nombre reservado con CARABINEROS IX ZONA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de junio de dos mil veinte.

VISTO:

A folio N°1-2019 comparece nombre reservado, Estudiante de Derecho, nombre reservado, Licenciada en Ciencias Jurídicas, MARTA VICTORIA YÁÑEZ QUEUPUMIL, Abogada, y CAROLINA ELIZABETH GUERRA ARCE, Abogada, quienes interponen Acción de Protección en favor de doña nombre reservado, y don nombre reservado y en contra de CARABINEROS DE CHILE, y del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Fundan su acción en que desde la instauración del estado de emergencia, abogados, académicos, egresados y estudiantes de Derecho se han coordinado para contribuir al respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de todas las personas, brindando asesoría jurídica en diversos ámbitos. En el ejercicio de este trabajo voluntario, han podido constatar el incumplimiento por parte de funcionarios de Carabineros de Chile de los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, a las condiciones de detención, a las exigencias de proporcionalidad y progresividad del uso de la fuerza, así como la situación de personas que han visto gravemente vulneradas su integridad física y psíquica por actuaciones ilegales de algunos de los integrantes de dicha rama de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Señalan que es un hecho público y notorio que el uso indiscriminado de balines y de gas lacrimógeno no sólo afecta a quienes detentan el derecho constitucional de protestar, sino que además afecta a todos los peatones y a la ciudadanía que transita y habita el lugar afectado. No es posible que ejercer el legítimo derecho a la protesta condicione el desplazamiento libre por la ciudad, además de ser imposible y nocivo respirar, además del riesgo de quedar con trauma ocular por este uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios.

Refieren que este gobierno en particular ha desvalorizado y descalificado, vulnerando así un derecho con plena protección constitucional como es el derecho a la protesta social, con el único fin de silenciarlo mediante la violación indiscriminada de los Derechos Humanos, sembrando miedo y división en la ciudadanía. El principal discurso que se ha manipulado para ello es asimilar la protesta pacífica a la violencia, sólo de esta forma buscan justificación para suprimir el estallido social actual.

Agregan que los ciudadanos por los cuales recurren, participan en estas marchas en la ciudad de Temuco, y en su calidad de estudiantes de derecho y abogados, tienen el razonable y legítimo temor de que, en el marco de esas manifestaciones pacíficas y sin armas, se viole nuevamente su integridad física y psíquica e incluso se perturbe el mismo derecho de reunión del que constitucionalmente gozamos todos los ciudadanos de este país, pudiendo ocasionar nuevamente mutilaciones oculares por parte de Carabineros, si dicha institución sigue utilizando armas de fuego consistentes en escopetas antidisturbios que lanzan balines de goma y plomo, conocidos también como proyectiles de impacto cinético (“KIPs”, por su sigla en inglés), como lo ha venido haciendo hasta la fecha, desde el comienzo de las manifestaciones iniciadas en octubre pasado, según es un hecho público y notorio.

Refieren que el día 14 de noviembre del 2019, alrededor de las 15:24 horas, la estudiante nombre reservado se encontraba junto con familiares y amigos ejerciendo su derecho a manifestarse pacíficamente en la plaza Dagoberto Godoy, cuando sin mediar aviso, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile irrumpieron violentamente en la plaza disparando indiscriminadamente con escopetas de balines y pistolas lanza granadas lacrimógenas a la altura del rostro de los manifestantes, teniéndose nombre reservado que proteger dentro de una fuente de soda en el centro comercial carrusel, ubicado entre Caupolicán y Manuel Montt.

Agregan que el grupo de personas que se encontraba con ella resguardada dentro de la fuente de soda, se vieron imposibilitadas para salir del lugar, puesto que, distintos miembros de fuerzas especiales de Carabineros de Chile, se encontraban apostados a unos pocos metros del local, y de manera amenazante, burlesca, y alevosa, disparando su armamento a plena luz del día en dirección hacia la plaza desde alrededores de la galería Carrusel.

Refieren que posteriormente cae una lacrimógena hacia al local, el cual se comienza a llenar de un irrespirable humo. Con el cual quedaron varias personas afectadas junto con nombre reservado, con irritaciones faciales, ojos llorosos y dificultades respiratorias. Cabe señalar que en el local, habían aproximadamente 25 personas. Las que miraban horrorizadas el actuar indiscriminado de fuerzas especiales. Y donde finalmente, las personas a cargo, deciden cerrar el lugar, evacuando rápidamente a las personas en su interior, una vez calmado el fuego, de parte de los uniformados.

Indican que ese mismo día el ciudadano nombre reservado de 19 años fue víctima de la represión de Carabineros en la plaza Dagoberto Godoy, recibió 5 perdigones entre el cuello, el hombro la cabeza y en uno de sus ojos. Luego de haber recibido los impactos de perdigones, fue brutalmente torturado por Carabineros de Chile. nombre reservado fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y se encuentra en tratamiento, lamentablemente su familia no posee recursos económicos y su convalecencia mermara enormemente su capacidad de subsistir.

Luego de referirse a la procedencia del recurso de protección, indican que la protesta social es una expresión del derecho a voz y reunión garantizado por la Constitución Política de la República y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así vemos en la Carta Magna en su artículo 19 las siguientes garantías protegidas por este recurso y que se encuentran vulneradas, privadas y amenazadas arbitrariamente:

- N°1 Derecho a la Vida, a la integridad física y psíquica.

- N°6 Libertad de conciencia y expresión de las creencias;

- N°12 Libertad de emitir opinión.

- N°13 Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

- N°14 Derecho a presentar peticiones a la autoridad.

- N°15 Derecho a asociarse sin permiso previo.

El derecho a la protesta en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos:

- Art. 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

- Arts. 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

- Art. 21 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- Art. 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Señalan que la amenaza contra la cual se dirige el presente recurso constituye un riesgo actual y presente para el ejercicio lícito de sus derechos protegidos por el artículo 20 en relación al artículo 19 Nº 1 inciso primero de la Constitución, que asegura a todas las personas el derecho a la “integridad física y psíquica”, interpretado a la luz de lo establecido en el artículo 7º del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al artículo 5º inciso segundo de la Constitución. En particular, la amenaza radica en el riesgo cierto que existe, al participar de las manifestaciones pacíficas, de perder el uso, parcial o totalmente, temporal o definitivamente, de al menos uno de los ojos por parte del accionar indiscriminado de funcionarios de Carabineros de Chile.

Asimismo, estiman infringida la libertad de reunión, en cuanto el artículo 19 Nº13 asegura a toda persona “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”, interpretado a la luz de lo establecido en el artículo 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al artículo 5º inciso segundo de la Constitución. El derecho de reunión en Chile tiene un amplio ámbito de ejercicio. En principio se ejerce sin ningún tipo de control previo, en cualquier lugar. Si se ejerce en bienes nacionales de uso público, al punto en que interfiere con el libre uso que tienen los demás sobre él, se somete a un sistema de autorización previa. Esa autorización, si el ejercicio concreto del derecho es compatible con el orden público, da origen a un permiso. El único requisito del ejercicio del derecho es que sea de modo pacífico. Es decir, no violento ni agresivo. El uso constante de esta escopeta, con el resultado de mutilación ocular largamente analizado, constituye además un factor paralizante en el ejercicio del derecho.

Agregan que además existiría una afectación al derecho a la libre expresión, sin censura previa, en los términos del artículo 19 N°12 en relación al artículo 20 de la Constitución, interpretado a la luz de lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al artículo 5º inciso segundo de la Constitución. El derecho a la libre expresión tiene un reconocimiento amplio en nuestra Constitución. Ampara la manifestación de cualquier mensaje. El contenido es irrelevante. Se protegen así expresiones tan diversas que van de lo artístico a lo simplemente comercial. Pero como derecho tiene, además, un evidente contenido político. En efecto, la manifestación convocada para el día 12 de noviembre tuvo un carácter político, toda vez que en ella los ciudadanos de este país buscan hacer presente nuestro anhelo de transformar la sociedad chilena, a través de las fórmulas democráticas existentes u otras nuevas. Pero la amenaza que es el objeto de este recurso tiene un efecto paralizante en el ejercicio del derecho, equiparable a una censura previa a nuestro mensaje político. Si no se tiene asegurada una expresión libre de reacciones violentas, libre de la agresión y mutilación estatal, el mensaje no podrá ser oído. Así, la amenaza que atacan mediante este recurso es un acto de censura sobre el mensaje político que pretenden transmitir.

Sobre la Ilegalidad de la actuación policial por el uso excesivo de la fuerza y riesgo de la reiteración de tal ilegalidad y arbitrariedad en subsiguientes manifestaciones pacíficas Afirman que las facultades de Carabineros para hacer uso de elementos disuasivos en contra de personas deben sujetarse estrictamente a la Constitución y las leyes. Como todo órgano del Estado, Carabineros de Chile debe “someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella” y actúa válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley.

De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH), el uso de la fuerza por agentes del Estado no constituye en sí misma una violación de derechos humanos, reconociéndose incluso la posibilidad de atentar en contra de la vida cuando las circunstancias específicas del caso lo requieren. Sin embargo, esta facultad no es ilimitada y está sometida a estrictos estándares de proporcionalidad, sobre todo en consideración a que los derechos comúnmente afectados son el derecho a la vida y a la integridad física. En este sentido la Corte IDH ha señalado que “está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”.

Agregan que el test de proporcionalidad aplicado a la fuerza pública considera los hechos específicos de cada caso donde la peligrosidad de las personas que son afectadas por una acción estatal y la conducta asumida por ellas constituyen un elemento relevante para determinar la licitud de la interferencia al derecho a la vida e integridad física y, en el presente caso, a su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Es así como las necesidades de la situación y el objetivo que se trata de alcanzar son relevantes para determinar la legalidad y proporcionalidad de la medida. Sin embargo, es importante tener presente que el hecho de enfrentar una conducta o acción adversa de sujetos “supuestamente peligrosos” no otorga al Estado la posibilidad de usar la fuerza más allá de lo estrictamente necesario. Por el contrario, el Derecho Internacional contempla distintos instrumentos que establecen ciertos parámetros a los que debe sujetarse la acción estatal. En efecto el artículo 3 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establece que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Sostienen que lo anterior, no ha sucedido en el caso de marras, puesto que se utilizaron de manera indiscriminada gases lacrimógenos y uso de su escopeta antidisturbios en distintos lugares del país donde los ciudadanos se manifestaban pacíficamente y ante evidentemente presencia de niños y niñas. A mayor abundamiento, incluso en lugares donde también se encuentran centros de salud.

La proporcionalidad de las medidas también dice relación con la posibilidad de los organismos policiales para prever con antelación los posibles conflictos que enfrentarán en su acción y la obligación que pesa sobre ellos de planificar sus operaciones para mantener el control de la operación y procurar en todo momento minimizar la vulneración de derechos. Las protestas pacíficas se encuentran debidamente anunciadas en redes sociales, información pública a la cual tienen acceso los recurridos, por tanto, las fuerzas de orden y seguridad deben realizar una adecuada preparación para controlar su actuar de acuerdo a sus propios protocolos, antes de desplegar efectivos en los lugares de concentración de la ciudadanía.

Decreto N°1364 que “Establece Disposiciones Relativas al Uso de la Fuerza en las Intervenciones Policiales para el Mantenimiento del Orden Público”

Indican que el 13 de noviembre de 2018, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictó el Decreto N°1364 que “Establece Disposiciones Relativas al Uso de la Fuerza en las Intervenciones Policiales para el Mantenimiento del Orden Público” (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2018, “Decreto 1364” o “Decreto”). En dicho Decreto, se establecieron los lineamientos generales para el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público (artículo primero).

Dicho artículo es la única norma de carácter sustantivo aplicable en la especie y dispone de un conjunto de “lineamientos” que constituyen verdaderas obligaciones que deben regir el actuar policial cuando se trata del mantenimiento del orden público Agregan que dicho Decreto no contiene ninguna referencia a la utilización de armas potencialmente letales, pero sí ordena a Carabineros de Chile revisar y actualizar sus “Protocolos de Intervención de Orden Público”, como también sus instrucciones sobre el uso de la fuerza, para dar cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en el artículo primero de dicho Decreto. También establece con claridad ciertos criterios directores de la actuación de Carabineros tales como su deber de velar por los derechos de todas las personas; su obligación de dar estricto cumplimiento a la legislación y los tratados internacionales de derechos humanos; la obligación en la que también se encuentran sujetos sus integrantes de usar las medidas menos dañinas para lograr sus objetivos; su necesidad de advertir claramente del posible uso de armas de fuego; y su deber, inclusive en caso de reuniones no autorizadas por la autoridad competente y de carácter no violento, de evitar el uso excesivo de la fuerza.

Indican que de conformidad con el Decreto anterior, el General Director de Carabineros emitió la Circular 1832, de 1 de marzo de 2019, publicada en el Diario Oficial el 4 de marzo de este año, denominada “Uso de la Fuerza: Actualiza Instrucciones al Respecto”, que corresponde al instrumento normativo que en el derecho interno especifica el uso adecuado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile.

Por su parte, la Orden General Nº2635, igualmente de 1 marzo de 2019, emitida por Carabineros de Chile, Dirección General, contiene los “Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público: Aprueba Nuevo Texto y Deroga Normativa que Indica” (“Protocolo”). Su numeral 2.8, “Empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal)”, alude al uso de las escopetas antidisturbios y los respectivos balines de goma referidos en la sección de “los hechos” de este escrito. Ya se indicó previamente cómo el concepto de “munición no letal” para describir a las referidas escopetas es, por decir lo menos, incorrecto y equívoco.

Sin perjuicio de lo anterior, ese numeral 2.8 dispone “El empleo de escopetas antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos, tales como agua, humo, gases y otros que resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde esté en en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o carabineros”.

Señalan que en consistencia con esa lógica de esperable proporcionalidad y progresividad en los medios, la Circular establece el uso diferenciado y gradual de la fuerza, reconociendo cinco niveles de colaboración o resistencia que una persona puede presentar, estableciéndose asimismo cinco niveles de fuerza que el personal de Carabineros puede emplear. La información proporcionada en la Circular se encuentra resumida en la siguiente tabla, contenida en el mismo instrumento:

De esta manera, la Circular 1832, establece con claridad que el uso de escopetas antidisturbios corresponde exclusivamente a una actuación permitida para los denominados “Nivel 4 - Agresión Activa” y “Nivel 5 - Agresión Activa Potencialmente Letal”.

El Nivel 4 de Agresión Activa implica, de acuerdo con la misma Circular 1832, que “el controlado intenta agredir al Carabinero para resistir el control o evadirlo. La amenaza no pone en riesgo vidas. Ejemplo: el controlado cierra sus puños para agredir o intenta golpear al Carabinero con un objeto”.

Por su parte, el Nivel 5 de Agresión Activa Potencialmente Letal se limita a ser utilizada cuando “se realiza un ataque con armas o tácticas lesivas graves o potencialmente letales. Ejemplo: una persona amenaza o agrede a un Carabinero, o a una tercera persona, mediante artes marciales, armas blancas, o armas de fuego”. Como puede verse, el uso de armas denominadas no letales (pero que son potencialmente letales), tal como es el caso de la escopeta antidisturbios, se encuentra justificado sólo en un evento de agresión activa, definida como como un “intento de lesionar al Carabinero para resistir el control o evadirlo”. En contraste, la mera resistencia al control o la detención, incluso si dicha resistencia es activa, no autoriza el uso de dicha arma.

La Circular indica además que la escala referida, “no se trata de una escala lineal e inevitablemente ascendente”, notando que la fuerza debe disminuir si la resistencia de la persona sujeta al control o actuar policial también decrece.

Refieren que de lo anterior queda en evidencia que la Circular restringe con claridad las hipótesis en que funcionarios de Carabineros pueden utilizar las escopetas antidisturbios y los correspondientes balines. Ello es de extrema relevancia pues la misma Circular reconoce la vigencia respecto de personal de Carabineros del principio de “legalidad” entendido éste como uno que ordena que “el uso de la fuerza debe estar suficientemente fundada en la legislación nacional, como asimismo, debe efectuarse en el cumplimiento del deber, empleando métodos (procedimientos) y medios (armas) que hayan sido previamente autorizados por Carabineros”.

Indican que la vigencia del principio de legalidad por supuesto que alcanza a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Ello es consistente con que la misma Circular haya indicado precisamente en su preámbulo que “Carabineros de Chile está autorizado legalmente para emplear diversos elementos disuasivos y medios de fuerza en el cumplimiento de su deber”, pero que también “esta facultad lleva consigo obligaciones y responsabilidades, en particular con respecto a los derechos humanos que pueden verse afectados por el ejercicio de la misma” y que “el personal de Carabineros de Chile deberá garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile”.

Lo anterior, en adición a los principios de necesidad, proporcionalidad y responsabilidad antes citados, deja en evidencia a lo menos que (i) las hipótesis en que los funcionarios de Carabineros pueden utilizar escopetas antidisturbios son -no por casualidad- limitadas y por ellas responden los mismos funcionarios y sus superiores jerárquicos; (ii) los funcionarios se encuentran obligados a respetar principios de proporcionalidad y progresividad en los medios, lo que supone que las mismas hipótesis autorizadas sólo se encuentran permitidas una vez desarrolladas acciones disuasivas previas, menos intensivas en afectación de los derechos de los manifestantes; (iii) en cualquier caso, las acciones de los funcionarios de Carabineros deben respetar siempre los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y en los Tratados Internacionales de derechos humanos.

Afirman que Carabineros ha actuado ilegalmente (en un sentido amplio, pues ha violado el Decreto, la Circular y el Protocolo, así como la Constitución) al realizar las acciones que por esta presentación se han denunciado, existiendo la expectativa cierta de que siga incurriendo en dichas ilegalidades en el contexto de sucesivas manifestaciones pacíficas.

Afirman que se ha actuado por lo tanto de manera ilegal y además arbitraria al haberse ejercido dicha discrecionalidad con total falta de razonabilidad, proporcionalidad y progresividad; existiendo la amenaza creíble de que ello se reitere en las manifestaciones venideras.

En efecto, la vulneración de los principios anotados, particularmente en lo que respecta a la progresividad y proporcionalidad del uso de la fuerza, con el consiguiente actuar ilegal o arbitrario, queda de manifiesto incluso de admitirse la existencia de denuncias respecto de situaciones específicas y excepcionales. En este sentido, los antecedentes expuestos en esta presentación dan cuenta que, incluso de considerar la excepcionalidad anotada, igualmente el uso de la fuerza ha escapado de aquello que resulta racional, progresivo y proporcional de cara al actuar del recurrido.

El ejercicio indebido de esta discrecionalidad no hace más que confirmarse día a día. Así, con fecha 10 de noviembre de 2019, después de intensos reclamos públicos, nacionales e internacionales, sobre el carácter abusivo de su actuación, Carabineros de Chile emitió una declaración pública donde manifestó su compromiso de adoptar una serie de medidas, incluyendo, como lo hemos señalado, el “acotar” el uso de las escopetas antidisturbios para casos donde, además de existir riesgo de vida para Carabineros o civiles (una hipótesis que se encuentra efectivamente contenida en el Protocolo), exista una “amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados”. Sin embargo, aquella no es una hipótesis en que el uso de dicho armamento esté autorizado por el Protocolo. En consecuencia, resulta aún más grave que Carabineros reitere su intención de continuar utilizando dicho armamento en circunstancias expresamente prohibidas por su propia regulación.

Señalan que existen estándares internacionales que entregan criterios básicos para el uso de la fuerza y el uso de armas menos letales por parte de funcionarios policiales. Dos son los principales instrumentos internacionales que establecen dichos estándares. Uno es el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” (“Código de Conducta”), adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (“ONU”) en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. El segundo lo constituyen los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” (“Principios Básicos”), adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Según dispone el artículo 3 del Código de Conducta, “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. La misma Resolución incluye un comentario sobre el articulado, que reitera el uso excepcional del uso de la fuerza, indicando que los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley “pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, [pero] no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites”. Asimismo, el comentario reafirma la necesidad de que el uso de la fuerza se rija por el principio básico de proporcionalidad.

Dentro de las Disposiciones Generales de los Principios Básicos, se indica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”, indicando que la fuerza podrá ser utilizada “solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”. Asimismo, los Principios incluyen una referencia al uso de armas no letales (Principios 2 y 3). De este modo, el Principio 2 indica que se deberán incorporar armas no-letales cuando sea “apropiado” y con el objetivo de “restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes”. El Principio 3, por su parte, señala que se “hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas”. Cabe tener presente también que se indica expresamente que circunstancias excepcionales como la inestabilidad política interna u otra situación de emergencia no podrán ser invocadas para justificar el quebrantamiento de los principios básicos (Principio 8).

Si bien el “Código de Conducta” y los “Principios Básicos” no constituyen tratados internacionales que hayan sido suscritos por Chile, los mismos han sido ampliamente citados por la doctrina y la jurisprudencia internacional, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo un innegable valor al momento de analizar el cumplimiento por parte de Chile de sus obligaciones internacionales.

Indican que los funcionarios de Carabineros de Chile han actuado de forma ilegal, violentando la normativa del Decreto 1364, de la Circular 1832 y del Protocolo de Intervención de Orden Público y lo han hecho además de manera arbitraria, no siguiendo en nada los principios de proporcionalidad y progresividad en los medios que estaba en sus manos interpretar y aplicar en calidad de obligación emanada de la normativa interna y de los unánimes y claros estándares internacionales aplicables. Todo lo contrario, lo que han hecho los funcionarios de Carabineros es dirigir disparos contra el rostro -y los ojos- de manifestantes pacíficos, de manera reiterada y obstinada; reiteración y obstinación que genera en estos recurrentes el temor de que ello se repita en futuras manifestaciones, a ser desarrolladas en los próximos días, y que justifica la perturbación y amenaza ciertas a las garantías constitucionales de quienes buscan manifestarse pacíficamente, que han dado lugar a la presentación de esta acción de protección.

Afirman que es un hecho público y notorio que en pasadas manifestaciones, Carabineros de Chile ha hecho un uso desmedido de las denominadas “armas potencialmente letales” tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Las escopetas “antidisturbios” que lanzan los balines a los que nos referimos son parte de esas “armas potencialmente letales” aunque en el discurso público se denominan “elementos disuasivos” o “de disuasión”.

En efecto, cuando se trata acerca del uso de municiones potencialmente letales, como lo son aquellas escopetas a las que nos referimos, se menciona a un grupo variado de proyectiles cuyo principal objetivo sería el de provocar dolor y/o heridas contusas en quienes reciban el disparo de que se trate. Se habla de proyectiles de energía cinética, o también de proyectiles de impacto cinético, fundamentalmente porque se trata de municiones que no cuentan con punta y cuyo objeto, en principio, es el de transferir “la energía cinética desde el arma al cuerpo de la persona” que recibe el impacto, de manera de provocar lesiones contusas. Agregan que existe actualmente un amplio rango de estas municiones, hechas con diversos materiales (madera, goma, plástico u otros materiales, o bien bolsas de tela que contienen perdigones de metal) y que pueden ser disparadas individualmente, de manera continua, o bien a través de cartuchos que contienen diversos perdigones de plástico o metal, como es el caso de los cartuchos disparados por las escopetas que utilizan los funcionarios de Carabineros en Chile.

Indican que en nuestro país, de acuerdo con diversas fuentes, tales como la Circular N°1.832 del Director General de Carabineros de Chile, de muy reciente dictación, 1 de marzo de 2019 (“Circular 1832” o “Circular”), que regula el uso de la fuerza de Carabineros, información de prensa, informes de la Sociedad Chilena de Oftalmología y del Colegio Médico de Chile -sobre la cantidad y tipos de lesiones que han afectado a personas atendidas en servicios de emergencias públicos-, sumados a los informes de lesionados reportados por observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (“INDH”), es que se puede presumir, con un alto grado de certeza, que en Chile se estarían utilizando los siguientes tipos de municiones por medio de las escopetas antidisturbios:

- Munición de escopeta calibre 12mm “no letal”: Este cartucho de escopeta contiene 15 perdigones de goma de 8 milímetros de diámetro, con un peso aproximado de 0,3 gramos. Esta munición opera de la misma manera que los cartuchos de plomo, vale decir, se percute el cartucho y los perdigones se dispersan. La velocidad que pueden alcanzar los balines puede llegar a 215 metros por segundo y la distancia mínima de disparo debiera ser de 25 metros. De esta manera, al igual como sucede con los cartuchos con perdigones de plomo, a corta distancia, la dispersión de los balines es mínima y el daño que pueden causar es más severo. Sin embargo, a larga distancia, debido a la dispersión que se produce, se puede impactar a diversas personas. Producto de la dispersión es que ese tipo de cartuchos es extremadamente impreciso. De acuerdo a lo que señala el medio periodístico CIPER, Carabineros adquiere estas municiones a la empresa chilena “TEC Harseim”, pero en realidad se trata de municiones fabricadas por la empresa italiana “Fiocchi”. Según lo informado por esta última empresa, los balines de goma mencionados deben ser usados a una distancia mínima de 25 metros. Por debajo de esa distancia, pueden ocasionar graves heridas e incluso la muerte. Como ejemplo, en su sitio web, la empresa indica que si se dispara el cartucho contra una tabla de pino a 10 metros de distancia, la munición puede penetrar la madera. Es por ello que la misma empresa indica que esta munición es “menos letal”; lo que no se corresponde con el concepto de “no letal” utilizado por Carabineros para describirla.

- Munición de escopeta calibre 12mm “Súper-sock”: Este es un cartucho que contiene lo que se llama “súper calcetín” o “bolsa de porotos”, y que consiste en un saco que contiene en su interior diversos perdigones de plomo. A diferencia de lo que ocurre con los cartuchos de balines o perdigones, en este caso se dispara una sola “bolsa”, por lo que quien percute el arma tiene mucho más control sobre a qué o a quién dispara.

Agregan que es importante recalcar que de acuerdo a la literatura médica acumulada, desde los años 60 cuando este tipo de armamento fue introducido como munición para reprimir manifestantes, se sabe que su uso puede ocasionar heridas graves e incluso la muerte. En efecto, como advierten varios autores, la tendencia de los gobiernos de llamar a este tipo de munición “no letal” es un eufemismo que propicia la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, dado que la evidencia empírica está conteste en torno a sus riesgos. Por ello es que técnicamente corresponde identificarlas con el calificativo más preciso de “potencialmente letales”.

Indican que la Circular N°1832 es clara en establecer, entre otros principios, los de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad para el uso de las armas potencialmente letales. El “principio de necesidad” que obliga a todos los funcionarios de Carabineros indica: “El personal de Carabineros en el desempeño de sus funciones debe utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, correspondiendo hacer uso de esta cuando los otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto. El uso de la fuerza es el último recurso frente a la resistencia de un sujeto sometido al control o la acción de Carabineros o para repeler una agresión ilegítima.

Por su parte, el “principio de proporcionalidad”, igualmente aplicable a todos los funcionarios de Carabineros, establece “que debe haber un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un Carabinero y la intensidad de fuerza que se aplica para lograr que la persona se someta al control policial. Igualmente este principio conlleva que el uso de la fuerza tiene como límite que no puede infligir más daño, que aquel que se pretende evitar con su empleo y, en su caso, considerar las características particulares de la persona, como por ejemplo, ser un niño, niña o adolescente o un adulto mayor.

Finalmente, el “principio de responsabilidad” agrega “El uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la Ley, no sólo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino también la responsabilidad de los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos”.

Sostienen que ninguno de estos principios se ha cumplido por a lo menos parte relevante de los funcionarios de Carabineros, lo que genera el legítimo temor de que esos incumplimientos se reiteren a futuro, en lo que constituye la amenaza -y perturbación en su caso- a sus derechos fundamentales, particularmente de quienes se aprestan en marchas durante los días siguientes.

Sobre la Ilegalidad y/o arbitrariedad del uso indiscriminado de gases lacrimógenos Indican que a este respecto el protocolo de Carabineros de Chile sobre el Mantenimiento del Orden público en las manifestaciones 75, en el punto 2.14 sobre el Empleo de Disuasivos Químicos, establece:

1- Deben existir alteraciones al orden público. Observar el espacio físico donde se va a hacer uso de gas (espacio abierto, cerrado, dirección de viento, etc.).

2- La autorización del uso del gas lacrimógeno, líquido y polvo, será responsabilidad del jefe del servicio como también el motivo de su utilización, tales como la protección del personal que está siendo agredido y sobrepasado violentamente o con el fin de evitar un mal mayor.

3- En lo posible, antes de usar disuasivos químicos deben hacerse advertencias a los infractores con el fin de dar a conocer a todo el entorno de tal situación (uso de altavoces).

4- El uso de agua con líquido C.S., sólo se utilizará con manifestantes que desobedezcan en forma violenta o agresiva las contenciones, despejes o detenciones, o se estén cometiendo graves alteraciones al orden público, con el fin de evitar el contacto físico y enfrentamientos directos o acciones de violencia.

5- En el sector central de las ciudades estará restringido el uso de dispositivos lacrimógenos de mano y cartuchos lacrimógenos. Estos sólo se utilizarán frente a necesidades imperiosas y luego de haber utilizado los demás medios dispersores.

6- De acuerdo a la actitud de la manifestación se hará el uso gradual de los gases con el fin de conseguir el objetivo visual y psicológico definido. Se deberá tener especial cuidado del entorno, especialmente hospitales, colegios, jardines infantiles y otros semejantes.

Agregan que según el propio protocolo de Carabineros de Chile, en los hechos denunciados se efectuó el uso de la fuerza y de los medios utilizados que no se encuentra justificado.

Indican que de acuerdo a los hechos que motivan el presente recurso de protección, no es posible justificar en ningún caso el actuar policial en cuanto al uso de gases lacrimógenos en las manifestaciones pacíficas que han ocurrido a lo largo de Chile, no sólo porque no se cumplió ninguno de los pasos que se establecen en la gradualidad de su propio protocolo, sino que, además, porque no existían los supuestos fácticos que justificaran el accionar de carabineros en un lugar en que serían afectados indiscriminadamente ancianos, personas enfermas, niños y niñas.

Luego de hacer presente el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y el Informe Trauma Ocular, de la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, referidos a la cantidad de Traumas Oculares Severos, hacen presente que el Sistema de Naciones Unidas en Chile ha manifestado públicamente su preocupación por la situación en el país, especialmente por la cantidad de muertos y heridos.

Agregan que además, una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos al culminar su visita al país se reunió con el Presidente de la Corte Suprema, manifestando, entre otras su especial preocupación “por la forma en que se está haciendo uso de armas menos letales por parte de Carabineros, con la intención de herir y castigar a los manifestantes y sin dar cumplimiento a normas mínimas de gradualidad y proporcionalidad”.

Refieren que el Departamento de Ingenieria Mecanica, FCFM, Universidad de Chile, a solicitud de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador, realizo un análisis para determinar la composición de proyectiles (balines) utilizados por la policía y que “ha provocado traumas severos en un elevado número de casos y causa ceguera en una alarmante proporción de estos”.

De acuerdo con los ensayos realizados en el análisis se concluye lo siguiente:

6.1 Las muestras analizadas son perdigones 6.2 Los perdigones analizados contienen un 20% de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos 6.3 Los otros compuestos son sílice (SiO2), sulfato de bario (BaSO4) y plomo (Pb)

6.4 La dureza del perdigón es de 96.5 Shore A.

De acuerdo a nombre reservado, directora del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile, el hecho de que la dureza sea de “96.5” en la escala Shore A, implica que la dureza de los balines es comparable a la de una rueda de skate, superando con creces la dureza que debiesen presentar si fueran solo de caucho.

Respecto del resto de los componentes, que se llevan el 80% de la composición de los balines, Meruane explicó que se debe prestar especial atención en el sílice y el sulfato de bario, ambos elementos cerámicos. “El sílice es el que le da mayor dureza, es el componente principal del vidrio“, explicó la directora del DIMEC.

Finalmente, en cuanto al plomo, Meruane agregó que “las partículas de plomo le dan mayor masa a los balines, al tener más tienen mayor energía y esto también implica mayor daño al impactar“.

Señalan que el pasado 10 de noviembre de 2019 el Director General de Carabineros de Chile, comunicó a la opinión pública que las escopetas antidisturbios “solo se consideran como recurso de última instancia, cuando hay riesgos para la integridad de la población o del personal de Carabineros”, refiriendo que se trata de mecanismos de defensa de larga data en Chile y en otros países. Si bien el Director General reconoció la existencia de “casos donde los protocolos no se hayan cumplido debidamente o se cometan vulneraciones de la norma”, indicó que ello es materia de investigaciones administrativas y denuncias ante el Ministerio Público. Además señaló el Director Nacional de Carabineros la instrucción de cuatro medidas para la correcta aplicación de los protocolos sobre uso de la fuerza en el control del orden público, la primera de ellas referida al uso de escopetas antidisturbios. Al respecto, el Director General de Carabinero de Chile no reforzó, en conformidad a la normativa vigente, el uso de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y que en caso de ser estrictamente necesaria, esta se ejerza de manera gradual y proporcional en casos de legítima defensa para proteger la integridad personal de terceras personas o la propia, respetando la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas. En lugar de ello indicó: “Se acotará su uso [de las escopetas antidisturbios] a casos donde exista riesgo de vida para Carabineros o de civiles, o amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados, lo que significa perfeccionar el protocolo que fue actualizado en marzo de 2019 y, dadas las circunstancias actuales, requiere una nueva actualización. Independiente de la tramitación de los cambios a los protocolos, esta medida empezará a regir de inmediato, por medio de instrucciones a los respectivos mandos operativos. Además, se realizará un nuevo entrenamiento entre el personal autorizado para el uso.”

Indican que la gravedad de los anuncios formulados por el Director General de Carabineros de Chile radica en que en lugar de reforzar el correcto y excepcional empleo de escopetas antidisturbios, restringido bajo el actual protocolo que rige a la institución a situaciones constitutivas de “riesgo para la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros” (Protocolo 2.8), lo amplía a hipótesis de “amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados”. Ello, como una medida inmediata bajo su sola instrucción a los mandos operativos, sin necesidad siquiera de modificar el referido protocolo.

Luego de conocerse el informe de composición de los balines del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, Carabineros de Chile emitió un comunicado la noche del Sábado 15 de Noviembre a través de su cuenta de Twitter, en el cual señala “Carabineros de Chile, para sus operaciones policiales, de acuerdo a sus protocolos de actuación para el mantenimiento del orden público, sobre la base de estándares internacionales de otras policías, utiliza perdigón de goma no letal, adquirido a proveedor certificado" y finaliza diciendo “Sin embargo, se solicitará a la brevedad posible que, el proveedor de dicha munición presente un estudio actualizado sobre los componentes de la munición en comento y, en forma paralela, para mayor transparencia la institución pedirá un análisis científico a un ente externo para certificar los componentes de la misma”.

Sostienen que se puede colegir del comunicado en comento, que Carabineros de Chile no tiene certeza que sus municiones sean 100% de goma como lo establecen sus protocolos.

Piden decretar las siguientes medidas:

1) Ordenar a Carabineros de Chile que se abstenga por completo de usar “escopetas antidisturbios” y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando); además de ordenar la prohibición de utilizar indiscriminadamente el uso de lacrimógenas y la limpieza inmediata de la ciudad de estas armas químicas, en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo y en las que participarán los y las ciudadanos recurrentes.

2) Ordenar a la recurrida que los funcionarios de Carabineros de Chile, se abstengan se usar la fuerza en contra los ciudadanos defensores/as de Derechos Humanos que están realizando servicios de voluntariado para resguardar y socorrer a los y las manifestantes que resulten detenidos producto de las manifestaciones.

3) En subsidio, que se ordene se suspenda por parte de Carabineros de Chile el uso de esas escopetas antidisturbios y sus municiones referidas, ademas de gases lacrimógenas mientras no (i) se dicte por dicha institución una nueva normativa que regule su uso en estricta sujeción a nuestra Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes; (ii) se informe exhaustivamente a esta judicatura acerca de esa normativa y de las medidas de capacitación sustantiva que haya desarrollado para que la misma sea efectivamente respetada por los funcionarios de Carabineros de Chile; y, (iii) se informe en detalle a S.S. Iltma. Acerca de que tipo de elementos de disuación pretende usar específicamente Carabineros de Chile en las manifestaciones sucesivas que se desarrollen; o se ordenen las medidas diferentes que S.S. Iltma. Estime necesarias para permitir la vigencia del imperio del derecho.

4) Que se condene en costas a la recurrida.

Acompañaron los siguientes documentos: Entrevista Oasis FM, Colegio Médico sobre uso de balines y perdigones “se reconoce que no se estaba usando de forma correcta”, Fechada el Lunes 11 de noviembre de 2019; Decreto N°1364 que “Establece Disposiciones Relativas al Uso de la Fuerza en las Intervenciones Policiales para el Mantenimiento del Orden Público”. publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2018; Anexo conteniendo fotografías de la munición ocupada por Carabineros durante las manifestaciones de las últimas semanas; Declaración escrita del Director General de Carabineros de Chile del día domingo 10 de noviembre de 2019; Declaraciones del Director General de Carabineros de Chile en Chilevisión noticias del día domingo 10 de noviembre de 2019; Publicación de El Desconcierto, en el sitio web www.eldesconcierto.cl, titulada “Carabineros dispara perdigones y lesiona el ojo de una joven en una playa de Reñaca”, de fecha 11 de noviembre de 2019; Impresión del tweet de la recurrente, doña nombre reservado, de fecha 12 de noviembre de 2019; Publicación de CNN Chile, en el sitio web www.cnnchile.com, titulada “Violenta jornada en Lo Hermida: Carabineros reprime a vecinos y manifestantes atacan subcomisaria en Los Presidentes”, de fecha 12 de noviembre de 2019; Publicación de Radio Bío Bio, en el sitio web www.biobiochile.cl, titulada “General Enrique Bassaletti Sin Escopetas Antimotines Tendríamos que Usar Armas de Fuego”; Publicación de Radio Bío Bio, en el sitio web www.biobiochile.cl, titulada “nombre reservado promete ‘la mejor defensa’ a carabineros sumariados y formalizados por actuar durante crisis”, de fecha 11 de noviembre de 2019; Comunicación dirigida a los S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, por el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dr. nombre reservado, de fecha 7 de noviembre de 2019;

Fotografías de funcionarios de FF.EE. de Carabineros disparando lacrimógenas y escopetas, junto con los cartuchos tomadas en la marcha pacífica del día 14 de Noviembre de 2019 en la plaza Dagoberto Godoy de Temuco; Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, Resultados preliminares obtenidos de la Unidad de Trauma Ocular 19 de octubre al 08 de noviembre de 2019, fechado: 15 de noviembre de 2019; Informe de Perdigón (UTO), Departamento de Ingeniería Mecánica, FCFM, Universidad de Chile, fechado: 15 de noviembre de 2019; Comunicado sobre composición de balines, de Carabineros de Chile, fechado 15 de noviembre de 2019; Publicación de Radio ADN 91.7, en su sitio web www.adnradio.cl “Joven de Temuco perdió un ojo por balín de Carabineros, nombre reservado quedó internado de gravedad en el Hospital Regional Hernán Henríquez.” Fechada el día 14 de noviembre de 2019.

A folio N°15-2019 evacua informe la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que como es de conocimiento público, a partir del día viernes 18 de octubre del año 2019, diversos sectores de la Región Metropolitana sufrieron reiteradas y graves alteraciones del orden y la seguridad pública, como consecuencia de la quema, saqueo y destrucción de numerosos recintos privados y públicos, especialmente, de la red de transporte del Metro y de buses; así como la interrupción de la libre circulación de las personas debido a la instalación de barricadas en las calles.

El inédito fenómeno en comento, se fue propagando desde la Región Metropolitana hacia el resto del país. Por ello, dada la magnitud de la afectación y el evidente riesgo para la seguridad de las personas, S.E. el Presidente de la República, declaró estado de excepción constitucional en varias regiones del país Una vez que se puso término a tales estados, le correspondió a partir de ese momento, nuevamente, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o sea, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, la función exclusiva de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinan sus respectivas leyes orgánicas y demás disposiciones legales aplicables al efecto.

Indica que no hay referencia expresa alguna a una conducta (acción u omisión) de esta Secretaría de Estado, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por el recurrente y que pueda ser remediada a través de esta acción constitucional.

En efecto, de acuerdo a los términos del artículo 1 de la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; este servicio, es el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en los asuntos relativos al orden público y a la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias. Además, el artículo 3 letra b) del cuerpo normativo en comento dispone que, entre sus atribuciones, se encuentra la de velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.

Así las cosas, esta Secretaría de Estado, cuenta con facultades y competencia en lo relativo a la mantención del orden público en el territorio nacional, y las ha ejercido cumpliendo sus compromisos en la materia. En efecto, mediante el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de ese mismo año), se establecieron los lineamientos generales y perentorios sobre el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, todos ellos, en armonía con los principios vigentes del derecho internacional que disciplinan la materia.

Por su parte, con el objeto de verificar que la normativa interna de Carabineros de Chile, diera cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en el citado Decreto Supremo N° 1.364; se estableció en su artículo segundo que, dicha institución policial debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes, dentro del plazo de noventa días corridos, disponiendo la publicación del instrumento final en el Diario Oficial.

En ese contexto cabe evidenciar que con fecha 4 de marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos dictados por Carabineros de Chile, en cumplimiento de lo instruido por esta Cartera, a saber: (i) la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, que actualiza las Instrucciones sobre el uso de la fuerza, y (ii) la Orden General N° 2.635, también de 1 de marzo de 2019, que aprueba los nuevos Protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público.

A modo de síntesis, en esta materia la normativa contiene disposiciones que permiten, regulan, acotan y precisan las condiciones de utilización de diversos elementos disuasivos y medios de fuerza que Carabineros de Chile está autorizado a utilizar, en una lógica de progresividad, necesidad y proporcionalidad de su uso. Lo anterior, a fin de que dicha institución policial pueda cumplir con su función de garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República.

Señala que en el libelo de autos, no se hace tampoco referencia expresa y determinada a una actuación concreta de personal operativo de Carabineros de Chile, sino que, a actuaciones genéricas de dicha policía en la zona y resto del país.

Al respecto, no cabe sino concluir que las situaciones expuestas en la acción de protección de autos, podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada uno de los funcionarios que hayan incurrido en los hechos que se mencionan; pero de ninguna manera, es el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus labores operativas relativas a garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior en todo el territorio de la República.

Finalmente, no está demás precisar que, las contravenciones que puedan materializarse en relación con la normativa expuesta comprometen la responsabilidad del funcionario que incurre en tal conducta, debiendo destacarse que el ordenamiento jurídico nacional contempla vías específicas e idóneas para conocer esos casos, las cuales, serán expuestas más adelante.

Indica que pese a que el recurrente hace radicar en él la posibilidad de resultar afectado por el actuar de Carabineros, en reiteradas oportunidades realiza aseveraciones que dan cuenta que ha deducido una acción de protección en términos de una “acción popular”.

Pues, la legitimación activa de la acción de protección, supone analizar la exigencia que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en cuanto a que se exige que se deduzca por "el afectado o cualquier persona a su nombre". A mayor abundamiento, es una exigencia básica para la procedencia de este remedio judicial que, se acredite al menos un interés inmediato y directo comprometido, desde que el constituyente personalizó su ejercicio, limitándolo a quienes hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos, a sus mandatarios, o a quienes comparezcan determinadamente en su favor, cuestión que claramente no se verifica en la especie.

Así las cosas, no cabe duda que, el recurrente dedujo la presente acción de protección en pos de cautelar fines difusos, tales como, la integridad de todos quienes manifiestan legítimamente sus puntos de vista en cuestiones públicas, cuestión esta última, la cual, no resulta ser procedente en esta instancia de tutela de derechos constitucionales.

Cita jurisprudencia al efecto.

Señala que dado el carácter cautelar, excepcional, urgente, de tramitación informal, breve y sumaria que presenta la acción de protección, estimamos que no concurre circunstancia alguna que remediar mediante la presente acción judicial, sin perjuicio de los demás mecanismos que el ordenamiento jurídico nacional ofrece al recurrente para satisfacer sus pretensiones.

Al respecto, al tratarse el personal de Carabineros de Chile de funcionarios públicos, el ejercicio deficiente de su cargo, puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil; todas ellas, las que no son posibles de determinar y establecer en un proceso de naturaleza cautelar o de urgencia, sino que necesariamente a través de procedimientos de lato conocimiento.

En este punto entonces, interesa destacar que, ante eventuales infracciones a los deberes y obligaciones de estos servidores públicos, existe por un lado una estructura de control sobre el accionar del personal de Carabineros de Chile, y por otro, los canales y mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes que permiten dar cuenta, atender y resolver estas vulneraciones, entre otras, la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, sus normas estatutarias y reglamentarias.

De otra forma, en el escenario de asumir como efectivos los sucesos en que se sustenta el recurso, esto es, que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no letal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla, no siendo la acción de protección, evidentemente, la vía idónea para obtener tal finalidad. Cita jurisprudencia al efecto.

Afirma que respecto de las acciones que han sido denunciadas como constitutivas de atentados a los derechos constitucionales indicados por el recurrente, en la medida que respondan a ilícitos penales o infracciones administrativas, deben ser denunciadas, tramitadas y resueltas por las autoridades correspondientes conforme a la legalidad vigente, ya sea, la propia institución de Carabineros de Chile en sede administrativa, y los tribunales de justicia en sede civil y/o penal, por lo que la acción de protección no es la vía idónea para denunciar los hechos expuestos por el recurrente.

Sin perjuicio de ello, es importante agregar que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto con valorar las acciones desplegadas para el control del orden público, instando siempre por el apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos; también ha comprometido públicamente, una total transparencia y colaboración para las investigaciones de eventuales ilícitos cometidos por el personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, en el ejercicio de sus funciones, instando para que ante cualquier denuncia de abuso, exceso o delito, inmediatamente, las policías instruyan los procedimientos disciplinarios y den cuenta de ello al Ministerio Público, para que dichas conductas sean investigadas y sancionadas, si así correspondiere.

Por último, cabe señalar también que nuestro ordenamiento institucional, contempla la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley N° 20.405; el cual, se encuentra actualmente recabando las denuncias de la ciudadanía y presentando las acciones penales correspondientes ante los tribunales competentes.

Sostiene que en la actualidad, la acción constitucional de autos pasó a perder oportunidad, toda vez que su pretensión principal, en esencia, ha sido satisfecha.

En efecto, cabe recordar que, entre otras peticiones, en esto autos se solicita que se prohíba o se suspenda el empleo de balines por parte de Carabineros de Chile y se prohíba la utilización de gases tóxicos con objetivos disuasivos.

Agrega que el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, el 19 de noviembre de 2019, comunicó a la ciudadanía en un punto de prensa que, respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal, “como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”.

Así, es menester acotar que, si bien la escopeta antidisturbios con munición no letal, podía utilizarse en los niveles 4 y 5, de agresión activa y agresión activa potencialmente letal; en la actualidad, ella solo podrá ser utilizada en el nivel 5 de agresión activa potencialmente letal, o sea, para repeler la agresión y proteger la vida del propio Carabinero o de un tercero.

Indica que la petición contenida en el libelo del recurrente, en caso de acogerse en los términos planteados, condicionaría gravemente el actuar de Carabineros, incidiendo directamente en el ejercicio de las facultades que detenta dicho servicio y que dicen relación con su deber de garantizar y mantener el orden público, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico nacional.

A mayor abundamiento, se establecería una imposibilidad absoluta a Carabineros de cumplir en cuanto a sus atribuciones constitucionales y legales, incidiendo ello directamente en las facultades que dicho servicio tiene en cuanto a garantizar el orden público en los términos previstos por el derecho, afectando ello no solo la seguridad de su personal, sino que también a todos los habitantes de la región respectiva.

Sostiene que la acción de protección debe ser rechazada, además, por no haberse acreditado, ni siquiera mínimamente, cómo se estarían afectando por esta Secretaría de Estado los derechos constitucionales invocados por el recurrente, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados y el actuar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Al respecto, se invocan como vulnerados por ejemplo, el derecho a reunirse pacíficamente y el de emitir opiniones, siendo un hecho público y notorio que, en estas últimas siete semanas y prácticamente todos los días, la ciudadanía en su mayoría se ha volcado multitudinaria y pacíficamente a expresarse y copar los espacios públicos en las principales ciudades del país; hechos que demuestran que las alegaciones vertidas en este sentido por el recurrente, simplemente no se condicen con la realidad. Además, se invoca como conculcado, incluso, el derecho de petición, el cual, ni siquiera es susceptible de resguardo por medio de este remedio judicial.

En síntesis, no se verifica en la especie, una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales del recurrente, previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Acompañó los siguientes documentos: Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile; Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile.

A folio N°17-2019 evacua informe la recurrida DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS, quien solicita el rechazo del recuso, con costas.

Indica que de acuerdo a lo informado por el Mando de la IX Zona Araucanía, los hechos que dieron lugar a la intervención policial que motiva el presente Recurso de Protección, fueron:

Señala que sin la autorización pertinente de la autoridad administrativa, con fecha 14.11.2019, se realizaron a partir de las 08.25 horas aproximadamente, diversas convocatorias con objeto de manifestar el descontento social y nacional en la ciudad de Temuco, así como actividades alusivas a nombre reservado (Q.E.P.D.) congregándose distintos grupos de personas en diferentes lugares de la ciudad de Temuco, razón por la que concurrió a aquellos lugares personal de Carabineros de Chile, de las unidades territoriales, con la finalidad de mantener resguardado los perímetros de las manifestaciones no autorizadas.

En ese contexto, los manifestantes no acataron las instrucciones de la autoridad policial en el sentido de manifestarse en forma pacífica, comenzando en diversos lugares de la ciudad de Temuco, a dañar la propiedad pública y privada, generando con ello un clima de inseguridad para la comunidad que no participaban de dichas manifestaciones no autorizadas, quienes veían conculcado su derecho de libre circulación con la instalación de barricadas incendiarias con mobiliario urbano y señales de tránsito, traduciéndose además en el entorpecimiento del normal tránsito vehicular con la ocupación de la calzada destinada para ello. Sumado a lo anterior los manifestantes lanzaban objetos contundentes al personal policial desplegado en el lugar, adquiriendo las manifestaciones el carácter de ilícitas violentas.

Atendido lo anterior, Carabineros de Chile procedió a aplicar los Protocolos de Intervención para el Mantenimiento del Orden Público, establecidos en la Orden General Nro. 2635, de fecha 01.03.2019, de la Dirección General de Carabineros de Chile, indicando en primer lugar a los manifestantes, y a través de altoparlante, que depusieran su actitud, no habiendo respuesta positiva, motivo por el que se procedió en forma gradual a restablecer el orden público, mediante la utilización de agua en forma de abanico en primer lugar y extinguiendo las barricadas incendiarias, para posteriormente utilizar lacrimógenas.

Sin perjuicio de lograr restablecer el orden público quebrantado en diversos puntos de la ciudad de Temuco muchos de los manifestantes no depusieron su actitud, dirigiéndose en si mayoría a la plaza Dagoberto Godoy, generando a su vez destrozos en si trayecto, por lo que Carabineros de Chile procedió a agruparse con sus medio mecanizados por calle Carrera, entre M. Montt y Diego Portales.

Agrega que la ubicación estratégica de seguridad y copamiento del personal de Carabineros de Chile, ubicado a una distancia aproximada de 190 metros del Hospital Regional, tuvo por finalidad:

a.

Mantener una ubicación estratégica y de seguridad tanto para la observación, contención y dispersión de los manifestantes que mantenían bloqueadas las vías de acceso peatonal y vehicular, así como aquellas de emergencia del Hospital Regional.

b.

Proteger los establecimientos comerciales ubicados en las cercanías de dicha intersección.

Afirma que los manifestantes en todo momento atentaban en contra del personal policial, desde el Norte por Avenida Caupolicán y calle Carrera, desde el Sur por Avenida Caupolicán, desde el Oriente por Avenida M. Montt, y desde el Poniente por Avenida M. Montt y calles Portales, Blanco y la plaza Dagoberto Godoy; adquiriendo la manifestación no autorizada el carácter de agresiva.

Indica que en mérito de la hostilidad y dirigida en contra del personal policial, traducida lanzamiento de piedras y objetos contundentes, es que ante la flagrancia de los hechos y con el fin de repeler dichas agresiones, Carabineros de Chile hizo uso racional de la fuerza mediante los medios disuasivos dispuestos legalmente para .ello, teniendo presente no solo los protocolos antes indicados sino además la Circular Nro. 1832, de fecha 01.03.2019, de la Dirección General de Carabineros de Chile, sobre "Uso de la fuerza".

Agrega que habiendo verificado en terreno que la dirección del viento se dirigía hacia el Nororiente, y luego de utilizar como medio disuasivo el lanzamiento de agua en forma de abanico en contra de los manifestantes, quienes alcanzaron una cantidad aproximada de 6.100 personas, se procedió a la utilización de gas lacrimógeno en sus distintas modalidades, es decir a través de lanzamiento focalizado a los agresores con carabina lanza gases, así como granadas de humo y granadas de mano lacrimógenas cuando las distancias eran menores; todo en virtud a que los manifestantes no deponían su actitud y muy por el contrario se incrementaba la agresividad.

En relación a la utilización de disuasivos químicos, señala que a través de la carabina lanza gases, se debe hacer presente que estas fueron utilizadas conforme a la necesidad imperiosa, no solo de resguardar la seguridad e integridad física de los Carabineros, sino además de despejar las vías de accesos de los vehículos de emergencia del Hospital Regional, con el consiguiente riesgo de salud de las personas trasladadas; situación que se lograba ejecutar por intervalos de tiempo reducidos, toda vez que los manifestantes lograban interrumpir los accesos continuamente.

Posteriormente, y dadas las circunstancias se debió trabajar con el vehículo táctico de reacción, haciendo presente que este vehículo utiliza un sistema de lanzamiento de polvo lacrimógeno propulsado al ambiente mediante el uso de aire seco, y que tiene la particularidad que su dispersión no supera los 04 metros desde la estructura del vehículo táctico hacia sus costados; permitiendo con ello un uso focalizado y controlado.

Refiere que a pesar de la legalidad en la utilización del uso de la fuerza y en consecuencia de los medios disuasivos, éstos no fueron utilizados en el interior del Hospital Regional, lugar en que los manifestantes fueron dispersados utilizando solo infantería con la finalidad de minimizar el impacto que hubiese generado al usuarios de dicho recinto el uso de los medios.

Por otra parte, y ante el riesgo inminente de los funcionarios de Carabineros, así como de terceras personas, y atendido el hecho que los medios disuasivos señalados anteriormente no producían la efectividad esperada debido a que la dirección del viento en todo momento se mantuvo en contra de los efectivos, es que se vieron en la necesidad, luego de haber permanecido en el lugar conteniendo y repeliendo las agresiones por una extensión aproximada de 12 horas, con los consecuentes daños ele los elementos de protección, de utilizar escopetas antidisturbios con munición no letal, elevando el uso de la fuerza al contemplado en el Nivel 4, direccionando su empleo hacia los manifestantes más agresivos, minimizando los riesgos a la integridad física de los Carabineros.

Para lo anterior, se tuvo en consideración no solo los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad, sino fundamentalmente el principio de necesidad, al ver que otros medios resultaron ineficaces y pese a su correcta utilización, no lograron el resultado previsto.

Respecto de la situación particular de los recurrentes, de nombre reservado, y nombre reservado, indica que si bien en el momento no se constató la existencia de las afectaciones que señalan en el recurso deducido, se instruyó un Sumario Administrativo para establecer la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos en virtud de los cuales, ellos afirman haber sido vulnerados.

Asimismo, se hace presente que el recurrente nombre reservado es querellante en la Causa presentada por el INDH R1T 11518-2019, RUC 1910059647-7, declarada admisible con fecha 20.11.2019, lo que deja en evidencia que el joven en cuestión, al amparo del mencionado Instituto, inició acciones criminales por una lesión sufrida en su ojo izquierdo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, funda la querella presentada en la versión de la víctima nombre reservado, rut RUT reservado, versión que afirma que los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2019.

EN CUANTO A LOS HECHOS QUE MOTIVAN LAS ACTUACIONES DE CARABINEROS DE CHILE EN EL PAÍS.

Sostiene que el estallido social provocó que muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando reivindicaciones sociales y, aun cuando esas manifestaciones, en principio eran ilegales, toda vez que no contaban con la autorización correspondiente, en razón que se esperaba se desarrollaran de forma pacífica, Carabineros de Chile, ha permitido que la ciudadanía se expresara libremente; sin embargo, grupos de individuos que actuaron con una violencia nunca antes vista, han causado graves incidentes, poniendo en riesgo, no sólo la integridad física de los manifestantes, sino también de los habitantes de los lugares aledaños a donde se desarrollan las manifestaciones, como también la integridad personal de los funcionarios policiales, lo que ha llevado a la utilización de elementos disuasivos permitidos por ley, y actuar conforme al protocolo para el mantenimiento del orden público, especialmente el uso del cañón de agua, gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios.

LA NORMATIVA QUE FUNDAMENTA Y JUSTIFICA EL ACTUAR DE CARABINEROS DE CHILE.

Indica que con el propósito de descartar un actuar arbitrario e ilegal, es necesario señalar que, dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros de Chile, está el resguardo del orden público, así lo dispone expresamente el inciso segundo del artículo 101°, de la Constitución Política de la República, al señalar que "Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas", esta atribución también está consagrada en el inciso primero, del artículo 1° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que establece "Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir ls s demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley".

Para garantizar y mantener el orden público, la Institución desarrolla acciones de carácter preventivo, y otras de mayor intensidad exclusivamente con el fin de restablecerlo, cuando ha sido quebrantado; en este último caso, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con elementos conforme lo establece, el Decreto Supremo 1.364 del año 2018, publicado el 04.12.2018, relativo al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, la Circular N° 1.832 del año 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y la Orden General N° 2.635 del año 2019, que establece los protocolos para el mantenimiento del orden público,(estas dos últimas publicadas en el Diario Oficial N° 42.295, de 04.03.2019),constituyendo el marco normativo sobre el uso de la fuerza.

Adicionalmente, se debe precisar que, Carabineros de Chile, en el uso de la fuerza, se ajusta al estándar internacional que fijar dos instrumentos:

Primero, corresponde al denominado Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en su artículo 3o señala que "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas".

Segundo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en el numeral cuarto, de las disposiciones generales, precisa que "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto", es decir, el u so de los elementos disuasivos se ejecutan sobre la base de los criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad.

Agrega que la Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base de cuatro escenarios: a) Reguardo del Derecho de Manifestación; b) Restablecimiento del Orden Público; c) Desalojos, y; d) Procedimiento con Infractores de Ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, entre ellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Luego, el anexo número uno contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin, lo cual atiende a la siguiente clasificación: primaria, dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; secundaria, armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; terciarias, armas largas, y; cuarta, armas de apoyo de alto poder de fuego.

El empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, conforme a su violencia o agresividad, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista tanto para los manifestantes pacíficos, como para el personal policial. En este sentido, para una meJDr comprensión de la materia, el protocolo, en el anexo número dos, contempla el siguiente glosario: "Empleo diferenciado de la fuerza", corresponde al uso gradual según el grado de resistencia que se oponga; "Gradualidad. de la intervención", son los pasos a seguir para la utilización de los medios disponibles para el mantenimiento del orden público y consiste en dialogar, contener, despejar, dispersar y detener; "Manifestación ilícita agresiva", es aquella en que se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad, y; "Manifestación ilícita violenta", es aquella donde se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos que involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la circulación por las vías.

EN CUANTO A LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS.

Por su parte, en cuanto a la capacitación y/o entrenamiento en el uso de la escopeta antidisturbios del personal de Carabineros de Chile, señala que la Prefectura Fuerzas Especiales es la Repartición responsable de planificar, ejecutar, evaluar y certificar los procesos de instrucción, tanto al personal dependiente de esa repartición como de otras, con excepción del personal dependiente de la Prefectura de Operaciones Especiales G.O.P.E., la que en tal caso es realizada por la propia repartición especializada.

Conforme a lo informado por la Zona de Control de Orden Público e Intervención de Carabineros de Chile, la capacitación en el uso de la escopeta antidisturbios se efectúa bajo dos modalidades:

a)

Por una parte como una unidad (asignatura teórico/práctica), propia de los cursos de capacitación institucional "control del orden público (COP)" y "estrategias y tácticas policiales en operaciones rurales (TOR)". Durante el presente año, estos cursos han estado dirigidos a personal dependiente de la Prefectura Fuerzas Especiales, personal dependiente de unidades territoriales (Escuadras de Contingencia Operativa - E.C.O.) y, en menor cantidad, personal dependiente de la Prefectura Radio Patrullas e Intervención Policial.

b)

Por otro lado, la capacitación en el uso de la escopeta antidisturbios también se efectúa como un proceso de instrucción específico e independiente, para todo el personal territorial y dependiente de distintas Altas Reparaciones y Reparticiones, previo a las contingencias propias de las fechas emblemáticas de los meses de marzo y septiembre, en que históricamente se producen desórdenes públicos.

Indica que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos, se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N° 2.635 ha definido; ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que las operaciones, así lo permitan, así, por ejemplo, en una manifestación no violenta, el diálogo sin duda podrá realizarse! y sus resultados serán exitosos, lo que, contrario sensu, no ocurrirá en una de características violentas.

Señala que la escopeta antidisturbios, como ocurre en muchos países del mundo, es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales utilizan para el control de muchedumbres. En la escala de progresividad que contempla el protocolo para el mantenimiento del orden público regulado en la Orden General N° 2.635, su uso procede cuando los demás mecanismos Han sido insuficientes para controlar el orden público y también cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y del personal de Carabineros de Chile, así está señalado en el numeral 2.8, es decir, su empleo no es discrecional, pues se circunscribe sólo a muchedumbres violentas y agresivas.

Adicionalmente, se debe aclarar, que la Circular N° 1.832, establece que la escopeta antidisturbios, es considerada un elemento, que no pone en riesgo la vida de las personas, pues funciona con un cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina.

Refiere que la contingencia de orden público que se ha vivido, nunca pudo haber sido prevista en el actual protocolo, pues fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de normalidad, esto es, para aquellas acciones que ocurrían de forma esporádica y con un nivel de convocatoria acotado. Los últimos acontecimientos, provocaron un aumento significativo de acciones violentas y su frecuencia se multiplicó, sólo como dato estadístico, se debe mencionar que hasta el día 05 de diciembre del presente año han ocurrido 516 eventos en la Región, de los cuales, se han registrado 255 desórdenes, 8 saqueos, 141 manifestaciones, 82 daños, 55 cortes de ruta, 3 atentados incendiarios, 10 ataques a cuarteles policiales y 12 casos catalogados como otros hechos. Lo señalado, demuestra un nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución, quienes para hacer frente en estas situaciones, sólo cuentan con los elementos disuasivos que contempla el protocolo, como los indicados, los cuales son utilizados de forma racional y progresiva.

Refiere que en esta nueva realidad, que incluye acciones de alta agresividad por parte de los manifestantes, que antes no se conocían, ha sido una demostración objetiva de esta situación, que hasta el día 05 de diciembre en la Región de la Araucanía existen 86 funcionarios de Carabineros lesionados, lo que ha implicado aumentar el uso de la fuerza en forma proporcional cada vez que ha sido necesario con el objeto de no poner en riesgo la vida de las personas que se manifiestan de forma pacífica y del personal Institucional.

Indica que estos dispositivos se utilizan para controlar y disuadir grupos que, actuando dentro de muchedumbres, ejecutan actos violentos, provocan graves alteraciones al orden público y agreden a las personas que se manifiestan en forma pacífica y por supuesto al personal de Carabineros de Chile, es decir, su uso constituye una reacción que sólo busca restablecer el orden y la seguridad.

Refiere que la decisión de incrementar el uso de la fuerza llegando incluso al uso de la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia. Por ello, si se accediera a lo solicitado en la Acción de Protección entablada, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios, Carabineros de Chile solo podrá utilizar el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, y por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución estarían autorizados a utilizar en caso de legítima defensa, sus armas letales, lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas. En este escenario, la escopeta antidisturbios, constituye un mecanismo que impide llevar al extremo el uso de la fuerza que legítimamente se podría ejercer, y que a la fecha no ha tenido lugar justamente por la existencia de esos elementos.

Hace presente que Carabineros de Chile, se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, y actualmente se encuentra suspendida la utilización de este tipo de escopeta como herramienta antidisturbios, la que sólo puede ser utilizada como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, lo cual quedó registrado en el Documento Electrónico N.C.U. N° 105493134, de fecha 20.11.2019, de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, que señala, "Se ordena suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte [...]". Además, se hace presente que el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

Indica que la alegación de vulneración de garantías constitucionales carece de sustento, porqué la Constitución Política, en su artículo 19°, N° 13, asegura a todas las personas "El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía". En este sentido, el protocolo del uso de la fuerza, regulado en la Orden General N° 2.635, ha sido concebido para b:"indar protección a los manifestantes, así está señalado en el Protocolo N° 1, donde se indica "Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones licitas, esto es, pacíficas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la Constitución, las leyes y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos", esto implica que, mientras no existan situaciones que afecten la normalidad de la manifestación, Carabineros de Chile no intervendrá y solamente mantendrá una actitud de observación.

Señala que la Carta Fundamental establece que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones de policía, en este caso, por el Decreto Supremo N° 1.086 del año 1983, norma que, si bien no afecta el contenido esencial del derecho a reunión, establece una serie de requisitos de índole administrativo que los organizadores deben cumplir.

Afirma que Carabineros de Chile está obligado a actuar y Í. utilizar los elementos disuasivos que contempla el protocolo cuando existen manifestaciones ilícitas, violentas o agresivas, y, además, cuando se utilizan armas, según consta en las siguientes normas:

1.- La letra f), del Decreto Supremo N° 1.086, establece que "Se considera que las reuniones se verifican con armas, cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante", en ese caso, dispone en forma imperativa que la fuerza de Orden y Seguridad Pública debe conminar a los sujetos a entregar esos elementos y si se niegan o se producen situaciones de hecho, la reunión será disuelta.

2.- El Protocolo N° 1, de la Orden General N° 2.635, señala que las manifestaciones pueden ser lícitas e ilícitas y estas últimas violentas o agresivas. "Es violenta" cuando se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la libre circulación por las vías. "Es agresiva", cuando se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad policial.

Sostiene que no puede existir un acto arbitrario o ilegal en el actuar de la Institución, pues en la medida que existan manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la que se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad.

A folio 21-2020 se hizo parte la Corporación ONG Comunidad y Justicia.

A folio N°44-2020 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que en lo que atañe al núcleo del asunto que es materia de este arbitrio, resulta procedente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección, la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que confrontada la normativa citada, tanto por los recurridos en sus informes como las disposiciones constitucionales pertinentes a la discusión de autos, en el contexto de la tramitación de una acción de esta clase se observan dificultades para dar lugar a las pretensiones de los actores. En efecto, en primer lugar, se advierte, que no se aprecia la ocurrencia de algún hecho concreto y específico que importe una afectación de las garantías constitucionales de los recurrentes, desde que no se ha justificado suficientemente alguna conducta que directa, individual y acotadamente, pudiere significar un atentado, en grado de privación, perturbación o amenaza, en contra de sus derechos a la integridad física o psíquica, libertad de reunión y expresión sin censura previa y restantes garantías constitucionales que invocan los actores, especialmente tratándose de las imputaciones al Ministerio de Interior, cuyo carácter genérico diluye la posibilidad de esta Corte de ponderar las situaciones expuestas. Asimismo, aún de existir tales acontecimientos, no parece adecuado que mediante este procedimiento cautelar, urgente, breve y sumario, se establezcan los hechos sobre los cuales se construye la acción de autos, esto es, el uso indebido e incorrecto de los métodos disuasivos como los mencionados en la presentación –escopetas antidisturbios y gases lacrimógenos-, resultando necesario que tales hechos se determinen en la sede que corresponda, según el procedimiento que en cada caso resulte pertinente, no pudiendo la acción constitucional de protección sostenerse sin tales basamentos, excediendo las peticiones de la presente acción los extremos del instituto. Ello además, y en razón de las alegaciones efectuadas por la parte recurrente en el sentido de que actualmente existiría una acción criminal en curso en el caso de don nombre reservado.

CUARTO: Que, por otro lado, se aprecia de lo informado, que la pretensión esencial de los recurrentes se ha cubierto, desde el momento en que se indica, en el informe de rigor, que Carabineros de Chile ha actualizado el protocolo de mantenimiento del orden público, ordenando a su personal en la materia, y que el empleo de la escopeta antidisturbios está suspendido, salvo las excepciones en el mismo texto indicadas. Tratándose de los disuasivos químicos, se señala que su empleo también está debidamente regulado.

QUINTO: Que de los antecedentes allegados por los intervinientes se desprende que atendida la actual regulación de la normativa atingente, que las garantías de los actores se encuentran suficientemente protegidas, lo que de verse amagado, requiere la activación de los mecanismos procesales que permitan el establecimiento de tales hechos, en razón de los presupuestos fácticos pertinentes.

SEXTO: Que de incurrirse en quebrantamiento de la regulación vigente, lo que corresponde es perseguir las eventuales responsabilidades penales o de otra naturaleza de los funcionarios policiales, las que deben ventilarse en los procedimientos respectivos, no en esta sede cautelar siendo ésta una razón más para desestimar el presente arbitrio.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RESUELVE:

I.- Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, por nombre reservado, por MARTA VICTORIA YÁÑEZ QUEUPUMIL, y por CAROLINA ELIZABETH GUERRA ARCE, en favor de doña nombre reservado, y de don nombre reservado y en contra de CARABINEROS DE CHILE, y del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

II.- Que, SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE NO INNOVAR, decretada en autos.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Claudio Bravo López.

Rol N° Protección-17815-2019 (pvb).