nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

1.Que comparece don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo a favor de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, funcionaria pública de contrata, escalafón administrativo grado 19 del Servicio Nacional del nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, recurso de Protección en contra del SERVICIO NACIONAL DEL nombre reservado representado por su Director Nacional don OCTAVIO VERGARA ANDUEZA, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, en atención a haberse dispuesto la no renovación de su nombramiento a contrata mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 2.169 de 22 de noviembre de 2019, la que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Números 2 y 24 de la Constitución Política del Estado, conforme expone. 1.- Que con fecha 01 de enero de 2015 comenzó a prestar servicios para el Servicio Nacional del nombre reservado bajo régimen de honorarios en dependencias de la Coordinación Regional de La Araucanía. Esta contratación expiró el 31 de enero de 2015. El contrato fue aprobado por la Resolución Exenta número 3715 de 2014 de la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer. 2.- Posteriormente se le contrató bajo régimen a honorarios entre el 01 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año para desempeñarse en dependencias de la Coordinación Regional de La Araucanía. El contrato fue aprobado por la Resolución Exenta número 08 de 2015 de la Directora Nacional del Servicio Nacional del nombre reservado. 3.- Con fecha 01 de enero de 2016 y hasta el 31 de octubre de 2016 se le contrató bajo régimen de honorarios para desempeñarse en dependencias de la Coordinación Regional de La Araucanía. El contrato fue aprobado por la Resolución Exenta TRA N°865/89/2016 de la Directora Nacional del Servicio Nacional del nombre reservado. 4.- Con fecha 01 de noviembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016 se le contrató bajo régimen de honorarios para desempeñarse en dependencias de la Coordinación Regional de La Araucanía. El contrato fue aprobado por la Resolución Exenta TRA N°865/412/2016 de la Directora Nacional del Servicio Nacional del nombre reservado. 5.- Con fecha 01 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 se le contrató bajo régimen de honorarios para desempeñarse en dependencias de la Coordinación Regional de La Araucanía. El contrato fue aprobado por la Resolución Exenta TRA N°865/132/2017 de la Directora Nacional del Servicio Nacional del nombre reservado. Este contrato expiro el 31 de octubre en atención al nombramiento de contrata que se señala en el numeral 7 de estos antecedentes. 6.- Que durante la vigencia de los contratos a honorarios indicados le fueron asignadas diversas tareas de naturaleza administrativa tales como: Atención de público telefónica y personalizada y entrega de información sobre los programas institucionales; encargada de oficina de partes; implementación y actualización de archivos de correspondencia; participación en actividades del servicio en terreno, entre otras. 7.- Que mediante la Resolución Exenta N° de 2017 de fecha 01 de noviembre de 2017 de la Dirección Nacional del nombre reservado fue objeto en un nombramiento en un cargo de contrata del escalafón administrativo, grado 19 del nombre reservado con desempeño en la Coordinación Regional de La Araucanía de dicho servicio. 8.- Que mediante la Resolución Exenta N° de 01 de enero de 2018 se prorrogó el nombramiento indicado en el numeral anterior hasta el 31 de diciembre de 2018. 9.- Que mediante la Resolución Exenta N° xx de 01 de enero de 2019 se prorrogó el nombramiento indicado en el numeral 6 anterior hasta el 31 de diciembre de 2019. 10.- Que en el marco de los servicios prestados bajo el régimen de nombramiento en contrata indicados precedentemente y en el período que media entre su nombramiento y el mes de febrero de 2019, realizó, entre otras, las siguientes funciones: Encargada del Programa Yo Emprendo Semilla Regular II; Encargada de Gobierno en Terreno, Plazas de Justicia y otras actividades de terreno con entrega de información; Apoyo administrativo a los Programas Turismo Social, Buen Trato Fondo Subsidio ELEAM y Fondo Nacional del nombre reservado; Otras diversas tareas de naturaleza de apoyo administrativo a la gestión del Servicio. 11.- Que con fecha 26 de febrero sus funciones fueron modificadas por la Coordinadora Regional de La Araucanía y asume desde esa fecha la función de Asistente Regional de Atención Ciudadana SIAC/OIRS y se le asigna apoyar las labores administrativas del Programa Ciudades Amigables. Todo lo anterior sin perjuicio de continuar prestando servicios de generación y Coordinación de la agenda de atención legal del Defensor Mayor; Participación en actividades de terreno del Servicio ya indicadas; Apoyo administrativo a programas de Vivienda y FNAM autogestionados; y apoyo en aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios de Programa Centros Diurnos en diversas comunas de la Región. 12.- Que mediante carta del Director Nacional del nombre reservado, don Octavio Vergara Andueza de fecha 26 de noviembre de 2019, notificada el día 26 de noviembre de 2019, se le informa que nombre reservado no renovará su contrato durante el año 2020 y se adjunta a esa, la Resolución Exenta N° 2160 de 22 de noviembre de 2019. 13.- Que la Resolución Exenta NQ 2169 de 22 de noviembre de 2019, por la que se dispone formalizar la decisión de no renovar el vínculo contractual vigente con la recurrente para el año 2020, indica como fundamentos para la no renovación los Considerandos 5 y 6, que señalan lo siguiente: "5.- Que de acuerdo a informe enviado por la Coordinadora Regional de La Araucanía, quien es su Jefatura Directa, respecto a la labor que desempeña doña nombre reservado, se evidencian los siguientes hechos: Deficiencia en las labores encomendadas, lo que se traduce en no cumplir con las tareas propias del cargo, en especial frente al SIAC. Falta de pro-actividad en las labores asignadas como parte del equipo de Ciudades Amigables, lo que se traduce en no participar en las actividades propias del programa. Ausencia de habilidades blandas con el resto del equipo, lo que genera alteraciones al interior del servicio, dificultando la relación con el resto del equipo. La funcionaría presenta deficiencias en el trabajo con grupos de personas, evidenciando poca iniciativa para mejorar, advirtiendo un comportamiento poco cordial con sus compañeros de trabajo. Se evidencia una atención poco esmerada con los adultos mayores que requieren su orientación, particularmente en cuanto a sus funciones en el SIAC, lo que incumple las instrucciones de la jefatura. 6.- Que, en consecuencia, la funcionaría presenta falencias en: Cantidad y calidad de la labor realizada. Trabajo en equipo y Multidisciplinario. Cumplimiento de normas e Instrucciones. Falta de Compromiso con los objetivos Institucionales." Indica que 1.- el Artículo 7 de la ley 18.575 orgánica constitucional de Bases Generales de La Administración del Estado, establece que "Los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el superior jerárquico." 2.- La relación funcionaria de los trabajadores del SERVICIO NACIONAL DEL nombre reservado, se regula por el D.F.L. N° 29 de 2004 de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, que en su artículo 2 y en la letra a) de su artículo 3o establecen que cargo público es aquel que se contempla en las plantas o como "empleos a contrata" de las instituciones que indica.

3.- Entonces, cabe tener presente, que de conformidad con lo establecido por la letra c) del artículo 32 del D.F.L. Ne 29, de 2004 de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NB 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el empleo a contrata es "aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución".

4.- Conforme al artículo 2 de la ley 18.834, Estatuto Administrativo, los cargos públicos se sirven bajo un nombramiento de planta o de contrata, y conforme al artículo 9 de ese mismo cuerpo legal, los empleos de contrata durarán como máximo, sólo hasta el 31 de Diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expiraran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

5.- Por lo anterior, conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 3o, inciso primero del artículo 10° y 153°, todos del D.F.L. Ne 29, de 2004 de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NQ 18.834, la regla general de duración del empleo a contrata es hasta el término del año del nombramiento respectivo, esto es el 31 de diciembre, haciendo excepción la prórroga para el año siguiente, propuesta con a lo menos 30 días de anticipación y el término anticipado por innecesaridad de los servicios dispuesto por un acto ajustado a derecho, debidamente motivado y no discriminatorio.

6.- Por su parte el Artículo 3 de la Ley 18.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, define el Concepto de Acto administrativo, señalando que: "Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública." 7.- Conforme a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República sobre renovación y término anticipado de contratas contenida en el Dictamen N° 6400 de 2018, cuando en el respectivo nombramiento se ha establecido que los servicios se prestarán hasta que estos sean necesarios, la autoridad podrá ponerle termino anticipado al nombramiento mediante un acto fundado y si ha dispuesto la no renovación de una contrata que goza de la legitima expectativa que esta se le renovará deberá hacerlo por un acto fundado. Cabe recordar que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República es vinculante para todas las entidades públicas sujetas a su control.

8.- A su turno el artículo 11 de la misma ley señala que: "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio".

9.- Ahora bien, el dictamen 6.400 de 2018 de la Contraloría General de la República estableció, vinculantemente para los entes públicos, que si se han prestado servicios bajo régimen de contrata por un lapso superior a los dos años, como es el caso de esta Litis, el funcionario goza de la confianza legítima de que su nombramiento se prorrogará y si la administración dispone la decisión de no renovar el nombramiento, deberá materializarlo a través de un acto administrativo fundado que deberá comunicar oportunamente al afectado.

10.- A su turno el Dictamen 16.512 de 2018 complementa el Dictamen 6.400 del mismo año en el sentido que respecto de los servidores traspasados desde la calidad de honorarios a la contrata, sean contabilizadas sus prestaciones de servicios a honorarios para efectos de invocar la confianza legítima sumándose los lapsos, previos al traspaso, en que aquellos se han desempeñado en el mismo organismo de manera continua y sobre la base de honorarios, en la medida que aquellas labores hayan sido a jornada completa y correspondan a un cometido especifico de naturaleza habitual de la institución.

11.- Por otra parte el dictamen Nos 6.400 de 2018; de la Contraloría General de la República señala que la autoridad administrativa podrá poner término anticipado a una designación a contrata e indica que: "...en concordancia con los dictámenes Nos 12.248 y 18.901, ambos de 2017 y de este Órgano de Control, podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes -, entre otros: Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación." La evaluación particular para ser emitida, no requiere ajustarse a las formalidades previstas en el Reglamento General de Calificaciones, pues no constituye una calificación regular y periódica propiamente tal, sino que, se trata de una evaluación particular.

En relación al valor de la Evaluación Funcionaría regular y periódica, cabe tener presente que conforme establece la Contraloría General de la República en su dictamen N° 40.776 del 12 de diciembre de 1996, "el empleo a contrata tiene un carácter esencialmente transitorio, no forma parte de la dotación estable del servicio y los funcionarios que ostentan esta calidad jurídica en una repartición pública cesan normalmente en sus funciones con fecha predeterminada en el acto de su designación, sin necesidad de renuncia previa. Así, las calificaciones de que son objeto estos empleados contratados tienen el carácter de modalidad para medir su desempeño y aptitudes funcionarías, lo que en definitiva servirá de base a la autoridad administrativa para decidir sobre su permanencia o eliminación del servicio".

12.- Como queda de manifiesto en los preceptos legales indicados y de la jurisprudencia administrativa citada, si bien la decisión de la autoridad administrativa, respecto de la continuidad de un funcionario a contrata, es una facultad discrecional, dicha decisión debe ser fundada, y los fundamentos deben estar descansar sobre hechos verdaderos, coherentes con la realidad, establecidos por los medios legales de avaluación funcionaría, respetando siempre los principios que informan el debido proceso.

13.- Ahora bien, conforme a lo señalado el establecimiento de los hechos que fundan la decisión del ente administrativo de no renovar una contrata podrán decir relación con el desempeño del funcionario y conforme a la normativa estatutaria y la jurisprudencia de la Contraloría podrán encontrarse determinados a través de un procedimiento de responsabilidad administrativa, como un sumario que estableció la responsabilidad del funcionario pero cuya sanción no fue la destitución del funcionario o una investigación administrativa. También podrán estar establecidos a través de la Calificación Regular o Periódica o a través de una anotación de demerito. También la Contraloría señala en el Dictamen 6.400 de 2018, ya citado, que el fundamento del acto podrá encontrarse en una evaluación particular la que tendrá que ser sobre hechos o períodos no establecidos en la Calificación Regular y Periódica.

14.- Los mecanismos estatutarios y jurisprudenciales indicados que sirven para determinar el desempeño funcionario, deben satisfacer las normas constitucionales contenidas en el artículo 19 NQ 3 incisos 5 y 6 de la Carta Fundamental, las que consagran, por una parte, el denominado Derecho al Debido Proceso y el Principio de Presunción de Inocencia. Señala la norma: "Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal".

Sobre la presunción de inocencia cabe tener presente que su alcance al ámbito administrativo se encuentra ampliamente establecido en la jurisprudencia de los tribunales (Sentencia Tribunal Constitucional Rol 4722/2018), en tanto las sanciones administrativas son expresión del ius puniendi estatal, que en el caso de los deberes estatutarios, el legislador ha estimado relevante establecer su infracción y sancionar conforme a los procedimientos que consagra el Estatuto Administrativo.

15.- Ahora bien ambos Institutos Constitucionales, Presunción de Inocencia y Debido Proceso, encuentran, reconocimiento en la normativa Estatutaria la que, como se indicó, consagra procedimientos para el establecimiento de la Responsabilidad Administrativa en los artículos 114 y siguientes de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que señala lo siguiente: "El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias. Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo." Por consiguiente el establecimiento legal de la efectividad de los hechos constitutivos de falta a los deberes estatutarios se realiza mediante la correspondiente investigación sumaria o sumario administrativo, afinado; o mediante, según la entidad de a falta o lo manifiesto de su ocurrencia, la respectiva Evaluación de Desempeño o una Anotación de Demérito.

16.- En lo relativo a la investigación y al sumario administrativo, los artículos 114 y siguientes del Estatuto consagran un procedimiento bilateral y un régimen recursivo que cumple la exigencia constitucional del respeto al principio de presunción de inocencia y del establecimiento de los hechos y la sanción acorde a un racional y justo procedimiento. Así la Contraloría General de la República en el dictamen N° 72.814, de 2016, se resuelve una situación, en relación a la aplicación de una medida disciplinaria sin incoarse una investigación, donde resuelve que se debe realizar un proceso indagatorio en el que se le tome declaración al afectado, otorgándole la posibilidad de impugnar el castigo aplicado, todo lo anterior en cumplimiento del principio del debido proceso.

17.- Por otra parte, el mismo Estatuto en su artículo 27 consagra un sistema de evaluación de desempeño, norma que señala: "El sistema de calificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y servirá de base para la promoción, los estímulos y la eliminación del servicio." El artículo 28 del mismo Estatuto señala que: "Todos los funcionarios, incluido el personal a contrata, deben ser calificados anualmente, en alguna de las siguientes listas: Lista N° 1, de Distinción; Lista N° 2, Buena; Lista N° 3, Condicional; Lista N° 4, de Eliminación." 18.- El Instituto del Debido Procedimiento en su componente de bilateralidad o derecho a la defensa se encuentra contenido en el artículo 30 que señala que la Calificación se hará por la Junta Calificadora y el artículo 43 cuando señala que el funcionario tendrá derecho a apelar de la resolución de la Junta Calificadora.

Estima que hay algunos que tienen menor evaluación que la recurrente y cuyas contratas fueron renovadas. Ese acto diferenciador es discriminatorio y carece de toda racionalidad o lógica. A objeto de acreditar esta aseveración solicitamos en el tercer otrosí que el Director Nacional del SERVICIO NACIONAL DEL nombre reservado informe sobre las prórrogas de contrata dispuestas para los demás servidores y sus respectivas evaluaciones funcionarías.

Por consiguiente se trata de un antecedente que no puede ser invocado válidamente para fundamentar la decisión de no renovar la contrata.

Admitir que mediante el expediente de un informe expedido con ocasión de la renovación o no renovación de las contratas, que no ha sido comunicado al afectado, o sea que le es completamente desconocido, el que se refiere pero no se singulariza, impidiéndole ejercer su derecho de defensa, puedan darse por establecidos hechos que permitan motivar un acto administrativo que contiene la decisión de no prorrogar una contrata, implica hacer tabula rasa de los derechos funcionarios frente al estado.

Por tanto, el acto administrativo reclamado no satisface el estándar de motivación que requiere esa clase de decisiones administrativas, ya que se funda en hechos dubitados, no establecidos por los procedimientos estatutarios legales, sino establecidos unilateralmente por la autoridad, vulnerando el debido proceso, y la garantía constitucional de presunción de inocencia.

El acto reclamado es un acto ilegal, en tanto no cumple la preceptiva sobre fundamentación y la interpretación vinculante que de está ha hecho el órgano contralor y es, un acto arbitrario ya que carece de toda racionalidad.

Se han vulnerado estos derechos.

1.- La garantía del N 2 del art. 19, de la Constitución Política: "La Igualdad ante la ley... "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias..." Es evidente que la acción de no renovar la contrata de la recurrente vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental que consagra el principio de igualdad ante la ley y que prohíbe hacer diferencias arbitrarias. Esta garantía resulta vulnerada por el actuar claramente arbitrario del recurrido al establecer un trato diferenciado respecto de la no renovación de la contrata de la recurrente, consistente en renovar el nombramiento a contrata respecto de otros funcionarios y no hacerlo respecto de la recurrente, encontrándose unos y otros en similares condiciones contractuales.

Cabe tener presente que el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria se ampara en el artículo 19° N° 16 de la Carta Fundamental, que en su inciso tercero señala que: "Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos".

Otras fuentes normativas vulneradas en su texto expreso son los artículos 2.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A su vez, la discriminación supone la identificación del afectado no sólo como diferente, sino como inferior y sometido, por lo que la igualdad de trato o paridad forma parte del contenido esencial del derecho, siendo relevante en el acto discriminatorio el resultado, en cuanto conforma una situación objetiva de discriminación, y en este caso, la recurrente ha recibido un trato distinto respecto de los otros funcionarios que se encontraban en idéntica situación de régimen de prestación de servicios en el nombre reservado bajo régimen de contrata, cuyo resultado objetivo es la diferencia de trato en relación a sus pares, produciendo un resultado desventajoso (decisión de no renovar su nombramiento) para la recurrente y no respecto de otros que continúan ejerciendo la función pública o prestando las labores o servicios.

2.- El acto recurrido vulnera la garantía constitucional del derecho de Propiedad de la recurrente sobre la estabilidad de su empleo en tanto la continuidad del mismo se ha visto interrumpida por el acto ilegal y arbitrario que se recurre. En efecto, el artículo 19 N 24 asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales; El Código Civil, en su artículo 583, establece que "sobre las cosas incorporales existe una especie de propiedad" y, a su turno, el artículo 565 había señalado que "los bienes consisten en cosas corporales e incorporales... las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas." Además garantiza que nadie puede ser privado de su propiedad ni del bien sobre el cual aquél recae sin que exista una ley general o especial que lo autorice y previa indemnización. Nada de eso sucede en este caso.

En el caso que nos ocupa la recurrente tiene derecho de propiedad o dominio sobre el derecho personal que nace de su nombramiento a contrata, cual es el desempeñar ese empleo hasta que este concluya por hacerse innecesarios sus servicios por una causa legal.

El acto recurrido priva ilegalmente a la recurrente del legítimo ejercicio de su propiedad sobre ese bien incorporal y ello hace procedente este recurso y que S.S.I. disponga las medidas necesarias para que le restituya dicho dominio.

En definitiva, el acto ilegal y arbitrario de no renovar la contrata de la recurrente vulnera las garantías constitucionales señaladas y el único remedio efectivo para restablecer su legítimo derecho a desempeñar las función pública bajo el régimen de contrata hasta no sean legalmente innecesarios sus servicios, es dejar sin efecto la resolución que dispone la no renovación y disponer se genere el acto de renovación de su contrata para el año 2020 en iguales condiciones al nombramiento vigente.

Todo ello porque a través de esta acción lo que se está debatiendo es que el acto de no renovación es ilegal y arbitrario y que priva a la recurrente del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados. Y esta acción de protección persigue precisamente que no continúe ese atropello poniendo pronto remedio a la situación creada por el acto ilegal y arbitrario del recurrido. Es precisamente la finalidad de esta acción cautelar.

Estando dentro del plazo de 30 días corridos, desde la fecha que la recurrente fue notificada de la resolución N° 2169 de 2019 del Director Nacional del nombre reservado que dispone la no renovación de su contrata y de conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el art. 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 24 de Junio de 1992 y sus modificaciones.

Por ello, pide se sirva tener por presentado recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DEL nombre reservado representado por su Director Nacional don OCTAVIO VERGARA ANDUEZA, en atención a haberse dispuesto la no renovación del nombramiento a contrata de la recurrente mediante la dictación de la Resolución recurrida señalada, y, en definitiva, Se ordene al SERVICIO NACIONAL DEL nombre reservado iniciar procedimiento de invalidación de la Resolución Exenta N° 2169 de 2019 y disponer la renovación de la contrata de la recurrente para el año 2020 en las mismas condiciones del nombramiento que se prorroga.

2. Que informando el recurso comparece don CÉSAR EDUARDO ERCILLA NORAMBUENA, abogado, cédula de identidad Nº RUT reservado, en representación del SERVICIO NACIONAL DEL nombre reservado, RUT Nº RUT reservado, en adelante “nombre reservado”, conforme a Mandato Judicial que se indicará, ambos domiciliados en domicilio reservado, e informa:

La Ley Nº 19.828 creó el Servicio Nacional del nombre reservado, nombre reservado, como un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el/la Presidente/a de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social (ex Ministerio de Planificación) definiendo como nombre reservado a toda persona que ha cumplido 60 años.

El objetivo principal de nombre reservado es velar por la plena integración del nombre reservado a la sociedad, su protección ante el abandono e indigencia, y por el ejercicio de los derechos que la Constitución de la República y las leyes le reconocen.

Asimismo, nombre reservado deberá, entre otros, proponer las políticas destinadas a lograr la integración familiar y social efectiva del nombre reservado y la solución de los problemas que los afecten, estudiar y proponer las políticas, planes y programas que deban efectuarse para diagnosticar y contribuir a la solución de los problemas del nombre reservado, velar por su cumplimiento y evaluar su ejecución; incentivar la participación del sector privado en la atención de aquellas necesidades y solución de los problemas derivados del proceso de envejecimiento; prestar asistencia técnica y supervisar a organismos privados con o sin fines de lucro que brinden acogida y atención integral al nombre reservado que facilite su inserción a la sociedad.

Por lo que en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y de las potestades administrativas que la Ley confiere al Servicio, mediante Resolución Exenta N° 1878, de fecha 16 de junio de 2014, nombre reservado aprobó contrato a honorarios suscrito con doña nombre reservado, RUN N° RUT reservado, de la misma fecha, a contar de 17 de junio al 31 de diciembre de 2014. Luego, se han suscrito una serie de contratos a honorarios a suma alzada, aprobados por los siguientes actos administrativos: Resolución Exenta N° 3715, de fecha 31 de diciembre de 2014, que aprobó contrato a honorarios suscrito con doña nombre reservado, de la misma fecha, por el período comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2015; Resolución Exenta N° 8, de fecha 12 de enero de 2015, que aprobó que aprobó contrato a honorarios suscrito con doña nombre reservado, de la misma fecha, por el período 01 de febrero al 31 de diciembre de 2015; Resolución TRA N° 865/89/2016, de fecha 25 de enero de 2016, tomada razón con fecha 28 de enero de 2016 por Contraloría General de la República, que aprobó contrato a honorarios con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; Resolución TRA N° 865/412/2016, de fecha 16 de noviembre de 2016, tomada razón con fecha 9 de diciembre de 2016 por Contraloría General de la República, que aprobó contrato a honorarios con vigencia del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016.

Posteriormente, por Resolución Exenta RA N° 865/241/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, de este Servicio, el Servicio contrató a la Sra. nombre reservado, a contar de 1 de noviembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, y mientras sean necesarios sus servicios, como ADMINISTRATIVA, asimilada a grado 19º ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la Planta de ADMINISTRATIVOS, con jornada de 44 horas semanales.

Se renovó sucesivamente su contrata por Resolución TRA N° 865/1/2017 de fecha 10 de enero de 2017; Resolución Exenta RA N° 865/18/2018, de fecha 12 de enero de 2018; y Resolución Exenta RA N° 865/27/2019, de fecha 04 de enero de 2019, todas de este Servicio, hasta el período que finaliza el 31 de diciembre de 2019.

Finalmente, mediante Resolución Exenta N° 2169 de fecha 22 de noviembre de 2019, este Servicio tomó la decisión de no renovar la designación a la contrata señalada, la cual fue notificada a la Sra. nombre reservado personalmente, ante Ministro de Fe del Servicio, y en presencia de don nombre reservado, Encargado Unidad de Gestión de las Personas del Servicio, en dependencias de la Coordinación Regional de La Araucanía, ubicadas en domicilio reservado, comuna y ciudad de Temuco, con fecha 26 de noviembre de 2019, según consta de Carta de la misma fecha, por lo que se consideró el vínculo hasta la fecha señalada en dicha notificación, esto es el 31 de diciembre de 2019, conforme al Artículo 46 de la Ley N° 19.880. Dicha decisión de no renovar la designación a la contrata se realizó mediante la emisión del acto administrativo debidamente fundado en:

Deficiencia en las labores encomendadas, lo que se traduce en no cumplir con las tareas propias del cargo, en especial su responsabilidad frente al SIAC; falta de pro actividad en las labores asignadas como parte del equipo de Ciudades Amigables, lo que se traduce en no participar de las actividades propias del programa; Ausencia de habilidades blandas con el resto del equipo, lo que genera alteraciones al interior del servicio, dificultando la relación con el resto del equipo; La funcionaria presenta deficiencias en el trabajo con grupos de personas, evidenciando poca iniciativa para mejorar, advirtiendo un comportamiento poco cordial con sus compañeros de trabajo;

Se evidencia una atención poco esmerada con los adultos mayores que requieren de orientación, particularmente en cuanto a sus funciones en el SIAC, lo que incumple las instrucciones impartidas por la jefatura.

Que, en consecuencia, la funcionaria presentó falencias en: Cantidad y calidad en la labor realizada; Trabajo en equipo y multidisciplinario; Cumplimiento de normas e instrucciones; Falta de compromiso con los objetivos institucionales. Lo indicado, se enmarca dentro de las atribuciones indicadas en las Instrucciones impartidas por el ente Controlador en Dictamen N° 085700, de fecha 28 de noviembre de 2016, específicamente en su Punto II “Atribuciones de las Autoridades en Materia de No Renovación y Término Anticipado”, por lo que esta autoridad administrativa procedió a ejercer la respectiva atribución conforme al párrafo primero del punto mencionado, el cual establece:

“Cabe destacar que los citados dictámenes no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas -u otras figuras de designación semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de conformidad con las disposiciones legales respectivas.” Además, dentro de las Instrucciones impartidas por el ente Controlador en Dictamen N° 085700, de fecha 28 de noviembre de 2016, específicamente en su Punto V “ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA LA NO RENOVACIÓN DE UNA CONTRATA O QUE PONE TÉRMINO ANTICIPADO A LA MISMA”, dispone lo siguiente en sus párrafos primero y segundo: “El artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada. Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior; o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas.”

En el mismo Punto V citado, dispone en su parte 4) “Notificación del acto que dispone la no renovación de la contrata o su término anticipado, o que resuelve prorrogarla por un plazo menor a un año o en un grado o estamento inferior”, lo siguiente: “El inciso segundo de esa disposición prescribe que las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco, días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo. Por su parte, el artículo 46, inciso primero, de la precitada ley N° 19.880, dispone como regla general, la remisión por carta certificada de los actos de efectos individuales, al domicilio del interesado. De este modo, el acto administrativo que dispone el término anticipado de la contrata de un servidor, la no renovación del vínculo o su prórroga por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior, deberá ser notificado en el plazo y de las maneras recién descritas, sin perjuicio de lo que ordenen otras normas aplicables según el estatuto al cual se encuentre sujeto el funcionario.” Lo anterior, va en directa relación con el Dictamen N° 6400 de 2018, de Contraloría General de la República, que establece en el número 2) de su Punto V: “Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas.” De este modo, y en concordancia con los dictámenes N° 12.248 y 18.901, ambos de 2017 y de este Órgano de Control, podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros: - Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación.” Por lo expuesto, esta autoridad administrativa procedió a motivar y a notificar conforme a derecho la no renovación de la respectiva contrata, a través de la emisión del respectivo acto administrativo fundado, el cual fue notificado a la Sra. nombre reservado en forma personal y presencial, en atención a su contratación y conforme a sus funciones.

Por ello pide, rechazar en todas sus partes, con costas, el recurso de protección deducido en autos. Acompaña: Copia Ley N° 19.828, Orgánica del Servicio Nacional del nombre reservado. Decreto Supremo N° 51 de fecha 27 de junio 2018, del Ministerio de Desarrollo Social. Resolución Exenta N° 1878, de fecha 16 de junio de 2014, de este Servicio; Resolución Exenta N° 3715, de fecha 31 de diciembre de 2014, de este Servicio; Resolución Exenta N° 8, de fecha 12 de enero de 2015, de este Servicio; Resolución TRA N° 865/89/2016, de fecha 25 de enero de 2016, tomada razón con fecha 28 de enero de 2016 por Contraloría General de la República; Resolución TRA N° 865/412/2016, de fecha 16 de noviembre de 2016, tomada razón con fecha 9 de diciembre de 2016 por Contraloría General de la República; Resolución Exenta RA N° 865/241/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017; Resolución TRA N° 865/1/2017 de fecha 10 de enero de 2017, de este Servicio; Resolución Exenta RA N° 865/18/2018, de fecha 12 de enero de 2018, de este Servicio; Resolución Exenta RA N° 865/27/2019, de fecha 04 de enero de 2019; Resolución Exenta N° 2169 de fecha 22 de noviembre de 2019, de este Servicio; Carta de fecha 26 de noviembre de 2019, de Director Nacional del Servicio Nacional del nombre reservado, dirigido a doña nombre reservado, y constancia de Ministro de Fe; Hoja de Vida de Funcionaria; Calificación de Desempeño períodos 2017-2018, y 2018-2019 de doña nombre reservado; Listado Asignaciones Familiares; Listado Permisos y Licencias médicas; Listado Comisiones de Servicio; Listado de Feriados; Listado de Calificaciones; Listado Medidas Disciplinarias y Anotaciones de Mérito y de Demérito; Listado Asuntos Varios.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que de conformidad al inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se exige a la Administración que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan. En el caso sub lite, la resolución cuestionada si bien precisa razones fácticas que conducen a prescindir de los servicios del actor, ellas tiene un carácter marcadamente contradictorio.

TERCERO: Que, en efecto, se esgrimen como razones para justificar la decisión de poner término a la prestación de servicios a contrata de la recurrente: a) deficiencia en las labores encomendadas, lo que se traduce en no cumplir con las tareas propias del cargo; b) falta de pro actividad en las labores asignadas como parte del equipo de ciudades amigables, lo que se traduce en no participar de las actividades propias del programa; c) ausencia de habilidades blandas con el resto del equipo; d) Deficiencia en el trabajo con grupos de personas; y e) atención poco esmerada con los adultos mayores que requieran de su orientación .

CUARTO: Que, revisados los antecedentes que adjunta la recurrente, puede establecerse que sus calificaciones durante los años 2017/2018 y 2018/2019 son buenas, obteniendo incluso nota 7 en los rubros Cantidad, Oportunidad y Cumplimiento de normas institucionales; notas 6 en Asistencia y Puntualidad y ninguna nota bajo 5. En las calificaciones notificadas el 19 de noviembre de 2019 registra nota promedio de 61,85, Lista 1, Distinción. Además, cabe precisar que tampoco se pudo constatar la existencia de anotaciones disciplinarias en relación a la recurrente ni que existan sumarios administrativos en su contra.

QUINTO: Que entonces, no puede servir de fundamento a la decisión de no renovar la contrata de la actora, el hecho de no efectuar manera aceptable sus labores, toda vez que ello se encuentra en abierta contradicción con la documentación tenida a la vista, especialmente calificaciones emitidas por la recurrida. En efecto, llama poderosamente la atención que la jefatura de la recurrente no haya dejado constancia con anterioridad a la dictación del acto que mediante este remedio procesal se impugna, del hecho que la actora se desempeñara de forma tan negligente en su trabajo, presentado dificultades para trabajar con sus pares, indicando “ausencia de habilidades blandas”, concepto acuñado por la psicología positiva, que determina que tales habilidades deberían decir relación con habilidades sociales, de comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, inteligencia social o emocional que faculta a las personas para moverse en su entorno y realizar un buen desempeño, de lo cual se reitera, no consta antecedente alguno es estos autos, y lo cual, atendida su relevancia para el buen desempeño del equipo laboral, debió ser informado oportunamente a la recurrente al menos en el período de calificaciones. De esta forma, queda establecido que el fundamento invocado por la autoridad no encuentra asidero en antecedentes previos y objetivos.

SEXTO: Que, de esta forma y tal como lo acusa el recurrente, este fundamento es inadecuado, puesto que las calificaciones de la actora, son óptimas, y claramente suficientes para mantenerla en el desempeño de sus funciones.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, conviene recordar que son cinco los elementos del acto administrativo, a saber la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto; puede existir ilegalidad del mismo en relación a cualquiera de ellos. En este caso, la ilegalidad se configura en relación al elemento motivo o fundamento del acto, aspecto que constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, siendo, por cierto, también arbitrario por los motivos expuestos.

OCTAVO: Que determinada la ilegalidad y arbitrariedad del acto que puso término a la contrata de la reclamante, ésta ha contrariado además el propósito que el legislador previó al establecer los empleos a contrata y definir sus características de transitoriedad, vulnerándose el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por estas razones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso interpuesto por el abogado don Luis Humberto Risso Rocco, en favor de doña nombre reservado, dejándose en consecuencia sin efecto la resolución impugnada N° 2.169 del 22 de noviembre de 2019 emitida por el Servicio Nacional del nombre reservado, y en su lugar se ordena la renovación de la contrata para el 2020, en iguales condiciones del nombramiento que se prorroga.

Regístrese y devuélvase.

Redactada por la Ministra (S) Mirna Espejo Guiñez.

Protección-18712-2019. (fcv)