nombre reservado con ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE VILLARRICA

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A Folio N° 1, comparece doña nombre reservado, a favor de doña nombre reservado, empleada, de mí mismo domicilio, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, representada legalmente por don nombre reservado; en cuanto dicha entidad municipal, a través del Departamento de Educación, DAEM, en forma unilateral resolvió el traslado del lugar o recinto en donde ejercía sus labores la recurrente, se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19, numerales 1, 2, y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el DAEM de Villarrica mediante decreto exento N° 053 que ordena su traslado desde la Escuela José Abelardo Núñez hacia el Liceo Bicentenario Artístico Alexander Graham Bell, ante doña nombre reservado jefa de personal, en dependencias del Departamento de Administración de Educación Municipal de Villarrica, resolución exenta que, en su oportunidad fue confirmada por la Contraloría General de la República, medida de traslado que con fecha 21 de marzo del 2025, notificó a la inspectoría general de la escuela en la que ejercía sus funciones.

Explica que mi representada se ha desempeñado durante 16 años continuos, como asistente de educación en la Escuela Municipal José Abelardo Núñez de la comuna de Villarrica, bajo la supervisión de la Ilustre Municipalidad de Villarrica a través del Departamento de Administración de Educación Municipal respectivo.

Refiere que durante el periodo comprendido al año 2024, a partir del mes de abril del año indicado, su representada recurre ante la dirección del establecimiento educacional en el que se desempeñaba, a fin de informar una serie de irregularidades que estarían ocurriendo, con el objeto de que la jefatura pertinente realice las gestiones conducentes a solucionar los problemas internos, negándose la autoridad a adoptar medidas.

Por lo anterior, con fecha 12 de agosto del 2024, su representada concurre hasta el DAEM, con el objeto de reclamar de las mismas irregularidades y, especialmente de la inacción de la directora del establecimiento ante las quejas ya expuestas en su oportunidad.

Posteriormente a la presentación realizada, la recurrente comienza a ser objeto de acoso por parte de la directora de la escuela, circunstancias que se desarrollaron desde la queja interpuesta en su contra y hasta el término del año escolar del periodo 2024.

Con fecha 06 de enero del 2025, su representada fue citada a las dependencias del DAEM de Villarrica, por el director del departamento don nombre reservado a una reunión, en la cual le informa de manera verbal que la directora del establecimiento educacional en el que se desempeñaba solicitó su traslado, sin especificar los motivos que justifiquen la decisión.

Que, con fecha 10 de enero del 2025 la recurrente interpone una denuncia interna por maltrato y acoso laboral ante el DAEM, en contra de la directora doña nombre reservado, cuya conclusión investigativa, a la fecha de esta presentación no ha sido informada ni notificada por ningún medio a mi representada, y su vez se encuentra pendiente la investigación respectiva de la Inspección del Trabajo.

Posteriormente, mi representada fue notificada del Decreto Exento N° 053 que resuelve:

“1. DESTÍNESE, al asistente de la educación doña nombre reservado, al LICEO BICENTENARIO ARTÍSTICO ALEXANDER GRAHAM BELL...”.

Que, en dicho decreto no se informan los motivos de la decisión adoptada, sino que se limita simplemente a informar de la facultad que le antecede a la recurrida de ordenar el traslado de funcionarios. Por otro lado, se le informó en dicho acto la posibilidad de recurrir ante la Contraloría General de la República, a fin de alegar la irregularidad de la decisión de traslado.

Que, habiendo presentado sus descargos ante el órgano contralor, con fecha 14 de febrero del 2025, este resuelve a través de folio E6983/2025, Contraloría Regional de la Araucanía, que “...no se advierte irregularidad en el proceder de la Municipalidad de Villarrica en la situación reclamada”

Que, posterior a la resolución indicada en el punto anterior, msurepresentada procede a realizar las gestiones pertinentes a fin de revertir el traslado a través de la Municipalidad de Villarrica, solicitando en numerosas ocasiones una audiencia privada con el señor alcalde don Pablo Astete.

Finalmente, el señor jefe administrador de la Municipalidad, don nombre reservado, en una esporádica reunión que sostuvo con su representada el día 27 de febrero del 2025, en dependencias de la Municipalidad de Villarrica, le informa de manera verbal que su resolución de traslado había sido revocada y comunicada al director DAEM don nombre reservado, sin otorgarle mayores detalles ni documentación que acreditará tal decisión, y termina informando que debe presentarse a realizar sus funciones en la escuela José Abelardo Núñez a partir del 07 de marzo del presente año.

Que, cumpliendo las órdenes del administrador de la Municipalidad de Villarrica, la recurrente se presentó a cumplir sus labores en la escuela José Abelardo Núñez a partir del 07 de marzo del presente año y estuvo desempeñándose en dicho establecimiento durante las dos semanas siguientes.

Posteriormente, con fecha 21 de marzo del 2025, mientras la recurrente se encontraba en horario laboral en la escuela José Abelardo Núñez, es citada a dependencias del DAEM, mediante llamada telefónica dirigida a la inspectoría general de dicho establecimiento educacional, quien le comunica a mi representada que debe comparecer ante la jefatura de personal del departamento indicado, a fin de proceder a firmar oficialmente el Decreto Exento N° 053 que resuelve su traslado, momento en el cual la recurrente, presentándose a la citación mencionada, se niega a firmar y procede a retirarse.

Que, actualmente, la recurrente se encuentra con licencia médica psiquiátrica producto de los hechos ya descritos, y la importante afectación que estos han tenido en su salud mental, al verse obligada al traslado impuesto por la recurrida después de haberse desempeñado durante toda su carrera laboral en el mismo establecimiento educacional, es decir, 16 años consecutivos, considerando, además que el presente año 2025 sería su último año laboral, y especialmente que dicho traslado se concreta producto de una amenaza realizada por su jefa directa luego de una serie de actos constitutivos de acoso laboral, sumado a ello, se encuentra el proceder informal y arbitrario de los directivos del DAEM de Villarrica y de los jefes administrativos de la Municipalidad recurrida, quienes hasta último momento aseguraron que el traslado había sido revocado, para luego hacerlo efectivo.

Que, la recurrente se encuentra especialmente afectada por no poder completar su último año laboral en la escuela en la que se ha desempeñado durante más de una década, y de la cual tiene un fuerte sentido de pertenencia, todo lo cual vulnera las garantías de los numerales 1, 2, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide Que se acoja el presente recurso de protección, por ser la actuación de la recurrida, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley y derecho de propiedad de la recurrente doña nombre reservado, establecidas en los N° 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República Que, como consecuencia de lo referido, se ordene a la Municipalidad recurrida que, a través del Departamento de Administración de Educación Municipal respectivo, revoque la decisión tomada mediante el Decreto Exento N° 053, y en consecuencia se ordene la reincorporación de la actora a su anterior lugar de trabajo, es decir, a la escuela José Abelardo Núñez, en las mismas funciones que desempeñaba, o bien, la declaración que S.S. Iltma. se sirva efectuar en igual sentido.

Sin perjuicio que S.S. Iltma. adopte todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del derecho, con costas de la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos:

- Queja administrativa interna interpuesta ante el Departamento de Administración de Educación Municipal de Villarrica, por doña nombre reservado, de fecha 12 de agosto del 2024 - Denuncia interna de maltrato y acoso laboral interpuesta ante el Departamento de Administración de Educación Municipal de Villarrica, por doña nombre reservado, de fecha 10 de enero del 2025 - Decreto Exento N° 053 emitido por el Departamento de Administración de Educación Municipal de Villarrica, de fecha 30 de enero del 2025 - Respuesta de la Contraloría General de la República, N° E 6983/2025, de fecha 14 de febrero del 2025.

- Licencia médica psiquiátrica de doña nombre reservado, de fecha 04 de abril del 2025 - Correo electrónico, remitido desde la casilla correo reservado hacia la casilla correo reservado de fecha 07 de abril del 2025.

A folio 16 evacua informa la recurrida Municipalidad de Villarrica pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

En primer termino, alega la extemporaneidad del recursos fundado en que recurrente pretende dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 53 dictado con fecha 30 de enero del 2025 que ordenó su traslado de establecimiento educacional, y según consta en autos, el presente recurso de protección fue presentado recién con fecha 17 de abril del 2025, es decir, excediendo con creces el plazo legal de 30 días corridos para su interposición.

En segundo término, alega que la acción de protección no es la vía idónea para conocer de la eventual problemática, por cuanto la recurrente denuncia en su acción, versa sobre una decisión administrativa materializada por medio del Decreto Alcaldicio N° 53-2025, el que, además, es propio de una facultad del empleador establecida en el artículo 12 del Código del Trabajo.

Por tanto, existen múltiples vías distintas a la naturaleza extraordinaria propia a la acción de protección para que doña nombre reservado pueda impugnar la decisión adoptada por la Ilustre Municipalidad de Villarrica, cuyos mecanismos se encuentran regulados en la Ley N° 10.336 sobre “Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República”, la Ley N° 19.880 que establece “Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado” o aquella reclamación contenida en la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”. Incluso el referido traslado o nueva destinación puede ser objeto de conocimiento de la judicatura laboral según lo dispone el artículo 12 del Código del Trabajo.

Ratifica la postura el hecho de que Contraloría General de la República ya se pronunció sobre la referida decisión adoptada por el municipio, no advirtiendo irregularidad alguna y rechazando el reclamo efectuado por doña nombre reservado. En consecuencia, no corresponde que se discuta, nuevamente y por esta vía proteccional, la decisión de traslado de establecimiento educacional si la recurrente ya utilizó un mecanismo de impugnación ordinario, en el que se desestimó su pretensión y que, por lo demás, no es cuestionado en la presente acción de protección, ya que no se recurre en contra de Contraloría General de la República.

En cuanto al fondo, niega que exista un actuar arbitrario y/o ilegal por parte de la Ilustre Municipalidad de Villarrica cuya consecuencia inmediata haya originado una situación determinante de privación, amenaza o perturbación a las garantías constitucionales de derecho a la vida, integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad de la recurrente.

Como se desprende de los antecedentes, la destinación de la recurrente en calidad de inspectora desde la Escuela José Abelardo Núñez al Liceo Bicentenario Artístico Alexander Graham Bell por medio del Decreto Alcaldicio N° 53 de fecha 30 de enero del 2025 se ajustó plenamente a derecho.

De acuerdo con el artículo 4°, inciso 1°, de la ley N° 19.464, el personal asistente de la educación tiene como régimen laboral el Código del Trabajo, las normas especiales de la citada ley N° 19.464 y las contempladas en la ley N° 18.883, relativas a permisos y licencias médicas. En dicho contexto, el artículo 12 del Código del Trabajo faculta al empleador para alterar la naturaleza de los servicios del trabajador, o bien el sitio o recinto donde éstos se presten, a condición de que se trate de labores similares, y sin que ello importe menoscabo para el trabajador.

En consecuencia, la dictación del referido acto administrativo fue ajustado a la normativa vigente, incluso respaldado de forma previa por el PADEM del año 2025. Asimismo, la recurrente mantuvo sus funciones, remuneraciones y tanto el establecimiento educacional de origen como el de destino se ubican en el sector urbano de la comuna de Villarrica, por lo que su nueva destinación no significa menoscabo en su situación laboral.

Incluso el actuar ajustado a derecho en la dictación del acto administrativo ya fue conocido por Contraloría General de la República, quien por medio de la resolución E6983/2025 de fecha 14 de marzo del 2025 desestimó el reclamo administrativo interpuesto por la señora nombre reservado, no advirtiendo irregularidad en el proceder de la Ilustre Municipalidad de Villarrica.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la presente acción constitucional ha sido interpuesta en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, representada legalmente por don nombre reservado; en cuanto dicha entidad municipal, a través del Departamento de Educación, DAEM, en forma unilateral resolvió el traslado del lugar o recinto en donde ejercía sus labores la recurrente, se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19, numerales 1, 2, y 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: El Recurrente pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se ordene a la Municipalidad recurrida que, a través del Departamento de Administración de Educación Municipal respectivo, revoque la decisión tomada mediante el Decreto Exento N° 053, y en consecuencia se ordene la reincorporación de la actora a su anterior lugar de trabajo, es decir, a la escuela José Abelardo Núñez, en las mismas funciones que desempeñaba, o bien, la declaración que S.S. Iltma. se sirva efectuar en igual sentido.

CUARTO: El recurrido al momento de informar esta acción constitucional refiere que en primer término esta acción resulta extemporánea ya que el acto materia del mismo es el Decreto Alcaldicio N° 53 dictado con fecha 30 de enero del 2025 que ordenó su traslado de establecimiento educacional, y según consta en autos, el presente recurso de protección fue presentado recién con fecha 17 de abril del 2025.

, En segundo término, alega que la acción de protección no es la vía idónea para conocer de la eventual problemática, por cuanto la recurrente denuncia en su acción, versa sobre una decisión administrativa materializada por medio del Decreto Alcaldicio N° 53-2025, el que, además, es propio de una facultad del empleador establecida en el artículo 12 del Código del Trabajo.

Indica que existen múltiples vías distintas a la naturaleza extraordinaria propia a la acción de protección para que doña nombre reservado pueda impugnar la decisión adoptada por la Ilustre Municipalidad de Villarrica, cuyos mecanismos se encuentran regulados en la Ley N° 10.336 sobre “Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República”, la Ley N° 19.880 que establece “Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado” o aquella reclamación contenida en la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”. Incluso el referido traslado o nueva destinación puede ser objeto de conocimiento de la judicatura laboral según lo dispone el artículo 12 del Código del Trabajo.

Ratifica la postura el hecho de que Contraloría General de la República ya se pronunció sobre la referida decisión adoptada por el municipio, no advirtiendo irregularidad alguna y rechazando el reclamo efectuado por doña nombre reservado. En consecuencia, no corresponde que se discuta, nuevamente y por esta vía proteccional, la decisión de traslado de establecimiento educacional si la recurrente ya utilizó un mecanismo de impugnación ordinario, en el que se desestimó su pretensión y que, por lo demás, no es cuestionado en la presente acción de protección, ya que no se recurre en contra de Contraloría General de la República.

QUINTO: Que, en cuanto la extemporaneidad alegada, esta será rechazada, ya que si bien el acto administrativo recurrido es el decreto exento N° 053 que ordena su traslado desde la Escuela José Abelardo Núñez hacia el Liceo Bicentenario Artístico Alexander Graham Bell, dictada con fecha 30 de enero de 2025, siendo notificada del resultado del reclamo notificada a la recurrente con fecha 21 de marzo del año 2025, siendo ingresada esta acción constitucional con fecha 17 de abril del mismo año, por lo que necesariamente debe concluirse que ello fue dentro del plazo exigido por la Ley, motivo por el cual esta argumentación será rechazada.

SEXTO: Que en cuanto al fondo de la petición debe tenerse presente que del propio recurso y posterior informe se puede desprender que el traslado de la recurrente fue consecuencia de un procedimiento extenso, cumpliendo toda la normativa legal que ampara a esta, ella ejerció todos los derechos y facultades que le ley le concede, proceso que además fue controlado en su legalidad por la Contraloría Regional de La Araucanía, la cual concluyó que el mencionado traslado se ajusta a la norma Legal.

Conviene resaltar que, en relación a lo notificado a la recurrente, el mencionado traslado pudo haber sido objeto de control judicial en la sede competente para ello, en la medida que se alegó perjuicio como consecuencia del traslado a otro establecimiento educacional, instancia judicial que no fue requerida.

Que conforme lo anterior es que esta Corte estima que no hay acto arbitrario de parte de la recurrida en cuanto el mismo se encuentra debidamente fundado, así como tampoco es ilegal desde el momento en que es producto de las facultades legales que el empleador detenta.

Todas consideraciones que llevan a descartar esta acción de la forma que se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA SIN COSTAS el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, a favor de doña nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, representada legalmente por don nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-1871-2025.(jog)