nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en la comuna de Pucón, representado por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por estimar que dicha entidad incurrió en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que, en su calidad de técnico extranjero, solicitó a la recurrida, mediante el portal web habilitado, la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156. Expone que en respuesta de 10 de abril de 2025, la administradora señaló que la solicitud se encontraba “detenida” por falta de constancia de afiliación a un régimen previsional extranjero debidamente apostillada o legalizada, requisito que —a su entender— no se encuentra contemplado en la ley, lo que fue confirmado en comunicación verbal posterior al consultar telefónicamente. Afirma que, no obstante haber acompañado constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales, verificable electrónicamente mediante código alfanumérico y con declaración jurada notarial, su requerimiento fue rechazado de manera infundada, agregando exigencias imposibles de cumplir dada la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Sostiene que el proceder de la recurrida desconoce el tenor y finalidad de la normativa especial, constituyendo una privación ilegítima de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y un trato desigual frente a otros afiliados.

Evacuando informe, la recurrida solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, alegando, en primer término, la improcedencia de la acción constitucional para debatir materias de lato conocimiento y carácter controvertido. En subsidio, sostuvo que su actuación se ajustó plenamente a la normativa vigente, en tanto la Ley N° 18.156 —de carácter excepcional— exige el cumplimiento copulativo de condiciones que en el caso no se verifican, toda vez que el documento acompañado se encontraba vencido, pues no era verificable, y carecía de legalización o apostilla, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Añadió que no ha existido arbitrariedad ni ilegalidad en su proceder, sino el estricto cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias.

Finalmente, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, ratificando lo obrado por la administradora, señalando que la devolución de fondos al amparo de la Ley N° 18.156 sólo procede en la medida que se acrediten copulativamente los requisitos previstos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal. Indicó que, conforme a la normativa administrativa y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la acreditación de afiliación extranjera debe realizarse mediante certificación legalizada o apostillada. Expuso además que, tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile y la imposibilidad de validar los códigos electrónicos del IVSS, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció que sólo son válidos los documentos previamente legalizados en su oportunidad o aquellos apostillados en el país de origen. Por ello, concluyó que la constancia acompañada por el actor no cumple con tales exigencias, careciendo de las formalidades necesarias para dar curso a su solicitud.

Se trajeron los autos en relación, procediendo a la vista del recurso en la audiencia del pasado veinticinco de agosto, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección ha sido interpuesta por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., fundada en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada en virtud de la Ley N° 18.156, decisión comunicada el 10 de abril de 2025.

SEGUNDO: Que el recurrente sostiene haber acompañado a su requerimiento constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), verificable mediante código alfanumérico en el portal oficial de dicho organismo, así como declaración jurada notarial, documentos que acreditan su adscripción al régimen previsional en su país de origen. Alega que la AFP incorporó exigencias no previstas en la ley, como la apostilla o legalización del certificado, requisito de imposible cumplimiento por la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, lo que configura un acto arbitrario e ilegal que afecta sus derechos de igualdad ante la ley y propiedad sobre los fondos acumulados.

TERCERO: Que consta de autos que la recurrida fundamentó el rechazo en la falta de legalización o apostilla del documento presentado, así como su falta de verificación, siguiendo las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones CUARTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece únicamente como requisitos copulativos para la exención de cotizar y eventual devolución de fondos: (a) que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen previsional en el extranjero que le otorgue prestaciones, al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (b) que manifieste en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. En la especie, tales exigencias fueron cumplidas por el recurrente, quien acreditó su afiliación a la seguridad social venezolana mediante documento oficial y verificable en línea.

QUINTO: Que exigir, adicionalmente, la apostilla o legalización del certificado en un contexto en que materialmente resulta imposible obtenerla, implica imponer una carga no prevista por el legislador, contrariando el principio de juridicidad y la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, desde que somete al recurrente a condiciones más gravosas que las contempladas en la ley, constituyendo un obstáculo irrazonable y desproporcionado para el ejercicio de su derecho.

SEXTO: Que una interpretación excesivamente formalista de la Ley N° 18.156 desconoce su finalidad, cual es permitir a los trabajadores extranjeros disponer de sus ahorros previsionales en Chile cuando se verifica su afiliación a un régimen de seguridad social en el país de origen, resultando arbitrario negar la devolución por motivos meramente formales, máxime cuando se acompañan documentos oficiales verificables por vía electrónica. Tal criterio interpretativo ha sido adoptado por la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 2084-2024, confirmada por la Excma. Corte Suprema, Rol N° 41.505-2024.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el rechazo efectuado por la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus ahorros previsionales, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, así como su derecho a la igualdad ante la ley, desde que se le somete a requisitos no contemplados en la normativa vigente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I. Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

II. En consecuencia, se deja sin efecto la decisión de fecha 10 de abril de 2025 que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada por el recurrente, y se ordena a la AFP recurrida disponer la entrega de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, dentro del plazo de 30 días, previa verificación administrativa de los documentos ya acompañados.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.Final del formulario N°Protección-1867-2025. (csd)