecta incuestionablemente un bien de carácter incorporal de índole patrimonial, con contenido económico. En efecto, se reprocha, que al afiliado sufrió una privación y disminución real de su patrimonio al no cumplir con su compromiso comercial, privándolo de su derecho al crédito, siendo que el contrato de trabajo con su empleador, lo cual constituye un atentado claro y preciso a la expresada garantía constitucional. La conducta reprochada se traduce en un gravamen económico para el afiliado que vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad que le asiste sobre los derechos que emanan del contrato entre las partes que tiene con la recurrida.

En concreto, el acto de revisión, de parte de los ejecutivos denominado acto administrativo interno, de la Caja Compensación de Asignación Familiar La araucana, está facultada para establecer un Régimen de Crédito Social, el que tiene por finalidad permitir a sus afiliados, el acceso a un sistema de crédito orgánico, permanente e institucional, y este fue negado sin motivo, fundamento, ni razón a su solicitud de crédito amparado en el reglamento particular del régimen de prestaciones de crédito social, por lo que cabe calificarlo al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, como arbitrario, perturbando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que asiste al recurrente respecto del contrato de trabajo, entre las partes, toda vez que dicha actitud determinada en forma unilateral e injustificada por la recurrida, afecta en forma directa su patrimonio, al obligársele a efectuar sin la debida justificación, una disminución del patrimonio de su familia. En este sentido, la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, la recurrida atenta arbitrariamente en contra del patrimonio del afiliado recurrente, por la vía de un descuento unilateral de cuotas de un crédito, que representaría el acto arbitrario e ilegal para poder mantener las actuales condiciones contractuales.

Por lo que pide acoger el recurso, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle a la actora la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y en definitiva, ordenar que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal del descuento de las cuotas del crédito, con costas.

Documentos:

1. Liquidación de Sueldo. - 2.

Correo electrónico de la Caja de Compensación La Araucana.

3. Jurisprudencia de la Corte Suprema.

Al folio N°9, informa la Caja Compensación La Araucana, solicitando el rechazo.

I. ANTECEDENTES DEL CASO:

1) Se interpone la presente acción constitucional en atención a que el 19 de febrero del año en curso la recurrente verifica un descuento aplicado en su remuneración por la suma de $151.538 pesos, a solicitud de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana —en adelante "La Araucana C.C.A.F."--, por lo que al concurrir a dicha entidad le informan que el descuento es a solicitud de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, —en adelante "Los Andes C.C.A.F." en virtud de un convenio intercajas, el cual indica es abusivo, arbitrario e ilegal, además indica que existe falta de información suficiente y oportuna para aplicar el descuento y al rechazar un crédito solicitado, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución, solicitando el cese de los descuentos.

2) Para ilustrar de mejor forma acerca del acaecimiento de los hechos a S.S.I., ya que estos son confusos es menester señalar que doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, NO figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, mi representada a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de esta, ha informado a su empleador de la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G., y de las normas legales que se pasarán a desarrollar en el siguiente acápite.

Cabe agregar que esta Caja de Compensación a la fecha NO le ha negado ningún crédito a la recurrente ni tampoco el entregarle la respectiva información, lo anterior se puede observar en el propio correo acompañado por la recurrente en el primer otrosí en el que claramente consta el correo de la Caja de Compensación de Los Andes más no de La Araucana C.C.A.F., y menos negando información o un crédito.

II. ANTECEDENTES DE FONDO:

El artículo 1° de la Ley 18.833, establece que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social y se encuentran regidas por la referida ley y sus reglamentos, sus estatutos particulares y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil. En lo relativo a las prestaciones que administran, cabe señalar que, respecto de todos sus afiliados, las Cajas de Compensación, entre otras funciones, administran prestaciones de seguridad social, consistentes en el régimen de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias.

En relación con el crédito social, cabe señalar que se trata de una prestación de seguridad social que otorgan las C.C.A.F. a sus afiliados, consistente en préstamos en dinero otorgados al trabajador o pensionado afiliado para finalidades relacionadas con las necesidades de éstos y de sus causantes de asignación familiar. La naturaleza de prestación de seguridad social del crédito social se manifiesta concretamente en una serie de aspectos que los diferencian significativamente respecto de otro tipo de préstamos, como lo es el mecanismo de pago, la tasa de interés, límites de descuento y límites de endeudamiento. Además, el marco normativo vigente establece un monto máximo de endeudamiento por concepto de crédito social.

Adicionalmente, en cuanto a la naturaleza jurídica que corresponde atribuir a los créditos sociales, se debe tener presente que el Fondo Social de las C.C.A.F. se sustenta principalmente en los intereses obtenidos por el otorgamiento de créditos sociales a sus afiliados y es con cargo a dicho fondo que las Cajas de Compensación, en su calidad de entidades de previsión social, deben cumplir con las diversas funciones que establece la Ley 18.833. En efecto, el referido Fondo Social permite a las Cajas no sólo financiar sus gastos operacionales, lo que resulta indispensable para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sino, además, posibilita el acceso a nuevos créditos sociales por parte de trabajadores y pensionados afiliados, y a los demás beneficios de seguridad social, tales como bonos por natalidad, nupcialidad y fallecimiento; bonos por becas escolares, prestaciones de salud y prestaciones de carácter recreacional, entre otros beneficios vinculados con el bienestar social de los mismos.

Así entonces, existe un claro vínculo entre el destino de los dineros recaudados por concepto de crédito social y las prestaciones de seguridad social que brindan las Cajas a todos sus afiliados, que determina que, las Cajas de Compensación están obligadas al resguardo del Fondo Social, al cumplir un rol social determinado por el legislador, es por ello que los principios y normas que imperan al establecer un régimen de seguridad social son de orden público, normas que también alcanzan lo relacionado con la recaudación y cobro de las cuotas de crédito social, importante fuente de financiamiento de las Cajas en las que ni siquiera existe un interés pecuniario detrás sino la prestación de un servicio de seguridad social que interesa a toda la sociedad.

Dado lo anteriormente expuesto, y a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social en uso de sus facultades fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 2o letra "B" de la Ley N°16.395, referente a la Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en Circulares N°2052 del año 2003 y N°3567 del 2021 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Circulares, que define a la prestación denominada crédito social como "un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza".

Es en este contexto y para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado "Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar", que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos.

Cabe agregar que en este contrato además es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de la citada Ley.

Lo expuesto precedentemente se encuentra refrendado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) organismo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3o de la Ley 18.833 tiene a su cargo la fiscalización y supervigilancia de las C.C.A.F. al tenor del artículo 2o de la Ley 16.395 fija, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia, tal como puede apreciarse, de entre varios, así en el Dictamen 56554-2015 establece: "...En cuanto al procedimiento de cobro seguido por la C.C.A.F. "B", por el crédito otorgado por la C.C.A.F. "A", esta Superintendencia informa que, efectivamente, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar ha implementado un sistema de recaudación intercajas, que consiste en un procedimiento integrado de recaudación de deudas pendientes o vigentes de las C.C.A.F. provenientes de los créditos sociales otorgados. Dicho sistema opera cuando el trabajador deja la entidad empleadora y es contratado por otra que se encuentra afiliada a otra Caja y cesa el respectivo descuento por planilla de la deuda. Este sistema permite que sea la Caja de Compensación de la última afiliación, la que recaude las deudas contraídas con anterioridad, con el objeto de incentivar un ordenamiento financiero y evitar el sobreendeudamiento. Ahora bien, respecto a la obligación del empleador de efectuar los descuentos de su remuneración, se indica que, según lo establece el artículo Io de la Ley N° 18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, motivo por el cual las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, su nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora, las sumas que usted adeude por concepto de crédito social, sin que sea necesario, para dicho efecto, contar con su autorización, razón por la cual usted no puede negarse a que se le efectúen los descuentos de que se trata".

Es del caso además señalar que, los descuentos que se efectúan por medio del Sistema InterCajas, no sólo es validado por la jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989 de 13 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Seguridad Social, sino además por la Dirección del Trabajo conforme Dictamen N°4527/093 del año 2011, e incluso por la Excelentísima Corte Suprema que en los considerandos 3°,4° y 5o, de sentencia dictada el 21 de abril 2016 Rol N°15032-2016.

Es por lo expuesto precedentemente que una vez detectado a quien mantiene una deuda ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, esta se incorpora en la respectiva nómina, con el objeto de aplicar el correspondiente descuento por parte de la entidad pagadora de su remuneración, reteniendo y remesando la cuota descontada a la Caja diputada para recibir el pago conforme Sistema InterCajas, la que a su vez lo remesa a la Caja acreedora, mecanismo que es legal y carece de arbitrariedad, todo lo anterior en razón a la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de proteger el fondo social.

Por otra parte, los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que prescribe: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales ", aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación, en concordancia con el artículo 11 inciso Io del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones ", y con el artículo 22 inciso 1o de la Ley N°17.322, que dispone: "Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.", aplicación de carácter obligatorio para los empleadores.

Además, se debe tener presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: "El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”

Normas que en resumen describen el mecanismo del pago del crédito social, que opera, valga la redundancia, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador y la obligación legal de este de remesar dicho descuento.

En consecuencia, conforme lo expuesto precedentemente, mi representada no han vulnerado Garantía Constitucional alguna, no existiendo de nuestra parte una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto en todo momento ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia, teniendo además en consideración la calidad jurídica en que mi representada ha obrado en relación a lo expuesto por la recurrente, y que esta parte no ha entregado información insuficiente pues la razón por la cual se le aplica el descuento es en calidad de mandataria de Los Andes C.C.AF., la que constituye su acreedor, quien tiene todos los antecedentes relativos a la acreencia y por otra parte no se ha rechazado por esta parte la contratación de algún servicio financiero, ya que no consta de los antecedentes expuestos o acompañados ni a esta entidad que se haya solicitado el mismo.

Por lo que solicita rechazar el recurso de protección interpuesto por el abogado don Patricio Cornejo González a favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Documentos:

1) Ordinario N°67989, de fecha 13 de diciembre de 2016, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, en el que se valida la modalidad de descontar el crédito por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora.

2) Dictamen N°4527/093, del año 2011, emanado de la Dirección del Trabajo, que valida el descuento efectuado por otra Caja de Compensación.

3) Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación celebrado entre Cajas de Chile A.G. y Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. de fecha 15 de abril de 2013 y Mandato del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de fecha 15 de abril de 2013.

4) Dictamen 56554-2015 de 07 de septiembre de 2015, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, en el que se valida la modalidad de descontar el crédito por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora.

Al folio N° 16, informa Caja compensación Los Andes, solicitando que se rechace el recurso.

I.- CRÉDITOS SOCIALES OTORGADOS AL RECURRENTE.

1) Indica que la recurrente realizó la operación de crédito código 116CON100356028, por un capital de $2.040.211.- a una tasa de 2.08%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota de $83.951. cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de marzo de 2018.

2) La cuota del mes de marzo de 2018 (1), se pagó con fecha 10.04.2018.

3) Las cuotas del mes de abril a septiembre de 2018, no fueron pagadas por encontrarse diferidas por licencia médica.

4) Las cuotas del mes de octubre y noviembre de 2018 (2 y 3), en valor nominal se pagaron a través del sistema denominado cobranza ¡ntercaja, con fecha 25.02.2022 y 25.03.2022.

5) Las cuotas del mes de diciembre de 2018 a agosto de 2021 ( 4 a 36), se encuentran en cobranza judicial, con una deuda vigente de $4.472.509.-, cuyo monto se compone de deuda nominal, intereses penales, exceptuando las costas judiciales.

En consecuencia, sostiene en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

II.- CONSIDERACIONES CONTEXTÚALES Y JURÍDICAS:

1. CARÁCTER SOCIAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN Y MECANISMO DE COBRO SEGÚN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N°18.833.- En sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas "Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera". Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo Io de este cuerpo legal las define como "Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social". Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3o se indica que las Cajas de Compensación pueden "administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley". Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que "las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial". Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales".

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a mi representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

A mayor abundamiento, y de acuerdo a lo señalado anteriormente en esta presentación, el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que represento, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

2. LA OBLIGACIÓN ES ACTUALMENTE EXIGIBLE - LA PRESCRIPCIÓN DEBE SER DECLARADA JUDICIALMENTE.

Tal como se ha señalado anteriormente en esta presentación, mi representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre mi representada y el recurrente.

Recalca que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Agrega que la prescripción, junto con ser alegada por una de las partes, requiere, además, el transcurso del tiempo establecido por el legislador, requisitos que no se satisfacen en el caso del recurrente, habida consideración a que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad sus cuotas con vencimiento a partir de diciembre de 2018, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno, de acuerdo a lo razonado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema (v. gr. ROL CS Civil N°14.987-2018).

Este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen N92659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: "En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.".

Por otro lado, insistimos en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

3. DE LA SUPUESTA VULNERACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo con el citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ¡legal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaría como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, debemos ser enfáticos en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales." Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Por lo que pide, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Documento: Expediente de crédito del crédito social otorgado al recurrente.

Al folio N° 18, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en el caso de autos se ha denunciado que la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, habría procedido el descuento en forma ilegal o arbitraria de sus remuneraciones, solicitando se ordena a la recurrida a dejar sin efecto los descuentos en la remuneración de su representado a través del empleador, devolviéndole la totalidad de los dineros descontados de su remuneración de enero y febrero de 202, con costas.

TERCERO: Que teniendo presente lo informado y el mérito de los antecedentes, la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, no controvierte los descuentos aludidos por la recurrente, pues expresa que efectivamente ha procedido a efectuar descuentos desde el mes de enero y febrero del año 2022, con motivo de un convenio intercajas y por instrucción expresa de la Caja de Compensación Los Andes, con la cual, la actora obtuvo en su oportunidad un crédito social el año 2018, el cual, se encuentra casi en su totalidad pendiente de pago. Refiere que este Convenio, se encuentra visado por la autoridad que los regula, la Superintendencia de Seguridad Social y por la jurisprudencia administrativa y judicial.

CUARTO: Que, en el respectivo informe de la recurrida, dado que quien instruyó el descuento fue la Caja de Compensación Los Andes, se le pidió a esta última informe al tenor del recurso, quien indicó que se ajustó a aplicar el convenio intercajas y ejercer la facultad prevista en el artículo 22 de la ley N° 18.833, pues se trata de una deuda vigente, actualmente exigible y que no se encuentra prescrita, pues, no se ha solicitado se declare tal modo de extinguir las obligaciones.

QUINTO: Que, de lo anterior, se concluye que la recurrida actuó de manera justificada conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que le concede la prerrogativa de descontar o instruir un descuento, siempre que se trate de un cobro oportuno, es decir, una obligación no prescrita ni extinta por alguna otra causal legal.

SEXTO: Que, asimismo, tampoco se ha establecido la existencia de alguna causa civil en que se persiga el cobro de lo adeudado por la Caja de Compensación Los Andes, circunstancias en las que, resultaría repudiable el descuento, pues el acreedor, no puede legítimamente pretender hacerse pago mediante un proceso judicial y, adicionalmente, efectuar o instruir el descuento cuestionado, pues de obrar de tal manera, incurriría en un acto de simple auto tutela. Al no haber obrado de la forma descrita en este motivo y, tan sólo ejercitar la facultad legal vía Convenio Intercajas, no se advierte ni ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida ni de la Caja de Compensación acreedora.

SÉPTIMO: Que, en los términos reseñados, estos sentenciadores estiman que el acto cuya arbitrariedad se discute, no vulnera en caso alguno el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, por cuanto, se fundamenta en una atribución concedida en la ley respecto de una obligación no prescrita y no judicializada, por ende, será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar.

Atendido lo resuelto precedentemente, déjese sin efecto la orden de no innovar.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese.

Rol N° Protección-2052-2022 (pvb).