nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece nombre reservado, en representación de don nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado en virtud del acto ilegal y arbitrario consistente en haber violado la privacidad e intimidad de su representado, al acceder sin su autorización y consentimiento a sus comunicaciones y mensajes privados e información personal contenidos en conversaciones vía mensaje de texto en la aplicación Whatsapp, e imputarle hechos que revisten caracteres de delito, afectando su honra, pasando por alto lo establecido en el Artículo 19 Nº4, en relación con el Artículo 20, ambos de la Constitución Política de la República y Acta Nº 94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema de 17 de julio de 2015, que fija el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, siendo los fundamentos de la acción constitucional deducida, los que se exponen a continuación:

I.- LOS HECHOS I.a.- ANTECEDENTES DE CONTEXTO.- El recurrido en autos es el representante legal de la empresa COMERCIAL SUPER OFERTA LIMITADA, que opera con el Rol Único Tributario N° 77.401.892-1, con quien su representado tuvo una relación laboral que data del 1 de junio de 2021 hasta el 12 de noviembre de 2023.

Como complemento de lo anterior, cabe señalar que, con el recurrido, como persona natural, su representado tuvo una extensa relación laboral, relación que comenzó el año 2012, operando diferentes giros en el contexto de las actividades comerciales que desarrolla hasta hoy.

Sin ahondar en excesivos detalles, en el mes de septiembre del año 2023, después de una larga y fraternal relación, basada en la confianza y amistad que fue surgiendo con el tiempo, y después de apoyar al recurrido como representante de la empresa en diversas situaciones contextuales que afectaron a la empresa y su vida privada, y particularmente en lo económico; su representado anunció al recurrido que era su intención renunciar al trabajo, decisión que tomo al recurrido de sorpresa y con un leve enojo por querer “abandonarlo” estando tan cercana la temporada estival.

Las razones de la renuncia de su representado estaban conformadas por oportunidades que no podía dejar pasar, fundamentalmente de emprender y desarrollarse como futuro empresario.

El recurrido en su oportunidad terminó aceptando la decisión de su representado, felicitándolo, y deseándole éxito al efecto en sus futuros emprendimientos. Posteriormente llegado el mes de octubre, su representado manifestó que solo quería trabajar hasta noviembre. Acto seguido, el recurrido le solicitó a su representado que se quedara hasta diciembre, porque quería cerrar dos locales que fueron abiertos en el año 2022, y sucede que la apertura de la galería donde iba arrendar se encontraba retrasada, a lo que su representado accedió con gusto, extendiendo su estadía en la empresa.

No obstante, lo anterior, con el objetivo de dejar claridad en el término de la relación laboral, con fecha 12 de noviembre de 2023, se suscribió ante el Notario Público de Villarrica, el correspondiente Finiquito de Contrato de Trabajo, estableciéndose como causal del término del vínculo, la causal de necesidades de la empresa. Aun así, su representado se desempeñó laboralmente hasta el 2 de enero de 2024, trabajando parte del mes restante de noviembre y el mes de diciembre completo, incluidos los días festivos caratulados como feriados irrenunciables (25 de diciembre y 1 de enero)

I.B.-ANTECEDENTES INMEDIATOS QUE DAN CUENTA DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS COMO INFRINGIDAS Después de haber concluido su etapa laboral con la empresa del recurrido, con fecha 2 de enero de 2024, recibe una llamada de éste, en que le comunica que está muy decepcionado de él, por haber traicionado su confianza, ante lo cual su representado le manifiesta sorprendido, a que se debía semejante llamado telefónico con los epítetos allí expresados, expresándole el recurrido ante la interrogante de su representado que había revisado su whatsapp, y tuvo acceso a diversas conversaciones con otros contactos, manifestándole que se había dado cuenta de que su representado había además de traicionado su confianza, incurrió en diferentes hechos que revisten caracteres de delito, mencionando que tenían pena aflictiva y comenzaban de los 5 años, y que no quería que esto escalara para que llegaran a un acuerdo.

Su representado, sorprendido por la situación, le manifestó que como era posible que accediera a su WhatsApp, pues era prácticamente imposible que el tuviera acceso a su teléfono personal, y que no podía tratarlo de cometer delitos, pues él no había hecho nada, a lo que el recurrido le contestó: “vi todas tus conversaciones de WhatsApp weon, estoy viéndolo acá mismo del trabajo, en el pc, tengo todo, cuanto tiempo me estuviste robando”

Así las cosas, ante la sorpresa de su representado, el recurrido manifiesta que tenía acceso desde el computador de la empresa donde trabajaba, a sus conversaciones privadas, las que intercambiaba vía WhatsApp, y en forma descriteriada y especulativa le imputo una serie de hechos delictivos, sin tener antecedente fehaciente desde el punto de vista probatorio que diera cuenta de la veracidad de tales hechos. Lo preocupante es que todo esto gatilla en el contexto del término de la relación laboral entre su representado y la empresa que representa el recurrido, pues no se puede explicar cómo, el recurrido, tuvo acceso a conversaciones privadas de su representado, para luego imputarle una serie de delitos, afectando con ello su derecho a la vida privada, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, datos personales y por supuesto, su honra.

Reafirma lo anterior, una trabajadora de la empresa, doña nombre reservado, a quien el recurrido tuvo en su oficina sometida a un extenso interrogatorio el día 3 de enero de 2024, por largas horas, revelándole el recurrido y exhibiéndole las copias de conversaciones privadas, extraídas desde la mensajería de whatsapp de su representado, apuntándolo como líder de una supuesta estafa a su persona. Esto se acredita conforme a declaración jurada notarial de la infrascrita, de fecha 24 de enero de 2024, cuya copia se acompaña a este acto.

El acto ilegal y arbitrario del recurrido, de vulnerar la privacidad e intimidad de su representado, al acceder al contenido de las conversaciones y mensajería privada de WhatsApp, ha traído consigo una crisis de angustia y de confianza, sintiendo que su privacidad está expuesta, en manos de la persona que representa a su ex empleadora, sindicándole de participar en hechos que revisten caracteres de delito, lo que compromete su honra, pasando por alto la protección legal y constitucional de la vida privada y la intimidad de su representado.

II.- DERECHO.- El Artículo 20° de la Constitución Política de la República establece que “el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías” que enumera el mismo artículo, entre ellos el que estatuye el numeral 4° del Artículo 19°, “podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

II.a.- GARANTÍA CONSTITUCIONAL INFRINGIDA .- Vulneración del Artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

1. Regulación y Tutela Constitucional: El Derecho Fundamental a la Vida Privada y la Honra, se encuentra regulado y tutelado en el numeral 4° del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, que estatuye:

“4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;

2. Contenido del Derecho Fundamental a la Intimidad: El marco normativo de la intimidad y vida privada, es amplio, partiendo por la consagración genérica de dicho derecho en el Artículo 19º N°4 de la Constitución Política de la República.

Luego, en el plano internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo texto fue aprobado en la resolución N° 217 de 3 de marzo de 2009, prescribe en su artículo 12 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Por su parte la Convención Americana Pacto de nombre reservado nombre reservado Rica, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5º señala: “N° 1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y en su artículo 11º N° 1 establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”; en su número 2, que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”; y en su número 3°, que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

En relación con la norma constitucional citada y a la protección de la privacidad, el Tribunal Constitucional ha referido que “La privacidad integra los derechos personalísimos o del patrimonio moral de cada individuo, los cuales emanan de la dignidad personal y son, por su cualidad de íntimos de cada sujeto, los más cercanos o próximos a esta característica, única y distintiva, del ser humano. Por tal razón, ellos merecen reconocimiento y protección categóricos tanto por la ley como por los actos de autoridad y las conductas de particulares o las estipulaciones celebradas entre éstos”.

Parte de la doctrina distingue entre el derecho a la intimidad y la vida privada, sin perjuicio, para Novoa Monreal 2 no es de importancia la distinción, pues él es partidario de considerarlo como sinónimo: "comprendería dos aspectos diversos: uno, el de tener momentos de soledad, recogimiento o tranquilidad que no deben ser turbados por extraños (por ejemplo, la persona puede buscar aislamiento o soledad para meditar, por descanso, para elaboración intelectual, etc.).

Es según el propio autor el equivalente a la famosa definición del juez Cooley "El derecho a ser dejado tranquilo". El otro aspecto es el de mantener fuera del conocimiento de los demás o del público en general ciertos aspectos de su vida personal. Mientras el primero se le ataca mediante ruidos, hostigamientos, etc.; al segundo, por observación directa o cualquier otro método para conseguir la información de manera irregular".

3. El constituyente establece un mandato exclusivo al legislador en cuanto al tratamiento y protección de Datos Personales. El párrafo final del Artículo 19º N°4 de la Carta Fundamental establece que “El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;”, de esta forma solo y únicamente el legislador puede regular que tipo de datos son protegidos, en que forma y como deben utilizarse.

4. Actuación del recurrido vulneró el derecho a la intimidad y la honra al registrar las conversaciones privadas en mensajería contenida en la aplicación o red social whatsapp, la que es de uso personal y privado, accediendo a ellas el recurrido sin la autorización y consentimiento de su representado, acusándole además de actos deshonestos, formulando imputaciones sobre hechos que revisten caracteres de delito.

Al no existir habilitación alguna para ello, el recurrido sin el consentimiento expreso ni tácito de su representado, accedió a conversaciones y datos de carácter privado, especulando que había cometido delitos, existiendo en su mensajería privada en WhatsApp, fotografías, datos, e información y conversaciones las cuales su representado no quiere que sean conocidos por otras personas, menos por el recurrido, vulnerando con ello la garantía constitucional establecida en el Artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

III.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 1.- Los requisitos de admisibilidad según la norma. Los requisitos de admisibilidad del Recurso de Protección se encuentran, además de en el art. 20° de la Constitución, en el art. 2° del Auto Acordado sobre tramitación del Recurso Protección en complemento con su art. 1° en cuanto al plazo para interponerlo:

“1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

“Presentado el recurso, el Tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesto en tiempo y si se mencionan hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Si su presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a garantías de las mencionadas en la referida disposición constitucional, lo declarará inadmisible desde luego por resolución fundada, la que será susceptible del recurso de reposición ante el mismo tribunal, el que deberá interponerse dentro de tercero día. En carácter de subsidiario de la reposición, procederá la apelación para ante la Corte Suprema, recurso que será resuelto en cuenta.”

2. Recurso interpuesto dentro de plazo. En primer lugar, este recurso se interpone dentro del plazo de 30 días señalado en el N° 1° del referido Auto Acordado ya que el acto recurrido corresponde al día 2 de enero de 2024.

3. Se mencionan los hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En el acápite referente a los hechos, especialmente el acápite I.b y acápite II, de este recurso, se mencionan cada uno de los derechos fundamentales y la forma en que los hechos descritos los afectan, por lo que sí se cumple con mencionar los hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4. Si no se considera afectación actual de los derechos fundamentales de esta parte, al menos existe amenaza. Si en consideración a los hechos, se llegare a considerar que actualmente su representado no se encuentra privado o perturbado de los derechos fundamentales cuya vulneración y perturbación se ha alegado, al menos debe considerarse amenazado el derecho tutelado por el constituyente en el Artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

5. Recurso de Protección debe ser admitido pues también cubre amenazas a derechos fundamentales. La idea de que no solo las privaciones o perturbaciones directas sino también las amenazas están cubiertas por el Recurso de Protección, las hace patente también la doctrina. Así, nombre reservado, al explicar las exigencias constitucionales del Recurso de Protección señala: “Como se sabe, la acción cautelar es procedente no sólo respecto de perturbaciones o privaciones de un derecho indubitado y preexistente, sino también frente a amenazas.”

Luego, respecto de “amenazas”, nombre reservado cita a don nombre reservado en relación a la sentencia citada precedentemente:“Vid. nombre reservado, El Recurso de Protección (1982) La amenaza debe ser "seria, directa y actual para los derechos esenciales" (Corte Suprema, Rol No 7562-2008, 26.1.2009).”

Por su parte, en su libro sobre tutela preventiva del daño, nombre reservado indica al Recurso de Protección como un mecanismo de tutela preventiva de tipo constitucional, precisamente, porque tutela frente a amenazas.

La propia Corte Suprema también lo ha señalado: “que aparece desprovista de toda racionalidad y que en si misma encierra una amenaza seria, directa y actual para los derechos esenciales de los actores, a que antes se hizo referencia, los cuales se encuentran asegurados en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República;”

6. Existencia de otros medios para proteger mis derechos no quita la procedencia del Recurso de Protección: Finalmente, cabe dejar claro que la existencia de otros recursos administrativos o judiciales para buscar solución al caso objeto de autos no impide la admisibilidad del recurso que se interpone. Como señala Nogueira Alcalá en su artículo “El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano”:

“Son correctas las resoluciones de los tribunales que niegan las defensas de los recurridos en virtud de la existencia de otros medios procesales ordinarios para la defensa de los derechos invocados, ya que la acción puede utilizarse siempre "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes", como señala el mismo artículo 20 de nuestra Constitución Política. inciso 1 °, frase final.”

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago ha determinado que: “alegar la improcedencia de la acción de protección a pretexto de que asisten a la recurrente otros derechos que podría hacer valer en diferente sede, no es alegable, toda vez que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede la acción de protección, sin perjuicio de aquellos derechos; motivo por el que procede hacer lugar al conocimiento, en todo caso cuando el acto jurídico de la autoridad que se reprocha, es ilegal y ocasiona una lesión a alguno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República”.

7. Conclusión: El presente recurso de protección cumple con todos los requisitos que el Ordenamiento Jurídico exige para ser admitido a tramitación y ser posteriormente acogido. Conforme a lo expresado en el cuerpo de este escrito, se da cuenta a V.S Ilustrísima que el actuar del recurrido, al registrar y conocer sin autorización y consentimiento previo, el contenido de las conversaciones y datos privados de su representado, así como sindicarlo de autor de hechos que revisten caracteres de delito, constituyen actos ilegales y arbitrarios, que privan, perturban y amenazan el derecho a la intimidad y vida privada y honra de su representado, consagrado por el artículo 19º N°4 de la Constitución Política de la República, contraviniendo de sobremanera el mandato constitucional.

El actuar ilegal y arbitrario en que ha incurrido el recurrido, al exceder el ámbito de su competencia, y sin que tenga derecho y acceso en su proceder, registrando, revisando y tomando conocimiento de información, conversaciones privadas con otras personas, datos privados, fotografías, los que pertenecen al ámbito de la esfera de la vida privada de su representado, además de acusarle de incurrir en diferentes conductas sancionadas por el legislador punitivo etc; constituyen actos ilegales y arbitrarios, conculcan la garantía constitucional a la vida privada, y a la honra, debiendo adoptarse por su V.S Ilustrísima. todas las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de la vida privada, la honra, y los datos personales de su representado; ordenando al recurrido el cese de cualquier intento de revisar el contenido de la mensajería privada de su representado, impidiéndole tener acceso al contenido de mis comunicaciones privadas vía mensajería instantánea por WhatsApp, y que se abstenga en el futuro de incurrir en conductas semejantes, así como el cese de cualquier imputación respecto a eventuales hechos que revisten caracteres de delito, debiendo recurrir por la vía que corresponde.

Solicita: 1.-) Que declare como arbitrario e ilegal el acto descrito, pues vulnera las garantías constitucionales mencionadas. 2.-) Que debe adoptarse por su V.S Ilustrísima. todas las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de la vida privada, la honra, y los datos personales de su representado; ordenando al recurrido el cese de cualquier intento de revisar el contenido de la mensajería privada de su representado, impidiéndole tener acceso al contenido de mis comunicaciones privadas vía mensajería instantánea por WhatsApp, y que se abstenga en el futuro de incurrir en conductas semejantes, así como el cese de cualquier imputación respecto a eventuales hechos que revisten caracteres de delito, debiendo recurrir por la vía que corresponde.3.-) Que se condene expresamente en costas al recurrido.

También comparece GONZALO KINZEL NADER, Abogado, en representación de la parte recurrida, evacuando el informe solicitado, pidiendo el rechazo del recurso de protección, por los argumentos que se exponen a continuación:

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

En primer lugar, el presente recurso de protección que se ha interpuesto por don nombre reservado, no tiene otro objetivo si no impedir el actuar de la justicia, en particular de la justicia penal y civil, para efectos de investigar y eventualmente sancionarlo, por hechos que podrían ser constitutivos de delitos penales y civiles, y que acaecieron con ocasión de la prestación de servicios laborales por parte del recurrente en favor de SOCIEDAD COMERCIAL RIO TRANCURA LIMITADA, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, representada por su mandante, y que se refieren a la sustracción de mercadería que era vendida a terceros por el recurrente, quedándose éste con los dineros obtenidos.

Dicho objetivo queda de manifiesto en la petitoria de la acción constitucional, donde el recurrente pide que se declare ilegal o arbitraria una futura prueba que podría ser usada en su contra al perseguir su responsabilidad penal, tratando el recurrente, desde ya, que se declare ilegal una prueba, cuya declaración es competencia del Tribunal de Garantía (art. 276 inc. 3° del Código Procesal Penal). Además, la misma petitoria solicita que su representado se abstenga de “cualquier imputación respecto a eventuales hechos que revisten caracteres de delito”. De este modo, el recurrente está tratando de vedar el actuar de la justicia en el esclarecimiento y posible sanción de hechos de relevancia jurídica.

En estos hechos también estaría involucrada doña nombre reservado, quien prestó la declaración jurada acompañada por el recurrente en su libelo; la que, si bien declara haber sido interrogada por su representado imputándole “injustamente” la comisión de ilícitos, curiosamente - lo diremos así - la ex-trabajadora renunció a su trabajo y no hizo uso de acciones legales para dejar sin efecto este supuesto abuso de parte de su representado. Así, no dedujo reclamo en la inspección del trabajo, no interpuso acción judicial por tutela laboral, recurso de protección, demanda de auto despido a raíz de incumplimiento grave de obligaciones del empleador, etc. En otras palabras, ella renunció porque entendió que esa era la mejor solución, frente a la supuesta imputación de hechos que no cometió. Como puede ver S.S. esto no tiene credibilidad. Es ilógico que un trabajador o trabajadora adopte una actitud como lo ha hecho ella, existiendo toda una rama del Derecho para darle protección frente a este supuesto abuso que padeció.

Dicho lo anterior, nos referiremos a los argumentos concretos por los cuales se debe rechazar el recurso de protección.

2. EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO. LOS HECHOS ACAECIERON EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y NO EL 02 DE ENERO DE 2024.- En efecto, con fecha 28 de diciembre de 2023, luego que el recurrente se retira del lugar donde prestaba servicios, un trabajador de la empresa, hace ingreso, como de costumbre, al PC de gestión y al ingresar a la página de la aplicación WhatsApp para enlazar su móvil (ya que al interior de la oficina la señal no es buena), se percata que este ya estaría enlazado con una cuenta de otra persona, verificando que correspondía a la del recurrente. Allí se pudieron ver muchos mensajes que daban cuenta de una importante red de robo planificado y reiterado a la SOCIEDAD COMERCIAL RIO TRANCURA LIMITADA, consistente en la sustracción de mercadería y venta a terceros quienes le depositaban a su cuenta bancaria, sin informar esto a su empleador ni menos entregar los dineros recibidos.

Todo esto fue conversado e incluso ACEPTADO por el recurrente, quien se obligó a indemnizar el perjuicio. Sin embargo, ahora, busca eludir el actuar de la justicia.

Todo esto demuestra, además, que el actuar NO HA SIDO ARBITRARIO, o sea, irracional o con falta fundamento plausible.

Para dar más claridad a lo que se viene afirmando, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Cuál es el interés que hay detrás de la acción constitucional? ¿A qué se arriesga el recurrente si no se acoge la acción? ¿Por qué el recurrente no señala el contenido de los mensajes que tenía su WhatsApp y que habrían sido vistos por su representado? ¿Cuál es el perjuicio concreto de la supuesta vulneración a la garantía de la vida privada? Nada dice el recurrente y no lo dice porque no le conviene decirlo.

Dicho lo anterior, volvemos al punto central de este apartado. Los hechos acaecieron el 28 de diciembre de 2023 por lo cual, teniendo en consideración lo dispuesto en el art. 1° en el AUTO ACORDADO 94-2015 de la Excma. Corte Suprema sobre Recurso de Protección, la acción es extemporánea.

3. INCOMPETENCIA. EL CONFLICTO DE AUTO NO PUEDE SER RESUELTO MEDIANTE UN RECURSO DE PROTECCIÓN, SINO QUE DEBE SERLO ANTE UN TRIBUNAL DE GARANTÍA Y CON LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN UN PROCEDIMIENTO PENAL, COMO SE EXPLICA A CONTINUACIÓN.

Como se enunció al principio de esta presentación el recurrente pide que se declare ilegal o arbitraria una futura prueba que podría ser usada en su contra al perseguir su responsabilidad penal, tratando el recurrente, desde ya, que se declare inconstitucional una prueba, cuya declaración es competencia del Tribunal de Garantía.

En efecto, el art. 276 inc. 3° del Código Procesal Penal sostiene que “Del mismo modo, el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales”

Como se puede apreciar es el Tribunal de Garantía el llamado a excluir prueba obtenida sin observancia de garantía fundamentales.

Ahora bien, para poder determinar si la obtención de mensajes de WhatsApp ha implicado la vulneración de garantías fundamentales, será necesario que tenga lugar una investigación y posterior juicio penal, donde el ente persecutor, el eventual querellante o víctima y el defensor del imputado, por cierto, aporten todos los antecedentes para determinar fehacientemente si estamos ante una vulneración de garantías fundamentales o no. Ergo, esto no puede ser resuelto a través de un procedimiento esencialmente cautelar como es el recurso de protección, de naturaleza breve y donde no ha intervenido el Ministerio Público, el cual cuenta con todos los recursos estatales para investigar y determinar si la obtención de la prueba - en este caso de las conversaciones de WhatsApp - podría ser declarada ilegal o contraria a derecho fundamentales.

Por ello, es que el recurso de protección no es la vía idónea para pronunciarse sobre la inobservancia de garantías constitucionales referentes a la obtención de prueba que pueda ser utilizada en un posterior juicio penal 4.

EL RECURRENTE PRETENDE COARTAR EL DERECHO A DENUNCIAR, QUERELLARSE, DEMANDAR Y EL DEBER DE LOS TRIBUNALES DE EJERCER LA JURISDICCIÓN A TRAVÉS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL.

En la misma parte petitoria del recurso se solicita que su representado se abstenga de “cualquier imputación respecto a eventuales hechos que revisten caracteres de delito”. De este modo, el recurrente está tratando de vedar el actuar de la justicia en el esclarecimiento y posible sanción de hechos de relevancia jurídica, al encontrarse su representado impedido por resolución judicial de denunciar, querellarse o demandar.

En efecto, el recurrente pretende que su representado se abstenga de ejercer su legítimo derecho a denunciar, querellarse, ejercer acciones civiles o de cualquier otra naturaleza, que tengan por objeto hacer efectiva la eventual responsabilidad por los hechos que se han relatado en este informe.

Con ello, también, se pretende por el recurrente que los tribunales de justicia llamados a pronunciarse sobre la legalidad o constitucionalidad de la obtención de una prueba, a través de un procedimiento especialmente establecido para el efecto, con etapas, derechos procesales, recursos, etc., no puedan hacerlo y, por el contrario, desde ya, a través de un procedimiento cautelar (no establecido para dicho efecto) como es el recurso de protección, se abstengan los tribunales de primera instancia del ejercicio de la jurisdicción como medio para resolver el conflicto que se ha generado por un actuar del recurrente.

Así pues, lo que se está pretendiendo, en definitiva, es que, a través de este procedimiento de naturaleza esencialmente cautelar, desde ya se declare inconstitucional una prueba, para que, de esta forma, no se le pueda perseguir penal ni civilmente.

Lo detallamos un poco más.

Los mensajes de WhatsApp cuya obtención se pide que sea declarada inconstitucional, configuran el primer y único antecedente que se tiene por su representado del perjuicio que se le ha ocasionado con la sustracción de mercadería y venta a terceros sin su consentimiento.

De este modo, de declararse inconstitucional, en esta instancia, la obtención de los mensajes de WhatsApp, desde ya, se le estaría impidiendo a su representado invocar estas conversaciones como el antecedente a través del cual él se entera de los hechos defraudatorios y por lo mismo no se podría explicar frente un tribunal ordinario cómo es que se toma noticia de estos.

Así las cosas, acoger el presente recurso de protección implicaría vulnerar el derecho a la acción (contemplado dentro del debido proceso), el derecho a ejercer peticiones a la autoridad y el derecho a que los tribunales de justicia, a través del debido proceso establecido para la solución de un conflicto de relevancia jurídica (proceso ordinario y no cautelar), solucionen el conflicto que se ha generado entre las partes.

Finalmente nos referiremos a los motivos por los cuales el recurso ha perdido oportunidad.

5. EL RECURSO HA PERDIDO OPORTUNIDAD. APLICACIÓN DE WHATSAPP WEB ESTÁ CERRADA Y DENUNCIA REALIZADA EN FISCALÍA.

En efecto, según se acredita con un documento que se acompaña en un otrosí, la aplicación de WhatsApp Web (sesión desde el PC) se encuentra cerrada.

Como se puede ver, con este hecho ha perdido oportunidad el recurso de protección, toda vez que en su parte petitoria solicita que, entre las medidas que se adopten, se encuentre la siguiente: “ordenando al recurrido el cese de cualquier intento de revisar el contenido de la mensajería privada de su representado, impidiéndole tener acceso al contenido de mis comunicaciones privadas vía mensajería instantánea por WhatsApp, y que se abstenga en el futuro de incurrir en conductas semejantes”

Por otro lado, ya se presentó denuncia ante el Ministerio Público por los hechos expuestos en este informe, como se acreditará con la copia respectiva que se hará llegar. Así, ha perdido oportunidad el recurso de protección –ya que el recurrente solicitaba “el cese de cualquier imputación respecto a eventuales hechos que revisten caracteres de delito” - y será el Tribunal de Garantía quien deberá pronunciarse sobre la eventual obtención de estos mensajes de WhatsApp con infracción a garantías fundamentales.

Así, queda en evidencia que el recurso ha perdido oportunidad.

6. FINALMENTE, EL RECURSO DE PROTECCIÓN NO AMPARA EL EJERCICIO ILEGÍTIMO DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

En efecto, el art. 20 de la Constitución Política de la República sostiene que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el LEGÍTIMO ejercicio de los derechos y garantías establecidos en…”

Como se puede ver, la Constitución solamente asegura el ejercicio legítimo de derechos, lo cual, se ha sostenido que es la aplicación del principio clásico según el cual no es lícito aprovecharse del dolo propio o de la culpa propia.

Sin embargo, en nuestro caso el recurrente pretende ejercer su derecho fundamental a la vida privada para un fin ilegítimo como es impedir que se esclarezcan hechos que podrían ser constitutivos de delitos en su contra, evadiendo así el actuar de la justicia y que sean los tribunales, a través de los procedimientos correspondientes, que resuelvan los conflictos de relevancia jurídica, no siendo el recurso de protección un procedimiento destinado para determinar si la obtención de mensajes de WhatsApp sobre hechos posiblemente constitutivos de delito sea declarada vulneradora de derechos fundamentales.

Solicita tener por evacuado el informe y en su mérito rechazar el recurso de protección, con costas.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados en la norma precitada, surgiendo de tal descripción que debemos hallarnos en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho SEGUNDO: Que, la presente acción constitucional no ha sido concebida como un medio para obtener pronunciamientos declarativos, por ser ello propio de un juicio de lato conocimiento, que escapa de la finalidad y naturaleza del recurso de protección. En tal sentido se ha pronunciado reiterada jurisprudencia (vid., v. gr., sentencias CS. de 9.05.1995 y de 26.06.1995, respectivamente, publicadas en Gaceta Jurídica Nos 179, p. 80 y 180, p. 24, entre muchas otras). De lo cual se infiere que la mentada acción no constituye una acción jurisdiccional susceptible de ser encasillada entre las causas civiles y criminales de que corresponde conocer a los tribunales que integran el Poder Judicial, conforme al artículo 76, inciso 1° de la Carta Fundamental, ni entre las de naturaleza contencioso-administrativa, a que alude el inciso 2° del artículo 38 de la misma Carta.

TERCERO: Que, la recurrente solicita se declare como arbitrario e ilegal la actuación consistente en que el recurrido, que fue su ex empleador, habría revisado su WhatsApp, y accedido a diversas conversaciones con otros contactos, dado que al parecer y según la versión que le dio la recurrida, cuándo él se desvinculó de la empresa quedo abierto en computador institucional que el utilizaba lo que permitió que se extrajeran conversaciones privadas, desde la mensajería de WhatsApp, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales que invoca y que se ordene al recurrido el cese de cualquier intento de revisar el contenido de su mensajería privada, impidiéndole tener acceso al contenido de sus comunicaciones privadas vía mensajería instantánea por WhatsApp.

CUARTO: Que, por el contrario, la recurrida indica que con fecha 28 de diciembre de 2023, luego que el recurrente se retira del lugar donde prestaba servicios, un trabajador de la empresa, hace ingreso, como de costumbre, al PC de gestión y al ingresar a la página de la aplicación WhatsApp para enlazar su móvil (ya que al interior de la oficina la señal no es buena), se percata que este ya estaría enlazado con una cuenta de otra persona, verificando que correspondía a la del recurrente. Allí se pudieron ver muchos mensajes que daban cuenta de una importante red de robo planificado y reiterado a la Sociedad Comercial Rio Trancura Limitada, consistente en la sustracción de mercadería y venta a terceros quienes le depositaban a su cuenta bancaria, sin informar esto a su empleador ni menos entregar los dineros recibidos Indica que todo esto fue conversado e incluso aceptado por el recurrente, quien se obligó a indemnizar el perjuicio. Sin embargo, ahora, busca eludir el actuar de la justicia por hechos que podrían ser constitutivos de delitos penales y civiles. Se indica además que según se acredita con un documento que se acompaña en un otrosí, la aplicación de WhatsApp Web (sesión desde el PC) se encuentra cerrada, por lo que la petición del libelo ha perdido oportunidad. Indica que ya se presentó denuncia ante el Ministerio Público por los hechos expuestos en este informe QUINTO: Que, de los hechos relatados en la acción interpuesta y, del informe respectivo, no es posible deducir actuaciones que tengan las características propias de un recurso de protección, toda vez que se discuten supuestos temas que podrían tener características de un delito, cuya competencia le corresponde al Ministerio Publico, debiendo discutirse en una instancia jurisdiccional de lato conocimiento las alegaciones relativas a la eventual ilegalidad del uso como medio de prueba de las conversaciones de la recurrente a que tuvo acceso la recurrida en donde se pueda probar la forma en que se accedió a las mismas, y si ello implicó o no la obtención de una prueba cuya licitud pueda ser cuestionada. A mayor abundamiento, al acreditarse que la aplicación de WhatsApp Web (sesión desde el PC) se encuentra cerrada, no es procedente la petición segunda del recurso de autos SEXTO: Que, así las cosas, la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, no siendo la vía idónea para conocer y resolver materias propias de un juicio de lato conocimiento, en donde, conforme a los procedimientos legales establecidos al efecto, las partes puedan hacer valer sus pretensiones y rendir todas las pruebas que estimen convenientes para lograr el establecimiento de sus pretendidos derechos, por lo que este recurso debe ser desestimado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado en contra de nombre reservado.

Redacción del fallo por el abogado Integrante Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y devuélvase.

N°Protección-199-2024. (cwm)