nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Temuco Temuco, dos de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece Rodrigo Vargas Montané, abogado, en representación de nombre reservado, administradora, quien interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por su Superintendenta, nombre reservado, a fin de que se adopten las respectivas medidas de resguardo en razón de que su representada ha sido afectada por actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida, y que le causan a ésta, grave amenaza, privación y perturbación al legítimo ejercicio de sus derechos y garantías consagradas en el artículo 19 números 1º, 2, 3º y 24º en relación al artículo 20° de la Constitución Política de la República.

Señala que la acción se dirige contra la Resolución Exenta N° R-01-S-36122-2025, de fecha 20 de marzo de 2025, mediante la cual el organismo recurrido rechazó un recurso de reposición, confirmando el rechazo de las licencias médicas pre y post natal números 108326316 y 109276216 (correspondientes a 126 días de reposo). Agrega que el fundamento de la autoridad para el rechazo estriba en que, a su juicio, no se logró acreditar vínculo y huella laboral efectiva entre la recurrente y su empleador, Inversiones Trancura SpA, restando mérito probatorio al contrato de trabajo, liquidaciones y cotizaciones por considerarlos documentos de carácter meramente formal.

Sostiene que la recurrida actuó sin siquiera realizar un estudio del caso, basándose en hechos que ni siquiera le constan.

Asegura que hubo infracción al D.S. N° 3 de 1984 (Ministerio de Salud), específicamente la vulneración de los artículos 24 y 25 de dicho reglamento, toda vez que la Compin no habría dado cumplimiento a los plazos legales para pronunciarse sobre las licencias, las que debieron entenderse autorizadas por el solo ministerio de la ley.

A su turno, denuncia una infracción a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, afirmando que la autoridad administrativa incurre en ilegalidad al exigir requisitos adicionales a los previstos en la ley, excediendo su competencia y actuando fuera de las formas que prescribe el ordenamiento.

Sostiene que la resolución carece de sustentación lógica y racional, constituyendo un acto de mero capricho. Menciona que la autoridad decidió prescindir y restar todo mérito probatorio a los instrumentos que ordinariamente acreditan una relación laboral, dejando a su representada en la más absoluta indefensión.

Arguye que, si la autoridad abrigaba dudas sobre el vínculo laboral, debió haber decretado medidas para mejor resolver, tales como visitas domiciliarias o solicitud de informes complementarios, conforme lo faculta el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, trámite que fue omitido injustificadamente.

Alega la afectación de las siguientes garantías del artículo 19 de la Constitución Política: N° 1 (Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica), derivado del estrés y angustia por la falta de recursos; N° 2 (Igualdad ante la ley), al constituir una discriminación respecto de otros trabajadores en iguales condiciones; N° 3 (Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos); N° 24 (Derecho de propiedad), atendido que el rechazo importa un grave detrimento patrimonial al impedir la percepción de subsidios que reemplazan la remuneración y que amparan la protección de la maternidad.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol 56305-2021) para reforzar que el rechazo de licencias sin elementos de contraste o evaluaciones adicionales constituye un acto arbitrario que lesiona la certeza y seguridad jurídica.

Solicita que se acoja el recurso, se declare la arbitrariedad e ilegalidad de la resolución impugnada y se adopten las medidas de resguardo necesarias, específicamente que se tengan por aprobadas las licencias médicas mencionadas y se ordene el pago íntegro de los subsidios correspondientes, con expresa condenación en costas.

Adjunta a su presentación: Resolución Exenta N° R-01-S-36122-2025/ de fecha 20 de marzo de 2025.

A folio 14, comparece nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien evacúa el informe solicitado.

Inicia su exposición citando el artículo 1° del D.S. N° 3 de 1984, resaltando que la licencia médica es un derecho para ausentarse del trabajo con el fin de recuperar la salud mediante un tiempo determinado de reposo.

Invoca las facultades conferidas por el artículo 16 del mismo cuerpo reglamentario y la Ley N° 20.585, que autorizan a la Compin para aprobar, rechazar o modificar los períodos de reposo según los antecedentes médicos y las guías referenciales.

En relación con las licencias médicas objeto del recurso, informa que la licencia N° 3-108326316 (Prenatal) y la licencia N° 3-109276216 (Postnatal) fueron inicialmente autorizadas por la Subcomisión Cautín. Sin embargo, tras una revisión de la Unidad de Subsidios y una fiscalización de vínculo laboral, ambas fueron rechazadas con fecha 27 de diciembre de 2024, bajo la causal específica de “sin vínculo laboral según fiscalización”.

Sostiene que la decisión de rechazo se basó en un análisis exhaustivo de antecedentes técnicos y documentales que se detallan en el informe, concluyendo que la Unidad de Licencias Médicas detectó que las cotizaciones previsionales del período noviembre 2023 a septiembre 2024 fueron, en su mayoría, pagadas fuera de los plazos legales, lo que generó una alerta inicial sobre un posible "vínculo simulado". En cuanto a los resultados de la fiscalización en terreno (14.12.2024), menciona que del informe de verificación se desprende que, si bien la recurrente es parte de la sociedad empleadora, realiza supuestas labores administrativas desde su domicilio. Destaca que, según declaraciones obtenidas en el local, la interesada continúa colaborando en la gestión del negocio a pesar de encontrarse con licencia médica, lo que constituye una alerta sobre el uso incorrecto del reposo.

Añade que el contrato de trabajo estipula labores de "elaboración y venta de sándwiches de helado y atención al cliente", lo cual "no coincide con las funciones efectivas declaradas" (tareas administrativas telemáticas).

Afirma que la trabajadora declaró percibir su sueldo en "efectivo", a diferencia de otros trabajadores que reciben transferencias, lo que impide acreditar la percepción legítima de remuneraciones.

Hace hincapié en que no se aportaron pruebas concretas (correos electrónicos, flujo de operaciones o evidencias materiales) que demuestren el vínculo de subordinación, ni se acreditó el reemplazo de la trabajadora durante su ausencia.

Concluye que la suma de estos antecedentes permite presumir la existencia de un "vínculo laboral simulado" y un "posible uso fraudulento del beneficio de licencias médicas". Finalmente, hace presente que este criterio fue ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social mediante las Resoluciones Exentas N° R-01-UJU-12625 y N° R-01-S-36122, las cuales confirmaron lo obrado por la Compin al no lograrse desvirtuar la falta de huella laboral efectiva.

A folio 40, comparece Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita el rechazo de la acción de protección basándose en las alegaciones que expone en su presentación.

Como cuestión previa, sostiene que la materia versa sobre un derecho perteneciente al sistema de seguridad social (Art. 19 N° 18 de la Constitución), el cual se encuentra expresamente excluido del ámbito de aplicación de la acción de protección según la enumeración taxativa del artículo 20 de la Carta Fundamental. Añade que el legislador contempló un procedimiento especial y reglado de doble instancia para la revisión de las licencias médicas y subsidios, por lo que la presente vía constitucional es improcedente.

En subsidio de lo anterior, e informando sobre el fondo, la institución señala que el rechazo de las licencias médicas de descanso prenatal y postnatal (números 108326316 y 109276216) se fundó en la causal "sin vínculo laboral según fiscalización". Según consta en el expediente administrativo y la cartola médica de Fonasa, no se acreditaron los elementos de subordinación y dependencia, detectándose que la recurrente no mantenía un puesto físico en el local, realizaba actividades de forma telemática (lo que no coincidía con su contrato) y percibía su sueldo en efectivo, perdiéndose la trazabilidad de los pagos.

Asevera que las cotizaciones previsionales fueron pagadas de manera extemporánea, lo que permite presumir que la relación laboral fue simulada con el posible propósito de acceder fraudulentamente al subsidio.

Hace presente que los documentos acompañados por la recurrente (contrato y liquidaciones) son considerados de carácter meramente formal y no logran desvirtuar lo constatado en terreno por la Compin.

Señala que su actuación obedece al de una autoridad técnica de fiscalización en virtud de su Ley Orgánica (N° 16.395), la cual le otorga supervigilancia en los órdenes médico-social, jurídico y administrativo. Precisa que la licencia médica es un acto médico administrativo y que el solo otorgamiento por un facultativo no genera un derecho adquirido al subsidio si no se cumplen los requisitos legales, entre ellos, la calidad de trabajador, la cual resulta esencial.

Concluye que la acción de protección debe ser desestimada por cuanto no existe un derecho indubitado o preexistente, toda vez que la procedencia del subsidio es precisamente la materia controvertida tras las sucesivas revisiones técnicas. Agrega que el acto no es arbitrario ni ilegal, sino que emana del estudio y ponderación de los elementos de hecho y de derecho, con pleno apego a la normativa y a la jurisprudencia de los tribunales superiores (citando causas Rol N° 1179-2018 de la C.A. de Concepción y Rol N° 2698-2018 de la Excma. Corte Suprema), y que no se ha vulnerado el derecho de propiedad ni la integridad física de la recurrente, pues la administración actuó dentro de la esfera de sus competencias legales.

Adjunta a su presentación: copia del expediente administrativo Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que la recurrida afirma que las materias objeto del recurso incoado pertenecen al campo de la seguridad social y que, por ende, se encuentran excluidas del ámbito de la acción de protección. En este punto, cabe recordar que lo pretendido por la actora es el pago del subsidio por incapacidad laboral que indica, el cual ha sido negado por la recurrida y respecto del cual se afirma que lo fue de manera ilegal y arbitraria. Así las cosas, la recurrente ha imputado a la Superintendencia de Seguridad Social la realización de un acto ilegal y arbitrario que afectaría su derecho de propiedad, materia que, por imperativo del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, es precisamente objeto de la presente acción constitucional. Conforme a lo anterior, esta alegación será rechazada.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, resulta imperativo recordar que la acción de protección de garantías constitucionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una vía de cautela urgente y sumaria, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten derechos que se encuentren ya consolidados e indubitados en el patrimonio jurídico del recurrente. En este sentido, la jurisprudencia constante de la Excma. Corte Suprema ha sostenido que esta sede no es la vía idónea para declarar derechos ni para dirimir controversias sobre hechos sustanciales que requieren de un juicio de lato conocimiento, sino que su presupuesto indispensable es la existencia de una prerrogativa preexistente, clara y no sujeta a discusión.

QUINTO: Que, en relación con la presente controversia, la pretensión de la recurrente —consistente en que se autoricen sus licencias médicas pre y post natal y se ordene el pago de los subsidios respectivos— se encuentra supeditada necesariamente a la existencia de un vínculo laboral vigente al momento de la emisión del reposo. No obstante, del análisis de los antecedentes acompañados, se colige que dicho presupuesto no reviste el carácter de indubitado, toda vez que los órganos técnicos recurridos (Compin y Suseso) han impugnado la realidad de la relación de subordinación y dependencia basándose en hallazgos de fiscalización concretos, tales como la extemporaneidad en el pago de cotizaciones, la falta de concordancia entre las funciones pactadas y las efectivamente desempeñadas, entre otros.

SEXTO: Que, así las cosas, existiendo cuestionamientos relativos al vínculo laboral en que se basa la prestación de seguridad social solicitada por la recurrente, la controversia excede el marco de esta acción cautelar, requiriendo de un pronunciamiento en el marco de un procedimiento de lato conocimiento necesario para desvirtuar las presunciones de la autoridad administrativa y declarar, en su caso, la existencia real de la relación laboral.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, al no existir un derecho preexistente y no controvertido en favor de la recurrente, la acción de protección no puede prosperar, sin perjuicio de las acciones ordinarias que la recurrente pueda ejercer para acreditar la veracidad de su vínculo laboral.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Rodrigo Vargas Montané, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

N° Protección-1814-2025.(csd)