Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 18173-201912 jun 2020

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
12 de junio de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 18173-2019, sentencia de 12 de junio de 2020

Resumen

Se rechaza el recurso de protección porque la recurrida dejó sin efecto los actos reclamados, reincorporando al recurrente a la asociación y a su local, restableciendo la situación preexistente, por lo que la acción perdió oportunidad.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, doce de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, trabajador independiente, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la nombre reservado, Rut: RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, Rut: RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de cualquiera que resulte responsable de los hechos expuestos en la presente acción constitucional, por haber vulnerado sus garantías constitucionales contempladas en al artículo 19 N° 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, señala que constituyeron la nombre reservado el 26 de agosto del 2013 con un total de 21 socios, siendo socios por separado con su pareja nombre reservado. De este modo pudieron arrendar una galería artesanal quedándose con el local nro 16, cumpliendo con todas sus obligaciones (pago de arriendo, permiso municipal, pago de Iva) hasta Diciembre del 2017, sin tener ningún problema con las Directivas que dirigió la Organización todos esos años.

En Enero del 2018, se hizo cargo del local la socia nombre reservado debido a los problemas de salud que lo aquejaron, cancelando ella las mismas obligaciones (arriendo, permiso municipal, IVA), con el conocimiento tácito de la Directiva.

Por una serie de problemas personales, esta socia se atrasó en el pago de los arriendos desde marzo en adelante y en mayo avisó al Presidente y Tesorero quienes decidieron esperarla a que se pusiera al día lo que se concretaría desde Septiembre. En ese periodo, agrega sufrió una lesión a los meniscos por lo cual se vio imposibilitado de ejercer actividad económica alguna, siendo su pareja la que tuvo que hacerse cargo de la economía del hogar, por lo cual se atrasaron en los pagos del arriendo.

En cuanto a la Directiva ésta se encontraba vigente hasta 10/9/2019, por lo que debía elegirse otra y es desde ese momento cuando se originan los conflictos, puesto que la actual Directiva que asumió el 15/11/2019, desconoció cualquier acuerdo tomado con anterioridad.

Agrega que retomó el local desde Octubre a la fecha efectuando los correspondientes pagos desde ese mes, no pudiendo hacerse cargo de la deuda anterior porque se estaba negociando el pago de la misma. Sin embargo, la Directiva a cargo, contraviniendo cualquier paso en esa dirección le envía una carta con fecha 20 de este Noviembre del presente año donde le expone que le clausuran el local y que además le dan hasta este 30 de Noviembre para irse o lo desalojan, sin que exista ninguna demanda judicial en su contra.

Señala que la actual Directiva no tiene legitimidad, puesto que aún se encuentran en periodo de Reclamación según la ley 21146.

Agrega que con fecha 22 de Noviembre de 2019, la recurrida procede a colocar candado a su local comercial con un letrero que señala “ CERRADO POR DEUDA”, privándole el acceso a su local, y a su lugar de trabajo, desconociendo su calidad de socios, lo que ocurre hasta el día de hoy.

Toda esta situación confusa y de persecución a su persona le ha traído serios problemas a nivel económico pues el local comercial es el sustento para él y su familia, como también a nivel emocional, pues con su pareja han trabajado activamente en la agrupación para cumplir los fines de la misma. La confusión ha llegado a tal punto, que ni siquiera se sabe a la fecha si sigue teniendo la calidad de socio en la Agrupación, puesto que al querer participar de las elecciones de la Directiva, se le envió una carta con fecha 10 de Octubre de 2019, en la cual se le niega participación en el proceso eleccionario correspondiente al año 2019, esgrimiendo causales que darían a entender que a esa fecha yo ya no era socio de la agrupación, para, posteriormente, darle nuevamente trato de socio pudiendo ejercer sus derechos y trabajar en el local comercial.

Argumenta que tanto la carta enviada por la Presidenta de la agrupación, en la cual se le impone desocupar el local N° 16; el haberse realizado asamblea ordinaria el día 20 de noviembre de 2019, sin que se haya respetado normativa legal para la celebración de la misma; el haber colocado de forma unilateral candado y letreros en el local comercial N° 16 en el cual desempeña su actividad de comerciante, en el cual se indica “cerrado por deudas” y negarle el acceso a dicho local con fecha 22 de Noviembre de 2019, resultan ser ilegales por cuanto la recurrida ha actuado al margen de la ley, desconociendo sus derechos como socio y arrendatario, perturbando aquel que tiene a ejercer libremente su libertad de trabajo. Asimismo, es arbitrario pues quien ha ejecutado el mismo lo ha hecho en forma antojadiza y abusiva, situándose por sobre la ley, aprovechando la posición y cargo que ostenta, para privarlo de su la calidad de socio y del local comercial en el cual trabajo.

En cuanto a la infracción de garantías constitucionales, expresa:

1.- En relación al derecho de propiedad, tiene la calidad de subarrendatario, y como tal tiene un derecho de propiedad que recae en el arriendo. Y si bien este derecho del cual soy titular puede extinguirse, es la ley la que establece la forma y procedimiento a través del cual se puede dar término al derecho al mismo Pues bien, la recurrida ha ignorado los mecanismos que establece la ley para dar término a un arrendamiento y aún más, por sobre el ordenamiento jurídico, ha pretendido privarlo del mismo, lo cual constituye una verdadera autotutela, mediante el uso de la fuerza para impedirme el acceso al local comercial que arrienda, privándome del uso y goce del mismo.

2.- Artículo 19 N°3: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos: Reproduciendo el artículo 553 del Código Civil, señala que la sanción que se le impone a través de la comunicación firmada por la Presidenta y Secretaria de la agrupación que acompaña, en que se lo insta a hacer abandono del local N° 16 el cual arriendo, resulta ser ilegal y arbitraria por cuanto al tenor de la norma citada no ha existido comisión de ética alguna que ejerza facultades disciplinarias, sino más bien, dichas sanciones se han determinado en Asamblea Ordinaria, no considerando que el cargo en el órgano de administración resulta ser incompatible con el de órgano disciplinario, por lo que es indudable que el actuar del órgano disciplinario de la recurrida no se ajustó a derecho en tanto su reglamento disciplinario no se ha adecuado a las exigencias legales, resultando carentes de eficacia, tanto el procedimiento seguido en su contra como la sanción misma que se le impuso, incurriéndose, a la vez, en vulneración de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República.

3. Art 19 N° 4: El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales.

En virtud de lo expuesto, su honra se ha visto fuertemente dañada pues con los actos realizados por la recurrida se ha levantado una falsa imagen de mi persona. En efecto, desde el día viernes 22 de Noviembre a la fecha tanto clientes como proveedores han visto mi local comercial cerrado por candados y con un letrero el cual señala “CERRADO POR DEUDA”, con lo cual la imagen que se proyecta de él es la de una persona irresponsable, morosa y que no hace frente a sus obligaciones, cuestión nefasta para alguien que se dedica al comercio.

4. Art 19 N° 16º.- La libertad de trabajo y su protección. “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”

Se ha vulnerado su derecho a libertad de trabajo y protección por cuanto se le ha privado de forma arbitraria e ilegal de su fuente de trabajo libremente elegida, despojándolo del mismo y de sus herramientas de trabajo y del lugar físico en el cual ejerce su oficio, lo cual también repercute en la economía de su familia, pues se les priva de la fuente de ingresos necesarios para nuestro bienestar y subsistencia.

Pide, en definitiva, se acoja el recurso y se resuelva:

1. La reincorporación en calidad de socio a la nombre reservado, ya individualizada.

2. Ordenar poner término a los actos que hasta hoy le impiden ejercer sus derechos como subarrendatario respecto del local N° 16 ubicado en Gerónimo de Alderete N° 638, Villarrica Comparece don ÁLVARO RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación del recurrido, la “nombre reservado”, organización comunitaria de carácter funcional, Rol Único Tributario N° 65.074.925-1, para estos efectos de su mismo domicilio, quien informando, expresa:

Que la nombre reservado es una organización comunitaria de carácter funcional de la comuna de Villarrica, la que con mucho esfuerzo logró arrendar un sitio en el centro de la ciudad, para allí instalar una serie de locales comerciales, destinados principalmente a gastronomía y artesanía de la zona. Los locales se subarriendan a los miembros de la agrupación, a quienes se les cobra una renta muy baja, y también se les subarrienda a terceros, a quienes se les cobra una renta mayor. Como no tiene fines de lucro, la idea es cubrir la renta del arrendamiento del predio mayor, y los gastos propios de la organización.

La señora nombre reservado, además de tener la calidad de pareja del subarrendatario y recurrente de autos, fue secretaria del directorio de la agrupación, y por lo tanto tenía pleno conocimiento de las carencias y dificultades económicas por la que atravesaba la Agrupación, y lo sensible que era, para sus finanzas, que los miembros de ella se atrasaran en el pago de las rentas de subarrendamiento.

Cuando se producen las nuevas elecciones del directorio de la Agrupación, y cesa en el cargo de secretaria de actas la señora nombre reservado, además de no llegar a un acuerdo por el no pago de muchos meses de renta, hurta los libros de actas y demás documentos sensibles de la persona jurídica, lo que da motivo a una denuncia penal en su contra por tal delito.

Es así que, por desconocimiento de las normas jurídicas, y en un acto desesperado por la conducta de la señora nombre reservado y de su pareja, el señor nombre reservado, proceden a cerrar su local comercial exigiendo el pago de las rentas adeudadas.

Posteriormente, comunicada la orden de no innovar dispuesta por esta Corte, doña nombre reservado, en su calidad de presidenta de la agrupación, procede a retirar los candados y a retirar el cartel de aviso; toda vez que él les explica a la nueva directiva los alcances de la conducta que habían desplegado.

A la fecha del presente informe, la recurrente y su pareja se encuentran utilizando el local que subarriendan, libremente y sin obstáculo alguno.

Sus representados, hombres y mujeres de esfuerzo dedicados a la gastronomía local y artesanal, en su desconocimiento del derecho, han admitido su equivocación y han procedido de inmediato a dejar sin efecto el cierre del local subarrendado al recurrente y su pareja, allanándose a lo ordenado por este Tribunal y; explicados los alcances jurídicos de lo actuado, han decido no perseverar en ello; lo que debe estimarse como un allanamiento al recurso.

Por tanto, no procede hacer lugar al recurso en la forma solicitada por el recurrente, ya que ya desde el día en que se notificó la orden de no innovar, el statu quo fue reestablecido.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en consecuencia y advirtiendo que en el caso sublite, según lo que ha informado por la propia recurrida y lo manifestado en estrados por el letrado que los representa, han quedado sin efecto todos los actos de los cuales se reclamó en el recurso y que pudieren haber lesionado garantías constitucionales del recurrente, habiendo sido éste reincorporado a la Asociación de nombre reservado y reingresado al local comercial donde desarrolla sus trabajo como comerciante, sin que se mantenga ninguno de los obstáculos a los que se hizo alusión en su libelo, estos sentenciadores concluyen que el presente recurso ha perdido oportunidad, desde que el imperio del derecho y la situación preexistente han sido debidamente reestablecidos por la parte recurrida.

Así, entonces, no justificándose la adopción de medidas de resguardo que es la forma como se cautela concretamente el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que por esta vía se tutelan, el presente recurso no puede prosperar, sin perjuicio de lo cual y en lo sucesivo, la recurrida deberá abstenerse de incurrir en conductas que impliquen autotutela en la solución de los conflictos que se le presenten.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la nombre reservado, de Villarrica.

Regístrese, incorpórese a la carpeta judicial y archívese.

Redacción de la Ministra A.nombre reservado.

Rol N° Protección-18173-2019 (pvb).