nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 28 de diciembre del año 2019, comparece don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, RUT RUT reservado, representada legalmente por su Secretario Regional Ministerial don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, profesor, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda el recurso en que se desempeña como funcionario de la SEREMI de Educación de la Región de la Araucanía desde el 01 de abril de 2014 como Asesor Jurídico de la Unidad Jurídica, dependiente de Gabinete, en el escalafón profesional, grado 10, siendo su cargo de asesor jurídico, el cual se encuentra radicado dentro del organigrama institucional en la unidad jurídica, la cual depende organizacionalmente del Gabinete de la Secretaría Regional Ministerial, su Jefe Directo es el Secretario Regional Ministerial de Educación, siendo sus funciones el de asesorar al Secretario Regional Ministerial de Educación y a las distintas áreas, unidades y Departamentos Provinciales de Educación en temas jurídicos, propendiendo a la eficiente gestión de la institución; actualizar al Secretario Regional Ministerial de Educación y Jefaturas Regionales respecto de la normativa jurídica vigente, y colaborar con la gestión administrativa que se deriva del funcionamiento de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en materias jurídicas y administrativas. Respecto a sus calificaciones, en todas las actas del proceso de calificaciones ha tenido desde el año 2014 hasta el 2019, inclusive, puntaje máximo de 100, quedando en la lista 1 de calificación.

En relación al tiempo de prestación de servicios como funcionario, habiendo entrado a la administración el año 2014 como personal a contrata, tuvo 5 renovaciones de contrato, que constan en las resoluciones de nombramiento y renovaciones que paso indica, agregando que es militante del Partido por la Democracia (PPD) desde el 14 de marzo de 2017.

Agrega que por resolución exenta SIAPER N° 58, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región de la Araucanía, de fecha 28 de noviembre de 2019, se dispuso la no renovación de su contrata, desvinculándolo del servicio a contar del día 31 de diciembre de 2019, transcribiendo los motivos contenidos en la Resolución.

Así, da cuenta que la resolución, da a entender unívocamente que el asesor jurídico debe de ser de la confianza personal del SEREMI y, a su vez, debe tener vinculación directa con los lineamientos y políticas de la autoridad, es decir, que debe ser de la misma corriente de pensamiento político que el gobierno electo, haciendo presente que ni el Decreto con Fuerza de Ley Nº 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que “Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.832 sobre estatuto administrativo”, ni el Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 2016 del Ministerio de Educación que “Fija la planta de personal del Ministerio de Educación” han establecido que el cargo profesional de asesor jurídico en una Secretaría Regional Ministerial es de exclusiva confianza de la jefatura correspondiente, ya que en este caso, no se trata de un cargo directivo de exclusiva confianza, como los que se individualizan en el DFL Nº 2 ya citado, ni tampoco de aquellos cargos de exclusiva confianza que determina en su artículo 7 el estatuto administrativo y ni siquiera corresponde a aquellos cargos señalados en el artículo 8 del estatuto, Jefe de Departamento, sino que se está en presencia de un funcionario a contrata propiamente tal, nombrado solamente como profesional dentro de la institución, a quien se le designan funciones de asesor jurídico en atención a su formación profesional, pero quien puede desempeñarse en otros cargos dentro de la institución que naturalmente guarden relación con su formación académica, concluyendo que la contratación no es de aquellas que el estatuto administrativo ni el DFL Nº2 de 2016 del Ministerio de Educación señala como cargos de exclusiva confianza, por lo que la argumentación del acto administrativo que dispone la no renovación es contraria a derecho y abiertamente arbitraria, basada en criterios subjetivos de la autoridad, consistiendo claramente en una discriminación por motivos políticos. Agrega, que lo importante no es el lineamento político de la persona que ejerce el cargo de asesor jurídico, sino el conocimiento técnico sobre la normativa vigente, de los dictámenes de Contraloría General de la República, de la doctrina y de los fallos de los Tribunales de Justicia, ninguno de los cuales se relacionan con el argumento planteado, donde jamás se acusa la falta de preparación teórica o práctica de este funcionario, ni menos siquiera sugiere un mal desempeño en tales materias, lo que se ve reflejado en tener solo calificaciones con nota máxima, incluidas las que he tenido con los cuatro distintos secretarios regionales ministeriales que han pasado por la institución mientras ha ejercido sus funciones, de dos coaliciones de partidos políticos diferentes, a saber, Nueva Mayoría y Chile Vamos. Afirma que la resolución presupone que por haber supuestamente tenido una relación de confianza con otra jefatura, lo hace inapto e inidóneo para tener una relación de trabajo con otro, lo que equivaldría a que ningún asesor jurídico pueda tener continuidad alguna en los servicios públicos, lo que evidentemente es contrario al derecho a la igualdad ante la Ley. Añade que el contrato de representación jurídica de un abogado con su cliente, dista completamente con las labores que debe ejercer quien detenta una función pública, donde lo que prima no es la confianza ciega en quien da una asesoría, sino el cumplimiento de los objetivos y funciones que el cargo debe desempeñar, evaluándolas no por la persona que las emite, sino en razones técnicas y objetivas, las que en este caso, en ninguna acápite de la resolución se aluden ni sugieren.

Da cuenta del principio de confianza legítima, conforme a la jurisprudencia administrativa, siendo las motivaciones válidas a juicio de la Contraloría General de la República situaciones objetivas presupuestarias, de organización y de buen funcionamiento o subjetivas derivadas de la evaluación del funcionario o incluso aptitudes personales del cargo, todas las cuales distan diametralmente con la ilegítima motivación de la decisión de no renovación de su contrata, en las que se fundan no en razones objetivas del ministerio, sino en la confianza personal que supuestamente se debería tener con el Secretario Regional Ministerial de Educación región de La Araucanía, escapando dicha situación a cualquier criterio objetivo y aun subjetivo personal que diga relación con su calidad de funcionario y sus competencias necesarias para ejercer sus funciones. Refiere que el real trasfondo de la decisión es su militancia en el Partido por la Democracia y principalmente por su activa participación en el movimiento que se generó en la Secretaría Regional Ministerial producto del denominado “Estallido Social”, en el que sin dejar de realizar sus funciones que debía realizar formó parte importante en las manifestaciones convocadas por ANDIME (Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación). Lo anterior no solo se constata en las motivaciones de la resolución, sino en que personalmente el SEREMI le señaló tras comunicarle la no renovación, que la decisión no era nada personal, sino político, agregando que en sus funciones diarias realizadas se podía percibir nítidamente que su presencia y posición política les incomodaba.

Finalmente, haciendo presente que la resolución por medio de la cual se dispuso la no renovación no contiene fundamentos que permitan justificar el ejercicio de una potestad excepcional, como es, la decisión de no renovar una contrata respecto de la cual ha operado el principio de la confianza legítima, habiendo ya escapado de la lógica de un servicio transitorio, al haberse renovado ya en cinco oportunidades. Esta falta de fundamentación convierte a dicho acto en un acto arbitrario e ilegal, dando cuenta detalladamente de ello, lo cual afecta derechos fundamentales, reconocidos en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, y el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 Nº 17, Nº16, Nº 24 de la Constitución Política, solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, RUT RUT reservado, representada por el Secretario Regional Ministerial don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, acogerlo a tramitación y, en definitiva, declarando que se han vulnerado sus garantías constitucionales, en especial, las de igualdad ante la Ley, derecho a la libertad de trabajo y el derecho a la propiedad, o las que estime conforme a Derecho, acogiendo la presente acción constitucional, ordenando restablecer el imperio del Derecho declarando que:

- Que el actuar de la recurrida es ilegal y/o arbitrario, vulnerando sus garantías constitucionales de igualdad ante la Ley, derecho a la libertad de trabajo y/o el derecho a la propiedad.

- Que se ordene el término de la actuación impugnada, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la resolución exenta que comunica la no renovación de su contrata.

- Que se ordene el reintegro inmediato a sus funciones con expresa continuidad de sus remuneraciones, computadas desde el momento de la separación hasta su efectiva reincorporación, reintegro que solicita se realice en las mismas condiciones en las que me desempeñaba al momento de ser desvinculado, más reajustes e intereses legales, o que estime conforme a Derecho.

- Que además, esta Ilma. Corte en uso de sus facultades, disponga de todas aquellas medidas que juzgue necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho.

- Que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos:

- Resolución SIAPER N° 58, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región de la Araucanía, de fecha 28 de noviembre de 2019.

- Certificado de funciones emitido por el jefe de Departamento de Administración de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región de la Araucanía, de fecha 17 de diciembre de 2019.

- Certificado de afiliación de fecha 27 de diciembre de 2019 del Servicio Electoral.

- Resolución Exenta 1623 que aprueba el Código de Ética para la función pública de la Subsecretaría de educación.

A folio 13, con fecha 31 de enero del año 2020, comparece don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, quien evacua Informe respecto del recurso de protección solicitando el rechazo del mismo, solicitando la inadmisibilidad del recurso, dando cuenta que el artículo 10 del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, los funcionarios a contrata no tienen derecho, o si quiera una mera expectativa, para que su designación sea renovada, sino que, por el contrario, ésta termina por el sólo ministerio de la ley el día 31 de diciembre del año correspondiente, sin que sea necesario cumplir con ningún otro requisito fuera del transcurso del plazo. Lo anterior se ve refrendado en los artículos 146 literal f) y artículo 153, ambos del mismo cuerpo normativo. De esta forma, resulta claro que la ley no exige ningún otro requisito más allá que el cumplimiento del plazo. Por ello, mal podría afectarse derecho alguno cuando lo que ha ocurrido es simplemente una circunstancia fijada expresamente por la ley. A mayor abundamiento, el mismo acto administrativo que desvinculó al actor expresa que su contrata sólo se extendería hasta el 31 de diciembre de 2019. Conforme a lo expuesto, estima que la presente acción de protección debió haber sido declarada inadmisible, toda vez que no resulta la vía jurídica más idónea para recurrir contra el término del empleo a contrata En cuanto al fondo, manifiesta que lo obrado por esta recurrida se ajusta plenamente a derecho, de conformidad a la normativa aplicable al caso, dando cuenta que el actor efectivamente prestó servicios en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de La Araucanía, en virtud de sucesivas contratas, desde el día 01 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019, y que con fecha 28 de noviembre de 2019 se notificó personalmente al actor la decisión de la autoridad de no renovar su contrata para el año 2020, finalizando su vínculo con esta Cartera de Estado el 31 de diciembre de 2019, señalando que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República contenida, entre otros, en los Dictámenes N°s 74.704, de 2012, y 80.960, de 2014, ha concluido, en lo pertinente, que cuando una contratación o su prórroga, ha sido dispuesta con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", como ha ocurrido en la especie, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente. Por su parte, refiere que el artículo 10 del Estatuto Administrativo dispone que los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por e! solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. Asimismo, el artículo 146 letra f) del referido Estatuto, dispone que el funcionario cesará en el cargo, por el término del período legal por el cual se es designado, y añade, en su artículo 153, que el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones. De lo expuesto se desprende que las contratas son esencialmente transitorias y, además, que la ley estableció en forma expresa para dichos cargos un período máximo -hasta el 31 de diciembre de cada año-, autorizando de este modo a la autoridad para establecer una duración inferior.

En relación a la confianza legítima esgrimida por el actor para entender prorrogada su contrata, da cuenta de su improcedencia, pues sabía que el Estatuto Administrativo dispone la transitoriedad de dicho vínculo hasta el 31 de diciembre del año correspondiente, por lo que mal podría haberse generado a su respecto la expectativa de renovación. En caso de que se estime que en la especie opera la confianza legítima, la misma no es aplicable a don nombre reservado, afirmando que la misma Contraloría General de la República ha señalado en su Dictamen N° 85.700, de 2016, que imparte instrucciones y fija criterios respecto de la confianza legítima, que en la especie la razón plausible lo constituye el carácter estratégico y de confianza de las labores que desempeñaba el actor en su calidad de asesor jurídico del Secretario Regional Ministerial de Educación. En efecto, el recurrente asistía a la autoridad en materias sensibles, e incluso reservadas, como son temas relativos a procedimientos disciplinarios, aplicación de ley del Lobby, presentaciones ante la Contraloría General de la República, e incluso, resolver recursos de reposición interpuestos por funcionarios públicos en casos de desvinculaciones, entre otras variadas funciones de relevancia, que constituían materias en las que el Seremi debe contar con la debida confianza hacia su abogado asesor, más aún, si se trata del único funcionario que desempeña dichas funciones, manifestando que el acto administrativo mediante el cual se dispuso la no renovación de la contrata del actor se encuentra debidamente motivado, el cual no solo expresó los argumentos de hecho y de derecho, sino que también explicó lógica, circunstanciada y razonadamente, los motivos por los cuales se decidió no renovar la contrata del actor. Por lo anterior, el sólo desacuerdo del recurrente con los argumentos esgrimidos en el acto administrativo no puede, por sí solo, configurar una eventual falta de motivación, toda vez que la autoridad ha fundado adecuadamente el acto administrativo.

Por tales razones, postula que el actuar de esta Cartera Ministerial se encuentra estrictamente ajustado al principio de legalidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, afirmando la inexistencia de actos que afecten los derechos y garantías constitucionales, denunciados en el presente arbitrio, motivo por lo que solicita el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. RESOLUCIÓN con Toma de Razón de 23.04.2014 de la SEREMI de Educación de La Araucanía.

2. RESOLUCIÓN EXENTA N° 83 de 17.12.2014 de la SEREMI de Educación de La Araucanía.

3. RESOLUCIÓN EXENTA N° 93 de 18.12.2015 de la SEREMI de Educación de La Araucanía.

4. ESOLUCIÓN EXENTA RA N° 111059/39/2016 de 29.12.2016 de la SEREMI de Educación de La Araucanía.

5. RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 111059/14/2018 de 12.01.2018 de la SEREMI de Educación de La Araucanía.

6. RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 111059/3/2019 de 08.01.2019 de la SEREMI de Educación de La Araucanía.

7. RESOLUCIÓN EXENTA SIAPER N° 0058 de 28.11.2019 de la SEREMI de Educación de La Araucanía.

8. Perfil de cargo de Asesor Jurídico Regional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en estos autos se reclama por el actor de la Resolución Exenta N° 58 de fecha 28 de noviembre del año 2019, que dispone no renovar la contrata de don nombre reservado, la que llega a su término el 31 de diciembre de 2019, basados en los fundamentos que rezan en dicho acto administrativo, y que rezan del tenor siguiente:

“Es del caso que actual administración regional ha estimado que las tareas de Asesoría jurídico de Gabinete que a la fecha desempeña el señor nombre reservado deben estar a cargo de un servidor con el que exista la suficiente confianza y vinculación con los lineamientos y políticas de la referida autoridad, necesario a fin de prestar el apoyo jurídico que se precisa, circunstancias que actualmente no concurren en el aludido funcionario quien venía ejerciendo dichas funciones para el SEREMI anterior que ejerció hasta diciembre de 2018, lo que suponía una relación de confianza con tal jefatura.

Al efecto, se hace necesario considerar la especial relación que se da entre un abogado y sus clientes, como es en este caso la superioridad de la Secretaria Regional Ministerial. Por su naturaleza propia, la representación que ejerce un abogado se configura en un contrato intuito personae, siendo esencial la confianza que tiene el mandante en su mandatario. Si bien no es el caso que los funcionarios a contrata sean mandatarios de sus jefaturas, la analogía del caso resiste, pues al tratarse del exclusivo asesor jurídico del gabinete de la SEREMI, la superioridad de la Secretaría se apoya de forma vital en el consejo y guía que otorga dicho abogado. Se trata, en definitiva, del desempeño de una función que no es meramente ejecutiva o de gestión, sino que una de carácter estratégico, y que exige que exista de parte de la autoridad una confianza total en el criterio y asesoría que dicho abogado otorga. Al no existir esta última, se estima que el funcionario carece de las aptitudes personales que se conciben como indispensables, y cuya ausencia llevará a prescindir de sus servicios.

De este modo, las funciones desempeñadas por don nombre reservado, ya no se consideran necesarias por lo que se ha decidido no renovar su contrata para el año 2020; de tal manera, operará de pleno derecho la caducidad de la contratación, por la llegada del plazo estipulado en su texto y por las razones antes expuestas. Que, finalmente se requiere de un acto administrativo que formalice esta decisión, debidamente comunicada a la persona indicada, por lo que se procede a la dictación de este documento.”

TERCERO: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente consiste en la no renovación de su contrata por parte de la repartición recurrida para el año 2020.

CUARTO: Que el artículo 3º de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al regular los empleos a contrata, indica que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Enseguida, el artículo 10 del mismo texto legal previene que quienes sirven cargos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y cumplida esa fecha, expirarán en sus funciones por el solo ministerio de la ley. A propósito de preceptos del mismo estatuto que ocupan esta expresión –por el solo ministerio de la ley-, como ocurre con el inciso final del artículo 4º y el artículo 80, históricamente la Contraloría General de la República ha entendido que ella opera de pleno derecho y no requiere de resolución alguna de la autoridad (véanse dictámenes Nºs. 6.622, de 1965; 54.085, de 1969; y 19.020, de 1990, y 4.450, de 2019, entre otros). Ello lleva implícito que una vez vencido el período legal por el cual se ha efectuado el nombramiento -aparte de las demás causales de extinción, como la renuncia, el fallecimiento o la jubilación-, la contrata cesa automáticamente, sin necesidad de certificación o emisión de acto administrativo alguno. Consecuentemente, a la autoridad facultada para hacer el nombramiento no le asiste ninguna obligación jurídica de renovar las funciones del empleado a contrata en la fecha recién indicada o de justificar por qué no lo hizo. Dicho de otro modo, lo que extingue la contrata no es la decisión de la autoridad de no renovarla, sino que el vencimiento del plazo.

QUINTO: Que es posible considerar, entonces, que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” ha sido utilizada para permitir, en esta clase de nombramientos, tanto una vigencia inferior al lapso que restare para finalizar el año en que los servicios recaigan, como asimismo para posibilitar su no renovación a períodos anuales posteriores.

SEXTO: Que, por otra parte, los funcionarios a contrata ingresan a un servicio público sin cumplir con las ritualidades de ingreso a que están sujetos los funcionarios de planta, quienes, por lo demás, se incorporan en el último grado del escalafón al cual son asimilados, en tanto que los funcionarios de planta lo hacen en el grado que disponga la autoridad administrativa y que de ordinario es muy superior al grado más bajo del escalafón respectivo.

SEPTIMO: Que, en estas condiciones, los empleados a contrata, incluso los de reciente ingreso, tienen plena conciencia que gozan de beneficios remuneratorios superiores de aquellos que gozan los funcionarios de planta y cuyas habilidades puedan ser homologables. Que ello da lugar, como contrapartida, a que estos empleos sean transitorios, a que -como regla general- no puedan cumplir funciones de jefatura y no integran la dotación permanente de la institución en la cual se desempeñan.

OCTAVO: Que de lo razonado se concluye que a la autoridad administrativa denunciada no le asistía la obligación de renovar los servicios a contrata de la parte recurrente, habiendo incluso cumplido el deber de motivación para hacerlo en la Resolución dictada, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal para justificar la no renovación de los servicios del actor para el año 2019 sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita.

NOVENO: Que por tales razones, ante la inexistencia de una actividad arbitraria o ilegal por parte de la autoridad, no cabe sino desestimar el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, abogado, en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, todos ya individualizados.

Acordado con el voto en contra del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, quien fue del parecer de acoger el recurso, dejando sin efecto la resolución recurrida, y disponiendo la renovación de la contrata del recurrente, por el año 2020, en virtud de los siguientes fundamentos:

1º.- Que, el régimen de contrata en el sector público ha dado lugar una infinidad de discusiones relativas a su naturaleza, término anticipado y no renovación posterior; y consecuentemente, una serie de pronunciamientos tanto en sede administrativa como también en el ámbito judicial sobre la materia. Se destacan en este punto, el Dictamen N°6400-2018 de la Contraloría General de la República, de fecha 02 de marzo de 2018, que actualiza instrucciones sobre los criterios de configuración de la denominada confianza legítima en la administración y su aplicación al régimen de contrata; a su vez, consta la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de fecha 13 de marzo de 2018, en los autos Rol N°38.681-2017, en la que se establecen algunas máximas sobre la contratación de funcionarios públicos.

2º.- Que, para darle contexto a la controversia sometida a la decisión de ésta Corte, debe partirse de la base que en el Estatuto Administrativo Ley N°18.834, se consagra el principio de estabilidad laboral a la que tiene derecho todo funcionario sin distinción, conforme a lo establecido en su artículo 89, y sin que se exima a quienes detentan la condición “a contrata”, por lo que no podría discriminarse entre los empleados de planta y los contratas, porque el artículo 3 letra c) de dicha legislación, define el “empleo a contrata”, lo que permite concluir que la voz “empleo” que utiliza el mencionado artículo 89 es comprensiva del funcionario que se desempeña “a contrata”.

3º.- Que, se han aunado los criterios administrativos y judiciales en cuanto a estimar que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley N° 18.884.

4º.- Que el artículo 10 de la Ley N°18.834, sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, por el sólo ministerio de la ley, es decir, por la expiración del tiempo de designación, esto es, para el período que media entre la contratación y el 31 de diciembre, debiéndose ejercer la facultad de prorrogar una contrata, según el contenido del Dictamen antes citado, con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, lo que se traduce en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se hubiere generado la confianza legítima en la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior.

En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse según lo disponen los artículos 45 a 47 de la Ley N° 19.880, acto administrativo que además deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho por tratarse de actos que afectan potestades particulares; y a su artículo 41 inciso cuarto, que obliga a que las resoluciones finales contendrán la decisión que será fundada, de forma que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta.

5º.- Que, se exige entonces que en la resolución que contenga la decisión de no renovación de la contrata, tener en consideración que la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en la que se asegura un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley N° 19.880.

Ahora bien, entre los principios previstos en esa ley se encuentran aquéllos sobre transparencia y publicidad consagrados en su artículo 16, en el que se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso segundo, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas. Por último, es útil destacar que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal, ordena: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

6º.- Que así, si bien es posible concluir que en la resolución recurrida se dan argumentos para no renovar la contrata y que permitirían concluir, a un somero análisis, que se ha cumplido con el deber de motivación y fundamentación que exige la legislación administrativa; en el fondo, las imputaciones realizadas al recurrente no cuentan con algún sustento empírico debidamente comprobado, careciendo tales afirmaciones de todo valor y no constituyen en sí un justo y objetivo argumento para ejercer la discrecionalidad administrativa sobre dicha base.

En efecto, toda vez que las razones contenidas en la Resolución Exenta N° 58, y en cuanto a los fundamentos relacionados con la falta de presupuesto, no resulta ser un fundamento para desvincular al recurrente en el caso concreto, puesto que precisamente asimila el cargo de contrata a un cargo de confianza exclusiva, cuestión que no solo desvirtúa la naturaleza del régimen a contrata, sino que también resulta contrario al propio perfil del cargo del recurrente.

7º.- Que en consecuencia, la decisión administrativa discrecional que aquí se alza como causa de pedir, devino en ilegal y arbitraria. Ilegal porque pugna con la normativa a la que debió atenerse la recurrida y que más arriba se dejó explicada, y arbitraria, porque se decidió la separación de la actora de sus funciones, limitándose a invocar una serie de circunstancias que no se encuentran comprobadas en la especie. Por lo anterior, los fundamentos anteriores permite concluir que dicha resolución contraviene la normativa vigente, por carecer de fundamentos que se encuentren debidamente acreditados respecto a la funcionaria, pues en el mundo del derecho no basta con afirmar la existencia de un hecho, de imputar conductas, de invocar variación de circunstancias, pues ellas deben ser acreditadas por quien las alega, constituyendo ello una vulneración al derecho de la igualdad, contenido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al imponer diferencias arbitrarias a la hora de fundamentar los actos administrativos, como es el no disponer la renovación de la contrata.

8° Que, lo precedente además se encuentra en plena armonía con lo resuelto por nuestro máximo Tribunal de la República, en la línea de que las contratas sucesivas generan la confianza legítima en el servidor de esos cargos de mantenerse en aquellos, debiendo tenerse en especial consideración que, en el caso, se trata de un cargo eminentemente técnico y no uno de confianza, lo que queda demostrado con las sucesivas renovaciones que se le practicaron de su contrato por espacio de cinco años, en donde se sucedieron distintos titulares de la SEREMI de que se habla, sin que ello haya importado su no renovación, de manera que, no se avizora cual es el fundamento en particular, distinto a los que se tuvo en vistas para mantener su condición por un lustro, que permita con cimiento justificar, ahora, la no renovación.

Apoya esta perspectiva lo resuelto, por la Excma. Corte Suprema en rol 18.881-2020, de 29 de Abril del año en curso, sentencia que en su basamento cuarto expresó: “Que la circunstancia de haber permanecido parte recurrente en el cargo a contrata por más de 3 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie.

Por ello, la decisión de no renovar la contrata del actor, ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales por él invocadas”.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado

Regístrese.

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