nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI

C.A. de Temuco Temuco, quince de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS Comparece don nombre reservado, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), de la Región de la Araucanía, Rut Nº RUT reservado, representada por su director regional don Juan Pablo Orlandini Retamal, cedula nacional de identidad Nº RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; respecto a la Resolución Exenta RA Nº 110839/1228/2022, de fecha 10 de mayo de 2022, emanada del organismo público recurrido, resolución que le fue notificada con fecha de ese mismo día, mediante la cual se dispone el termino anticipado de su contrata por no ser necesarios mis servicios. En razón de lo anterior, tal acto administrativo impugnado es vulneratorio de derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, numerales 2 y 24 de la Constitución Política de La República, y que mediante el ejercicio de esta acción constitucional, solicita se adopten de inmediato las medidas que juzgue y considere necesarias, a fin de que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la debida protección de sus legítimos derechos.

Explica que en su calidad de funcionario público, ingrese a trabajar a la JUNJI, Región de la Araucanía, el día 27 de enero de 2020, como PROFESIONAL, grado 9 de la Escala Única de Sueldos (EUS), en calidad de CONTRATA, calidad jurídica que mantuve hasta el día de mi desvinculación, esto es, el 10 de mayo de 2022. Esto da cuenta que fue nombrado como profesional, en base a su calidad de abogado con grado de magister en derecho, y que desempeñe funciones de gestión y como asesor del director regional. El mencionado acto administrativo de desvinculación, invoca en su parte final, en su “resuelvo”, que esto se realiza “por no ser necesarios sus servicios”, lo cual es paradójico teniendo en consideración que es el mismo director regional, don Juan Pablo Orlandini Retamal, quien firmo su nombramiento cuando ingresó a dicha institución en enero del año 2020, y no otro director nombrado por la administración entrante en marzo del año en curso. Indica que la recurrida no invocó causal legal alguna y lo que queda de manifiesto es que el acto administrativo no menciona ninguna de las causales legales establecidas en el artículo 146 de la ley 18.834, sólo fundamentó su decisión en que sus servicios no son necesarios, criterio en el que queda de manifiesto la falta de razonabilidad del acto y por ende la arbitrariedad con que ha sido emitido.

La Contraloría General de la Republica en sus dictámenes Nº 23.518-2016 y Nº85.700-2016, ha resuelto que debe existir siempre una motivación para proceder a desvincular a un funcionario de la Administración del Estado. En el considerando Nº 2 del acto administrativo que pretende desvincularme, se citan los artículos 3, letra c) y el 10 de la Ley 18.834, que son artículos que definen lo que es una “contrata”, mas no explican las razones de hecho ni de derecho que justifiquen la decisión administrativa. No obstante en este punto, reitero, no se utilizó ninguna causal legal, de las contempladas en la norma, lo que deja de manifiesto la ILEGALIDAD del acto administrativo ejecutado por la recurrida para el momento de la desvinculación, pues es prácticamente de obviedad, que este obedece a razones subjetivas o caprichosas que la contraria ocultará, lo que denota la falta de razonabilidad y por ende la manifiesta ARBITRARIEDAD del acto, que pone término a la contrata sin ninguna justificación legal ni tampoco fáctica.

Lo expuesto se confirma a la luz del análisis de las causales del artículo 146 de la ley 18.834 y por la circunstancia de las motivaciones del término de la contrata que han sido explicitadas por escrito. En efecto, el suscrito no ha sido calificado en lista 4 de remoción, que implicaría la declaración de vacancia del cargo conforme letra c) del referido artículo 146. Por este motivo, esta causal no podía ser sustentada por el demandado. Es más, hasta su salida del servicio, sus calificaciones estaban con holgura por sobre la suficiencia que exige la norma. Tampoco el recurrente ha sido destituido en virtud de un sumario administrativo para hacer aplicable la letra d) de la disposición indicada. Además, el empleo no ha sido suprimido, en cuyo caso sería aplicable la letra e) del artículo 146 de la Ley 18.834. Como no está presente la supresión, no podría apelarse por la recurrida a que no existe una necesidad de la función y, a la vez que no existiría financiamiento de la dotación de la cual era, por cuanto realizaba funciones que se incluyen en labores necesarias para el correcto funcionamiento y la concreción de los fines de la recurrida, todo lo que se realiza hasta el día de hoy.

En conclusión, según lo relacionado, el acto administrativo que pone término anticipado a su contrata debe ser considerado como dictado sin la debida justificación ni argumentación fáctica y de derecho, lo que equivale a no tener fundamento, por cuyo motivo no cumple con lo dispuesto por el Dictamen Nº 22.766, de fecha 24 de marzo de 2016, de la Contraloría General de la República, y debe ser dejado sin efecto. Por otra parte, según el artículo 10 de la Ley Nº 18.834, la jurisprudencia administrativa del órgano de Control "ha precisado que las designaciones a contrata constituyen empleos esencialmente transitorios que se consultan en la dotación de una institución, cuya finalidad es la de complementar el conjunto de cargos permanentes que forman parte de la planta de personal de un servicio, según lo requieran las necesidades de este". Esa transitoriedad está dada por la fecha de término, la que siempre tiene como límite el 31 de diciembre del respectivo año. Consecuentemente, resulta contradictorio e impresentable que la recurrida pueda siquiera pensar argumentar que las funciones que desarrolló son transitorias, ya que dichas funciones son esenciales dentro de JUNJI, consistentes en realizar gestiones con distintas instituciones públicas y privadas, municipalidades, gremios de funcionarios, centros de padres y demás subdirecciones al interior de la dirección regional, las cuales cumplió de manera prolija y exhaustiva.

Así las cosas, queda de manifiesto que no existe motivación plausible para poner fin anticipado a su contrata; sólo hubo un actuar caprichoso y arbitrario de la autoridad.

En la actualidad, es un verdadero axioma que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen Nº 85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley Nº 18.884.

En el considerando tercero del acto administrativo que pretende poner término a su contrata, se esgrime el argumento de que este recurrente no contaría con la confianza legítima, en atención a lo considerado en el “instructivo” NºE156769/2021, en el que la Contraloría General de la República, en su cuarta página declara: “Asimismo, el criterio de que se trata tampoco resulta aplicable respecto de los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de ministros, subsecretarios y jefes de servicios. En efecto, atendida la naturaleza de confianza que existe entre esas autoridades y quienes desarrollan las labores comentadas, estos servidores no se encuentran beneficiados con la confianza legítima de que trata la presente instrucción, salvo que acrediten haber sido objeto de dos renovaciones anuales de sus contratas en otra dependencia de la misma institución, antes de desempeñarse en gabinete.” En su caso sin embargo, el que firma el acto administrativo que pretende poner término a su contrata es el mismo director regional que lo nombró en enero del año 2020 (Orlandini Retamal), y no uno nuevo, que pudiese haber sido nombrado por la administración entrante en marzo del año en curso, por lo que no puede señalarse que ya no cuenta con la confianza de sus superiores, ya que son los mismos que lo contrataron.

Así las cosas, este acto ha afectado su garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. "La Constitución asegura a todas las personas: Nº 2, la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley". Se vulnera en lo que se refiere a que ninguna autoridad puede establecer discriminaciones y diferencias arbitrarias, y que, en el caso de marras, se ha discriminado al recurrente arbitrariamente dejándoseme fuera del servicio público, en lugar de cualquier otro funcionario en igual calidad, sin expresión plausible de una causa legal, sin fundamento racional o posible falta en la gestión del suscrito, o cualquier causa razonable que justifique la desvinculación anticipada. Además, la resolución que puso término a la contrata del recurrente es ilegal debido a que contravino lo dispuesto en el artículo II de la Ley 19.880, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, según se ha indicado, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley al haber sido discriminado arbitrariamente, puesto que a pesar de los 2 años y 4 meses que estuve a disposición del servicio, no se sostiene en la resolución recurrida argumentación plausible para terminar anticipadamente su contrata, por cuanto el supuesto base en que se sostiene la resolución, es decir, la de no contar con sus servicios por supuestamente- no ser estos necesarios, constituyéndose como una verdadera descalificación profesional en su contra, que hace quedar al suscrito como inservible. También vulnera el articulo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. "La Constitución asegura a todas las personas: Nº 24 el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales". La Constitución reconoce a todas las personas derecho de propiedad sobre los intereses anexos a su empleo. La estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho, y en su patrimonio se ha integrado la expectativa cierta se ser renovada su contrata o al menos ser respetada hasta diciembre de 2022, percibiendo remuneración acorde a la labor para la que fue contratado. Al haber sido removido anticipadamente de su empleo, sin mediar razón, motivación o fundamento suficientes y razonables para la referida decisión, se le ha despojado de todo aquello que me corresponde como trabajador y funcionario púbico, ya que gozaba no sólo del derecho a permanecer en su empleo hasta el día 31 de diciembre de 2022, sino que además, tenía la legítima expectativa de que su cargo sería renovado sucesivamente, ya que ha sido renovada dicha contrata desde el año 2020, de forma continua, generándose la confianza legítima de que ese acto sería repetido en el tiempo, salvo que mediara alguna causal objetiva para disponer el cese de sus funciones, cuestión que en la especie no ha ocurrido.

Por ello pide, tener por interpuesta la presente acción constitucional de protección en contra de la Resolución Exenta RA Nº 110839/1228/2022, emitida por la Junta Nacional de Jardines Infantiles de La Araucanía a través de su director regional don Juan Pablo Orlandini Retamal, ambos ya individualizados, por lo expresado en el cuerpo de esta presentación y previo informe de la recurrida, resolver que esta incurrió en un acto ilegal y arbitrario que perturba o amenaza el ejercicio de los derechos fundamentales esgrimidos, notificada al suscrito el 10 de mayo de 2022, mediante la cual se pone fin anticipado a la contrata de este actor con la misma fecha que le fuera notificado; admitirla a tramitación, y acogerla en definitiva en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, declarando que se ha vulnerado su derecho a la igualdad y no discriminación y su derecho de propiedad en los términos expuestos en el presente recurso, solicitando se declare: 1.- Que la resolución recurrida que pone término a la contrata del actor es un acto ilegal y arbitrario, que afecta los derechos constitucionales, conjunta o separadamente, esgrimidos en la acción. 2.- Que se deja sin efecto o invalida la resolución impugnada. 3.- Se ordene la inmediata reincorporación del actor a las funciones que desarrollaba hasta antes que fuera notificado de la resolución ilegal descrita en la acción. 4.- Que se ordene el pago de todas las remuneraciones o sueldos del recurrente desde el momento en que fue separado de sus funciones hasta el momento de la respectiva reincorporación. 5.- En subsidio, se ordene el pago de las remuneraciones a que el actor tenía derecho desde que fue separado de sus funciones hasta el término de su nombramiento, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2022. 6.- En definitiva, se decreten todas las medidas que se estime necesarias y que tengan por objeto restablecer el imperio del derecho y la debida protección del actor como afectado. 7.- Se condene en costas del recurso a la recurrida, si hubiere oposición.

ROXANA SAAVEDRA VALDES, abogada, actuando, en nombre del recurrido, JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, señala: Efectivamente el recurrente ingresa a prestar funciones para la Dirección Regional de La Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a partir del 27 de enero de 2020, grado 9 EUR. La designación de contrato se realizó mediante Resolución Exenta RA N° 110839/1133/2020 de 13 de marzo de 2020. Se debe precisar que, con el propósito de reforzar las Unidades educativas dependientes de la Dirección regional Junji Región de La Araucanía se hizo necesario contratar en forma directa y a elección de la Jefatura del servicio, realizándose la contratación del recurrente como Jefe de Gabinete, autorizando expresamente eximir la contratación del proceso de selección, lo que se aprobó con fecha 28 de enero de 2020, por Resolución exenta N° 015/664, todo lo anterior conforme lo dispone el artículo 14º de la Resolución N° 1 de 11 de Mayo de 2017 del Ministerio de Hacienda que Aprueba normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas, a todos los servicios públicos conforme la facultad establecida en el artículo 2°, letra q), de la Ley Orgánica de la Dirección Nacional Del Servicio Civil, contenida en el artículo vigésimo sexto de la Ley N° 19.882: El proceso de reclutamiento y selección señalado en el artículo anterior, será aplicado a los ingresos de personas que se incorporen al servicio en calidad jurídica de contrata o Código del Trabajo, salvo que la autoridad, por resolución fundada, resuelva no aplicarlo, informando de ello a la Dirección Nacional del Servicio Civil. La contrata del recurrente fue prorrogada para el año 2021 por Resolución Exenta RA N° 110839/4/2021 de 06/01/2021, así como también por Resolución Exenta RA N°110839/3433/2021 de 26/12/2021, se prorroga contrata del cargo como jefe de gabinete del recurrente, desde el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre del mismo año. Las funciones que desempeña para el año 2022, como jefe de gabinete, se ven encomendadas por Resolución Exenta RA N° 110790/91/2022 de 20/01/2022, dictada por la vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de jardines Infantiles, Vicepresidencia le encomienda funciones directivas a don nombre reservado, asignándole funciones como jefe de Gabinete.

Debe indicarse que el recurrente fue cesado en sus funciones mediante Resolución Exenta RA N° 110839/1228/2022 de 10/05/2022, de la Dirección Regional de la Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la que fue debidamente notificada a la contarparte. Dicha resolución, se dispuso en sus considerandos los motivos de término anticipado del nombramiento a contrata del actor, fundado en los siguientes argumentos:

“1.- Que, el funcionario nombre reservado, de profesión Abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, Grado 9° EUR, contrata, ingresó al servicio con fecha 27 de enero de 2020, como Jefe de Gabinete de la Dirección Regional de la Araucanía de esta Junta Nacional de Jardines Infantiles.

2.- Que, se ha tenido a la vista entre otras normas a los artículos 3°, letra c), y 10 de la ley N° 18.834, en virtud de los cuales los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio, pudiendo ponerle término en una data anterior a la establecida, y las atribuciones establecidas en el artículo 31 de la ley N° 18.575.

3.- Que, la Contraloría General de la Republica se ha pronunciado al respecto y ha señalado: “La confianza legítima no resulta aplicable respecto de los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de ministros, subsecretarios y jefes de servicios. En efecto, atendida la naturaleza de confianza que existe entre esas autoridades y quienes desarrollan las labores comentadas, estos servidores no se encuentran beneficiados con la confianza legítima de que trata la presente instrucción, salvo que acrediten haber sido objeto de dos renovaciones anuales de sus contratas en otra dependencia de la misma institución, antes de desempeñarse en gabinete. Del mismo modo, respecto de los funcionarios que se desempeñaron en las aludidas dependencias y experimentaron un cambio de funciones o unidad de desempeño, las renovaciones de que fueron objeto en los gabinetes no son aptas para generar la expectativa legítima” (Aplica dictamen N° E156769/2021).

RESUELVO: PÓNESE TÉRMINO ANTICIPADO A LA DESIGNACIÓN A CONTRATA DE:

1) Don(a) nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, como PROFESIONAL, asimilado a grado 9° ESCALA UNICA DE SUELDOS, contrata, del servicio JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios.

El señalado acto fue sometido al control de legalidad del Organismo de Control, de acuerdo a las facultades que le corresponden, conforme al artículo 98 de la Carta Fundamental y 1° y 6° de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de Contraloría General de la República, resultando registrado sin observaciones por esa entidad de control.

Los dictámenes N°s 85.700 de 2016, 6.400 de 2018 y 156.796 de 2021 han resuelto que la decisión de no renovar, o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado. A su vez, cuando a las contrataciones se ha agregado la fórmula “mientras sean necesario sus servicios” ha concluido la jurisprudencia administrativa que la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo materialice a través de un acto administrativo fundado, señalando el dictamen N° 156.796 del 17 de noviembre de 2021 que “(…)Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el dictamen N° 48.251 de 2010 de este origen, resolvió que la aplicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” puede estar referida a las aptitudes personales del funcionario, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que aquel se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario. No obstante, en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo”. Finalmente, en relación a este punto, es importante mencionar que el dictamen N° 156.769 del 17 de noviembre de 2021 sobre confianza legítima en las contratas, actualiza y complementa las instrucciones y criterios fijados en los dictámenes N° 85.700 de 2016 y 6.400 de 2018 y recoge, con efectos generales, lo resuelto de manera constante en fallos de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la materia.

En cuanto al principio de Confianza Legítima, debe indicarse que la confianza legítima está configurada por una vinculación funcionaria cuya extensión ha alcanzado al menos dos renovaciones anuales, de manera tal que para adoptar una determinación diversa (no renovación de contrata o término anticipado de ésta) es menester, al amparo del referido principio, que la autoridad emita un acto administrativo, que explicite los fundamentos que avalan tal decisión. Respecto de la aplicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquél le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario. No obstante, en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo, cuestión que como se ha indicado, ha operado en la especie, se da fundamento de la desvinculación del funcionario en el acto administrativo que determinó la desvinculación. La Contraloría General de la Republica se ha pronunciado al respecto y ha señalado que la confianza legítima no resulta aplicable respecto de los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de ministros, subsecretarios y jefes de servicios, en razón a la naturaleza de confianza que existe entre esas autoridades y quienes desarrollan las labores comentadas. A mayor abundamiento, debe resaltarse, que el recurrente nombre reservado ocupó el cargo de Jefe de Gabinete desde su ingreso a la Junta Nacional de Jardines Infantiles a contar de 27 de enero de 2022, conforme lo dispone la resolución de nombramiento y sus prorrogas, por lo que se debe concluir que conforme los dictámenes antes mencionados no cuenta con confianza legítima en lo relativo a dicho cargo y funciones, y la desvinculación se ha verificado conforme a derecho.

La parte recurrente cuestiona la decisión de terminar anticipadamente el nombramiento a contrata, señalando que la recurrida no invocó causal legal alguna y que el acto administrativo no menciona ninguna de las causales legales establecidas en el artículo 146 de la ley 18.834, sólo fundamentó su decisión en que los servicios no son necesarios, criterio en el que queda de manifiesto a su juicio una la falta de razonabilidad del acto y por ende la arbitrariedad con que ha sido emitido. Sobre la argumentación realizada por JUNJI en la respectiva resolución al señalar que sus servicios no son necesarios, se debe precisar que el acto si se encuentra motivado y existe jurisprudencia al respecto, la cual ha avalado tal actuar, así por ejemplo, 5°) Que, en todo caso, y yendo al fondo, la JUNJI no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que la autoridad sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a dar por terminada la contrata del recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la JUNJI no lo torna en infundado (Corte de Apelaciones de Santiago. Rol Protección-175.025-2019. Confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia 43.565-2020).

Como se ha señalado previamente, la resolución RA N° 110839/1228/2022 de 10 de mayo de 2022, indica que la autoridad regional ha decidido disponer el término anticipado del nombramiento a contrata de don nombre reservado, por no ser necesarios sus servicios. La referida resolución indica claramente que el recurrente no cuenta con la denominada confianza legítima, por ser jefe de gabinete, y que sus servicios no son requeridos. Así entonces, y analizado el caso, debe entenderse que el recurrente tenía un puesto de confianza sin desarrollar dentro de la JUNJI otra función. Debido a lo anterior, y dado que el recurrente nombre reservado ingresó a este servicio y siempre ocupó el cargo de Jefe de Gabinete él no contaba con la denominada confianza legítima en lo relativo a dicho cargo y funciones, y la desvinculación se ha verificado conforme a los dictámenes que la Contraloría General de la Republica ha emitido al respecto, siendo enfáticos en señalar que la confianza legítima no resulta aplicable respecto de los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de ministros, subsecretarios y jefes de servicios.

Por lo expuesto, no existe acto ilegal ni arbitrario y tampoco vulneración alguna a sus derechos constitucionales. En efecto, el servicio no ha realizado un tratamiento distinto respecto del funcionario al disponer el término anticipado de su contrata, toda vez que tiene como prioridad cumplir con su misión institucional. Tampoco ha podido afectar el derecho a la propiedad, ya que al haber servido por un tiempo, pero como Jefe de Gabinete, no le permite invocar la legítima confianza, pues esta no le es aplicable al caso de marras, por lo que no existe afectación alguna.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado el informe solicitado en relación con el recurso de protección de autos y, en su mérito, rechazar la acción intentada por el recurrente, por las razones de hecho y de derecho expuestas, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

CUARTO: Que para resolver la presente controversia, necesario es advertir que constituye jurisprudencia administrativa el que una relación a contrata que exceda de dos años y se renueve reiteradamente una vez superado ese límite, tiene el mérito de transformarla en un vínculo indefinido, por lo que se impone al Jefe de Servicio, que toma la decisión de no renovar el contrato de una persona a contrata que goza de confianza legítima o terminarlo anticipadamente, un estándar más alto en la fundamentación, por lo que debe hacerlo a través de un acto administrativo que exprese completamente los fundamentos de hecho y de derecho, así como el razonamiento realizado para tomar dicha determinación.

QUINTO: Que más allá de dilucidar, si en el presente caso corresponde a un Jefe de Gabinete aplicar o no el principio de la confianza legítima, estos sentenciadores consideran que la necesidad de fundamentación que recae sobre la Administración se mantiene intacta, aun cuando se trae de un cargo de confianza, puesto que este imperativo recae sobre todo acto administrativo, especialmente uno que desvincula a un trabajador de su fuente laboral, a pesar de haber precedido sendas renovaciones, que le generaron una expectativa razonable de continuar prestando sus servicios.

Es decir, no se desconocen las facultades o potestades que la ley confiere a las autoridades u órganos públicos, sino a la racionalidad de cómo se ejercen éstas.

SEXTO: Que de lo anterior fluye de manera evidente, que la exigencia de motivación de los actos de la administración, consiste en hacer pública las razones de hecho y de derecho que lo justifican, permitiendo el control por parte del interesado y opinión pública, exigencia necesaria para descartar su ilegitimidad y permitiendo, asimismo, el control jurisdiccional, único modo que puede el afectado por una medida, decidir sobre la pertinencia de su impugnación, de modo que la necesidad de exteriorizar la racionalidad de la decisión, será en todo caso procedente cuando se afecte la esfera jurídica del particular destinatario del acto administrativo, puesto que de ese modo se garantiza que no se actuó en forma arbitraria, motivación que permitirá conocer cuáles fueron los criterios fundamentales de la decisión, en especial, la adecuada ponderación de los intereses públicos y privados en juego y los demás elementos de juicio requeridos por la norma, sin que se cumpla con esta exigencia a través de fórmulas genéricas, las que habrán de concretarse en cada caso, relacionando y explicitando los factores de hecho concurrentes, con la política pública que lo fundamenta.

SEPTIMO: Que, entonces, resulta útil dejar asentado que de los antecedentes que obran en autos, no se ha acreditado que el acto administrativo impugnado haya contado con una motivación suficiente, ni tampoco que el cargo ejercido por el actor se haya suprimido, -como se señaló en estrados por la recurrida-, por lo que únicamente consignar en el mismo “que sus funciones ya no son necesarias”, o que “no existe en estos casos confianza legítima”, no resultan ser razones idóneas que permitan sustentar por sí misma la resolución que desvincula al recurrente, por lo que dicho acto administrativo ha derivado en uno caprichosos e ilegal, lo que se hace necesario acoger la acción constitucional incoada en esta oportunidad.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), de la Región de la Araucanía, y se declara que: I.- Se deja sin efecto la Resolución Exenta RA Nº 110839/1228/2022, de fecha 10 de mayo de 2022; II.- Que, se ordena el reintegro a sus labores del funcionario desvinculado; III.- Que, dicho reintegro se hará con expresa continuidad de sus remuneraciones devengadas desde el momento en que se produjo la separación, y hasta el momento de su efectiva reincorporación, en las mismas condiciones en que aquél se desempañaba al momento de ser desvinculado.

Redacción del Fiscal Judicial sr. nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19648-2022. (sac)