nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de junio de dos mil veinte.

Vistos 1) Que comparece NATALY SAAVEDRA VÁSQUEZ, abogada, con domicilio en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, médico, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, corporación de derecho privado, sin fines de lucro, Rol 70.016.160-9, representada legamente por su gerente general, don nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, y para estos efectos en domicilio reservado; a fin de que se restablezca el imperio del derecho, disponiendo que cesen las conductas y actos arbitrarios e ilegales de la recurrida, que perturban y amenazan los derechos constitucionalmente garantizados de mi representado.

I.- ANTECEDENTES 1.- En el año 2006 su representado cursó un crédito en la Caja de Compensación recurrida por la suma de $5.611.527, el cual se pagaría en 48 cuotas mensuales de $179.409, a contar del 30.04.2006 y hasta el 28.02.2010.

2.- Por problemas económicos, que no vienen al caso comentar, el sr. nombre reservado solo pagó las primeras 4 cuotas de aquel, quedando impagas el resto de ellas, las que al día de hoy se encuentran prescritas, toda vez que el vencimiento de la última cuota fue el 28.02.2010.

3.- A pesar de lo anterior, el empleador de su representado le informó que se le comenzarían a hacer descuento en su sueldo, por la suma de $179.409, por motivo del crédito antes señalado, hecho que se materializó en la liquidación de sueldo del mes de noviembre de 2019, en el cual aparece realizado efectivamente el descuento aludido.

4.- A raíz de ello, su representado fue a la Caja de Compensación La Araucana, quienes reconocieron que no le avisaron previamente de dichos descuentos, y que tampoco tenían ningún documento firmado por él que los autorizada a efectuarlos. Además, tampoco se le entregó un fundamento plausible del por qué – luego de más de 9 años - hacen descuentos respecto de un crédito que se encuentra prescrito.

5.- En dicha oportunidad le entregaron un certificado de crédito y la carga financiera, documentos que evidencian que el crédito, que hoy se pretende cobrar por esta vía, está prescrito hace años, y que no existe ningún fundamento legal que ampare su actuar.

6.- Cabe hacer presente que el sueldo de su representado es la única fuente de ingreso familiar, por lo que el hecho arbitrario e ilegal que supone el descuento realizado, le causa un gran perjuicio.

II.- HECHO ILEGAL O ARBITRARIO En el caso de marras, el recurrido efectuó un descuento en la remuneración del trabajador, luego de transcurrido más de 9 años desde que venció la última cuota del crédito solicitado. De esta forma, mi representado ha visto mermada su fuente principal de ingresos de forma sorpresiva, dado la inactividad de la Caja de Compensación respecto al cobro de dicho crédito.

Por lo anterior, cabe preguntarse ¿es lícito que la Caja de Compensación efectúe descuentos en la remuneración del trabajador, luego de que ha transcurrido con creces el plazo de prescripción?

Al respecto es sabido que la prescripción es renunciable, pero no es admisible que esta renuncia se presuma y que el acreedor pueda retomar el cobro de la obligación, sin permitir que el deudor pueda defenderse.

Si bien, las cajas de Compensación se escudan en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, que establece que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.” ; dicha norma debe ser interpretada y aplicada conforme al estado actual de las cosas, sin ignorar las circunstancias fácticas en que se realizan esos descuentos, y sin pasar por alto las normas de derecho común.

Al respecto se ha establecido reiteradamente por la Excelentísima Corte Suprema que, la facultad del artículo 22 de la Ley 18.833, antes citado, DEBE ser ejercida en tiempo y forma, pues los créditos deben cobrarse oportunamente.

Dicha aseveración resuelta acorde con lo dispuesto en la circular N° 2052 de la Superintendencia de Seguridad Social, que impone a las Cajas de Compensación la obligación de iniciar la cobranza extrajudicial y judicial al mes y a los 3 meses contados desde el retardo, respectivamente.

Así las cosas, se observa que el descuento efectuado por la recurrida resulta arbitrario e ilegal, pues de manera caprichosa e injustificada intenta revivir una obligación extinta y forzar un pago de manera unilateral, como medio alternativo al cobro judicial, impidiendo al recurrente oponerse a él; situación que atenta claramente contra el derecho a defensa. De esta forma, la Caja de Compensación buscar subsanar su actuar negligente mediante un descuento súbito e intempestivo, que va en contra del principio de los actos propios.

Por su parte, el actuar de la recurrida también es contrario a derecho toda vez que a su respecto tampoco es posible sostener que los requisitos del “pago” se encuentran cumplidos, al menos en cuanto no existe consentimiento del deudor para solucionar la deuda.

Al efecto, es menester recordar que, el pago se define como el “total cumplimiento de la prestación debida, llevado a cabo por un agente legítimo, con ánimo de extinguir el vínculo obligatorio y con la aquiescencia del acreedor” FUEYO (2004), por lo cual, para que opere este modo de extinguir es necesario el consentimiento del deudor en orden a extinguir la obligación.

Lo anterior, no es desvirtuado con la ficción legal establecida en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley N° 18.833, en cuanto dispone que “practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar”; toda vez que dicha ficción tendría el carácter de presunción legal que admite prueba en contrario, por lo que aquella no legitima el actuar de la recurrida per se, sobre todo cuando expresamente mi representado no ha consentido al pago de una obligación prescrita.

III.- DERECHO O GARANTIAS PRIVADOS, PERTURBADOS O AMANEZADOS Derecho de propiedad. Articulo 19 N° 24, C.P.R. El descuento efectuado por la Caja de Compensación ha afectado el derecho de propiedad de mi representado sobre parte de la retribución económica obtenida con motivo de la actividad laboral que desempeña.

De esta forma el recurrente se ha visto privado de sus beneficios económicos, afectando su patrimonio, lo que ha ocasionado una alteración a la cotidianeidad económica familiar, al ver reducido intempestivamente sus ingresos. Así las cosas, mi representado se ha visto impedido de solventar algunos gastos y necesidades, pues él es el único sostén de su familia, razón por la cual el descuento referido afecta a todo su núcleo familiar.

En definitiva, los descuentos efectuados sobre la retribución laboral del recurrente constituyen una real transgresión a su derecho de propiedad, pues vulnera su legítima expectativa en orden a recibir su remuneración en forma íntegra. A esto se suma además, que mi representado ha visto mermada su fuente de ingresos en forma sorpresiva dada la inactividad de la Caja de compensación en relación al cobro del crédito prescrito por vía judicial, el cual a través de este mecanismo intenta revivir una obligación que carece de exigibilidad.

Pide se declare ilegal y/o arbitrario el actuar de la recurrida, y disponer al efecto las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, ordenando: 1. El cese de los descuentos efectuados por la parte recurrida sobre la remuneración del recurrente.2. Que se le restituya al recurrente todos los descuentos realizados por la recurrida en su remuneración, por ser dicha actuación arbitraria e ilegal.3. Cualquier otra medida de protección para la debida seguridad de los derechos del recurrente.4. Que se condene en costas a la parte recurrida.

2) Que comparece evacuando informe Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social.

Esta administración se realiza con cargo a los fondos financieros de dichos regímenes y se recibe por ello una comisión cuyo monto es fijado por resolución conjunta de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

De prestaciones de bienestar social.- Las C.C.A.F. pueden establecer y administrar, respecto de sus trabajadores y pensionados afiliados, los Regímenes de Crédito Social, de Prestaciones Adicionales y de Prestaciones Complementarias.

Para la finalidad anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la citada ley, las Cajas de Compensación deben formar un Fondo Social, compuesto por los siguientes recursos: comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, rentas de inversiones, multas, aportes de los pensionados, intereses penales, producto de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley.

Al ser las Cajas de Compensación, corporaciones sin fines de lucro, los excedentes obtenidos incrementan el Fondo Social, permitiendo otorgar más beneficios de bienestar social a sus afiliados. Es así que los recursos de este fondo se destinan a financiar los regímenes de prestaciones adicionales y de crédito social.

Dado lo anteriormente expuesto, y a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social en uso de sus facultades fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 2° letra “B” de la Ley N°16.395, referente a la Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social y sus respectivas modificaciones. Circular, que define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”.

Conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercajas, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F. de Chile A.G. y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido.

Es así, que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por el operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F. de Chile A.G.. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentren en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia de Seguridad Social para la Central de Riesgo Financiero.

Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares N°2174, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Información que constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

Cabe agregar que en este contrato además es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de la citada Ley.

Por otra parte el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación.

En consecuencia, los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 señalado precedentemente, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, aplicación de carácter obligatorio para los empleadores.

Además se debe tener presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”.

Por ende, la parte recurrente no puede señalar que esta parte ha realizado descuentos de una obligación que se encuentra prescrita, sin que la prescripción de las mismas haya sido declarada judicialmente; a mayor abundamiento y como bien sabe S.S. Ilustrísima la prescripción de las acciones, está tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende, que la prescripción debe ser alegada como acción o excepción, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el recurrente.

Es así, que la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que reitero esta sea alegada ya sea por vía de acción o excepción, y mientras no exista un pronunciamiento por parte de un tribunal competente, respecto a la prescripción emanada de la obligación de pagar las suma de dinero recibida en préstamo, la misma siguen siendo plenamente exigible, no siendo procesalmente el recurso de protección la vía idónea para alegarla.

En síntesis y conforme lo expuesto, malamente pudo mi representada, privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento ha actuado conforme a las facultades legales que su estatuto le provee, sin que se hayan atribuido funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia y además salvaguardando las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°24 de la Constitución, teniendo en consideración además que al patrimonio del deudor ingresó la suma de $5.795.116 pesos, del que sólo a la fecha se han pagado 5 cuotas, siendo una carga para el deudor el pagar una obligación legalmente contraída o interponer las acciones que la ley le confiere para cesar el pago de una acreencia, atendido que en este caso al tratarse de un crédito social es de cargo de la Caja de Compensación ejercer las facultades que la ley le confiere para el cobro de su acreencia en consideración que el descuento sólo es aplicable vía descuento en las remuneraciones del deudor.

No obstante lo informado precedentemente y sin reconocer la extinción de la deuda informada en esta presentación ni los fundamentos que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, esta Caja de Compensación viene en informar que se ha dispuesto las gestiones tendientes a cesar en los descuentos a practicar en la remuneración del recurrente y hacer la devolución de la suma de $179.409 pesos, correspondiente al descuento efectuado en el mes de noviembre de 2019.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de lo expuesto rechazar por falta de oportunidad la acción de protección interpuesta por la abogada doña Nataly Saavedra Vásquez en representación de don nombre reservado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la abogada NATALY SAAVEDRA VÁSQUEZ, en representación de don nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR “LA ARAUCANA” atribuyendo a las recurrida, como acto arbitrario, el haber requerido al empleador del recurrente efectuar un descuento de la remuneración del trabajador, luego de transcurrido más de 9 años desde que venció la última cuota del crédito solicitado.

SEGUNDO: Que, la recurrida ha informado que su actuar se ajusta a la legalidad y que no ha actuado arbitrariamente ya que las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo a la normativa vigente deben ser deducidas por la entidad pagadora de la remuneración, como ha ocurrido en el caso de la recurrente. Indica que al patrimonio del deudor ingresó la suma de $5.795.116 pesos, del que sólo a la fecha se han pagado cinco cuotas, siendo una carga para el deudor el pagar una obligación legalmente contraída. Que, no obstante, y sin reconocer la extinción de la deuda informa que se ha dispuesto las gestiones tendientes a cesar en los descuentos a practicar en la remuneración del recurrente y hacer la devolución de la suma de $179.409 pesos, correspondiente al descuento efectuado en el mes de noviembre de 2019.

TERCERO: Que, el acto que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en que el descuento se efectuó en su remuneración a partir del mes de Noviembre de 2019. Según se desprende de los antecedentes, este ha sido practicado luego de transcurridos más de nueve años desde el 28.02.2010, que era la fecha de vencimiento de la última cuota del crédito pactado, y más de trece años desde que se pagó por última vez el crédito otorgado a la recurrente, toda vez que su pago dividido en 48 cuotas mensuales principió el 30.04.2006 y sólo se pagaron las cinco primeras mensualidades.

CUARTO: Que, aplicando el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, (Rol N° 11.960-2018), dictada en un caso semejante al de marras, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 16 de la Ley N° 19.539 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente, por medio de las entidades pagadoras de pensiones, los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (MÁS DE TRECE AÑOS) que alcanzó a transcurrir entre el año 2006 y Noviembre de 2019 sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio del derecho de la Caja acreedora para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios y del afiliado de ejercer las defensas correspondientes.

QUINTO: Que, este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo a la actora, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas, como tampoco esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

SEXTO: Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada vulnera el derecho de propiedad de la actora sobre su pensión, el que está amparado por la garantía prescrita en el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido, más allá de la circunstancia de haber la recurrida, reconsiderado su actuar y devuelto al recurrente el dinero retenido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DECLARA que se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por la abogada NATALY SAAVEDRA VÁSQUEZ, en representación de don nombre reservado y, en consecuencia, SE DECLARA que la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA deberá abstenerse de continuar requiriendo al empleador de don nombre reservado efectuar, de la remuneración que se le paga, el descuento del crédito social otorgado, sin perjuicio de su derecho a perseguir su cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese.

Redacción del Abogado Integrante don Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-18591-2019 (pvb).