nombre reservado con ITAU CORPBANCA S.A.

C.A. de Temuco Temuco, nueve de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

A folio N°1-2020 Comparece DIEGO BELMAR OJEDA, abogado, en representación del recurrente don nombre reservado, interpone acción de protección en contra de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, BANCO SCOTIABANK, BANCO DE CRÉDITOS E INVERSIONES, y BANCO ITAÚCORPBANCA.

Funda su acción en que su representado, en virtud de la grave situación económica y de insolvencia en que se encontraba, recurrió a las herramientas legales que la ley N° 20.720 sobre insolvencia y Reemprendimiento entregan al deudor para salvar su situación económica, mediante el procedimiento concursal de liquidación voluntaria.

Señala que con fecha 10 de abril del 2017, presentó su solicitud de liquidación voluntaria en calidad de persona deudora al amparo de las normas de la ley de Insolvencia y Reemprendimiento, evidenciándose la falta de liquidez en el pago de las obligaciones a sus acreedores, solamente pudiendo para ello, hacer entrega de los bienes del cual es titular en el dominio.

Agrega que dicha solicitud de liquidación fue tramitada ante el 3° Juzgado Civil de Temuco en la causa Rol C - 1558 - 2017, caratulada “nombre reservado”, dándose lugar a dicha solicitud con fecha 17 de mayo del 2017, dictándose resolución de liquidación de sus bienes, ordenándose, la incautación de bienes por parte del Sr. nombre reservado, la determinación de las audiencias de determinación de pasivo y junta constitutiva de acreedores, y en especial, el llamado a todos los acreedores del deudor a que dentro del plazo legal establecido procedan a verificar su crédito en dicho procedimiento.

Refiere que con fecha 10 de julio del 2017, se llevó a cabo la diligencia de incautación por parte del Sr. nombre reservado, en el domicilio del deudor poniéndose a disposición de los acreedores los siguientes bienes: 1 Hervidor Eléctrico Marca Recco; 1 Parrilla Eléctrica Marca Black and Decker; 1 Minicomponente Marca IRT; 1 Herramientas multiuso Marca Bauker; 1 Saca jugo Marca Oster; 1 Juguera Marca Sindelen; 1 Abre lata eléctrico Marca Black and Decker; 1 Cafetera Marca Oster; 1 Minibús Marca Hyundai modelo new h1 gl crdi 2.5/ año 2016 / placa patente HJCB. 59-1; 88 Acciones Ordinarias en la Sociedad por Acciones Transportes Catalina SPA equivalente a la suma de $ 22.000.000 de pesos del capital social.

Indica que una vez realizada la diligencia de incautación, reparto de fondos y aprobación de la cuenta final del Sr. nombre reservado por parte de los acreedores, con fecha 14 de diciembre del 2017, se declaró terminado el procedimiento concursal de liquidación voluntaria, certificándose su firmeza y ejecutoriedad de dicha resolución con fecha 18 de enero del 2018, resoluciones debidamente publicadas en el Boletín Concursal.

Señala que en cuanto a los efectos de término del procedimiento, el artículo 254 de la ley N.º 20.720 prescribe: “Resolución de término. Una vez publicada la resolución que tuvo por aprobada la Cuenta Final de Administración en los términos descritos en los artículos 49 y siguientes, el tribunal, de oficio, a petición de parte o de la Superintendencia, dictará una resolución declarando terminado el Procedimiento Concursal de Liquidación. Con la resolución de término del Procedimiento Concursal de Liquidación, el Deudor recuperará la libre administración de sus bienes”.

Agrega que de igual forma se establece en el artículo 255 de la Ley 20.720 que “Efectos de la Resolución de Término. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación. Extinguidas las obligaciones conforme al inciso anterior, el Deudor se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales, salvo que la resolución señalada en el artículo precedente establezca algo distinto”.

Afirma que según consta en la causa anteriormente indicada, y como lo expresa la ley Nª 20.720, todas las deudas que presentaba el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación, se entenderán extinguidas por el sólo ministerio de la ley. Por ello, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas, se extinguirán de pleno derecho, no quedando ningún saldo pendiente y restante por el cual pueda demandársele en forma posterior al término del procedimiento.

Sostiene que una vez que son extinguidas las obligaciones o deudas, el deudor se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales.

En cuanto a este concepto, indica que el legislador y el espíritu de la ley N.º 20.720 ha sido muy claro en establecer que el concepto de rehabilitado comprende que la persona que se encuentre en una situación de insolvencia vuelva a ser sujeto de crédito.

Según lo establece la historia de la ley Nº 20.720: “… resulta imperiosa la necesidad de crear un régimen especial para las personas naturales que se encuentran en incapacidad de responder a sus obligaciones financieras por distintas razones, como, por ejemplo, presentar niveles de consumo muy por encima de su capacidad real de pago. Así, el Proyecto busca crear, primeramente, la posibilidad de solucionar una insolvencia personal en un escenario armónico y adaptado a la realidad de un deudor persona natural, dándole la posibilidad de responder con sus propios bienes de manera más breve y menos costosa que en una liquidación de empresas y, así, impulsar comportamientos crediticios responsables en el consumidor a largo plazo, mejorando la educación financiera por medio de normas que la hagan aplicable.”

Agrega que, asimismo, como lo expresó el Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera, mediante el discurso de Promulgación de la ley Nº 20.720 de fecha 09 de Enero de 2014, esta ley aplica a aquellos casos en que las empresas que son inviables o las personas que no son capaces de poder llegar a un acuerdo con sus acreedores, esta ley ayuda a encontrar un mecanismo que permita la solución del problema, disponiendo de los activos, para que esos activos no queden congelados, sino que vuelvan al aparato productivo y para que esa empresa o esa persona tenga una oportunidad de reemprender.

Indica que ello lo demuestra que, una vez terminado el procedimiento, los registros públicos o privados que publican información acerca de deudores, deben dar cumplimiento a la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que establece que los referidos registros no podrán comunicar la información relacionada con obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial en cuanto las obligaciones hayan sido repactadas, renegociadas o novadas o se encuentren con alguna modalidad pendiente. Asimismo, tampoco podrán comunicarse aquellas deudas extinguidas legalmente.

En consecuencia, una Empresa/Persona Deudora que se somete a un Procedimiento Concursal de Liquidación, podrá solicitar la eliminación de sus deudas extinguidas de cualquier registro público o privado.

ACTO ARBITRARIO E ILEGAL QUE PRIVA, PERTURBA Y AMENAZA EL LEGÍTIMO EJERCICIO DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Señala que su representado, con fecha 2 de marzo del 2020, se dirigió a las oficinas de Banco Estado, sucursal Temuco, en donde la ejecutiva que la atendió le indicó arbitrariamente y sin mediar explicaciones que no podría obtener ningún producto comercial de la institución debido “al procedimiento de quiebra al cual se sometió”El mismo día se dirigió a las oficinas de Banco Scotiabank, sede Temuco, en donde la ejecutiva que la atendió le señaló que en el sistema le aparecía “bloqueado”, sin dar ningún argumento técnico, y que, “En el sistema figuraba que se había sometido al procedimiento de quiebra y que no se otorgaban productos comerciales a personas en esa situación”; acto seguido y en el mismo día, se dirigió a las oficinas de banco BCI, sucursal Temuco, en donde la ejecutiva le indicó que “siempre que las personas realizan la quiebra después tienen problemas para acceder a nuestros productos”, negándole el acceso a cualquier cuenta o crédito. Con fecha 3 de marzo de 2020, se dirigió a las oficinas de Banco ITAÚCORPBANCA, sucursal Temuco, con el objetivo de aperturar algún producto comercial, y le indicaron que “debido a su quiebra liquidación voluntaria sería imposible”.

Hace presente que todas las instituciones anteriormente mencionadas, rechazaron entregarle la documentación respectiva en donde consten las razones y fundamentos legales para negarle el acceso a la apertura de cuentas y el otorgamiento de créditos y productos comerciales.

Afirma que lo anterior constituye una arbitrariedad, pues se discrimina a su representado en el sistema crediticio y a toda persona que se haya sometido alguna vez a cualquier procedimiento de la ley Nº 20.720, constituyéndose una inhabilidad permanente para la vida crediticia de una persona.

Sostiene que el actuar de los recurridos demuestra claramente una acción ilegal o arbitraria, que tiene como consecuencia la privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de derechos y garantías fundamentales, a saber:

LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 19 Nº 2 C.P.R).

En este sentido, los recurridos demuestran una actitud sin fundamento, en orden a que toda persona que se somete a un procedimiento legal de esta índole, procedimiento concursal de liquidación voluntaria, será privada y perturbada en sus derechos, no pudiendo acceder a los productos financieros por esa sola circunstancia.

Agrega que los recurridos, están utilizando una ley cuya finalidad fue ayudar a deudores a reemprender con el objetivo de excluir a estas personas y negar la posibilidad de adquirir un crédito, configurándose, por tanto, hechos atentatorios contra la igualdad ante la ley. Por ello, su representado, será estigmatizado respecto a las demás personas por haberse sometido a un procedimiento concursal, marcando su vida en el sistema bancario y crediticio.

Sostiene que a mayor abundamiento, la negativa de otorgar nuevos créditos cumpliendo con los presupuestos comerciales y financieros, va en contra del espíritu de la ley y el tenor literal de la misma. Además, no pueden quedar informados saldos pendientes o deudas castigadas ya que se contradice y no respeta lo señalado en el artículo 255 de la ley Nº 20.720, que expresa que los saldos insolutos quedarán extinguidos por el sólo ministerio de la ley. Indica que la clave o la esencia respecto a lo que establece este artículo radica en 2 aspectos: a) Extinción de los saldos insolutos de los créditos incorporados en la solicitud de liquidación, y b) la rehabilitación del deudor después de terminado el procedimiento de liquidación.

Refiere que en relación a estos dos puntos, los recurridos incurren en una vulneración de los derechos ya indicados, no respetando el espíritu y tenor literal de la ley Nº 20.720, en cuanto a que el deudor rehabilitado en virtud de un procedimiento de insolvencia, el cual pone a disposición todos sus bienes, y con el producto de la venta de ellos, paga a todos sus acreedores, se restablece como un sujeto de crédito.

Indica que los acreedores que fueron informados de la solicitud de liquidación voluntaria de su representado y de la resolución de liquidación debidamente publicada en el Boletín Concursal, inclusive formaron parte del procedimiento, asistiendo a través de sus abogados mediante la verificación de sus créditos en la audiencia de determinación de pasivo (Artículo 190) y en la Junta Constitutiva de Acreedores, por lo que ellos siempre estuvieron presente en cada una de las etapas del procedimiento, siendo pagados en sus créditos adeudados.

Indica que el Servicio Nacional del Consumidor, debido a lo anteriormente indicado, investigó a operadores de la banca y el retail por usar la ley de Insolvencia y Reemprendimiento para no otorgar créditos o tarjetas luego que el deudor se sometiera a los procedimientos que la misma ley prevé.

En otras palabras, dichas instituciones, entre ellas, Banco Estado de Chile, estarían incluyendo entre sus requisitos para el otorgamiento de un crédito, no haber pasado por un procedimiento de insolvencia y reemprendimiento. Ello, se generó por que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento alertó al SERNAC sobre la práctica que incurre el Retail y los Bancos, en especial, el Banco Estado y Líder.

Indica que incluso esta actitud de los recurridos puede tomarse para que los acreedores adopten medidas frente a los deudores que ingresen a este tipo de procedimientos, que, por cierto, es legal, y diferencien o estigmaticen indirectamente a éstos para no dar créditos de ninguna índole.

Señala que para la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, esta práctica va en contra del espíritu y tenor de la nueva ley concursal que busca que las personas que han caído en morosidad puedan acogerse a mecanismos como la renegociación de sus deudas o la liquidación de sus bienes para concretar el pago, de modo que puedan así, hacer un “borrón y cuenta nueva” y logren reinsertarse en el sistema financiero.

LA NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA EN EL TRATO QUE DEBEN DAR EL ESTADO Y SUS ORGANISMOS EN MATERIA ECONÓMICA (ARTÍCULO 19 N° 22 DE LA C.P.R)

Refiere que si bien es cierto la mayoría de los recurridos son instituciones de carácter privado, el Banco del Estado de Chile, es el único banco comercial estatal de Chile, cuya propiedad le pertenece el estado y que, por lo tanto, debería promover y respetar las garantías constitucionales, en especial la establecida en el artículo 19 N° 22 de la constitución política de la República.

Afirma que Banco del Estado de Chile, además incumple gravemente el principio de legalidad señalado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República.

LA LIBERTAD DE ADQUIRIR EL DOMINIO DE TODA CLASES DE BIENES (ARTÍCULO 19 Nº 23 DE LA C.P.R).

Refiere que los recurridos imponen a su representado una carga imposible de superar para adquirir un bien simple, como un crédito o adquirir bienes a crédito, siendo que los recurridos deben basarse en criterios objetivos y respaldados legalmente para la solicitud de créditos y no en el hecho de iniciar un procedimiento concursal de liquidación voluntaria. Por ello, los recurridos excluyen de manera arbitraria e ilegal al actor sin la existencia de una ley que lo autorice. Al contrario, existe una ley que prohíbe este tipo de actuaciones y establece en definitiva la rehabilitación crediticia por parte del deudor que se somete a este procedimiento voluntariamente.

EL DERECHO DE PROPIEDAD EN SUS DIVERSAS ESPECIES, SOBRE TODA CLASE DE BIENES CORPORALES E INCORPORALES (ARTÍCULO 19 N° 24 de la C.P.R).

Indica que cumple con todos los requisitos bancarios para acceder a productos comerciales, tanto en lo que se refiere a la renta ($1.999.371), antigüedad laboral, como también en lo que se refiere a no registrar morosidad en los registros comerciales, siendo absolutamente ilegal el rechazar de forma verbal sus solicitudes por haberse sometido a un proceso concursal de liquidación.

Hace presente que los recurridos conociendo que su actuación al negar la obtención de créditos es absolutamente ilegal, no le entregan ningún documento en donde se señale que se le rechaza su solicitud por haberse sometido a un proceso concursal de liquidación de conformidad a la ley 20.720.

Pide ordenar que:

1°. Se reestablezca el imperio del derecho y se ponga término a los actos que vulneran los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 (igualdad ante la Ley); 19 N° 22 (la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el estado y sus organismos en materia económica); 19 N° 23 (la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes) y 19 N° 24 (el derecho de propiedad, en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales) de nuestra carta fundamental , o lo que esta Corte estime pertinente.

2°. Se ordene a las instituciones recurridas, no discriminar ni tener como requisito, antecedente, o consideración para la obtención de un producto comercial, haberse sometido a un procedimiento concursal en conformidad a la ley N° 20.720, realizando las recurridas un comunicado en un diario o medio de circulación nacional señalando dicha circunstancia y los requisitos para acceder a sus productos comerciales, en un tiempo de 10 días hábiles desde que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia o lo que esta Corte estime pertinente.

3°. Se permita la evaluación financiera y/o comercial para la obtención de productos en las instituciones comerciales recurridas, en beneficio del recurrente y de cualquier persona, respetando los efectos de la ley 20.720, debiendo los recurridos responder de forma escrita a dicha evaluación o lo que esta Corte estime pertinente.

4°. Se otorgue nuevos créditos y/o productos comerciales, no considerando la circunstancia de someterse a un proceso de liquidación voluntaria, por tratarse de una persona que ha sido rehabilitada en la vía económica, por expresa disposición legal de la Ley 20.720 o lo que esta Corte estime pertinente.

5°. Se condene en costas a los recurridos.

Acompañó los siguientes documentos: Solicitud de liquidación voluntaria de fecha 10 de abril de 2017; Resolución de liquidación dictada por el tercer Juzgado Civil de Temuco de fecha 17 de mayo de 2017; Diligencia de incautación e inventario de fecha 12 de julio de 2017; Resolución de término de procedimiento concursal de liquidación voluntaria de fecha 14 de diciembre de 2017 y certificación de firmeza y ejecutoriedad de fecha 18 de enero de 2018; Oficios emanados por el Tercer Juzgado Civil de Temuco en causa ROL C-1558-2017 en que se comunica a DICOM EQUIFAX, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y Cámara de Comercio de la resolución que da por terminado el procedimiento concursal de liquidación voluntaria; y Liquidación de rentas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todas del año 2019 y de enero y febrero del año 2020.

A folio N°15-2020 Evacua informe el recurrido BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES S.A., quien solicita el rechazo del recuso. Indica que revisado en los sistemas de registros de esta institución, el Señor nombre reservado tuvo cuenta corriente en este Banco la cual se apertura con fecha 29/11/2012, en sucursal de Calle Prat, y que fue cerrada voluntariamente por éste con fecha 03/10/2014, dejando en ese momento de ser cliente de Banca BCI.

Afirma que no tiene antecedente alguno de solicitud a la que hace referencia el recurrente en su recurso, como también desmiente los hechos mencionados en este, toda vez de que el recurrente no fue atendido, ni tampoco le fue negado en base a la circunstancia que reclama, producto alguno por ejecutivos de Banco de Crédito e Inversiones.

Indica que el recurrente basa su acción sólo en dichos, siendo que esta parte cuenta con sistema de registro que deja en claro que el recurrente dejó de ser cliente de este Banco con fecha anterior al procedimiento concursal voluntario al que este se somete.

Señala que no se ha negado de forma alguna el otorgar productos comerciales al recurrente, ni menos se le ha indicado que no se le hará entrega de documentación que respalde dicha decisión, ya que ese hecho no es efectivo.

Refiere que tiene muy claros los efectos que supone la resolución de término del procedimiento concursal de liquidación voluntaria, en el sentido de que quien se somete a este “se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales”, lo que supone que el recurrente se encuentra dentro de esta circunstancia, y que por tanto de forma alguna discriminaría a éste por dicha situación.

Si bien el presente recurso fue interpuesto dentro del plazo que para él se ha señalado, éste carece de real motivo, ello pues no realizó acto arbitrario o ilegal alguno.

Afirma que el presente recurso no posee justificación alguna por la inexistencia de una infracción o lesión a garantía constitucional protegida por esta acción, pues toda posible infracción en este sentido, supone un derecho consolidado, y en este sentido el recurso del recurrente se encuentra basado en la posibilidad de una mera expectativa de éste respecto de la existencia de un derecho en relación al otorgamiento de productos comerciales, de los cuales esta parte no puede hacerse responsable, en razón de la no efectividad de los hechos descritos en el texto de la acción constitucional de la referencia, y que por tanto no existe afectación actual a las garantías constitucionales mencionadas, que dé motivo a este recurso, ni que pueda ser subsanada por esta parte.

A folio N°17-2020 evacua informe el recurrido BANCO SCOTIABANK CHILE, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que no hay registro de solicitud alguna de créditos o productos comerciales con posterioridad al 14 de diciembre de 2017, fecha de término del procedimiento de liquidación concursal al que se refiere el recurrente.

Llama la atención que no aporte siquiera el nombre de la ejecutiva que lo habría atendido en marzo pasado y que no haya solicitado que se le entregara constancia escrita de la supuesta negativa.

Señala que teniendo el Banco Scotiabank claridad absoluta de los efectos de la resolución de término del procedimiento referido, no es posible que se le haya dado la respuesta que señala, en el supuesto de que efectivamente haya solicitado el crédito, cuestión que niega.

Sostiene que no existe actuar arbitrario de Scotiabank Chile. El Banco jamás ha negado un crédito al actor durante este año por el motivo que se señala en el recurso ni por ningún otro. Es más, ni siquiera hay registro de que haya hecho solicitud alguna en el sentido indicado, durante el mes de marzo de este año.

Agrega que no existe actuar ilegal de Scotiabank Chile, pues no existiendo constancia alguna de la afirmación hecha por el recurrente, no puede estarse a sus solos dichos para dar por establecido que mi representada infringió la ley.

A folio N°18-2020 Evacua informe el recurrido BANCO ITAÚ CORPBANCA, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que el recurso de protección impetrado en su contra es improcedente y debe rechazarse por las siguientes razones:

A.

La imputación del Recurrente es falsa: Itaú Corpbanca no ha incurrido en el supuesto acto arbitrario o ilegal que se le imputa.

Los hechos que motivan el presente recurso se sustentan únicamente en la afirmación del Recurrente de que se habría dirigido el 3 de marzo de 2020 a una de sus sucursales y que en dicha oportunidad habría recibido la supuesta respuesta que denuncia. Controvierte expresamente lo señalado por el Recurrente y niega que los hechos imputados hayan tenido lugar.

Señala que no existe en sus registros constancia alguna de que él haya concurrido el 3 de marzo pasado a sus dependencias, ni que haya solicitado la apertura de algún producto en dicha fecha, ni que se haya recibido de su parte algún documento u antecedente para tal fin.

La sola lectura del recurso deja en evidencia la debilidad fáctica del relato, al recurrir este en aseveraciones vagas e imprecisas que lo hacen indeterminado. En efecto, el recurrente se limita a señalar que se habría dirigido a la referida sucursal “con el objetivo de aperturar algún producto comercial” y que le indicaron que “debido a su quiebra liquidación voluntaria sería imposible”. Fuera de esas dos líneas, nada más se dice respecto de Banco Itaú Corpbanca.

Además, el relato del Recurrente es inverosímil pues ni siquiera es capaz de indicar cuál habría sido el supuesto producto comercial que habría requerido “aperturar” y que se le habría negado supuestamente, indicando simplemente que habría requerido “algún producto comercial”.

No constando en autos ni siquiera la conducta fáctica falsamente atribuida a Itaú Corpbanca, el recurso no puede por tanto prosperar.

B.

A mayor abundamiento, el recurso de protección es improcedente porque no se ejerce respecto de un derecho indubitado.

Indica que nuestra jurisprudencia ha resuelto, desde hace larga data, que la naturaleza cautelar de la acción de marras exige y persigue dar protección a derechos prestablecidos e inconcusos, no siendo esta una instancia para dilucidar y/o dar por establecidas situaciones propias de procesos de lato conocimiento, así como cuestiones ajenas al amparo cautelar propiamente tal. Cita jurisprudencia al efecto.

Sostiene que la acción cautelar de autos deberá rechazarse porque no existe un derecho indubitado ni preexistente del Recurrente, requisito ineludible de procedencia de la acción de protección.

Además, ninguna persona goza de derechos indubitados para el otorgamiento de contratos para con los bancos, y menos aún respecto de productos bancarios que ni siquiera fueron individualizados.

C. El recurso de autos debe rechazarse porque no es jurídicamente posible forzar a banco Itaú Corpbanca a otorgar o “aperturar”, sin más o al solo arbitrio del Recurrente, “algún producto comercial”.

Refiere que los bancos, independiente de su calidad de actores regulados, se encuentran amparados por el principio de autonomía privada, el que contiene a su vez el principio de libertad de contratación, y por consiguiente no se encuentran obligados a celebrar contratos contra el solo requerimiento de potenciales clientes. Estos, todos, se encuentran sujetos al cumplimiento de requisitos básicos, de carácter objetivo y de aplicación general, sin los cuales es legítima una eventual negativa de contratación.

La tesis de la Recurrente, no solo es inconducente a sus propósitos, sino que causaría un resultado inconstitucional en su perjuicio, pues vulneraría su autonomía negocial consagrada constitucionalmente a través de la garantía de libertad de empresa consagrada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, desde que se pretende forzarla a celebrar un contrato, que ni siquiera se precisa, sin norma legal habilitante y contra el solo requerimiento del Recurrente.

D.

El recurso debe rechazarse porque no tiene ningún registro clandestino o contrario a la ley Si bien esa imputación es realizada genéricamente en el recurso, la niegan y controvierten. No mantiene ni tiene acceso a ningún registro clandestino ni a ningún tipo de registro que no esté permitido por ley.

Sostiene que Itaú Corpbanca siempre ha mantenido un estricto apego a la normativa vigente, entre otros, a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, a la Ley General de Bancos –en particular su artículo 14– y a la Recopilación Actualizada de Normas N° 18–5 de la CMF relativa a información sobre deudores de las instituciones financieras.

Lo señalado por la contraria corresponde a una imputación grave e inaceptable, respecto de la cual, a mayor abundamiento, tampoco ha entregado ningún antecedente que permita siquiera otorgarle credibilidad –vicio en que incurre el recurso en su integridad.

E.

No existe privación perturbación o amenaza de ninguna de las garantías constitucionales denunciadas.

En primer lugar, no existe una supuesta afectación de la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución). Es claro que el no otorgamiento de productos que no han sido solicitados no atenta contra la garantía de igualdad ante la ley, ni contra ninguna otra.

Sin perjuicio de ello, incluso si el Recurrente hubiese realmente solicitado la apertura de algún “producto comercial” y hubiese existido la ficticia negativa de apertura denunciada por la Recurrente, una legítima negativa a contratar mal podría entenderse inconstitucional, pues integra el ámbito lícito de la autonomía privada, y en particular el principio de libertad contractual, el que incluye la libertad para no contratar.

Así, si se acogiere la tesis del Recurrente, toda negativa a contratar sería inconstitucional, y por ende todo contrato debiera participar de la categoría de “contrato forzoso”, pues, en esa línea argumental, solo así se podría satisfacer la pretendida exigencia de igualdad ante la ley.

Señala que aún bajo los hechos ficticios presentados por el Recurrente, ni siquiera se trataría de un tratamiento diferenciado entre dos o más personas en idéntica situación. Ello impide conceptualmente plantear problemas de igualdad, pues el relato fáctico que funda la denuncia ni siquiera expone un trato discriminatorio.

Sin perjuicio de ello, siendo los productos bancarios –tales como cuentas corrientes y créditos en general– contratos intuito personae, tampoco podría entenderse discriminatorio per se el solo hecho de denegarse la respectiva apertura.

Finalmente, cabe consignar que, según el Recurrente, el supuesto actuar imputado a nuestra representada y a los demás recurridos vulneraría la garantía de igualdad ante la ley pues contravendría el espíritu, finalidad y tenor de la Ley N° 20.720 sobre reorganización y liquidación de empresas. Se trata de un postulado imposible, pues, como se expresó, en la especie ni siquiera hubo solicitud de apertura de “algún producto comercial”, por lo que no siquiera se llegó a la etapa de evaluación de riesgo crediticio.

Tampoco existe afección a la garantía de libre adquisición de todo tipo de bienes (artículo 19 N° 23 de la Constitución).

En primer lugar, no se trata de una garantía que pueda ser infringida por parte de los particulares, sino solo por parte de la autoridad estatal. Así se desprende de la definición misma dada por el Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, y en cualquier caso, en el ficticio relato de la especie tampoco existiría un problema de acceso al dominio, sino solo un cuestionamiento (infundado) a una supuesta (e inexistente) negativa a contratar. Ello excluye la posibilidad de plantear el caso del Recurrente bajo una óptica de propiedad ni de acceso a esta por una simple razón: ninguno de los intereses en cuestión son objetos susceptibles de propiedad, toda vez que la aceptación de una oferta de celebrar un contrato no constituye jurídicamente un bien (ni corporal ni incorporal), y por ende no es susceptible de propiedad.

De otro lado, es evidente que el hecho de no poder solventar la adquisición de bienes por una hipotética falta de financiamiento bancario no constituye jurídicamente un problema de acceso a la propiedad sino solamente un impedimento material de naturaleza eminentemente financiera. Por esta razón, el relato ficticio del recurso, sin perjuicio de ser falso, es totalmente ajeno a todo y cualquier problema de acceso a la propiedad. Si el Recurrente tuviere razón, toda negativa de créditos hipotecarios o de consumo sería per se inconstitucional, lo que no resiste análisis.

Tampoco existe afectación al derecho de propiedad del Recurrente. La razón en este caso ha sido ya expuesta: en la especie, la propiedad del Recurrente no podría haberse visto afectada por los ficticios hechos relatados. Su reproche recae sobre una supuesta negativa a contratar, circunstancia no amparada por el derecho de propiedad bajo el ordenamiento jurídico chileno.

Indica que en virtud de lo anterior, y sin perjuicio de la falsedad del relato, de la total ausencia de prueba a su respecto, de la inexistencia de derechos indubitados y de la consecuente ausencia de acto arbitrario e ilegal, el recurso debe rechazarse porque tampoco ha existido, existe ni podría existir vulneración alguna a ninguna de las garantías constitucionales erradamente invocadas por el Recurrente.

A folio N°23-2020 Evacua informe el recurrido BANCO ESTADO, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que relato del hecho, el cual resulta vago, indeterminado, no creíble y en razón de la naturaleza del relato, sostiene que este no existió.

Sostiene que los hechos en que se funda el recurso no son ciertos. Aunque no lo indica, la consulta respecto de productos crediticios se hace en el área de créditos. Todo el personal del área porta una tarjeta individual que lo identifica con nombre y apellidos. No entiende como el recurrente no identifica a la persona que señala haber consultado, quien necesariamente para dar la información que el recurrente indica, debió haberlo atendido varios minutos.

No existe registrada consulta asociada al recurrente respecto del otorgamiento de créditos o de otros productos el día de los hechos.

Tampoco existe en el relato, de cuáles serían los productos a los que el pretendía acceder, sea créditos de cualquier clase, monto de créditos, apertura de cuenta corriente, mutuo Hipotecario u otros dentro del mercado. La ausencia de la solicitud de crédito es la que la prueba la afirmación reciente.

Otro hecho que merece atención, es la inusual similitud para todos los casos de la A) carencia de individualización con nombres y apellidos, del o la Funcionaria que en cada caso rechazó su consulta. B) Tampoco acompaña ningún antecedente que acredite que dichas consultas fueron realizadas y C) En ningún caso, indica que productos crediticios o bancarios solicita y requirió a cada Banco. Desde el relato de los hechos el Recurso deducido no se sostiene por la descripción excepcional que no puede ser coincidente en todos los casos, La multiplicidad de hechos excepcionales nos hace concluir que las conductas que describe el recurrente no han ocurrido y al menos puedo asegurar que en el caso del Banco del Estado de Chile la situación descrita no existió.

Sostiene que el recurso debe ser desestimado pues no se sustenta en un derecho indubitado. Lo anterior quiere decir que no se pueden resolver vía protección, cuestiones donde el derecho no tenga su base en la Constitución y necesite justificación. Tampoco cuestiones referidas al derecho de propiedad o donde la agresión o lesión al derecho no conste fehacientemente, resaltando con ello el carácter de acción cautelar.

Indica que no hay violación a ninguna garantía constitucional.

Refiere que como el Recurso diferencia la calidad de Organismo Público del Banco Estado con los otros recurridos, es bueno aclarar que la Institución fue creada por el DFL 126 del Ministerio de Hacienda de 1953, en donde ya define sus objetivos, como una Institución Bancaria, financiera y comercial, siendo una Institución Autónoma cuyas relaciones con el Gobierno se hacen a través del Ministerio de Hacienda. Por eso desde sus inicios es una empresa autónoma de creditos del Estado, cuya accionar se fue delimitando por su actividad Bancaria, donde está supervigilada por la Superintendencia de Bancos, sujeta a las disposiciones de la ley General de Bancos y a todo el tejido de la actividad financiera en Chile, tanto es así que la Institución es un banco y cuyos trabajadores no son empleados Públicos, pues se encuentran contratados por el sistema establecido en el Código del Trabajo.

No hay infracción de la garantía del art. 19 N° 22 de la CPR, que es una garantía constitucional del área económica, ligada al N°21 y una manifestación específica de la genérica del N°2 que la recurrente también alega y que fundamentalmente va dirigida a los actos administrativos de los órganos del Estado, quién a través de sus determinaciones propias de su actividad, no puede discriminar arbitrariamente en materia económica a cualquiera persona natural o jurídica. Reflejo de esta realidad es el propio artículo que en el inciso posterior, permite trato diverso a través de la ley, en las situaciones que ellos contemplan. Ese es el sentido y el alcance de la norma, que por cierto en este caso no se vislumbra, incluso si aceptáremos los hechos relatados por el Recurrente, pues carecemos del acto administrativo o de otro similar en su naturaleza.

No hay infracción a la garantía del N°2 del art. 19. Da la impresión que el recurrente, confunde la igualdad de derechos con el trato Igualitario. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania, recoge un ideario del trato diverso, conforme a este principio y señala “No se puede tratar desigualmente a igualdades esenciales así como no se puede tratar con igualdad a desigualdades esenciales”. Cuando la situación amerita trato diverso la aplicación igualitaria de requisitos que contempla la ley, tendrá resultados distintos en los habitantes. Unos podrán obtener beneficios, ventajas o derechos, que otros no podrán obtener y ello es normal y aceptado y el trato diverso en doctrina es aceptado si existe razonabilidad y proporcionalidad en su ejercicio. Acá la situación podría discutirse en el evento de cuestiones prístinas y en donde hubiere respuesta formal de quien trasgrede el derecho, cuestión que nuevamente no se configura al tenor del propio relato del actor. No toda persona que concurre a una entidad bancaria es aceptada como cliente o tendrá acceso a un producto determinado, y ello es así por existir entre las partes, actos, contratos y convenciones que generan derechos y obligaciones. Al parecer el Recurrente pretende obtener por la vía forzosa, que esta Corte obligue a contratar a los recurridos.

Asimismo, por los antecedentes vertidos y fundamentalmente por la relación e indeterminación de los hechos, no se configura infracción alguna a las garantías Constitucionales del art 19 Números 23 y 24 de la CPR.

A folio N°25-2020 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales éste sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías contemplados en el artículo 19 de aquel cuerpo legal, y para que esta acción cautelar sea procedente se requiere que la ilegalidad o arbitrariedad del acto o de la omisión que se reclama sea manifiesta, ostensible e indiscutible, de tal manera que sea posible reparar de inmediato el quebrantamiento de la juridicidad.

SEGUNDO: Que conforme con lo expuesto precedentemente y lo relacionado en las presentaciones de la parte recurrente y de los recurridos, aparece claramente que la materia que se ha puesto en conocimiento de esta Corte a través de la medida cautelar deducida, no puede ser solucionada por este arbitrio constitucional, pues quien recurre de protección no es titular de un derecho indiscutido o indubitado. En efecto, en la especie, la situación o supuesto hecho vivido por don nombre reservado, al concurrir a los bancos recurrido, es absolutamente negado por éstos, y en definitiva, ni siquiera se puede dar por establecido la existencia de este hecho; el cual, como ya se dijo, ha sido contradicho. Y una controversia así generada, no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de la existencia del hecho relatado por el recurrente, ni menos de tales derechos que supuestamente le asistirían; como tampoco el supuesto actuar de las recurridas; ya que solamente se puede dar protección a aquéllos derechos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, atendido que ni siquiera se pude dar por establecido el hecho que relata el recurrente y que sirve como antecedente para fundar su acción.

TERCERO: Que, de acuerdo con lo expuesto en las motivaciones precedentes, el recurso de protección deducido, deberá ser rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado DIEGO BELMAR OJEDA, en representación de don nombre reservado, en contra del BANCO DEL ESTADO DE CHILE, del BANCO SCOTIABANK, del BANCO DE CRÉDITOS E INVERSIONES, y del BANCO ITAÚCORPBANCA.

Regístrese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Claudio Bravo López.

Rol N° Protección-1956-2020 (pvb).