nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veinte de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, con fecha 19 de enero de 2026, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, por sí y a favor de doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de la Araucanía, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la notificación de fecha 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero, solicitando a esta Corte adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que la recurrente solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones, mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros. Indica que mediante correo electrónico de fecha 22 de diciembre de 2025 fue informada del rechazo de la solicitud N° RUT reservado, fundado en que presentó documentos que no cumplen con los requisitos de la solicitud, mencionándose específicamente que el anexo de contrato de trabajo no cumple los criterios de aceptación. Sostiene que la recurrida se limitó a indicar de manera genérica que el anexo de contrato no cumple con los criterios de aceptación, sin especificar cuáles serían dichos criterios ni detallar las razones técnicas, lo que constituye una decisión arbitraria, ya que la solicitud se realizó cumpliendo estrictamente con todos los requisitos.

Transcribe los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, conforme a los cuales las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida, pudiendo en ese caso solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados. Precisa que la recurrente acompañó: 1.- Contrato y anexo de contrato que expresa su voluntad de mantenerse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile; 2.- Declaración Jurada donde manifiesta estar afiliado a un régimen extranjero que le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; 3.- Certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente apostillado; y 4.- Título Profesional. Sostiene que se ha dado íntegro cumplimiento a la Ley N°18.156, pero la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, en circunstancias que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria.

Argumenta que la conducta de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución, al exigir requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva en perjuicio del administrado, y actuando de forma caprichosa al no reconocer el vínculo laboral legalmente constituido.

Respecto de la admisibilidad, sostiene que la acción se interpone dentro del plazo de 30 días previsto en el Auto Acordado de la materia. Cita doctrina jurisprudencial de la Excelentísima Corte Suprema sobre los conceptos de "ilegalidad" y "arbitrariedad", e invoca, respecto del derecho a la igualdad, que se le ha dado un trato desigual frente a otros solicitantes que en iguales circunstancias han obtenido respuesta favorable, exigiéndosele una formalidad adicional no contemplada en la Ley N°18.156 ni en su modificación por Ley N°18.726, ni en el portal oficial, aun cuando dio cumplimiento íntegro a lo establecido en la Circular N°553 de la Superintendencia. En cuanto al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24, transcribe el inciso tercero del precepto. Cita en apoyo de sus pretensiones las sentencias de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol N°247.104-2023, de 27 de julio de 2023, y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N°325-2024, de 3 de abril de 2024, ambas que, en casos similares, han concluido que la documentación electrónica acompañada es prueba suficiente y vinculante para la Administradora, y que el rechazo deviene en ilegal por crear hipótesis no previstas por el legislador.

Concluye solicitando se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de AFP UNO S.A. por el acto ilegal y arbitrario que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, ordenándose que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho dentro de un plazo de 5 días o el que esta Corte estime, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 7, con fecha 12 de febrero de 2026, evacúa informe doña nombre reservado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes con expresa condena en costas.

Sobre la naturaleza del recurso de protección, sostiene que constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, requiriendo conforme a la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que el actor sea titular de un derecho indubitado, lo que no ocurre en la especie, ya que la devolución de fondos a técnicos extranjeros procede de manera excepcional siempre que se cumplan los requisitos de la Circular N°553 de la Ley N°18.156, modificada por la Ley N°18.726. Afirma que la Administradora jamás ha negado la titularidad de los fondos previsionales a la señora nombre reservado.

En cuanto a los hechos, expone que con fecha 17 de diciembre de 2025, la afiliada inició ante AFP UNO S.A. su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, respecto del empleador "Nutrimento S.A.", acompañando: 1.- Contrato de Trabajo con Nutrimento S.A.; 2.- Anexo de Contrato de Trabajo; 3.- Título de Licenciada en Ciencias Fiscales por la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública Instituto Universitario de Tecnología; 4.- Apostilla de Título Profesional; 5.- Certificado de Constancia Electrónica de Cotizaciones; y 6.- Declaración jurada ante notario. Indica que con fecha 22 de diciembre de 2025 se informó a la afiliada el rechazo de la solicitud N°RUT reservado indicando múltiples causales, esto es, que los documentos rechazados son el anexo de contrato de trabajo, el contrato de trabajo, la apostilla de título y el certificado de institución de seguridad social, en cada caso por no cumplir los criterios de aceptación, y no únicamente el anexo como afirma la recurrente. Refiere haber tomado conocimiento del recurso con fecha 11 de febrero de 2026.

En cuanto al derecho, refiere que en materia laboral y previsional rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, salvo dos excepciones: a) trabajadores acogidos a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazados; y b) trabajadores que cumplan los requisitos de la Ley N°18.156. Expone que dicha ley regula la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siendo los requisitos copulativos para la devolución de fondos del artículo 7°: a) detentar la calidad de técnicos, acreditada mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados; b) encontrarse afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditado mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada; y c) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener la afiliación al sistema extranjero. Transcribe el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil sobre la validez en Chile de instrumentos públicos otorgados en el extranjero, y se refiere al Oficio Reservado N°2966 de 3 de agosto de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la autenticidad de documentos apostillados y la cadena de legalización.

Sostiene que el rechazo no se debió al incumplimiento de un único requisito como pretende la recurrente, sino al incumplimiento de varios, y en particular, a no haber adjuntado un certificado de afiliación vigente al sistema de previsión del país de origen. La actuación de la Administradora se ha ajustado al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Ley N°18.156, los Oficios Reservados N°2966 y N°25.057 de 29 de diciembre de 2023, y el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, sin haber realizado interpretación antojadiza ni formalista.

Respecto de la situación particular de Venezuela, expresa que si bien actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el Gobierno de Chile, ello no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización, no estando la Administradora facultada para reemplazar o dejar sin aplicación una exigencia legal. Refiere que con fecha 24 de enero de 2025 esa Administradora consultó a la Superintendencia la posibilidad de flexibilizar el plazo de validez de los certificados, propuesta que fue rechazada mediante Oficio Ordinario N°2119 de 30 de enero de 2025, por referirse a la validez de un documento extranjero, materia fuera del ámbito de competencia de ese organismo. Sostiene que la exigencia del Certificado de Afiliación al IVSS debidamente legalizado no constituye un requerimiento antojadizo, sino una exigencia legal destinada a asegurar la validez, autenticidad y seguridad jurídica del proceso. Agrega que la simple remisión a un portal de internet para validar documentos no cumple con los requisitos formales, conforme al Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025, que precisa que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana no firmadas ni apostilladas no sirven como medio de prueba, debiendo cumplirse los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, recordando que Chile y Venezuela son Estado Parte de dicho Convenio.

En relación al contrato de trabajo y sus anexos, advierte que el contrato con el empleador Nutrimento S.A. presenta una inconsistencia relevante en cuanto a su suscripción, ya que se individualiza como representante legal a don nombre reservado, pero quien figura suscribiendo es don nombre reservado, sin que conste antecedente alguno que acredite su calidad o facultades. En consecuencia, el documento no permite acreditar la existencia de un consentimiento válido conforme al artículo 9° del Código del Trabajo, lo que impide otorgar plena validez a los anexos, especialmente a aquel donde la trabajadora declara su intención de mantenerse afiliada al sistema de seguridad social del país de origen. Asimismo, respecto de la apostilla del título, no fue posible validarla por la calidad y formato de los documentos acompañados.

Sobre la improcedencia de la acción de protección, sostiene que el artículo 20 de la Constitución exige copulativamente: i) acto u omisión ilegal y arbitraria; ii) un agravio derivado de tal acto u omisión; y iii) que el agravio se manifieste como privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías del artículo 19. Sostiene que su representada no ha incurrido en conducta ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones legales, invocando jurisprudencia que ha rechazado recursos de protección en idéntica materia, en particular la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en autos Rol N°1992-2025, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 26 de junio de 2025 en autos Rol N°20.177-2025; la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel Rol N°1461-2025; y la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol N°57.061-2025, que revocó el fallo acogedor de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica Rol N°711-2025, todas las cuales han concluido que la documentación electrónica venezolana sin firma ni apostilla no satisface los requisitos legales, que el cumplimiento de instrucciones de la Superintendencia excluye la calificación de ilegalidad o arbitrariedad, y que la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela no torna imposible el cumplimiento del requisito, ya que el trámite puede realizarse en sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela. Agrega que lo arbitrario sería precisamente acceder a la pretensión de la actora, pues vulneraría el principio de igualdad ante la ley y la confianza legítima de los demás afiliados en la aplicación uniforme de la normativa.

Concluye solicitando se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido instituido con el objeto de prestar inmediato amparo a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales que la misma disposición enumera, facultando a la Corte de Apelaciones respectiva para adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Para la procedencia de esta acción tutelar es presupuesto indispensable la constatación de un acto u omisión que revista los caracteres de ilegalidad, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, o de arbitrariedad, entendida como aquella conducta originada en el mero capricho o carente de razonabilidad de quien la ejecuta, y que, además, vulnere un derecho indubitado y preexistente.

Segundo: Que la controversia sometida a conocimiento de esta Corte se centra en determinar si el acto de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., consistente en rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la actora al amparo de la Ley N°18.156, mediante notificación de fecha 22 de diciembre de 2025, reviste el carácter de ilegal o arbitrario.

Al efecto, consta que la comunicación acompañada por la recurrente da cuenta del rechazo de la solicitud por estimarse que el anexo de contrato de trabajo no cumplía los criterios de aceptación exigidos para el trámite. Sin perjuicio de ello, al evacuar su informe, la recurrida explicó que las observaciones del procedimiento comprendían también el contrato de trabajo, la apostilla del título profesional y el certificado de institución de seguridad social, antecedentes que serán ponderados por esta Corte únicamente para determinar si la actuación impugnada careció de fundamento legal o razonable.

Tercero: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, y este personal, estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas siempre que se reúnan las condiciones copulativas siguientes: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. El artículo 7° dispone que, en caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución, siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1°.

Cuarto: Que, conforme a la normativa transcrita y del análisis de los antecedentes, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna. Por el contrario, la Administradora se ha limitado a dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley N°18.156 y a las instrucciones obligatorias emanadas de la Superintendencia de Pensiones, órgano cuya potestad de fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, encuentra fundamento en los artículos 94 N°3 del Decreto Ley N°3.500 de 1980 y 47 de la Ley N°20.255. En este orden de ideas, la institución procedió a exigir de la actora la acreditación fehaciente de los presupuestos contemplados en la ley como condición sine qua non para autorizar una situación de excepción al sistema de seguridad social chileno, requisitos que no fueron satisfechos de la forma exigida por el ordenamiento jurídico nacional ni por las instrucciones y pronunciamientos administrativos contenidos en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, y en los Oficios Reservados N°2966 de 2023 y N°25.057 de 2023, y Oficios Ordinarios N°2119 de 2025 y N°12.954 de 2025.

Quinto: Que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple las exigencias necesarias para acreditar los requisitos de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Dicho documento no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, formalidad imperativa dispuesta en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil para que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero hagan fe en Chile, sin que la mera incorporación de un código de verificación electrónica en un portal web foráneo supla o reemplace los trámites de legalización diplomática o apostilla exigidos uniformemente por la Superintendencia de Pensiones en el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025. Adicionalmente, el documento carece de firma autorizada de quien lo emite, causal que por sí sola obsta a atribuirle el mérito probatorio que la ley exige para acreditar la cobertura efectiva por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sexto: Que la declaración jurada otorgada por la propia recurrente ante notario público chileno, aun apostillada, tampoco reviste idoneidad para acreditar el cumplimiento de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, pues la certificación que verifica la cobertura previsional en el extranjero debe emanar de la autoridad previsional competente del país respectivo, única facultada legalmente para dar fe de dicha circunstancia, no constituyendo medio idóneo una declaración del propio interesado, aun cuando se efectúe ante ministro de fe nacional.

Séptimo: Que, en cuanto a la manifestación de voluntad exigida por la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la objeción formulada por la recurrida respecto del contrato con Nutrimento S.A. aparece razonablemente fundada para los fines del procedimiento administrativo de devolución, desde que el instrumento individualiza como representante legal de la empleadora a don nombre reservado, pero figura suscrito por don nombre reservado, sin que se haya acompañado antecedente que acredite sus facultades para obligar a la empresa. En tales condiciones, la Administradora podía razonablemente estimar que no se encontraba suficientemente acreditada, para los efectos de este régimen excepcional, la manifestación de voluntad exigida en un contrato de trabajo debidamente suscrito por la empleadora.

Octavo: Que las alegaciones tendientes a excusar el cumplimiento de las formalidades en la inexistencia de representación diplomática venezolana en territorio nacional carecen de idoneidad para alterar la legalidad del rechazo, por cuanto dicha circunstancia, aun teniéndola por efectiva no habilita a las Administradoras a dispensar unilateralmente del cumplimiento de exigencias legales y reglamentarias perentorias, ni transforma el actuar apegado a la ley en una conducta arbitraria. Como ha tenido oportunidad de razonarlo la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N°57.061-2025, dicha circunstancia, si bien dificulta el cumplimiento del requisito, no lo hace imposible, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

Noveno: Que, al fundamentarse la decisión de la recurrida en el incumplimiento objetivo de presupuestos normativos, no se configura el capricho o la falta de razón que caracteriza a la arbitrariedad, ni se advierte conculcación de la igualdad ante la ley o del derecho de propiedad. No existe en autos antecedente que demuestre que otros afiliados en idénticas condiciones documentales hayan obtenido respuesta favorable, único supuesto que podría configurar la diferencia arbitraria que prohíbe el artículo 19 N°2 de la Constitución Política; y tampoco se advierte vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24, en tanto la Administradora no desconoce el dominio de la actora sobre sus ahorros previsionales, sino que condiciona su restitución anticipada al cumplimiento de los preceptos legales y reglamentarios vigentes que rigen un régimen excepcional de retiro.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, la Excelentísima Corte Suprema, en reiterados y recientes fallos en la materia, ha validado la exigencia de estos estándares normativos para los documentos extranjeros, descartando la ilegalidad o arbitrariedad de las Administradoras cuando éstas actúan bajo las directrices vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, criterio plasmado, entre otros, en los pronunciamientos recaídos en las causas Rol N°20.177-2025 y Rol N°57.061-2025, criterio que esta Corte comparte y que refuerza la improcedencia de la presente acción cautelar.

Décimo Primero: Que, sin perjuicio de lo que se resolverá, la actora conserva incólume su derecho a solicitar nuevamente la devolución de los fondos previsionales registrados en su cuenta de capitalización individual administrada por la recurrida, una vez que cuente con la totalidad de los documentos exigidos, debidamente validados, legalizados o apostillados por la autoridad u organismo correspondiente, que acrediten el estricto cumplimiento de la Ley N°18.156, así como con una manifestación de voluntad inequívoca de mantenerse afiliada a un régimen de previsión o seguridad social en su país de origen, expresada en un contrato de trabajo o anexo que cumpla suficientemente las exigencias formales requeridas para el respectivo trámite administrativo.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y N°24, y 20 de la Constitución Política de la República; artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156; artículo 94 N°3 del Decreto Ley N°3.500 de 1980; artículo 47 de la Ley N°20.255; artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil; Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI; y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-186-2026.(jog)