nombre reservado con PDI POLICIA DE INVESTIGACIONES TOME

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, chofer profesional, chileno, divorciado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo acción Constitucional de Protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile Región Policial de La Araucanía, Rut N° RUT reservado, representada por su Jefe Nacional don nombre reservado y/o por la Jefe de la Región Policial de la Araucanía Prefecta Inspectora Consuelo nombre reservado San nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; por las omisiones arbitrarias e ilegales relativas a sus obligaciones sobre orden, seguridad pública en las que ha incurrido la autoridad del Estado que representan, que privan, perturban y/o amenazan las garantías constitucionales que se referirán, conforme a los antecedentes de hecho y derecho que se pasan a exponer: CIRCUNSTANCIAS FACTICAS.

Que, con fecha 30 de mayo de 2022, a eso de las 08:56, se presentó una declaración ante las dependencias de la Fiscalía de Carahue de La Araucanía, en la que señala el recurrente en que es propietario de un camión que fue robado, y se encuentra a nombre de su empresa Explotación de Bosques y Comercializadora de maderas JARVER SPA, en octubre del pasado año, causa RUC N° 2200434961-3, que se adjunta en un otrosí de esta presentación. Que, concurrió a la unidad policial (PDI) acompañándole información de la ubicación actual del camión incluso las coordenadas, en el sector Quidico paradero Colil, 1 Km hacia el cerro, Comuna de Cañete, el cual se encuentra en un aserradero del sector, teniendo hasta fotos actuales del camión, indicándole el funcionario policial nombre reservado que, a orden amplia de investigar, entregada por el Ministerio Publico ya se encuentra en manos de la PDI desde el 06 de mayo, y que no es una nueva instrucción para realizar diligencias que ya se sugirieron, además de las que ellos estimen realizar para el esclarecimiento de los hechos. Que, a pesar de toda la información, tener orden de investigación emanada del Ministerio Publico, es imposible que la Policía de Investigaciones prestaran la debida atención, un actuar negligente e indebidamente dilatorio del órgano del Estado que deberían de brindarnos su apoyo con las labores de búsqueda y esclarecimiento de los hechos. Que, mi representado es el segundo camión que le destruido, considerando que le han quemado su otro camión y este ha sido robado y por actuar de flagrancia se ha omitido realizar la gestión de búsqueda del mismo. Que, el Propio director Nacional de la Policía de Investigaciones ha señalado que las instituciones en este país funcionan a cabalidad y que ellos están para proteger los derechos de los ciudadanos en todo el país, lo cual, acá se le están entregando todos los antecedentes y literalmente no se hace nada para ayudar a una víctima de un ROBO CON VIOLENCIA. ILEGALIDADES Y ARBITRARIEDADES. - En este contexto, entonces, no cabe sino señalar que el actuar de las recurridas, es a todas luces un acto ilegal y arbitrario. Como se podrá apreciar, la recurrida, a través de su respuesta rechazo de realizar diligencias investigativas y la omisión frente a la instrucción particular despachada por Fiscalía, a todas luces constituyen un acto y una omisión arbitraria e ilegal, tal como se expondrá a continuación: Tal como se reseñó, en su calidad de víctima por el robo de su vehículo, ha solicitado en dos ocasiones que se decreten diligencias investigativas para dar con el paradero de su máquina de Trabajo, aportando información relevante que daría con la ubicación y posibles participantes en el hecho. En este orden de cosas, como primer punto cabe tener en consideración que la Policía de Investigaciones, se encuentra sometida al principio de legalidad y juridicidad de los órganos del Estado, lo anterior en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de la República: “los órganos del estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme ella”. En este orden de cosas, en primer lugar, nos referiremos a lo dispuesto en el Capítulo VII “Ministerio Público” de la Constitución de la República, que, en lo pertinente, señala en su artículo 83 lo siguiente: “El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.” (…)Lo destacado es nuestro. Luego, cabe tener presente lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público N°19.6401. En efecto, esta norma dispone que: Artículo 4º.- El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán siempre de aprobación judicial previa. Artículo 6°.- (…) Los procedimientos del Ministerio Público deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y procurarán la simplificación y rapidez de sus actuaciones. Asimismo, cabe tener en vista lo establecido en el Código Procesal Penal: Artículo 79.- Función de la policía en el procedimiento penal. La Policía de Investigaciones de Chile será auxiliar del ministerio público en las tareas de investigación y deberá llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, en especial en los artículos 180, 181 y 187.

Artículo 81.- Comunicaciones entre el ministerio público y la policía. Las comunicaciones que los fiscales y la policía debieren dirigirse en relación con las actividades de investigación de un caso particular se realizarán en la forma y por los medios más expeditos posibles. Finalmente, cabe tener en consideración lo establecido en la Ley Orgánica Policía De Investigaciones, Decreto Ley 2460. Artículo 4°.- La misión fundamental de la Policía de Investigaciones de Chile es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales. Artículo 5°.- Corresponde en especial a Policía de Investigaciones de Chile contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación (…). Artículo 7°.- La Institución dará al Ministerio Público y a las autoridades judiciales con competencia en lo criminal, el auxilio que le soliciten en el ejercicio de sus atribuciones. Deberá cumplir sin más trámite sus órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso. De las normas reseñadas anteriormente, no cabe sino concluir que la institución recurrida ha incurrido en actuaciones y omisiones ilegales y arbitrarias, que conculcan mis garantías fundamentales. Resulta ineludible referirse al comportamiento desplegado por la Policía de Investigaciones, institución que no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado por Fiscalía Local de Temuco, omitiendo su deber legal de dar cumplimiento a la instrucción de una Orden amplia de investigar. En efecto, a partir de las normas transcritas en esta presentación, resulta evidente que esta institución transgrede su normativa legal, toda vez que, su propia ley orgánica, Decreto Ley 2460, dispone que deberá dar al ministerio Público el auxilio que le soliciten en el ejercicio de sus atribuciones, debiendo cumplir sin más trámite, sus órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad. Asimismo, el artículo 82 del Código Procesal Penal dispone que ante la imposibilidad de cumplir con lo instruido por el Ministerio Público, el funcionario policial respectivo pondrá inmediatamente esta circunstancia en conocimiento de quien la hubiere emitido y de su superior jerárquico en la institución a que perteneciere. En definitiva, resulta evidente que el rechazo a la solicitud de diligencia investigativa y la indebida dilación en la investigación de los hechos, es arbitrario, por cuanto carece de fundamento, junto con vulnerar la normativa legal que regula tanto el actuar del Ministerio Público como de la Policía de Investigaciones. En efecto, las decisiones de las instituciones recurridas, carecen de fundamento legal, y de toda racionalidad, DERECHOS CONSTITUCIONALES PERTURBADOS Y VULNERADOS: En consecuencia, de lo anteriormente reseñado, el actuar de la recurrida, consistente en rechaza la solicitud de que se decrete diligencia investigativa, consistente en la búsqueda del vehículo, en razón a la información de ubicación suministrada y racional investigación de los hechos que rodean su desaparición, ha significado una perturbación a sus garantías, que paso a individualizar: I) El derecho a la integridad psíquica de la persona y II) derecho de igualdad ante la ley, contemplados en los números 1°, 2°, 21° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, respectivamente. Afectación de la garantía contemplada en el artículo 19, N°1, esto es, derecho a la integridad física y psíquica de la persona. En efecto, el actuar arbitrario e ilegal denunciado, consistente en rechaza la solicitud de que se decrete diligencia investigativa, consistente en la búsqueda del vehículo, en razón a la información de ubicación suministrada y racional investigación de los hechos que rodean su desaparición, mínima diligencia que se le puede exigir a el órgano del Estado- junto con la indebida dilación que ha existido respecto a la investigación de estos hechos, se encuentra provocando un agudo nivel de estrés y angustia en la persona y en la familia del recurrente, quien quedo sin su medio de trabajo. Todo lo anterior ha significado para su persona un menoscabo efectivo y relevante en su integridad psíquica, ya que, frente a la incertidumbre y desesperación de no encontrar apoyo en el órgano recurrido, me ha llevado a padecer cuadros de estrés, angustia y profundo dolor, provocados por el actuar arbitrario e ilegal desplegado por la recurrida, al negarse a llevar a cabo las más mininas diligencias para obtener información acerca del paradero de su vehículo, y más que eso su medio de trabajo. De inmediato, aquello significa también una afectación de su integridad física. Palmario de lo anterior, resulta el impacto que significó esta situación para la salud física y mental de quedar sin su fuente laboral, luego de haber pedido un primer vehículo producto de la quema del vehículo en la macro zona sur, y conflictos existentes en la zona, lograr adquiere este nuevo vehículo y el mismo es robado, luego de obtener la ubicación del mismo, la recurrida negligentemente obvia la información. Afectación a la garantía contemplada en el artículo 19 N°2, esto es, la igualdad ante la ley. Se contraviene, además, el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile ya que esta arbitrariedad implica, además, que ha recibido un trato desigual y discriminatorio en su calidad de víctima, en relación a aquellas personas respecto de las cuales si se accedió a lo solicitado, practicándose las diligencias investigativas pertinentes para esclarecer los hechos, y en definitiva reciben un trato igualitario y justo, todo lo cual vulnera la igualdad ante la ley de acuerdo al precepto vulnerado. En definitiva, el órgano recurrido se encuentra evidentemente estableciendo diferencias arbitrarias frente a mi persona y respecto de nuestra familia, ya que, no existe un motivo racional que justifique la diferencia de trato frente a los demás ciudadanos victimas de robo, respecto de las cuales se despliegan amplios operativos policiales para dar con su paradero. En cambio, frente a nuestro caso, si quiera se ha accedido para así poder ampliar el espectro de personas que puedan tener alguna información relevante que aportar sobre el paradero dl vehículo, dilatando por más tiempo la investigación, escudándose en argumentos que no se condicen con la normativa legal aplicable. Afectación a la garantía contemplada en el artículo 19 N°21, esto es, El derecho a desarrollar cualquier actividad económica. El contemplado en el artículo 19 Nro. 21 de la Constitución Política de la República, ya que ante la conducta omisiva de la autoridad recurrida se pone en riesgo, se perturba y amenaza el derecho a desarrollar la actividad económico que constituye la fuente de sostén para el recurrente, quien al ser robado su bien, implica el ánimo de afectarlo en el ejercicio de su actividad económica que lícitamente han emprendido, tomando en cuenta que el derecho constitucional no se limita al hecho de poner en marcha una actividad, sino que en asegurar su continuidad y su desarrollo sin perturbación o injerencia ilegal o arbitraria de ninguna especie, lo que claramente se encuentra amenazado con la conducta de la autoridad que nada hace para ubicar el vehículo. Afectación a la garantía contemplada en el artículo 19 N°24, esto es, El derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Se afecta el Derecho de Propiedad sobre toda clase de bienes, contra lo que dispone el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, de la ya que cada atentado se consuma con robo del bien que en particulares, herramienta de trabajo no pudiendo ejercer su derecho de uso y goce, sin perjuicio de ver severamente lesionado su derecho a disponer del mismo, cuantificándose en millones de pesos las pérdidas patrimoniales para el recurrente. PRESUPUESTOS DE PROCESABILIDAD. De lo señalado se puede colegir, que, en el caso en concreto, concurren copulativamente: 1.- Varios derechos constitucionales comprometidos cuya protección se reclama, por lo que la sentencia que podría llegar a dictarse no adolecería de fundamento. 2.- La existencia de un interés protegido por la ley. 3.- La calidad de titular por parte del recurrente de los derechos constitucionales amagados. 4.- La aptitud para actuar en juicio del recurrente y reclamar los derechos que se reclaman. PETICIONES CONCRETAS. Se pide restablecer el imperio del derecho, haciendo cesar el acto arbitrario e ilegal, y ordene a la POLICIA DE INVESTIGACIONES Región Policial de La Araucanía: Declarar que el recurrido han incurrido en omisiones arbitrarias o ilegales, relacionados con su obligación de investigar los hechos y para efectos de solicitar a Brigada Investigadora de Robos Temuco, la investigación sobre los datos de ubicación del vehículo, lo que ha redundado en una afectación a las Garantías consagradas en los artículos 19 Nro. 1, 19 Nro. 2, 19 Nro. 21 y 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, respecto de todos los recurrentes.

Por ello pide, tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Región Policial de La Araucanía, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos y garantías transgredidos, todo ello quebrantado por las conducta ilegal y arbitraria de la recurrida declarando que se adopten las resoluciones que juzgue. Lo anterior sin perjuicio de las medidas que se determinen para el pronto restablecimiento de los derechos perturbados, privados y amenazados, Se condene en costas a la recurrida. Acompaña: 1. Registro de declaración ante la Fiscalía del Ministerio Público, fecha 30/05/2022. 2. Registro de declaración ante la Fiscalía del Ministerio Público, fecha 05/05/2022.

Comparece a su turno, OMAR ALONSO CASTRO TORRES, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, informando: Ante lo expuesto por la recurrente, esto es, que esta Policía no habría dado cumplimiento a la orden de investigar emanada del Ministerio Publico, en le marco de la causa RUC N°2200434961-3 y que, en base a los elementos aportados por él, no se habría resuelto la presente investigación, es dable señalar lo siguiente: 1.- Que dicha aseveración no es efectiva, toda vez que sí se dio cumplimiento a la orden de investigar recién referida; más aún, mediante el Informe Policial N° 20220305097/01251/867/, de fecha 20.JUN.022, de la Brigada Investigadora de Robos Temuco, se informó al Ministerio Publico de Carahue el cumplimiento de la diligencias de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos, detallándose en forma pormenorizada el cómo se dio cumplimiento a la orden de investigar, supuestamente incumplida. 2.- En base a lo relatado precedentemente, en base a las diligencias realizadas, se estableció que el día 04.MAY.022, a eso de las 07:30 horas, en el Km 30, Ruta S-138, que une la comuna de Tirúa con el sector Tranapuente, comuna de Carahue, la víctima de los hechos, don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, conductor del camión Volvo, modelo FM 11, año 2010, color blanco, placa patente CHDK-70, de propiedad del recurrente, al momento de llegar al sector bajo Yupehue (costado ruta S-138) a fin de acoplar el carro del camión, es abordado por alrededor de 7 personas, todos con sus rostros cubiertos, quienes se movilizaban en dos camionetas Mitsubishi, color rojo, procedieron a intimidarlo con armas largas, haciéndolo descender, trasladándolo encapuchado a un bosque donde lo abandonan, hasta que es auxiliado por el Sr. nombre reservado, quien lo traslada hasta una Comisaría de Carabineros para efectuar la denuncia respectiva. 3.- Asimismo, en el desarrollo de las primeras diligencias del caso, se pudo acreditar, conforme a la dinámica delictual, que también fue sustraído el teléfono celular del chofer del camión, por lo que con fecha 11.MAY.022, se obtuvo el número IMEI de la especie, previa consulta a las compañías telefónicas realizada por el Oficial de caso, Subcomisario nombre reservado, quien el 12 .MAY.022 recepcionó un llamado telefónico del recurrente, quien manifestó que posee nuevos antecedentes respecto a los hechos, razón por la cual, se coordinan para la toma de una nueva declaración a esta persona, en dependencias de la Brigada, donde señala que a través de contactos con personas anónimas, le informaron que su camión habría sido divisado en el sector La Huella, cercano a Quidico, de propiedad de nombre reservado, y que este sujeto está vinculado con otras personas que se dedican a robar vehículos, encapuchados, utilizando armas largas, cuyos nombres corresponderían a: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado. 4.- Continuando con las diligencias, el 16.MAY.022, en cumplimiento de la orden de investigar, el Subcomisario nombre reservado, en compañía del Inspector EDGAR QUIÑILÉN GARCÉS y Oficiales Policiales de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Temuco, concurrieron al lugar de los hechos, realizando el estudio del Sitio del Suceso y empadronamiento de eventuales testigos, donde se tomó declaración bajo esta calidad a distintas personas residentes del sector, que habrían interactuado con la víctima, con posterioridad a la comisión del delito y cuyos relatos eran coincidentes con los hechos denunciados. Asimismo, el 18.MAY.022, se tomó declaración en calidad de testigo a don nombre reservado, conductor de un furgón escolar del sector y que manifiesta haber divisado al Sr. nombre reservado conduciendo el camión en el sector de Loncoyamo, y que transcurridas unas horas lo vio solo, a orillas de carretera, donde éste le confirma que fue víctima del robo del camión. Seguidamente, se tomó declaración al cuñado de la víctima, don nombre reservado, quien lo auxilió con posterioridad a los hechos, para posteriormente dejarlo junto con el propietario del camión nombre reservado. 5.- Siguiendo con el desarrollo de las diligencias de investigación, en base a los antecedentes obtenidos de la empresa Claro, respecto a la asociación del teléfono sustraído con don nombre reservado, a través del número IMEI del equipo, es que con fecha 18.MAY.022, se ubicó y tomó declaración en calidad de testigo a la persona antes mencionada, estableciendo a través de su testimonio, que dicho teléfono era de su propiedad antes de los hechos delictuales acaecidos, ya que se lo vendió a la pareja de nombre reservado, razón por la cual se descartó alguna participación en los mismos. De igual manera, en consideración de la primera declaración aportada por el denunciante, respecto a las sospechas que mantenía hacia el conductor de su camión, es que con fecha 25.MAY.022, se le tomó declaración policial en calidad de imputado a don nombre reservado, quien aporta más antecedentes respecto a los hechos que fue víctima, negando tener algún vínculo con los autores del ilícito. 6.- Con fecha 27.MAY.022, se le toma una nueva declaración a don nombre reservado, quien se presentó en la Brigada, señalando que mantenía nuevos antecedentes respecto a la ubicación de su camión. En este sentido, consignó que una persona que no quiso identificarse, vía telefónica, le señaló que había visto transitar el vehículo, en faenas de extracción de madera, siendo conducido por una persona que identifica como “Nere”, de apellido nombre reservado, entregando las coordenadas (-38,237338, -73.465688), las que corresponden al norte del sector Quidico, cerca de la playa, comuna de Tirúa. Se hace presente además que, con la finalidad de agotar todas las diligencias para la eventual ubicación del camión sustraído, a través de la información que podría proporcionar el servicio GPS, es que con fecha 14.JUN.022, el Subcomisario nombre reservado, entrevistó a don nombre reservado, cédula de identidad Nro. RUT reservado, trabajador de la empresa Tecno Datos, quien confirmó que entregan servicio de vigilancia a distancia al denunciante respecto al camión sustraído, agregando que, de acuerdo al historial del GPS, establecieron que la última información proporcionada fue el 03.MAY.022, cuya ubicación del móvil correspondía a Carahue, antecedentes que fueron ratificados por los Oficiales Investigadores, a través del análisis de los reportes proporcionados por la empresa mediante dirección URL. Se consultó respecto a esta arista investigativa al conductor del camión, don nombre reservado, quien manifestó desconocimiento respecto a la desactivación del GPS, negando haberlo manipulado, asimismo, confirmó que el fono sustraído, era un regalo que le hizo su actual pareja, todo lo anterior, plasmado en una respectiva declaración, formalizada con fecha 15.JUN.022. 7.- Respecto de las restantes diligencias de investigación se hace presente al Ilustrísimo Tribunal, las mismas permitieron ubicar y entrevistar a don nombre reservado (quien registra antecedentes policiales por el delito Hurto 2013, e Infracción a la ley 20.000, años 2018, 2019), estableciendo que fue la persona que trasladó a nombre reservado hasta un colegio cercano, dejándolo donde la familia nombre reservado, quienes tomaron contacto con el propietario del camión y dieron aviso de la ocurrencia del ilícito, esto con fecha 16.MAY.022, donde además se solicitó a las empresas telefónicas el tráfico respectivo del equipo, con posterioridad a la comisión del delito. Se reitera que en el respectivo Informe Policial de la Biro Temuco, que da cuenta de las indagaciones realizadas por los hechos, fueron consignados e individualizados, las personas mencionadas por el recurrente don nombre reservado, como posibles sujetos que se dedicarían a la comisión de delitos violentos en el sector de ocurrencia de los hechos. En este sentido, se solicitó al Fiscal de caso, poder utilizar la técnica especial investigativa de la intervención telefónica, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 20.931, artículo 2, numeral 21, donde establece que dicha técnica puede ser utilizada, cuando dos o más personas, conforman un grupo u organización, para perpetrar entre ellos el delito de Receptación, en relación a que por el momento, no existe la evidencia ni testigos que permitan establecer que los sujetos mencionados por el denunciante tienen vinculación con el delito base (Robo con Violencia o Intimidación), pero si habrían mantenido o mantienen el camión para la extracción de madera, en las cercanías de la localidad de Quidico, comuna de Tirúa, aportando para tal efecto, los números telefónicos de nombre reservado y nombre reservado, obteniendo las respectivas autorizaciones judiciales con fecha 12.JUL.022. 8.- Por otro lado, se hace presente que el recurrente además yerra en su acción, desde que estima que esta Policía está dotada de facultades para decretar diligencias o actuaciones fuera de las directrices del Ministerio Público, lo cual atenta contra el principio de legalidad citado por el propio recurrente, contra lo establecido en la Ley 19.640, y las propias disposiciones del Código Procesal Penal; por tanto, la Policía de Investigaciones de Chile no puede actuar de forma oficiosa, decretando medidas intrusivas o que afecten los derechos de terceros sin autorización de la autoridad facultada para ello. 9.- En lo tocante a las supuestas garantías constitucionales vulneradas, se debe indicar que, respecto de la aparente vulneración a la integridad física y psíquica del recurrente, no se vislumbra de qué manera se pudo ver afectada; en cuanto a la igualdad ante la ley, tampoco señala el peticionario de qué forma se le dio un trato desigual frente a otras investigaciones penales; y en relación a la supuesta infracción a su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, o a su derecho de propiedad, es aún más precaria su alegación, pues el cumplimiento de una diligencia policial como las descritas, no puede configurar una infracción como la pretendida, máxime si el mismo no ha incorporado y/o acompañado antecedente justificativo al respecto de este último derecho.

CONCLUSIÓN:

En atención a lo expuesto, es patente que no ha existido lenidad o inacción de los agentes policiales frente al ilícito investigado, muy por el contrario, se han desplegado un cúmulo de diligencias próximas en el tiempo, tendientes al esclarecimiento de los hechos. En efecto, los antecedentes aportados por el recurrente sí han sido considerados y utilizados de forma adecuada en la investigación y, en base a lo relatado precedentemente, no es efectivo lo manifestado por la recurrente, en el sentido que personal policial haya actuado de forma ilegal y arbitraria, o vulnerado garantía constitucional alguna, pues no se ha actuado de manera ilegal o arbitraria, puesto que el procedimiento policial denunciado por el presente recurso fue ejecutado conforme a los criterios que la normativa legal y reglamentaria impone. Por ello pide, tener por evacuado el informe de autos y, con su mérito, rechazar la acción de protección planteada, por las razones recién expuestas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, del extenso relato contenido en el recurso, así como del informe requerido en la presenta causa, se desprende que lo que se cataloga de ilegal y arbitrario es el deficiente procedimiento policial llevado a cabo por la Policía de Investigaciones, en cuanto no ha avanzado mayormente en investigar los hechos denunciados por el recurrente ni tampoco dar con el paradero de su camión aparentemente sustraído, argumentando que a pesar de haber proporcionado importantes antecedentes sobre los posibles sospechosos, no ha podido en definitiva recuperar su vehículo.

TERCERO: Que, como se sabe, para que prospere una acción cautelar como la impetrada, la perturbación o amenaza a la libertad personal que se denuncia, debe ser ilegal o arbitraria, debiendo aparecer de los antecedentes la adopción de alguna decisión contraria al ordenamiento jurídico vigente, circunstancias que en el caso sub-lite, en criterio de esta Corte no concurren.

En efecto, tal como lo ha señalado la recurrida, la Fiscalía de Chile o el Ministerio Público es una institución autónoma, cuya función es dirigir a través de sus fiscales y en forma exclusiva la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos, para lo cual trabajan de manera coordinada con la Policía de Investigaciones y con Carabineros, todo lo cual está en armonía con el artículo 5° del Decreto Ley 2460 que contiene la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, que impone como deber de la institución, entre otras, la de “[…] dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación […]”.

En cuanto a la arbitrariedad denunciada –en tanto actuar caprichoso o carente de razón o justificación por parte del agente-, misma conclusión se alcanza, desde que, como se dijera, la intervención policial debe ser conforme al mandato de la instrucción particular emanada de la Fiscalía, impartida al amparo del artículo 80 del Código Procesal Penal, por el órgano a quien, constitucional, pública y autónomamente, le corresponde dirigir, exclusiva y objetivamente, las investigaciones penales y el ejercicio de la acción penal pública.

CUARTO: Que, esta manera, no concurriendo los presupuestos fácticos propios del recurso cautelar deducido, y excediendo lo pedido los marcos de esta acción excepcional, resulta forzoso desestimarlo.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional deducida a favor de nombre reservado.

Redacción del Ministro Sr. Alberto Amiot.

Regístrese.

N°Protección-17882-2022. (csd)