nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

C.A. de Temuco Temuco, once de abril de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1-2023 comparece JORGE MANUEL LENA SALGADO abogado en favor de nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

I.-SOBRE LOS HECHOS.

a)

SOBRE LA RELACIÓN ENTRE RECURRENTE Y RECURRIDO.

Es del caso señalar que recurrente y recurrido tienen una relación de origen convencional; en que el recurrido otorgó un crédito a su representado.

Tal crédito en comento consta en haberse otorgado mediante un título de crédito. De esta forma, consta que el Pagaré N°142.RUT reservado, que fue suscrito el día 05 de enero de 2015, el que tenía capital ascendente a $6.077.791.-, que devengaría un interés del 0,99% mensual vencido desde la fecha de suscripción del pagaré hasta su pago íntegro y efectivo. El capital juntamente con los intereses se pagaría en 24 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de e $289.533.-cada una, pagaderas el día 28 de cada mes.

Así las cosas, producto del incumplimiento en el pago del recurrente, la recurrida “CAJA LOS ANDES”, inició un juicio ejecutivo en su contra que actualmente se tramita ante el 2º Juzgado Civil de Temuco, bajo el ROL C-2686-2018, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra de su representada por $3.292.137.- Señala que el recurrente se encuentra en mora de cumplir desde “el 24 de enero de 2016”.

En tal juicio antes señalado, en el líbelo de la demandante y según el pagare se señala lo siguiente a propósito de los lineamientos de la pretensión sometida a consideración del Tribunal;

“El retardo del pago en más de 30 días corridos de todo o parte de una cualesquiera de las cuotas, permitirá a la Caja exigir la solución integra de la suma debida, siendo esta facultad privativa del acreedor, el que a su arbitrio podrá ejercer o no, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados no pagaos. El nuevo capital así formado, devengará intereses a la tasa correspondiente al interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero, según la Ley N°18.010 que rija el día en que se produzca la aceleración.”

De lo citado, puede entenderse que la demandante (Recurrida en estos autos proteccionales), hizo uso de la cláusula de aceleración, pretendiendo el cobro el total de la deuda insoluta - que a la fecha y según sus propios dichos emitidos por mandatario de la demandante cual confesión judicial- ascendía a $3.292.137.-Luego, el recurrente fue tomando conocimiento el día 31 de diciembre de 2022 al recibir la liquidación de los periodos trabajos del periodo correspondiente al mes de diciembre del mismo año, de que existía un descuento bajo ítem de “descuento préstamo caja de compensación” por la suma de $305.164.-También debe tenerse en cuenta, que tal monto no se condice con lo autorizado por el recurrente en su vez para descuento ($289.533.-).

En cuando a la deuda respecto de la cual la recurrida pretende cobrarse, ésta emana de un pagaré cuya acción para el cobro se encuentra judicializada y notificada con fecha 14 de octubre de 2022.

De lo expuesto, vale tener presente que el acreedor (y recurrido) hasta antes de la fecha de la primera actuación ilegal, fue latamente negligente respecto del cobro de la deuda, al momento en que el recurrente se encontró en mora de cumplir.

1) En el tiempo intermedio siguió un juicio ejecutivo.

2) No sostuvo comunicaciones de ninguna especie con su representado tendientes al cobro extrajudicial de la deuda, y 3)

Tampoco propuso soluciones para regularizar la deuda.

Nada de eso realizó para obtener el cumplimiento de la deuda, y una vez que está el recurrente notificado en el juicio y defendiéndose de la ejecución, comienza de la nada a cobrarse arbitraria y/o ilegalmente la deuda en las remuneraciones de mi representado, conculcando sus garantías fundamentales.

En ese orden de ideas, el recurrido primero ha demandado civilmente a su representado, incluso pretendiendo el total de la deuda acelerada, y luego decide abusivamente afectar su derecho de propiedad con descuentos arbitrarios y/o ilegales, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

Tal uso amparado en el especial trato que la ley otorga a las CCAF constituye un abuso del derecho a propósito de analizar las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas; no puede el recurrido pretender tener un derecho de prenda general más amplio que el resto de las personas, no en vano en Chile no hay grupos privilegiados, y existe en nuestra sociedad equidad que sirva de sustento o fundamento a su actuar.

En el caso de autos, la recurrida, una Caja de Compensación, ha decidido usar la vía jurisdiccional para cobrar la deuda, y en este caso, estando la demanda notificada, pretendiendo burlar el derecho, usando ilegal y/o arbitrariamente la facultad que le otorga la ley 18.833, la que sólo se contempla para un uso oportuno, lo que además no procede en la especie por el tiempo que hubo de inactividad. Debe ordenársele por US., ILTMA seguir con la misma vía que ella motivó, de paso restituyendo las sumas que obtuviere por los descuentos aplicados desde la notificación de la demanda.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Frente a estos actos que constituyen un acto de injusticia, a saber las actuaciones ilegales y/o arbitrarias, solicitamos a U.S. ILTMA restablezca el imperio del derecho y de la justicia, fundamentado a continuación en cuanto a la acción misma, su necesidad cautelar y los alcances de su antijuridicidad.

1.- La privación, perturbación o amenaza del artículo 20 de la C.P.R.

Para la mejor consideración de la acción constitucional en comento, esta Corte debe considerar que el legislador ha dispuesto la protección de los derechos de los recurrentes mediante la acción constitucional prescrita en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En dicho artículo, se otorga competencia a la Corte de Apelaciones competente para restablecer el imperio de sus derechos, en cuanto estos se vean privados, perturbados o amenazados. Así, el artículo dispone lo siguiente;

Artículo 20 de la Constitución Política de la República. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°,12|, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Con el propósito de que se comprenda de mejor forma en lo que se ahondará más adelante, sirve referirse a lo que es la perturbación a la que se refiere el artículo citado, ya que mi representado ha visto perturbadas sus garantías constitucionales.

De ésta forma, una perturbación como lo señala el profesor nombre reservado, es una “alteración de las condiciones normales, hay una modificación lesiva de las condiciones usuales en que se ejerce un derecho o garantía”. En el caso concreto, y como se definirá más adelante, el recurrente ha sufrido una perturbación respecto de las garantías contenidas en el artículo 19 número 2 y número 24 de la CPR, y ve amenazadas tales garantías, producto de las acciones arbitrarias o ilegales del recurrido, realizadas pasando por alto requisitos imperativos fijados por ley, establecidos para cumplirse por igual para un mismo grupo determinado.

De igual forma, valioso es comentar que la jurisprudencia ha entendido la PERTURBACIÓN como “la imposibilidad parcial”2 de ejercer un derecho, a propósito de entender la privación como la imposibilidad material total del ejercicio del mismo.

Por otro lado, respecto a la AMENAZA del mismo artículo 20, es de utilidad tener presente lo que señala el profesor nombre reservado, quién se refiere a la amenaza como el “anuncio de un mal futuro, peligro de suceder algo desagradable o perjudicial”. Así las cosas, el recurrente ve futuramente que cada mes se afectará o perturbarán sus derechos en la fecha de su respectiva remuneración.

2.- La necesidad cautelar de la acción o recurso de protección De igual forma, se debe tener presente la necesidad cautelar del recurso de protección. Esta implica una preferencia especial de aplicación de la acción constitucional de protección, que la hace sobreponerse, a lo menos jerárquica y especialmente, a toda normativa de orden procesal en cuanto a judicatura común o especial, con el objeto restablecer urgentemente el imperio del derecho.

Esta conceptualización antes mencionada, se encuentra correctamente encuadrada en los hechos descritos del presente recurso, ya el recurrente necesita un pronto pronunciamiento para frenar la conculcación a sus garantías constitucionales, ordenando esta Corte una orden de abstención a actuar de la misma forma por la recurrida en las próximas liquidaciones que puedan verse objeto de descuentos y la restitución de los dineros cobrados ilegal y/o arbitrariamente.

Cita jurisprudencia Indica que la recurrida ha decidido utilizar la vía jurisdiccional para perseguir el cobro de la deuda, lo que implica necesariamente que abusa de derecho, actuando de forma excedida a sus atribuciones concedidas en la ley 18.833, configurándose en sí los informes para descontar por planilla como actuaciones ilegales y/o arbitrarias por ser carentes de justificación o razón.

III.- SOBRE LAS ACTUACIONES ARBITRARIAS O ILEGALES DE LA RECURRIDA RESPECTO DE LAS QUE SE RECURRE.

Las actuaciones ilegales y/o arbitrarias de la recurrida han sido las siguientes;

1.- El informar para descuento el crédito en parcialidades, en las remuneraciones de su representada en la remuneración de mayo de 2022 (Informada en el 31 de diciembre de 2022), habiendo optado por la vía civil haciendo uso de cláusula de aceleración, exigiendo el pago total de la deuda.

2.- El informar para aplicar descuentos por montos no informados en las remuneraciones antes señaladas, que no guardan relación con las cuotas del crédito otorgado, y que no han sido aprobados por el recurrido.

IV.- SOBRE LA FORMA Y FECHA EN QUE EL RECURRENTE TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA ACTUACIÓN ARBRITRARIA O ILEGAL.

Con fecha 31 de diciembre de 2022, al llamado por su empleador (SIGDO KOpPERS.), a revisar su liquidación de remuneraciones, el recurrente tomó conocimiento al visualizar el descuento aplicado por la caja en su remuneración del mes de septiembre.

Así las cosas, habría tomado conocimiento de la siguiente forma;

- De la remuneración de diciembre de 2022 el día 31 de diciembre de 2022, Todas fechas del año en curso, y todas las actuaciones han sido puestas en conocimiento por su empleador.

Sucede que en los hechos, el empleador consultó a la recurrida por las dudas en la aplicación del descuento, pero ésta informó que el descuento debía aplicarse de igual forma en amparo de la ley 18.833.

En razón de lo señalado, se encuentra dentro del plazo señalado en el auto acordado para recurrir ante ésta ILTMA Corte.

V.- SOBRE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES CONCULCADAS.

1) Es del caso saber U.S ILTMA, que la recurrida con su actuar ilegal y/o arbitrario infringe latamente la garantía de IGUALDAD ANTE LA LEY, consagrada en el Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en la forma que se indicará más adelante.

Este artículo ilustrativamente dispone lo siguiente;

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: (…) 2º. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; (…).”.

De acuerdo al caso expuesto, este actuar del recurrido, es contrario al citado precepto constitucional que –entre otras cosas- prohíbe toda discriminación arbitraria, es decir, contraria a la justicia, razón y el bien común.

Al respecto, la doctrina en diversas oportunidades se ha pronunciado para dar contenido a dicha garantía, pero vale destacar para el caso algunas opiniones recientes. En tal orden de ideas, el profesor nombre reservado al dar un concepto básico de la “Igualdad en la aplicación de la ley”, refiriéndose a ésta como un elemento distinguible dentro de la garantía de igualdad ante la ley en comento, se apoya en algunos autores para explicar que el derecho debe prescribir el “tratar de la misma manera a los iguales y de diversa manera a los desiguales”9.

En el sentido antes comentado, vale mencionar que el constructo teórico anterior tiene base -en parte- de la obra de Verdugo, Pfeffer y Nogueira, los que señalan lo siguiente al respecto; “La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares (…)”.

Al tenor de lo comentado, y a la luz de los hechos que dan cuenta de la ilegalidad, podemos definir la conculcación, en cuanto a perturbaciones a la garantía de la igualdad ante la ley de los recurrentes por lo siguiente:

La recurrida haciendo uso de un privilegio no especialmente otorgado, actúa irrogándose una especie de derecho de prenda amplísimo que traspasa materias; pretende accionar civilmente cobrando una deuda con cuotas aceleradas, y en cuanto seguridad social de un trabajador, pretende descontar tal crédito sin su autorización ni información mientras el juicio se encuentra vigente. Así las cosas, tal discriminación en la aplicación de la ley, que obsta el ejercer excepciones en un juicio ejecutivo y que se aprovecha abiertamente de un estatuto legal especial, vulnera la equidad y se constituye como un abuso del derecho a propósito de analizar las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas.

De igual forma, si no fuera suficiente con lo expuesto, se ha infringido lo indicado en la Circular n°2052 de la SUSESO, donde se establece que tanto la reprogramación como la repactación de los créditos sociales debe ser de mutuo acuerdo entre las partes contratantes y, que tal consentimiento debe ser expreso y presencial (Constando en un instrumento). En lo informado, no existe tal autorización por el monto descontado a la fecha, por lo que de no informarse no puede retenerse ningún monto distinto.

2) De igual forma, cabe tener presente que por la actitud ilegal o arbitraria de los recurridos, se ha amenazado la garantía amparada en el Art. 19 N°24, es decir, el DERECHO DE PROPIEDAD del recurrente.

En ese sentido, cabe recordar ilustrativamente el referido artículo;

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: (…) 24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. (…)”.

Al respecto, los recurrentes tienen constitucionalmente aseguradas todas las dimensiones del derecho de propiedad, comprendiéndose resguardadas al caso su uso, goce y disposición.

La garantía en comento, en cuanto a lo que la jurisprudencia constitucional ha delimitado, implica que mediante la acción o recurso de protección se cautelen todas sus dimensiones, entendiendo que tal derecho no debe tener mayores limitantes que las que disponen la Constitución y las leyes, debiéndose frenar las perturbaciones, privaciones o amenazas que provengan de un particular.

Así las cosas, tiene la legítima expectativa como trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra. Tal remuneración se encuentra en su patrimonio, resguardada como se ha señalado constitucionalmente en todos sus aspectos, y en los hechos a través de las actuaciones de las que se recurre, la recurrida ha conculcado su uso, goce y disposición, apropiándose ilegal y/o arbitrariamente de parte de ella.

Pide se resuelva lo siguiente:

1) Que se declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida respecto de su representado son ilegales, 2)

Que se ordene a la recurrida el reintegro de los descuentos aplicados, 3)

Que se ordene a la recurrida de abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente;

4) O en subsidio de lo anterior, todo lo que esta Corte estime pertinente para reestablecer el imperio del derecho, 5)

todo lo anterior con expresa condena en costas, Acompañó los siguientes documentos: 1.- Liquidación de remuneración del recurrente; 2.- Copia simple de demanda civil interpuesta por la recurrida.

A folio N°7-2023 evacua informe la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, quien solicita el rechazo del recurso.

I.- DEL CRÉDITO SOCIAL OTORGADO POR SU REPRESENTADA.

1) Esta Caja de C. con fecha 5 de enero de 2015, otorgo al señor nombre reservado el crédito código RUT reservado, por la suma de $6.077.791.- a una tasa de 0.99%, en un plazo de 24 meses, y su primera cuota asciende a $289.533.-, cuyo primer vencimiento fue el 28 de febrero de 2015.

2) Las cuotas del mes de febrero de 2015 a marzo 2016 (1 a 14), se pagaron regularmente durante el periodo 10 de marzo de 2015 al 10 de marzo de 2016.

3) Las cuotas del mes de abril a noviembre de 2016 (15 a 22), más el saldo de capital insoluto, se reprogramaron con fecha 23 de noviembre de 2016, por la suma de $3.374.153.-, a una tasa de 0.99%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $76.497.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2016.

4) Las cuotas del mes de diciembre de 2016 a febrero de 2018 (1 a 15), se pagaron durante el periodo 10 de enero de 2017 al 29 de marzo de 2019.

5) Las cuotas del mes de marzo de 2018 a noviembre de 2021 (16 a 60), se encuentran en cobranza judicial. En rol C-2686-2018 2º Juzgado Civil de Temuco.

6) Esta Caja de C. con fecha 23 de enero de 2014, otorgo al señor nombre reservado el crédito código 117014231-2, por la suma de $2.829.953.- a una tasa de 2.58%, en un plazo de 36 meses, y su primera cuota asciende a $128.006.-, cuyo primer vencimiento fue el 28 de febrero de 2014.

7) Las cuotas del mes de febrero de 2014 a enero de 2016 (1 a 24), se pagaron durante el periodo 10 de marzo de 2014 al 10 de febrero de 2016 8)

Las cuotas del mes de marzo a noviembre de 2016 (25 a 34), más el saldo de capital insoluto, fueron reprogramados con fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de $1.520.199.-, a una tasa de 2.2%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $86.282.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2016.

9) Las cuotas del mes de diciembre de 2016 a febrero de 2018 (1 a 15), se pagaron durante el periodo 10 de enero de 2017 al 29 de marzo de 2019 10)

Las cuotas del mes de marzo de 2018 a noviembre de 2021 (16 a 60), se encuentran en cobranza judicial, sin embargo la causa rol C-1877-2020 2º Juzgado Civil de Temuco. Nunca fue notificada.

II.- NO EXISTE ACTUACIÓN ILEGAL O ARBITRARIA.

Es menester hacer presente que, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por otro lado, mi representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Como bien sabe su SS. Iltma., la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

De este modo, esta parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

III.- CESE DE LOS DESCUENTOS Y RESTITUCIÓN DE LAS SUMAS DESCONTADAS.

No obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, diciembre 2022.

Cabe señalar que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, mi representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Que, en estas circunstancias, esta parte solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

A folio N°17-2023 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que, el acto que se estima arbitrario e ilegal consiste en el descuento que ha efectuado la recurrida de sus remuneraciones, asilada en el crédito social que le otorgó en el año 2015, el que con anterioridad, había optado por cobrar a través de la vía judicial, encontrándose dicha causa pendiente, vulnerando de esta manera las garantías previstas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, teniendo presente lo informado y el mérito de los antecedentes, no cabe sino concluir que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, efectivamente ha procedido a efectuar descuentos en el mes de diciembre de 2022, con motivo de un crédito otorgado con fecha 05 de enero 2015, respecto del cual la recurrida inició el cobro compulsivo conforme al título ejecutivo en que se sustenta, lo que aparece de la causa civil ROL C-2686-2018, del Segundo Juzgado Civil de Temuco, lo cual no fue controvertido.

CUARTO: Que, si bien las Cajas de Compensación están facultadas para descontar de la remuneración o instruir tal descuento, conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley 18.833, que establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), éstas no pueden hacer uso abusivo de una potestad unilateral, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

QUINTO: Que, de esta forma, se concluye que la entidad acreedora no puede legítimamente pretender hacerse pago mediante un proceso judicial y, adicionalmente, efectuar o instruir el descuento cuestionado, circunstancia ésta que determina una actuación arbitraria e injustificada, pues la prerrogativa que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede, de ejercerla, le impide enderezar una cobranza ejecutiva paralela en sede jurisdiccional, para exigir el cobro total del mismo crédito, incluso haciendo efectiva una cláusula de aceleración, lo que deviene en antojadizo y caprichoso, privando al deudor de toda defensa, bajo la forma de un acto de auto tutela.

SEXTO: Que, en los términos reseñados, estos sentenciadores estiman que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de percibir una parte de sus estipendios, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, situación que determinará acoger el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido y, en consecuencia, se dispone el cese inmediato de los descuentos practicados sobre la remuneración del actor a requerimiento de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES respecto del crédito referido en estos autos, debiendo ésta, además, proceder a la devolución de los dineros que motivan el recurso y que hubiesen sido efectivamente descontados de su remuneración, absteniéndose de efectuar tales actos en el futuro, sin perjuicio del derecho que le asiste a la referida entidad para perseguir el pago de la obligación por los medios ordinarios.

Regístrese.

Rol N° Protección-20-2023 (pvb).