Protección contra TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, quien interpone nombre reservado en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación y ejecución de un mandamiento de ejecución y embargo, notificado en mi domicilio el día martes 15 de abril del año en curso, por una supuesta deuda tributaria por concepto de IVA, que asciende a la suma de $78.436.470, la que no habría contraído por cuanto no tiene inicio de actividades, pues solo sería un trabajador dependiente, puntualmente un guardia de seguridad, lo que vulneraría las garantías de los numerales 1, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el acto recurrido consiste en la dictación y ejecución de un mandamiento de ejecución y embargo, notificado en mi domicilio el día martes 15 del presente mes, por una supuesta deuda tributaria por concepto de IVA, que asciende a la suma de $78.436.470, la cual jamás habría contraído ni le corresponde en modo alguno.

Afirma que nunca he iniciado actividades comerciales, ni he sido sujeto retenedor de IVA. Desde que egresé de la enseñanza media realicé un curso técnico de electricidad, y actualmente se desempeña como guardia de seguridad. No tiene, ni ha tenido, empresa alguna, ni ha emitido facturas o documentos tributarios.

Explica que esta situación se generó a raíz del extravío momentáneo de su cédula de identidad. En noviembre de 2024, tras concurrir al Juzgado de Policía Local a pagar una multa por no haberse presentado como vocal de mesa, siendo publicada como extraviada en redes sociales, y posteriormente le fue devuelta por terceros en el lugar donde trabaja. Calcula que estuvo en manos ajenas durante uno o dos días. Indica que no dimensionó en ese momento las posibles consecuencias de este extravío, hasta ser notificado de la referida demanda ejecutiva.

Agrega que concurrió a la Tesorería General de la República a explicar los hechos, pero allí le informaron que la deuda existía y que su cobro continuaría, sin acoger sus alegaciones ni detener el proceso, trasladando toda la responsabilidad a su persona.

Sostiene que esta actuación es arbitraria e ilegal, pues no se ha acreditado que haya generado dicha deuda, y se le pretende privar de bienes que legítimamente le pertenecen, sin debido proceso, ni una investigación seria del origen del supuesto giro tributario. El cobro de esta deuda compromete seriamente su estabilidad económica y emocional, generándole angustia y temor ante una situación que no he provocado.

Invoca como vulnerados las siguientes garantías constitucionales:

1. Derecho de propiedad (art. 19 N°24): al disponerse el embargo de sus bienes por una deuda inexistente y atribuida sin fundamento.

2. Derecho a la integridad psíquica (art. 19 N° 1): debido a la afectación emocional grave causada por esta situación.

3. Libertad de trabajo (art. 19 N° 16): al afectar su estabilidad personal y posibilidad de subsistencia ante la amenaza de embargo y cobro de sumas millonarias.

Pide que se acoja su nombre reservado, declarando que el actuar de la Tesorería General de la República ha sido ilegal y arbitrario, ordenando la suspensión inmediata de todo cobro o procedimiento de ejecución y embargo en mi contra, dejando sin efecto el mandamiento dictado, y adoptando todas las demás medidas que esta lltma. Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de mis garantías constitucionales.

Acompaño los siguientes documentos: Relato escrito de los hechos, Copia del parte de denuncia policial, Copia del acta de notificación del mandamiento de ejecución y embargo.

A folio 5 informa Tesorería General de la República, pidiendo el rechazo del recurso.

Señala que con fecha 21 de febrero de 2025 Tesorería recepcionó el giro del impuesto por parte del Servicio de Impuestos Internos, órgano girador por tratarse de un Formulario 21, siendo dicho giro de su exclusiva responsabilidad, por cuanto a ellos les corresponde informar sobre el origen del impuesto y si este fue bien emitido.

Que, una vez girado el impuesto por el órgano girador, Tesorería procedió a confeccionar la correspondiente demanda asignándole el rol administrativo 10098-2025 de la comuna de Lautaro, en el cual además se ha procedido a notificar y requerir de pago y acto inmediato a trabar embargo con fecha 15 de abril de 2025.

Explica que Tesorería solo lleva a cabo el proceso de cobro de las obligaciones tributarias, y no la emisión de los folios, así como tampoco controla el inicio de actividades de los contribuyentes.

Alega que el nombre reservado no es la vía, atendida su naturaleza cautelar y de urgencia puesto que lo que se pretende con el presente recurso es la declaración de derechos o constituir situaciones jurídicas nuevas, como lo es la posible nulidad del proceso o reclamación ante el órgano girador, asuntos que por su complejidad corresponden debatir en otro estadio procesal, esto es, en un juicio declarativo de derechos, es decir de lato conocimiento.

En definitiva, el recurrente a través del presente recurso no tiene en mira otra cosa que impugnar resoluciones válidamente pronunciadas en conformidad a lo establecido por el Código Tributario que regula la materia.

Cabe mencionar que el haber iniciado un proceso de cobro no configura un acto ilegal por cuanto está dentro de las atribuciones del Juez Sustanciador y su tramitación se rige por el Código Tributario, ni menos calificarlo como afectante del derecho constitucional de la propiedad, integridad psíquica y de libertad de trabajo.

Finalmente encontrándose la situación discutida bajo el imperio del derecho, el presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza cautelar, por lo que no cabe, sino que sea desestimado.

A folio 10 informa el Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente:

En primer término, cumplo con informar que formulario 21 folio 8107836246, no ha sido objeto de reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Araucanía.

Según nuestros registros informáticos el contribuyente nombre reservado, RUT N°RUT reservado, registra inicio actividades con fecha 30/01/2025, con la actividad de Servicios de apoyo a la Agricultura, informando domicilio en domicilio reservado autorización de timbraje de facturas electrónicas desde la N°1 a la 34, con fecha 30/01/2025.

De acuerdo a nuestros registros, el contribuyente emitió la totalidad de las facturas en el mes de enero 2025, a diferentes clientes, sumando un total de débito fiscal del mes, según registro de ventas de $78.230.600.

Verificado el registro de compras, del mismo mes de enero 2025, no registra compras afectas.

De acuerdo a nuestros registros, el contribuyente con su clave correspondiente presentó por internet, fuera de plazo, con fecha 21/02/2025, la declaración de IVA del mes de enero 2025, mediante formulario 29, folio 8107836246, en conformidad a lo dispuesto en Res. Ex. N°127 de 13/11/2023, del Servicio de Impuesto Internos.

Dicha declaración de impuestos, conforme a la emisión de todas las facturas durante dicho mes, esto es desde el folio N°1 a la 34, generó un débito fiscal, el que, al no tener créditos por compras, genero un impuesto por el mismo monto, más los PPM obligatorios, generaron un monto total a pagar en Formulario 29 de $78.436.470.

El monto de $78.438.470 origina el giro y comprobante de pago de impuestos y multas, formulario 21, folio 8107836246, de fecha 21/02/2025, giro que queda a disposición del contribuyente para su pago, en el mismo momento que el realiza la presentación de su declaración en el Formulario 29.

Se hace presente que, con fecha 17 de abril del 2025, el contribuyente nombre reservado, RUT RUT reservado, concurrió al Departamento de Fiscalización de la Dirección Regional Temuco de este Servicio y prestó declaración jurada en relación a la materia de este recurso, expresando ser un guardia de seguridad, sin iniciación de actividades, manifestando no tener clave Tributaria, ni administrar esta clave ante el Servicio y correos electrónicos. Explicó que se le extravió la cédula de identidad y que pudo haber sufrido una suplantación de identidad.

Negó haber efectuado las facturas y que nunca he realizado inicio de actividades, no sabe nada de estos temas.

Finalmente, informa que el Servicio se encuentra realizando las acciones de fiscalización correspondientes a efectos de verificar si el recurrente corresponde a un contribuyente agresivo y/o si existe efectivamente una suplantación del contribuyente, y la eventual participación de otros contribuyentes involucrados, como los receptores de las facturas emitidas Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra las invocadas por la recurrente previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es preciso señalar que el recurso de cautela de derechos constitucionales, debe interponerse en el plazo fatal de 30 días “contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.

Asimismo, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

TERCERO: Que así las cosas, se ha recurrido en estos autos, toda vez que TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, procedió a la dictación y ejecución de un mandamiento de ejecución y embargo, notificando al recurrente, por deuda tributaria por concepto de IVA, que asciende a la suma de $78.436.470, indicando el recurrido que dicha deuda no la habría contraído por cuanto no tiene inicio de actividades, siendo él solo trabajador dependiente, puntualmente un guardia de seguridad, lo que vulnera las garantías de los numerales 1, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere el recurrente, que dichos hechos fueron debidamente denunciados ante el Ministerio Publico.

CUARTO: Por su parte informó el Servicio de impuestos internos que el Formulario 21 folio N° 8107836246, el cual contiene el giro del impuesto, no ha sido objeto de reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero de La Araucanía.

Según los registros del SII, el contribuyente nombre reservado, RUT RUT reservado, aparece con inicio de actividades desde el 30 de enero de 2025, en el rubro de servicios de apoyo a la agricultura, declarando domicilio en domicilio reservado.

Ese mismo día se autorizó el timbraje de facturas electrónicas desde los folios 1 al 34, las cuales fueron emitidas todas durante enero de 2025, generando un débito fiscal total de $78.230.600, sin que existan compras registradas en dicho mes.

Posteriormente, el contribuyente presentó por internet, fuera de plazo (21 de febrero de 2025), el Formulario 29 correspondiente a enero, conforme a la Resolución Exenta N° 127 de 2023 del SII, declarando el débito fiscal indicado.

Dado que no existían créditos por compras, se generó un impuesto a pagar de $78.436.470, monto que originó el Formulario 21 folio N° 8107836246, por concepto de giro y pago de impuestos y multas, quedando disponible para el pago en la misma fecha de la declaración.

Sin embargo, el 17 de abril de 2025, el propio nombre reservado compareció ante el Departamento de Fiscalización Regional de Temuco, declarando bajo juramento que no había iniciado actividades, que no posee clave tributaria, y que nunca emitió las facturas señaladas, indicando además que le fue extraviada su cédula de identidad y que podría haber sido víctima de suplantación de identidad.

Negó cualquier participación en la actividad económica registrada a su nombre.

Finalmente, el SII informó que se encuentran en curso acciones de fiscalización para determinar si existe efectivamente una suplantación de identidad y/o la intervención de terceros, así como la eventual responsabilidad de los receptores de las facturas emitidas.

QUINTO: Por su parte informó Tesorería General de República, refiriendo que el 21 de febrero de 2025 recibió desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) el giro del impuesto contenido en el Formulario 21, siendo dicho giro de exclusiva responsabilidad del SII, por lo que a Tesorería solo le corresponde ejecutar el cobro.

Indica que, una vez emitido el giro, Tesorería inició el proceso de cobro administrativo N°10098-2025 en la comuna de Lautaro, notificando al contribuyente y trazando embargo el 15 de abril de 2025. Precisa que no tiene competencia en la emisión de los folios ni en el control del inicio de actividades, limitándose a ejecutar el cobro conforme al Código Tributario.

Argumenta que el nombre reservado no es la vía idónea, pues su finalidad no es discutir la legalidad del giro ni anular procesos tributarios, materias que deben ventilarse en un juicio declarativo o reclamación ante el SII.

Finalmente, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario en su actuación, que esta se encuentra dentro del marco legal y que el recurso ha perdido sentido, dado su carácter extraordinario y cautelar, solicitando por ello su rechazo.

SEXTO: Que la circunstancia de haber presentado el recurrente denuncia ante la Fiscalía, con fecha 16 de abril de 2025, por una supuesta falsificación o uso malicioso de instrumento privado, no es obstáculo para girar y cobrar los impuestos adeudados, ya que no existe impedimento legal para que las entidades recurridas cumplan su función natural.

SEPTIMO: Que, dada su naturaleza cautelar a través del Recurso de Protección sólo se pueden plantear situaciones que dicen relación con derechos indubitados y respecto de los cuales su titular se encuentre en ejercicio legítimo. Por lo mismo, tratándose de derechos que están en discusión, y que involucran situaciones de hecho que es necesario analizar, debatir y probar, corresponde a la autoridad jurisdiccional pertinente su resolución, y en un procedimiento contencioso de lato conocimiento.

OCTAVO: Que, como se advierte del mérito de los antecedentes acompañados y de los informes evacuados por los órganos recurridos, la base de la controversia radica en determinar si el recurrente efectivamente ha iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, y si, en consecuencia, es el sujeto pasivo legítimo del impuesto contenido en el giro emitido mediante Formulario 21. En efecto, el actor sostiene que jamás realizó el trámite de iniciación de actividades, ni ha emitido facturas, ni detenta clave tributaria alguna, denunciando incluso una posible suplantación de identidad, mientras que el Servicio de Impuestos Internos informa la existencia de un registro electrónico de inicio de actividades, emisión de facturas y presentación de declaración de IVA, actos que sirvieron de fundamento para el giro impugnado.

De este modo, el conflicto sometido al conocimiento de esta Corte excede la mera constatación de una vulneración actual y concreta de derechos fundamentales, pues se refiere a la determinación de hechos controvertidos y jurídicamente complejos, tales como la existencia o no de un acto válido de iniciación de actividades y la eventual responsabilidad tributaria del actor. Tales materias son propias de un procedimiento declarativo o de lato conocimiento, y no pueden ser resueltas dentro del limitado marco cautelar del nombre reservado, cuyo objeto es únicamente restablecer el imperio del derecho frente a una vulneración indubitada y manifiesta de garantías constitucionales.

NOVENO: Que, acoger el recurso, conllevaría que esta Corte emitiese un pronunciamiento de carácter declarativo, lo cual es completamente ajeno a la naturaleza y finalidad del nombre reservado, cual es, una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, como ya se ha dejado consignado.

DECIMO: Que, de conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores, es necesario concluir que en el presente caso no se dan los requisitos que la ley exige para que la acción de protección prospere, por lo cual será rechazada, ya que para que una acción cautelar progrese es requisito que el derecho cuyo resguardo se invoca sea un derecho ya declarado y no discutido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el nombre reservado, deducido por don nombre reservado, quien interpone nombre reservado en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Cristian Marcelo Carvajal De Vicenzi.

Rol N° Protección-1917-2025.(jog)