Protección contra FUNDACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado

C.A. de Temuco.

Temuco, catorce de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio N°1, comparece Valeri Barría, Abogada, en representación de doña nombre reservado, chilena, casada, profesora, RUT N°NUM000 y de su hijo menor de edad, nombre reservado, recurriendo de protección en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, por las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias, que culminan con la expulsión del Establecimiento Educacional de su representado, conforme a los fundamentos que expresa.

Señala que mediante resolución de 30 de marzo de 2026 el establecimiento dispuso la expulsión del alumno, fundada en la comisión de faltas calificadas como gravísimas conforme al Reglamento Interno, consistentes en conductas que afectarían a otro estudiante y considerando además como agravante una sanción previa derivada de la activación de gas pimienta al interior de una sala de clases.

Refiere que con fecha 8 de abril de 2026, se interpone Recurso de Reconsideración en contra de la referida resolución, señalando que el contexto académico y temporal en que se aplicó, la medida, además de ser considerada desproporcionada, no considera que el estudiante actualmente se encuentra cursando cuarto año de educación media, y el colegio no entregó ninguna otra opción u otra medida que le permita finalizar sus estudios, lo cual atenta directamente en contra de los Derechos Constitucionalmente Reconocidos en Chile.

Agrega que con fecha 22 de abril de 2026, el Establecimiento resolvió rechazar la apelación deducida, confirmando la medida de expulsión del estudiante.

Sostiene que la medida resulta ilegal y arbitraria por haberse adoptado sin un debido proceso, sin una investigación adecuada y sin que el estudiante hubiera podido ejercer efectivamente su derecho de defensa. Agrega que la resolución carecería de una descripción suficiente de los hechos que fundamentan la sanción.

Afirma que el procedimiento de reconsideración y apelación fue tramitado de manera irregular, que no se entregó oportunamente acceso a los antecedentes de la investigación y que el establecimiento incurrió en contradicciones respecto de los recursos procedentes.

Añade que la conducta atribuida al alumno consistió en una broma dirigida a un compañero de curso, produciéndose un error respecto de la identidad de la persona que ocupaba el cubículo del baño. Sostiene que no existió grabación efectiva ni difusión de imágenes y que el establecimiento no consideró adecuadamente la versión del estudiante ni la de testigos que habrían podido esclarecer los hechos.

Indica además que la sanción resulta desproporcionada, especialmente considerando que el alumno cursa cuarto año medio, mantiene buen rendimiento académico y una trayectoria educacional sin anotaciones negativas relevantes.

Denuncia la vulneración de las garantías contempladas en los artículos 19 N°3, N°10 y N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto los actos recurridos constituyen una actuación claramente arbitraria por ser estos contrarios a la razón, meros actos de voluntad carentes de fundamento probatorio, obedeciendo en definitiva a caprichos en que se ha usado abusivamente de la autoridad escolar distorsionando de esta forma los procedimientos legítimos por lo que restan validez a la sanción recurrida.

Conforme a ello, solicita dejar sin efecto la expulsión; o bien disponer las medidas que determine en función de la naturaleza del recurso.

A folio N° 15, informa la recurrida FUNDACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado, solicitando en primer término el rechazo del recurso.

Expone que, para una correcta ponderación de la proporcionalidad de la medida adoptada por la Dirección del establecimiento, es indispensable señalar que el estudiante había sido previamente sancionado con suspensión de cinco días por activar gas pimienta dentro de la sala de clases, conducta que puso en riesgo a alumnos y docentes, medida que fue aceptada y conocida por la apoderada.

Señala que la medida de expulsión deriva de una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por los padres de un alumno de sexto básico, quien habría sido sorprendido en un cubículo de baño por estudiantes de enseñanza media que simularon grabarlo con un teléfono celular, generando una afectación emocional significativa.

Indica que con motivo de la denuncia se activó el protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa; que se recibieron declaraciones de los involucrados, testigos y apoderados. También se realizaron otras gestiones investigativas, se revisaron registros de cámaras de seguridad y se desarrolló una investigación completa conforme al Reglamento Interno.

Sostiene que el alumno fue oído durante la investigación, que reconoció parte sustancial de los hechos imputados, que la apoderada ejerció recursos internos y que la decisión fue posteriormente revisada y ratificada por el Consejo de Profesores.

Agrega que la conducta fue calificada como falta gravísima de acuerdo al Reglamento Interno y que el alumno afectado terminó retirándose del establecimiento educacional producto del impacto emocional sufrido.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta conforme el mérito de los antecedentes, adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados.

Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que corresponde a la decisión de expulsar al alumno nombre reservado del establecimiento educacional recurrido, medida adoptada al término de un procedimiento disciplinario desarrollado conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Tercero: Que la recurrente denuncia principalmente: a) infracción al debido proceso; b) insuficiencia de la investigación realizada; c) falta de fundamentación de la medida; d) desproporción de la sanción; y e) vulneración de los derechos a la educación y propiedad derivados de la calidad de alumno regular.

Cuarto: Que, conforme al artículo 46 del DFL N°2 de Educación, a la Ley General de Educación y a la normativa dictada por la Superintendencia de Educación, los establecimientos educacionales poseen autonomía para regular su convivencia interna mediante reglamentos válidamente aprobados, pudiendo aplicar medidas disciplinarias, incluso de expulsión, siempre que éstas se encuentren previstas reglamentariamente y se adopten mediante procedimientos racionales y justos.

Quinto: Que del mérito de los antecedentes acompañados aparece que el establecimiento activó el protocolo correspondiente a situaciones de maltrato o violencia escolar, desarrolló una investigación interna, recibió declaraciones de los involucrados, revisó registros de cámaras de seguridad y emitió una resolución formal.

Sexto: Que particularmente relevante resulta que el propio alumno fue entrevistado dentro del procedimiento, reconociendo haber concurrido al baño, haber simulado una acción de grabación con un teléfono celular y haber abierto la puerta del cubículo creyendo que en él se encontraba un compañero determinado, circunstancias consignadas en el acta respectiva.

Séptimo: Que, en consecuencia, no resulta efectivo que el estudiante haya sido completamente privado de su derecho a ser oído ni que la decisión hubiera sido adoptada sin investigación previa alguna.

Octavo: Que tampoco se observa infracción a la garantía contemplada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, toda vez que los procedimientos disciplinarios escolares no constituyen procesos jurisdiccionales ni implican el ejercicio de potestad jurisdiccional por parte de una comisión especial, sino el ejercicio de facultades disciplinarias conferidas por la normativa educacional a los establecimientos educacionales.

Noveno: Que lo exigible en estos procedimientos es el respeto de estándares mínimos de debido proceso administrativo escolar, tales como conocimiento de los cargos, posibilidad de formular descargos, investigación previa y revisión de la decisión, exigencias que aparecen satisfechas en la especie.

Décimo: Que, en cuanto a la alegación relativa a la inexistencia de grabación efectiva, ella no resulta decisiva para resolver el conflicto, puesto que la conducta sancionada no se limitó a una eventual captación de imágenes, sino a la acción de irrumpir en un espacio de intimidad de un alumno menor de edad y simular estar registrándolo mediante un teléfono celular, hecho que objetivamente resultaba apto para causar afectación emocional y vulnerar la dignidad del estudiante afectado.

Undécimo: Que la recurrida acreditó además que la conducta fue calificada como falta gravísima conforme a disposiciones expresas del Reglamento Interno previamente conocidas por la comunidad educativa.

Duodécimo: Que tampoco resulta irrelevante que el alumno registrara una sanción disciplinaria anterior derivada de la activación de gas pimienta en el interior de una sala de clases, conducta que había sido calificada igualmente como grave por la autoridad escolar.

Décimo Tercero: Que, respecto de la proporcionalidad de la sanción, esta Corte reconoce que la expulsión constituye la medida disciplinaria más severa que puede adoptar un establecimiento educacional y que, por ello, debe aplicarse restrictivamente.

Décimo Cuarto: Que, sin embargo, la proporcionalidad de la medida debe evaluarse atendiendo no sólo a la situación del estudiante sancionado, sino también a los derechos de los demás integrantes de la comunidad educativa, especialmente cuando se trata de estudiantes menores de edad potencialmente afectados en su integridad psicológica y dignidad.

Décimo Quinto: Que el informe acompañado por la recurrida da cuenta de que la situación generó un impacto significativo en el estudiante afectado y su familia, llegando incluso a abandonar el establecimiento educacional luego de los hechos investigados.

Décimo Sexto: Que, aun cuando la defensa acompañó antecedentes relativos a la buena conducta general, actividad deportiva, participación comunitaria y rendimiento escolar del alumno, tales circunstancias no desvirtúan la ocurrencia de los hechos investigados ni obligan necesariamente a concluir que la medida adoptada resulte arbitraria.

Décimo Séptimo: Que la garantía del artículo 19 N°10 de la Constitución protege el derecho a la educación; sin embargo, dicho derecho no excluye la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias legalmente procedentes cuando éstas han sido adoptadas mediante un procedimiento reglamentario válido y respetuoso de las garantías mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico.

Décimo Octavo: Que la expulsión decretada no implica una privación absoluta y definitiva del acceso a la educación, sino la imposibilidad de continuar estudios en un establecimiento determinado, subsistiendo los mecanismos legales destinados a asegurar la continuidad de la trayectoria educativa del alumno.

Décimo Noveno: Que tampoco se advierte vulneración del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la calidad de alumno regular se encuentra sometida al cumplimiento de las obligaciones derivadas del reglamento institucional y no constituye un derecho absoluto inmune a las consecuencias previstas en la normativa educacional aplicable.

Vigésimo: Que, en definitiva, del examen de los antecedentes no aparece acreditado que la decisión recurrida haya sido adoptada con desviación de poder, carente de fundamento, al margen del reglamento o en infracción de las garantías esenciales del procedimiento.

Vigésimo Primero: Que, por consiguiente, no se configura en la especie acto arbitrario o ilegal susceptible de ser corregido por esta vía cautelar.

Vigésimo Segundo: Que, sin perjuicio del rechazo del presente arbitrio, esta Corte no puede desatender que la medida disciplinaria cuya legalidad se ha reconocido produce como efecto inmediato la desvinculación del adolescente nombre reservado del establecimiento educacional en el que cursaba cuarto año medio al momento de los hechos, circunstancia que exige adoptar resguardos destinados a evitar la interrupción de su proceso formativo. En efecto, el derecho a la educación reconocido en el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, desarrollado por la Ley General de Educación y reforzado por los principios contenidos en la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, impone a todos los órganos del Estado el deber de propender a la continuidad de las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando éstos se encuentran próximos a concluir la enseñanza media.

Que, en tal contexto, si bien la expulsión aplicada por el establecimiento recurrido ha sido estimada compatible con el ordenamiento jurídico, ello no exime a las autoridades educacionales competentes de adoptar las medidas necesarias para asegurar que el adolescente pueda acceder oportunamente a una alternativa educativa adecuada que le permita continuar y finalizar sus estudios, evitando que la sanción disciplinaria derive, en los hechos, en una exclusión del sistema educacional o en un menoscabo desproporcionado de sus derechos fundamentales.

Que, en consecuencia, y teniendo especialmente presente el interés superior del adolescente, su condición de estudiante de cuarto año medio y la necesidad de garantizar la continuidad efectiva de su proceso educativo, esta Corte estima procedente disponer que los antecedentes sean puestos en conocimiento de las autoridades educacionales competentes para los fines que correspondan.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°3, N°10, N°24 y 20 de la Constitución Política de la República; Ley General de Educación; DFL N°2 del Ministerio de Educación; Ley N°21.430; normativa de la Superintendencia de Educación; y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I. Que se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de la Fundación Educacional nombre reservado.

II. Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, ofíciese a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de La Araucanía y a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, remitiéndoles copia íntegra de la presente sentencia, a fin de que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias legales, adopten o coordinen las medidas que estimen pertinentes para resguardar la continuidad de la trayectoria educativa del adolescente nombre reservado y facilitar su pronta reincorporación al sistema educacional, informando oportunamente a la familia acerca de las alternativas de continuidad de estudios disponibles y a esta Corte una vez finalizado el proceso.

III. Que cada parte soportará sus costas.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-1790-2026 (maf).