nombre reservado con SERVICIO LOCAL EDUCACION COSTA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de junio de dos mil veinte.

VISTOS 1. Que comparece don nombre reservado, chileno, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, RUN RUT reservado, chileno, casado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo el presente recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, RUT RUT reservado, cuyo representante legal es su Gerente General don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, en adelante simplemente “CAJA LA ARAUCANA”; en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, en adelante CAJA LOS ANDES, RUT RUT reservado, cuyo representante legal es su Gerente General don nombre reservado; y en contra de SERVICIO LOCAL COSTA ARAUCANÍA, servicio público, RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cuyos domicilios han sido indicados supra, por haber conculcado los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, todo en atención a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación señala. I.- LOS HECHOS. nombre reservado es profesor contratado por el SERVICIO LOCAL COSTA ARAUCANÍA, en adelante el empleador, con desempeño en la localidad de Queule, Comuna de Toltén, vinculado a dicha institución mediante contrato de trabajo de fecha 1 de julio de 2018. Con anterioridad estuvo contratado por la Municipalidad de Toltén desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 30 de junio 2018. Durante todo el tiempo que estuvo contratado por la Municipalidad de Toltén se mantuvo vigente la afiliación a la CAJA LA ARAUCANA. Atendida la vinculación laboral antedicha, “el empleador” debe pagar mensualmente sus remuneraciones en forma íntegra. No obstante, en su liquidación de sueldo del mes de noviembre de 2019, aparece un descuento bajo la siguiente nomenclatura “CCAF Los Andes (Préstamos)” por una suma total de ciento ochenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos ($189.835), según detalle de descuentos en liquidación de sueldo emitido por el empleador, que se acompaña en un otrosí de esta presentación. Que el profesor Sr. nombre reservado no adeuda ningún crédito a la CAJA LOS ANDES. Consultado el personal de recursos humanos del empleador, se indicó que tal descuento se producía porque éste recibió solicitud de descuento de parte de la caja antes indicada, quien por esta vía cobraba una deuda contraída por el Sr. nombre reservado con otra caja de compensación. Para comprender lo señalado en el numeral precedente, es necesario señalar que el año 2008 don nombre reservado solicitó un préstamo a CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA, por un monto aproximado de seis millones pesos ($6.000.000). Dicho crédito fue colocado a su disposición en el mes septiembre de 2008. El referido crédito le fue otorgado a don nombre reservado, como se dijo, en el mes de septiembre de 2008, mientras éste se hallaba prestando servicios para la Municipalidad de la Comuna de Paillaco, como Jefe de Departamento de Educación Municipal. Desde el año 2008 nunca se efectuó ningún descuento al profesor Sr. nombre reservado, y solo después que se produce el cambio de sostenedor (de la Municipalidad de Toltén al Servicio Local Costa Araucanía), se produce el cambio de Caja de Compensación. En efecto, en febrero de este año los funcionarios del Servicio Local decidieron afiliarse a la CAJA LOS ANDES, dejando atrás su afiliación a la CAJA LA ARAUCANA.

El 29 de noviembre de 2019 se concretó el primer descuento por planilla de la primera cuota de un crédito concedido en 2008, tal como aparece en su liquidación de remuneraciones. Así las cosas, fue grande la sorpresa del recurrente cuando aparece en su liquidación de remuneraciones actual un descuento por una deuda del año 2008 y que 11 años después pretende ser cobrada extrajudicialmente por la recurrida CAJA LA ARAUCANA a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa. Presuntamente amparadas en la Ley de Cajas de Compensación las recurridas efectúan descuentos que no han sido informados de manera alguna, y que se corresponderían con una deuda que en todo caso –y para todo efecto legal– se halla prescrita de acuerdo a las reglas del Derecho Civil.

Por lo demás, nunca se ha notificado a don nombre reservado acción judicial alguna tendiente al cobro de dicha deuda, ni menos se le ha notificado demanda alguna. Con ello se evidencia que la recurrida CAJA LA ARAUCANA pretende por la vía de este descuento ilegal, arbitrario y tardío, corregir la desidia y negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito.

El primero de los descuentos vino a ser practicado 11 años después de contraída la deuda. A la fecha, como puede advertirse, la recurrida CAJA LA ARAUCANA al contar con un título (pagaré), que carece de mérito ejecutivo y al no haber ejercido ninguna otra acción ordinaria –ya prescrita–, ha optado por actuar, a su conveniencia, presuntamente amparada en la ley de cajas de compensación, y ordenar un descuento mensual “por planilla” directo, sin fundamento legal.

De esta forma, la “CAJA LA ARAUCANA” a través de la “CAJA LOS ANDES” ha comenzado la práctica ilegal y arbitraria de descuentos por planilla de un crédito prescrito, comunicando al empleador SERVICIO LOCAL COSTA ARAUCANÍA dicho descuento, procediendo éste a efectuarlo también de manera ilegal y arbitraria.

La presente acción constitucional de protección es entablada porque este recurrente estima se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales: 2, 16 y 24. a) De la igualdad ante la ley y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Estima que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria con relación a todos los otros deudores civiles, pues a aquellos, para compelerlos al pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios. b)

Del derecho de propiedad, de la libertad contractual y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República:

El actuar de las recurridas, en ese orden de ideas, no sólo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral sino que, además, priva al recurrente del legítimo derecho a percibir remuneración completa resultado de su trabajo honesto. c)

Del derecho a la Libertad de Trabajo y de cómo se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 19 Nº16 de la Constitución Política de la República. Como se puede observar, la afectación al derecho de propiedad sobre las remuneraciones igualmente afecta, por estar íntimamente relacionada la libertad de trabajo, que es el derecho de toda persona a desarrollar un trabajo lícito y percibir una justa remuneración por éste. De este modo, los extemporáneos descuentos efectuados por la recurrida conculcan la referida garantía constitucional pues la privan de percibir en integridad la contraprestación por su trabajo.

Por ello, pide que conociendo del presente recurso, lo acoja, adoptando todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho y, en especial, ordenando:

A la recurrida CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA o A LA CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, según correspondiere, el reintegro y devolución de la suma descontada ilegal y arbitrariamente de la remuneración del mes de noviembre de 2019 de don nombre reservado, por un monto que a la fecha asciende a $189.835, al que habrán de sumarse los montos descontados durante la secuela de la acción constitucional si no se decreta la orden de no innovar solicitada.

A las recurridas CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA y CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES y SERVICIO LOCAL COSTA ARAUCANÍA, abstenerse de realizar por sí u ordenar que se realicen por terceros o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere el recurrente en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de las remuneraciones de don nombre reservado.

A las recurridas CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES y SERVICIO LOCAL COSTA ARAUCANÍA, abstenerse en lo sucesivo de efectuar descuentos de las remuneraciones de don nombre reservado.

Se condene a la recurrida CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES y SERVICIO LOCAL COSTA ARAUCANÍA al pago de las costas del recurso. a- Liquidación de remuneraciones de don nombre reservado del mes de noviembre de 2019 con el detalle de descuentos efectuados por el SERVICIO LOCAL COSTA ARAUCANÍA.

2. Que comparece Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, informando. En su condición de afiliado, al Sr. nombre reservado se le otorgó el 21 de enero de 2008 el crédito social folio N°210-000006393 por la suma total de $6.000.000 pesos, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $189.835 pesos. Crédito respecto del que conforme nuestros registros figuran pagadas 3 cuotas las dos primeras en los meses de enero y febrero de 2009 y la tercera en abril de 2013.Posteriormente a partir del año 2013, no se reciben más pagos por dicho concepto sin existir ningún pago en virtud de finiquito y/o haber concurrido el deudor a esta caja de compensación para regularizar su situación pasando el crédito a figurar en mora hasta el mes de octubre de 2019 en que es posible ubicarlo por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, procediendo La Araucana C.C.A.F., en virtud del proyecto intercajas que se pasa a explicar en el siguiente acápite a enviar la respectiva planilla de descuento a su actual empleador, recibiendo así en el mes de diciembre de 2019 una remesa por parte de Los Andes C.C.A.F., por la suma de $189.835 pesos, atendido el descuento efectuado en el mes de noviembre de 2019 y que se imputó a la cuota N°4 del crédito social descrito precedentemente. Conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los siguientes regímenes: Legales de carácter previsional.- Las C.C.A.F. administran los Regímenes de Prestaciones Familiares y de Subsidios de Cesantía contemplados en el D.F.L. N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el de Subsidios por Incapacidad Laboral. Esta administración se realiza con cargo a los fondos financieros de dichos regímenes y se recibe por ello una comisión cuyo monto es fijado por resolución conjunta de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda. De prestaciones de bienestar social.- Las C.C.A.F. pueden establecer y administrar, respecto de sus trabajadores y pensionados afiliados, los Regímenes de Crédito Social, de Prestaciones Adicionales y de Prestaciones Complementarias. Para la finalidad anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la citada ley, las Cajas de Compensación deben formar un Fondo Social, compuesto por los siguientes recursos: comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, rentas de inversiones, multas, aportes de los pensionados, intereses penales, producto de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. Al ser las Cajas de Compensación, corporaciones sin fines de lucro, los excedentes obtenidos incrementan el Fondo Social, permitiendo otorgar más beneficios de bienestar social a sus afiliados. Es así que los recursos de este fondo se destinan a financiar los regímenes de prestaciones adicionales y de crédito social. Dado lo anteriormente expuesto, y a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social en uso de sus facultades fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 2° letra “B” de la Ley N°16.395, referente a la Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social y sus respectivas modificaciones. Circular, que define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”. Es en este contexto y para dar efecto a las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Seguridad Social, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos. Conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercajas, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F. de Chile A.G. y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido.

Es así, que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por el operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F. de Chile A.G.. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentren en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia de Seguridad Social para la Central de Riesgo Financiero.

Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares N°2174, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Información que constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

Cabe agregar que en este contrato, además, es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de la citada Ley.

Por otra parte el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación.

En consecuencia, los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 señalado precedentemente, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Además se debe tener presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”.

Las normas antes citadas, en resumen, describen el mecanismo del pago del crédito social, que opera, valga la redundancia, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador y la obligación legal de este de remesar dicho descuento a la Caja de Compensación diputada en el pago, para que esta a su vez lo remese a la Caja acreedora.

Por ende, la parte recurrente no puede señalar que su representada ha realizado descuentos de una obligación que se encuentra prescrita, sin que la prescripción de las mismas haya sido declarada judicialmente.

En consecuencia, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que, reitero, esta sea alegada ya sea por vía de acción o excepción, y mientras no exista un pronunciamiento por parte de un tribunal competente, respecto a la prescripción emanada de la obligación de pagar las suma de dinero recibida en préstamo, la misma siguen siendo plenamente exigible, no siendo procesalmente el recurso de protección la vía idónea para alegarla.

Por ello, pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de lo expuesto rechazar por falta de oportunidad la acción de protección interpuesta por el abogado don Ignacio Barrientos Pardo en representación de don nombre reservado. Documentos, con citación: Ordinario N°67989, de fecha 13 de diciembre de 2016, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, en el que se valida la modalidad de descontar el crédito por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora. Dictamen N°4527/093, del año 2011, emanado de la Dirección del Trabajo, que valida el descuento efectuado por otra Caja de Compensación. Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación celebrado entre Cajas de Chile A.G. y Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. de fecha 15 de abril de 2013 y Contrato y Mandato del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de fecha 15 de abril de 2013. Ordinario N°26204, de fecha 22 de mayo de 2018, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, en el que indica que corresponde únicamente a los Tribunales de Justicia declarar la prescripción de la acción de cobro del crédito social.

3. Que comparece don SERGIO ABARCA VARGAS, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, RUT Nº RUT reservado, informando. A través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Proyecto Intercajas”, la Caja de Compensación La Araucana solicitó a su representada la gestión de descuentos en la remuneración de nuestro afiliado, el Sr. nombre reservado, por concepto de cobro de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución. En dicho contexto, de acuerdo a los compromisos contractuales y según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social se informó al empleador de la recurrente “Servicio Local Costa Araucanía”, descuentos mensuales por la suma de $189.835.

Explica que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero. Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos. En el contexto normativo antes descrito, Caja Los Andes, a requerimiento de La Araucana C.C.A.F., y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al Sr. nombre reservado, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833. A la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato. El pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación.

4. Que comparece YENNY SOLEDAD AGUILERA CONEJEROS, abogada, en representación, en virtud de mandato judicial, del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, informando. De acuerdo a todo lo anterior, la Resolución Exenta N°242 de 12 de abril de 2018, de la Dirección de Educación Pública dispone el traspaso al Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía de los profesionales de la educación y asistentes de la educación, así como los bienes muebles e inmuebles afectos a la prestación del servicio educacional que se individualizan, de acuerdo al artículo vigésimo segundo transitorio de la ley N°21.040. Respecto a don nombre reservado, fue traspasado a este Servicio Local por el solo Ministerio de la Ley a contar del 1 de julio de 2018 en su calidad de profesional de la Educación del Establecimiento Educacional Rayen Lafquen de la Municipalidad de Toltén. Es el propio recurrente quien reconoce que en el año 2008 solicitó un préstamo a CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA, por un monto de $6.000.000 (seis millones de pesos) y que desde entonces no se habría realizado ningún descuento hasta que en noviembre de 2019 se concreta el primer descuento por concepto de la primera cuota de este crédito, el que, a su juicio, “según las reglas del Derecho Civil se encontraría prescrito”. Estima que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

Por otra parte, y en lo que respecta a lo señalado por el recurrente en torno a no adeudar ningún crédito a la Caja de Compensación Los Andes, se debe considerar la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, en virtud de la cual el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan.

Es así como el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

Siendo la propia Ley la que permite el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor y constituyendo un mandato legal que recae sobre el empleador, no procede hablar de una conducta arbitraria o ilegal de parte de este Servicio Local de Educación Pública.

Por ello, pide tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar el Recurso de Protección en todas sus partes, por las razones expuestas en el cuerpo de esta presentación, con expresa condenación en costas. 1° Que es un hecho innegable que la actora se obligó con la Caja de Compensación Los Andes en razón de un crédito otorgado por esta última según convención celebrada el día 23 de agosto de 2004, sin que pagara cuota alguna de las pactadas y cuyo primer vencimiento se produjo el 30 de septiembre de ese año.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE 1° Que el el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de las medidas de resguardo necesarias para restablecerlos cuando estos se han visto perturbados, amagados o desconocidos, por actos que puedan considerarse arbitrarios o ilegales de un particular o de autoridades o entidades públicas o privadas.

2° Que es un antecedente no controvertido que los descuentos en sus remuneraciones que motivan esta acción, se han producido a partir del mes de noviembre del año 2019, cuando la Caja de Compensación Los Andes ha instruido a su actual empleador, para que retenga la suma correspondiente al pago de una de las cuotas adeudadas de un préstamo que le fuera otorgada por la Caja de Compensación La Araucana, en el año 2008, esto es, después de transcurridos once años desde que la obligación se hizo exigible, sin que la Caja acreedora hubiere ejecutado las acciones de cobro correspondientes para obtener el pago de dicha obligación.

3° Que en tales circunstancias, sostiene el recurrente, las entidades recurridas han actuado de manera arbitraria e ilegal, que no tiene justificación razonable, apareciendo como un acto que aparenta el ejercicio de una facultad que si bien la ley establece en el artículo 22 de la Ley 18.833, ha sido ejercido en circunstancias en que ya no resultaba posible atendido el tiempo transcurrido desde que la obligación se hizo exigible, y la inactividad de la institución acreedora para reclamar el pago de su acreencia. De este modo, se ha resuelto unilateralmente revivir una acción de cobro que se encontraría prescrita, mediante el uso de un procedimiento de cobro que estima inaplicable en las actuales circunstancias.

3ª.- Que informando la Cajas de Compensación Los Andes que es la que dispuso la retención de parte de las remuneraciones del trabajador por encontrarse actualmente trabajando y afiliado a dicha caja, y, la Caja de Compensación La Araucana que es la acreedora por haber otorgado el préstamo y que lo hace en similares términos, señalan en síntesis que la retención dispuesta por la primera en beneficio de la segunda, obedece a la aplicación de un procedimiento integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Proyecto Intercajas”, en virtud del cual la Caja de Compensación La Araucana solicitó a la Caja de Compensación Los Andes la gestión de descuentos en la remuneración de su actual afiliado don nombre reservado, para hacer efectivo el cobro de las cuotas del crédito social otorgado por la primera, y que en ese contexto, de acuerdo con los compromisos contractuales de las Cajas de Compensación, y lo que dispone el artículo 22 de la Ley 18.833, se requirió al actual empleador del recurrente, Servicio Local Educación Costa Araucanía, a través de la nómina de retenciones de crédito social, que procediera a efectuar descuentos mensuales por la suma de $189.835.

Este procedimiento obedece a que con fecha 15 de abril de 2013 las Cajas de Compensación celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permite acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que la retención de parte de las remuneraciones del trabajador se ordena por un tercero, que no es la Caja de Compensación acreedora, para aplicarla al servicio de obligaciones pendientes con otra Caja de Compensación que es la acreedora, con el objeto de regularizar la deuda pendiente de un trabajador con ella. Explica que según la cláusula cuarta del convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercajas, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F. de Chile A.G. y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido. Así, cada Caja de Compensación se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por el operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F. de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentren en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia de Seguridad Social para la Central de Riesgo Financiero. Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito, y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares N°2174, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social.

4° Que, sin embargo, las Cajas de Compensación como lo señala el artículo 1º de la Ley 18.883 son Corporaciones de Derecho Privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, y, como todo grupo intermedio prestador de un servicio, se encuentran vinculadas a las normas constitucionales, a la ley y a las disposiciones dictadas conforme a ella, entre las cuales se encuentran, principalmente, las garantías individuales que se establecen en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que importa la interdicción de la arbitrariedad, esto es, que la función que ejercen debe respetar las normas legales y reglamentarias que los rigen y observar pleno respeto por las garantías y derechos de las personas. Sus actuaciones, atendida la sensible materia en que desarrollan su actividad económica, debe estar precedidas por un análisis motivado y racional, sin que pueda desviarse el sentido de las normas ni el espíritu que las inspira, bajo el pretexto de perseguir un fin superior que se describe como una suerte de servicio social previsional.

5º.- En este sentido, es necesario considerar que según lo establece la Circular 2052 del año 2003, en su acápite 17.2 referido a la Recaudación del crédito social, lo siguiente:

17.2 Cobranza de créditos morosos “Las C.C.A.F. deberán iniciar la cobranza extrajudicial a más tardar al mes siguiente a aquel en que el empleador debía enterar la cuota correspondiente, enviando carta de cobranza al deudor principal y, sí procede, copia a sus avales. Dicha carta y su copia deberán ser remitidas a los domicilios particulares del deudor principal y avales”.

“La cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, a menos que el Gerente General basado en razones fundadas y de acuerdo a las pautas generales definidas por el Directorio de la C.C.A.F., estime inconveniente iniciar acciones judiciales dentro del plazo antes establecido”.

“En los respectivos contratos de cobranza que las C.C.A.F. celebren con entidades o abogados externos, deberán contemplar, entre otras, cláusulas orientadas a cautelar la debida custodia de los pagaré y la obligación de informar, a lo menos trimestralmente, el estado de tramitación del cobro de los pagaré respectivos”.

“La verificación sobre la morosidad de los créditos y el análisis del estado de avance de las acciones de cobranza tanto extrajudiciales como judiciales, deberán hacerse, a lo menos, trimestralmente”.

Como se puede fácilmente advertir, y sin perjuicio de dejar para otra oportunidad el examen de legalidad del denominado “Sistema Intercajas”, es un hecho que las Cajas de Compensación no están exentas de la obligación de accionar judicialmente para el cobro de las obligaciones que se les adeuden, actividad en la que deben ser particularmente celosas y eficientes dada la naturaleza de los fondos que administran, motivo por el cual se le han otorgado prerrogativas especiales como es la de permitirles proceder del mismo modo como se tratase de obligaciones previsionales, como lo establece el artículo 22 inciso 1º de la Ley 18.833.

6º.- Que si bien existe entre las Cajas de Compensación, agrupadas incluso en una Asociación Gremial, un acuerdo de facilitarse recíprocamente la información referida a sus afiliados para el cobro de obligaciones que estos no hubieren pagado oportunamente, no parece a estos sentenciadores de mayoría que una cualquiera de ellas pueda imponer a un empleador la obligación de retener parte de las remuneraciones de un trabajador, para servir obligaciones de una Caja diferente, que no ha realizado gestión alguna de cobranza a las que estaba obligada por la normativa reglamentaria de la Superintendencia de Seguridad Social que las rige y controla. Y si ello no fuere suficiente, tampoco resulta admisible que esta orden pueda darse en cualquier tiempo, sin relación con la exigibilidad de las obligaciones de que se trata, máxime, como en este caso, cuando entre su vencimiento y la de la retención han pasado más de once años, tiempo más que suficiente para suponer que las acciones de cobro de tales obligaciones se encuentra prescrita.

Es por las razones que se han señalado antes que no puede aceptarse la justificación del proceder de las Cajas de Compensación recurridas en el sentido que la prescripción, para producir efectos debe ser declarada, puesto que quien no ha observado los procedimientos judiciales establecidos para hacer exigible sus créditos no puede exigir que el deudor recurra a los procedimientos judiciales para obtener una declaración de prescripción de dicha obligación, en circunstancias que las normas que la rigen la obligaban a iniciarla a más tardar al sexto mes de la morosidad.

7º.- De esta forma, el proceder de las Cajas de Compensación recurridas se torna arbitrario, porque existe una clara desviación de las facultades que la ley les confiere de requerir a los empleadores de sus afiliados la retención de parte de sus remuneraciones, dándole aplicación en un caso en que no corresponde, ya que tales retenciones deben haber sido consentidas por el trabajador, y no se pueden imponer sin su autorización. En este caso nada de ello ha ocurrido, puesto que la Caja de Compensación Los Andes ha pedido retener parte de las remuneraciones del trabajador sin ser acreedora de este, y sin haber obtenido previamente su autorización, sino que lo ha hecho a petición de la Caja de Compensación La Araucana que si bien tiene un crédito, no ha realizado acción alguna para su cobro durante más de once años. Lo anterior provoca que el acto sea también ilegal, porque todo lo que es arbitrario y produce vulneración de los derechos de otro es, también, contrario a la ley.

8º.- Que este proceder manifiestamente arbitrario de las recurridas ha vulnerado las garantías constitucionales contenidas en los numerales 2º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que ella prohíbe en el primer caso el establecimiento de diferencias arbitrarias, lo que se relaciona con las normas del debido proceso, esto es, que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señala la ley. Toda persona tiene derecho a una defensa jurídica en la forma que la ley señala, y, en este caso, ambas recurridas se han constituido en una comisión especial que ha dejado al recurrente en la más completa indefensión.

Del mismo modo resulta vulnerada la garantía del artículo 19 Nª 24 que resguarda el derecho de propiedad, en todos sus aspectos, puesto que se ha visto privado de parte importante de sus remuneraciones, sin que haya causa suficiente, ni norma legal que legitime el proceder.

9º.- Finalmente, en el caso del empleador del recurrente, si bien obedeció el requerimiento de la Caja de Compensación Los Andes para efectuar la retención, seguramente en atención a las graves consecuencias que se contemplan para el caso de no hacerlo en los casos que sea legalmente procedente, lo hizo sin contar con la autorización del trabajador, por lo tanto no estaba obligado a ello, debiendo haberlo representado previamente, por lo que a su respecto también se acogerá el presente recurso en la forma que se dirá.

Y, Vistos además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el interpuesto por don Ignacio Barrientos Pardo, en representación de nombre reservado, dejándose sin efecto la medida de retención de parte de las remuneraciones del recurrente que se efectúa por su empleador el Servicio Local Educación Costa Araucanía, a solicitud de la Caja de Compensación Los Andes en beneficio de la Caja de Compensación la Araucana.- Que deberá el empleador Servicio Local Educación Costa Araucanía abstenerse en el futuro de efectuar retenciones a las remuneraciones del trabajador.- Que la Caja de Compensación Los Andes y la Caja de Compensación La Araucana deberán restituir al demandante todas las sumas que le fueron descontadas al recurrente por su empleador, reajustadas en la misma forma que se reajustan las cuotas morosas, calculada entre la fecha de la retención y la del pago efectivo.

La decisión anterior ha sido acordada contra el voto de la Ministra (S) doña MIRNA ESPEJO GUIÑEZ, quien estuvo por rechazar el presente recurso de protección, teniendo presente para ello, lo que sigue:

PRIMERO: Que, previamente, cabe indicar que conforme a lo dispuesto en la ley 18.833, en el artículo 1 “ Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en adelante Cajas de Compensación, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social; se regirán por esta ley, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil”.

Su artículo 19 dispone: Corresponderá a las Cajas de Compensación la administración de prestaciones de seguridad social. Para el cumplimiento de este objeto desempeñarán las siguientes funciones.

1.- La afiliación de las entidades empleadoras:

2.- Administrar, los regímenes de prestaciones familiares, de subsidios de cesantía y de subsidios por incapacidad laboral respecto de sus trabajadores afiliados afectos al Código del Trabajo del sector privado, de las empresas autónomas del Estado y de aquéllas en que éste o las entidades del sector público tengan participación mayoritaria y de los regidos por la ley N° 19.070, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, y por la ley N° 19.378.

3.- Administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley;

4.-Recaudar y controlar la declaración y pago de las cotizaciones que correspondan conforme al N° 2 anterior para el régimen de subsidios por incapacidad laboral;

5.- Invertir los recursos disponibles;

6.- Efectuar las compensaciones que procedan con los empleadores afiliados y con fondos y entidades previsionales;

7.- Prestar servicios, mediante convenios, a entidades que administren prestaciones de seguridad social;

8.- Promover, organizar, coordinar y ejecutar iniciativas y acciones que tengan por objeto mejorar el bienestar social de los trabajadores afiliados y su núcleo familiar, y 9.- Constituir sociedades con el objeto exclusivo de emitir y operar medios de pago con provisión de fondos, en los términos establecidos en la ley que autoriza la emisión de estos medios de pago por entidades no bancarias y a la normativa dictada conforme a ella. Las sociedades constituidas en virtud de este numeral quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quedando los administradores de la Caja de Compensación obligados a cumplir los requisitos de integridad contemplados en el artículo 28 de la Ley General de Bancos.

10.- Efectuar las demás funciones que establezca la ley.

Las Cajas de Compensación estarán facultadas para celebrar convenios con el Fondo Nacional de Salud, sobre otorgamiento de credenciales de salud, venta, emisión y pago de órdenes de atención, y, otorgamiento y cobro de los préstamos que establece el artículo 31 de la ley N°18.469.

SEGUNDO: Que, de lo anterior se infiere que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, es decir, tienen por objeto desarrollar acciones que buscan atender las necesidades de los integrantes de la sociedad. El objetivo es lograr un mejoramiento de las condiciones sociales económicas y humanas de la población, en general. De allí que las Cajas estén obligadas a proteger los fondos que administran para no afectar el fin social que tienen por imperativo legal, lo que es coherente con la actividad relacionada con el cobro de los créditos impagos. Y aparecen relevantes las acciones que figuran en el artículo 19 precedentemente transcrito, especialmente se puede destacar los objetivos N° 3, esto es, administrar respecto de los trabajadores afiliados el régimen de prestaciones de crédito social… , N° 4 invertir los recursos disponibles, N° 7 prestar servicios y primordialmente N° 8, lo relativo a iniciativas y acciones que tengan por objeto mejorar el bienestar social de los trabajadores afiliados y de su núcleo familiar.

TERCERO: Que, conforme a lo expuesto por el recurrente, a partir del mes de noviembre de 2019 su empleador Servicio Local Costa Araucanía inició el descuento de la suma de $ 189.835 de su liquidación de sueldo, a nombre de CCAF Los Andes (préstamos), entidad a la cual no adeuda ningún crédito; e indagando tomó conocimiento de que Caja Los Andes cobraba por esta vía una deuda contraída por el Sr. nombre reservado con la Caja de Compensación La Araucana a quién él solicitó un préstamo por un monto aproximado a los $ 6.000.000 el mes de Septiembre de 2008, pero que nunca se le efectuó ningún descuento. Hasta ahora.

Las partes, esto es Caja y trabajador (el recurrente en este caso) al suscribir el préstamo, contrato que no es gratuito o de beneficencia, la CCAF se obligó a entregar $ 6.000.000 lo que cumplió según el propio recurrente en el mes de septiembre de 2008, pero él a su vez tenía la carga de restituirlo, en las cuotas que se pactaron a efecto, no habiéndose registrado jamás un pago anterior al que mediante esta vía se impugna y no se aprecia la razón por la cual debiera quedar liberado de esa obligación.

CUARTO: Que según los antecedentes vertidos por ambas partes, la deuda no ha sido declarada judicialmente prescrita, no siendo materia del presente recurso extraordinario un pronunciamiento en cuanto a que si esta deuda es actualmente exigible o no, por cuanto corresponde ventilar dicho asunto en un juicio de lato conocimiento y teniendo principalmente en consideración que los dineros entregados en préstamos tienen una procedencia y una finalidad de carácter social, se estima que debería necesariamente rechazarse este recurso, QUINTO: Que a mayor abundamiento, la actuación coordinada de ambas recurridas para el cobro del crédito social en la forma ya referida, se ajusta al contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, acordado conforme lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de la Ley N° 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, el descuento practicado a la remuneración de la recurrente se ajusta a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, no siendo posible por ende, reprochar ilegalidad al cobro impugnado como así tampoco arbitrariedad.

Redacción del fallo de mayoría por el abogado integrantes Luis Mencarini Neumann, y de la disidencia por la Ministra (S) Sra. Mirna Espejo Guiñez.

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Protección-18650-2019. (fcv)