nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veinte de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

Comparece MARÍA CONSTANZA VARAS PRADO, abogada, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, secretaria, domiciliada en domicilio reservado, quien dice:

Que, interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por don nombre reservado, Superintendente de la institución recurrida o quien haga sus veces, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, por cuanto la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de 5 licencias médicas consecutivas de doña nombre reservado, por un total de 150 días a contar del día 8 DE FEBRERO DE 2019, sin fundamento plausible y de forma arbitraria, afectando con ello el Derecho de Integridad Física y Psíquica de la Persona y el Derecho de Propiedad de mi representado, garantías constitucionales protegidas por la acción de protección, siendo el objeto del presente recurso que dicho acto ilegal y arbitrario sea declarado por V.S.I. como tal, ordenando a la institución recurrida el pago de las licencias médicas rechazadas, restableciendo así el imperio del derecho, con costas.

Que, con fecha 21 de Febrero del año 2020, doña nombre reservado, concurre a las oficinas de la Superintendencia de Seguridad Social, ubicada en domicilio reservado, de la ciudad y comuna de Temuco, a consultar por las resoluciones de las reconsideración de 5 de sus licencias médicas rechazadas, momento en el que toma conocimiento de que se mantendría el rechazo por “reposo no justificado” y se le entrega copia de las resoluciones exentas respectivas, fechadas 12 de febrero de 2020.

Mi representada trabajó durante muchos años para Inmobiliaria Martabid Spa, despidiéndola en el mes de febrero de 2017 aproximadamente cuando ella se encontraba embarazada, motivo por el cual con el empleador llegan al acuerdo de reincorporarla al trabajo. Lo cierto es que desde dicho momento, la relación laboral cambia, la despojan de las funciones que durante todos sus años de trabajo había ejercido, la trasladan de lugar de trabajo pasando de oficina a obras en terreno, no le asignan mayores labores, todo ello se produce hasta que sale con su prenatal.

Con fecha 12 de febrero de 2020), se dictan las resoluciones exentas números R-01-IBS-11482-2020, R-01-IBS-11484-2020 y R-01-IBS-11431-2020 emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social, pronunciándose respecto de la reconsideración solicitada por la recurrente por las siguientes licencias médicas rechazadas:

El motivo del rechazo para todas las licencias médicas de la tabla es “reposo no justificado”. En específico la SUSESO en su resolución última de 12 de febrero del año 2020 fundamenta el rechazo por los siguientes fundamentos: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias N° RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado”

Como podrá analizar la Superintendencia aludida reevalúa y llega a la conclusión de las licencias médicas otorgadas por profesionales del Servicio de Salud Araucanía Sur, no son idóneas, invalida su opinión profesional, y dejando en la indefensión a doña nombre reservado quien además de aportar todos los antecedentes que sus médicos tratantes le aportaron, jamás fue evaluada por ningún profesional de COMPIN o la SUSESO, jamás se le llamó a una segunda opinión médica, no se sometió su caso a junta médica alguna.-Al respecto cabe destacar que no existe un análisis ni una fundamentación a lo menos somera de la motivación para rechazar 5 licencias médicas. Dicha fundamentación no existe. No se da NINGÚN argumento de por qué dicho reposo no se encontraría justificado. Ni se aportan antecedentes que permitan contradecir el criterio técnico del médico tratante que emitió las Licencias médicas.

Esta parte está, por supuesto, en conocimiento de que el COMPIN y la Superintendencia pueden rechazar de manera legítima una licencia médica otorgada por un profesional médico, pero ello no puede ser una decisión meramente administrativa y sin fundamento médico y por tanto arbitraria.

Dicho rechazo sólo debe ser admisible por medio de una resolución fundada en consideraciones científicas o técnicas que se contrapongan al juicio experto del profesional médico que otorgó la licencia médica, no es posible invocar meros argumentos formales como la extensión temporal o lo prolongado del reposo, cuando antes por un criterio médico científico razonado por un profesional competente de la salud éste fue justificado.

En el caso en particular la profesional tratante efectúa evaluaciones periódicas, la paciente efectúa psicoterapia, se somete a tratamiento farmacológico, pero su tratamiento no responde y no se ven avances significativos, manteniéndose el criterio médico de un cuadro depresivo GRAVE.

Con sus actos ilegales y arbitrarios, la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), afecta y transgrede el derecho fundamental a que se refiere el artículo 19 N° 1 inciso primero de la Constitución Política de la República, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, puesto que el no pago de las licencias médicas, ha producido padecimientos de orden psicológicos producto de la impotencia, angustia y dolor sufrido por su persona, al quedar injustificadamente impagas las licencias médicas señaladas.

Que de esta manera, el actuar de las recurridas constituye una vulneración al de un derecho cuya protección garantiza el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, quebrantamiento que, adicionado a la ilegalidad señalada al no dar cumplimiento a la ley al rechazar las licencias médicas.

Los hechos expuestos y que esta parte sostiene constituyen hechos arbitrarios e ilegales por parte de las instituciones recurridas, amenazan concretamente las garantías previstas en los artículos 19 N° 1 y 24 de nuestra Constitución Política de la República, cuando respecto de aquella consagrada específicamente en el art. 19 N° 1 de nuestra Carta Magna, esto es la protección de la integridad física y psíquica, se ha expuesto que la situación de rechazar la calificación médica y técnica del diagnóstico psiquiátrico de mi representada no hacen más que dañar aún más la integridad psíquica de mi representada, ha sido así durante todo el largo proceso que ha debido enfrentar con ocasión de tener que defender ante las instituciones médicas recurridas su diagnóstico, el que debiese ser analizado por personal idóneo de acuerdo al mismo Decreto Supremo ya aludido, todo este proceso de defensa en medio de un tratamiento de recuperación psiquiátrica no hacen más que obstaculizar su y amenaza directamente su integridad psíquica.

Por otra parte respecto de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de nuestra carta fundamental es necesario destacar que ésta se ve afectada desde que la resolución respecto de la cual recurrimos priva el derecho de mi representada de ingresar en su patrimonio los montos por conceptos de pago de licencias médicas que por derecho le corresponden al encontrarse amparada por sus licencias médicas.

Solicita se sirva tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de la recurrida, SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, admitirlo a tramitación y, en definitiva acogerlo en todas sus partes declarando como arbitrario e ilegal el rechazo de las licencias médicas individualizadas y como vulneratorio de las garantías constitucionales invocadas, ordenando que se adopten todas y cada una de las providencias que juzgue adecuadas con tal objeto y, especialmente, y para reestablecer el imperio del derecho que se ordene que tengan por aprobadas las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, así como ordenar el pago de cada una de ellas, sin perjuicio de todas las otras medidas de protección que U.S. ILTMA., estime del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimiento de la protección. Todo ello con expresa condena de costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución de licencia médica R-01-IBS-11482-2020, R-01-IBS-11484-2020 y R-01-IBS-11431-2020 2.- Informe complementario de médico tratante respecto de la paciente nombre reservado, de fecha 3 de diciembre de 2018 y 08/10/2018, ambos firmados por la médico-siquiatra nombre reservado.

3.- Informe médico complementario de fecha 05 de junio de 2019 respecto de la paciente nombre reservado, firmado por la médico-siquiatra nombre reservado.

A folio 8, informa el recurrido quien dice:

Que, antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, vengo en solicitar a S.S.I, que se declare la extemporaneidad del presente recurso en atención a las siguientes consideraciones:

Respecto de la acción de protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, alegamos previo a informar el fondo del asunto, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido, con creces, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.

Del libelo presentado, se desprende que la Sra. nombre reservado alega respecto del rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado. Al respecto, atendido que las licencias reclamadas fueron resueltas por distintos actos administrativos emanados de esta Superintendencia, se procederá a informar respecto de cada uno de ellos.

Respecto a la licencia médica N° RUT reservado

Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia, por primera vez, mediante presentación de fecha 11 de abril de 2019, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, que confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 08 de febrero de 2019, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, mi representada la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-DLM-27426-2019, de 28 de julio de 2019.

Posteriormente, la Sra. nombre reservado se presenta ante esta Superintendencia, por segunda vez, con fecha 29 de julio de 2019, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-DLM-27426-2019. Respecto a esta presentación, se concluyó que el reposo de la licencia médica no se encontraba justificado, debido a que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-75582-2019, de 23 de diciembre de 2019.

Sin perjuicio de haber resuelto su solicitud de reconsideración, la Sra. nombre reservado, se presenta por tercera vez, con fecha 09 de enero de 2020, solicitando nuevamente reconsiderar el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado. En razón de lo anterior, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-11482-2020, de 12 de febrero de 2020.

Por lo anterior, al momento de presentar, a lo menos, su segunda solicitud de reconsideración, con fecha 09 de enero de 2020, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-75582-2019, de 23 de diciembre de 2019, la recurrente estaba en pleno conocimiento del rechazo efectuado por esta Superintendencia.

Así, se evidencia que han trascurrido, SETENTA Y DOS, desde la fecha de la interposición de esta acción, esto es, el 22 de marzo de 2020 y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de la licencia médica, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas.

De tal manera, y de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la fecha de su tercera presentación a este Servicio, esto es, el 09 de enero de 2020.

Respecto a la licencia médica N° RUT reservado

Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia, por primera vez, mediante presentación de fecha 22 de abril de 2019, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, que confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 10 de marzo de 2019, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, mi representada la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 270 días. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-DLM-27427-2019, de 28 de julio de 2019.

Posteriormente, la Sra. nombre reservado se presenta ante esta Superintendencia, por segunda vez, con fecha 29 de julio de 2019, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-DLM-27427-2019. Respecto a esta presentación, se concluyó que el reposo de la licencia médica no se encontraba justificado, debido a que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-75633-2019, de 24 de diciembre de 2019.

Sin perjuicio de haber resuelto su solicitud de reconsideración, la Sra. nombre reservado, se presenta por tercera vez, con fecha 09 de enero de 2020, solicitando nuevamente reconsiderar el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado. En razón de lo anterior, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-11484-2020, de 12 de febrero de 2020.

Por lo anterior, al momento de presentar, a lo menos, su segunda solicitud de reconsideración, con fecha 09 de enero de 2020, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-75633-2019, de 24 de diciembre de 2019, la recurrente estaba en pleno conocimiento del rechazo efectuado por esta Superintendencia. Así, se evidencia que han trascurrido, SETENTA Y DOS, desde la fecha de la interposición de esta acción, esto es, el 22 de marzo de 2020 y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de la licencia médica, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas.

De tal manera, y de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la fecha de su tercera presentación a este Servicio, esto es, el 09 de enero de 2020.

Respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia, por primera vez, mediante presentación de fecha 30 de julio de 2019, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del 09 de abril de 2019, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, mi representada la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el reposo ya autorizado de 270 días, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-DLM-41316-2019, de 16 de septiembre de 2019.

Posteriormente, la Sra. nombre reservado se presenta ante esta Superintendencia, por segunda vez, con fecha 03 de octubre de 2019, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-DLM-41316-2019. Respecto a esta presentación, se concluyó que el reposo de las licencias médicas no se encontraba justificado, debido a que el informe médico aportado no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-74259-2019, de 20 de diciembre de 2019.

Sin perjuicio de haber resuelto su solicitud de reconsideración, la Sra. nombre reservado, se presenta por tercera vez, con fecha 09 de enero de 2020, solicitando nuevamente reconsiderar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado. En razón de lo anterior, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-11431-2020, de 12 de febrero de 2020.

Por lo anterior, al momento de presentar, a lo menos, su segunda solicitud de reconsideración, con fecha 09 de enero de 2020, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-74259-2019, de 20 de diciembre de 2019, la recurrente estaba en pleno conocimiento del rechazo efectuado por esta Superintendencia. Así, se evidencia que han trascurrido, SETENTA Y DOS, desde la fecha de la interposición de esta acción, esto es, el 22 de marzo de 2020 y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de la licencia médica, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas.

De tal manera, y de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la fecha de su tercera presentación a este Servicio, esto es, el 09 de enero de 2020.

A mayor abundamiento, de la sola lectura del recurso se puede apreciar, que se pretende la modificación de decisiones que fueron adoptadas en julio y septiembre del año 2019. En este sentido, las posteriores reclamaciones formuladas, respecto de los mismos hechos y con los mismos fundamentos según se ha informado, no pueden producir el efecto de hacer renacer el plazo de reclamación mediante la acción de protección, por lo que procede rechazar la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

Que, sin perjuicio de lo recientemente expuesto, vengo en solicitar a S.S.I., que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicito se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

Por otra parte, debido a la necesidad de contar con una normativa universal que facilite el quehacer de la contraloría médica, en la evaluación técnica de los casos relacionados con el uso de la licencia médica y el otorgamiento del subsidio de incapacidad laboral, de los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y de las Instituciones de Salud Previsional, y de la verificación de las declaraciones contenidas en las certificaciones médicas, fue aprobado el Decreto Supremo N° 7/2013 que “Aprueba Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a Los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”.

Este decreto, hace mención a los elementos que deben contener las licencias médicas, según el tipo de patología y duración del reposo laboral. Ahora bien, en el caso en cuestión, su párrafo segundo señala lo siguiente:

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Respecto a la licencia médica N° RUT reservado

Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó, por primera vez, mediante presentación de fecha 11 de abril de 2019, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, que confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 08 de febrero de 2019, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° R-01-DLM-27426-2019, de 28 de julio de 2019.

Posteriormente, la Sra. nombre reservado se presenta, por segunda vez, con fecha 29 de julio de 2019, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-DLM-27426-2019. Respecto a esta presentación, se concluyó que el reposo de la licencia médica no se encontraba justificado, debido a que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-75582-2019, de 23 de diciembre de 2019.

Sin perjuicio de haber resuelto su solicitud de reconsideración, la Sra. nombre reservado, se presenta por tercera vez, con fecha 09 de enero de 2020, solicitando nuevamente reconsiderar el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado. En razón de lo anterior, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-11482-2020, de 12 de febrero de 2020.

Respecto a la licencia médica N° RUT reservado.

Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó, por primera vez, mediante presentación de fecha 22 de abril de 2019, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, que confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 10 de marzo de 2019, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 270 días. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° R-01-DLM-27427-2019, de 28 de julio de 2019.

Posteriormente, la Sra. nombre reservado se presenta, por segunda vez, con fecha 29 de julio de 2019, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-DLM-27427-2019. Respecto a esta presentación, se concluyó que el reposo de la licencia médica no se encontraba justificado, debido a que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-75633-2019, de 24 de diciembre de 2019.

Sin perjuicio de haber resuelto su solicitud de reconsideración, la Sra. nombre reservado, se presenta por tercera vez, con fecha 09 de enero de 2020, solicitando nuevamente reconsiderar el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado. En razón de lo anterior, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-11484-2020, de 12 de febrero de 2020.

Respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado, reclamó, por primera vez, mediante presentación de fecha 30 de julio de 2019, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del 09 de abril de 2019, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el reposo ya autorizado de 270 días, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° R-01-DLM-41316-2019, de 16 de septiembre de 2019.

Posteriormente, la Sra. nombre reservado se presenta, por segunda vez, con fecha 03 de octubre de 2019, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-DLM-41316-2019. Respecto a esta presentación, se concluyó que el reposo de las licencias médicas no se encontraba justificado, debido a que el informe médico aportado no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-74259-2019, de 20 de diciembre de 2019.

Sin perjuicio de haber resuelto su solicitud de reconsideración, la Sra. nombre reservado, se presenta por tercera vez, con fecha 09 de enero de 2020, solicitando nuevamente reconsiderar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado. En razón de lo anterior, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-11431-2020, de 12 de febrero de 2020.

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Apela LM * 7769-9 por 30 días desde 08.02.19 emitida por Dr Gutiérrez, psiquiatra AE con Dg episodio depresivo grave sin síntomas psicótico. IMT 07.03.19 en control desde Mayo 2018 reactivo a término de relación de pareja con padre de primer hijo durante embarazo, además muerte de su padre, debiendo asumir maternidad sin red de apoyo, describe síntomas depresivos asociados a síntomas ansiosos, en tto con sertralina 200 mg, melatonina + Psicoterapia. Evolución lenta por lactancia materna que impide ajuste farmacológico. FPA Abril 2019. Previo a rechazo 270 días autorizados a continuación de reposo maternal. Concluye: se mantiene rechazo, periodo autorizado es suficiente para resolución de cuadro clínico, IMT señala severidad, pero controles son mensuales. No cumple rol terapéutico.”, “Reconsideración folio R-52494-2019, Dictamen N° R-01-DLM-41316-2019. Edad 42 años. Solicita reconsiderar resolución de LM°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado por un periodo de 90 días desde el 5/04/19. Paciente con reposo continúo desde el 14/05/18 por diagnóstico psiquiátrico, posterior a reposo parental. Dg episodio depresivo grave. Tiene autorizado 270 de lm por mismo diagnóstico. Gatillante: el término de relación de pareja con padre de primer hijo durante embarazo, además muerte de su padre, debiendo asumir maternidad sin red de apoyo. Adjunta informe de médico tratante, con especialidad registrada en psiquiatría (ALTA EMISORA 2018). Relata sintomatología de paciente, con necesidades de controles frecuentes y crisis de angustia reiterativas. Tratamiento con sertralina 150 mg, sin poder ser modificado por antecedente de lactancia materna. No especifica número de controles ni tampoco informes de sesiones de psicoterapia realizada. Sin informes de otros profesionales.

Conclusión: Se mantiene rechazo. Reposo no cumple rol terapéutico.”, “Reconsideración: R-25393-2019. Sistema de Salud: FONASA. Licencias reclamadas: RUT reservado. Fechas: RUT reservado-04-2019. Alto emisor: Sí. Edad: 42. Ocupación: Administrativo en inmobiliaria. Diagnósticos: Episodio depresivo grave. Fecha de inicio de reposo: 14-05-2018. Días acumulados de reposo autorizados: 270. Resoluciones previas: R-01-DLM-27427-2019. Peritajes: No. Informes: Adjunta nuevo informe de psiquiatra tratante, Dra. nombre reservado, del 5-06-2019. No aporta datos distintos a los presentados en informe del 7-03-2019, excepto que aplaza fecha probable de alta desde abril 2019 a julio 2019. Conclusión: Sin antecedentes que justifiquen el reposo. No acoge”.

Cabe hacer presente que, la Sra. nombre reservado se encuentra haciendo uso de reposo médico, desde el 14 de mayo de 2018, por el mismo cuadro clínico.

Por otra parte, los informes médicos aportados, no determinaron la discapacidad medida por la EEAG (escala de evaluación de la actividad global). Así las cosas, el citado D.S. N° 7, que establece las guías clínicas referenciales, refiere que el puntaje mínimo para la justificación de reposo médico por patologías mentales, como es el caso, debe ser menor a 50 puntos. Con ello, las resoluciones impugnadas se encuentran justificadas, según lo indicado, debido a que los antecedentes médicos aportados no lograron respaldar la necesidad del reposo otorgado a la recurrente. En efecto, no se incluyó el Puntaje en relación a la Escala Evaluación de la Actividad Global, en sus siglas EEAG, ni tampoco se tuvieron como referencias las Guías Clínicas del Ministerio de Salud, todos los anteriores, requisitos establecidos para la evaluación del reposo laboral de 15 a 30 días, prorrogable hasta 60 días, estipulados en el citado D.S. N° 7.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir. Junto con lo anterior, no se han cumplido los criterios establecidos en el D.S. N° 7.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción, por parte de la magistratura, de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que antes de entrar a conocer del fondo del asunto, corresponde revisar la extemporaneidad alegada por la recurrida, fundada en que el acto que se invoca como vulneratorio de derechos sería el rechazo de la licencia médicas Nº39681706.

TERCERO: Que en la especie, la acción de cautela de derechos fundamentales fue deducida después del rechazado del reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Sub Comisión Cautín, que rechazó las cinco licencias médicas enunciadas por la recurrente y que fue extendida por un total de 150 días, a contar del 08 de febrero de 2019.

Se presentaron diversos reclamos, a contar del día 11 de abril de 2019, ante la Superintendencia de Seguridad Social, siendo primeramente resuelto el día 28 de julio de 2019; para posteriormente presenta la recurrente, presentar reconsideraciones y reclamos por licencias posteriores. Siendo estas resueltas con fecha 20 de diciembre de 2019; 24 de diciembre de 2019; 23 de diciembre de 2019.

La recurrente, señala como acto arbitrario e ilegal, la resolución de fecha 12 de febrero de 2020, de la cual se enteró con fecha 21 de febrero de 2020.

Que el presente recurso de protección fue presentado con fecha 22 de marzo de 2020.

CUARTO: Que acorde con lo expuesto y teniendo especialmente en cuenta la circunstancia de haberse deducido la presente acción de cautela de derechos constitucionales con fecha 22 de marzo de 2020; y el acto por el cual se reclama, ocurrió con fecha 12 de febrero de 2020; no existiendo ningún antecedente objetivo que cuenta de la notificación de dicho acto a la recurrente, es que se estima que la presente acción ha sido presentada fuera del plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre su tramitación, motivo por el cual la misma debe ser rechazada, en razón de haberse interpuesto extemporáneamente.

Además de lo anterior, desde el primer rechazo de la licencia, esto es el día 11 de abril de 2019, presentó sucesivos reclamos por las otras licencias rechazadas, con fecha 22 de abril de 2019 y 30 de julio de 2019; para posteriormente presenta reconsideraciones, las cuales fueron rechazadas.

En razón de lo anterior, es que se estima que la recurrente, estaba en conocimiento de esta situación desde el primer dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, esto es el día 28 de julio de 2019.

Haciendo presente que el recurso de protección por su naturaleza cautelar y tutelar, en caso alguno es una nueva instancia de reclamo, razón por la cual debió el recurrente haber recurrido de inmediato del acto que consideraba vulneratorio de sus derechos.

QUINTO: Que al llevar más de 180 días de licencia la recurrente, será objeto de evaluaciones, por parte de las instituciones correspondientes, a fin de determinar si corresponde iniciar el trámite de la invalidez.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción de protección deducida por doña nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante sr. Marcelo Neculman Muñoz.

N°Protección-2028-2020. (sac)