nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, trece de julio de dos mil veinte.

A la presentación de fecha nueve de julio del Abogado don Mauricio Colil Olivares: Téngase presente en cuanto fuere conforme a derecho.

VISTOS PRIMERO: Que comparece don YERKO MILLALONCO CALISTO, abogado Jefe de la Corporación de Asistencia Judicial, Consultorio Lautaro, con domicilio en domicilio reservado de la misma ciudad, en representación, de doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo el presente recurso de Protección en contra de doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, labores de casa, domiciliada de igual manera en Reducción Marileo hijuela número 38 de la ex Comunidad Indígena nombre reservado, de acuerdo a los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que expone: según inscripción de dominio que consta en fojas 1337, número 1337 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Lautaro del año 1985, su representada es dueña de la hijuela número 37 de la ex comunidad indígena nombre reservado, ubicada en Lugar Panco, comuna de Lautaro, con una cabida aproximada de 8,80 hectáreas, y con los siguientes deslindes especiales: NORTE: Línea quebrada que separa las hijuelas número cincuenta y uno y número cincuenta y tres; ESTE: Cause actual del rio Quillem; SUR: Línea quebrada, que separa a la hijuela número cuarenta y ocho; OESTE: Línea recta que separa a la hijuela treinta y ocho. En este sentido, de acuerdo al plano original de la ex comunidad indígena de nombre reservado, que se acompaña en esta presentación, la parte recurrida del presente recurso es dueña de la hijuela número 38, que justamente es colindante con la hijuela de su representada. A partir de esto, teniendo en consideración lo mencionado en la sentencia de subdivisión de la ex Comunidad Indígena nombre reservado, amparada por el título de Merced número 90, dictada por el Juzgado de Letras de Lautaro con fecha 12 de noviembre del año 1985, que se acompaña de igual manera en esta presentación, la cual en su punto 57 señala de forma expresa que “La hijuela número 38, conforme con lo expresado en el número treinta y ocho de ésta sentencia, quedará gravada con una servidumbre de tránsito en favor de la hijuela número 37 ya individualizada.”. Sin embargo, y pese a tener conocimiento de dicho gravamen, la familia de la recurrida en un acto del todo ilegal y arbitrario, decidió cerrar esa servidumbre, dejando a su representada y su familia sin una vía para transitar. En este sentido, durante todo este tiempo, la recurrente ha logrado tener conectividad con el camino público a partir de la colaboración de un vecino, sin embargo, dicho camino es muy angosto, de forma que no puede pasar con carretas ni vehículos motorizados. Es por ello, que ha solicitado en reiteradas ocasiones a sus vecinos que reabran la servidumbre, sin éxito, toda vez que en todo este tiempo se han negado, sin tener ningún motivo plausible para ello.

A partir de lo mencionado, es legítimo que su representada quiera restablecer el imperio del derecho, en orden a que se le permita a ella y a su familia poder ejercer libremente todas las facultades inherentes al dominio, precisamente las facultades en la cual se encuentra favorecida la hijuela de su representada en atención a la servidumbre ya mencionada con anterioridad, y en este sentido a optar a explotar su tierra, obteniendo un ingreso que le permita subsistir. A) ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO. En este sentido, la recurrida sin tener ningún motivo plausible, procedió a cerrar la servidumbre anteriormente mencionada a través de un cerco. Este acto arbitrario realizado por la parte recurrida, lo sufre su representada todos los días, hasta la fecha, esto en atención a la negativa de dejar despejada la servidumbre tal cual se colige en los planos originales que se acompañan, y expresada de forma expresa en la sentencia ya mencionada con anterioridad. De esta forma, todos los actos ilegales de la recurrida son ilegales, toda vez que van en contra del ordenamiento jurídico, y esto dado que la servidumbre se encuentra establecida a través de una sentencia judicial. Siendo el pasado 30 de noviembre de 2019, el último acto arbitrario por el cual se privó a mi representada del legítimo ejercicio de su derecho de servidumbre. 3. Este cierre le ha ocasionado una serie de perjuicios a su representada. En este sentido ella se ha visto perjudicada en cuanto a su salud, dado que no cuenta con una vía expedita para llegar a un centro de atención médica, ya que a través del camino que tiene accesibilidad es muy angosta para el ingreso de vehículos. Esto claramente pone en riesgo su integridad física, en atención a la avanzada edad de doña nombre reservado, además ella cuenta con su movilidad reducida, lo que evidentemente aumenta el perjuicio sufrido. B) GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS: El actuar ilegal y arbitrario de la recurrida constituye una amenaza permanente, como también una afección directa y por tanto una vulneración al libre ejercicio de las siguientes garantías constitucionales: 1. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. El mencionado derecho se encuentra garantizado por nuestra carta fundamental en su artículo 19 número 1°, el cual dispone que: “La constitución asegura a todas las personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona… se prohíbe todo apremio ilegitimo” En este sentido, la mencionada garantía constitucional se ve gravemente vulnerada, y esto tiene directa relación con el acto ilegal y arbitrario ya mencionado con anterioridad por parte de la recurrida, toda vez que se impide una vía de conectividad de mi representada a cualquier centro de salud, dejándola sin atención médica. Es más, en caso de cualquier urgencia médica o de otra índole, tanto ambulancias como carros de bomberos están absolutamente impedidos de prestar una ayuda o atención oportuna a mi consultante. 2. Derecho de propiedad o dominio. Que la recurrida al obstruir el libre tránsito sobre el camino de autos, ha impedido el pleno acceso de la recurrente hacia su predio, afectando de esta manera el derecho de uso y goce del mismo. Los cuales son atributos del dominio, tal como lo es reconocido por el artículo 582 del Código Civil, en el mismo sentido la Constitución Política de la Republica de igual manera asegura tal derecho de dominio en su artículo 19 número 24, el cual en su inciso tercero prescribe que: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.” A partir de esto, no queda más que calificar el actuar de la recurrente, como arbitrario, ya que su proceder carece de cualquier racionalidad y mesura existente, yendo en contra del actuar esperado respecto a cualquier persona respetuosa del ordenamiento jurídico. Y esto a partir de alterar unilateralmente y mediante vías de hecho una situación jurídica establecida por un tribunal del país. En este sentido, para dar garantía real y efectiva a los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica y además al derecho del dominio, la Constitución Política de la República establece en su artículo 20 lo siguiente: “El que por causa de actos u omisiones arbitrario o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 números 1°, 2° y 24, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.”

Por ello, en virtud del artículo 582 y siguientes del Código Civil, artículo 830 y siguientes, del mismo cuerpo legal, artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y demás normas legales pertinentes, pide se acoja esta acción y en definitiva dar lugar al presente recurso, declarando que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, y que vulnera las garantías constitucionales ya mencionadas en el cuerpo del presente escrito, disponiendo el imperio del derecho y en consecuencia declarar y disponer que la recurrida ha incurrido en actos y hechos arbitrarios e ilegales que afectan el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente; se ordene a la recurrida retirar el cerco que prohíbe el paso en la servidumbre señalada, ordenando de igual manera la realización de todo trabajo que fuere necesario para reabrir el camino, en el plazo que este Ilustrísimo Tribunal determine al efecto, ello con el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario; se ordene a la recurrida abstenerse en lo futuro de volver a realizar actos que importen e impidan el libre tránsito desde y hacia la servidumbre de tránsito, esto es, de realizar actos que importen una afección directa a los derechos conculcados. Todo esto con expresa condonación en costas. Acompaña: 1. Copia de inscripción de dominio de fojas 1337, número 1337 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Lautaro del año 1985. Copia fiel del plano original de la ex comunidad indígena nombre reservado, emitido por la oficina SITI de la subdirección nacional de CONADI en la ciudad de Temuco. Copia fiel de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la ciudad de Lautaro, dictada con fecha 12 de Noviembre del año 1985. Mandato Judicial firmado por doña nombre reservado, donde consta la personería para actuar en juicio, ante la Notario de la ciudad de Lautaro doña nombre reservado.

SEGUNDO: Que a su turno, informa la PRIMERA COMISARIA DE CARABINEROS LAUTARO, señalando que se concurrió al domicilio de nombre reservado, cédula de identidad Nro. RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, de la ex Comunidad nombre reservado, camino a Galvarino, procediendo a entrevistarse en el lugar con nombre reservado, cédula de identidad Nro. RUT reservado, con la finalidad de verificar en el terreno si existe cerco que prohíba el curso normal de la servidumbre, constatando el personal policial, que NO hay ningún objeto que impida el libre acceso del camino. Adjuntan fotografías que corroboran lo señalado.

TERCERO: Que también informa don nombre reservado, abogado, C.N.I. NºRUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, C.N.I. NºRUT reservado, mapuche, viuda, con domicilio en Comunidad Indígena nombre reservado ex Panco, de la comuna de Lautaro, señalando lo que sigue: 1. Falta de legitimación pasiva: Su representada es dueña de acciones derechos de la Hijuela Nº38, ubicada en la Comunidad Indígena nombre reservado (Ex Panco) de la comuna de Lautaro, de manera que o es efectivo que la misma sea dueña exclusiva del predio señalado. De ahí que la acción interpuesta adolece de falta de legitimación pasiva. En efecto, entre la hijuela Nª38 y la Hijuela Nº37 ésta última propiedad corresponde a la recurrente, se constituyó una servidumbre de tránsito, según consta en Sentencia definitiva que falló en parte la subdivisión de la Comunidad Indígena nombre reservado, en título de merced Nº90, pronunciada por el Juzgado de Letras en lo Civil de Lautaro, en el cual se señala que: “La hijuela número 38, conforme con lo expresado con el numero treinta y ocho de ésta sentencia, quedara gravada con una servidumbre de tránsito en favor de la hijuela numero 37 ya individualizada”. De modo que no existe discrepancia a este respecto. Sólo falta entonces que los predios ejecuten lo resuelto en relación a la construcción de dicha servidumbre, circunstancia que a lo menos respecto a mi representada, se existe discrepancia. 2.- Extemporaneidad de la Acción. La acción de protección interpuesta en contra de mi representada, es extemporánea según las razones de hecho que paso a exponer: Señala el recurso: “Siendo el pasado 30 de noviembre de 2019, el último acto arbitrario por el cual se privó a mi representada el legítimo ejercicio de su derecho de servidumbre”. Con toda claridad, mi representada a sus 75 años no ha puesto cerco alguno en ninguna propiedad. Así los hechos señalados en el recurso son falsos. En efecto la recurrente hace varios años que no ingresa a su propiedad, terreno en el cual NO EXISTE HABITACION o construcción alguna que pudiese mínimamente pensar en que una urgencia médica pusiese producirse, siendo totalmente falso lo señalado en su libelo.

Lo dicho es de tal certeza, que la recurrente se encuentra accionando ya desde el año 2017 un proceso contencioso civil, en causa RIT C 223-2017, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, del Juzgado de Letras en lo Civil de Lautaro, causa que se ingresó con fecha 29/05/2017 y que se encuentra vigente. De modo que la burda indicación de que los hechos habrían ocurrido en el mes de noviembre de 2019, sólo tienen por objeto, la construcción de un plazo destinado a que la acción de protección interpuesta sea rechazada de oficio por extemporánea. El plazo establecido para la interposición del recurso de protección, es una cuestión que resulta altamente relevante, debido a que devela la falta de un requisito de procedencia de la presente acción cautelar, que es el que establece que aquella debe ser incoada en el tiempo y forma establecidos por la normativa aplicable en la materia. A partir del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y el Artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se establece un plazo fatal y perentorio de 30 días, para la interposición de la acción de que se trata, contados desde la ocurrencia u omisión de los hechos que motivan la acción. Como podrá apreciar, la acción constitucional en cuestión, adolece de un vicio grave e irreparable, que es la extemporaneidad del recurso. 3.- EXISTENCIA DE UN LITIGIO PENDIENTE: Es necesario señalar, que los hechos que motivan la interposición de la presente acción constitucional de protección, actualmente están siendo objeto de un proceso contencioso civil, en causa RIT C 223-2017, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, del Juzgado de Letras en lo Civil de Lautaro, causa que se ingresó con fecha 29/05/2017 y que se encuentra vigente. De modo que no podrá conocerse de esta acción, por encontrarse en Juez Civil conociendo de un litigio, que pretende el mismo fin.

Cabe ilustrar que la recurrente manifiesta una situación lejana de la realidad, eludiendo así el fondo de la posible cuestión objeto de este pleito. Conforme a lo anterior, es que existe un litigio pendiente entre las partes, esto es: Demanda de reapertura de camino, seguido en causa RIT C 223-2017, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, del Juzgado de Letras en lo Civil de Lautaro, causa que se ingresó con fecha 29/05/2017 y se encuentra vigente. Demanda de reapertura de camino, seguido en causa RIT C 227-2018, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, del Juzgado de Letras en lo Civil de Lautaro, causa que se ingresó con fecha 01/06/2018 y retirada con fecha 12/08/2019. La recurrente ha demandado a su representada y la causa RIT C 223-2017, se encuentra vigente. Señalando que un litigio no puede ser decidido más de una vez (exceptio rei judicate) tampoco puede estar simultáneamente pendiente más de una relación procesal entre las mismas personas acerca del mismo objeto. Conforme lo anterior se ha fallado reiteradamente que la acción de protección constituye jurídicamente una acción constitucional destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos indiscutidos y preexistentes, adoptándose las providencias para poner remedio a un acto arbitrario o ilegal que afecte ese ejercicio, pero su misma naturaleza cautelar impide que este arbitrario pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, para el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación o de contratos, situación esta última que se ha propuesto en el recurso como hipótesis que se debe considerar. En efecto, no se vislumbra causa de pedir alguna en la acción de protección interpuesta.

Estima que hallándose el asunto sometido al Imperio del Derecho, es decir, sujeto a conocimiento de un Tribunal competente, resulta improcedente acudir, en paralelo y alterando el recto ejercicio de la Jurisdicción, a la acción Constitucional de protección para impugnar, adicionalmente, un asunto que aún no ha sido objeto de pronunciamiento del Juzgado de letras en civil de Lautaro.

Como se podrá apreciar, la presente acción es extemporánea, y carece de fundamento legal, por lo que debe ser rechazada, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que habiendo alegado el recurrido la extemporaneidad de la acción, se debe despejar en primer término esta alegación de forma, como cuestión previa al análisis del fondo de la controversia.

En efecto, a la luz de los antecedentes esgrimidos en estos autos, corresponde rechazar la alegación de extemporaneidad, por estimar que el acto que se denuncia como vulneratorio de la garantía constitucional invocada es de carácter continuo o permanente y no de ejecución instantánea; por lo que mientras se mantenga en el tiempo y no cese en su ejecución, se sigue produciendo la alteración del statu quo existente y por lo tanto no es posible computar el plazo para interponer la presente acción constitucional –establecido en favor de quien acciona- desde el inicio de dichos actos, sino desde el cese de los mismos, situación que en el caso de autos no se habría verificado a la época de la interposición.

Por ello, esta alegación debe ser rechazada necesariamente.

QUINTO: Que, en cuanto a la segunda alegación, esto es la falta de legitimación pasiva, caber indicar que ello no fue debidamente acreditado por el recurrido, razón por la cual también corresponde su rechazo. A mayor abundamiento cabe mencionar, que la actora comparece a nombre propio, por encontrarse ella en una situación de menoscabo cuanto a sus derechos constitucionales, no siendo relevante en lo absoluto que existan otros causahabientes con igual derecho de dominio que la recurrente, por lo que tampoco se oirá al recurrido en este punto.

SEXTO: Que en cuanto al fondo del asunto controvertido, el propio recurrido reconoce la existencia de la servidumbre de tránsito, señalando que ello no es motivo de discrepancia entre las partes, pero que sí lo es la “construcción de dicha servidumbre”. Añade además, que lo mencionado ya es materia de un proceso actualmente vigente, el Rol Nº223-2017, por “demanda de reapertura de camino”, del Juzgado Civil de Lautaro, por lo que no correspondería resolver la presente controversia en esta sede jurisdiccional. Indica a continuación, que no existiría un cerco que impida el libre tránsito de la recurrente, explicando que Carabineros se constituyó en un lugar diverso al inmueble materia de autos, por lo que el portón que ellos fotografiaron en realidad no existe, negando absolutamente que se haya producido algún embarazo en el uso de esta servidumbre.

SEPTIMO: Que, asentado lo anterior, es preciso establecer entonces, que el recurrido no controvirtió el fondo del asunto, reconociendo la existencia de la servidumbre de tránsito, -cuyo cumplimiento se reclama-, y reiterando en estrados, que nada obstaculizaba el libre acceso a dicha vía por parte de la actora, negando incluso la existencia de un cerco.

Lo apuntado resulta ser de suma importancia, puesto que al reconocer el recurrido el derecho que le asiste a la actora a utilizar el camino que alega, y asegurando que nunca se ha impedido su uso, desaparece el centro mismo de la controversia, no justificándose en consecuencia la presente acción constitucional.

OCTAVO: Que, refuerza lo anterior, el hecho que la causa mencionada por la recurrida, la Rit C-223-2017, sobre reapertura de camino, ha quedado paralizada desde el 28 de junio de 2017, no existiendo diligencias posteriores a la fecha indicada, todo lo cual hace pensar, que la recurrida no pretende en los hechos ni en el derecho controvertir la facultad o prerrogativa existente a favor de la actora, por lo que no existiendo un acto ilegal o arbitrario que amenace o conculque los derechos constitucionales esgrimidos, sólo cabe rechazar esta acción, por haberse superado espontáneamente la situación que motivó la interposición de esta acción constitucional.

NOVENO: Que, atento a lo antes razonado, el recurso de protección no podrá prosperar, por haber perdido el mismo oportunidad, todo lo cual es sin perjuicio de, otros derechos que la actora pueda ejercer conforme a las reglas generales previstas en el ordenamiento jurídico, y reclamar mediante la presente vía, cualquier nueva acción encaminada a perturbar el libre uso de la servidumbre de tránsito objeto de la Litis.

DÉCIMO: Que, en cuanto a los documentos acompañados previo a la vista por la recurrida, éstos no alteran en nada lo razonado precedentemente, siendo inoficioso pronunciarse respecto de la objeción planteada, teniendo presente, además, lo dispuesto en el N° 5 del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA el presente recurso de protección, deducido por don YERKO MILLALONCO CALISTO, abogado Jefe de la Corporación de Asistencia Judicial, Consultorio Lautaro, en representación, de doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante don Claudio Bravo López.

Protección-18474-2019. (fcv)